Los incendios forestales no solo destruyen bosques y fauna. También alteran la calidad del agua de ríos y arroyos. Un estudio analizó el impacto de las quemas ocurridas en 2021 en la región de Chubut, en el sur de Argentina, y detectó cambios en nutrientes, turbidez y composición química en arroyos de montaña. La investigación se centró en cuatro arroyos, donde se identificaron concentraciones de fósforo que llegaron a ser 17 veces superiores respecto de arroyos no afectados por los incendios.

La investigación fue realizada por un equipo de investigación del Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (Ciemep) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), en colaboración con investigadoras del laboratorio de Química de la empresa INVAP. El estudio incluyó el análisis de la dinámica de nutrientes de arroyos de cuencas quemadas durante 28 meses posteriores al incendio de 2021.

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Esta investigación destaca la importancia de comprender los efectos del fuego sobre ríos y arroyos de cabecera. Para evaluar los efectos del fuego, el equipo comparó cuatro arroyos afectados por las quemas con otros cuatro cursos de agua de características similares que no habían sido alcanzados por las llamas.

Yanina Assef, bioquímica, farmacéutica y doctora en el área de Ciencias Fisiológicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) es una de las autoras del estudio. La experta, en contacto con Mongabay Latam, afirmó que el incendio forestal de 2021 se originó cerca de las localidades de Las Golondrinas y El Hoyo, en la provincia del Chubut, y afectó más de 13 000 hectáreas de bosque de la Patagonia. Assef dijo que estas quemas provocaron importantes pérdidas ambientales, incluyendo extensas áreas boscosas y fauna silvestre, pero también afectó los cuerpos de agua cercanos.

“Todos los efectos [post incendios] pueden tener consecuencias sobre los ecosistemas acuáticos tanto inmediatas como a largo plazo. Por ejemplo, la intensa escorrentía de sedimentos puede tener graves consecuencias para la biota fluvial, incluyendo peces, macroinvertebrados y perifiton [una compleja comunidad de microorganismos]”, detalló Assef. La experta añadió que los aumentos de temperatura que pueden observarse como consecuencia de la reducción de la sombra por las riberas quemadas también pueden tener efectos negativos sobre estas comunidades acuáticas.

“Y el aumento de nutrientes, como fósforo y nitrógeno, puede favorecer un crecimiento excesivo de algas y bacterias, alterando el equilibrio del ecosistema y pudiendo afectar toda la cadena trófica”, dijo Assef.

La investigadora detalló que, durante este período inicial, las concentraciones de fósforo en los arroyos estudiados llegaron a ser hasta 17 veces más altas que las de los cauces donde no hubo afectaciones por los incendios. “Posteriormente, a medida que los niveles de fósforo comenzaron a disminuir, observamos un aumento sostenido y muy importante de los compuestos nitrogenados, especialmente de los nitratos, una tendencia que se mantuvo hasta el final del estudio”, resaltó Assef.

Según el estudio, el crecimiento de nitratos tras un incendio implica una alteración severa del ciclo del nitrógeno en el suelo. Se manifiesta a corto y mediano plazo debido a la rápida descomposición de restos orgánicos, la muerte de microbios y la acción de bacterias nitrificantes sobre el amonio liberado por el fuego. Los nitratos son altamente solubles. Tras las lluvias, son arrastrados fácilmente hacia ríos o acuíferos.

Hallazgo de metales pesados

El estudio también detectó un incremento inicial de algunos metales pesados, incluso en zonas no alcanzadas directamente por el fuego. Los investigadores explicaron que esto podría estar relacionado con el transporte de partículas generadas por la combustión a través del viento.

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“Además del fósforo, que aumenta inmediatamente después del incendio junto con los sedimentos transportados por la corriente de agua, se notan aumentos muy importantes en el nitrógeno -amonio y nitratos y nitritos-. Estos compuestos nitrogenados aumentan luego de uno o dos años de ocurrido el incendio, no inmediatamente”, resaltó a Mongabay Latam Cecilia Brand, bióloga, doctora en Ciencias Naturales, docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y miembro del Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (Ciemep) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

La experta, que también es una de las autoras del estudio, dijo que detectaron también alteraciones de las condiciones fisicoquímicas -sólidos transportados, conductividad, deposición de sedimentos y concentración de nutrientes- y, luego, que estos cambios alteran los organismos vivos del ecosistema, principalmente microorganismos e invertebrados.

La bióloga detalló que estos cambios pueden generar consecuencias a largo plazo sobre los ecosistemas acuáticos, al modificar las cadenas alimentarias y afectar potencialmente la calidad del agua destinada al consumo humano. Además, remarcó que el monitoreo permanente de ríos y arroyos resulta fundamental para detectar impactos ambientales y desarrollar estrategias de conservación frente al avance de los incendios forestales.

“Las poblaciones que viven en zonas que han sufrido incendios forestales, en general ven comprometidas sus fuentes de agua. Suelen ser zonas rurales que tienen tomas de agua superficial en arroyos. En estos casos, es importante tomar conocimiento de lo que atraviesa el arroyo hasta el punto de la toma de agua”, dijo Brand. La bióloga añadió que los efectos pueden ser inmediatos, como sedimentación o colmatación de filtros, que son muy evidentes, pero otros como el aumento de nutrientes, que resulta en crecimiento de bacterias y algas, son menos evidentes y requieren análisis específicos.

Agua para consumo humano bajo observación

La principal recomendación que lanza Brand para quienes consumen agua de arroyos que drenan zonas incendiadas es que se pueden observar aumento de bacterias desde los primeros meses posteriores al incendio hasta años después. “Sería importante que se realicen análisis periódicos para detectar la presencia de bacterias y en lo posible tomar precauciones antes de consumirla”, dijo.

“Más allá de eso, es importante preservar los ecosistemas acuáticos hasta su recuperación después de un incendio. En este sentido, recomendamos no intensificar otras actividades que también puedan ocasionar aumentos en nutrientes, por ejemplo, desagües cloacales y pastoreo intensivo, ya que pueden agravar la situación en ríos y arroyos”, resaltó Brand.

Mientras, Assef destaca que, si bien la magnitud y la duración de estos efectos dependerán de las características de cada cuenca, como el tipo de suelo, el clima y la hidrología, es esperable que se observen respuestas similares en otros ecosistemas de la región afectados por incendios.

“Lamentablemente, dos importantes incendios ocurridos en el Parque Nacional Los Alerces durante los veranos de 2024 y 2026, generaron una nueva oportunidad para ampliar este trabajo e incorporar otras cuencas a nuestros estudios”, dijo Assef. La experta agregó que esta investigación se encuentra actualmente en curso y permitirá evaluar si los patrones observados hasta ahora se repiten en distintos ambientes, además de mejorar la comprensión sobre los efectos y la recuperación de los ecosistemas acuáticos después de grandes incendios en Patagonia.

Un problema ambiental poco estudiado

El estudio remarca que, aunque los incendios forestales representan uno de los principales disturbios que afectan a la región de la Patagonia y provocan severas consecuencias sociales, económicas y ambientales, el impacto de estos eventos sobre la calidad del agua sigue siendo un aspecto poco estudiado, tanto en la Patagonia como en Argentina en general.

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“Iniciamos el trabajo de campo en junio de 2021, apenas dos meses después de que el incendio fuera extinguido, y desde entonces hemos mantenido un monitoreo continuo que se extiende hasta la actualidad, aunque el artículo publicado muestra resultados de los primeros tres años”, explicó Assef.

Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina y quien no participó del estudio, explicó a Mongabay Latam que cuando existen incendios se pierde la cobertura vegetal, lo que conlleva al aumento de la erosión del suelo, lo que, a su vez, aporta mayor cantidad de sedimentos a los arroyos, quebradas y ríos. Además, dijo que las quemas provocan aumentos de bacterias y eso perjudica a las comunidades ribereñas.

“Hay una sobrecarga de nutrientes –fósforo, nitrógeno y potasio- que quedan expuestos en el suelo y con las lluvias y el viento pueden llegar a los cuerpos de agua, lo que aumenta la hiperfertilización. Eso genera cambios en la microbiota de las aguas”, dijo Jaramillo.

El director general de la ONG añadió que los efectos de los incendios forestales en los ecosistemas acuáticos de la región patagónica varían según la extensión y la severidad del fuego, las dimensiones del arroyo, la topografía y el tipo de cobertura vegetal. Agregó que los incendios más recientes, como los que ocurrieron en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, en 2024 y 2026, sugieren la oportunidad de continuar estudios.

Afectación severa

Desde Bolivia, Mónica Guzmán Rojo, hidrogeóloga con doctorado en Ciencias de la Ingeniería por la Vrige Universiteit Brussel. profesora e investigadora de la Universidad Católica Boliviana (UCB), sede Santa Cruz de la Sierra, afirmó a Mongabay Latam que los incendios forestales destruyen la capa vegetal, lo que aumenta la degradación de suelos y provoca inundaciones y erosión de la tierra.

“Al no haber capa vegetal, ésta no actúa como filtro y el agua discurre por las laderas arrastrando material, como cenizas y lodo, producto de las quemas, que acabaron en los ríos amazónicos [en Bolivia]”, detalló Guzmán Rojo, quien no participó del estudio.

La experta aclaró que los incendios provocan desastres en cuerpos de agua visibles, como ríos, arroyos y quebradas, pero también a aguas subterráneas, que no son detectables a simple vista. “Las recargas naturales de agua son producto de los procesos de lluvia y los incendios hacen variar el ciclo de lluvias, cambian los suelos, modifican los procesos de filtración y cambia la transpiración”, dijo Guzmán Rojo, quien añadió que “tenemos un efecto mucho más severo del que se esperaría solamente de las lluvias”. “Tenemos que ponerle mucha atención al agua subterránea, que, aunque no la vemos con el tiempo, será cada vez menos”, añadió.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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A partir del próximo miércoles 1º de julio, las tarifas de los servicios públicos y las prestaciones privadas sufrirán un nuevo ajuste en sus valores. Este incremento se correlaciona con la inflación del 2,1% registrada en mayo y sumará presión al índice de precios del próximo mes, poniéndole un límite a la desinflación.

A continuación, el detalle rubro por rubro de cuánto costará cada servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto del país.

Tarifas de servicios públicos: Luz, gas y agua

Los entes reguladores ya convalidaron los nuevos cuadros tarifarios que impactarán en las boletas del próximo mes de la siguiente manera:

Nuevo cuadro tarifario del transporte público

El transporte registrará variaciones en todas sus modalidades en el AMBA, con fuertes subas en colectivos, trenes y subterráneos.

