En un plazo de 5 días, el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, deberá informar los términos en que el Gobierno argentino llegó al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para recibir un crédito de 20 mil millones de dólares. Así lo resolvió el Juzgado Federal de Dolores a partir de una acción de amparo presentada por Francisco Verbic, como representante de la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP), en conjunto con los abogados Leonel Bazan, y Diego R. Morales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Según la decisión judicial, el Ministerio de Economía deberá presentar el expediente completo en el que se tramitó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025 que el Gobierno envió en marzo al Congreso para autorizar el acuerdo de “facilidades extendidas” con el Fondo y así poder cancelar las deudas con el Banco Central y fortalecer las reservas.

La decisión del Ejecutivo de acordar con el FMI vía decreto fue cuestiónada no sólo por la oposición y distintos juristas que advirtieron que una medida de ese tipo entra en contradicción con Ley 27.612, que establece que cualquier programa de financiamiento u operación de crédito público requiere la autorización expresa del Parlamento. Además, el propio Mauricio Macri también cuestionó al Gobierno: “Demuestra la debilidad institucional en que estamos y no ayuda a generar confianza”, dijo entonces el expresidente.

Ahora, los jueces federales de Dolores, entendieron que además el decreto viola la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275) y que el Ministerio buscó ocultar la información con maniobras para eludir entregarla al juzgado.

Según entendieron los jueces Maximiliano Chichizola y Martín Bava, “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible”, y cuestionaron los trámites burocráticos al que derivaron el pedio de información presentado por los abogados.

Para los jueces, el Ejecutivo tiene la obligación de “garantizar el acceso a la totalidad del expediente administrativo, donde tramitó el dictado del DNU 179/2025 (crédito FMI), con todos sus archivos embebidos, anexos y cualquier documentación obrante en dicho expediente, así como de toda otra actuación conexa al mismo”.

Pero además, los jueces de Dolores obligaron al Ejecutivo a pagar $1.667.358 más IVA y aportes previsionales abogados Verbic, Bazan y Morales, en concepto de honoarios.

En el fallo, los magistrados aclararon “que en nuestro sistema jurídico, toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información pública, no pudiendo exigirse al solicitante que motive la solicitud, ni que acredite poseer un derecho subjetivo o un interés legítimo”.

Según el Cels, la decision de los jueces reafirma así “que el derecho al acceso a la información pública es indispensable para el control democrático de las decisiones estatales. Y que su cumplimiento es especialmente relevante cuando se trata de políticas económicas de alto impacto, como la firma de un acuerdo con el FMI”.

Y remarca que la Ley 27.275, sancionada en democracia y con amplio consenso, es una norma especial y posterior y, por lo tanto, prevalece sobre el régimen general de procedimientos administrativos. Además, el Tribunal consideró que la actitud del Ministerio va en contra del derecho a conocer información y repercture en la vida de la sociedad y cita a la propia Corte Suprema de Justicia que estableció que “el derecho a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones”.

Según el máximo tribunal de justicia, “se trata de información de carácter público, que no pertenece al Estado, sino que es del pueblo de la Nación Argentina y, en consecuencia, la sola condición de integrante de la comunidad resulta suficiente para justificar la solicitud”. Ese derecho “corresponde a toda persona”.

La organización Transparencia Internacional advirtió este martes, en su informe anual sobre el Índice de Percepción de la Corrupción, que durante el último año en Argentina se ha limitado el acceso a la información pública.

“En Argentina, un nuevo decreto redefinió los conceptos de información pública y privada, limitando el acceso de la ciudadanía, mientras que la cantidad y calidad de las respuestas del Poder Ejecutivo a las solicitudes de acceso a la información han disminuido”, afirmó Luciana Torchiaro, asesora regional para las Américas de Transparencia Internacional, al analizar los resultados del informe global desde una perspectiva regional.

El Índice de Percepción de la Corrupción de 2024 coloca a Argentina en el puesto 98 entre un total de 180 países y territorios, según las percepciones sobre el nivel de corrupción en el sector público.

En una escala en la que cero equivale a mucha corrupción y cien a muy baja corrupción, el informe le asigna a Argentina 37 puntos, al igual que a Etiopía, Indonesia, Lesoto y Marruecos.

En el caso de Argentina, no hubo cambios ni de posición ni de puntuación respecto al índice de 2023.

En septiembre pasado, Milei modificó algunos aspectos de la Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada en 2016, estableciendo una serie de restricciones al acceso a la información pública.

El decreto fue muy cuestionado por especialistas y organizaciones de la sociedad civil. Por caso, de acuerdo a la recopilación que hizo Chequeado en septiembre pasado, la organización Poder Ciudadano, que dirige Pablo Secchi, señaló en un comunicado que “ningún decreto puede restringir el acceso a la información pública más allá de lo que lo hace la Ley sancionada democráticamente por el Congreso de la Nación”.

Y agregó: “Nos preocupa el reciente decreto del Presidente de la Nación que, en lugar de impulsar el derecho de acceso a la información pública, pareciera limitarlo, por ejemplo: modificando la definición de qué es información pública; modificando qué es un documento público; aumentando los criterios de excepción para el acceso a la información”.

Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) señaló que “debe presumirse como regla que toda la información que existe en poder de órganos públicos puede y debe ser divulgada” y que “son los ciudadanos los dueños de la información pública y no el Estado, por lo que el permitir su conocimiento no es una concesión discrecional de los gobiernos sino un imperativo normado”.

Consultado por Chequeado, Ramiro Álvarez Ugarte, abogado e investigador del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo, señaló: “El problema que tiene el decreto es que reglamenta todo de manera restrictiva. Es el caso de la legitimación activa, por ejemplo, donde impone requisitos que la ley no prevé, más allá de que los cambios puedan ser razonables. Lo mismo hace con algunas excepciones, donde clarifica algunos contenidos de la ley”

El especialista agregó: “Las definiciones sobre ‘información pública’ y ‘documento’ son los puntos más problemáticos. El decreto lo que hace es tomar la definición de la ley y establecer por reglamentación una definición que es mucho más restrictiva que lo que la ley establece. Ahí está el problema principal: lo que está haciendo es alterar el espíritu de la norma, en violación de los artículos 28 y 14 de la Constitución”.

Y concluye: “El decreto reglamentario puede reglamentar la ejecución de una ley pero no puede alterar su significado. En el artículo 3 del decreto lo que está haciendo es restringir el alcance a 2 conceptos esenciales, como ‘información pública’ y ‘documentos’, que el legislador definió de manera amplia y el Poder Ejecutivo lo define de manera restrictiva”.

Con información de EFE y Chequeado.

IG

El tablero está caliente y el desenlace es incierto. Con el tiempo en contra y las posiciones cada vez más radicalizadas, el debate por el decreto de Javier Milei que restringe el acceso a la información pública promete volver a ser un campo de batalla entre el Gobierno y la oposición. En Casa Rosada están en alerta por las noticias que llegan desde el Congreso: en la UCR están dispuestos a avanzar en el intento de derogación de esa normativa, que según voces especializadas pone en jaque el espíritu de la ley sancionada en 2016.

A contrareloj, la presión legislativa opositora es palpable. La principal espada en esa cruzada es Karina Banfi, quien exigió que la Comisión de Asuntos Constitucionales, comandada por el libertario Nicolás Mayoraz, discuta el tema de inmediato. Los radicales, envalentonados y sin mucho que perder, planean insistir para que el oficialismo convoque a la comisión o, en caso contrario, proponer en la próxima sesión de la Cámara de Diputados la derogación total del decreto. Mientras tanto, en Balcarce 50 la postura es clara: no dar marcha atrás y desoír todas las críticas. “La decisión está tomada”, repiten, tajantes.

“Frente a un decreto que ya es operativo y está cercenando el acceso a la información pública, el Congreso debe dar una señal clara ante la Justicia. Estamos frente a un decreto a todas luces inconstitucional: el Poder Ejecutivo no puede reglamentar una norma arrogándose una facultad que le corresponde a la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es autónoma y autárquica”, sostuvo este miércoles Banfi, que es la vicejefa del bloque radical y aliada de Rodrigo De Loredo.

Pero la movida opositora no es sencilla: sin dictamen, necesitarían una mayoría especial, algo difícil de conseguir sin el respaldo del PRO. Sucede que aunque la ley de acceso a la información fue uno de los logros del gobierno de Mauricio Macri, el bloque liderado por Cristian Ritondo se muestra dividido. Por ejemplo, la diputada Silvana Giudici considera que la derogación no es la vía correcta y opina que debería ser la Agencia de Acceso a la Información (AAIP), encabezada por Beatriz Anchorena, la que revise el decreto de Milei.

El tironeo llega luego de varias semanas de negociaciones infructuosas que mantuvieron representantes de los distintos bloques y delegados del Poder Ejecutivo.  Pero la Casa Rosada, desafiante, no muestra intenciones de ceder. Es que detrás de la controvertida medida, que vio la luz en septiembre, está María Ibarzábal Murphy, secretaria de Planeamiento Estratégico y principal artífice del decreto, quien actúa bajo las órdenes de Santiago Caputo, mano derecha de Milei y cerebro de la estrategia comunicacional oficialista.

