Imagine el lector o la lectora un antiguo pozo de agua de 40 metros de profundidad reutilizado a fosa para ocultar cuerpos de hombres y mujeres. Por las dudas estuvieran con vida, algunos cuerpos reciben disparos, son rematados desde arriba. Unos cuantos son arrojados de manera individual, con las manos atadas, pero a otros se los envuelve de a tres o cinco y se los enrolla en bolsas y se ciñen con alambre. Después de cada operativo se arrojan escombros sobre los restos pero como es insuficiente, se trae tierra y ripio de arroyos cercanos. Cuando no da para más, se destruye el brocal del pozo, que también se deposita adentro, y luego con una máquina se empareja el terreno para ocultar esa boca profunda al horror. Los cuerpos llegaban hasta el predio durante la noche en camiones militares, al mismo tiempo que se producía un apagón y las pocas casas cercanas se quedaban sin luz. Tuvieron que pasar muchos años para que algunos vecinos comenzaran a hablar. Esta escena que bien podría ser de la Alemania nazi, se repitió de manera sistemática durante dos años, al menos, en Tafí Viejo, Tucumán, y tiene un nombre: El Pozo de Vargas. Fue durante la última dictadura cívico militar que se inició el 24 de marzo de 1976. 

Se trata de la fosa más grande de Sudamérica, en donde se han identificado, hasta ahora, a 116 detenidos desaparecidos. Es tan espantoso lo que sucedió allí y son tantas las pruebas, que ni los más ultra defensores de las Juntas militares golpistas pudieron negar su existencia. Ni siquiera el ya fallecido Antonio Domingo Bussi, exdueño de la vida y de la muerte durante el Operativo Independencia y exgobernador tucumano, también condenado por crímenes de lesa humanidad en uno de los juicios. Su fallecimiento también le puso fin a un rosario de juicios en los que estaba comprometido y que le auguraban una similar resolución.

“A mi hermano Lucho lo asesinó Bussi de un tiro en la cabeza. Estaba arrodillado, con las manos atadas atrás y quisieron ocultar su cuerpo en El Pozo de Vargas”, contó a este cronista el reconocido músico tucumano Juan Falú en una entrevista en febrero de 2022. Bussi fue condenado en este juicio oral y público. Luego de permanecer en ese limbo lacerante que es la figura del desaparecido, a los Falú se les informó el 7 de junio de 2016 que los restos de Luis, empleado de Gas del Estado, estudiante universitario y secuestrado el 14 de septiembre de 1976, habían sido identificados en el Pozo. Tuvieron que pasar 40 años para que la familia supiera a donde poner una flor para recordarlo. No es el caso de muchos que aún claman por justicia. “Todavía esperamos que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino”, canta el poeta y músico argentino Víctor Heredia, que aún pide justicia por la desaparición de su hermana María Cristina y de su esposo, Claudio Grandi, cuando estaba embarazada. Su canto es todavía el de miles en Argentina.

Este 19 de septiembre quedó marcado en la memoria de quienes pudieron identificar a sus familiares en El Pozo de Vargas y de quienes aún esperan que en los cientos de restos de huesitos hallados allí podría estar el ADN que les devuelva la identidad. Ese día, el Juzgado Federal 2 de Tucumán, con colaboración de la Gendarmería, envió desde el predio al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), cuyos laboratorios se encuentran en la exESMA, en la Ciudad de Buenos Aires, los últimos fragmentos extraídos por los peritos del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT). Mucho antes, el 21 de marzo de este año, el juez federal Fernando Poviña declaró la Clausura de la Excavación Pozo de Vargas porque los peritos habían llegado al fondo, de donde se extrajo todo el material posible. Desde entonces trabajaron en tareas de zaranda para separar los huesos de la tierra y otros materiales, clasificar y conservar. Este fue el contenido del último envío. Una caja de cartón, embalada con cuidado, llevó en su interior alrededor de una veintena de pequeñas bolsas con huesitos y en una etiqueta, en cada una, en donde se consignaron datos importantes, como la profundidad del hallazgo y la cuadrícula en la que fueron encontrados. Las muestras serán cruzadas por los científicos del EAAF con un potente software de comparación masiva, con datos genéticos de los restos que les llegaron desde los lugares en donde se están realizando investigaciones. Habrá que esperar unos meses para conocer ese resultado.