Colectivos en CABA y Provincia de Buenos Aires

Subtes y Trenes

Peajes y Verificación Técnica Vehicular (VTV)

Moverse en auto particular también será más caro a partir de julio, tanto por los accesos como por los controles obligatorios:

Aumentos en contratos de alquiler

El impacto de las actualizaciones de las locaciones de vivienda variará según el tipo de contrato vigente:

Prepagas, colegios privados y telecomunicaciones

Los servicios regulados del ámbito privado también confirmaron sus respectivos esquemas de ajuste para el inicio del mes:

El viento del altiplano ruge con una fuerza implacable por las faldas del Tata Poquis, un cerro sagrado que supera los 4500 metros sobre el nivel del mar, en la Región de Antofagasta, en el norte de Chile. En esta cumbre árida donde el oxígeno escasea, nacen las vertientes subterráneas que sostienen la existencia de la comunidad indígena lickanantay de Toconao.

Para ellos, esa agua pura que brota y se encauza de forma natural por los pliegues de la cordillera hasta transformarse en el río Jere es una arteria hídrica vital que no solo los abastece a ellos, sino que hace posible la ganadería de altura y un oasis frutícola único en medio del desierto más seco del mundo.

El 20 marzo de 2026 la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) —el órgano central encargado de administrar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) — decidió dar luz verde al proyecto “Prospecciones Aida” de Minera Plata Carina SpA. La decisión contradice la postura de la Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta, que lo había rechazado originalmente en enero de 2025.

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Con una inversión estimada de 1.1 millones de dólares, el proyecto consiste en la ejecución de ocho sondajes mineros de perforación diamantina para recolectar muestras de roca y evaluar el potencial de minerales de plata de alta ley o alta calidad en la zona. El expediente oficial del proyecto fue ingresado al SEIA en 2023 bajo una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un trámite simplificado donde la propia empresa declara que no generará daños graves. De acuerdo con ese documento, las faenas proyectan una duración de ocho meses y contemplan la apertura de caminos de acceso, un campamento temporal y piscinas de decantación.

La aprobación ambiental del SEA desató una batalla legal que escaló rápidamente hasta el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, donde la Asociación Indígena de Regantes y Agricultores de Toconao, junto a dos personas de la misma comunidad, presentaron dos reclamaciones en contra de la Dirección Ejecutiva del SEA. Solicitaron dejar sin efecto la resolución que calificó favorablemente al proyecto.

Para la comunidad de Toconao, la preocupación por el proyecto minero tiene que ver con la supervivencia. “Nosotros no frenamos el desarrollo, de hecho, hemos llegado a complejos acuerdos con entidades del Estado de Chile por la explotación del litio en el Salar de Atacama, pero nuestra línea roja de resistencia era que no nos tocaran las cabeceras de cuenca que utilizamos para vivir”, dice Leticia González, ingeniera agrónoma e integrante de la comunidad de Toconao.

Mongabay Latam se comunicó vía correo electrónico con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para conocer su versión, pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.

La ofensiva legal tuvo un primer triunfo cuando el Tribunal Ambiental de Antofagasta paralizó provisionalmente las faenas en mayo. Sin embargo, el mismo tribunal levantó luego la medida cautelar en una votación dividida. Ante este revés, Toconao interpuso un recurso de reposición para exigir una audiencia pública.

La defensa de las aguas

“Realmente nos parece que hay un desconocimiento grande de las realidades territoriales [por parte] de los organismos que operan desde la capital del país. Ellos no saben cómo se vive y lo que uno elige vivir en estos territorios”, señala González.

Toconao está ubicado a 2400 metros de altitud, pero su existencia depende del sistema hídrico situado a 4500 metros sobre el nivel del mar, en pleno altiplano de la región de Antofagasta. A diferencia de los centros urbanos costeros o de las grandes operaciones mineras del norte chileno, la localidad no posee plantas desaladoras ni pozos de extracción profunda; el suministro proviene del agua que brota de la montaña, transformándose en el río Jere.

Este caudal es el motor de un oasis agrícola en el desierto atacameño, donde la comunidad cultiva variedades de papas, porotos y maíz, además de mantener huertos de olivos, damascos, granadas, membrillos, peras y cítricos que se abastecen exclusivamente de los caudales del río Jere. La eventual alteración de este flujo hídrico afectaría tanto a estos cultivos de subsistencia en la zona media como a la ganadería camélida que las familias practican en las vegas altas, áreas adyacentes al proyecto de exploración.

La microbióloga y experta en salares Cristina Dorador coincide en la fragilidad extrema de este ecosistema y advierte —a través de sus redes sociales— que el Salar de Tara es uno de los pocos que no presenta intervención directa humana, por lo que sus condiciones han permanecido estables en el tiempo. Dorador detalla que en este entorno existen bofedales, ecosistemas donde la tierra se encuentra cubierta de agua dulce de manera permanente o temporal. Hacia el fondo de la cuenca, aquellos bofedales se van salinizando hasta formar la laguna hipersalina y el salar.

Este ecosistema, protegido como Sitio Ramsar y parte de la Reserva Nacional Los Flamencos, es además un área crítica para la nidificación de las tres especies de flamencos que habitan en Chile: el chileno (Phoeniconaias chilensis), el James o parina chica (Phoenicoparrus jamesi) y el andino o parina grande (Phoenicoparrus andinus).

Sin embargo, la ejecución de las plataformas y los ocho sondajes de diamantina —el método de perforación para extraer muestras de roca del subsuelo— se proyecta justamente en las cabeceras de agua de este sistema hidrológico.

Para la comunidad lickanantay, el impacto de estas obras no solo implica la pérdida de caudales, sino también la alteración de un patrimonio medicinal que crece de forma exclusiva en los pisos ecológicos de la puna y el tolar. Especies como la tola, la chachacoma y la chuquicandia —una planta de la familia de las asteráceas utilizada tradicionalmente para afecciones respiratorias— son recolectadas en la zona para ceremonias de pago a la tierra y al agua.

González enfatiza que estas especies dependen estrictamente de las condiciones de presión y suelo de la altura, por lo que su restauración o traslado a laboratorios e invernaderos es inviable si las plataformas mineras intervienen en su hábitat original.

“Es un tesoro patrimonial de la humanidad que tenemos que proteger”, concluye Dorador, sintetizando un diagnóstico donde la memoria comunitaria y la ciencia llegan a la misma conclusión.

Mongabay Latam se comunicó vía correo electrónico con Minera Plata Carina SpA para conocer su postura ante estos impactos señalados por la comunidad, pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.

Crónica de una pelea judicial

El conflicto por el proyecto de exploración minera se trasladó a los tribunales, abriendo un proceso legal en el norte de Chile. El pasado 13 de mayo, la comunidad de Toconao obtuvo una primera resolución a su favor cuando el Primer Tribunal Ambiental dictó una medida cautelar y ordenó la paralización del proyecto “Prospecciones Aida”, tras considerar los antecedentes presentados sobre el riesgo hídrico en la cuenca.

Sin embargo, 13 días después la situación jurídica cambió. La Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) —organismo público de carácter técnico encargado de unificar los criterios y administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile—, junto a los representantes de Minera Plata Carina SpA, solicitaron la revisión de la medida. El 26 de mayo, el tribunal levantó la paralización que mantenía frenadas las obras, dejando a la empresa habilitada legalmente para iniciar los sondajes de prospección.

La representación legal de la comunidad lickanantay respondió de forma inmediata para revertir la resolución.

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El 1° de junio, el abogado de la comunidad, César Bravo, interpuso un recurso de reposición con el objetivo de congelar nuevamente las operaciones de exploración y cuestionó los procedimientos judiciales del dictamen.

“Nos tomó por sorpresa el levantamiento de la medida cautelar, la cual consideramos que fue resuelta entre cuatro paredes”, afirma Bravo.

Para el abogado, una resolución de tal impacto técnico y territorial no puede tomarse a puertas cerradas. “Solicitamos de manera urgente que esto se discuta en una audiencia pública donde se escuche a ambas partes”, exige Bravo. Asimismo, advierte que levantar la medida cautelar pasa por alto el principio preventivo: “La esencia de la normativa ambiental es precisamente prevenir daños y afectaciones, y eso es lo que buscamos resguardar a través de esta medida cautelar”.

Leticia González, que también es coautora de una de las reclamaciones judiciales, detalla la preocupación de las familias al enterarse de la noticia por redes sociales. “Para los comuneros, que las decisiones se tomen en un edificio en la capital de Chile demuestra un desentendimiento total de la geografía humana del norte, donde un error técnico a 4500 metros de altura puede sepultar la supervivencia de un pueblo entero”.

En 2019, Minera Plata Carina SpA —filial de la corporación canadiense Endeavour Silver Corp— planificaba la ejecución del proyecto “Cerro Márquez” en la Región de Arica y Parinacota, en el extremo norte de Chile. Este contemplaba 38 sondajes para buscar minerales de alta ley o alta calidad en un cerro considerado sagrado (Mallku) por las comunidades locales.

En septiembre de 2020, la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por las comunidades aymaras de Timar, Cobija y Ticnamar, y determinó que, en virtud de los principios preventivo y precautorio, la envergadura de las faenas en tierras de ocupación ancestral implicaba un riesgo para los recursos hídricos y las comunidades afectadas.

Por lo mismo, la Corte Suprema ordenó a la empresa ingresar su proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pero tras el fallo, la empresa desistió del proyecto.

Mientras tanto, en las calles del pueblo de Toconao, los carteles de rechazo al proyecto “Prospecciones Aida” siguen colgados, recordando a los visitantes que los habitantes lickanantay están dispuestos a defender el origen de su agua hasta las últimas consecuencias.

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Mientras los glaciares de los Andes centrales se reducen a un ritmo sin precedentes, en Santiago, la capital chilena, se reactiva un viejo engranaje burocrático. El pasado 14 de abril, el ministro de Economía y Minería de Chile, Daniel Mas, y el secretario de Minería de Argentina, Luis Enrique Lucero, acordaron retomar las sesiones de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera, un pacto que busca abrir proyectos mineros en la alta cordillera para operaciones transnacionales.

En palabras simples, este acuerdo —firmado originalmente en 1997— crea un territorio que borra los límites fronterizos tradicionales. A través de los llamados Protocolos Adicionales Específicos (PAE), el tratado aplica normas especiales para que las empresas exploten yacimientos conjuntos y coordinen su logística, permitiendo que las compañías operen en las altas cumbres como si ambos países fueran uno solo.

Desde el Ministerio de Minería de Chile confirmaron a Mongabay Latam que el gobierno del presidente José Antonio Kast se ha propuesto reactivar la agenda de trabajo de este acuerdo de 1997, para lo cual retomarán formalmente las sesiones de la Comisión Administradora Binacional el próximo 7 de julio en Buenos Aires.