Una vez publicado, la medida no solo encendió un feroz enfrentamiento con la oposición. También motivó tensiones puertas adentro del oficialismo, con diferencias de criterios entre el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y Santiago Caputo. La propia Banfi fue testigo, en primera persona, de esos desacuerdos. Según relató la legisladora de la UCR, fue el asesor estrella el que se comunicó telefónicamente con ella para aclararle que la posición del Gobierno era la que se expresaba la letra de la normativa.

El intercambio entre Caputo y Banfi tuvo lugar pocas horas después de las concesiones discursivas enunciadas por Francos durante su primer informe de gestión ante el Congreso. Allí, el ministro coordinador se había mostrado receptivo a las críticas de la oposición y hasta había dejado abierta la puerta a la posibilidad de “modificar” el decreto presidencial que intenta resguardar la “privacidad” de los funcionarios “si fuera necesario”. Sin embargo, al día siguiente, el vocero Manuel Adorni salió a sostener lo contrario: “Nosotros siempre estamos dispuestos en modificar algo, si tenemos que modificarlo, [pero] no va a ser el caso este”.

Pese al rechazo generalizado al decreto que, según denunció FOPEA y otras 60 organizaciones, afecta “el pleno acceso a la información pública”, en el Gobierno se amparan en un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Rodolfo Barra, que en julio determinó que no se debían brindar datos sobre los perros del presidente Milei por no tener carácter público. Fue luego de un pedido de acceso formulado en torno a la cantidad, raza, nombre, edad e información vinculada a la presencia de los animales en la residencia presidencial. Las preguntas fueron calificadas de “banales” por Barra, para quien se trataba de información “sobre aspectos típicamente domésticos” y por ende privada. 

El debate amaga con volver nuevamente al Congreso, en un momento clave para el oficialismo. La radical Banfi también se mostró a favor de regular los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo. En declaraciones radiales, subrayó que la ley 26.122 “debe ser modificada” para que los DNU sean realmente “excepcionales”, evitando así que los gobiernos actúen como “colegisladores”. El PRO no acompañaría la iniciativa opositora, en una nueva acción para congraciarse con el Gobierno. En Casa Rosada esperan que ese gesto también se replique en lo referido al decreto de acceso a la información pública.

PL/MG

El 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, una fecha cuyo propósito es procurar el acceso a la información digital (principalmente), como vehículo para garantizar otros derechos y poner en evidencia algunas violaciones que ocurren en el mundo.

A pesar de que este día oficial fue declarado por la UNESCO en su Asamblea General en diciembre de 2015 y conmemorado por primera vez en 2016, lo cierto es que su historia empieza mucho antes, exactamente en el año 2002. Entonces se le conocía con el nombre de Día del Internacional del Derecho a Saber. No fue hasta 2012 cuando la Internacional de Defensores de la Sociedad Civil le cambió el nombre al que conocemos en la actualidad.

¿Qué es el derecho a la información?

El derecho a la información es un derecho humano, que resulta ser el componente clave para el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.

Este derecho consiste en que toda persona puede buscar cualquier tipo de información de interés que se encuentre en poder de entidades, organismos y empresas públicas, mientras dicha información no sea clasificada o de acceso restringido según las leyes de su país.

En realidad, el derecho a la información es la base para muchos otros derechos civiles y universales, puesto que no solo garantiza que los seres humanos estén en pleno conocimiento de la verdad, sino que además, exige la transparencia en las gestiones de los gobiernos para evitar crímenes de lesa humanidad y actos de corrupción, por nombrar algunos ejemplos básicos.

NB

El polémico decreto de Javier Milei que modificó los criterios de la ley de información pública, con el fin de proteger datos “privados” de sus funcionarios, motivó algunos cruces puertas adentro del Gobierno. Por más que el vocero presidencial Manuel Adorni haya intentado este viernes poner paños fríos al calificar de “falsas” las versiones acerca de internas en el gabinete a partir de ese tema, elDiarioAR pudo saber que estuvo la mano del asesor presidencial Santiago Caputo detrás de esa decisión oficial, que según voces especializadas pone en jaque el espíritu de la normativa sancionada en 2016.

Al igual que en el caso del resto de los decretos y leyes importantes del Gobierno, la redacción del texto estuvo a cargo de María Ibarzábal Murphy. Designada en abril como secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, la funcionaria depende en los papeles a la Secretaría General de la Presidencia que comanda Karina Milei, pero en la práctica reporta directamente a Caputo, el otro vértice del “triángulo de hierro” que conforma la cúpula del poder libertaria.

“Nosotros siempre estamos dispuestos en modificar algo, si tenemos que modificarlo, [pero] no va a ser el caso este”, sostuvo Adorni, tajante, durante su última conferencia de prensa. Se trató de una postura contraria a la expresada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos el miércoles pasado, cuando debió brindar su primer informe de gestión ante el Congreso. Allí, el ministro coordinador se había mostrado receptivo a las críticas de la oposición y hasta había dejado abierta la puerta a la posibilidad de “modificar” el decreto presidencial que intenta resguardar la “privacidad” de los funcionarios “si fuera necesario”.

Pero lo ocurrido a partir de ese momento puso en evidencia ciertas diferencias de criterios entre el jefe de Gabinete y Santiago Caputo. Fue la diputada radical Karina Banfi la testigo, en primera persona, de esos desacuerdos, que se parecieron demasiado a una desautorización. Según relató la legisladora de la UCR, fue el propio asesor estrella el que, pocas horas después de las concesiones discursivas enunciadas por Francos, se comunicó telefónicamente con ella para aclararle que la posición del Gobierno era la que se expresaba en el decreto.

En Casa Rosada intentaron aclarar este viernes que, en realidad, “no hubo ninguna contradicción entre lo que dijo uno y lo que dijo otro”, en referencia a Caputo y a Francos. Sin embargo, la posición tomada por el jefe de Gabinete en el recinto distó demasiado de la de Adorni, quien justificó la necesidad de todas y cada una de las modificaciones publicadas el lunes pasado en el Boletín Oficial. Mientras que Francos había sostenido que recogía “las inquietudes” de los legisladores para transmitírselas a Milei, los argumentos del portavoz fueron intransigentes al afirmar que el texto quedará como está. “Si amerita alguna aclaración sobre algún punto, se hará, pero no se va a modificar”, sentenció, en línea con Caputo.

En Balcarce 50 no dan el brazo a torcer, pese al rechazo generalizado al decreto que, según denunció FOPEA y otras 60 organizaciones, afecta “el pleno acceso a la información pública”. Se amparan en un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Rodolfo Barra, que en julio determinó que no se debían brindar datos sobre los perros del presidente Milei por no tener carácter público. Fue luego de un pedido de acceso formulado en torno a la cantidad, raza, nombre, edad e información vinculada a la presencia de los animales en la residencia presidencial. Las preguntas fueron calificadas de “banales” por Barra, para quien se trataba de información “sobre aspectos típicamente domésticos” y por ende privada. 

Sin embargo, la actual injerencia directa de Santiago Caputo en un tema tan delicado, como es la obligación que tiene el Estado de proporcionar información, abre nuevos interrogantes. ¿Cuánto tuvo que ver en la promulgación del decreto la reciente revelación periodística del vínculo laboral que mantiene el asesor, en relación de dependencia, con una empresa agropecuaria? ¿Lo inquieta la posibilidad de que se den a conocer más movimientos suyos en el sector privado, paralelos a su labor en el Gobierno? Si bien su condición de mero contratado —su remuneración mensual es de $2.563.312, según consignó el informe de Francos— lo exime de presentar declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, ya que no forma parte de la planilla de funcionarios públicos, el poder que acumula lo convierte en una figura de extrema exposición.

En ese sentido, no deja de llamar la atención el reciente argumento que utilizó Milei para embestir nuevamente contra la prensa. En su último reportaje con LN+, el Presidente disparó contra los periodistas por no ser consideradas Personas Políticamente Expuestas (PPE) y justificó en ese dato su negativa a conceder conferencias de prensa. “Vamos a hacerlo jugando todos en el mismo terreno. Si quieren pido al Congreso que mande una ley para que los periodistas sean PPE, que presenten declaraciones juradas y sean sometidos al escarnio público”, lanzó, provocador. Quizás el primer paso deba ser comenzar por casa.

PL/DTC

A pesar de las críticas que generó el decreto que limita el acceso a la información pública, desde el Gobierno Nacional aseguraron que no se aplicarán modificaciones como prometió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el Congreso.

En la habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que no habrá modificaciones en los cambios en la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública.

“Se trata de que el acceso a la información pública sirva para eso y no destinar más recursos de lo que se requieren para que la sociedad esté informada”, justificó al respecto.

“Ese es el espíritu de la ley, que todos podamos acceder a la información del Gobierno, pero que esto no vaya en contra de la privacidad de los funcionarios. Hemos recibido durante este gestión, que se han multiplicado por 10, nos han preguntado qué marca de té tomamos, qué raza y color de mascotas tenemos, si nuestras mascotas son felices, cosa que no tiene por qué importar”, desarrolló.

En la misma línea, precisó: “Nos preguntaron si el doctor (Alberto Fernández) cursó la Ley Micaela, cuántas materias dicta en la UBA. Queremos terminar con esto de consumir mucho recurso público y que no hace a que la gente esté enterada de lo que pasa”.

“Somos de los primeros que vamos a defender la transparencia, la honestidad y que estén enterados de todos. En 2020 se recibieron 57 pedidos, en el 2022 95 y en 2023 65 y hasta agosto 558. Esto no va en contra de la información, simplemente tratar de ordenar esto que se pregunten cosas que no hacen a la utilización de fondos y a la honestidad del funcionario y que concentra muchos recursos pata atender este tipo de cuestiones. Incluso no se han recibido judicialización ni amparos por ningunos de estas respuestas”, sostuvo además.

