El terror y el horror social del universo de la escritora argentina Mariana Enriquez llega esta semana a los escenarios madrileños con la adaptación teatral de 'Las cosas que perdimos en el fuego', donde se busca, desde lo corporal, generar miedo y sensaciones desde las proyecciones del espectador.

“Hay algo en el texto de Mariana que me hizo pensar que podría llevarse al teatro, que tiene que ver con lo corporal, con la oportunidad para los actores de meterse en ese mundo y de los espectadores de percibirlo, ya no en su diálogo con el texto, sino al ver un cuerpo sufrir esa situación”, explica a EFE el uruguayo Leonel Schmidt, director de la obra homónima de la novela de relatos cortos.

La obra, que fue presentada en Uruguay y ya giró por Argentina, llega por primera vez a España como parte del 43º Festival de Otoño de Madrid y estará en los Teatros del Canal del 7 al 9 de noviembre.

“La propuesta de Mariana es desde una violencia muy corporal y ahí reside la diferencia con otros escritores y escritoras de terror. Todo lo que propone es sobre el propio ser humano; sus monstruos son muy humanos y eso es lo que creo que es interesante”, expresa Schimdt.

El proceso fue “desafiante”, dice el guionista. Los textos de Enriquez están llenos de descripciones, se basan en la atmósfera y carecen de largos diálogos, lo que dificulta la adaptación teatral. Pero en ellos el cuerpo es central; y es la herramienta central del teatro.

“El terror de Mariana, que es un terror específico, significa que como director tenía que renunciar a ciertas construcciones que uno hace de lo que es el teatro para que se encontraran de alguna forma la narrativa y el teatro. Y funcionase”, explica.

Schimdt aprendió que los textos también se basan en los silencios, en proponer sin definir, y en que el lector ponga sus propios miedos en la recreación de los escenarios, y precisamente basa la puesta en escena en ese miedo proyectado del espectador.

Al final, la propia Enriquez dio el visto bueno y avaló la obra, que toma seis de los cuentos del libro, incluido el que le da nombre y 'Chico sucio'. “ Estuvo presente, pero fue muy clara al decir que no quería incidir en el proceso porque no conocía el lenguaje teatral. Fue un acompañamiento, cuando ella dio su devolución hice algún ajuste, pero muy mínimo porque realmente se mostró como muy atenta y contenta con el resultado escrito”.

Una edición muy latinoamericana

El Festival de Otoño trae en esta edición a Madrid muchas obras latinoamericanas, ya sean con años en los escenarios de sus países, como 'Labio de liebre' (Colombia) o 'Historia de amor' (Chile), o de nueva creación, como esta o el estreno absoluto del 'Invencible verano de Liliana', adaptado por el peruano Juan Carlos Fisher, sobre el libro en el que Cristina Rivera Garza narra el feminicidio de su hermana y que ganó un Pulitzer el año pasado.

“La idea básica de esta edición es esta apuesta en Hispanoamérica y que nos conozcan y conozcan las propuestas estéticas y las propuestas de contenido, con un contenido muy social”, dice la directora creativa del festival, la mexicana Marcela Diez.

“Es muy bonito -prosigue- que ahora no solamente estén yendo producciones españolas a Hispanoamérica, sino que estén invitando, que estemos invitando, a sus producciones a venir a España”.

Por Irene Escudero, para la agencia EFE

Las esculturas grotestas de varios animales con las cabezas de políticos conservadores se colaron este jueves en el Museo de Cera de Madrid, en una acción del artista chileno Nicolás Miranda. Una de ellas es la de Javier Milei transformado en un perro faldero que mueve la cola a los pies de Donald Trump y su esposa Melania. A su lado también colocó una figura de cera del muñeco diabólico Chucky con el rostro del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

También esta´n los españoles Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, retratados en el cuerpo de una rata, acompañados de Santiago Abascal, con el rostro de Javier Milei , se postraban en una reproducción del despacho oval que se exhibe habitualmente en este espacio.

Con esta acción, Miranda busca denunciar la pasividad frente al genocidio en Gaza: “El proyecto, cuyo título remite a la película de culto estadounidense Chucky, Child's play, construye un retablo de la decadencia occidental contemporánea, protagonizado por personajes de una ultraderecha, que contemplan pasivamente los registros fotográficos y audiovisuales del genocidio en Gaza, Palestina”, explica el artista en redes sociales.

El artista colocó todas las esculturas sin permiso de este espacio ubicado junto a la plaza de Colón, aseguran desde su dirección. Sus responsables aseguran que Miranda “sin consentimiento ni coordinación” con el Museo, que “no avala ni se hace responsable del contenido simbólico o político de la obra”.

Después de subrayar que la figura “no es propiedad ni fue creada” por la institución, el Museo ha recordado que “mantiene una línea expositiva centrada en figuras históricas, culturales y del entretenimiento, sin vinculación con manifestaciones partidistas, satíricas o controversias geopolíticas”. “Queremos reiterar nuestro compromiso de ofrecer un espacio cultural respetuoso y libre de contenidos no consensuados. Rechazamos cualquier utilización de nuestras instalaciones para fines ajenos a los establecidos en nuestra misión institucional. Agradecemos la comprensión de nuestros visitantes y del público en general”, finaliza en un comunicado.

Según el Museo de Cera de Madrid, el conjunto escultórico satírico permaneció en el recinto “únicamente durante un periodo de tiempo de 20 minutos”. Aunque la acción quedó perfectamente documentada en las redes sociales del artista.

Nicolás Miranda es recordado en Madrid por otra polémica obra que colocó en el año 2023 en la Puerta del Sol, en la que representó al Rey emérito Juan Carlos I apuntando con una escopeta al Oso y el Madroño para satirizar su aficción a la caza de grandes animales.

El derrumbe parcial de un edificio en construcción en pleno corazón de Madrid, a pocos pasos de su Plaza Mayor, ha originado un enorme despliegue de emergencias y equipos de salvamento para intentar rescatar a varias personas desaparecidas en el siniestro. Los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el siniestro ya han sido localizados esta madrugada, unas trece horas después del desprendimiento, confirmaban fuentes de Emergencias Madrid coincidiendo con la visita del alcalde José Luis Martínez-Almeida a la zona.

Casi a medianoche, aparecían en un primer momento dos de los cadáveres, mientras la unidad canina de la Policía Municipal y medio centenar de Bomberos trabajaban para encontrar a los otros dos atrapados entre los escombros, que finalmente fueron hallados en torno a las 3 de la mañana. Las cuatro personas dadas por desaparecidas después del desplome son una responsable llamada Laura (en un principio se informó de que era la arquitecta del proyecto) y tres obreros identificados como Dambéle, Alfa y Jorge, originarios de Malí, Guinea y Ecuador, de entre 30 y 50 años, todos ellos empleados de la empresa constructora ANKA.

El siniestro tuvo lugar poco antes de las 13.00 horas a la altura del número 4 de la calle Hileras, una empinada vía que une las calles Arenal y Mayor. Por razones que todavía se desconocen, varios forjados se vinieron abajo desde la parte superior del edificio, sin afectar a los exteriores. El derrumbe apenas es visible desde la calle puesto que la fachada ha aguantado, informan fuentes de Emergencias Madrid, así como también permanece en pie la parte trasera del inmueble en obras según pudo comprobar este periódico. Tres personas resultaron heridas, pero solo una de ellas tuvo que ser trasladada al Hospital Clínico con pronóstico menos grave por fractura en una pierna. Las otras dos sufrieron daños leves.

Aunque los forjados cayeron hacia dentro y los edificios aledaños no sufrieron daños, las fuerzas de seguridad desalojaron a los vecinos colindantes. No saben si esta noche podrán dormir en sus casas los de los números 6 y 8 de la calle, pegados al lugar del siniestro, debido a los trabajos de búsqueda. Desde el Cuerpo de Bomberos trabajaron primero para evitar el colapso de toda la estructura y asegurar el trabajo luego de los rescatadores. La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, informaba a primera tarde desde el lugar de los hechos que la prioridad era la búsqueda de los desaparecidos. También indicaba que la cantidad de escombros acumulada por el derrumbe es elevada y que quedan por delante “muchos días” hasta que sean despejados totalmente.

El edificio siniestrado estaba siendo rehabilitado para construir un hotel de cuatro estrellas, con capital saudí, y en él trabajaban obreros de varias empresas ligadas a la construcción. Al menos una decena de los empleados de una compañía de demoliciones que habían escapado del derrumbe esperaban por la tarde noticias de la búsqueda de sus compañeros dentro del perímetro policial, algunos de ellos con la mirada perdida. La mayoría preferían no hablar ante los medios desplazados y los pocos que lo hacían relataban una secuencia rápida que incluía la caída de parte de la estructura, un ruido seco y mucho polvo.

“Escuché un ruido y salí corriendo”, comentaba otro de los obreros que se encontraba en la obra, poco después del suceso. En su caso, era el primer día en el tajo. La empresa para la que trabaja, Pavipedro, se encontraba haciendo labores de hormigonado. En su caso, todos sus compañeros están bien porque en el momento del derrumbe se encontraban fuera de la estructura del edificio, cuyo entorno ha sido acordonado.

El delegado del Gobierno ha llamado a ser “prudentes” con el derrumbe, que considera “una catástrofe” en “el tajo”. De momento se desconocen las causas que han llevado a este suceso. “Podríamos pensar que tuvo algo que ver con esa obra, pero es demasiado pronto como para hacer conjeturas”, ha insistido la vicealcaldesa en declaraciones a los medios. “Los obreros echan en falta a algunos compañeros”, destacaban fuentes policiales nada más producirse los hechos, en medio todavía de mucha confusión y mientras comprobaban si todos los trabajadores estaban dentro o fuera del inmueble cuando ocurrió el desplome. La Policía Judicial de Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación, al tratarse de un accidente laboral.

El suceso fue presenciado por testigos que viven o tienen comercios en la zona, como Boyana y Aurora, trabajadoras del Museo del Pan Gallego. Ambas estaban en su tienda, situada muy cerca del lugar del derrumbe, cuando escucharon un fuerte ruido, “como una bomba”, e inmediatamente notaron “una gran cantidad de polvo” que salía del edificio número 4 de la calle Hileras. Al salir a la calle, vieron como algunos de los obreros abandonaban el inmueble siniestrado, “llenos por completo de polvo”.

Las labores ahora se centran en encontrar a todos los desaparecidos. La Policía Municipal de Madrid ha enviado guías caninos a la zona de Ópera para facilitar las labores de búsqueda, que comenzaron pasadas las seis de la tarde, una vez acabados los trabajos de apuntalamiento de la estructura. En el lugar, los vecinos han trasladado su confusión ya que algunos de ellos han tenido que ser desalojados hasta asegurar la zona y no podían acceder a sus viviendas. El Ayuntamiento de Madrid aseguró que buscaría alojamientos alternativos para aquellos que no pudieran regresar a sus hogares.

al y como ha podido comprobar Somos Madrid, el derrumbe parcial no ha destrozado el grueso de la estructura del edificio, que aún podía verse en pie al observarse desde la parte trasera. De hecho, la proximidad con los inmuebles de alrededor hubiera provocado consecuencias en los pisos colindantes de haberse desplomado toda la construcción.

A nivel institucional, hasta el lugar se desplazaban la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y el concejal de Centro, Carlos Segura. El alcalde de Madrid acortaba su viaje a Londres y volvía a Madrid por lo sucedido. Llegaba a la zona poco antes de las diez de la noche y confirmaba ante los medios el primer fallecimiento.

Almeida detallaba por la noche que se había producido “el derrumbe del forjado de la sexta planta y eso ha provocado que a partir de ahí bajara por todas las plantas hasta la baja y alcanzara a la persona que estaba allí, que es una de las desaparecidas que todavía no ha sido localizada”.

Según su relato, los bomberos “están acarreando ellos mismos los escombros para tratar de llegar lo antes posible a los cuerpos que han sido localizados”. En esta “tarea compleja y difícil” se ha contado además con la ayuda de perros de la Policía Nacional, entrenados para descubrir los lugares donde pudieran estar las personas que presumiblemente están desaparecidas bajo estos restos de la obra.

Las reacciones han llegado desde todo el espectro político: tanto la portavoz del PSOE en Cibeles, Reyes Maroto, como el de Más Madrid, Eduardo Rubiño, se han hecho eco en sus redes poco después del derrumbe. Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha indicado que la Inspección Laboral está revisando la situación de los empleados en esta reforma.

El suceso hizo también muy difícil moverse por el centro de la ciudad porque habían sido cortadas calles como Mayor o varios pasos subterráneos para facilitar el paso de los vehículos de emergencias. La recomendación municipal es no acercarse a la zona. Varias vías aledañas al lugar del suceso habían sido perimetradas y solo se ha permitido el acceso a los vecinos, con muchas restricciones.

Construido en 1965, el edificio siniestrado contaba con seis plantas y sótano. Su uso era terciario, de oficinas, y no albergaba viviendas. En el momento del siniestro el inmueble estaba siendo reformado para abrir allí un hotel de cuatro estrellas, después de muchos años sin actividad. Las obras habían dejado el esqueleto del edificio, retirando las paredes en la mayoría del inmueble salvo en su fachada principal.

El derrumbe parcial de un edificio en obras en pleno corazón de Madrid, a pocos pasos de la Plaza Mayor, causó un enorme despliegue de emergencias y equipos de salvamento para intentar rescatar a varias personas desaparecidas en el siniestro. Tanto la unidad canina de la Policía Municipal como medio centenar de Bomberos, apoyados por drones, se centran en intentar encontrar a los atrapados entre los escombros después de que se viniera abajo parte del inmueble. Buscan a tres hombres y una mujer, según los datos facilitados por la empresa que se encargaba de la reforma.