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De acuerdo con la cartera, el tratado busca facilitar sinergias para proyectos fronterizos aprovechando la experiencia e infraestructura chilena, especialmente entre las regiones de Atacama y Valparaíso (norte y centro del país), lo que abre “la posibilidad concreta de avanzar en colaboración estratégica, en transferencia de conocimiento, apoyo logístico y comercio exterior” para impulsar inversiones que generen empleo local.

Para la sociedad civil y la comunidad científica, este reimpulso es una señal de alerta.

Según el geógrafo argentino Marcelo Giraud, los proyectos de minería binacional enfrentan una colisión inevitable con la naturaleza. Debido a que las vetas de mineral se concentran en las cumbres más altas de los Andes —justo en el límite internacional—, las áreas de concesión suelen incluir y superponerse con glaciares descubiertos (masas de hielo blanco expuesto), cubiertos (capas de hielo protegidas por sedimentos) y de escombros (estructuras de roca mezcladas con hielo subterráneo), además del ambiente periglaciar. Al quedar atrapados dentro del polígono de operación industrial, estos cuerpos quedan directamente expuestos a la destrucción.

Intervenir estas zonas, agrega Constanza Espinosa, directora de la Fundación Glaciares Chilenos, impactaría sobre el suministro básico de agua. “Más del 70 % de la población de Chile se abastece con agua proveniente de glaciares ubicados en la cordillera. En un contexto de crisis climática, estos sistemas funcionan como un seguro hídrico natural”, asegura.

“Un tratado suscrito a fines de los 90, y cuya última modificación fue en 2001, no está en concordancia con los cambios que han ocurrido en los últimos 25 años en materia regulatoria, como tampoco en el territorio mismo”, agrega Flavia Liberona, directora ejecutiva de la ONG chilena Fundación Terram.

¿Qué está en juego en las altas cumbres de los Andes tras la reactivación de este tratado binacional?

Tratado minero: el agua de las cuencas en la balanza

Para los investigadores, lo que se arriesga en la alta cordillera no radica en las líneas divisorias de los mapas, sino en la intervención de un ecosistema clave bajo el suelo. Álvaro Ayala, glaciólogo e investigador del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), explica que en el norte de Chile y el área de la provincia de San Juan en Argentina, el valor hídrico fundamental se encuentra en estructuras ocultas, como los glaciares de roca y el ambiente periglaciar. Este último corresponde a las áreas de alta montaña donde el suelo permanece congelado —fenómeno conocido como permafrost— y donde el hielo se esconde mezclado con rocas y tierra.

En estas zonas extremas, el entramado subterráneo funciona como un gigantesco regulador hídrico natural, atrapando el agua de las escasas lluvias y nevadas para liberarla gradualmente. “Toda la lluvia y nieve que se derrite y se acumula ahí va quedando en el suelo, se congela debido al clima frío y después se va liberando poco a poco”, detalla Ayala. En periodos normales, su flujo es menor que el de los ríos superficiales, pero su valor se vuelve absoluto en épocas de escasez de agua.

Al respecto, Giraud, quien es integrante de la Asamblea Popular por el Agua (asamblea de vecinos autoconvocados en la provincia de Mendoza por la defensa de los bienes comunes y especialmente del agua) aporta un dato crítico para dimensionar el riesgo: “Varios equipos de investigadores argentinos y chilenos han demostrado que en las regiones áridas andinas, en contexto de megasequía como la registrada a partir de 2010, las reservas estratégicas que constituyen los glaciares y el ambiente periglaciar pueden aportar más del 50 % del caudal de los ríos, amortiguando el impacto negativo de la escasa precipitación”.

Tanto Ayala como Giraud coinciden en decir que intervenir estos cuerpos de agua destruye la “cuenta de ahorro” que entregan los glaciares.

A esta alerta se suma el diagnóstico técnico sobre los impactos de la minería pesada en las altas cumbres. Espinosa, de la Fundación Glaciares Chilenos, detalla que las amenazas van desde la remoción física del suelo y la construcción de infraestructura —que afectan directamente a glaciares y ambientes periglaciares— hasta la intervención de glaciares rocosos, cuerpos que muchas veces son invisibles o poco conocidos en las evaluaciones.

A esto se suma el uso intensivo y la potencial contaminación química del agua, un factor que golpea severamente la calidad y disponibilidad del recurso. Espinosa enfatiza en el impacto del material particulado en suspensión, que al depositarse sobre el hielo cordillerano acelera su proceso de derretimiento. Para la experta, el escenario de crisis climática actual no resiste estas presiones extractivas adicionales, pues los hielos que ya retroceden pueden acelerar su pérdida de cobertura de forma irreversible.

“El riesgo no es solo ambiental, sino también social”, advierte la investigadora, subrayando que estas afectaciones comprometen de manera directa la seguridad hídrica de las comunidades que dependen de estas fuentes de agua.

Dudas en la protección legal

El diputado argentino Esteban Paulón, del Bloque Unidos, advierte que la reactivación del tratado binacional dinamizará capitales privados bajo marcadas diferencias institucionales: “Hay un marco de asimetría entre los requisitos ambientales. El monitoreo, en el caso de Argentina, va a recaer en los gobiernos provinciales, y en el caso de Chile va a seguir en manos del gobierno nacional”.

Esta descentralización del control se volvió crítica tras la aprobación de la reforma a la Ley de Glaciares en Argentina. Giraud explica que la normativa original protegía de forma homogénea a todos los glaciares basándose en criterios científicos unificados por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), pero los cambios introducidos permiten ahora a las provincias objetar dicha protección alegando que ciertos cuerpos de hielo podrían no ser una “reserva hídrica estratégica”, un concepto que la ley no define.

“Si un gobierno provincial considerara que no son estratégicos, podría ordenar al Ianiglia que los elimine del Inventario Nacional de Glaciares y permitir allí actividades mineras, hasta incluso destruirlos por completo”, advierte Giraud.

Sin embargo, el alcance real de esta desprotección permanece congelado en los tribunales. Giraud aclara que la modificación a la Ley de Glaciares está siendo impugnada ante los tribunales federales de su país por violar el principio de no regresión en materia ambiental y el derecho a la participación ciudadana consagrados en el Acuerdo de Escazú, además de la consulta previa a los pueblos indígenas del Convenio 169 de la OIT. “Si las acciones judiciales no prosperan, constituirá un pésimo precedente para los ecosistemas existentes dentro del polígono del tratado binacional”, enfatiza el geógrafo.

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La fragmentación burocrática y política que implica la eventual aprobación de la Ley de Glaciares preocupa en el lado chileno. “La reciente aprobación que modificó la Ley de Glaciares podría activar la intención de desarrollar proyectos binacionales utilizando este tratado”, explica Liberona. Sin embargo, advierte que la desprotección es compartida, ya que en Chile no existe una regulación que proteja los glaciares ni los recursos hídricos en alta montaña.

Para la especialista, el tratado genera un escenario donde el control integral de los ecosistemas compartidos se diluye, pues se realizan evaluaciones ambientales por separado y con estándares distintos. “No se tiene una visión integral del impacto que genera el proyecto o de los impactos que se originan en un lado de la frontera cuando la evaluación ocurre en el otro”.

Además, Libarona hace hincapié en que para las comunidades locales esto se traduce en una vulnerabilidad directa, ya que las decisiones e intervenciones físicas en un país impactan la calidad y cantidad de las aguas que fluyen hacia el otro.

¿Vuelve el fantasma de Pascua Lama?

En la frontera de la Región de Atacama, en el norte de Chile, que colinda con la provincia argentina de San Juan, se despliega el proyecto Distrito Vicuña, un gigantesco complejo de proyectos de oro y cobre —que incluye yacimientos como Josemaría, Filo del Sol y Los Helados— controlado por el grupo canadiense Lundin y BHP.

El proyecto asegura en su página web que se emplaza en Chile y en Argentina y, según Giraud, “se encuentra de lleno en el polígono al cual aplica el tratado”. Organizaciones ambientales ya lo catalogan como el “nuevo Pascua Lama”, el emblemático proyecto binacional que terminó clausurado definitivamente por la Justicia chilena tras provocar severos daños ambientales.

Mongabay Latam envió preguntas al equipo de comunicaciones del proyecto, pero hasta la publicación de esta nota la empresa no respondió.

Ayala explica que la excavación remueve y saca a la superficie rocas ricas en metales que naturalmente están escondidas y aisladas bajo el hielo. Al tomar contacto con el oxígeno y el agua, producen drenajes ácidos y procesos geoquímicos que contaminan los ríos, repitiendo el patrón técnico que sepultó a Pascua Lama.

El Distrito Vicuña no se limita a las altas cumbres.

La intención de utilizar a Chile como plataforma logística amenaza directamente a las comunidades de la Región de Atacama con un aumento drástico en el tránsito de camiones de alto tonelaje, uso de maquinaria pesada e infraestructura portuaria para el embarque del mineral extraído en Argentina.

Para Liberona, el impulso gubernamental parece ignorar las lecciones del pasado, arriesgándose a saturar un territorio históricamente golpeado por pasivos mineros: “De materializarse Vicuña, aumentarían las cargas ambientales negativas”, sentencia Liberona.

Frente a este complejo panorama, la comunidad científica insta a un cambio profundo de paradigma que deje atrás la mirada meramente extractivista y empiece a concebir la alta montaña como un ecosistema compartido. Ayala comenta que, si bien la industria puede ver una “lógica en los acuerdos binacionales”, el verdadero desafío de ambos países corre por otra vía.

“Antes de pensar en eso, pongámonos de acuerdo en qué queremos conservar de los Andes visto como unidad”, reflexiona el investigador del CEAZA. Su propuesta apunta a una diplomacia que no solo se siente a firmar tratados de explotación, sino que sea capaz de unificar criterios de protección. “Pensemos qué queremos para la cordillera desde los dos lados, queremos que sea una unidad más integrada”, concluye el científico, abriendo la puerta a que el futuro de las cumbres andinas se defina desde la conservación y no solo desde el mineral.

El artículo original fue publicado por Barinia Montoya en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una investigación liderada por la Universidad Católica (UC) y la Universidad de Magallanes (UMAG) en Chile detectó más de 1.200 desprendimientos de hielo en apenas un mes y medio en el glaciar Perito Moreno, al sur de la Patagonia, en un estudio innovador que combinó datos de sensores sísmicos, informó este lunes la Universidad de Chile.

“Pudimos monitorear cómo se está derritiendo el glaciar durante un mes y medio y entender que cae más hielo de lo que se puede ver”, explicó a EFE el sismólogo de la UC Leoncio Cabrera sobre un estudio publicado este mes con datos recogidos en 2018.