Por su parte, el funcionario planteó que se harán aclaraciones en caso de ser necesario, y explicó los dichos del titular de ministros en el Congreso: “Francos dijo que estamos dispuestos de hacer cualquier modificación en una ley o de cosas que estén mal, pero no es este el caso. No quita que haya una aclaración adicional”.

Durante su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete se había mostrado a rever el polémico decreto de Javier Milei que modificó los criterios de la ley de información pública con el fin de proteger datos “privados” de sus funcionarios. “De ninguna manera la intención del gobierno nacional es poner opacidad a la información pública, sino ordenar los pedidos de acceso a la información”, justificó el funcionario, quien se había mostrado abierto a las críticas de la oposición y hasta había abierto la posibilidad de una derogación.

“Modificaremos el decreto si fuera necesario, haremos las consultas. Estamos dispuestos a analizarlo y que también ustedes puedan entender las dificultades que vemos y encontramos para acceder a todos los requerimientos”, concedió Francos, que aseguró que en el Gobierno son conscientes de que se trata de un derecho constitucional, que está en los tratados internacionales y “en los principios rectores de la OCDE”.

El jefe de Gabinete reconoció que al oficialismo “no le pareció” que el decreto violara la Constitución. “Recojo las inquietudes que ustedes han planteado aquí y se las voy a transmitir al Presidente de la República”, señaló, dirigiéndose a la oposición. Y añadió: “Veremos si tenemos necesidad [de modificarlo], aunque no sé si de derogarlo, porque la intención ha sido tratar de ordenar el tema del acceso a la información por la cantidad de tarea administrativa que demanda”.

A través del Decreto 780/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo reglamentó el artículo 1° de la Ley N° 27.275 en lo que mencionaron como “buena fe”, y establecieron que “la violación al principio de buena fe por parte de todos los actores intervinientes configura el supuesto previsto en el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación”.

Para aplicar los cambios, modificaron el concepto y alcance de lo que se conoce como “información pública” al asegurar que no se entenderá como información pública a “aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la Ley N° 27.275 y su modificatoria”.

CRM con información de la agencia NA

Tras la publicación del decreto presidencial que establece limitaciones al acceso a la información pública, podría empeorar el ya deteriorado funcionamiento de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que tiene como objetivo “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública” y que, sin embargo, no se manifestó hasta el momento por la medida oficial. Según especialistas, la nueva reglamentación agranda el “mercado negro de la información”.

En el 2016, bajo la gestión de Mauricio Macri, se aprobó en el Congreso –en un trámite sin debate y con consenso casi unánime– la Ley 27.275. Establece, entre otras cosas, que toda la información en poder del Estado se presume pública, que esta debe ser accesible a todas las personas y que los distintos órganos del gobierno tienen plazos para cumplir con su deber de informar. Con esta ley se creó la AAIP, ente autárquico encargado de velar por la publicación de la información de cada uno de los sectores de los tres poderes de gobierno. 

Desde el 2022 esta Agencia se encuentra dirigida por Beatriz de Anchorena, quien fue designada por Alberto Fernández y continuó en su puesto tras el cambio de gobierno. La ley establece un mandato de cinco años con el objetivo garantizar que la autoridad del organismo trascienda al gobierno de turno y actúe con independencia.

Karina Banfi, actual diputada radical y una de las promotoras de la Ley de Acceso a la Información Pública, sostiene que la Agencia tiene un trabajo “deficitario”. “De Anchorena desconoce la materia para la cual se la designó. Desde que se encuentra ella a cargo la AAIP funciona mal, porque se volvió una oficina de intermediación de las decisiones que toma el poder Ejecutivo”, sostiene Banfi en diálogo con elDiarioAR. 

“Estoy esperando que me respondan hace más de tres meses, desde el 20 de mayo, cuando solicité información a la Secretaría General de Presidencia sobre cómo se había financiado el viaje a España para un acto del partido ultranacionalista Vox. La Agencia no ha intervenido como debería haberlo hecho, para asegurar que obtenga esa información”, sostiene Banfi. 

Según el sitio web de la AAIP, en lo que va del 2024 hubo 7.119 solicitudes de acceso a la información, con una tasa de respuesta del 88%, es decir, una tasa alta de respuesta. El tiempo promedio de respuesta fue de 13 días. 

Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), sostiene en diálogo con elDiarioAR que, aunque la agencia tuvo algunas intervenciones exitosas, debería tener un rol más contundente en la exigencia de que el Ejecutivo brinde información. “El decreto del día lunes lo que hace es prohibir que una persona pida muchas veces la misma información; pero si esos datos estarían disponibles en algún lado, no habría ni que perdirlos. La Agencia debería bregar, de manera más categórica, por la publicación de la información. Pero con este decreto la Agencia se vuelve un organismo que debe verificar quien pide muchas veces una información y castigarlo”. 

El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra manifestó un mes atrás que se debían rechazar todos los pedidos de acceso a la información sobre la cantidad de perros que viven con Javier Milei en la Quinta de Olivos; el lunes, el Gobierno oficializó a través del nuevo decreto, en un intento por solidificar esa posición, que limita el acceso a la información pública. “Desde un mes hasta hoy, la Agencia de Acceso a la Información Pública no dijo en ningún momento: ‘Barra usted no puede decidir que eso no es de interés público'’”, sostiene Banfi.

Nueva reglamentación 

“Lo más grave de esta nueva reglamentación es que invierte el principio de ‘buena fe’”, sostiene Celeste Fernández, abogada y co-directora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). “La Ley de Acceso a la Información Pública establece que el Estado tiene que actuar de buena fe, siendo diligente, colaborando para que la información se entregue. Este Gobierno, con esta reglamentación, da vuelta este artículo, diciendo que la persona solicitante de la información tiene que actuar de buena fe y que, cuando no actúe siguiendo este principio, deberá pagarle una indemnización a quien perjudicó con su pedido de datos”. 

“Esto hace que cualquier ciudadano que quiera acceder, tras esta reglamentación, a una información, está en una situación de muchísima más inseguridad. Hay estándares internacionales que dicen, de hecho, que no se pueden aplicar sanciones por el pedido de información”, agrega Fernández. Para Banfi, sin embargo, los perjudicados no son solamente los ciudadanos y los periodistas; el decreto aprobado por el Poder Ejecutivo el día lunes perjudica especialmente a las empresas. “Las principales solicitantes de información pública son las empresas”, sostiene Banfi. Y explica: “El gobierno libertario se jacta de decir que se acabó la obra pública: son las empresas las que tienen que construir, entonces. Pero, ¿dónde van a ir a averiguar donde se necesita una ruta? ¿dónde van a pedir información?”. 

Para Litvachky, con estas limitaciones al acceso a la información, se genera un efecto paradojal: cuanto más cerrada es la posibilidad de acceder a la información, más queda librada a filtraciones. “Lo que se agranda es el mercado negro de la información”, sostiene la directora del CELS. “Esto es un problema para la transparencia estatal, porque genera que la información sea menos rastreable, y también que sea más desigual, porque los funcionarios le darán información a quienes ellos quieran, aumentando la arbitrariedad en el acceso a la información”. 

El Gobierno estableció el lunes, a través de la nueva reglamentación, que “no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada”; siendo la información pública aquella que comprende cuestiones de interés público ligadas a la actividad estatal y su control, excluyendo a la información que hace al ámbito privado del funcionario. Sin embargo, Banfi señala que la definición de cuál es el interés público lo determina la opinión pública. “Si hoy es importante para la gente el Chocoarroz de Dujovne, entonces es importante. Si es importante para la opinión pública si el ex presidente le pegaba a su mujer, entonces eso se considera de interés público. Si son importantes los perros del Presidente, es de interés público”, sostiene la diputada de la UCR. 

Además, como parte de la nueva reglamentación, se establece que las “deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público”. Para Litvachky, esto es sumamente problemático. “En decisiones respecto a la toma de deuda pública, por ejemplo, se va construyendo colectivamente una decisión hasta —a través de borradores y memorandos– que se da una decisión a través de un documento oficial. A todos estos pasos previos, no se los va a poder conocer, lo cúal es totalmente restrictivo”, sostiene. 

AS/DTC

Durante su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete Guillermo Francos se mostró abierto a rever el polémico decreto de Javier Milei que modificó los criterios de la ley de información pública con el fin de proteger datos “privados” de sus funcionarios. “De ninguna manera la intención del gobierno nacional es poner opacidad a la información pública, sino ordenar los pedidos de acceso a la información”, justificó el funcionario, quien se mostró abierto a las críticas de la oposición y hasta abrió la posibilidad de una derogación.

“Modificaremos el decreto si fuera necesario, haremos las consultas. Estamos dispuestos a analizarlo y que también ustedes puedan entender las dificultades que vemos y encontramos para acceder a todos los requerimientos”, concedió Francos, que aseguró que en el Gobierno son conscientes de que se trata de un derecho constitucional, que está en los tratados internacionales y “en los principios rectores de la OCDE”.