El siniestro tuvo lugar poco antes de las 13.00 hora local a la altura del número 4 de la calle Hileras, una empinada vía que une las calles Arenal y Mayor. Por razones que todavía se desconocen, varios pisos se vinieron abajo desde la parte superior del edificio, sin afectar a los exteriores. El derrumbe apenas es visible desde la calle puesto que la fachada aguantó, informan fuentes de Emergencias Madrid, así como también permanece en pie la parte trasera del inmueble en obras. Tres personas resultaron heridas, pero solo una de ellas tuvo que ser trasladada al Hospital Clínico con pronóstico menos grave por fractura en una pierna. Las otras dos sufrieron daños leves.

Aunque los pisos cayeron hacia dentro y los edificios aledaños no sufrieron daños, las fuerzas de seguridad desalojaron a los vecinos colindantes. No saben si esta noche podrán dormir en sus casas los de los números 6 y 8 de la calle, pegados al lugar del siniestro, debido a los trabajos de búsqueda. Desde el Cuerpo de Bomberos trabajan para evitar el colapso de toda la estructura. La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, informó desde el lugar de los hechos que la prioridad es la búsqueda de los desaparecidos. También indicó que la cantidad de escombros acumulada por el derrumbe es elevada y que quedan por delante “muchos días” hasta que sean despejados totalmente.

El edificio siniestrado estaba siendo rehabilitado para construir un hotel de cuatro estrellas, con capital saudí, y en él trabajaban obreros de varias empresas ligadas a la construcción. Al menos una decena de los empleados de una compañía de demoliciones que habían escapado del derrumbe esperaban noticias de la búsqueda de sus compañeros dentro del perímetro policial, algunos de ellos con la mirada perdida. La mayoría preferían no hablar ante los medios desplazados y los pocos que lo hacían relataban una secuencia rápida que incluía la caída de parte de la estructura, un ruido seco y mucho polvo.

“Escuché un ruido y salí corriendo”, comentaba otro de los obreros que se encontraba en la obra, poco después del suceso. En su caso, era el primer día en el trabajo. La empresa para la que trabaja, Pavipedro, se encontraba haciendo labores de hormigonado. En su caso, todos sus compañeros están bien porque en el momento del derrumbe se encontraban fuera de la estructura del edificio, cuyo entorno fue acordonado.

El delegado del Gobierno llamó a ser “prudentes” con el derrumbe. Por el momento se desconocen las causas que han llevado a este suceso. “Podríamos pensar que tuvo algo que ver con esa obra, pero es demasiado pronto como para hacer conjeturas”, insistió la vicealcaldesa en declaraciones a los medios. “Los obreros echan en falta a algunos compañeros”, destacaban fuentes policiales nada más producirse los hechos, en medio todavía de mucha confusión y mientras comprobaban si todos los trabajadores estaban dentro o fuera del inmueble cuando ocurrió el desplome. La Policía Judicial de Policía Municipal de Madrid se hizo cargo de la investigación, al tratarse de un accidente laboral.

El suceso fue presenciado por testigos que viven o tienen comercios en la zona, como Boyana y Aurora, trabajadoras del Museo del Pan Gallego. Ambas estaban en su comercio, situado muy cerca del lugar del derrumbe, cuando escucharon un fuerte ruido, “como una bomba”, e inmediatamente notaron “una gran cantidad de polvo” que salía del edificio número 4 de la calle Hileras. Al salir a la calle, vieron como algunos de los obreros abandonaban el inmueble siniestrado, “llenos por completo de polvo”.

Todas las labores ahora se centran en encontrar a los cuatro desaparecidos. La Policía Municipal de Madrid envió guías caninos a la zona de Ópera para facilitar las labores de búsqueda, mientras recibe el apoyo aéreo de drones. En el lugar, los vecinos trasladaron su confusión ya que algunos de ellos tuvieron que ser desalojados hasta asegurar la zona y no podían acceder a sus viviendas. Algunos creen que podrán pasar la noche en sus casas, pero otros son menos optimistas y buscan alojamientos alternativos.

El derrumbe parcial no destrozó el grueso de la estructura del edificio, que aún podía verse en pie al observarse desde la parte trasera. De hecho, la proximidad con los inmuebles de alrededor hubiera provocado consecuencias en los pisos colindantes de haberse desplomado toda la construcción.

A nivel institucional, hasta el lugar se desplazabanla presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y el concejal de Centro, Carlos Segura. El alcalde de Madrid acortaba su viaje a Londres y volvía a Madrid por lo sucedido.

Construido en 1965, el edificio siniestrado contaba con seis plantas y sótano. Su uso era terciario, de oficinas, y no albergaba viviendas. En el momento del siniestro el inmueble estaba siendo reformado para abrir allí un hotel de cuatro estrellas. Las obras habían dejado el esqueleto del edificio, retirando las paredes en la mayoría del inmueble salvo en su fachada principal.

La operación inmobiliaria había sido impulsada por la sociedad de origen saudí RSR Singular Assets Europe Socimi, un inversor inmobiliario especializado en hoteles y apartamentos turísticos de alta gama en España y Portugal, gestionado por Caler Advisory and Asset Management, que adquirió el inmueble por 24,5 millones de euros. El proyecto contemplaba el cambio de la licencia de actividad de uso de oficinas a hospedaje, aprobado en diciembre de 2024, con la previsión de que abriera al público dentro de dos años.

La dirección del PP de Alberto Núñez Feijóo dejó sola a Isabel Díaz Ayuso en su intento de boicotear el reparto de un millar de menores migrantes que se encuentran en Canarias y que este lunes el Gobierno empezó a distribuir por centros pertenecientes al Estado ubicados en distintas comunidades autónomas. Génova 13 utiliza la decisión del Tribunal Supremo de ordenar al Gobierno central a hacerse cargo de esos niños y jóvenes como un elemento más de su permanente campaña de desprestigio, descrédito y ataque al Ejecutivo progresista, pero no para oponerse a su reparto por centros estatales como hizo Ayuso, maniobrando con el único objetivo de que ninguno de ellos llegue a Madrid.

A finales de julio, uno de los feudos más importantes del PP de Ayuso, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), ordenó el cierre del centro de refugiados de la ciudad precisamente por el rechazo del equipo de la presidenta de la Comunidad a la posibilidad de que dichas instalaciones pudieran ser el destino de algunos de los menores solicitantes de asilo tras la orden del Supremo al Gobierno central. Se trata de un centro de dependencia estatal pero el consistorio alegó que no dispone de licencia de uso residencial pese a que allí viven desde hace años casi 500 personas, la mayoría ucranianas, pero también latinoamericanas, acogidas por el Estado.

Ayuso y sus colegas de partido en Madrid no opusieron resistencia a que el mencionado centro acogiera a esas personas ucranianas, pero sí rechazan la llegada de los menores que ahora se encuentran en Canarias, que son de origen africano y que huyen de los conflictos bélicos y económicos en sus respectivos países.

En una actuación coordinada, además, el Ayuntamiento de la capital, también en manos del PP, busca seguir los pasos de Pozuelo respecto a otro centro de acogida estatal situado en el distrito de Carabanchel de Madrid. Y en Alcalá de Henares el ayuntamiento de PP y Vox aprobó en julio una iniciativa para tratar de cerrar otro centro de acogida estatal que desde hace meses lleva siendo el objetivo de ataque de grupos neonazis y de extrema derecha, todo ello con el apoyo de la propia Ayuso, que ha llegado a acusar al Gobierno de “castigar” a Madrid por atender a niños y jóvenes migrantes en centros situados en la Comunidad.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha insistido en las últimas semanas que el centro de Pozuelo que el PP madrileño quiere cerrar es un edificio de la Seguridad Social que se cedió a Migraciones en 2022 “para atender a la emergencia provocada por el estallido de diversas guerras, entre ellas la de Ucrania”. “Es un referente que en estos años ha atendido a más de 100.000 personas necesitadas de protección internacional y nunca ha habido ningún problema con el Ayuntamiento”, sostiene el equipo de Elma Saiz.

El PP gobierna en coalición en Canarias

Por todo ello, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, considera que la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo de cerrar el centro de acogida de la ciudad cuando estaban a punto de llegar esos jóvenes africanos es un ejercicio de “racismo preventivo”. “Nosotros pensamos en los individuos, en cómo solucionar los problemas de las personas”, le respondió Fátima Matute, la consejera de Sanidad del Gobierno de Ayuso, que defendió su intento por cerrar los centros de Pozuelo, Carabanchel o Alcalá al considerar que “no tienen las condiciones adecuadas para que habiten personas” aunque son residencias para migrantes desde hace años.

Aunque Feijóo, en su comparecencia de balance del curso político, sí apoyó la competencia del Ayuntamiento de Pozuelo para cerrar el mencionado centro, tanto él como su equipo se han distanciado del Gobierno de Ayuso sobre la acogida de niños y jóvenes migrantes en sus comunidades autónomas y defienden que esas administraciones en sus manos reciban a menores provenientes de Canarias en centros estatales, en cumplimiento del mandato del Supremo. Se da la circunstancia de que uno de los principales interesados en que se produzca ese reparto es el Gobierno de Canarias que preside Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, que gobierna precisamente en coalición con el PP.

“Yo no tengo toda la información, pero lo que he leído es que quien ha decidido no autorizar ese centro por incumplimiento de la legislación urbanística es el Ayuntamiento de Pozuelo, no la señora Ayuso. Por lo tanto, cada gobierno tendrá sus responsabilidades. Un alcalde, un concejal de urbanismo que acepte que se utilice un centro para una actividad que no está habilitado urbanísticamente, tiene que actuar. Lo que es sorprendente es que un gobierno quiera utilizar un centro que no cumple la normativa urbanística para hacer una actividad que está prohibida. Eso es lo que es sorprendente”, aseguró Feijóo, ciñéndose a considerar el cierre del centro de Pozuelo como un acto administrativo y sin tener en cuenta que esas mismas instalaciones acogen a migrantes ucranianos desde hace años.

A renglón seguido, en cambio, Feijóo pedía al Gobierno que iniciara el reparto en otros centros. “Cumplir la ley es lo correcto. Incumplirla desde el gobierno es absolutamente sorprendente”, aseguró. “El Gobierno tiene desde hace semanas una sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a tutelar a los menores que han pedido asilo, que son más de 1.000. Y el Gobierno sigue incumpliendo las sentencias del Tribunal Supremo”, afirmó, antes de matizar: “Lo que no podemos es tutelar a menores cuando no tenemos ni herramientas, ni medios, ni capacidades para cumplir la ley del menor”.

Este lunes, el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, se limitaba a criticar al Ejecutivo porque, según él, “parece que habla de paquetes cuando habla del reparto”. “Son personas y en este caso menores. Yo creo que debería tener una sensibilidad especial”, añadía. “El Gobierno ni tiene política migratoria ni tiene política de respuesta”, apuntaba, antes de matizar que el Ejecutivo “tiene que dar respuesta a lo que ha dicho el Tribunal Supremo”, sin referirse a la postura de Ayuso.

La semana pasada, el secretario general del PP, Miguel Tellado, recordó que “ha sido el Tribunal Supremo el que le ha dicho al Gobierno de España que se tiene que hacer cargo con sus propios medios de la atención de estos menores”. “Esa es la prioridad en estos momentos: comprobar que efectivamente el Gobierno de España, el Gobierno de Sánchez, atiende a sus propias responsabilidades y a sus propias competencias”, apuntó, defendiendo el reparto ordenado por el alto tribunal.

“Tenemos un Gobierno incompetente, muy dado a la demagogia, pero que desde luego está fuera de toda realidad y, por lo tanto, nosotros lamentamos la falta de información por parte del Gobierno que no le ha explicado a nadie cómo pretende resolver estos traslados de menores, que es la prioridad en estos momentos”, añadió, limitándose a pedir más información al Ejecutivo, pero sin oponerse al reparto de los menores, como hace el Gobierno de Ayuso.

“Nosotros tenemos una posición tremendamente clara con respecto a esta cuestión. Estamos a favor de la inmigración legal y estamos en contra de la ilegal. Lamentablemente en España tenemos un Gobierno que carece de política migratoria y esta posición es la más inhumana que pueda adoptar cualquier gobierno fuera de los consensos comunitarios, fuera de los consensos internacionales. Tenemos un gobierno irresponsable y se puede encontrar más responsabilidad en la oposición que en sí mismos”, agregó Tellado, defendiendo a sus propias administraciones.

El Gobierno de Ayuso habla de “macrocampamentos”

En cambio, el Gobierno de Ayuso se ha desmarcado de ese cumplimiento por el resto de las administraciones del PP. En su última comparecencia pública, el portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, pedía el “cierre inmediato” de los que denominaba como “tres macrocampamentos”, en alusión a los ya citados centros de acogida de Alcalá de Henares, Carabanchel y Pozuelo. El portavoz de Ayuso criticó que “la única medida de política migratoria que ponga en marcha” el Ejecutivo central sea “repartir en las distintas comunidades autónomas a personas”. “Lo único que saben es echar balones fuera y tratar de criticar y de cuestionar las decisiones que toman otras administraciones públicas”, remarcó.

Ayuso y su equipo no han escatimado en palabras en las últimas semanas para tratar de vincular a migrantes con delincuencia, en una estrategia idéntica a la extrema derecha de Vox y de otros partidos ultras del resto del mundo. En julio, la propia presidenta dijo que la llegada de “migrantes” es un “problema” que ha sido “provocado y está perfectamente medido por el Gobierno para crear problemas de convivencia, saturar los servicios públicos y reventar el país”. Y en los últimos meses ella ha llegado a equiparar los problemas de la heroína en los años 80 con la llegada de menores migrantes.

Su gobierno mantiene además sendos recursos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto 658/2025 con el que el Gobierno reguló el reparto de menores migrantes a las comunidades autónomas en casos de saturación de los territorios habituales de acogida, como Canarias, Ceuta o Melilla. Este rechazo sí es compartido por la dirección del PP y por otras comunidades autónomas, que también han presentado sus propios recursos.