Esa mañana fue soleada y con árboles en flor. Primaveral. Desde temprano esperaron el cumplimiento de la medida algunos parientes de identificados y otros que esperan que la ciencia haga posible el milagro de devolverle a sus seres queridos. Entre ellos estuvieron Josefina Molina, hija del vice gobernador tucumano Dardo Molina Chazarreta, y Teresa Arias, hija del ferroviario taficeño Segundo Bonifacio Arias. Ambos fueron secuestrados y sus restos identificados en el Pozo. A su lado estuvo Virginia Sosa, presidenta de la asociación Familiares de Desaparecidos de Tucumán (Fadetuc) que aún espera tener algún dato, una pista, siquiera, que pueda dar con los restos de su esposo José Zenón Ruiz, secuestrado durante el Operativo Independencia, el 28 de julio de 1975. “Este día es muy importante porque es el resultado de haber militado durante años, contra todo, para que se supiera que aquí había restos. Cuando comenzaron las excavaciones nos pasamos semanas acompañando a los peritos, con viento, frío y lluvia, para exigir que el Estado destine fondos para los trabajos. Los acompañamos siempre porque seguimos pidiendo justicia”, dice y su voz se quiebra.

Virginia estaba en su cuarto mes de embarazo cuando ese 28 de julio, de madrugada, aún de noche, un grupo de policías, con Roberto Heriberto “El Tuerto” Albornoz al frente, condenado y ya fallecido, entraron con violencia a su casa en el barrio San José y se llevaron a su esposo. Durante el operativo, Virginia y sus dos hijos pequeños fueron golpeados y obligados a meterse debajo de una mesa. Para entonces, ya tenía un hermano y una hermana desaparecidos, por lo que se hizo cargo de la crianza de sus sobrinos. Desde entonces, no se detuvo ni un día en buscar a su compañero y hermanos. Solo pudo rescatar a su hermana, que había sido llevada al penal de Concepción, en el sur tucumano, porque había sido “blanqueada”, es decir, estaba en los registros de detenciones. Su dolor se hizo público cuando declaró en la Megacausa Operativo Independencia. Aunque no lo confiesa de manera abierta, abriga una mínima esperanza de que en la caja de madera esté aunque sea un huesito de José.

Junto a ella estuvo Julia Castillo que, incansable, también busca a su hijo Hugo Pastor Juárez, quien fue secuestrado en diciembre de 1976. “Ojalá sus restos estuvieran aquí, quizás con los estudios que se hagan se pueda saber. Sino, seguiré buscándolo hasta mis últimos días”. Su hijo fue secuestrado el 11 de diciembre de 1976, en Taco Ralo. Desde hace 47 años lo busca, incansable. La familia vivía en Bella Vista cuando una patota militar entró a su casa. La golpearon hasta el hartazgo hasta que uno de sus hijos confesó en donde se encontraba Hugo. Sus pedidos para dar con su hijo no cesaron, aun en plena dictadura. Tres veces, al menos, fue víctima de ataques en Bella Vista por no hacer silencio. Temiendo por su vida, la familia se trasladó a Buenos Aires y durante años ocultó el domicilio real por temor a represalias. Hace unos días declaró en la Megacausa Jefatura III, en Tucumán, en la que se juzga la responsabilidad penal de 27 exmilitares y expolicías de la provincia, que están acusados por delitos cometidos en perjuicio de 237 víctimas, de las que 84 continúan desaparecidas. “He luchado, sigo luchando y seguiré luchando porque no voy a bajar los brazos. Que la justicia los condene y vean el dolor que yo pasé. Yo solo quiero saber de mi hijo, quiero saber dónde están sus restos”, sostuvo en la sala para cerrar su testimonio.