La investigación, que fue desarrollada en el espacio austral compartido entre Chile y Argentina, combinó registros sísmicos continuos, imágenes de cámaras time-lapse y datos satelitales recopilados durante un mes y medio para estudiar cómo y dónde ocurren los desprendimientos de hielo que generan pérdida de masa.

“El estudio ha permitido detectar más de 1.200 eventos de desprendimiento de hielo, revelando que estas fracturas no ocurren al azar, sino que se concentran en zonas específicas del glaciar donde el hielo presenta mayores deformaciones y velocidades de flujo”, detalló un comunicado.

El resultado se produjo al integrar datos sísmicos tomados por la Universidad Washington en San Luis, Estados Unidos, y otras evidencias recabadas por investigadores de la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción y la Hokkaido University de Japón, quienes coincidieron en sus estudios durante el periodo del 24 de noviembre al 31 de diciembre de 2018.

Este aporte científico posiciona a Chile como pionero regional en el uso de herramientas sísmicas para el análisis de glaciares.

“Este tipo de proyectos abre nuevas líneas de investigación en sismología y monitoreo ambiental, fundamentales para comprender los impactos del cambio climático sobre la criósfera y los recursos hídricos del futuro”, acotó.

El hallazgo con el uso de nuevas herramientas fue publicado este mes en la revista científica 'Journal of Geophysical Research: Earth Surface' de Estados Unidos, donde se destaca que la combinación de tecnología permite observar procesos “que ocurren casi en tiempo real” y con “una resolución temporal mucho mayor que la ofrecida por técnicas tradicionales”.

“A diferencia de las imágenes satelitales o cámaras ópticas, los sensores sísmicos pueden funcionar de manera continua, incluso durante tormentas, de noche, con nula visibilidad o en lugares extremadamente aislados”, dijo el geofísico.

EFE

Marcó un hito sin precedentes en la industria de las bebidas al convertirse oficialmente en la primera sommelier de agua de toda Latinoamérica. Con 46 años y una trayectoria de más de dos décadas en el mundo de la vitivinicultura, esta experta mendocina decidió expandir sus horizontes sensoriales hacia el elemento más esencial para la vida humana. La reciente graduación de la argentina Analía Videla no solo representa un logro personal tras meses de intenso estudio y dedicación, sino que también posiciona a su provincia en el mapa de una disciplina emergente y sumamente especializada a nivel mundial. 

Se trata de un avance que permite profesionalizar el consumo de un recurso que solemos dar por sentado pero que esconde una gran complejidad detrás de su aparente simplicidad cristalina. El camino hacia esta certificación internacional llevó a Videla hasta Alemania, concretamente hasta la prestigiosa academia Doemens, ubicada en la ciudad de Múnich, centro neurálgico de la formación profesional en esta área. Esta institución comenzó a dictar la diplomatura en el año 2011, inicialmente solo en idioma alemán, debido a que dicho país es considerado el principal productor de agua mineral en todo el mundo. 

Pero la apertura de los cursos en inglés permitió que profesionales de diversos rincones del planeta pudieran acceder a este conocimiento técnico y sensorial de alto nivel, incluida Argentina. Para Analía, el proceso fue un desafío que combinó la modalidad semipresencial con exigentes exámenes finales en Europa, donde puso a prueba sus sentidos para detectar variaciones iónicas y posibles defectos. La elección de Alemania como sede de sus estudios superiores no fue casual, ya que el país germano integra la cultura del agua con su histórica industria cervecera de manera ejemplar. 

De hecho, en la elaboración de la cerveza, el agua representa entre el 85% y el 90% del producto final, lo que hace que su calidad sea un factor determinante. Además de ser líderes en la producción de agua embotellada, los alemanes han desarrollado estándares de evaluación sumamente estrictos que garantizan la excelencia del recurso hídrico. Videla destaca que cursar en un entorno con tales niveles de exigencia requirió un esfuerzo extra, especialmente al enfrentarse a un mercado que ofrece una variedad casi infinita de perfiles minerales y estilos de agua.

Uno de los principales objetivos de la flamante sommelier es desmitificar la antigua enseñanza escolar que define al agua como un líquido insípido, incoloro e inodoro por naturaleza propia. A través de sus catas, Analía ha llegado a la conclusión de que el agua potable o mineral no es 100% pura, sino que contiene una serie de minerales disueltos que le otorgan un carácter único. Identificar estas características sensoriales permite no solo disfrutar más de la bebida, sino también realizar maridajes más precisos, aprovechar mejor sus propiedades saludables y llegar a percibir que cada fuente de agua narra una historia geológica diferente a través de su sabor, rompiendo con la idea de que todas son iguales.

La complejidad del agua reside en los iones y minerales que la componen, tales como el calcio, el hierro, el magnesio y el sodio, los cuales generan sensaciones hápticas específicas. Por ejemplo, la presencia de hierro puede aportar sutiles tonalidades amarillentas a la vista, mientras que otros componentes influyen directamente en la textura y el peso en boca del líquido. El magnesio suele otorgar una sensación de redondez, y el sodio es fundamental en las versiones gasificadas para equilibrar el perfil gustativo final del agua. Analía explica que entrenar el paladar para detectar estos elementos lleva tiempo y requiere hábitos de vida saludables, como dormir lo suficiente y evitar perfumes o bebidas fuertes antes de una cata.

Más allá del placer sensorial, la especialización de Videla profundiza en los beneficios terapéuticos que cada tipo de agua puede aportar según la etapa de la vida o la condición de salud. El calcio es vital para evitar problemas en los huesos, mientras que el magnesio actúa como la gasolina del corazón, favoreciendo la concentración y protegiendo contra trastornos cardiovasculares. Por otro lado, el bicarbonato posee efectos alcalinizantes que ayudan a neutralizar la acidez estomacal, y el silicio contribuye a la salud de la piel y el cabello. Estas propiedades, según la experta, transforman al agua en un suplemento mineral natural que, si se elige correctamente, puede mejorar significativamente el bienestar general y el equilibrio del organismo.

Una larga trayectoria

La labor de un hidrosommelier se diferencia claramente de la de un bioquímico, aportando una visión interpretativa que va mucho más allá de un simple informe técnico o análisis de laboratorio tradicional. Mientras que la química se encarga de los datos cuantitativos, el sommelier explica el estilo del agua, sus posibles usos gastronómicos y la forma en que sus componentes interactúan con el paladar. Videla es capaz de identificar hasta quince defectos distintos que pueden afectar la calidad del producto, desde aromas inusuales hasta problemas derivados del almacenamiento o el vencimiento. Su enfoque se centra en la experiencia del consumidor, traduciendo la composición mineral en conceptos comprensibles que ayudan a elegir la mejor opción diaria.

Antes de alcanzar este nuevo hito, Analía Videla ya era una figura consolidada en la industria, siendo la fundadora y directora del Wine Institute, entidad con sedes en Argentina y Chile. Con una sólida formación académica que incluye títulos en Francia y California, ha dedicado su vida a la enseñanza. Su experiencia de más de veinte años liderando equipos de sommeliers en concursos internacionales respalda su gran capacidad analítica y técnica. Además, ha sido pionera en proyectos de inclusión social, como la creación de un glosario de lengua de señas para el turismo del vino, demostrando su compromiso con la accesibilidad y la innovación. Al integrar sus conocimientos sobre vinos, licores y ahora agua, Videla lidera un movimiento hacia la excelencia en la restauración.

La Reserva Natural de Fauna Silvestre Los Andes tiene una extensión de 14 450 kilómetros cuadrados en el noroeste de Argentina, más que países como Jamaica, Líbano o Montenegro. Pero apenas cuenta con un único guardaparque, sin vehículo, para cuidar sus salares y salinas de alta montaña, sus vicuñas y sus sitios arqueológicos y ceremoniales.

Los Andes es un gran desierto lleno de vida, hogar de flamencos y lagartos en peligro donde confluyen las ecorregiones de la Puna y el Altoandino. La reserva es tan importante para la provincia de Salta que representa el 80 % de toda la superficie que el gobierno provincial ha declarado como área protegida. Desde su creación en 1980 necesita un plan de manejo pero las autoridades no consiguen implementarlo.

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Mientras tanto, las empresas mineras avanzan sobre ella, en busca del mineral estrella de la transición energética: el litio.

Dentro de los salares del área protegida que se declaró hace casi medio siglo, el gobierno provincial de Salta ha concesionado 22 proyectos mineros para explorar y extraer litio. El mineral es usado para fabricar las baterías que ponen a andar a los vehículos eléctricos, esenciales para alejarnos de los combustibles fósiles que todavía mueven gran parte del transporte mundial.

El litio también se usa cada vez más en baterías que permiten almacenar a gran escala la energía producida por fuentes renovables como la solar y la eólica, de modo que esa electricidad no esté disponible únicamente cuando está soleado o sople el viento. Precisamente hoy el transporte y la generación de energía eléctrica a base de derivados del petróleo o carbón son los sectores que más emisiones de gases de efecto invernadero producen en el planeta.

La minería es permitida dentro de ciertas zonas de la reserva natural provincial, que lleva el nombre de la cordillera que lo alberga, justamente porque se estableció desde un inicio que sería un área de usos múltiples: se pueden realizar actividades productivas pero controladas y en ciertas áreas preestablecidas, siempre y cuando no generen impactos en los ecosistemas.

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Esa contradicción entre estar protegida pero que no se aplique su instrumento de manejo, a la par de que sus puertas se han abierto a la minería, ha llevado a especialistas y funcionarios consultados a coincidir en que hay un interés político y económico por mantener a Los Andes como una “reserva de papel”.

Este equipo periodístico se comunicó en reiteradas oportunidades con el gobierno provincial de Salta pero las autoridades consultadas nunca respondieron las preguntas enviadas, ni quisieron confirmar en qué medida se está aplicando el plan de manejo aprobado en 2018. El 2 de febrero se envió al secretario de ambiente y desarrollo sustentable de Salta, ingeniero Alejandro Aldazábal, a pedido de su secretaria privada, un cuestionario de siete preguntas. Tras semanas de esperas, su secretaria dejó de responder los mensajes y llamadas y nunca envió las respuestas.

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Estos son los hallazgos de una investigación periodística realizada por Mongabay Latam y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) como parte del proyecto Litio en Conflicto, que coordinó el CLIP y reunió a diez medios de la región para entender algunos de los problemas que rodean a la industria del litio en América Latina.