Con todo, el Gobierno inició este lunes el traslado de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo. Por el momento se ha desplazado tan solo a diez y Migraciones ha explicado que esos traslados se irán sucediendo de forma semanal y prioritariamente a recursos pequeños, de titularidad estatal, a lo largo de todo el territorio, aunque ante lo ocurrido con el cierre del centro de Pozuelo el Ejecutivo no tiene previsto incluir a Madrid en este primer reparto.

El Ejecutivo recuerda que los menores solicitantes de asilo presentan un perfil “altamente vulnerable”, ya que muchos de ellos se encuentran solos huyendo de guerras y que casi el 90% de las personas que están entrando en este procedimiento son malienses.

“Es al lado del Palacio de Vistalegre, donde lo de Podemos”. Elena cuelga el teléfono después de indicar su nueva dirección a una amiga, que irá esa tarde a visitarla. Ahora tiene 32 años y vive en Madrid. Pero cuando Pablo Iglesias presentó a un nuevo partido, en una asamblea fundacional que ha quedado para la historia, apenas había entrado en la veintena. Era octubre de 2014 y Elena aún residía en León, su ciudad de origen. A kilómetros de allí, junto a la que una década más tarde sería su casa, Podemos congregó a 8.000 personas –150.000 por streaming– en una antigua plaza de toros reconvertida en recinto de eventos. El acto infló como un globo la cifra de afiliados en el movimiento y vaticinó su llegada al Congreso de los Diputados, que tendría lugar un año después. Aquel día se recuerda como Vistalegre I, y eso es porque hubo un Vistalegre II muy distinto y con la (única) foto de la unidad fracturada.

Este segundo acto fue en 2017 y, tan solo un año más tarde, otro partido en las antípodas de Podemos pero que tomaba el mismo impulso voraz de sus inicios optó por ese mismo edificio, en Carabanchel, para dar el gran disparo de salida. A diferencia de Iglesias, en Vox no eran nuevos en la política de partidos: fue un nicho marginal hasta 2018, cuando arrasaron como tercera fuerza en el Parlamento andaluz y, poco después, compartieron hemiciclo en la Cámara Baja con los de Podemos. La política española estaba mutando, y casi todos esos cambios habían podido contarse en algún momento desde el Palacio de Vistalegre.

La historia del edificio antes, durante y después de estos hitos también es variopinta. Empezó siendo una plaza de toros, inaugurada a principios del siglo XX pero que quedó destruida durante la Guerra Civil. Se reconstruyó en la posguerra bajo el nombre de La Chata, pero no fue hasta principios de los 2.000 cuando se inauguró sobre ese terreno el actual Palacio de Vistalegre. Eventos deportivos, competiciones internacionales del famoso videojuego League of Legend, conciertos de k-pop (pop coreano), grandes foros ultraliberales o del mundo cripto, shows y monólogos e incluso la beatificación religiosa de Guadalupe Ortiz en 2019. Definitivamente, la palabra multiusos define el espacio.

El gran evento político más reciente, que se aleja descomunalmente del espectro habitual en la época de Podemos, ha sido el Madrid Economic Forum. Tuvo lugar este mismo mes, entre los días 7 y 8 de junio. Nace de otra gala igual en Andorra, que este año ha pasado a celebrarse en la capital española. El acto promueve debates sobre economía y empresas a través de llamativas ponencias, mesas redondas o entrevistas con figuras conocidas. Y este año no faltaron: el presentador Iker Jiménez, el exdiputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros, el expresidente de Ciudadanos Albert Rivera y el empresario Marcos de Quintos, economistas liberales como Juan Ramón Rallo o Daniel Lacalle, el historiador e impulsor junto a Vox de una moción de censura en 2023, Ramón Tamames... solo figuraba el nombre de una mujer: la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Lo organizan las firmas andorranas Racks Labs y Abast Global. La primera es una consultora tecnológica vinculada a Víctor Domínguez, polemista conocido en redes sociales como Wall Street Wolverine por sus críticas al Gobierno españo promover la emigración fiscal a Andorra de los influencers. Abast Global es un despacho de abogados especializado en gestionar traslados de residencia y creación de sociedades en el Principado. La clausura corrió a cargo de Javier Milei cuando, además, estaba siendo investigado en Argentina y en Estados Unidos: su nombre aparece en una demanda colectiva presentada ante la Corte Suprema Nueva York por haber promocionado la criptomoneda $LIBRA, que resultó una estafa con pérdidas millonarias, y reunirse en varias ocasiones con sus creadores en los días previos.

“Contra los socialistas de mierda, yo siempre voy a estar con ustedes”, decía el pasado 7 de junio el presidente argentino, que habló ante 7.000 personas sobre los escenarios de Vistalegre precisamente en un foro ultra y cripto. Fue la segunda vez que Milei pisó aquellas tablas, un año después de asistir para la gran fiesta patriótica de Vox, 'Viva24', en el mismo recinto. Como es habitual, la política española gira a ritmo apresurado: el nombre que hace una década se ligó a la trayectoria de una nueva izquierda emergente se torna, a nivel político, en refugio de voces ultraliberales o un lugar simbólico para Vox. Este es el relato de la España reciente que puede contarse desde el Palacio de Vistalegre.

Vistalegre I y II: del auge a la fractura en Podemos (2014-2017)

“El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto”. Una de las frases que dio paso al terremoto en el bipartidismo –y que aún resuena en muchas cabezas o tertulias– la dijo Pablo Iglesias, precisamente, desde el recinto del madrileño barrio de Carabanchel. Corría 2014 y el politólogo ya era una cara de lo más visible: su exposición como tertuliano en programas de prime time y la irrupción en el Congreso de un Podemos recién nacido, con él a la cabeza, le había valido de mucha expectación. Ese día celebraban su primera asamblea ciudadana, una gran cita fundacional que con el tiempo se recordaría como Vistalegre I. De todo el público emanaba optimismo, jolgorio e ilusión: 8.000 adeptos aplaudían y gritaban “¡sí se puede!” a cada palabra de Iglesias, que abrió el acto con toda una declaración de intenciones: a veces hace falta rebelarse y no aceptar un punto medio.

Precisamente esa diatriba sobre cómo tomar el cielo, si por consenso o por asalto, fue la que disgregó en dos caras al partido cuando llegó su segunda asamblea. Vistalegre II se celebró tres años más tarde, en febrero de 2017. La atención estaba puesta en la reciente ruptura de Iglesias e Íñigo Errejón, que pasó de estar en su núcleo de confianza más próximo a encarnar una vertiente transgresora dentro del partido. La sensación de unión que se respiraba en la primera cita se había resquebrajado, pero eso no era nuevo. Algunas voces de entre las que corearon a Podemos en el primer Vistalegre adelantan el impass.

“La asamblea fundacional de 2014 ya la viví con un sabor agridulce”, recuerda Miguel Urbán, madrileño y miembro de Anticapitalistas que asistió a aquellos días como uno de los cofundadores de Podemos. Sin embargo, su facción dentro del partido acumula una historia de tensiones con la cúpula. “Aunque era un momento en el que la ilusión rebosaba por los poros, yo tuve sentimientos encontrados. Había contradicciones personales, porque fui apartado por mis posiciones políticas antes de las [elecciones] europeas”, narra Urbán, cuya ala quedó fuera del primer Consejo Ciudadano Estatal que se dibujó con Vistalegre I.

“No pude sentirlo con esa normalidad o euforia. Era un momento donde la maquinaria de guerra electoral quería acabar con nosotros y con nuestras ideas, así que vivimos aquellos días entre la ilusión y el rechazo a vernos perseguidos”, asegura en conversación con Somos Madrid. Aunque la elección de Vistalegre para los encuentros de Podemos no fue casual, Urbán remarca que ellos no fueron los primeros. El PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero celebró algunos de sus mítines en aquellas instalaciones, que en otra vida no muy lejana fueron un referente del zapaterismo. En 2011, unos años antes de nacer el partido morado, cancelaron el último gran mitin de precampaña que hubiera dado como líder socialista. Ese año perdió el gobierno ante Mariano Rajoy.

“Escoger Vistalegre era una declaración de intenciones”, sostiene el cofundador de Podemos: “Significaba demostrar fuerza cuando veníamos de oír hablar de sorpasso. Había que llenar la plaza que no pudo colmar el PSOE”. Más allá de los símbolos para movilizar al electorado socialista, necesitaban un espacio amplio. Así que el recinto multiusos encajó como anillo al dedo. Años después, cuando llegó el turno de la segunda gran cita en la que se dirimiría qué dirección tomaría el partido, si la que marcaba Iglesias o la que representaba Errejón, el ambiente fue muy distinto. “Se notaba que era un momento decisivo”.

El ascenso de Vox y la globalización de Vistalegre (2018-2025)

Precisamente un año después de Vistalegre II, la última gran asamblea de Podemos que se celebró en el palacio, Vox tomó la delantera. Santiago Abascal encabezó el primer acto de su partido en el estadio un 7 de octubre de 2018. Frente a él, unas 10.000 personas y un elenco de figuras clave entre las que se encontraban muchos de sus rostros conocidos, algunos ya fuera del barco. Iván Espinosa de los Monteros, Javier Ortega Smith, Rocío Monasterio, Ignacio Garriga, José Antonio Ortega Lara... como le ocurrió a Podemos, los años y la discrepancia irían fracturando aquella imagen inaugural que había dejado 2018.

“La España viva ha despertado y ha conquistado Vistalegre”, declaró un Abascal efervescente sobre el escenario que antes había levantado ánimos en el PP, el PSOE, Podemos o incluso Ciudadanos. Con autobuses fletados desde varios puntos de España y una escenografía de gran espectáculo lleno de banderas rojigualdas, Vox dio la bienvenida a sus buenos resultados en el CIS –por primera vez tenían opción de entrar al Congreso– desde el simbólico palacio de Carabanchel. Miles de personas quedaron fuera de las gradas, a rebosar en un momento álgido para el partido. No cabía un alfiler.

“La noche anterior no pude dormir. Nos pasamos el día colocando banderas en los asientos, y yo no veía más que cientos de sillas por todos lados. Pensaba que sería imposible llenarlo”, rememora siete años después, ya desde fuera de la política, Rocío Monasterio. Ese 7 de octubre, la arquitecta que luego presidiría el partido en la Comunidad de Madrid compartió camerino con José Antonio Ortega Lara, exmilitante del PP que fue víctima de ETA. Había ayudado a fundar Vox. “Era alguien a quien admiraba, me calmó tenerle cerca”, reflexiona. Monasterio abandonó hace un año las filas del partido entre críticas por su democracia interna, justo un día después de que Santiago Abascal la destituyera como líder regional.

Ahora, de vuelta a la actividad privada, piensa en aquellos días con un cúmulo de emociones. Para acceder a los camerinos había que atravesar un pasillo estrecho con una hilera de puertas, justo antes de llegar al escenario. “Estábamos ahí metidos mientras oíamos los preparativos y yo, que estaba nerviosa, abría de vez en cuando la trampilla que daba a las gradas. Al principio no veía a nadie, pero en cuestión de minutos empezó a entrar gente y recuerdo decirle a José Antonio [Ortega Lara]: '¡mira, que han venido a vernos!”, relata la que durante largo tiempo fue una de las caras más conocidas en Vox.

Yo recomendé a Vox que suspendiera el acto de 2020 en Vistalegre, días antes del declararse el estado de alarma por la pandemia. Era peligroso, pero nadie me hizo caso

Rocío Monasterio — expresidenta de Vox en la Comunidad de Madrid

El segundo acto que celebraron en Vistalegre fue el 8 de marzo de 2020, coincidiendo con la manifestación feminista del 8-M y en vísperas a declarar el estado de alarma por la pandemia. El COVID-19 comenzaba a arraigar en España, así que cualquier gran concentración de gente levantaba suspicacias. “Yo recomendé a Vox que suspendiera ese mitin, pero nadie me hizo caso”, confiesa Monasterio, que “llevaba meses leyendo informes sanitarios” que vaticinaban lo que vendría. De ese acto salió el primer positivo en coronavirus de un político con representación en las instituciones: Javier Ortega Smith, que era diputado en el Congreso. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con el actual portavoz en el Ayuntamiento de Madrid para incluir su testimonio en el reportaje, pero no ha obtenido respuesta.

La exportavoz en la Asamblea narra cómo ese día ambos compartieron asiento e, incluso, la misma botella de agua. El último acto de Vox en Vistalegre fue hace solo un año, en el Viva24. Aquella vez fue algo distinta: participaron –in situ o por videoconferencia– muchas otras voces de la extrema derecha europea. “Ese día fue maravilloso pero para mí, el verdadero punto de inflexión lo marcó el primer evento de todos”, concluye Monasterio. Hace poco, el Palacio de Vistalegre estrenó un enorme mural en su fachada como parte de una estrategia municipal para resignificar Carabanchel, y convertirlo en un distrito por y para artistas. Sea como sea, será difícil borrar el recuerdo político que aún gira a su alrededor. Más cuando este todavía sigue moviéndose.

El Gobierno dejó expuesta la polémica designación de una española sin vínculos con la Argentina al frente de un cargo diplomático en Madrid, con sueldo en euros. Se trata del nombramiento de Eva María Carrasco Bañuelos como directora del Colegio Mayor Argentino, institución histórica del Estado argentino en la capital española, que elDiarioAR reveló en enero pasado. Para salvar el impedimento legal de designar en un puesto diplomático argentino a una extranjera, que coincidentemente es la pareja del libertario alemán Philipp Bagus, autor del libro “La Era Milei”, la Casa Rosada debió dejar consignada en los últimos días de una excepción de “requisito de nacionalidad” en el Boletín Oficial.

La resolución lleva las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con fecha el 10 de abril. Tras ese atajo legal, el lunes ya fue formalmente designada.