Pese a que se trató del último envío de restos de huesos desde El Pozo de Vargas al EAAF, todavía resta mucho por hacer, como clasificar otro tipos de materiales que se han encontrado y que podrían asociarse con algunas identificaciones, como marcos de anteojos, cadenas, crucifijos, medallas, restos de zapatillas, zapatos y medias, entre otros objetos personales. El lugar está señalizado como Sitio de la Memoria y hay varios proyectos para convertirlo en un museo que albergue todo el material que se extrajo y del que se desconoce su pertenencia. Además, también continuarán otras tareas en el predio porque se cree, por algunos indicios, que allí hubo construcciones que fueron destruidas y que podrían haber sido utilizadas como salas de detención y torturas. El lugar se mantiene por la colaboración del municipio de Tafí Viejo, cuyo intendente, el peronista Javier Noguera, señaló que “forma parte de nuestro compromiso con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia; el objetivo es que el predio se transforme en un museo para que las futuras generaciones conozcan los horrores que se cometieron durante la última dictadura cívico militar”.  

En la actualidad, en el lugar desarrollan las tareas de investigación los integrantes CAMIT, desde hace más de una década, que son los peritos Ruy Diego Zurita, Alejandro Leiva, Luciano Molina y Fabio Srur, quienes trabajaron en el interior del pozo. Las tareas complementarias en el exterior, como trabajar en la zaranda, estuvieron a cargo de los peritos Aldo Gerónimo, Víctor Ataliva, Sergio Cano, Julia Lund y Gema Gutiérrez Gueta Gollena. Todas las acciones fueron y son coordinadas y supervisadas por el perito geólogo Juan Carlos Valoy.

La primera identificación de restos en El Pozo de Vargas fue el 11 de diciembre de 2011. Ese día, el EAAF comunicó que allí había sido arrojado el ex senador provincial peronista Guillermo “Chonga” Vargas Aignasse, desaparecido el 5 de abril de 1976, a los 35 años de edad, padre del actual legislador provincial electo Gerónimo Vargas Aignasse. Desde entonces se han sucedido las identificaciones hasta llegar a la cifra de 116 y se sabe que, al menos, a 31 restos faltan darle sus nombres y apellidos, el camino a sus historias.

DC/MG

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirmó que no hubo nuevos resultados en las excavaciones realizadas en la Caleta Trullo, Islas Malvinas, ya que no se encontraron restos que pudieran corresponder a excombatientes argentinos.

La misión está a cargo del CICR en el marco del desarrollo de la segunda etapa del Plan Proyecto Humanitario (PPH2) para la identificación de restos de excombatientes argentinos caídos en la Guerra de Malvinas de 1982.

El CICR, que realiza en las islas Malvinas una nueva etapa de identificación de excombatientes argentinos caídos en la guerra de 1982, notificó al Estado argentino y británico que no se halló material de personas en la zona de Caleta Trullo, a 60 kilómetros de Puerto Argentino.

La confirmación llega dos días después que el mismo comité encontrara restos de cinco personas en la exhumación realizada sobre una tumba colectiva C.1.10, en el cementerio de Darwin.

El secretario de Asuntos Relativos a Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, había confirmado el jueves pasado que el equipo forense del CICR, luego de trabajar en la tumba colectiva C.1.10, se trasladaría a Caleta Trullo “con el propósito de realizar la búsqueda e identificación de una posible tumba de guerra temporaria, que podría contener restos de soldados argentinos no identificados”. Sin embargo, en el día de hoy se confirmó que no hubo hallazgos.

El próximo 26 de agosto el jefe del equipo forense, Luis Fondebrider, viajará desde las Islas Malvinas a la ciudad de Córdoba para llevar las muestras de tejido esquelético encontrados el pasado jueves al Laboratorio de Genética Forense del Equipo Argentino de Antropología Forense (LGF-EAAF), cuyos resultados se esperan para fines de octubre.

El proceso de identificación de los soldados argentinos se inició en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se envió una carta al CICR para solicitar su intervención.

Luego en 2013 se conformó un equipo de trabajo bajo la coordinación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para elaborar protocolos que permitieran obtener información de cada familia sobre su ser querido caído en Malvinas y en el año 2016 se firmó el acuerdo entre los gobiernos de Argentina y el Reino Unido por el cual se encomendó a la Cruz Roja la tarea de identificación de 121 tumbas (122 cuerpos) en el Cementerio de Darwin, cuyas lápidas decían “Soldado Argentino Sólo Conocido por Dios”.