El jefe de Gabinete reconoció que al oficialismo “no le pareció” que el decreto violara la Constitución. “Recojo las inquietudes que ustedes han planteado aquí y se las voy a transmitir al Presidente de la República”, señaló, dirigiéndose a la oposición. Y añadió: “Veremos si tenemos necesidad [de modificarlo], aunque no sé si de derogarlo, porque la intención ha sido tratar de ordenar el tema del acceso a la información por la cantidad de tarea administrativa que demanda”.

En ese sentido, Francos aseguró que recabó información de los distintos ministerios y que “en todos hay alrededor de 700 y pico” de requerimientos de acceso a la información pública. “Lo que hemos tratado de hacer es ordenar, de ninguna manera restringir”, insistió.

Sin embargo, sí justificó la “diferencia de criterio en la interpretación” en torno al concepto de “buena fe”. Francos aseguró que “entiende la diferencia entre un particular y un funcionario público”, pero también sostuvo que “el principio de buena fe tiene que ser para todos”. “El Gobierno entendió que algunos mecanismos se utilizaban no en la senda de la buena fe, sino la contraria, por eso estableció que la buena fe debería ser de las dos partes”, añadió.

Polémica abierta

El gobierno de Javier Milei avanzó en la modificación de la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, a través de la redefinición de la terminología y con la limitante al acceso de la “información privada”. De esta manera, a través del Decreto 780/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Presidente busca reforzar la protección de datos suyos y de sus funcionarios, además de evitar polémicas como la que tuvo lugar hace algunos meses cuando la prensa quiso saber detalles acerca de los perros que viven en Olivos.

Las restricciones implementadas por el Poder Ejecutivo ponen en jaque el espíritu de la ley de acceso a la información pública sancionada en 2016, una herramienta clave para promover la participación ciudadana en la transparencia y el control en la administración pública. La normativa obliga a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público, a empresas, partidos políticos, universidades y gremios que reciban aportes públicos, a responder las solicitudes de información que eleve cualquier ciudadano en un plazo no mayor a un mes.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó ayer su preocupación su preocupación al respecto, a la que se sumaron más de 60 organizaciones civiles. “El Gobierno nacional ha incorporado a la reglamentación de la Ley 27.275 excepciones que, por su amplitud y vaguedad, podrían habilitar a los funcionarios a incumplir su obligación de permitir el acceso a la información pública bajo el pretexto de genéricos daños y perjuicios o con fundamento en un supuesto interés público”, señaló en un comunicado la asociación que nuclea a los principales medios de comunicación del país.

En su mensaje, Adepa afirmó que esas restricciones podrían afectar tanto el respeto de los principios receptados por la ley como los estándares constitucionales e internacionales en esta materia. Según la asociación, algunos de los cambios ahora introducidos, al permitir múltiples lecturas, podrían ocasionar aplicaciones restrictivas y claramente incompatibles con el texto legal, con los principios constitucionales y con los tratados internacionales que imponen “el acceso irrestricto a toda información que se vincule con el desempeño de los funcionarios públicos y el uso del erario”.

PL/DTC

En un comunicado conjunto, múltiples organizaciones sociales, de derechos humanos y de la sociedad civil expresaron su preocupación por el decreto 780/24, firmado recientemente por el presidente Javier Milei, que restringe el acceso a la información pública. Las entidades firmantes, entre ellas ACIJ, Amnistía Internacional, CELS y Poder Ciudadano, sostienen que el decreto representa una regresión significativa en materia de transparencia y acceso a la información, al ampliar de manera discrecional las excepciones que permiten al Estado negar información solicitada por la ciudadanía.

El decreto 780/24, según las organizaciones, contradice los principios establecidos en la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, sancionada en 2016, al otorgar a los funcionarios públicos la capacidad de definir qué información es considerada de interés público y cuál queda en la esfera privada de las autoridades. Esta discrecionalidad, aseguran, protege especialmente a los funcionarios de escrutinio público, debilitando los estándares internacionales de derechos humanos y lucha contra la corrupción.

Además de las organizaciones mencionadas, el comunicado cuenta con el respaldo de otras entidades de distintas provincias del país, incluyendo a ARPIAS (Salta), CAREF, la Campaña por el Aborto (Salta), CEPPAS, CIPPEC, FOPEA, Fundación Huésped, INECIP, Minka Digital, Periodistas Argentinas, Unión Inquilinxs (Salta) y muchas más. Todas ellas, en conjunto, reclaman al gobierno la inmediata derogación del decreto para preservar el derecho al acceso pleno a la información pública y garantizar la transparencia en la gestión estatal.

“Solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que deje sin efecto este Decreto y se garantice el pleno acceso a la información pública”, concluye el comunicado firmado por más de cincuenta organizaciones, entre las que se destacan Acción Colectiva, Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, FARN, FOPEA, y Fundación Huésped, entre otras.

El decreto de Milei amplía las excepciones que permiten al Estado negar información solicitada por la ciudadanía, lo que otorga a los funcionarios públicos mayor discrecionalidad para definir qué información es considerada de interés público y cuál se clasifica como parte de la esfera privada de las autoridades. 

La Ley de Acceso a la Información Pública, Ley 27.275, fue sancionada el 14 de septiembre de 2016 y promulgada el 29 de septiembre del mismo año, durante el gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos). Esta ley entró en vigencia a partir de septiembre de 2017, otorgando a todos los ciudadanos el derecho de solicitar y recibir información del Estado, estableciendo normas y procedimientos para garantizar la transparencia en la administración pública y fortalecer la rendición de cuentas.

JJD

La alteración de la esencia de la Ley de Acceso a la Información Pública a través de un decreto reglamentario es otra demostración de poder del presidente Javier Milei, que logra subordinar a su discrecionalidad la obligación de responder pedidos de acceso por parte de la ciudadanía. Desde ahora, serán él y su elenco quienes definan lo que, a su juicio, merece ser conocido o permanecer secreto.

La ley, sancionada por el Congreso en 2016, es parte de la regulación que defiende el derecho a la libertad de expresión. Pero el Decreto 780/2024, publicado este lunes 2 en el Boletín Oficial y firmado por el Presidente y su jefe de gabinete, Guillermo Francos, modifica sustantivamente sus definiciones y disposiciones.

La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) N° 27275 plantea que “toda la información en poder del Estado se presume pública”, reivindica la “transparencia y máxima divulgación” y el “alcance limitado de las excepciones”. La norma amplió considerablemente lo que el Poder Ejecutivo había dispuesto en 2003 con el Decreto 1172/2003.

De modo explícito, la LAIP abarca “todo registro que haya sido generado, que sea controlado o que sea custodiado” por la administración pública nacional, los tres poderes del Estado, empresas y sociedades con participación estatal, concesionarios de servicios públicos, empresas, partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad privada beneficiaria de fondos públicos, el BCRA y concesionarios de juegos de azar, entre otros “sujetos obligados” a facilitar información.

En las antípodas, el decreto firmado por Milei recorta severamente los alcances de la ley al crear la imprecisa figura de “datos de naturaleza privada” que son, a partir de ahora, exceptuados del acceso a la información pública. La redacción del decreto permite al Gobierno definir los contornos de la información a proporcionar, obturando así el objetivo principal de la ley y sepultando la transparencia pretendida con la norma legal.

Textual, la reglamentación decretada dispone que “no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido ajenos a la gestión de los sujetos obligados” establecidos por ley. Así, el objetivo de que “todo registro” generado por los “sujetos obligados” sea accesible (según la LAIP) es obturado por el decreto de Milei.

No se trata únicamente de saber quiénes son los contertulios del Presidente en la Quinta de Olivos, o a cuánto asciende el gasto público que distrae en sus viajes privados, sino también que “las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público”, vedando de esta manera el acceso ciudadano al proceso de toma de decisiones de los funcionarios públicos (en otros países se los llama “servidores públicos”).

Como advierte el Observatorio de Derecho Informático Argentino, esta novedad clausura la posibilidad de evaluar “gran parte de la información que hace a las compras públicas”. En el caso de compra de software, no hacer accesibles documentos como las actas de entendimiento o de aceptación, es despojar a estos gastos de un control público mínimo“.

Otro estorbo para el acceso a la información pública creado por este decreto es el requisito de que los solicitantes brinden sus datos personales (documento, domicilio, email y CUIT en el caso de personas jurídicas), lo que violenta el principio de “informalismo” establecido en el primer artículo de la Ley 27.275, que dice textualmente que “las reglas de procedimiento para acceder a la información deben facilitar el ejercicio del derecho y su inobservancia no podrá constituir un obstáculo para ello. Los sujetos obligados no pueden fundar el rechazo de la solicitud de información en el incumplimiento de requisitos formales o de reglas de procedimiento”.

Un comunicado de 70 organizaciones de la sociedad civil pide que el Gobierno que deje sin efecto el Decreto 780/2024 destacando que “implica una seria regresión en materia de interpretación del derecho de acceso a la información a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y lucha contra la corrupción”. 

La discrecionalidad instituida con el decreto es reforzada al exceptuar del acceso la información “cuyo conocimiento público, difusión o divulgación pueda, directa o indirectamente, causar daños y perjuicios”.

El decreto se aprovecha de que el acatamiento a la Constitución no figura entre las prioridades de la agenda pública, al desbordar la facultad del Poder Ejecutivo, porque con una modificación reglamentaria está alterando la esencia misma de una ley. Legislar mediante decretos reglamentarios no forma parte de las atribuciones constitucionales de un presidente.