Carrasco Bañuelos no cuenta con experiencia académica comprobable que la acredite para estar al frente del Colegio Mayor Argentino y en su momento ya fue cuestionada por haber sido ungida en el cargo gracias al vínculo personal de Milei con Bagus, quien dedica buena parte de sus apariciones públicas a alabar al Presidente.

Este medio supo que Carrasco Bañuelo viajó especialmente a Buenos Aires en febrero para sellar con el propio Presidente su designación. El salario que tendría rondaría los 7.500 euros, supo elDiarioAR de distintas fuentes.

La orden de la designación llegó al ministerio de Pettovello directamente desde Presidencia, es decir, de Javier y Karina Milei. Todo, pese a que el puesto depende de la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, y a que, a su vez, Cancillería suele tener alta injerencia en la distribución de cargos del Estado en el exterior. La elección a dedo de la nueva funcionaria se sumó al desconcierto diplomático por los desmanes que ocurrieron últimamente en la Embajada argentina en Madrid tras la salida de Roberto Bosch y el desembarco accidentado de Alejandro Alonso Sainz.

“Exceptúase a la licenciada Eva María CARRASCO BAÑUELOS (D.N.I. N° 96.435.906) del requisito de nacionalidad para el ingreso a la Administración Pública Nacional establecido en el artículo 4°, inciso a) del Anexo a la Ley N° 25.164, al solo efecto de posibilitar su designación en el cargo de Directora del COLEGIO MAYOR ARGENTINO ‘NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN’ en la Ciudad de MADRID - REINO DE ESPAÑA, dependiente de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO”, se lee en la Decisión Administrativa 8/2025, con las firmas de Francos y Pettovello. En el párrafo llama la atención un detalle: Carrasco Bañuelos ya cuenta con DNI argentino con una cifra habitual para los documentos que se otorgan a extranjeros que se radican en el país (N° 96.435.906).

Este lunes, dos semanas después de esa excepción, Pettovello confirmó la designación de Carrasco Bañuelos en el Colegio Mayor Argentino a través de la Resolución 183/2025, aunque el cargo es retroactivo a febrero y tienen una duración de tres años, lo que le queda de mandato a Milei hasta 2027. 

El artículo 1 reza: “Desígnase a la Licenciada Eva María CARRASCO BAÑUELOS (D.N.I. N.º 96.435.906), en el cargo de Directora del COLEGIO MAYOR ARGENTINO ‘NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN’ en la Ciudad de MADRID, REINO DE ESPAÑA, dependiente de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, a partir del 5 de febrero de 2025 y por el termino de TRES (3) años, de conformidad con lo establecido en el artículo 8, inciso 2) de la Reglamentación del Estatuto de dicho Colegio, aprobada por el Decreto Nº 1125/88 y sus modificatorios”.

A su vez la resolución dicta que la designación se otorga como “carácter de propuesta del Gobierno Argentino al Rector de la Universidad Complutense de Madrid”. Los gastos corren por cuenta del Estado argentino: “El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas específicas de la JURISDICCIÓN 88 - MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, SUBJURISDICCIÓN 04 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN”, dice el artículo 3.

Qué es el Colegio Mayor

El Colegio Mayor es una residencia universitaria con más de medio siglo de existencia y está ubicada en una zona verde y privilegiada del este madrileño. La función que le corresponde a Carrasco Bañuelos supone la administración del centro que depende del Estado argentino y la organización de actividades culturales.

El Colegio Mayor lleva el nombre formal de “Nuestra Señora de Luján” y fue inaugurado el 22 de octubre de 1971. Forma parte de los 42 Colegios Mayores que integran la Ciudad Universitaria de Madrid. Adscripto a la Universidad Complutense, su edificio fue diseñado por los arquitectos Horacio Baliero y Carmen Córdova, según un dossier oficial publicado por el gobierno argentino en 2023. Los orígenes del Colegio se remontan al año 1947, durante el primer gobierno de Juan Perón, año en el que se firmó un importante protocolo entre Argentina y España con el propósito de fortalecer los lazos históricos y culturales.

MC

Son muchas las cabezas gachas que miran al móvil, aunque en estos momentos no hay nada que ver en él. El apagón total que ha sufrido España cristaliza en Madrid en riadas de personas desconcertadas en busca, casi siempre sin éxito, de un atisbo de cobertura, autobuses saturados, tiendas cerradas, centros de salud a medio gas y colegios intentando mantener la calma.

Las incógnitas se suceden en el micromundo que es la Gran Vía de la capital, una de las calles más transitadas. Su frenética actividad habitual es este lunes de otro tipo. Las sirenas de Policía, que intenta ordenar el tráfico ante la inoperatividad de los semáforos, no dejan de sonar, mientras las numerosas tiendas que flanquean la calle desalojan a los clientes y cierran sumidas en la total oscuridad. Hay turistas que acaban de llegar y no saben qué pasa, otros están a punto de coger un avión al que no saben si llegarán.

El alcalde de Madrid publicó un mensaje en redes sociales reclamando a los habitantes de la capital que “minimicen absolutamente todos los desplazamientos y que se queden donde están en este momento” con el objetivo de dejar las vías de comunicación despejadas para los servicios de emergencias. “Hemos cerrado los túneles de la M-30”, informó Almeida a la vez que reclamaba que todas las llamadas que se hagan al 112 sean “las realmente urgentes”. Pero en plena calle sigue el desconcierto.

Julia, que acaba de pasar unos días en Madrid, se dirige ahora a Varsovia a proseguir sus vacaciones. “No sé cómo llegar al aeropuerto”, dice agobiada con el móvil en una mano y la maleta en la otra. A pocos metros, Wilson permanece inmóvil frente a la boca del metro, que está precintado, y que tenía que haber tomado para acudir a su puesto de trabajo. Jan Franco, empleado de uno de los míticos quioscos de bebidas, revistas y souvenirs, está preocupado. “A mi mujer la operaron hace cuatro días y no sé cómo estará”, dice ante la enésima persona que intenta comprar agua.

La imagen de las tiendas de la principal vía comercial de la capital no tiene precedentes. Las que pueden han cerrado las trapas, pero no son pocos los que se afanan, con esfuerzo y escaleras, en bajarlas manualmente aunque son eléctricas. “Van a venir ahora a ayudarnos porque no somos capaces”, dice una trabajadora de la cadena de ropa Mango, que como el resto de responsables de otros negocios se ha pensado en un principio que era cosa de la tienda. “Creímos que era solo aquí, pero vimos que el resto también y empezamos a desalojar”, cuentas mientras aprovechan para tomar el almuerzo de media mañana. “El centro de Madrid parece una película, es una locura”, comenta.

Cada uno aprovecha el tiempo como puede. En la tienda oficial del Atlético de Madrid, los empleados juegan a las cartas, las que venden ellos mismos a los seguidores del equipo, mientras esperan instrucciones. Por delante pasa Somalia, una mujer que, alarmada, intenta llegar a casa después de haber hecho unas gestiones. “Estoy muy asustada y me preocupa mucho no saber qué hacer si pasa algo. Esto es un caos como jamás había visto”, dice entre lágrimas. Un señor que le escucha intenta tranquilizarla. “No se preocupe, señora, que lo van a arreglar”.

En los hoteles, los clientes se dirigen a recepción en busca de las respuestas que nadie tiene. “No sabemos qué decirles”, esgrime un recepcionista del Hotel Atlántico, donde no funcionan los ascensores. Diferente es la situación en otros hoteles de lujo de la capital. El Riu Plaza, situado en Plaza España, tiene generadores eléctricos, así que los clientes pueden subir y bajar en ascensor sin problema, explica el portero. Además, la recepción llama a los pocos taxis disponibles para que los clientes que se van no tengan que coger los abarrotados autobuses, que apenas pueden cerrar las puertas en cada parada.

El Corte Inglés de la zona es uno de los pocos comercios que permanecen abiertos. Las escaleras mecánicas están paralizadas por la falta de electricidad, y las cinco plantas del edificio están prácticamente vacías. Una mujer entra al gran almacén en busca de una radio a pilas para mantenerse informada, pero el ajetreo está sobre todo en la zona de comidas preparadas, donde la gente hace cola para comer algo caliente, y en el quinto piso, en el que varias personas mayores han tenido que permanecer un rato más por no poder usar el ascensor.

“Sabemos que los jefes están ahora reunidos para ver qué hacer, pero de momento nuestra orden es esperar”, indica a este periódico uno de los miembros de seguridad, plantado justo en la puerta. De hecho, ni siquiera saben qué ocurrirá con el turno de tarde. Una de sus compañeras, María José, tenía que entrar a mediodía y a duras penas pudo contactar a sus jefes para explicarles que llevaba casi una hora encerrada en un vagón de metro.

Tenía que llegar a la estación de Sol, pero tanto el suburbano como los trenes han dejado de funcionar. Algunos, como es su caso, frenaron en pleno trayecto. Fuentes policiales que vigilan la zona explican que han ido desalojando a los pasajeros a través de puertas de emergencia, bajándolos del tren y caminando hacia el arcén más cercano. El de la gran cadena comercial es un caso excepcional, ya que fuera casi todos los negocios han bajado las persianas. “Todo funciona por electricidad y ahora es un caos: no podemos cobrar con tarjeta ni calentar la comida, así que hemos tenido que cerrar”, confiesa Diego Francisco, empleado en un restaurante Papizza de Callao. 

En su caso pudo llegar a abrir, pero otros trabajadores ni siquiera han llegado a la oficina. “Mi jefe me va a matar, y ni siquiera logro contactar con él para explicarle que no puedo llegar”, se queja Marta, una joven madrileña estancada en Sol desde que cerraron el Cercanías. Su trabajo está en Pinto, a varios kilómetros de la capital, y se confiesa “absolutamente perdida”. Los únicos que parecían no inmutarse eran los captadores de socios para ONG. “Si ya es difícil parar a gente un día cualquiera, imaginate hoy”, bromea uno de ellos. “Acabo mi turno en cinco minutos y vivo en Móstoles, mi compañero en Leganés… Ahora pasaremos por la sede de la empresa, que está en Sol, porque solo están funcionando los taxis y no creo que me paguen uno para volver a casa”, se lamenta Daniel, jefe de equipo de un de los grupos.

A solo un kilómetro de distancia, en el colegio público Pi i Margall, en el barrio de Malasaña, intentan mantener la calma. “Hemos podido dar de comer a los niños porque la comida ya estaba hecha en el momento del apagón”, dice la directora del centro, que explica que en las aulas permanecen aquellos niños y niñas a los que sus padres todavía no han podido recoger. “La prioridad es que ellos no se pongan nerviosos”, añade. En la cercana escuela infantil El Duende no hay nadie ya pasada una hora y media del fallo, pero otros espacios públicos siguen enredados.

Un poco más arriba, en el Mercadona del barrio, una larga cola se extiende por la calle Fuencarral con clientes intentando entrar. “La gente se ha vuelto loca”, cuenta un empleado al explicar que habían tenido que limitar el aforo ante la avalancha de clientes, en busca de productos básicos, comida que no haga falta cocinar y garrafas de agua. El resto de supermercados están cerrados y ahora solo venden -si tienes efectivo- las tiendas de conveniencia que normalmente tienen su hora punta los fines de semana por la noche, despachando latas de cerveza.

Varios grupos de adolescentes recorren sonrientes la calle Embajadores una hora y media después del inicio del apagón. “Estábamos en clase cuando se ha ido la luz. Después de un rato nos han dicho que nos fuésemos a casa y, si no vivíamos cerca, esperásemos en casa de algún amigo”, dice Darío, estudiante de 4º de la ESO. “Ahora estamos contentos porque no tenemos clase, pero no sé cómo estaré en una hora... No podremos hacer nada, ni tele ni nada”, comenta otro chico del grupo. “Pues a jugar a la rayuela o a la petanca”, le interrumpe con ironía un amigo.

Los ambulatorios bajo mínimos y solo con servicios de Urgencias

Por ejemplo, la situación en los ambulatorios no es mucho más optimista. En el centro de salud de Calesa (Usera) no hay luz, los médicos y profesionales están en la entrada para atender “en la medida de lo posible” si llegan pacientes a Urgencias. “Lo que podamos hacer”, dicen en la recepción. Han bajado varios pacientes que usan oxígeno, preguntando si tienen “balas” (bombonas), pero no tienen. “Les hemos remitido al 112”, explican. Lo mismo ocurre en el de Párroco Julio Morate (Legazpi). “Estamos prácticamente parados”, dice una pediatra mientras intenta llamar sin éxito a la gerencia del ambulatorio. 

“Intento contactar para ver qué podemos hacer. Que yo sepa, no tenemos generadores”, explica la doctora en una recepción casi a oscuras. “Menos mal que no hemos tenido ninguna urgencia. No sé qué haríamos si pasase algo grave”. Poco después, una joven entra en la recepción del centro visiblemente mareada. Su acompañante explica que tiene unos dolores de cabeza muy agudos y habían intentado llamar a Urgencias buscando una ambulancia, pero no lo habían logrado. Incluso de conseguirlo, nada asegura que el vehículo sanitario hubiera podido llegar a tiempo.

El caos vial se replica en los grandes nudos de la capital. En la calle de Bravo Murillo, los primeros agentes de la Policía Municipal de Madrid han comenzado a aparecer en torno a las 13.00 horas para comenzar a controlar el tráfico. Ya en el tramo entre las estaciones de metro de Canal y Quevedo, han sido los propios vecinos quienes se han colocado chalecos reflectantes y, con la ayuda de silbatos, han empezado a controlar por su cuenta el tráfico de vehículos. En la glorieta de Cuatro Caminos, el caos era mucho mayor a pesar de los esfuerzos de los agentes municipales, con grandes acumulaciones de personas intentando coger un autobús.