CB con información de Télam

Un equipo internacional de seis expertos -entre ellos dos argentinos-, coordinado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), comenzará este lunes los trabajos forenses en una tumba colectiva del cementerio de Darwin en las Islas Malvinas, en una nueva etapa de identificación de restos de excombatientes caídos en la guerra de 1982.

Los trabajos de campo que realizará el equipo de seis expertos, que arribaron el lunes pasado a suelo malvinense y cumplieron una semana de aislamiento debido a la pandemia de coronavirus, se desarrollan cuatro años después del primer Plan Proyecto Humanitario en el cementerio de Darwin, relevamientos que permitieron identificar a 115 soldados argentinos gracias a las muestras de sangre aportadas por sus familiares.

“El objetivo principal de nuestro trabajo es que los familiares puedan hacer su duelo con dignidad”, manifestó Laurent Corbaz, jefe de proyecto del Segundo Plan de Proyecto Humanitario (PPH 2) del CICR, en un comunicado. 

“Han vivido muchos años de incertidumbre, por lo cual haremos lo posible para brindarles respuestas. Los familiares de quienes han fallecido en conflictos armados tienen derecho a que se identifique a sus seres queridos: es un requisito establecido por el derecho internacional humanitario”, señalo Corbaz.

A diferencia del trabajo realizado durante los meses de junio y julio de 2017, cuando fueron exhumados 122 cuerpos de 121 sepulturas con la denominación “Soldado argentino solo conocido por Dios”, en este caso la labor se centrará solo en una tumba colectiva –la denominada C.1.10- ubicada en Darwin, cerca de la cruz mayor que preside el camposanto.

Esta tumba múltiple no había sido incorporada en el primer proyecto humanitario ya que no se trataba de una sepultura anónima: una placa colocada en 2004, cuando el cementerio fue remodelado, consignaba que en esa fosa se encontraban los restos del alférez de Gendarmería Julio Sánchez, y de los soldados de Fuerza Aérea Héctor Aguirre, Luis Sevilla y Mario Luna.

Pero, cuando hace cuatro años se exhumaron las tumbas anónimas, se comprobó que esos tres soldados se encontraban enterrados en otras tres sepulturas individuales que habían permanecido anónimas hasta ese momento, por lo que se hizo necesario esclarecer la identidad de los restos sepultados en la tumba C.1.10.

El CICR indicó que “se hará todo lo posible para preservar la dignidad de los fallecidos a lo largo de todo el proceso forense”. Según explicó, se exhumarán los restos humanos y se tomarán muestras en un laboratorio temporal construido in situ. Mientras se esperan los resultados de los análisis, los restos serán enterrados de manera provisoria en el cementerio de Darwin.

El análisis de la muestras será realizado por cicado en Córdoba, y algunos integrantes del equipo del CICR permanecerán en las islas a la espera de los resultados del laboratorio.

“Desde el @EAAFoficial participamos en la investigación previa, las entrevistas y notificaciones a familiares en #Argentina, la misión #forense en la islas #Malvinas y realizamos los análisis de ADN con fines identificatorios en nuestro Laboratorio de Genética Forense #orgulloEAAF”, tuiteó el EAAF.

El proceso de identificación a los soldados argentinos se inició en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se envió una carta al CICR para solicitar su intervención con el objetivo de hacer posible la identificación de los restos de los combatientes fallecidos y enterrados como NN en el cementerio de Darwin.

En 2013 se conformó un equipo de trabajo bajo la coordinación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para elaborar protocolos que permitieran obtener información de cada familia sobre su ser querido caído en Malvinas.

Desde entonces, un equipo constituido por miembros del EAAF, funcionarios de los ministerios de Justicia y Desarrollo Social más la Escribanía General de Gobierno y el Centro Ulloa de asistencia psicológica realizó entrevistas y tomó muestras en todo el país a los familiares de los combatientes fallecidos, con el objetivo de crear un banco de sangre.