Ahora bien, Milei ejerce el poder “pudiendo”, es decir, cambiando las reglas de juego sin reparar en su habilitación constitucional. Si puede hacerlo es porque los mecanismos para limitar los abusos de poder no están funcionando. Este problema no sólo remite a la tergiversación de la norma de acceso a la información pública, sino que es una de sus causas.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifiestó hoy su preocupación por la publicación del decreto 780/2024 del Poder Ejecutivo de la Nación, por el que se modificó la reglamentación de la Ley 27.275, de 2016, conocida como Ley de Acceso a la Información Pública.

“Por esa inesperada medida, el Gobierno nacional ha incorporado a la reglamentación de la Ley 27.275 excepciones que, por su amplitud y vaguedad, podrían habilitar a los funcionarios a incumplir su obligación de permitir el acceso a la información pública bajo el pretexto de genéricos daños y perjuicios o con fundamento en un supuesto interés público”, señaló en un comunicado la asociación que nuclea a los principales medios de comunicación del país.

En su mensaje, Adepa afirmó que esas restricciones podrían afectar tanto el respeto de los principios receptados por la ley como los estándares constitucionales e internacionales en esta materia.

Según la asociación, algunos de los cambios ahora introducidos, al permitir múltiples lecturas, podrían ocasionar aplicaciones restrictivas y claramente incompatibles con el texto legal, con los principios constitucionales y con los tratados internacionales que imponen el acceso irrestricto a toda información que se vincule con el desempeño de los funcionarios públicos y el uso del erario.

Para Adepa, uno de los cambios más preocupantes que trae el nuevo decreto es el alcance de las definiciones de información pública y documento, establecidos en el artículo 3º del texto original. El Gobierno establece que “no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la Ley N° 27.275 y su modificatoria”. La definición original de esa Ley prescribía que información pública es “todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la presente ley generen, obtengan, transformen, controlen o custodien”.

Adepa entiende que si bien los funcionarios públicos tienen derecho a la privacidad y que en todo gobierno democrático pueden existir aspectos muy específicos que deban permanecer temporalmente fuera del conocimiento público, se trata de casos excepcionales, a los que sólo puede llegarse luego de acreditar la necesidad inaplazable de impedir que la ciudadanía conozca acabadamente la actividad de sus mandatarios.

“El secreto es, en ocasiones, un remedio inevitable para el sostenimiento de un régimen democrático. Su extensión más allá de lo excepcionalmente necesario precipita a una pendiente que imposibilita hacer efectiva la responsabilidad pública de las autoridades. Y es una manera de socavar las bases republicanas del país”, señala el comunicado.

“También se elabora en la flamante reglamentación una curiosa interpretación del término ”documento“ -amplía el texto publicado por Adepa-, al señalarse que ”las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público“. El artículo 8 inc. g) de la Ley 27.275 ya exceptúa este tipo de documentos cuando puedan afectar el derecho de defensa de la Administración Pública; llevar más lejos la excepción no sería admisible por decreto”.

La asociación manifestó que “Este tipo de reglamentaciones aplicadas con prescindencia de los principios consagrados en la Ley 27.275, en especial ”presunción de publicidad“, ”máxima divulgación“ y ”máximo acceso“, darían lugar a conductas cuestionables por parte de los funcionarios, al tiempo que conducirían a un empobrecimiento del debate público como insumo esencial del sistema democrático”.

Finalmente, Adepa afirmó quie es necesario que el Poder Ejecutivo revise este tipo de reglamentaciones que desnaturalizan lo preceptuado por la ley, la Constitución y los estándares interamericanos de derechos humanos.

DM con información de Adepa

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazó los cambios que el Gobierno nacional introdujo en la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Mediante un comunicado, advirtió que “implican un grave retroceso democrático, ya que al limitar los datos que pueden ser proporcionados desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública”.

A través del Decreto 780/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Presidente buscó reforzar la protección de datos “privados” suyos y de sus funcionarios, además de evitar polémicas como la que tuvo lugar hace algunos meses cuando la prensa quiso saber detalles acerca de los perros que viven en Olivos.

Según Fopea el decreto, reglamentario de la Ley N° 27.275, contiene restricciones al derecho de acceso a la información pública que lesionan su efectiva vigencia. Incluye límites a la interpretación de los asuntos de interés público. Entre ellos, “el alcance del concepto de ‘información pública’, que comprende cuestiones de interés público ligadas a la actividad estatal y su control, y excluye por su propia naturaleza a la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica”. 

También se especifica el alcance del término “documento”, al señalar que “las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público”.

Además se introduce un artículo referido a la “buena fe”, y se fija que “la violación al principio de buena fe por parte de todos los actores intervinientes configura el supuesto previsto en el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación”, que implica la imposición de indemnizaciones.

FOPEA señaló que debe presumirse como regla que toda la información que existe en poder de órganos públicos puede y debe ser divulgada. 

“Ponemos de manifiesto hoy, tal cual lo hicimos en 2016 cuando la ley se sancionó, que son los ciudadanos los dueños de la información pública y no el Estado, por lo que el permitir su conocimiento no es una concesión discrecional de los gobiernos sino un imperativo normado”, apuntaron.

Por eso alertaron que una limitación en este aspecto ataca todos los principios de transparencia activa. Tal como sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica del público y esa diferencia se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. “Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza”, precisa la Corte.

La entidad también cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que determina con precisión las pautas bajo las cuales los Estados pueden denegar el acceso público a información delicada. Estos son: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

Además Fopea destaca su especial preocupación por el artículo que pretende confeccionar un registro dirigido a identificar al solicitante, el contenido de la solicitud y la respuesta brindada “con el fin de agilizar y facilitar la respuesta de nuevas solicitudes cuyo contenido coincida con el de otras evacuadas previamente”.

La Organización de la Naciones Unidas, al analizar el acceso a la información pública, advierte que no es concebible un Estado en el que existan “secretos” o informaciones privilegiadas porque esto significaría que se actúa en función de algún “interés particular” desnaturalizando la propia concepción de la democracia. “En rigor, ninguna modificación administrativa puede significar un retroceso en la garantía del derecho, tal como se pretende con este decreto publicado hoy en el que incluso se habla de ”abuso en el ejercicio“ de petición por parte de los solicitantes”, apunta el comunicado. 

Para Fopea hay sobrada jurisprudencia internacional y nacional en la que se ratifica que el acceso a la información es un instrumento clave para el ejercicio de otros derechos, tales como derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, el derecho a la información permite a los ciudadanos definir ciertas circunstancias que pueden afectar su vida cotidiana y desarrollar la capacidad para tomar decisiones informadas y acciones concretas con el fin de mejorar sus condiciones de vida.

De tal manera, este derecho no puede ser restringido mediante un decreto del Poder Ejecutivo, sino únicamente por una ley dictada por el Congreso, de conformidad con los estándares internacionales que rigen la materia.

MT

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez denunció en Twitter (o X) la inconstitucionalidad del decreto 780/2024, que reglamenta la ley 27.275 de acceso a la información pública, al considerar que introduce modificaciones que alteran de manera irrazonable su contenido y contravienen el artículo 28 de la Constitución y el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Según Gil Domínguez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya sostuvo en el caso “CIPECC” (2014) que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental, tanto individual como colectivo, y que la información pública “no pertenece al Estado, sino que es del pueblo de la Nación Argentina”.

En esta línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) expresó en diversos fallos que la información no es propiedad del Estado y que su acceso no debe depender de una “gracia o favor” gubernamental.

El jurista argumenta que el decreto 780/2024 contradice estos principios al imponer la figura del “abuso de derecho” para quienes ejerzan el acceso a la información pública, permitiendo a los funcionarios rechazar solicitudes arbitrariamente y perseguir judicialmente a quienes consideren que actúan de “mala fe”.

Asimismo, critica que el decreto excluya información relevante al restringir el concepto de información pública y amplíe las excepciones al acceso a la información bajo pretextos de seguridad y política exterior.

Gil Domínguez concluyó que el decreto representa “un nuevo ejemplo normativo que desconoce la regla de reconocimiento constitucional y convencional argentina”, y atenta contra un derecho esencial para el sistema democrático, buscando silenciar voces divergentes y limitar el pluralismo ideológico.

El gobierno de Milei avanzó este lunes en la modificación de la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, a través de la redefinición de la terminología y con la limitante al acceso de la información privada. De esta manera, a través del Decreto 780/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Presidente busca reforzar la protección de datos “privados” suyos y de sus funcionarios, además de evitar polémicas como la que tuvo lugar hace algunos meses cuando la prensa quiso saber detalles acerca de los perros que viven en Olivos.

Las restricciones implementadas por el Poder Ejecutivo ponen en jaque el espíritu de la ley de acceso a la información pública sancionada en 2016, una herramienta clave para promover la participación ciudadana en la transparencia y el control en la administración pública. La normativa obliga a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público, a empresas, partidos políticos, universidades y gremios que reciban aportes públicos, a responder las solicitudes de información que eleve cualquier ciudadano en un plazo no mayor a un mes.

JJD

El gobierno de Javier Milei avanzó en la modificación de la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, a través de la redefinición de la terminología y con la limitante al acceso de la información privada. De esta manera, a través del Decreto 780/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Presidente busca reforzar la protección de datos “privados” suyos y de sus funcionarios, además de evitar polémicas como la que tuvo lugar hace algunos meses cuando la prensa quiso saber detalles acerca de los perros que viven en Olivos.