La preocupación por las consecuencias del apagón se entremezcan con las risas nerviosas y la reacción de incredulidad. Es lunes, pero en varias calles de Lavapiés, Legazpi y Embajadores parece sábado. Decenas de vecinos se arremolinan en círculos en las aceras próximas a sus viviendas, mientras comentan lo ocurrido o escuchan la radio en un transistor. Están también quienes, sin luz ni conexión, han optado por lanzarse a las terrazas de la capital. “Si no podemos hacer nada, al menos venimos a tomar algo y hablamos con las vecinas”, dice una joven sentada frente a una cerveza. Está sola, pero habla con los clientes del resto de mesas. “Por lo menos, esto sirve para dejar el móvil y mirarnos las caras”.

Con información de Marta Borraz, Lourdes Barragán, Nerea Díaz Ochando, Gabriela Sánchez y Laura Olías.

Miles de personas salen a la calle este sábado en toda España para exigir una solución a la emergencia residencial que acorrala a decenas de miles de familias. El grito es unánime de rincón a rincón. Bajo el lema “acabemos con el negocio de la vivienda”, los sindicatos de inquilinas convocan protestas en cuarenta ciudades con demandas claras: una bajada inmediata de los alquileres del 50%, recuperar los contratos indefinidos “para desarrollar proyectos de vida” que no se corten cada cinco o siete años, recuperar las casas vacías, turísticas o con arrendamientos de temporada, la prohibición de la compra especulativa de vivienda y la desarticulación de grupos de desalojo.

La convocatoria simultánea de este sábado supone la primera concentración estatal por el derecho a la vivienda, tras las protestas masivas que se han celebrado en todo el país en los últimos meses. El arranque esta mañana lo ha dado Málaga, donde la marcha arrancó a las 11.30 horas desde la plaza de la Merced y se replicará a lo largo del día por hasta cuarenta ciudades. Las últimas serán a partir de las 18.30 horas en Vàlencia y Ourense y en Vigo y Segovia a las 19h. “¿Dónde están, no se ven, nuestros departamentos de alquiler?”, claman desde la Capital de la Costa del Sol, donde el Sindicato cifró la asistencia de las anteriores manifestaciones en 25.000 y 30.000 personas y que este sábado llegaran hasta “barrios que no han podido evitar el destrozo”, como el Perchel Sur, el Bulto y Huelin.

En Madrid, los primeros cánticos ya azuzaban las protestas y señalaban por donde iría el foco de las reivindicaciones. “Los caseros nos roban el sueldo” o “especuladores, culpables. Gobiernos, responsables”, coreaban los más madrugadores. Un joven sostenía una pancarta que rezaba que “no faltan viviendas, sobran especuladores”. Más adelante, una mujer, megáfono en mano, denunciada que “el Gobierno dice que la vivienda pública es la solución, pero nos echan todos los días de viviendas públicas”. A su paso por la Gran Vía, una gran pancarta desplegada en uno de los edificios adelantaba: “Sareb, último aviso: negociación colectiva ya”. Aquí se han vivido los únicos momentos de tensión con la policía, cuando un grupo de agentas ha intentado detener a los encargados de lanzar la lona y se han producido conatos de cargas y lanzamientos de objetos.

Unas 15.000 personas han salido a la calle en la capital, según los primeros datos de Delegación de Gobierno, que los organizadores elevan a 100.000 personas. En Andalucía, se han sumado a las movilizaciones unas 3.000 personas en Sevilla y otras 4.000 lo han hecho en Granada, según fuentes de la Policía. En Málaga han sido 5.000, según la Delegación del Gobierno.

Las huelgas de alquileres “han venido para quedarse”

Desde las organizaciones por el derecho a la vivienda han hecho bandera de las huelgas de alquileres. “Cuando nos organizamos, somos indesahuciables”, advirtió la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, que enumeró la lucha de los bloques vecinales contra fondos buitres, “que han logrado bajar un 30% sus alquileres gracias a las huelgas” que “han venido para quedarse”. En Catalunya, han comenzado también una huelga de alquileres contra el mayor casero de la Generalitat, La Caixa.

“Empieza el fin del negocio de la vivienda, empieza una sociedad mejor, sin rentismo, sin esta estructura parasitaria que devora nuestros salarios y nuestros recursos”, insistió Racu, que hizo un llamamiento al medio millón de familias que terminan sus contratos de alquiler en 2025 “a quedarse en casa y resistir”. Actualmente, casi 1,4 millones de hogares destinan más del 30% de sus ingresos a pagar la renta, 200.000 familias más que hace una década.

Noel, de 25 años, comparte departamento en Tetuán. Paga 500 euros al mes por una habitación. “Me cobran demasiado, pero menos que eso, imposible”, lamenta el joven, que compagina estudios y trabajo. A unos metros, Laura camina con sus amigas Claudia y Raquel. Ella comparte con otras dos compañeras un departamento que se han ido pasando “de colega a colega”. “Por suerte, no nos han subido mucho el precio, pero estams viendo cómo suben por la zona. Además, estamos en contra de que la gente se enriquezca a costa de los derechos de los demás”, explica esta mujer de 28 años, que ve irrealizable llegar a vivir sola: “Creo que nunca me lo he planteado, porque nunca lo voy a poder conseguir. Por lo menos en Madrid”.

Ela tiene 84 años y se ha acercado este sábado a la cita madrileña por los jóvenes. Ella tiene la vivienda resuelta pero admite que las generaciones que la siguen “lo tienen muy crudo”. “No tienen estabilidad laboral, necesitan sueldos dignos que les permitan elegir entre comprar y alquilar”, exige.

Paula y Diego son la muestra de que la crisis de vivienda no solo afecta a quienes buscan un departamento para comprar o en alquiler. “Tenemos la suerte de tener un departamento en propiedad, pero no quiero que mi barrio sea un Airbnb gigante”, explican. Viven desde hace una década en el centro de Madrid y han visto el proceso de gentrificación de barrios como Chueca, donde “no queda ni una tienda de comestibles”. El Ministerio de Consumo ha detectado unas 15.000 viviendas turísticas ilegales en la capital. “El Ayuntamiento no ha hecho nada contra ellas”, comentan dos mujeres que contemplan el paso de la manifestación.

El grueso de las reivindicaciones parten este mediodía, en lo que los convocantes quieren que sea un grito coordinado y una muestra de que el problema de la vivienda es transversal, ante lo que consideran la inacción de las administraciones. En Logroño, unas 2.000 personas han salido a la calle para pedir al Gobierno de La rioja que “presione a rentistas y especuladores”, pero también actuaciones para que haya “pueblos vivos, con servicios, viviendas y trabajo”. En Murcia, cientos de manifestantes han recordado que “si pago el alquiler, no tengo para comer”.

“Si lo de la vivienda no se arregla, no funciona nada”, afirmaban por la tarde, en Barcelona, Isabel y Montse. “Los hijos no se van de casa porque no encuentran nada, pero mucha gente de nuestra edad que no es propietaria también tiene problemas”, añaden las mujeres, durante la marcha por la ciudad que frenó los desalojos de la Casa Orsola.

En Balears, donde piden ser “el foco” de las políticas de vivienda, había convocadas manifestaciones en Mallorca y Eivissa por la mañana y en Menorca, a las 18h. “Cada vez hay más personas afectadas por casos de desalojos”, señaló el portavoz de la PAH de Mallorca, Bel Abrams, que antes tocaba más a las hipotecas, pero ahora impacta más en los inquilinos. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2024, los desalojos crecieron un 3,4% y más de 27.500 familias se quedaron en la calle, el 74,6% por problemas relacionados con el alquiler.

En València, una columna humana, recorrió las calles desde el Ayuntamiento hasta la plaza de América al grito de “Mazón, atiende, València no se vende”, “queremos vecinas y no rentistas” o “le dicen solución a la especulación”.

En Donostia, miles de personas se han manifestado también con consignas com “rentistas y empresarios se llevan mi salario', 'nativa o extranjera, la misma clase obrera” y 'frente a la farsa institucional, vivienda gratuita y universal“. ”Ante el aumento del problema de la vivienda, de la preocupación de la ciudadanía y de la movilización social“, los partidos políticos ”están aprovechando este contexto para legitimar una serie políticas que no vienen a solucionar el problema de la vivienda, sino a financiar aún más el negocio inmobiliario“, ha denunciado la portavoz del Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria, Carla Pisano.

En Cantabria, el recien constituido Movimiento por la Vivivenda Digna, ha congregado en la plaza del Ayuntamiento de Santander a medio millar de personas, que han reclamado un parque público de vivienda y la expropiación de las casas vacías en manos de grandes tenedores, así como la limitación del precio de los alquileres.

La ministra “comparte” que la vivienda “no debe ser para especular”

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado este sábado que “comparte” la reivindicación de las personas que han salido a la calle para reclamar que “las viviendas deben ser para vivir y no para especular”. En un mensaje en la red social X, Rodríguez ha defendido que solo se logrará si “todas las administraciones” se comprometen por igual y ha pedido una “alianza de país”: “Con más viviendas, más ayudas y mejor regulación alzaremos el quinto pilar del Estado del Bienestar y garantizaremos el derecho constitucional a una vivienda digna”.

La ministra ha hecho un repaso de la acción del Gobierno en materia de vivienda, en la que, sin embargo, no se encuentra ninguna medida concreta destinada a prohibir o limitar la compra especulativa de inmuebles, como reclaman Sumar y Podemos. La única propuesta en esa línea es la de desincentivar, por la vía fiscal, la adquisición de inmuebles para no residentes extracomunitarios, que el presidente Pedro Sánchez anunció en enero. No obstante, Rodríguez ha defendido la ley de vivienda como el mecanismo para “intervenir el mercado” en “el corto plazo”. “A pesar de los pregoneros del apocalipsis, la regulación no ha frenado la construcción”, ha dicho, y ha señalado que los alquileres en las zonas tensionadas de Catalunya han bajado un 3,7% y hasta el 6,4% en Barcelona. Según el último índice de referencia para las actualizaciones de contratos, elaborado por el INE, aquellos que se actualicen en marzo podrán subir hasta un 2,1%.

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Requisitos y funciones para optar a uno de los 30 puestos en el centro de datos de RAS INTERIM en el pueblo de Ribatejada (Madrid)

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La designación de la española Eva María Carrasco Bañuelos por parte del Gobierno para hacerse cargo del Colegio Mayor Argentino en Madrid, institución histórica del Estado argentino, suma tensión entre las filas libertarias. A la irregular designación de una extranjera en un puesto político fuera del país, como ya anticipó elDiarioAR días atrás, trascendió ahora que la potencial funcionaria tiene que presentarse en los próximos días en Buenos Aires para completar la formalidad del cargo. Pero hay dudas en el oficialismo sobre cómo se costeará el pasaje aéreo, en medio de la política de ajuste mileísta y del slogan “no hay plata”.

Carrasco Bañuelos ya fue cuestionada por haber sido ungida en el cargo por ser la pareja del libertario alemán Philipp Bagus, quien tiene un vínculo muy estrecho con Javier Milei. Ahora se sumó una situación al borde de lo absurdo: en la Casa Rosada hay incertidumbre sobre quién le pagará el pasaje Madrid-Buenos Aires-Madrid. Desde Capital Humano, cartera que orbita sobre el Colegio Mayor, que depende de la Secretaría de Educación. Más allá de la incertidumbre, elDiarioAR supo que Carrasco Bañuelo estará en Buenos Aires el próximo lunes para confirmar su designación. Se reunirá tanto con Milei como con Sandra Pettovello.

Las objeciones por ese gasto surgieron tanto en Cancillería, que tiene injerencia funcional en el cargo, como en Capital Humano, cartera que formaliza la designación. Algunos funcionarios libertarios especulaban con que fuera el propio Bagus quien ofreciera hacerse cargo del trayecto aéreo de su pareja, como una devolución del favor que recibió. Pero esa definición no ocurrió. El valor del pasaje sería un quinto del primer sueldo de aproximadamente 6.000 euros que cobrará Carrasco Bañuelo. 

La orden de la designación llegó al ministerio de Pettovello directamente desde Presidencia, es decir de Javier y Karina Milei. Si bien el puesto depende de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, también la Cancillería -hoy con Gerardo Werthein al frente- suele tener alta injerencia. El caso suma al desconcierto entre diplomáticos por los desmanes que están ocurriendo en la Embajada argentina en Madrid. Aún se desconoce quién será el embajador luego de la salida de Roberto Bosch y el frustrado desembarco de Alejandro Alonso Sainz.

La laguna diplomática deja espacio libre para Alejandro Nimo, un funcionario de la Embajada en Madrid que se presenta en redes como cónsul general. Nimo, con vinculaciones pasadas con el peronismo y el PRO, se declaró en 2024 un cultor de la Escuela Austríaca y promotor de Bagus, luego de que éste agasajara a Milei en su paso por Hamburgo y escribiera un libro en honor del mandatario argentino.

El Colegio Mayor es una residencia universitaria con más de medio siglo de existencia y está ubicada en el este madrileño, en una zona verde y privilegiada. La función que le correspondería a Carrasco Bañuelo supone la administración del centro que depende del Estado argentino y la organización de actividades culturales. Lo inédito del asunto es que el Estado argentino pagará un sueldo mensual a una ciudadana española sin experiencia en la materia. elDiarioAR intentó comunicarse con Bagus y Carrasco Bañuelos, pero no hubo respuestas.

El Colegio Mayor lleva el nombre formal de «Nuestra Señora de Luján» y fue inaugurado el 22 de octubre de 1971. Forma parte de los 42 Colegios Mayores que integran la Ciudad Universitaria de Madrid. Adscripto a la Universidad Complutense, su edificio ha sido diseñado por los arquitectos Horacio Baliero y Carmen Córdova, según un dossier oficial publicado por el gobierno argentino en 2023 -es decir, bajo gestión del Frente de Todos-. Los orígenes del Colegio se remontan al año 1947, durante el primer gobierno de Juan Perón, año en el que se firma un importante protocolo entre Argentina y España con el propósito de fortalecer los lazos históricos y culturales que unen ambos países.