Finalmente, en diciembre de 2016, la Argentina y el Reino Unido firmaron el primer acuerdo para iniciar las tareas de identificación en junio de 2017. Cuatro años después, en marzo pasado, se firmó el segundo acuerdo para posibilitar los trabajos en las islas, que comenzarán a partir de esta semana.

CB con información de Télam

Eran los primeros meses de la democracia. La CONADEP y Abuelas habían pedido a una organización de científicos estadounidenses que los ayudara con la identificación de los primeros cuerpos exhumados. Entre los que llegaron al país en 1984 estaba Clyde Snow, una eminencia entre los antropólogos forenses de entonces. Snow convocó a ocho jóvenes universitarios locales, aspirantes a médicos, antropólogos y arqueólogos, para que trabajaran con él. Aún no lo sabían pero varios luego serían miembros fundadores del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Luis Fondebrider formó parte de aquella experiencia y durante 15 años fue el director de ese grupo convocado desde distintos continentes para identificar cuerpos donde se produjeron matanzas o desapariciones.

El EAAF anunció ayer en sus redes que Fondebrider dejará su puesto para dirigir la Unidad Forense del Comité Internacional de la Cruz Roja, en Ginebra, Suiza. Lo presentó como una “noticia agridulce”. Es difícil pensar a la organización sin su presencia pero él le quita peso a la decisión y al cambio que se viene. “Una idea que siempre trabajamos en el EAAF era que el equipo es más importante que los nombres. Todos cumplimos funciones de distintas maneras y hemos hecho un culto a los diferentes saberes y experiencias. Creo que el EAAF seguirá funcionando muy bien sin mi presencia. Habrá otra persona que me reemplace. Ya hay camadas más jóvenes que tienen 20 años con el equipo y van a seguir avanzando. Me voy tranquilo más allá de quienes sean los nombres”, sostiene.  

¿Qué balance hace de todos estos años en el equipo? 

El balance es muy positivo. Comenzamos hace 37 años con amigos y colegas, siendo muy pocos, y hoy somos una organización que es líder a nivel mundial. Los objetivos que nos trazamos cuando éramos tan jóvenes, se siguen cumpliendo cada vez que le devolvemos la identidad a una persona, se la retornamos a un familiar y damos pruebas a la Justicia. Eso es algo que no ha cambiado. Creo que hemos abierto un camino desde la ciencia, en una acción colectiva que es más importante. Nosotros somos una pequeña parte de una acción que cumple la sociedad civil desde muchos sectores, a veces con el Estado, a veces sin el Estado. En ese sentido, el EAAF ha marcado un camino de independencia, coherencia y trabajo profesional reconocido en todo el mundo. 

¿Su designación en la Cruz Roja también debe leerse como un reconocimiento al EAAF?

Sin duda. La selección de la Cruz Roja para este nuevo cargo es fruto de mi trabajo en el EAAF. Es un trabajo colectivo. Me llena de orgullo y, de aquí en adelante, voy a aportar allí toda la experiencia que adquirí con el EAAF. 

En una de las paredes de la oficina de Fondebrider hay un tejido con una frase que agradece la presencia de los integrantes del equipo en Guatemala, a principios de los 90. Hay otros tantos recuerdos y pequeños regalos de familiares de víctimas. Chile, Perú, El Salvador, México, Etiopía, Croacia, Kurdistán, Irak, Zimbabwe, Congo, Sudáfrica y Filipinas. En todos esos lugares trabajaron los dirigidos por Fondebrider. 

Hablemos de las experiencias de todos estos años. ¿Qué similitudes encontraron entre la Argentina y esos países donde estuvieron?

La enorme desconfianza al Estado. Es constante en todos esos países. La desconfianza hacia los organismos oficiales. Muchas veces los victimarios son parte del Estado, pero muchas veces no, pero igual hay una desconfianza muy fuerte de parte de los familiares de las víctimas. También la falta de participación de los familiares en las decisiones políticas de cómo se va a investigar. Cuando se crea un mecanismo, nunca están sentados en las mesas en las que se toman las decisiones. Ellos tienen una necesidad tanto de verdad como de justicia. En 37 años de trabajo, nunca escuché a un familiar que me dijera: “Yo me quiero reconciliar con mi victimario”. Esas son cosas que dicen los políticos. 