El plan que existe pero no se aplica

Entre 2016 y 2018, un grupo de científicos y funcionarios se reunieron para dar vuelta la historia de Los Andes y elaborar un plan de manejo que, por primera vez, estableciera en qué zonas de la reserva la minería no podría avanzar. El resultado fue un documento de 108 páginas en el que plasmaron la misión de la reserva: conservar la vicuña, los abundantes recursos naturales de la Puna y zonas altoandinas y el patrimonio cultural e histórico. Y sobre todo resguardar los salares y el agua “como recurso estratégico para la vida dentro de la reserva”, dice el documento público que analizó Mongabay Latam.

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Sin embargo, es allí, en los salares altoandinos que busca proteger, donde se están instalando las mineras de litio, a pesar de que la zonificación aprobada por las autoridades en agosto de 2018 establece explícitamente que estos cuerpos de sal deben ser protegidos y recibir, en sus palabras, un “cuidado especial”.

Los salares de Rincón, Pozuelos, Arizaro, Pocitos e Incahuasi fueron catalogados en un mapa de zonificación como “subzonas de gestión especial”. Allí no debería estar permitida la minería, según el documento.

El plan de manejo también buscaba mantener la viabilidad de las poblaciones de especies bandera para la Puna, como la vicuña (Vicugna vicugna), el guanaco (Lama guanicoe), la rana puneña (Telmatobius atacamensis) y los flamencos (Phoenicoparrus andinus); y poner en valor y resguardar el Qhapaq Ñan, el antiguo camino de los incas hoy declarado Patrimonio de la Humanidad, y otros posibles sitios arqueológicos, que podrían ser atractivos para el futuro turístico de la provincia.

A pesar del largo trabajo, de la inversión de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del esfuerzo de 49 personas directamente involucradas en la producción de un programa formulado para implementarse durante cinco años, el Gobierno de Salta nunca puso a funcionar el plan de manejo como fue aprobado. En Argentina, los estados provinciales tienen potestad constitucional sobre los recursos minerales e hidrocarburíferos, por lo que pueden abrir licitaciones y concesionar áreas dentro de sus territorios.

La búsqueda del codiciado litio para la transición energética desplazó por completo cualquier interés de las autoridades salteñas por proteger esta reserva. Esta alianza periodística publica aquí el plan de manejo abandonado por considerarlo de interés público.

Entre tanto, Los Andes cuenta con un único guardaparque, quien no tiene vestimenta adecuada ni vehículo para movilizarse, según confirmó Mongabay Latam con fuentes oficiales que conocen el territorio. ¿Cómo puede entonces proteger la fauna y flora endémicas del lugar? “Camina o hace dedo”, respondieron a este medio, en referencia a la modalidad de los viajeros que piden aventones por las rutas.

Tierra de sal: una reserva habitada por salares y lagunas

En la reserva, se formaron extensos salares por evaporación. Existen 12 cuencas, aunque las precipitaciones son extremadamente escasas durante todo el año. Es una zona de estrés hídrico y alta amplitud térmica, con temperaturas estivales que pueden alcanzar los 40 °C y mínimas invernales nocturnas de hasta -40 °C. El índice de radiación solar es uno de los más elevados del mundo, de acuerdo con la investigación realizada para el plan de manejo del área protegida.

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Aquí reinaban las vicuñas. También los guanacos, los suris (Rhea pennata), guaipos o queús (Rhynchotus maculicollis) y predadores como el zorro colorado (Lycalopex culpaeus), el puma (Puma concolor), aguiluchos (Geranoaetus poecilochrous) y matamicos (Phalcoboenus megalopterus). Todavía habitan el lugar junto a mamíferos como la vizcacha de la sierra (Lagidium viscacia), el cavícola tojo o tocotuco puneño (Ctenomys opimus). Abundan las aves, como las camineras, banduritas, canasteros, dormilonas, yales y jilgueros. Y los reptiles: una especie de culebra, el sapito puneño, lagartijas del género Liolaemus y la amenazada rana acuática puneña (Telmaobius atacamensis), considerada En Peligro Crítico.

También se encuentran en Los Andes las tres especies de flamencos del cono sur, todos en la Lista Roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza: el flamenco austral (Phoenicopterus chilensis), el flamenco andino (Phoenicoparrus andinus) y el flamenco puna o de james (Phoenicoparrus jamesi). Además, los dos últimos anidan en los salares de la reserva.

Las extremas condiciones de vida en la reserva de Los Andes hacen que las especies de flora y fauna que habitan esta área protegida sean “particularmente frágiles ante alteraciones e interferencias agudas como las provocadas por las actividades humanas irruptivas”, resaltaron los expertos y funcionarios en el plan de manejo que las autoridades no pusieron en práctica. Por eso, en Los Andes habitan “altas proporciones de especies categorizadas bajo alguna condición de amenaza”. Esas actividades incluirían la minería y el turismo realizados sin los cuidados específicos que reclamaron los especialistas.

Aquí no solo habitan especies carismáticas o bandera. En estos salares también viven comunidades de organismos muy extraños y particularmente adaptados a condiciones extremas: son llamados extremófilos, representantes de formas muy antiguas que iniciaron la vida en el planeta. Algunas de ellas son las arqueobacterias, como los estromatolitos, capaces de fijar carbono de calcio. Habitan en los humedales de Laguna Socompa y los Ojos de Mar de Tolar Grande, dentro de la reserva. Existen numerosos estudios en curso que defienden la protección de los estromatolitos y de sus aplicaciones biotecnológicas.

El plan de manejo y la zonificación ubicaron sitios clave dentro de Los Andes con presencia de extremófilos dentro de los salares de los Pocitos y Rincón. Los expertos dejaron por escrito en el documento público que debían ser especialmente protegidos. Sin embargo, en ambos salares, las autoridades de Salta concesionaron proyectos de litio.

Litio y salares

En estas tierras, el mineral crítico no se encuentra en roca, como en otros lugares del mundo, sino en la salmuera, lagos subterráneos que se ubican debajo de las costras salinas de los salares. Estos humedales centrales para sostener la vida en el desierto son clave para las comunidades indígenas que habitan dentro de la reserva, ya que son fuente de agua para sus animales y ganado. También son importantes para la fauna y la flora, ya que sostienen ríos subterráneos y se transforman en extensos espejos de agua durante los veranos.

La Reserva Los Andes se encuentra dentro del Departamento de Los Andes, donde habitan 7182 personas, según el último censo de 2022. Su capital es San Antonio de los Cobres y el pueblo de Tolar Grande, de unos 200 habitantes, donde vive el único guardaparque que protege estas tierras, se encuentra dentro de la reserva.

Entre la población, quienes no viven de la minería, se dedican a la producción de ganado menor —llamas, ovejas, cabras—, en gran medida bajo condiciones de subsistencia. Por ello necesitan las vegas de los salares para dar agua a sus animales. El turismo también es central: por aquí pasa el célebre Tren de las Nubes, por encima de los 4000 metros sobre el nivel del mar.

Para hacer aún más complejas las cosas, dentro de esta vasta reserva se encuentran otras dos áreas protegidas creadas en 2011: los refugios provinciales de vida silvestre Laguna Socompa y Ojos de Mar de Tolar Grande.

Además, la tenencia de la tierra en el Departamento de Los Andes es foco de conflicto con las autoridades, ya que los pueblos originarios de la zona reclaman posesión comunitaria. En 2018, cuando se terminó de elaborar el plan de manejo, había nueve comunidades indígenas de los pueblos kolla y atacama dentro del área reconocidas oficialmente.

Por eso era importante que, por primera vez en más de cuatro décadas, Los Andes contara con un plan de manejo. Este es un documento de política pública que establece cómo proteger los ecosistemas y las especies que habitan la reserva, al tiempo que zonifica o delimita las áreas donde se podrían realizar ciertos tipos de actividades productivas, como el turismo, la ganadería y la minería.

La minería “conlleva posibles impactos no deseados tanto en las comunidades como para el ambiente”, reconocieron los expertos en el plan de manejo.

El abandono de Los Andes es de larga data. Hasta octubre de 2000, cuando se sancionó una ley de áreas protegidas en la provincia, las reservas de flora y fauna se creaban por decreto pero quedaban en los papeles. A partir de 2001, comenzaron a implementarse algunas políticas de conservación en el territorio y recién en 2010 el Gobierno provincial contrató guardaparques en la provincia, según explicó un exfuncionario que prefiere no ser citado con nombre propio para evitar represalias. La razón es que en Salta, como en otras provincias litíferas del norte argentino cuyas economías dependen en gran medida del mineral, criticar en voz alta las políticas pro-minería puede traer consecuencias laborales. El Gobierno salteño estimaba en 2024 que el sector aportaba casi 6000 empleos directos y 20 000 indirectos.

A la reserva de Los Andes recién le fue asignado un guardaparque en 2016. Es decir, 36 años después de su fundación. “Esto se da en un contexto en el que el sistema de áreas protegidas de Salta, en general, está totalmente desarticulado por las últimas gestiones. Salta vacía [ignora] la cuestión ambiental”, asegura un funcionario nacional que también pidió reserva de identidad. De hecho, la Secretaría de Ambiente de Salta actualmente depende del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia.

Bombear salares: una provincia donde prima la minería sobre lo ambiental

La Reserva Los Andes tiene un salar principal, llamado Arizaro, cuya mitad norte está dentro del área protegida. En el plan de manejo que no ha sido implementado, es mencionado como uno de los depósitos salinos fundamentales de la región. También es uno de los salares con mayor proyección para la extracción de litio en Argentina, de acuerdo con la revista minera especializada Salta Mining.

Ese atractivo se ve reflejado en las transacciones recientes. En diciembre de 2025, la minera canadiense Lithium Chile Inc. firmó un acuerdo para vender su participación en el proyecto de litio que desarrolla en este salar con la empresa argentina LitiAr S.A. Lo vendió al grupo chino China Union Holding Ltd. por 175 millones de dólares, según la empresa que desarrolla el proyecto.

Este es uno de siete proyectos en Arizaro. Además de éste, hay otros impulsados por las mineras Lítica Resources y Alpha Lithium Argentina, que pertenecen a las petroleras multinacionales argentinas Pluspetrol y Tecpetrol (parte del grupo Techint) respectivamente. Otros son de la chino-canadiense Tibet Summit Resources; de la china Hanaq; de la canadiense NOA Lithium Brines; de la francesa Eramet; y de la australiana Power Minerals.