*Con la colaboración de Sebastián Lacunza

MC

El Partido Socialista español presentó un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para anular la medalla otorgada por la presidenta regional de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, al presidente argentino, Javier Milei, por considerar que fue concedida “en fraude de ley”.

En el recurso, el partido socialista (PSOE) argumenta que la distinción corresponde “única y exclusivamente a la cercanía política del distinguido con la presidenta de la Comunidad de Madrid y proponente de la distinción”, lo que consideran una “actuación de propaganda política partidista”.

Ayuso, que ha manifestado públicamente sus simpatías por Milei y su programa político, el pasado 21 de junio otorgó la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al presidente argentino durante una visita privada de este mandatario a la capital que causó una gran polémica.

Esa vista de Milei a España en junio fue la segunda tras la realizada a finales de mayo y en plena crisis diplomática de España con Argentina, después de que el Gobierno español retirara a su embajadora en Buenos Aires tras las críticas del presidente argentino al jefe del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y tachar a su esposa de corrupta.

De hecho, Ayuso fue la única autoridad española que recibió al presidente argentino durante sus dos visitas a Madrid.

A juicio de los socialistas, esa concesión “infringe absolutamente el principio de neutralidad y objetividad” de las administraciones públicas que se recoge en el artículo 103 de la Constitución Española.

“Interponemos el presente recurso para velar por la legalidad de las instituciones y frente a la utilización partidista y ventajosa de las Instituciones Públicas en contra de los valores y principios constitucionales”, apelan en el escrito firmado por varios diputados regionales.

La Comunidad de Madrid, ante las críticas y las advertencias de posible irregularidad en la condecoración, defendió que cumplían con la ley, que recoge que la Medalla Internacional se otorga como gesto de cortesía, reconocimiento y respeto de ciudadanos madrileños a los representantes de otros países y a los máximos dignatarios de organismos internacionales y de la Unión Europea.

Este cuestionamiento judicial en España tiene un antecedente reciente: el Instituto Liberal de Praga, un laboratorio de ideas, desmintió que haya entregado el 24 de junio último un premio al presidente Milei y aseguró que se trató de una fake news difundida por antiguos dirigentes que llevan años sin tener vínculos con esa institución.

JJD, con información de EFE

Alberto González Amado, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, –quien le acaba de entregar un cuestionado premio al presidente Javier Milei– continúa intentando llegar a un acuerdo con la justicia para evitar tener que ir a la cárcel, luego de que una investigación judicial descubriera que había defraudado al estado español por más de 350.000 euros.

La negociación entre González Amado, por una parte, y la Fiscalía y la Abogacía del Estado por otra derivó en un preacuerdo en el que la pareja de Díaz Ayuso, no solo admite, como en un primer momento, que defraudó al Ministerio de Hacienda de España por un valor de 350.951 euros en dos ejercicios sino que también se sirvió de una trama de facturas falsas para ejecutar el engaño.

En el escrito que plasma el principio de acuerdo, al que ha tenido acceso elDiario.es, la sentencia que acepta González Amador es de ocho meses de cárcel, lo que garantiza que no llegue a entrar en prisión. La decisión de PSOE y Más Madrid, como acusaciones populares, de solicitar a la jueza que amplíe la investigación frustró por el momento el acuerdo.

El preacuerdo incluye un primer punto con la descripción del engaño al erario público en el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 –año este en el que González Amador comenzó su relación con Díaz Ayuso– y un segundo que concluye: “Los hechos narrados son constitutivos de dos delitos contra la Hacienda Pública en relación con el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 del artículo 305.1 y 6 en concurso medial cada uno de ellos con un respectivo delito de falsedad en documento mercantil”.

La primera oferta de González Amador a la Fiscalía ya proponía ocho meses de cárcel y satisfacer las cantidades defraudadas y la multa correspondiente, pero no asumía el delito de falsificación de documentos. Ahora lo hace pero no conlleva que aumente la pena. El escrito recoge el acuerdo de Fiscalía, Abogacía del Estado (en representación de Hacienda) y las defensas de González Amador y el resto de acusados.

Nada se dice en el preacuerdo de las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid que, a primera hora de este lunes, presentaron un extenso escrito en el que solicitaban ampliar la investigación a cinco nuevos delitos. Esta iniciativa, consumada una hora antes del momento fijado para la declaración como investigado de Alberto González, quebró la posibilidad de pacto y obligó a la jueza a aplazar la vista.

Las partes que habían llegado al preacuerdo planeaban exponerlo en presencia de la jueza y que no se llegara a producir la declaración de González Amador y los otros tres investigados. A Madrid se habían desplazado los tres imputados de Arahal (Sevilla) y Alberto González Amador esperaba a sus abogados en un hotel próximo, atento a la señal para acceder al juzgado y suscribir la asunción de los delitos. Pasadas las 12 de la mañana, hora a la que retrasó la jueza la comparecencia, el preacuerdo se convirtió en papel mojado. Al menos de momento.

Ahora, la magistrada deberá estudiar el escrito de PSOE y Más Madrid y pedirá que se posicionen al respecto el resto de las partes, las mismas que ya habían acordado pactar una condena por tres delitos. Después, la jueza Inmaculada Iglesias adoptará una decisión sobre si sigue investigando o da por concluida la instrucción y eleva el acuerdo al tribunal. Su decisión podrá ser recurrida a la Audiencia Provincial. Aunque la jueza rechace la petición de la acusación popular, el caso no se resolverá hasta, mínimo, septiembre. Si acepta ampliar la investigación, su extensión en el tiempo es incalculable.

Ocho meses de cárcel que no cumpliría

El citado preacuerdo recoge que Alberto González Amador es responsable de los hechos descritos “en concepto de autor de todos los delitos” (dos de fraude fiscal y uno de falsificación). Acepta cuatro meses de cárcel por cada uno de los dos delitos de fraude fiscal y pagar un amulta del 40% de la cuota defraudada (60.000 euros por 2020 y 78.380,56 por 2021, así como la pérdida del derecho a recibir subvenciones o ayudas públicas o gozar de los beneficios o incentivos fiscales durante 18 meses.

El principio de acuerdo revela que la Agencia Tributaria liquidó el pasado 13 de mayo la deuda de González Amador, que de forma extemporánea, una vez descubierto por Hacienda, había ingresado 525.778,87 euros para evitar la investigación judicial.

Alberto González Amador dejó de ingresar 350.951 euros en concepto de Impuestos de Socidedades en los ejercicios 2020 y 2021, tal y como reveló elDiario.es, después de haber incrementado exponencialmente sus ingresos gracias a una comisión de casi 2 millones de euros de comisión en una compra-venta de mascarillas.

La obtención de la comisión fue facilitada por el presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, a través de su puesto en el consejo de administración de la empresa compradora. En su petición de ampliación de la investigación, PSOE y Más Madrid quieren ahondar en el papel del gigante de la sanidad privada y se preguntan si el dinero defraudado a Hacienda por González Amador sirvió para comprar el piso en el que vive con la presidenta madrileña y a cambio de qué unos empresarios ponen a su disposición el ático que hay justo arriba. Esos empresarios están relacionados a través de terceros con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención.

Como consecuencia, el preacuerdo incluye un apartado que especifica: “el fiscal y la Abogacía del Estado no se oponen a que se conceda la suspensión de las penas de prisión, por ser las condenas inferiorres a dos años, no constar antecedentes penales y estar satisfechas las responsabilidades civiles, condicionada la suspensión a no delinquir en el plazo de dos años”.

El texto también recoge las condenas para sus “cooperadores”: el mexicano Maximiliano Niederer para esos tres delitos y David Herrera Lobato –al frente de la trama ubicada en Arahal (Sevilla)– que respondería como “cooperador necesario” en relación con el delito contra la Hacienda Pública de 2021 en concurso medial con el delito de falsfificación en documento mercantil. Según el preacuerdo, la causa se archivaría para los otros dos investigados de Arahal.

¡Viva la libertad carajo! y ¡Fuera Milei! se ha podido escuchar a uno y otro lado de la Puerta del Sol la tarde de este viernes. El Presidente de Argentina Javier Milei ha vuelto a visitar de forma no oficial la capital para recibir la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid y otro premio del think tank ultraliberal Juan Mariana. 

Los partidarios del dirigente se han congregado sobre las seis de la tarde alrededor del vallado con el que se ha protegido la entrada de la Real Casa de Correos para poder verle y mostrar su apoyo. Junto a ellos, durante un par de horas, se han mezclado también algunos detractores, antes de que se convocara otra concentración paralela detrás de la estatua del oso y el madroño condenando la concesión de ambos premios.

“¡Milei, Presidente, España está contigo!” y gritos de emoción cada vez que hacía amago de asomarse en el balcón entre las decenas de personas que han ocupado parte de esta plaza céntrica madrileña. Se han visto banderas de España y de Argentina, camisetas de ambas selecciones y algún libro “El camino del libertario”, escrito por el dirigente de ultraderecha. La Presidenta de la Comunidad y Javier Milei, finalmente, han saludado a su público desde unos de los balcones, provocando vítores y abucheos por igual. 

“Hemos venido aquí a apoyarle, ¡no hay que darle tantas vueltas!”, recriminaba una de las asistentes. “Queremos demostrar que el conflicto diplomático es unilateral. Se lo ha inventado el presidente por alusiones a su mujer, que yo sepa no tiene ningún cargo institucional. Además, no sabemos cuánto va a durar, porque querían que pidiera perdón y eso no lo va a hacer”, explica más detalladamente otro chico, que porta una bandera argentina. A su lado, un grupo de turistas del país latinoamericano explica que se han acercado por curiosidad al enterarse de que estaba aquí su presidente. “Vengo aquí y después a Ferraz”, ha comentado un hombre, entrado en edad, al grupo con el que ha acudido. “Somos fachas, somos fachas eso dicen, que digan lo que quieran”, ha gritado otro al lado suya ante la presencia de algunos medios de comunicación.

Aunque las horas han pasado con tranquilidad a las afueras de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, se han visto algunos encontronazos con la prensa y entre partidarios y detractores del presidente argentino. “Fuera, sinvergüenza, no representas a los madrileños”, gritaba desde el mismo lugar un grupo de mujeres. “¿Venís a favor o en contra?”, se preguntaban en la parte trasera del tumulto. “Yo he venido para dejar constancia de que en Madrid no apoyamos esto. Es una vergüenza que a esta persona, después de insultar a nuestro Gobierno, la dejen entrar en España, ¿quién es Ayuso para darle una medalla en nuestro nombre?”, se pregunta una de las mujeres: “Ayuso se ha erigido como su hada madrina”, añade. 

Han sido momentos de breve confusión y mezcla de consignas hasta que la Policía ha desalojado a quienes no apoyaban al dirigente y les ha emplazado a situarse al otro lado de la plaza, en el comienzo de la calle Alcalá, para evitar que escalara la tensión. Ese ha sido el lugar elegido por la plataforma Argentinxs en Movimiento para expresar su rechazo a la  decisión de Isabel Díaz Ayuso de condecorar al líder latinoamericano. A este otro lado se han visto muchas banderas argentinas, alguna palestina, pañuelos verdes y  carteles con recortes de prensa sobre la represión en las protestas de Buenos Aires. “Llévate de aquí la motosierra”; “Milei, basura, vos sois dictadura” o “Milei Madrid te repudia”, han gritado varias decenas de personas. “Comunidad del odio” o “los juegos del hambre”, son otros de los lemas que se han podido leer. 

“Somos las argentinas que estamos absolutamente en contra de las políticas de Milei, que llevan al empobrecimiento del pueblo argentino,  a la limitación de todas las libertades y a la destrucción de la institucionalidad. Y nos parece una vergüenza que encima se le premio por ello”, ha explicado a elDiario.es Cecilia Denis, presidenta de la organización convocante, que también recuerda que se enteraron de esta condecoración hace apenas unos días. “Son dos premios los que se lleva hoy, uno de la Comunidad de Madrid, supuestamente en nombre de todos los madrileños, y otro que se le va a entregar ahora en el Casino, supuestamente por su defensa de la libertad, justamente cuando hace unos días se reprimió con violencia una manifestación pacífica en contra de su gobierno y se ha detenido a compañeros a los que quieren acusar de terrorismo”, y concluye Denis: “Hemos venido aquí porque es lo único que podemos hacer, por Milei y por el auge de la ultraderecha en el mundo”. 

DM

Activistas del grupo por los derechos de la mujer Femen protestaron hoy contra la visita a España del presidente Javier Milei frente al Casino de Madrid, donde el mandatario fue premiado por el Instituto Juan de Mariana en el marco de la Cena de la Libertad.

Como sucedió en mayo pasado, cuando el Presidente visitó la capital española, militantes feministas se manifestaron contra Milei. “Caviar y Fascismo”, fue una de las inscripciones que las jóvenes llevaron pintadas en el pecho.

“Al fascismo ni honor ni gloria”, pudo leerse en el cuerpo de otra de las tres militantes de Femen que se acercaron a repudiar las políticas del jefe de Estado argentino.

En tanto, mientras las manifestantes levantaban el puño y gritaban sus consignas, algunos de los presentes les contestaron con “libertad, libertad”.

El episodio concluyó cuando la Policía Nacional obligó a las activistas a salir de la zona ante el incremento de la tensión.

El mes pasado ocurrió una circunstancia similar frente a la embajada argentina en Madrid, donde Milei se reunió con empresarios, mientras que las militantes de Femen con el pecho al descubierto gritaban: “”Milei no es libertad, es fascismo“.

DM con información de agencia NA

El presidente Javier Milei aseguró hoy que el mandatario español, Pedro Sánchez, “no sabe” de economía a pesar de ser economista y dijo que “le gusta mucho” el Estado para “llevarse puesto a los españoles”.

En el marco de la ceremonia de premiación donde la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, le entregó la Medalla Internacional de la Comunidad madrileña, el jefe de Estado volvió a criticar al Sánchez. 