Las restricciones implementadas por el Poder Ejecutivo ponen en jaque el espíritu de la ley de acceso a la información pública sancionada en 2016, una herramienta clave para promover la participación ciudadana en la transparencia y el control en la administración pública. La normativa obliga a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público, a empresas, partidos políticos, universidades y gremios que reciban aportes públicos, a responder las solicitudes de información que eleve cualquier ciudadano en un plazo no mayor a un mes.

En julio, la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Rodolfo Barra, ya había dictaminado que no se debían brindar datos sobre los perros del presidente Milei por no tener carácter público sino tratarse, a su criterio, de información “sobre aspectos típicamente domésticos” y por ende privada. Fue luego de un pedido de acceso a información pública formulado en torno a la cantidad, raza, nombre, edad e información vinculada a la presencia de los animales en la residencia presidencial. Las preguntas fueron calificadas de “banales” por el procurador del Tesoro.

La postura de Barra tuvo su correlato este lunes en la decisión de la administración libertaria de modificar el concepto y alcance de lo que se conoce como “información Pública”: “No se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la Ley N° 27.275 y su modificatoria”.

En la misma línea, hicieron lo propio con la definición de “documento”. “La definición de documento establecida en la Ley Nº 27.275 y su modificatoria debe entenderse referida a todo registro que haya sido generado, que sea controlado o que sea custodiado en el marco de la actividad estatal. Las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público”, aclararon.

El Gobierno reglamentó el artículo 1° de la Ley N° 27.275 en lo que mencionaron como “buena fe”. De esta forma, remarcaron: “La violación al principio de buena fe por parte de todos los actores intervinientes configura el supuesto previsto en el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación”.

Por otro lado, en la reglamentación del artículo 4°, se establecieron los requisitos para avanzar en la solicitud del acceso a la información. Para eso, “en caso de tratarse de una persona humana” se deberá presentar nombre y apellido, documento de identidad, domicilio y correo electrónico. 

Por otro lado, “en caso de tratarse de una persona jurídica, la razón social y C.U.I.T. y la identificación de su representante en los términos del inciso a). Adicionalmente, copia del poder legalizado vigente que acredite su condición de representante o autorizado a tales efectos”.

En el artículo 8, relativo a excepciones, se fijó que “la excepción será inaplicable cuando el titular del dato haya prestado consentimiento para su divulgación o cuando los datos estén estrechamente relacionados con las competencias de los funcionarios públicos”.

Asimismo, la excepción será aplicable a toda información que:

“En las causas judiciales donde se investiguen y juzguen casos de graves violaciones a los derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad no serán aplicables las excepciones contenidas en este artículo, debiendo el sujeto obligado suministrar la información requerida en el marco de la causa”, aclararon en el documento.

Por último, el Gobierno estableció que la plataforma para la gestión el acceso a la Información Pública “contendrá un registro que permita la identificación del solicitante, el contenido de la solicitud y la respuesta brindada con el fin de agilizar y facilitar la respuesta de nuevas solicitudes cuyo contenido coincida con el de otras evacuadas previamente”.

“La Agencia de Acceso a la Información Pública tendrá en consideración, a los efectos de la elaboración de estadísticas, aquellas solicitudes reiterativas que generen un dispendio innecesario de actividad administrativa por parte de los sujetos obligados, o que configuren un abuso en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte de los solicitantes”, remarcaron.

El decreto completo

Con información de agencias.

IG

Guardan el anonimato hasta niveles inauditos. Son ¿decenas? ¿cientos? ¿miles? “Todavía no tenemos los datos del último censo” responde, irónico, un pirata del otro lado de la única plataforma en la que parecen sentirse a gusto: Telegram. “Pero hay de todo, desde gente de más de cincuenta, pibes de mi edad y mucha gente entre treinta y cuarenta”, arriesga. A veces se encuentran cara a cara en eventos como el Cibercirujeo que acaba de celebrarse hace algunos días. Otros no llegan a conocerse nunca en esta dimensión (la física) pero saben de los demás lo único que les interesa saber: que al otro le importa la libertad, lo colectivo, la protección de lo que llaman “bienes comunes digitales”. Eso construído de a muchos y que debe –sostienen– seguir siendo de acceso libre, público y gratuito. No importa si se trata del conocimiento generado colectivamente y preservado en el portal de Educ.ar, de todo lo publicado por el extinto Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad o –su último gran logro– el archivo de la agencia Télam. Para “les pirates” (como se nombran) hay un acervo cultural que es y debe seguir siendo de todos.   

Son todos y ninguno, cualquiera y nadie. Sombras parlantes que responden a las preguntas sin revelar nunca sus identidades. Tanto que en una conversación de semanas los nombres propios serán no más de dos o tres. Del otro lado habrá siempre un cyborg llamado Kropotkin o un bot de apelativo de René Montes, aun cuando ambos encierren multitudes. “Un cyborg es un organismo cibernético. Es decir, una persona aumentada por la tecnología que permite que múltiples personas estén pendientes de este chat y contesten en forma anónima pero con una identidad colectiva”,  explicarán cuando se pregunte al respecto. 

La aclaración no es casual: para el Movimiento, Partido Pirata o el muy argentino Partido Interdimensional Pirata (cambian de nombre, estrategias y tácticas según el país) no es lo individual lo que cuenta sino la acción colectiva, la única –dicen– que  transforma y asegura que lo de todos siga siendo para todos. Y eso, en un momento en donde cada cosa –desde las semillas hasta las ideas– tiene o tendrá dueño, es potencialmente peligroso. Por eso en los intercambios con este diario, que serán muchos, en distintos días y a las más diversas horas, la mayoría de las veces se conversará con un cyborg que, apenas da la bienvenida y saluda, avisa que usa “pronombres neutros” y pregunta por los propios. Defienden un espacio invisible en donde cada quien se sienta a gusto y pueda conversar en paz. “Además, somos cuidadoses porque sabemos lo que pasa. Incluso hemos entrenado a otras organizaciones en temas de autodefensa digital. Hubo gente que no se cuidó tanto con lo de Educ.ar y hubo algunas indicaciones de riesgo pero se atajó a tiempo la situación”, explica el bot. 

Habla de sabotajes. De los cientos de ataques (cibernéticos, y de los otros) que sufrieron las huestes piratas sólo por haber salido a defender los bienes comunes digitales. Por enfrentar a la motosierra gubernamental con miles de agentes tan efectivos como invisibles. 

El poder de las sombras

Los diálogos serán entonces sí o sí vía Telegram (ninguna de las plataformas comerciales parece ser del agrado de los y las piratas, aún cuando sólo en Twitter tengan más de 9.000 seguidores) y todo –hasta responder algunas pocas preguntas para este medio– se analiza y decide en grupo. Como buenos piratas, su llamado a la revolución digital tiene mucho de provocación (“Apostatemos de las redes sociales de vigilancia masiva”, invitan en X) y funcionan en mini equipos de tres personas llamados, cómo no,  “barcas”. 

Cada barca se dedica a un tema específico (feminismo, ecología, derecho a reparar, transfeminismo, archivo, etc) y todas hacen de la libertad y la defensa de lo público dos de sus banderas más agitadas. Precisamente por eso toda práctica privatista (no tener libre  acceso al código fuente de las tecnologías que utilizamos a diario, por ejemplo, o estar condenados a no poder reparar ninguno de los dispositivos que alguna vez compramos) es para quienes integran este colectivo –y sus simpatizantes en general– poco menos que una afrenta. Algo que va en contra de la idea misma de liberación y comunidad que allá lejos y hace tiempo, en los hipposos tiempos  A.C (Antes del Copyright, antes de que cada computadora y sistema operativo tuviera dueño de una vez y para siempre) era la promesa más sexy de la red de redes: millones y millones de personas conversando, compartiendo libremente conocimientos y aprendiendo juntas. 

El final ya lo conocemos; con los años y la expansión vertiginosa del negocio, gigantes tecnológicos como Apple, Microsoft y Google terminaron apropiándose no sólo de la red sino del cardumen en su interior: los clientes y su activo más valioso, los datos. Frente a esto y desde hace ya varios años (“más de veinte”, arriesgan algunos, recordado al Partido Pirata sueco) distintos grupos comenzaron  a organizarse para escapar de lo que no dudan en llamar “una red de vigilancia global”. 

“Aún no está escrita la historia del PiP en Argentina, pero tiene como mínimo quince años”, explica René, el bot. “El PiP de acá se desvinculó de los partidos piratas europeos cuando se decidió que no se iba a buscar ser un partido electoral”, aclara. Sin embargo, eso no significó en absoluto que renunciaran a la lucha política en el más amplio sentido de la palabra. Al contrario. Hoy hay barcas abordando temas tan diversos como software libre y antipatriarcal, desobediencia cibernética, derecho a la comunicación, artes digitales, cultura libre y mucho más. “Somos un grupo de personas que busca defender la cultura libre en general y que no tiene interés en participar como una agrupación política formal pero sí en proteger los bienes comunes digitales. Eso surge como una reacción a la amenaza de motosierra del gobierno actual”, precisa.

Así fue como, gracias a la acción conjunta y coordinada de decenas de ellos y ellas en Argentina lograron salvar la totalidad del sitio Educ.ar, un proyecto estatal con más de dos décadas de trayectoria y una herramienta indispensable para docentes de todos los niveles. Pero no sólo eso. Hoy en el Archivo Pirata Antifascista se preservan y pone a disposición de cualquiera que quiera consultarlos los archivos de todo lo que ya se borró o corre riesgo de ser borrado. Desde el desaparecido Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad hasta los del Museo Sitio de la Memoria ESMA, todo sigue vivo ahí. “Archivando sitios antes de que sean eliminados” es su divisa.  