¿Cómo se vinculan con esas familias?

Es una relación muy especial. Pasa algo que puede parecer muy obvio, pero que es clave: nosotros tocamos los cuerpos de su gente. Yo cuando hablo con un padre o una madre, cuando trabajamos en un caso, le explico que yo estuve en contacto con el cuerpo de su hijo, que lo traté con respeto, con dignidad. Y que hice todo lo que pude desde la ciencia para darle una respuesta. Creo que eso la gente lo valora mucho. Salvando las distancias, es como el médico que sale a decirle al paciente cómo fue la operación. Nosotros nunca tratamos a los familiares como niños, siempre decimos la verdad cuando la tenemos. La información no es nuestra, es de ellos, y siempre decimos lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Es muy clara la relación y entendemos mucho sus tiempos, que son muy diferentes a los tiempos de una persona que no sufrió la pérdida de un ser querido. 

¿Saber que son sus hijos los que están allí puede ayudar al duelo o a mitigar el dolor?

La gente dice que le sirve. Yo creo que las heridas no se cierran, están abiertas para toda la vida. Pero les da un poco de paz, un poco de certidumbre. Tener un lugar donde llevar una flor cuando quieren, o hablarle en el cementerio. Poder visitarlo, poder cerrar de alguna manera esa ausencia/presencia que es la figura del desaparecido. Obviamente, para nadie la vida va a seguir igual después de una desaparición, pero al menos, por lo que dice la gente, los ayuda un poco. 

¿Cómo se sienten con eso de que los llaman con la responsabilidad de dirimir un conflicto político más que un caso? Algo así sucedió con las muertes de Astudillo Castro o Santiago Maldonado.

Esa es una situación muy de acá en Argentina. Y siempre decimos lo mismo: nosotros hablamos de lo que sabemos, de lo que no sabemos, no hablamos. Y eso te quita presión. Yo hablo de mi trabajo, que es una investigación criminal, lo que quieren los familiares, el cuerpo que tengo que analizar y punto. Y creo que eso nos hace parar con los pies sobre la tierra. Por ejemplo, cuando hago entrevistas en Argentina, casi nunca me preguntan de política argentina, porque no hablo, no es mi trabajo, lo dejo para el café. En seguida nos quieren preguntar sobre el conflicto, y yo digo que más allá de lo que yo piense, me llamaron para analizar un cuerpo, dar formación, ver las cuestiones que se pueden mejorar, pero no es mi trabajo hablar del conflicto. 

En los casos de cuerpos vinculados a la represión ilegal en la Argentina trabajaron sobre los muertos, pero también sobre quiénes habían sido cuando estaban vivos.  

Acá, la gente no desapareció porque pasaban por una casa y se les ocurrió llevárselos. Fue por alguna actividad que hacía o por estar relacionados con un grupo político que fue blanco de la represión. Entonces, saber eso ubica a la persona en un tiempo y en un espacio determinado. No fue lo mismo marzo de 1977 en la zona norte del Gran Buenos Aires que en Córdoba. La persona estaba haciendo diferentes cosas, diferentes actividades. Entonces, eso es lo que nos permite ir achicando hipótesis de trabajo. Si una persona estaba relacionada con otras, en un ámbito de militancia política, tenía determinados movimientos y consecuencias: un desplazamiento, un secuestro, un operativo militar. En otros países, donde se ataca más a población civil, como Colombia o Guatemala, la lógica es un poco diferente. Es menos científico, menos uno a uno y es más masivo, y ese tipo de lógica no funciona tan bien. Tiene que ver más con el discurso del proceso represivo y cómo repercute en la gente afectada. La reconstrucción que hacemos en la historia de cada persona, que es muy parecida a la que hace un investigador o un detective de homicidios. 

¿Cuáles son las dificultades para identificar los 600 cuerpos que faltan de personas asesinadas en la dictadura? 