“Quiero contarles dos frases: una de von Mises y otra de Hayek. La de Mises dice que el conocimiento en economía lleva al liberalismo y la de Hayek dice que, si los socialistas entendieran de economía, no serían socialistas.

Y agregó: “Bueno, parece que una de las excepciones que hacen a la regla la tienen ustedes con el señor (Pedro) Sánchez, que a pesar de haber estudiado economía parece que no entendió, o le gusta mucho el Estado para llevarse puesto a los españoles”. 

En tanto, Milei elogió a Ayuso y volvió a reiterar su mirada acerca del socialismo en territorio español. “Tal como señalaba el presidente, en algún sentido, lo he dicho en otros discursos, nosotros venimos del futuro a contarles una historia que es deseable evitar. Es la historia del daño y la decadencia que causa el socialismo”, manifestó. 

En este sentido, el mandatario argentino, expresó: “Es por eso que quiero alertarlos sobre los riesgos y cómo funciona ese modelo. No es necesario llegar a una situación tan extrema como la que llegó Argentina”.

"Madrid es tan hermoso, no dejen que el socialismo les arruine la vida.

La actividad Milei en España continuará más tarde, cuando será premiado por el Instituto Juan de Mariana en el marco de la Cena de la Libertad en el Casino de Madrid, durante la Semana de la Libertad.

Durante esa ceremonia, está previsto que brinde un discurso de 30 minutos junto al profesor Jesús Huerta de Soto, y a otros referentes del ámbito académico.

DM con información de agencia NA

Contra lo que se espera, la estadía de Javier Milei en Madrid no tiene ninguna justificación institucional. El presidente argentino no se reunirá con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tampoco con el rey Felipe VI. Presentó su libro este viernes y se reunió el sábado con CEOs de empresas que miran con especial interés los ostentosos beneficios que otorgará en Argentina el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) si es aprobado en el Congreso. Milei tendrá un mano a mano con Santiago Abascal, presidente de Vox, y el domingo será el invitado estrella de “Europa Viva 24”, una cumbre de las ultraderechas a escasas semanas de la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo. 

El viaje de Milei ha sido precedido por tensiones diplomáticas de la Casa Rosada con La Moncloa. Hace un par de semanas, el ministro de Transportes español, Óscar Puente, sugirió que el presidente argentino “ingería sustancias”, declaraciones que el gobierno de Milei respondió a través de un duro comunicado en el que no sólo criticó a Puente, sino también al Sánchez. Este jueves, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, criticó las políticas del Presidente: “La gestión de Milei encarna un modelo negacionista que atenta contra la propia democracia”, dijo Morant, y subrayó que el gobierno del socialista español “combatirá este modelo siendo radicalmente la alternativa al negacionismo y al socavamiento de la democracia llevado a cabo por la ultraderecha y el seguidismo del Partido Popular”. 

Gerardo Pisarello, diputado de origen argentino de los Comunes y ex vicealcalde de Barcelona señala a elDiario.es la simbiosis entre Milei y su aliado Abascal: “El comunicado oficial de Presidencia argentina parece redactado de puño y letra por la gente de Vox, con el visto bueno de José María Aznar o de Isabel Díaz Ayuso. Más que un comunicado parece la tarjeta de invitación del propio Vox a una fiesta en la que Milei puede ser el principal animador, el showman, no sólo por sus formas violentas, sino porque es el más neoliberal del club y cumple de forma desenfadada con la agenda geopolítica de Estados Unidos para América Latina”. 

Antes de acudir a la cumbre de Vox, Milei primero presentó su libro El camino del libertario (Planeta) en el auditorio del diario La Razón. El libro debió ser retirado de librerías en España y fue reimpreso corregido, ya que la biografía en la solapa decía que el mandatario se graduó en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su doctorado en la Universidad de California. Pero Milei no estudió en la prestigiosa universidad pública y no es doctor. 

Aznar y el RIGI

La agenda del viaje de tres días de Milei a Madrid incluyó este sábado un desayuno con altos directivos de empresas españolas con fuerte presencia en Argentina, tales como Telefónica, Santander, BBVA, Mapfre e Indra, entre otras compañías. El encuentro tuvo lugar a puerta cerrada en la sede de la embajada de Argentina en Madrid. Hubo contactos previos en Buenos Aires que sirven de telón de fondo. El 25 de abril, según el registro de audiencias del Ministerio de Interior, el mandatario argentino recibió en su despacho al expresidente español, José María Aznar, junto a Germán Alcayde Fort, su exjefe de gabinete. Alcayde Fort preside el Instituto Atlántico de Gobierno y suele acompañar al político conservador en acciones de lobby con empresas. Es más, Alcayde Fort es consejero de Hidrógeno Verde Renovable, una multinacional española con interés en ese recurso.

El Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), dentro de la Ley Bases que se debate actualmente en el Senado argentino, es la principal vía que propone el actual gobierno para que se realicen inversiones en Argentina en condiciones privilegiadas para la explotación de recursos naturales. No exige encadenamientos de valor a nivel local ni la garantía de autoabastecimiento. El RIGI otorga un trato preferencial a los bienes importados por grandes empresas extranjeras, por eso no promueve la industria nacional.

Pisarello recuerda que los contactos de Aznar con Argentina tienen larga data. “En 2001 Aznar tuvo un papel importante como lobbista de grandes empresas y de grandes bancos españoles como el BBVA que vieron peligrar su situación como consecuencia del estallido social y, sobre todo, de las medidas que se derivaban del corralito (restricción al retiro de depósitos). Aznar fue una pieza importante para salvaguardar, con el visto bueno de la secretaría del Tesoro de EEUU, los intereses de algunas empresas que ya se habían beneficiado del festín privatizador impulsado por Carlos Menem en los 90. Aznar se ha convertido en lobbista de grandes empresas vinculadas al capital extractivista, sobre todo en el ámbito energético y la minería y sin duda en Argentina ha venido a mostrar su amplia predisposición para actuar como lobbista y permitir que ese discurso desregulador que plantea Milei pueda ser aprovechado por empresas con las que Aznar tiene un vínculo, algunas con presencia de capital español y otras simplemente grandes fondos de inversión o fondos buitre en los que EEUU tiene un rol clave”. 

Pisarello concluye: “Las multinacionales españolas están muy interesadas en el diseño final del RIGI. La visita de Milei a España apunta de modo pragmático a atraer a empresas multinacionales para que aprovechen este impulso privatizador. Sobre todo en energía y minería e hidrógeno verde”.  

Miguel Urbán, europarlamentario de Anticapitalistas y autor de Trumpismos, neoliberales y autoritarios, compara el antipatriotismo de Abascal con el de Milei. “En 2019, una delegación de Vox fue a la City de Londres para reunirse con directivos de los principales bancos de inversión y grandes empresarios y decirles que si ganaban en las elecciones de abril, les iría bien a ellos”, señala a elDiario.es. 

Elecciones europeas

Al ultra argentino lo une a Abascal la afinidad ideológica: los ataques al anticomunismo, el feminismo, las diversidades, los inmigrantes; la sumisión a los capitales extranjeros. El presidente de Vox le ofrece la alfombra roja a Milei en Madrid en la cumbre de las ultraderechas, un espectáculo para su campaña de cara a las elecciones para el Parlamento Europeo, que se realizarán entre el 6 y el 9 de junio. 

Urbán afirma que Vox, que está en crisis en España, puede ganar más escaños en el Parlamento Europeo: “Vox intenta jugar como cabeza de puente entre la ultraderecha eruopea y la latinoamericana. Ese papel de disputarse la representatividad de la extrema derecha de América Latina es neocolonial. Como en las elecciones europeas el voto es más libre e ideológico, Vox, que ahora tiene cuatro europarlamentarios, aspira a obtener ocho o nueve. La desaparición de Ciudadanos deja siete vacantes. En general, en las elecciones europeas la extrema derecha podría ganar en 9 de 27 países miembros del bloque, entre ellos, Francia e Italia”. 

Con todo, la presencia de Milei en el acto de Vox y la de sus pares ideológicos como José Antonio Kast (Chile), Marine Le Pen (Francia), Mateusz Morawiecki (Polonia) –Víctor Orbán (Hungría) y Giorgia Meloni (Italia) lo harán por vía virtual–, hacen de Madrid el epicentro del fascismo y despierta resistencias. La organización La Plaza Madrid, que nuclea partidos de izquierda, sindicatos y asambleas de vecinos ha realizado una manifestación este sábado a las 12.00 en Callao bajo el lema “la ultraderecha no es bienvenida”. Y el domingo, habrá otra protesta a las 11.00 en la Plaza de Colón. 

Un centenar de personas mostró este viernes por la noche su repudio ante la Embajada de Argentina en España, en la madrileña calle de Fernando el Santo, por el asesinato de las tres mujeres lesbianas en el barrio de Barracas de Buenos Aires el pasado 6 de mayo, y en protesta por el creciente discurso de odio hacia el colectivo LGTBI.

Las concentradas, en su mayoría mujeres, cantaron proclamas y llevaron pancartas en las que se leían lemas como “La heteronorma mata. El Estado es responsable. Las quemaron por lesbianas”; “Basta ya de odio hacia las personas LGTBIAQ+”; “Fue lesbicidio”; “Justicia” o “Ni una menos”.

La protesta, que coincidió con la celebración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, mostró su rechazo por los asesinatos de tres mujeres lesbianas –Andrea, Roxana y Pamela– el pasado 6 de mayo en el barrio bonarense de Barracas.

En la madrugada de ese día, un hombre de 67 años que ya las había increpado anteriormente por su orientación sexual, arrojó un cóctel molotov a la habitación del hotel en la que dormían cuatro mujeres de entre 42 y 52 años. Eso les provocó graves quemaduras en el cuerpo y tres de ellas fallecieron entre el día del ataque y el pasado 12 de mayo, mientras que la única superviviente, Sofía, aún permanece en el hospital.

Una de ellas,  Andrea Amarante, de 42 años, la última en fallecer, había sido sobreviviente de la tragedia de Cromañon, en 2004.

También activistas de Femen se han acercado este sábado por la mañana a la embajada, donde está previsto que el presidente Javier Milei mantenga una reunión con empresarios, para protestar contra el asesinato.

Discursos de odio

Los discursos de odio contra el colectivo LGTBO no vienen solo de la población. El jueves pasado el abogado de ultraderecha, escritor y biógrafo de Milei, Nicolás Márquez, brindó una entrevista en Radio Con Vos donde, entre otras polémicas declaraciones, aseguró que “cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad, como lo ha hecho hasta la aparición de Milei en escena, está incentivando una conducta autodestructiva”, como cuenta desde Buenos Aires nuestra compañera Mercedes López San Miguel.

En el Foro Económico Mundial, en Davos, el presidente argentino definió al feminismo como “una pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer”. De acuerdo al líder ultraderechista, “el libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos (….) en lo único que devino la agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darles trabajo a burócratas que no le aportan nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer u organismos internacionales dedicados a promover esta agenda”. En tanto la canciller Diana Mondino, aseguró no tener ningún problema con la homosexualidad de la misma manera que respetaba la decisión de cualquier persona de ser “piojosa”.

El fraude fiscal por el que está acusado Alberto González Amador tuvo su origen en comisiones de más de US$ 2.000.000 que la pareja de la presidenta de Madrid cobró por mediar en la compraventa de material sanitario durante los peores meses de la pandemia. La ingeniería contable que utilizó para ahorrarse los impuestos de esas operaciones ha derivado en la denuncia presentada por la Fiscalía en el juzgado a partir de un informe de la Agencia Tributaria. El fraude estimado por Hacienda suma US$ 383.189 y fue cometido en los años 2021 y 2022 cuando Alberto González Amador presentó las declaraciones de sus empresas sobre el impuesto de Sociedades. El comisionista está acusado de dos delitos de fraude fiscal y un tercero por falsedad documental.

Todo está escrito en la contabilidad que la firma Maxwell Cremona SL, propiedad al 100% de Alberto González, remitió a la Agencia Tributaria, que concluyó en la denuncia: de los 2,33 millones de euros que facturó en 2020 la principal empresa de González Amador, Maxwell Cremona, casi el 85%, 1.973.000 euros, procedieron, según explicó el empresario a Hacienda, de una única operación, un contrato por “intermediar” para la empresa española FCS en la compraventa de productos sanitarios, como guantes y tapabocas para la protección frente al coronavirus. 

La Agencia Tributaria, en un prolijo informe de 200 folios, fruto de una investigación que se ha extendido a lo largo de dos años, llama la atención sobre el secretismo del contrato aportado por González Amador, según el cual pactó ejercer como comisionista de FCS el 25 de enero de 2020, muchas semanas antes de que se desatase la crisis del coronavirus en España. La Inspección de Hacienda describe a la firma de la pareja de Díaz Ayuso como “un mero intermediario que se limitará a poner en contacto las dos partes que vayan a formalizar la compraventa de los productos” y destaca que “en ningún caso aparecerá ni como comprador ni como vendedor ni como parte del acuerdo”.

Fruto de ese acuerdo, supuestamente sellado en enero, el 5 de mayo de 2020 consta en el capítulo de ingresos de su empresa 834.320 euros bajo el concepto “comercialización de clientes” y la misma referencia figura el 5 de agosto de ese ejercicio para justificar otros 1.138.680 euros. El pagador de esa factura es la empresa que más material vendió a las administraciones públicas durante la crisis del coronavirus, FCS Select Products SL. Esta sociedad se dedicaba al marketing de bebidas alcohólicas hasta que encontró un nicho de mercado más rentable en plena crisis del coronavirus. Una de sus socias había sido condenada por estafa inmobiliaria. 