Contra el gran borrado

Una semana antes de que Javier Milei asumiera la presidencia, el Partido Interdimensional Pirata lanzó un comunicado que terminó siendo profético.  “Ante la inminente toma del poder de un partido político que se comprometió a desaparecer el Estado, cerrar Ministerios y avanzar sobre derechos adquiridos, consideramos necesario y urgente salvaguardar una importante cantidad de información y recursos contenidos en diversos sitios web del Estado que están en riesgo de ser eliminados”. Para ese entonces, muchos seguían agitando la bandera de la “campaña del miedo” y perjuraban que nada de todo lo que los activistas del PiP ya olían en el aire terminaría por suceder. Hasta que un día acceder al sitio Educ.ar ya no fue posible y el temible cartelito de “En mantenimiento” hizo su aparición. “Nada indicaba que iban a eliminar 20 años de recursos educativos, ESI, memoria, historia y construcción social”, ironizaba en un tweet del 26 de enero Juan P. Romano, uno de los pocos héroes con cara en todo este lío. “Tampoco que Educ.ar iba a desaparecer tan rápido”. 

Y, nobleza obliga, en otro tweet explicaba que “el laburo lo hizo el Partido Pirata, yo nomás redirecciono y guardo una copia para compartir a quien quiera y generar más mirrors”. Así y todo, aquella vez Juan fue la cara visible de algo mucho más grande y recibió piropos de todo tipo y tamaño. Desde “No tenés idea de la inmensidad de lo que acabás de hacer” hasta un simple “Gracias”, la cuenta de Romano explotó de agradecimientos pero también de aprendizajes. 

Para ese entonces el sitio completo ya había sido “backupeado”, “torrentizado” y varios verboides más que daban cuenta de la hazaña. Dos décadas de biblioteca colectiva estaban a salvo. Para eso, el ejército anónimo de sandokanes también había compartido las herramientas y los procedimientos para que cualquiera (incluyendo gente sin demasiado conocimiento técnico) pudiera sumarse a la cruzada.  Convocaba explícitamente a la autorganización y a la preservación de plataformas y materiales, entre otras cosas “proponiendo el/los sitios que consideran importantes para preservar en el Archivo Pirata Antifascista (APAF), generando copias de respaldos de código fuente, archivos y bases de datos de los sitios a los que tengan acceso, aportando recursos varios para el alojamiento de las copias de respaldo e involucrando en lo posible a les trabajadores de sistemas de cada organismo”, entre otras tantas cuestiones. Y así fue: hubo quienes ofrecieron espacio de almacenamiento, otros que crearon sitios espejo y otros más que contribuyeron a su modo con la tarea de preservación. 

Un escudo, un escudo argentino. Por estas horas, quienes quieran acceder al archivo histórico de Télam se van a encontrar con eso: con una corona de laureles y un gorro frigio, una bandera argentina y  un mensaje: “Página en reconstrucción”. El archivo histórico de la Agencia Estatal de Noticias “cuenta con más de un millón de registros”, según precisa Google, pero lo cierto es que hoy todo ese tesoro está fuera del alcance de los internautas. Los casi ochenta años de historia (TELAM fue creada por Juan Domingo Perón en abril de 1945) fueron borrados.  O eso se intentó. Una vez más, el PiP activó a tiempo su operativo de rescate preventivo  y –también por estas horas, como el escudo– se puede acceder al material en el Archivo Pirata Antifascista. 

Como alguna vez aprendimos en la escuela, 451 es, en la escala Fahrenheit, “la temperatura a la que el papel de los libros se inflama, y arde”. El inicio del fuego. Pero ahora que nuestros libros y lecturas son en su mayoría digitales, los procesos de conservación y rescate también deben ser otros. No habrá que memorizar como en la novela de Bradbury, pero sí que funcionar como malla o “personalidad colectiva”, en palabras del bot René Montes. No es el punto lo que cuenta, sino la red. Esa cuyo centro está en todas partes, y en ninguna.  

FS/DTC

El 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, una fecha cuyo propósito es procurar el acceso a la información digital (principalmente), como vehículo para garantizar otros derechos y poner en evidencia algunas violaciones que ocurren en el mundo.

A pesar de que este día oficial fue declarado por la UNESCO en su Asamblea General en diciembre de 2015 y conmemorado por primera vez en 2016, lo cierto es que su historia empieza mucho antes, exactamente en el año 2002. Entonces se le conocía con el nombre de Día del Internacional del Derecho a Saber. No fue hasta 2012 cuando la Internacional de Defensores de la Sociedad Civil le cambió el nombre al que conocemos en la actualidad.

¿Qué es el derecho a la información?

El derecho a la información es un derecho humano, que resulta ser el componente clave para el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.

Este derecho consiste en que toda persona puede buscar cualquier tipo de información de interés que se encuentre en poder de entidades, organismos y empresas públicas, mientras dicha información no sea clasificada o de acceso restringido según las leyes de su país.

En realidad, el derecho a la información es la base para muchos otros derechos civiles y universales, puesto que no solo garantiza que los seres humanos estén en pleno conocimiento de la verdad, sino que además, exige la transparencia en las gestiones de los gobiernos para evitar crímenes de lesa humanidad y actos de corrupción, por nombrar algunos ejemplos básicos.

Conferencia Mundial sobre el Acceso Universal a la Información 2022

La temática de la Conferencia Mundial sobre el Acceso Universal a la Información 2022 es “Inteligencia artificial, gobierno electrónico y acceso a la información”.

La celebración a nivel mundial tendrá lugar en Tashkent, Uzbekistán, el 28 de septiembre de 2022 e incluirá una apertura de alto nivel, acompañada de una mesa redonda interministerial sobre el Acceso a la información y la Inteligencia artificial con la participación de expertos internacionales.

Este evento será una oportunidad para debatir acerca del Acceso a la información y la Inteligencia artificial en diversos paneles de discusión, abordando tanto los beneficios como los riesgos en el contexto de los principios de buen gobierno.

El Ministerio de Salud de la Nación anunció que, a partir de un acuerdo con la Secretaría de Innovación Pública, comenzó a publicar los datos de los registros de vacunación contra Covid-19.

“Con el objetivo de transparentar y facilitar el acceso a información pública relativa al Plan Estratégico Nacional para la Vacunación contra el Covid-19, desde hoy el Ministerio de Salud de la Nación publica en datos abiertos los registros de vacunación con toda la información disponible sobre el proceso de inmunización más importante de la historia sanitaria argentina, para su conocimiento, análisis y estudio”, dice el comunicado oficial.

Los datos publicados surgen de los registros realizados por las 24 jurisdicciones en el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NoMiVac), “que son las responsables de la vacunación en el territorio a través de los distintos centros de vacunación dispuestos para desarrollar la campaña”, explicaron.  

El anuncio se hizo después de las denuncias de irregularidades en la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 en distintas localidades del país y en el Ministerio de Salud de la Nación, donde se denunció que funcionó un Vacunatorio VIP y que obligó a renunciar a Ginés González García.

“Estamos poniendo a disposición de la ciudadanía y en línea con la política pública de datos abiertos, un registro público muy relevante, donde puede encontrarse toda la información disponible en relación al proceso de vacunación contra el Covid-19 que lleva adelante el Estado nacional junto a las 24 jurisdicciones del país”, indicó la ministra de Salud, Carla Vizzotti. 

En el registro, que puede consultarse a través de http://datos.salud.gob.ar/dataset/vacunas-contra-covid19-dosis-aplicadas-en-la-republica-argentina constan las dosis de vacunas contra COVID aplicadas y reportadas por las 24 jurisdicciones, y los datos más relevantes del proceso de vacunación en todo el país: departamento o municipio, grupos de edad, sexo, lugar de residencia, lugar de aplicación, fecha, tipo de vacuna y dosis aplicada, entre otros. Los casos informados se encuentran anonimizados, respetando de esta manera la normativa de protección de datos personales.

Por último, Vizzotti sostuvo que “poner a disposición de la sociedad este set en datos abiertos, favorecerá el estudio, análisis y seguimiento del Plan Estratégico de Vacunación, como también será una herramienta para todos quienes lleven adelante estudios sobre Covid-19”.

PP

Aunque muchas veces suene lejano y hasta poco comprensible, somos muchas las personas, activistas, militantes, intelectuales y periodistas (y un largo etcétera) las que, casi como un mantra, insistimos (molestamos) para que los gobiernos sean más “transparentes”, “abiertos” o que, simplemente, “publiquen información”.

Quienes no lo entienden, o no quieren hacerlo, ven en esta insistencia una obsesión cívica, un fetiche poco trascendente para nuestro sistema político y la densidad de nuestra democracia. Creo, humildemente, que se equivocan.