Identificar un cuerpo que ya ha esqueletizado es muy complicado. Porque los signos que tenemos en ese esqueleto son muy generales, al menos que tengamos una prótesis o una operación que quede en los huesos. En el caso de Argentina, cuando la gente desapareció, la muerte no era una opción para los familiares. Por mecanismos internos de los familiares, la muerte era una posibilidad lejana. Entonces, cuando llegó la democracia, a la gente desaparecida se la buscó viva, no muerta. Y eso implicó, por ejemplo, no pedirle datos físicos y otra información valiosa a los familiares. Desde cosas generales como el sexo, la edad, la estatura, hasta cuestiones dentales específicas. Por otro lado, en general, era gente joven, que muchas veces no había tenido ninguna incidencia que dejara marcas en los huesos, entonces es muy complejo el proceso.

Buscarlo muerto es un proceso que implica un duelo.

Tiene que ver con la psicología de la gente. Para un familiar, venir a hablar con los antropólogos significa empezar a pensarlo muerto y eso es un paso muy difícil, que con los años ha ido cambiando. Esto nos lleva a esta situación donde tenemos hasta ahora 600 cuerpos que no pudimos identificar, que ya están estudiados, analizados, está su perfil genético listo. Necesitamos que más gente se acerque a darnos información, porque identificar significa comparar dos términos de una ecuación. Si nos falta una, no podemos completar el proceso. Por eso hemos hecho campañas desde el año 2007 para convocar a familiares. Han venido ya como 11.500 familiares, pero nos falta gente.

A diferencia de los hijos recuperados, los familiares tienen claro que secuestraron a alguien de su entorno. ¿Por qué cree que no se presentan? 

La verdad que no sabemos. Por ejemplo, hay dirigentes de derechos humanos que nunca vinieron a darnos muestras de sangre. Y están todo el día con esto. Hay cosas psicológicas muy fuertes, hay padres que dicen: “Si yo encuentro el cuerpo, ya es el final de la búsqueda, mi vida ya se fue, mi vida está paralizada”. Son cosas que hay que entender y que nosotros respetamos mucho, por eso nunca hicimos una campaña obligatoria o agresiva, si no que dejamos que el tiempo vaya decantando.

Argentina tiene un serio problema de identificación de personas actuales. Si una persona desaparece en Chubut y aparece un cadáver en Tucumán, no hay forma de cruzarlos.

¿En otros lugares pasa igual?

En muchos, sí. Colombia tiene unos 150.000 desaparecidos. Hasta ahora han recuperado unos 8.000 cuerpos, que es menos del 10%. Y los bancos de información que han recolectado los colombianos tampoco tienen 100.000 datos de personas. Es un proceso muy complicado que va a durar generaciones. Hay gente que todavía tiene miedo.

¿A qué trabajos están abocados ahora?

En estos momentos estamos con varias cosas. A nivel interno, en Argentina, estamos trabajando en Campo de Mayo. El equipo trabajó allí desde 2006, cuando ingresamos por primera vez a buscar cuerpos. En diferentes lugares hicimos excavaciones, no encontramos nada. El año pasado le presentamos a la jueza a cargo del caso, un proyecto aplicando lo que nosotros llamamos “nuevas tecnologías”, que no fueron pensadas para investigaciones criminales, sino para agricultura, ganadería, minería, búsqueda de petróleo y los estamos adaptando al trabajo en las investigaciones. Campo de Mayo tiene 5.000 hectáreas, un cuarto de la Capital Federal. Esto nos va a permitir ver cómo es lo que hay debajo de la superficie y luego vamos a excavar aquellas zonas que nos parezcan interesantes. Son lugares donde siempre ha habido denuncias de entierros, testimonios, pero no tenemos ningún testigo directo.

Van a empezar a trabajar en una tumba nueva en Malvinas.

Sí, con el trabajo de Malvinas nosotros pudimos analizar 122 cuerpos, de los cuales 115 ya fueron identificados, e informar a los familiares. Nos quedan 7 cuerpos, pero la comparación de muestras que dieron los familiares con los cuerpos también nos dio información sobre cosas que estaban equivocadas. Hay una sepultura que tiene tres o cuatro cuerpos de soldados que cayeron de un helicóptero, que en su momento fueron identificados con nombre y apellido. A través de los estudios que hicimos comprobamos que esas personas que figuran los nombres no son los que estaban en las sepulturas, porque esas personas se encontraban en otras sepulturas. Es decir, no sabemos, aunque tenemos hipótesis, quiénes pueden ser esos 3 o 4 soldados. Es muy posible que los restos estén mezclados, y va a ser un trabajo de mucho detalle en las islas para poder rearmarlos y comparar las muestras de sangre que han dado los familiares con esos restos. 