Entregas en momentos críticos de la pandemia

Según figura en la contabilidad aportada a Hacienda, FCS Select Products pagó a la empresa de la pareja de la presidenta de Madrid 1.973.000 euros en dos comisiones por venderle a la firma gallega Mape Asesores material sanitario por 42 millones de euros. Las entregas de guantes y tapabocas se produjeron en dos momentos críticos de la pandemia: los meses de mayo y agosto de 2020. Mape, la compradora del material, es otra empresa que también surtió de guantes y tapabocas a diferentes administraciones públicas. Entre sus clientes está la propia Comunidad de Madrid, que le ha adjudicado decenas de pequeños contratos en los últimos años.

El procedimiento para sellar la venta de tapabocas y guantes entre una empresa catalana y una gallega precisó, según la documentación aportada a la Agencia Tributaria, de un viaje a Nueva York de Alberto González Amador dos meses antes de que se decretase el estado de alarma en España, y de la actuación de varios intermediarios.

Se trata de otro detalle llamativo en estas negociaciones: que una empresa catalana para vender material a otra de Pontevedra tuviese que recurrir a Alberto González como comisionista y además se metiese por el medio una compañía radicada en Florida llamada IHD Inteconn.

El relato que hizo la pareja de Díaz Ayuso a Hacienda sobre el trabajo que llevó a cabo para cobrar esos dos millones de euros a cambio de lograr clientes para FCS es el siguiente: “Consistió en una intermediación para conectar a FCS con IHD Inteconn”, una firma radicada en Florida (Estados Unidos) “para llegar a Mape, potencial cliente final para FCS. Las actuaciones de promoción son conversaciones (videoconferencias, reuniones) mantenidas con las partes para proponer un negocio entre una empresa, FCS, que dispone de un mercancía que se estima será demandada en el muy corto plazo y MAPE, empresa consumidora de dicha mercancía. Tras múltiples conversaciones previas, finalmente el responsable de Maxwell [la pareja de Ayuso] mantiene una reunión presencial con Inteconn en New York los días 23 y 24 de enero de 2020, cerrando finalmente el acuerdo el 25 de enero de 2020”.

En el documento que supuestamente se firmó en enero de 2020, casi dos meses antes de que se decretase el estado de alarma FCS garantizaba a la pareja de Ayuso un porcentaje del 4,5% de todas las ventas que gestionase. Lo que se tradujo en casi dos millones de euros por dos operaciones en las que FCS, el proveedor catalán vendió a la firma gallega material por 42 millones durante 2020, el peor año de la pandemia. 

El pagador, FCS Select Product, fue finalmente el proveedor que más material vendió al Gobierno de España (con una facturación superior a 250 millones de euros) y el comprador, Mape Asesores, también contrató con distintas administraciones públicas. En la página web de esta última sociedad figuran como clientes además del Gobierno de Madrid, el de Galicia, empresas públicas como la Casa de la Moneda, multinacionales como Inditex o Renault y también el grupo Quirón Salud, para el que lleva varios lustros trabajando la pareja de la presidenta madrileña. 

El giro profesional de González Amador

El contrato de la empresa de González Amador con FCS supuso un giro profesional en la vida de la pareja de Díaz Ayuso. Hasta que estalló la crisis del coronavirus, Alberto González venía realizando servicios de consultoría y auditoría de sistemas de Gestión en certificaciones ISO, fundamentalmente, como consultor para el grupo Quirón. Hasta ese momento, esta empresa, propiedad de la multinacional alemana Fresenius (dueño de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid), era el “principal cliente” de la empresa del novio de Ayuso, según la denuncia de la Fiscalía.

Un portavoz de Quirón explicó, a preguntas de elDiario.es, que “Alberto González Amador lleva trabajando en consultoría y servicios de prevención laboral más de 25 años con distintas mutuas y clientes”. “Se incorporó como consultor externo en FRATER Prevención en 2003”. Y cuando en 2015 esta mutua fue adquirida por QuirónPrevención, “que no QuironSalud, otra empresa distinta a la gestora hospitalaria”, González Amador asumió “este y otros servicios”. 

Esta situación se ha mantenido “hasta la actualidad”, según este portavoz, que subraya que “todas las facturas aceptadas y pagadas siempre van soportadas por servicios prestados y contratos en vigor”. La misma fuente, que niega que Quirón tuviera constancia de la facturación irregular de Alberto González Amador denunciada por la Fiscalía, ha rechazado hacer más comentarios. 

El escrito de la Agencia Tributaria que llevó a la Fiscalía a presentar denuncia en el juzgado concluye que tras muchos años facturando a Quirón a través de su firma Maxwell Cremona, la pareja de Ayuso traspasó ese negocio a una segunda firma sin estructura ni trabajadores llamada Masterman and Whitaker. El movimiento llamó la atención de Hacienda que lo consideró otra maniobra de ingeniería financiera de la pareja de la presidenta madrileña puesto que se trataba de una sociedad instrumental incapaz de realizar los trabajos para la empresa de hospitales.

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso desde 2021, con quien reside en el centro de Madrid, defraudó a Hacienda 350.951 euros (US$ 383.189) entre 2020 y 2021 valiéndose de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla. Todo figura en la denuncia que la Fiscalía Provincial de Madrid presentó en el juzgado el pasado 5 de marzo tras recibir un informe de la Agencia Tributaria con las conclusiones de una investigación iniciada dos años antes. En las declaraciones presentadas en 2021 y 2022 Hacienda había detectado movimientos sospechosos de las sociedades de la pareja de la presidenta de Madrid por su enriquecimiento durante la pandemia.

El informe de la Agencia Tributaria atribuye a Alberto González Amador dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades por 155.000 euros en 2020 y de otros 195.951,41 euros el ejercicio siguiente. También le imputa falsedad documental por presentar facturas falsas a través de empresas externas con el objetivo de rebajar los beneficios extraordinarios de sus sociedades.

En total, sus compañías presentaron 15 facturas falsas por gastos ficticios que suman 1,7 millones de euros. Fue el método utilizado para desgravar gastos que nunca se realizaron, reducir los beneficios declarados al fisco y pagar 350.000 euros menos en impuestos durante dos anualidades.

Las sociedades investigadas, ambas 100% propiedad de la pareja de Ayuso, son Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente, que se dedica en realidad a prestar servicios sanitarios, y Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering, una firma sin empleados del sector de cosmética y farmacia, que Alberto González Amador adquirió a finales de 2020 y que, según Hacienda, utilizó para desviar parte de los beneficios millonarios logrados durante la pandemia.  

La denuncia de la Fiscalía se dirige además contra otras cuatro personas, acusadas de prestarse a emitir facturas a las empresas de Alberto González Amador. La conclusión de los servicios de inspección es que, de todos los gastos presentados, 1.748.580,63 euros corresponden a encargos simulados y actividades que no se llevaron a cabo. Albaranes de media docena de sociedades, españolas, pero también hay una mexicana y otra de Costa de Marfil que no tuvieron más función que la de servir a la pareja de Isabel Díaz Ayuso para defraudar al fisco.

Entre los acusados de estos delitos figura además un presunto empresario de origen mexicano llamado Maximiliano Eduardo Niederer González, que ejerce como nexo de dos de las compañías que emitieron facturas falsas a las empresas de Alberto González Amador: una de 620.000 euros a nombre de una firma mexicana llamada MKE Manufacturing SA fechada a finales de 2020, y otra por 922.585,63 euros que emite en 2021 la sociedad Gayani Ltd, con sede en Costa de Marfil.

El informe de la Agencia Tributaria concluye que hubo una “intencionalidad querida y buscada por Maxwell Cremona SL [propiedad de la actual pareja de Ayuso] de solicitar y utilizar las dos facturas que claramente son falsas o falseadas con la finalidad concreta de conseguir la pretendida reducción fiscal en los ejercicios en que incrementa de forma significativa los beneficios”.

Cuando fue interrogado por el servicio de inspección de Hacienda, en abril de 2023, Niederer negó en un principio conocer la empresa MKE Manufacturing SA, pese a que en las facturas aparecía su firma y su nombre. También descartó ser su representante y haber firmado ningún contrato con las compañías de Alberto González Amador. Seis días después, el empresario mexicano envió por su cuenta un escrito a Hacienda retractándose: en esa segunda comunicación alegó que había confundido la empresa por la que le preguntaba el inspector y afirmó que sí conocía a MKE Manufacturing, aunque aseguró que si aparece su nombre en algún contrato se debe a un “error involuntario” de la empresa, dado que él sí participó como representante en otros negocios de esa sociedad.

Además, la Fiscalía también denuncia a tres ciudadanos andaluces propietarios de otra media docena de sociedades que según Hacienda también contribuyeron a simular gastos para el entramado societario de la pareja de Ayuso por decenas de miles de euros. Se trata de dos hermanos y un tercer hombre, residentes todos en el municipio sevillano de Arahal.

La investigación comenzó a raíz de las declaraciones presentadas en 2021 y 2022 que reflejaban un incremento exponencial de la facturación de las empresas de la pareja de la presidenta madrileña a partir de 2020, el primer año de la pandemia. Ese ejercicio sus ventas se multiplicaron por más de seis, hasta 2,3 millones, según sus cuentas anuales. Pese a ello, ante Hacienda declaró solo 8.400 euros de beneficio, tras anotarse gastos que no se correspondían con la realidad.

En noviembre de ese ejercicio contabilizó una factura de 620.000 euros a la citada firma mexicana MKE Manufacturing, dedicada a la importación y exportación de alimentos. Factura que luego se intentó deducir pese a tratarse de servicios que, según pudo comprobar Hacienda, no se llevaron a cabo.

Así lo llegó a reconocer el propio Alberto González Amador a la Agencia Tributaria. Cuando ya tenía la inspección abierta, y tras tratar de regularizar su situación con el fisco en julio de 2023, intentó convencer a Hacienda de que esa factura se había anulado. Lo hizo después de que el pasado agosto las autoridades mexicanas confirmaran al fisco español que allí no les constaba ninguna factura emitida por MKE a Maxwell Cremona. 

En 2021, la empresa de Alberto González Amador facturó otros 1,3 millones. De ese ejercicio llamó la atención de la Agencia Tributaria la deducción de una factura de más de 900.000 euros emitida en junio de ese año para pagar supuestos encargos realizados por Gayani LTD en Costa de Marfil. La Agencia Tributaria ha concluido que también fueron trabajos simulados que tampoco se prestaron. De nuevo, cuando ya sabía que Hacienda le investigaba, y tras comprobar que los inspectores no admitían sus explicaciones, la pareja de Ayuso intentó convencer a la Agencia Tributaria de que esa factura se había anulado a posteriori.

Además de recurrir a terceros para justificar y deducirse gastos inexistentes para defraudar al fisco, la pareja de la presidenta madrileña también utilizó una empresa pantalla -“mera sociedad interpuesta” la llama la Agencia Tributaria-, que adquirió a finales de 2020. El informe de Hacienda define así el objetivo de esa operación: “Remansar fondos en favor de Alberto González Amador”. El mecanismo utilizado consistió en traspasar a esa empresa, Masterman and Whitaker, un contrato con uno de los clientes habituales al menos desde 2017 de su otra sociedad, a cambio de 600.000 euros (más IVA) en concepto de “Consultoría de Sistemas a clientes”. El problema fue doble según Hacienda: esa segunda firma, sin empleados ni infraestructura, carecía de medios para realizar los trabajos, y además el importe real facturado a ese cliente fue en realidad muy inferior, de 237.320 euros.

A ojos de la Agencia Tributaria, esa cesión “carente de sentido”, fue una “simulación” por la que esa sociedad interpuesta emitió “una factura ficticia”, por un importe estimado, que “no se corresponde con la realidad de la prestación acometida” y “sin que responda a la realidad de los servicios prestados”. El resultado, concluye la inspección de la Agencia Tributaria, es que Alberto González obtuvo una “ventaja fiscal inadmisible” para crear “de forma artificial, unas bases imponibles negativas a compensar en ejercicios futuros”. Haciendo así las cuentas, la nueva empresa se anotó ese año unas pérdidas de más de 222.000 euros. Con esa factura falsa, generó un gasto deducible con el que se apuntó un crédito fiscal a futuro para poder compensarlo con una desgravación fiscal cuando empezase a declarar beneficios.

Para que exista delito fiscal, además de que la cuota defraudada supere los 120.000 euros por ejercicio (como en este caso), es necesario que exista dolo: una voluntad consciente de defraudar a Hacienda que, según la Agencia Tributaria, en el caso de Alberto González Amador es evidente, porque existe engaño u ocultación. También habría falsedad contable, porque las cuentas de Maxwell Cremona no reflejan su verdadera situación financiera, aunque la Fiscalía ha decidido no denunciar por este delito que aparece siempre asociado al fraude fiscal.

Con su investigación cerrada, la Agencia Tributaria remitió el pasado 23 de enero sus conclusiones a la Fiscalía de Madrid para que presentase denuncia en el juzgado, cosa que el ministerio público hizo el pasado 5 de marzo. En ella se pide la imputación de Alberto González Amador y de cada uno de los supuestos empresarios que contribuyeron a la facturación falsa de su sociedad. En el caso de la pareja de la presidenta de Madrid se le acusa de tres delitos, dos de fraude fiscal y un tercero de falsedad documental.

Varios artículos de prensa se hicieron eco en la primavera de 2021 de la relación sentimental entre Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador, aunque sin precisar el momento en que había comenzado la relación. Desde hace meses la pareja convive en un piso del distrito de Chamberí, en el centro de Madrid, según ha podido comprobar elDiario.es. La vivienda, adquirida para el uso de la pareja el 27 de julio de 2022, está a nombre de Alberto González Amador. El piso tiene 183 metros cuadrados y está tasado en 837.893,61 euros, si bien el precio de mercado en la exclusiva zona donde está situado podría disparar su valor. La valoración que el portal Idealista hace de las viviendas en ese mismo edificio llega hasta 1.194.000 euros. Sobre el inmueble pesa una hipoteca de 500.000 euros a nombre del empresario.

Ni Alberto González Amador ni Isabel Díaz Ayuso han respondido a las preguntas planteadas por elDiario.es para elaborar esta información.