Esa misma tensión entre conservación y minería se observa en muchos de los otros salares dentro de la reserva Los Andes. Existen al menos 14 proyectos de litio que se desarrollan en salares enteramente ubicados dentro de Los Andes, según un levantamiento de datos de proyectos y empresas hecho por el CLIP con apoyo de Columbia Journalism Investigations (CJI), que será publicado próximamente. Hay cuatro en el de Pocitos, tres en Rincón, dos en Incahuasi, uno en Pular y tres en Pozuelos-Pastos Grandes, además de uno que contempla trabajar en los cuatro primeros salares. Adicionalmente, hay un proyecto en el salar de Llullaillaco, cuya punta norte también está en el área protegida.

Todos están en fase de prospección o exploración, y todos fueron concesionados por el Gobierno provincial. Varias de las beneficiadas son mineras de peso global: Ganfeng es una de las mayores productoras de litio y Rio Tinto es el segundo mayor conglomerado minero, que entró de lleno en el negocio del litio al comprar en 2025 a la junior canadiense Arcadium Lithium.

Esta alianza periodística revisó los documentos de los 22 proyectos en la zona de Los Andes (los siete proyectos en Arizaro, otros 14 en el resto de los salares enteramente ubicados en la reserva y un proyecto en el salar de Llullaillaco que está parcialmente dentro de la reserva) así como los de sus empresas operadoras, incluyendo páginas web, presentaciones corporativas e informes técnicos. En solamente dos encontró menciones a la existencia de la reserva Los Andes y al traslape de sus iniciativas con éste. En la mayoría de los casos, los mapas que incluyen las mineras son esquemáticos y omiten el polígono de la reserva natural.

Una de las excepciones es el gigante británico Rio Tinto, que impulsa un proyecto en el salar de Rincón, que describe como su “primera operación de litio a escala comercial”. Su presidente, Jakob Stausholm, encuadró al proyecto en su informe anual de directivo de 2024 como parte de la estrategia de “alinear” su cartera “con las materias primas cuya demanda está experimentando un mayor crecimiento”. La empresa prevé iniciar la producción hacia 2028, tener dos plantas de producción de carbonato de litio y una vida útil de 40 años.

En el resumen ejecutivo de su estudio de impacto ambiental (EIA), disponible en su página web, Rio Tinto reconoce explícitamente que “el proyecto se encuentra en la Reserva de Los Andes”. El estudio cita el plan de manejo que finalmente no fue adoptado, incluyendo menciones a sus sitios de usos restringidos y la necesidad de llevar a cabo estudios de los extremófilos. Además subraya que la empresa está aplicando “las medidas de manejo y restricciones incluidas en el Plan de Manejo de la reserva”.

En el informe técnico de su proyecto en Arizaro fechado en julio de 2024, Lithium Chile menciona que hay varias áreas protegidas cerca, incluyendo la Reserva Los Andes, que “se superpone con la parte norte del área de concesión”. No menciona si su iniciativa minera tendría algún impacto en el área protegida ni el plan de manejo, aunque subraya que uno de los objetivos de la reserva es “estudiar y aplicar técnicas de desarrollo y uso racional de los recursos naturales para mantener el buen funcionamiento de los ecosistemas clave”, como salares y humedales altoandinos.

Mongabay Latam y CLIP contactaron a las 15 empresas mineras que operan en salares de la reserva, preguntándoles qué medidas están tomando para operar dentro de un área protegida y habitada por comunidades indígenas. Al cierre de esta investigación solo había respondido Alpha Lithium, de Tecpetrol.

Esa minera, propiedad de la familia Rocca, una de las más ricas de Argentina, respondió que su proyecto en el Salar de Arizaro se encuentra en etapa de exploración inicial, “con tareas geofísicas que no afectarán en forma relevante a la fauna del entorno, debido a que son actividades puntuales y de corta duración”. La compañía sostiene que el impacto “será irrelevante”, pero que aun así elaboró un plan de gestión con medidas preventivas.

“El plan de manejo era una cosa muy grande”

La minería de litio —que se ha extendido por los salares en las provincias argentinas de Jujuy, Salta y Catamarca— ya se vislumbraba en la reserva cuando se realizó el plan de manejo de 2018. “Finalmente, el plan de manejo no sirvió para ponerle obstáculos al avance del litio en la reserva”, explica uno de los científicos que participó del proceso de elaboración del documento oficial.

“Existía un acuerdo con el área de minería para trabajar en conjunto y generar un comité interdisciplinario. Nosotros estábamos contentos porque era algo innovador. Era una cosa muy grande”, recuerda Flavio Moschione, biólogo de la Administración de Parques Nacionales, especializado en aves acuáticas y uno de los expertos que participó en el plan de manejo. Lo cuenta en diálogo con Mongabay Latam, ocho años después de aquel esfuerzo conjunto.

Cuando el plan de manejo de Los Andes quedó en la nada, Moschione y otros expertos que habían participado pidieron explicaciones a las autoridades de Salta. El biólogo incluso presentó un reclamo formal desde la Administración de Parques Nacionales. Nunca les contestaron, asegura.

Esa tensión entre el boom económico que está trayendo el litio a Salta y la conservación de sus ecosistemas de alta montaña es justo el tipo de escenario que menciona la investigadora estadounidense Thea Riofrancos en su recién publicado libro Extraction: the Frontiers of Green Capitalism sobre el boom mundial del litio. “En los lugares donde se están abriendo minas para obtener materias primas para la transición energética, la acción climática global termina entrando en conflicto con la protección ambiental local”, escribió la profesora de ciencias políticas de Providence College.

Mongabay Latam, con la colaboración del equipo de Ruido, envió en 2025 una solicitud de información pública al Ejecutivo salteño para obtener información sobre las concesiones mineras que se superponen con la reserva, pero la administración del gobernador Gustavo Sáenz nunca respondió.

“La minería es prioridad y nuestros informes no son vinculantes”, afirmó a Mongabay Latam un funcionario de una provincia litífera que pidió reserva de su identidad. Como aquellos informes, el plan de manejo que ayudaría a proteger la reserva Los Andes quedó en el olvido, y sus salares y la vida de una tierra inmensa seguirán siendo postergados.

El artículo original fue publicado por Andrés Bermúdez Liévano (CLIP), Daniela Quintero Díaz y Emilia Delfino en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

*Con la colaboración de Ruido.

Litio en Conflicto es un proyecto liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en alianza con Consenso (Paraguay), La Región (Bolivia), Quinto Elemento Lab (México), Repórter Brasil (Brasil), Ruido (Argentina), Climate Tracker América Latina, Dialogue Earth, Mongabay Latamy Columbia Journalism Investigations (CJI) sobre cómo está funcionando la industria del litio en América Latina. Con el apoyo del equipo legal El Veinte.

En 1983, la CIA concluyó que el bien más preciado del Golfo era el agua potable desalinizada. Aunque la pérdida de una sola planta desalinizadora se podría soportar, señalaba un informe del espionaje estadounidense, “[si se diesen] ataques efectivos contra varias plantas se podría generar una crisis nacional en los países más dependientes, que provocarían disturbios y huidas masivas del país”.

¿Y cuál era la mayor amenaza para el suministro de agua en la región? “Irán”.

Por eso, cuatro décadas después, el mundo contuvo la respiración al escuchar las declaraciones del sábado del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. Acusó a Estados Unidos de cometer “un crimen flagrante y desesperado” al atacar la planta desalinizadora de la isla iraní de Qeshm (en el estrecho de Ormuz). “Fue Estados Unidos quien sentó este precedente, no Irán”, añadió.

Mientras EE.UU. negaba toda responsabilidad, un día después, Baréin anunciaba al otro lado del Golfo que una de sus plantas desalinizadoras había sido atacada. El presunto culpable: “La agresión iraní”.

A partir de ese momento, justo cuando las ciudades e industrias de la región parecían a punto de desmoronarse en una espiral de ataques mutuos contra infraestructuras hidráulicas clave, cesaron los ataques contra las plantas desalinizadoras. ¿Qué pasó?

Más petróleo, menos agua

El agua potable siempre fue un bien escaso en el Golfo. Las precipitaciones en Medio Oriente son escasas y muy variables, y en casi ninguno de los países hay ríos grandes y permanentes capaces de satisfacer las necesidades hídricas.

La región se las había arreglado históricamente con sus limitados recursos hídricos subterráneos. Pero a partir de la década de los 50, y a medida que crecía la industria petrolera, la demanda pronto superó a la oferta. Con los acuíferos deteriorados, para satisfacer las necesidades hídricas de los países en rápido desarrollo de la región hubo que recurrir a la desalinización, es decir, transformar el agua de mar en potable.

El 70% del agua potable de Arabia Saudita procede de plantas desalinizadoras, según los últimos datos. Este porcentaje asciende al 86% en el caso de Omán; al 42% en Emiratos Árabes Unidos; y al 90% en Kuwait. Incluso Israel, que tiene acceso al río Jordán, depende de cinco grandes plantas desalinizadoras en la costa para la mitad de su agua potable.

Atacar las plantas desalinizadoras podría provocar rápidamente escasez de agua en varios estados del golfo Pérsico

Nima Shokri — Director del Instituto de Geohidroinformática de la Universidad Tecnológica de Hamburgo

Medio Oriente representa en conjunto el 40% de la producción mundial de agua desalinizada, aproximadamente. La capacidad total de desalinización en la zona es de 28,96 millones de metros cúbicos de agua diarios.

“Las ciudades modernas de varios países del golfo Pérsico simplemente no funcionarían sin la desalinización”, dice Nima Shokri, director del Instituto de Geohidroinformática de la Universidad Tecnológica de Hamburgo. Igual que en 1983, los analistas de 2026 señalan que Irán podría usar este crucial talón de Aquiles de la infraestructura contra sus vecinos árabes.

“Atacar las plantas desalinizadoras podría provocar rápidamente escasez de agua en varios estados del golfo Pérsico”, advierte Shokri. “Muchas ciudades dependen de un número reducido de grandes plantas costeras, por lo que un ataque eficaz podría interrumpir el suministro de agua potable en cuestión de días”, detalla.

“Estas plantas no pueden sustituirse ni repararse fácilmente, a diferencia de las instalaciones petroleras; en casos extremos, los gobiernos podrían verse obligados a racionar el agua para ciudades enteras”, añade.

Los daños a las plantas desalinizadoras también tendrían consecuencias medioambientales. Los ataques podrían liberar sustancias químicas como hipoclorito de sodio, cloruro férrico y ácido sulfúrico, según el Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente.

Pero desde la agresión con drones a Baréin el domingo no hubo más ataques contra desalinizadoras. Según Shokri, podría deberse a una “estrategia de moderación”. “Las plantas desalinizadoras son infraestructuras civiles clave y atacarlas tiene graves consecuencias humanitarias”, explica. “Una escalada de ataques contra los sistemas de abastecimiento de agua podría ampliar el conflicto y suscitar la condena internacional”, añade.