La agenda de la transparencia y el acceso a la información pública, aunque quizás demasiado apropiada por sectores conservadores en los últimos años, marida bastante bien con algunas de las principales preocupaciones de nuestro debate público en pos de una democracia igualitaria y capaz de proteger los derechos humanos -especialmente de los grupos más desaventajados-. Sin mecanismos de transparencia no podríamos saber cuáles son las políticas públicas (o la ausencia de ellas) que permiten que niñas como M. vivan en la calle o qué amistades de funcionarios se vacunaron antes que nuestros familiares de riesgo. ¿Qué presupuesto se asigna a las políticas para erradicar la violencia de género? ¿Qué empresas se benefician de exenciones fiscales y por qué? ¿Quién o quiénes se reúnen con el presidente y por qué? ¿Cuántas personas perciben la AUH? ¿Cómo se controlan los incendios en la Patagonia? ¿Cuál es el avance de las causas por delitos de lesa humanidad? ¿Cuántas leyes aprobó el Congreso este año? Son preguntas sobre temas fundamentales y transversales que no podríamos responder sin acceso a la información.

Lejísimos aún de un escenario ideal, la sanción de la Ley N° 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública dio comienzo a una lenta pero progresiva transformación institucional hacia un nuevo paradigma de apertura. La creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) en el Poder Ejecutivo y órganos análogos en el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público (el Congreso y la Corte Suprema de Justicia siguen mirando para otro lado) incorporó una instancia autónoma de control y promoción que -aunque perfectible- ha sido en estos años una herramienta sumamente útil para quienes somos activistas por la igualdad, la democracia y los derechos humanos.

Además de controlar la aplicación de la Ley 27.275 mediante la resolución de reclamos por información denegada y de monitorear la transparencia del Poder Ejecutivo (incluidos organismos descentralizados, contratistas del Estado, concesionarias públicas, universidades nacionales, partidos políticos o empresas del Estado), la AAIP absorbió -en una decisión no exenta de críticas- a la ya disuelta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Es decir que, además, tiene la tarea de controlar que nuestra privacidad no sea vulnerada por el propio Estado o el sector privado, incluyendo a las principales corporaciones globales de la hiperdigitalización en la que vivimos.

Sin embargo, y en una decisión que pareciera no comprender las implicancias que tiene el acceso a la información en la protección de los derechos humanos y el impulso de una sociedad más igualitaria, el Poder Ejecutivo propuso y está cerca de confirmar como Director de Acceso a la Información Pública al abogado Gustavo Fuertes, quien no acredita en su curriculum ningún conocimiento, trayectoria o compromiso relevante en los complejos temas que deberá abordar.

No tenemos certezas de que será un mal funcionario. Pero tampoco contamos con elemento alguno que nos permita creer que puede ser uno bueno. El riesgo es entonces demasiado grande y no podemos correrlo cuando se trata de proteger derechos humanos vertebrales para nuestro sistema político. 

Todo gobierno tiene la facultad de designar a quien considere, y sobre la base de criterios que no necesita explicar, en la mayoría de los puestos de la administración pública. Sin embargo, en algunos organismos no alcanza con la confianza personal o política del o la designante, ya sea por el carácter eminentemente técnico del cargo y/o porque el tipo de competencias hace necesario mayores niveles de autonomía respecto de las o los decisores políticos. En este caso, tanto el rol técnico de la AAIP como el hecho de ser un organismo que debe controlar al resto de la administración pública, explican la necesidad de que quien esté a su cargo sea la persona más capaz que tengamos disponible para ocupar el puesto. 

No sabemos con seguridad si la falta de una autoridad con probada idoneidad (y, por ende, autonomía) en esta Agencia vaya a redundar en un escenario trágico de rechazo a todos los reclamos de la ciudadanía o en la baja de los portales de datos abiertos del Poder Ejecutivo. Pero su candidatura tampoco genera la confianza de que el derecho a la información será garantizado en aquellos casos que despierten resistencias en quienes impulsaron su designación, ni de que vaya a adoptar una actitud proactiva para que se publique cada vez más información y más sustantiva.

Una vez más, como tantas otras veces en el pasado lejano y reciente, volvemos casi a foja cero en la discusión sobre por qué es trascendental que las instituciones públicas sean transparentes hasta que duela y sean controladas de forma independiente. Cuando pensamos que ya casi terminamos de cruzar el Rubicón, alguna nueva decisión o portazo nos devuelve varios metros para atrás. Pero no importa, vamos a seguir insistiendo.

Después de casi tres meses de acefalía, el martes 23 de marzo se celebra la audiencia pública para la exposición de observaciones y adhesiones de la sociedad civil a la candidatura de Gustavo Juan Fuertes, propuesto por Jefatura de Gabinete como próximo Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), en reemplazo de Eduardo Bertoni, quien dejó su cargo el 1 de enero de este año después de renunciar en octubre del 2020.

El proceso de designación del reemplazo de Bertoni sigue los pasos explicitados por la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública sancionada en 2016, según la cual es el Ejecutivo el que propone el candidato. Según su CV, expuesto en el sitio de la Agencia como parte del procedimiento, Fuertes es abogado y escribano y actualmente es asesor asesor legal de la Secretaría de Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Cuenta con experiencia en gestión en temas de Defensa al consumidor y se desempeñó como autoridad provincial de aplicación de leyes vinculadas a ese tema.

Pero entre sus antecedente no figura ninguna relación con el acceso a la información pública ni la protección de datos personales, algo que exige la misma ley que creó la Agencia como condición para quien la dirija. 

Ese es el principal argumento de las distintas organizaciones de la sociedad civil que presentaron sus observaciones de cara a la audiencia pública: “Nosotros lo que discutimos es la idoneidad, no tiene ningún antecedente en materia del derecho al acceso a la información pública, que es un conocimiento bastante específico y bastante nuevo en materia legislativa nuestro país”, dice Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano. Junto con otras organizaciones -como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia  (ACIJ) y Fundación Huésped-, intentaron tener una reunión con Santiago Cafiero a propósito de este proceso pero no recibieron respuesta. Distintas fuentes observan que la gestión inaugurada en diciembre de 2019 tuvo una actitud colaborativa con la Agencia en términos de presupuesto y de gestión y que esta postulación de alguien no vinculado con la temática es el primer elemento que los lleva a encender las alertas respecto cuánto el gobierno de Alberto Fernández pone en valor el desafío de abrir los datos públicos. 

Entre las observaciones, también aparecen las de representantes políticos del Congreso. En un largo alegato en el que recorre la prehistoria de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, que se aprobó en la gestión de Cambiemos, la diputada de ese partido Karina Banfi, una de las legisladoras que promovió esa ley y que más involucrada ha estado en la temática, apunta no sólo a la falta de idoneidad del candidato sino también a la falta de imparcialidad: “La idoneidad e independencia del candidato resultan trascendentes por la función que cumple la Agencia, que no es la de una mera oficina burocrática que tramita reclamos. Entre sus roles se destacan no sólo el de resolver los reclamos de las y los peticionarios y monitorear la publicación proactiva de información, sino también el de garantizar que se apliquen los mejores estándares en la materia y sea estimulada una práctica ciudadana y estatal que permita contar con un Estado Abierto basado en los pilares de la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas”, argumenta Banfi en su objeción. 

El mandato de director dura 5 años, aunque Eduardo Bertoni renunció a los 3 para ocupar el cargo de Representante Alterno de la Oficina Regional del Instituto Interamericano de Derechos Humanos para América del Sur. Bertoni es un especialista en derecho a la Libertad de Expresión, acceso a la información pública y protección de datos personales, que había sido Relator Especial para la Libertad de Expresión en la Organización de Estados Americanos (OEA), además de ocupar posiciones académicas en universidades argentinas y estadounidenses para investigar estas temáticas. Antes de asumir en la Agencia, venía de ser funcionario del gobierno de Cambiemos como Director Nacional de Protección de Datos Personales, posición desde la cual asistió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2016 para representar al gobierno de Mauricio Macri ante las peticiones de diversas organizaciones de la sociedad civil por la promulgación de los decretos que anularon aspectos clave de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

Desde la sanción de la ley y la creación de la Agencia, aumentaron progresivamente los pedidos de Acceso vehiculizados por la AAIP, algo que la pandemia acentuó: si en 2019 la Agencia recepcionó 4862 pedidos, en el año 2020 fueron 5993. Todo indica que el uso de la herramienta y la actitud ciudadana de demandar información que debe estar al alcance se van asentando. A esto contribuyó también la rapidez de reflejos que tuvo la AAIP para exceptuarse, por medio de una resolución firmada por Bertoni, de la suspensión de los plazos administrativos incluida en el paquete del decreto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio: a pesar de lo trabado que resultó el 2020 en varios sentidos, la Agencia siguió respondiendo con relativa normalidad.

En la audiencia pública tomarán la palabra tanto los que objetan la candidatura de Fuertes como los que la apoyan con argumentos de trayectoria en el sector público y su formación, entre los que aparece el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata, alma mater del candidato, y organizaciones ligadas a Defensa al Consumidor, además de profesores y académicos de la Argentina y Latinoamérica que suman más de una treintena, si bien entre las adhesiones no aparecen organizaciones vinculadas con la temática, que fueron un motor relevante en la promoción de la ley y de otras iniciativas de gobierno abierto y protección de datos personales. Fuentes de Jefatura de Gabinete señalan que confían en que podrán nombrar a Fuertes como el próximo Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública: “Estamos seguros que su plan, que reforzará fuertemente la capacidad de la agencia y su relación con la sociedad civil, podrá tranquilizar a aquellos que no lo conocen aún”, confían.  

Con 64 oradores y oradoras registradas en la audiencia pública, será una extensa jornada de argumentos a favor y en contra del candidato.  

NS