Están con un centro de formación en marcha. ¿Llegó el momento de transmitir la experiencia de estos años?

Yo creo que son dos cosas. Uno es lo que decías: transmitir a las nuevas generaciones. Pero una tanto o más importante es el nivel que tienen las ciencias forenses y criminalísticas en la Argentina, que es algo, más allá de excepciones, bastante mediocre. La ciencia forense es un auxiliar de la Justicia, y en Argentina, como tenemos un país federal con 24 provincias, con fuerzas a nivel municipal, provincial y nacional, está todo muy difuminado y muy separado. Se necesita tener protocolos comunes, pero también subir el nivel de calidad de la gente. Instalar sistemas de control de calidad, que son comunes en otras partes del mundo, que cuando se hace el informe pericial tenga un sistema de revisión por un par. Es decir, falta mucho. A lo que apuntamos con este centro, es, por un lado, capacitar a las fuerzas de Argentina que hacen tareas periciales. Tanto las fuerzas de seguridad, que son Policía, Gendarmería, Prefectura y PSA, como los forenses que trabajan a nivel judicial en todo el país y al nivel del Ministerio Público. Esa es la idea, el objetivo. Nosotros firmamos un convenio de cooperación con el Ministerio de Seguridad y ahora estamos trabajando en una mesa de diálogo para producir, junto con ellos, un nuevo protocolo de escena del crimen.

¿Cuáles son los problemas más graves?

Argentina tiene un serio problema de identificación de personas actuales. Si una persona desaparece en Chubut y aparece un cadáver en Tucumán, no hay forma de cruzarlos. Desde hace años venimos diciéndole a los sucesivos ministros de Seguridad: “No funciona esto, hay que cambiarlo”. Y no es un cambio de nombre, sino un cambio de estructuras. Y no todo pasa por dinero, pasa por sentarse en una mesa y coordinar actividades. La estructura argentina es muy compleja, sobre quién se ocupa de qué, esto envuelve al Ministerio Público también, y al Poder Judicial.

¿Cómo se producen los errores y cómo se cambian?

 Los principales errores en Argentina se dan en lo que se llama la escena del crimen. Errores por descuido, por falta de cuidados, por no aplicar las cosas como corresponde. Entonces, el protocolo apunta a mejorar eso. ¿Cómo se mejora eso? Con algo que obviamente a las clases políticas no les interesa, que es la formación a mediano y largo plazo. Si vos no invertís en capacitación y formación, es muy difícil que las cosas cambien. Además con un Ministerio que cada cuatro años cambia de ministro, y de personas... Apuntamos a mover un elefante enorme. 

Fiscales y policías, que investigan juntos, tienen muchas veces criterios distintos de lo que hay que hacer. 

Nosotros lo vimos en varios casos en los que trabajamos, en donde los fiscales no entienden mucho de investigación, nunca salen de sus oficinas, no se preocupan demasiado cómo se recupera la prueba, cómo se formula la hipótesis de trabajo, y todo eso tiene repercusiones. También una cosa que estamos conversando con el Ministerio de Seguridad es formar equipos interdisciplinarios, que cuando haya un caso determinado, un fiscal se pueda nutrir de estos equipos para investigaciones complejas, donde hay casos en los que no es muy clara la hipótesis de trabajo, o que hay que buscar otro tipo de cosas. El policía de investigación siempre aplica el mismo método de trabajo y no es que esté mal, pero tiene que haber un feedback constante con el fiscal que está a cargo de la investigación. Esa es una asignatura pendiente muy grande en la Argentina, y es lo que genera nuevas búsquedas, nuevas autopsias, nuevos rastrillajes, cambios de ritmo en la investigación. 

Para recibir información de personas desaparecidas entre 1974 y 1983 podés contactarte con el EAAF al 0800-3453 ADN (236)  

AM