Los problemas hídricos de Irán

Aunque no depende tanto de la desalinización, Irán también tiene sus problemas con el agua. Lleva años luchando contra una sequía que, según coinciden los expertos, se vio considerablemente agravada por la catástrofe climática que está provocando por el ser humano.

“Irán ya se enfrenta a una grave escasez de agua debido a la sequía, a la sobreexplotación del agua subterránea y a la disminución en el caudal de los ríos”, dice Shokri. Los ataques de represalia contra su propia infraestructura hídrica podrían agravar esas dificultades. “Los daños a embalses, a estaciones de bombeo o a plantas de tratamiento de aguas podrían agravar la escasez existente”.

El informe de 1983 de la CIA recogía una promesa de Teherán a sus vecinos árabes: no iría contra sus plantas desalinizadoras. No está claro si la promesa sigue en pie cuatro décadas después.

Después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, amenazara el martes con proceder al “día de ataques más intensos” de la guerra, Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, afirmó que la política de Irán en esta guerra es la de “ojo por ojo”. “Si inician una guerra contra nuestras infraestructuras, sin duda atacaremos las suyas”, avisó.

Traducción de Francisco de Zárate.

El bolsillo de los trabajadores enfrentará una nueva y severa presión a partir de la próxima semana, cuando entre en vigencia un esquema de incrementos escalonados que afectará desde el transporte público hasta la medicina privada.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que las tarifas de colectivos y subtes tendrán una actualización inmediata del 4,8%, inaugurando un mecanismo de ajuste mensual que se calculará mediante el IPC del Indec más un 2% adicional. “La actualización de la tarifa busca garantizar la sostenibilidad del servicio”, explicaron desde el Ejecutivo porteño, argumentando que los costos operativos registraron un salto del 84,85% en el último período analizado.

Bajo este nuevo cuadro tarifario, el boleto mínimo de colectivo para las 31 líneas que circulan exclusivamente por la Capital Federal pasará a costar $650,11 para usuarios con tarjeta SUBE registrada, mientras que el pasaje de subte escalará hasta los $1.320.

El impacto se extenderá también a los servicios básicos de red; los usuarios de AySA en el Área Metropolitana de Buenos Aires recibirán facturas con un incremento del 4%, llevando la boleta promedio a los $26.899. Según las proyecciones para el segundo mes del año, un hogar de nivel zonal alto deberá disponer de al menos $31.709 para cubrir la tasa de agua y cloacas.

En el sector de la vivienda, los inquilinos que aún mantienen contratos bajo la ya derogada Ley de Alquileres sufrirán una suba del 34,6% por el Índice de Contratos de Locación (ICL), una cifra que, aunque elevada, muestra una desaceleración respecto al 50,3% registrado en septiembre. A este combo se suma el rubro de la salud: las empresas de medicina prepaga ya notificaron a sus afiliados que las cuotas subirán en promedio un 2,8%.

Con este escenario de “tarifazo” generalizado, febrero se perfila como un mes crítico para la economía doméstica, donde el ajuste constante de los costos fijos vuelve a poner a prueba la capacidad de consumo de los hogares argentinos.

Con información de agencias.

IG

Pasó gran parte de enero y aunque no todos los días fueron muy calurosos, como otros veranos, persiste la idea de inscribirme en una pileta para nadar y refrescarme. Si no me atrapa la procastinación, febrero será el mes del retorno a las aguas, así que tendré que ir renovando las antiparras.

Me atrae poderosamente la escena de hundirme en el medio líquido para mover cada parte de mi cuerpo. Y avanzar. Recuerdo algunas películas sobre la relación con el agua: La caída, de la argentina Lucía Puenzo, Las Nadadoras, de la galesa Sally El Hosaini, y Azul profundo, del francés Luc Besson.

Nadar con estilo y soltura implica sintonizar bien el aparato que aspira y exhala. Algo así ocurre con la música y la escritura: requieren de un cierto tipo de respiración para sonar mejor.

La evocación cinematográfica me lleva inevitablemente a algunas obras literarias sobre el nado, que no es lo mismo que la nada. En una ¿(in)acción?, los incidentes suelen ser eventuales y en la otra, lo que hay es el mismísimo vacío.

Hace un tiempo y durante tres días, Cristina Rivera Garza subió a la web varios tuits con reflexiones personales sobre la natación, pensamientos que acompañó de fotos suyas desplazándose en una pileta descubierta. “Entre flotar y caer, nadar. Uno va a la alberca (así se dice pileta, en México) para estar solo”. La autora de El invencible verano de Liliana y ganadora del Pulitzer recordó a su hermana, víctima de femicidio: “Su patada era mejor que la mía; pero mi brazada era más precisa que la suya. Nunca hablamos de la natación como algo especial. Solo era algo que hacíamos. Juntas”.

El poeta argentino Héctor Viel Témperley escribió en versos  su experiencia mística y acuática: “Soy el nadador, Señor, soy el hombre que nada./ Soy el hombre que quiere ser aguada/ para beber tus lluvias con la piel de su pecho./ Soy el nadador, Señor, bota sin pierna bajo el cielo/ para tus lluvias mansas,/ para tus fuertes lluvias,/ para todas tus aguas./ Las aguas como lonjas de una piel infinita,/ las aguas libres y la de los lagos, / que no son más que cielos arrastrados/ por tus caídos ángeles. Soy el nadador, Señor, soy el hombre que nada./ Tuyo es mi cuerpo, que hasta en las más bajas/ aguas de los arroyos se sostiene vibrante, /como en medio del aire”.

“Me atravesaba un río/ me atravesaba un río”, reitera Juan L. Ortiz en su duplicidad sintagmática. Ese espacio de comunión con la naturaleza es una fuente de profunda reflexión sobre la vida, el destino y el tiempo, la conexión que fluye de adentro y afuera y viceversa.

Escribió Marcelo Cohen sobre el volumen Aguas, donde la flamante ganadora del Segundo Premio Nacional de Poesía, Alicia Genovese, se arriesga a las zonas de contacto entre su oficio, la gramática y el deporte solitario. “El agua es cíclica, pagana, y nadar es mantenerse entre la forma y el deseo, entre la afirmación y el abandono: ”Abrir el pecho / empujando en círculos / los brazos. Las piernas / en ángulo de rana / y echar hacia atrás / lo que no acompaña; / acostumbrarse a perder…. Y así como los versos van dejando los rigores de la sintaxis por el tempo de la brazada, los nombres particulares –traje de neoprene, gorra de goma, caparazones rotos, vértebra de ballena, filamentos de agua viva– dejan paso a los genéricos y los neutros, como en los dos dísticos finales: y, otra vez, el grito / de mojadura bajo los chaparrones / el avance del drenaje del corazón / y la lluvia sobre lo seco.“ 

Félix Bruzzone, el autor de Barrefondo, es un higienista de piscinas, un limpiador de piletas, para decirlo en criollo. Luego de 13 años de ganarse la vida trabajando como piletero en barrios cerrados de Don Torcuato, en el conurbano, sale a flote con la escritura de Piletas, desde las profundidades de su experiencia. Hay algo siniestro y calmo en ese mundo callado y transparente en el que los ricos se refrescan.  Bruzzone se percibe como una de tantas “mucamas del agua sin cargas sociales”, con frases sorprendentes como si fueran suaves olas, que convierten la dimensión realista en otra fantástica. Frente a las consecuencias dramáticas del cloro y el sol y los desplantes de clienta sirena rubia, aparecen otros otros personajes pintorescos o patéticos.

Piletas es una especie de bitácora que registra un abanico de anécdotas y estampas en torno a un piletero, homónimo del autor, o rebautizado por la exleona Magui Aicega, “la primera vez que le dije mi nombre entendió ‘Erik’ en lugar de ‘Félix’. Desde entonces, para ella, y para las amigas a las que me recomienda, soy Erik, el piletero”. 

El portentoso cuento El nadador, del estadounidense John Cheever, narra un episodio en la vida de Neddy Merrill, un habitante adinerado de los suburbios, que decide regresar a su casa nadando, a través de las piscinas de los vecinos de su barrio. A medida que avanza, comienza a darse cuenta de que algo no anda bien. El personaje (inmortalizado por Burt Lancaster en el cine) atraviesa lujosos pozos de agua en las afueras de la ciudad. Va con su traje de baño nadando hacia su casa, cada vez más asombrado con las distintas atmósferas, eras geológicas, temperaturas y memorias que se presentan. En ese viaje se encuentra con cosas inesperadas, pero evita reflexionar, deprimiéndose cada vez más, recordando el pasado y sus problemas.

Leanne Shapton recurre a su experiencia como nadadora profesional, en Bocetos de natación. No escribe la crónica de cuando entrenaba seis horas por día seis días a la semana. Su libro se estructura a partir del nado como una ruta o un idioma útil para entrar en todas partes, referirse a lo más hostil y lo más cercano. La natación es un método que emplea tanto en contarnos un momento cotidiano como en la elaboración de una relación amorosa o la indagación de los cuerpos.

Evoca Leo Baldo una idea de Gastón Bachelard: “La fatiga es el destino del nadador”. Y agrega que “El salto en el mar reaviva, más que cualquier otro acontecimiento físico, los ecos de una iniciación peligrosa (…). Es la única imagen exacta del salto en lo desconocido”. Quien nadó en el mar, lejos de la orilla, como lo hicimos alguna vez junto a Mauro Aguilar, guardavidas de rescate extremo, seguramente sintió la electricidad del peligro, pero la base radica en la respiración bien controlada, con pulmones, alvéolos y bronquios trabajando sincronizadamente para mantener un nado óptimo, rítmico, bien acoplado al elemento en el cual se está. Tal vez suceda lo mismo, no hay certezas, con la escritura. Una narración que no respira bien, se ahoga como un nadador, pero siempre podés flotar y dejar que el resto venga y te impulse“.

La francesa Irma Pelatan hace de la natación una poética en El olor a cloro. Nadadora habitual, practicó la disciplina acuática varios días a la semana en una pileta diseñada por Le Corbusier y mientras el cuerpo se fundía con el agua en un ritmo singular, descubrió su voz: “A la noche, insistente, me molestaba para dormir. En el agua, por lo general, se alejaba de la inquietud y llegaba al territorio de lo sin objeto, la flotación”.

La materialidad de la pileta se vuelve deseo, angustia, vergüenza, libertad, exploración. “Por debajo de la superficie enseguida me despliego, largo aire en burbujas brillantes y de repente una patada potente, luego ondulo, nado debajo de la superficie, llego a este espacio que adoro; luego de golpe; la libertad por delante”.

LH/MF

Este martes organizaciones vecinales, grupos ambientalistas y autoconvocados de Mendoza vuelven a marchar en la capital provincial en defensa del agua y expresar su rechazo al desarrollo de proyectos de megaminería en la provincia, recientemente aprobados por la Legislatura y el gobernador radical Alfredo Cornejo.

La movilización, que partió en las últimas horas desde Uspallata y otras localidad hacia la Casa de Gobierno provincial, busca volver a poner en el centro de escena el repudio social al proyecto minero San Jorge. Días atrás el Senado de Mendoza sancionó la Declaración de Impacto Ambiental de ese proyecto y otros de megaminería, que contempla la extracción de minerales, principalmente cobre.

La protesta denuncia que la megaminería implica riesgos para los recursos hídricos de la provincia, sobre todo en una provincia donde el agua es un recurso clave, en un contexto de sequía y fragilidad hídrica. Hay alertas científicos sobre los posibles efectos ambientales a largo plazo de la megaminería.

La protesta frente a la Casa de Gobierno de Mendoza forma parte de una serie de acciones que se vienen realizando en distintos puntos de la provincia desde hace al menos 20 días, incluyendo caravanas y concentraciones en departamentos como Lavalle, Valle de Uco y el Este de la provincia. La policía local llegó a reprimir algunas manifestaciones y detuvo a activistas: justo este martes fueron liberados los hermanos Renzo y Facundo Gollan, detenidos por la movilización del 9 de diciembre pasado.

La fecha elegida para la movilización de hoy recuerda a la marcha de 2019, cuando el entonces gobernador Rodolfo Suárez quiso modificar la Ley 7722. Con el aval del gobierno de Javier Milei, Cornejo impulsó una nueva avanzada minera en la provincia. “El agua sí se negocia: hay una cláusula constitucional que establece el derecho al agua ligado a la propiedad de la tierra. Con eso se hicieron millonarios muchos desarrolladores urbanos, con la complicidad de municipios, y después el Estado tuvo que llevar servicios”, dijo días atrás al diario Los Andes para cuestionar la bandera social de “El agua no se negocia”.

Autoridades provinciales justificaron la aprobación del proyecto argumentando potenciales beneficios económicos, aunque también señalaron que el proceso legislativo incluyó evaluaciones técnicas y ambientales según el marco legal vigente. Por su parte, algunos expertos y organizaciones advierten sobre la necesidad de estudios más exhaustivos para comprender los impactos ambientales y sociales de la megaminería.

Las asambleas que organizan las marchas dijeron que seguirán promoviendo actividades públicas y debates comunitarios sobre la gestión del agua y el desarrollo de la minería en Mendoza, con la intención de que estos temas formen parte del diálogo provincial en los próximos meses.

MC

La Asamblea por el Agua de Uspallata inició la “Gesta Libertadora por el Agua”, una caravana a pie que se dirige hacia la capital provincial, donde mañana la Legislatura buscará aprobar el proyecto minero San Jorge.

El objetivo de la movilización es presionar al Senado provincial para que rechace la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de cobre y oro, que este lunes fue acompañado por el presidente Javier Milei.

La movilización comenzó alrededor de las 8 de este lunes en la “Plaza del Agua Pura” de Uspallata. Vecinos, familias, ciclistas y agrupaciones socioambientales se reunieron con banderas y carteles bajo la consigna unificada: “El agua de Mendoza no se negocia”.

Un recorrido de más de cien kilómetros

La caravana realiza un extenso recorrido de dos días hasta la Legislatura provincial:

A lo largo del trayecto se organizaron postas cada siete u ocho kilómetros con agua, alimentos y zonas de descanso, permitiendo que más personas se sumen a la caminata, en bicicleta o en vehículo. 

La convocatoria fue abierta y contó con adhesiones confirmadas de asambleas y movimientos sociales de Lavalle, el Valle de Uco y el Este de Mendoza, que realizaron caravanas paralelas para unificar las fuerzas en defensa del agua.

El debate sobre San Jorge

Los manifestantes sostienen que el proyecto San Jorge -recientemente rebautizado como PSJ Cobre Mendocino- representa un grave riesgo para la disponibilidad de agua en la región, considerada una zona ambientalmente frágil. Por ello, exigen a los legisladores provinciales que voten en contra de la iniciativa.

Esta movilización se consolida como una de las protestas más significativas del movimiento ambientalista mendocino desde las masivas manifestaciones de 2019 por la Ley 7722.

Se espera que la llegada a la Legislatura se produzca este martes a la mañana, justo cuando los senadores inicien el debate sobre la DIA del proyecto minero.

El respaldo de Milei

El presidente Javier Milei respaldó el proyecto minero San Jorge y pidió su aprobación en la Legislatura mendocina, afirmando que es una “enorme oportunidad” para la provincia de Cuyo.

Mediante sus redes, el mandatario enfatizó su apoyo ante el Proyecto PSJ Cobre Mendocino, el cual se tratará mañana en la Legislatura mendocina para darle o no la sanción definitiva.

El proyecto trae una inversión de US$600 millones para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre, según detalló Milei.

En la misma línea, y “para sorpresa de nadie”, el Jefe de Estado cargó contra el kirchnerismo por no acmompañar el proyecto.

“Siguiendo la línea de los últimos 25 años, estando siempre en contra del sector privado, de la inversión, del progreso y del trabajo”.

Sin embargo, expresó su confianza en que la propuesta sea convertida en ley ya que es “lo más cerca que se ha estado de poner en marcha definitiva la minería de Mendoza en los últimos 20 años”.

En paralelo, mostró su apoyo hacia la provincia y la calificó como “altamente competitiva”.

“Mendoza ha posicionado sus emblematicos vinos en los mercados más exigentes del mundo. Con el mismo nivel de competitividad hoy busca posicionarse como productora minera”.

También señaló que la “nueva” Argentina crecerá de la mano de “los tres principales vectores de la economía: el campo, la energía y la minería”.

“Todo nuestro apoyo a la provincia y a todos los que quieran una Argentina más libre y próspera, tal como hemos promovido hace más de un año con la sanción del Pacto de Mayo.

Sobre el final, cerró con su característico mensaje: “¡Viva la libertad carajo!”

Más de 25 organizaciones de la sociedad civil hicieron público un documento en el que manifiestan su rechazo a cualquier intento de modificar la Ley N.º 26.639, de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial. En el texto, las entidades remarcan la necesidad de sostener los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que respaldaron la sanción de la ley en 2010, y alertan sobre los riesgos de reducir los niveles de protección vigentes.

La norma, aprobada tras un extenso debate social y parlamentario, representa un hito en materia de desarrollo sostenible en la Argentina. Su objetivo es resguardar reservas estratégicas de agua dulce esenciales para la vida y el desarrollo, especialmente en regiones áridas donde el acceso al recurso es crítico. Cualquier modificación podría habilitar actividades económicas —principalmente la minería a gran escala— en ecosistemas sumamente frágiles, con impactos ambientales severos, entre ellos la pérdida de agua almacenada en glaciares y ambientes periglaciales.

Las organizaciones recuerdan que los glaciares y el periglacial forman un sistema único indispensable para la regulación hídrica: alimentan cuencas, humedales de altura, ecosistemas frágiles y a miles de comunidades. En un escenario global de crisis climática y retroceso acelerado de glaciares, advierten que flexibilizar la ley significaría agravar un proceso ya crítico, poniendo en riesgo no solo reservas hídricas estratégicas sino también economías regionales y dinámicas sociales asociadas al agua.

El documento destaca el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) como organismo técnico clave en la implementación de la norma. Las entidades subrayan la necesidad de fortalecer sus capacidades y presupuesto para profundizar las tareas de monitoreo y conservación.

Además, remarcan que la Ley de Glaciares no impide el desarrollo económico sino que lo ordena, garantizando que ninguna actividad avance sobre zonas donde el daño sería permanente y el agua cumple funciones ambientales y sociales irremplazables.

A la postura de las organizaciones se sumaron artistas y figuras públicas que difundieron videos bajo la consigna “La Ley de Glaciares no se toca”. Entre quienes participaron se encuentran Lula Bertoldi, Locomotora Castro, Maitena Burundarena, Dolores Fonzi, Gabriela Cabezón Cámara y Rayo (alias Big Buda), quienes reclamaron la defensa del agua bajo el lema: “El agua vale más que todo”.

En otro video, se pronunciaron Ricardo Mollo, Lisandro Aristimuño, Nadia Larcher, Susy Shock y Laura Azcurra, entre otros. Los artistas convocaron a las manifestaciones que tendrán lugar este jueves en diferentes puntos del país, incluída la Plaza del Conrgreso en Buenos Aires.

Por último, las organizaciones recuerdan que cualquier reforma que implique un retroceso en la protección sería ilegal e inconstitucional. Señalan el principio de no regresión ambiental, incorporado en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), que prohíbe retroceder en los estándares de protección ambiental vigentes.

CRM

Un equipo de científicos estadounidenses descubrió el hielo más antiguo del planeta: suma hasta seis millones de años y se localizó en la región de Allan Hills, en la Antártida Oriental, según los resultados de una nueva investigación publicada en PNAS, la revista de la Academia Nacional de Ciencias (NAS, por sus siglas en inglés) estadounidense. 

A juicio de los investigadores, tanto este bloque de hielo como las diminutas burbujas de aire atrapadas en su interior no solo constituyen un hallazgo relevante por la antigüedad del mismo. Además, estos proporcionan una ventana sin precedentes al clima pasado de la Tierra, sostienen. Un hilo del que tirar de ahora en adelante. 

La investigación fue dirigida por Sarah Shackleton de la Institución Oceanográfica Woods Hole y John Higgins de la Universidad de Princeton, ambos afiliados al Centro para la Exploración del Hielo Más Antiguo (Coldex), una colaboración de 15 instituciones de investigación estadounidenses liderada por la Universidad Estatal de Oregón.

Ambos científicos subrayan la importancia del hallazgo, que supone una puerta abierta al conocimiento del pasado. “Los núcleos de hielo son como máquinas del tiempo que permiten a los científicos observar cómo era nuestro planeta en el pasado”, recuerda Shackleton en un comunicado de la universidad. 

Antigüedad e información inesperada 

Lo primero que sorprendió a los investigadores fue la antigüedad de su hallazgo. “Sabíamos que el hielo de esta región era antiguo. Inicialmente, esperábamos encontrar hielo de hasta tres millones de años, o quizás un poco más, pero este descubrimiento ha superado con creces nuestras expectativas”, expone Brook.

En el caso de esta muestra de hielo, la más antigua de Allan Hills, se estimó una antigüedad de seis millones de años. Esa datación corresponde a un período de la historia de la Tierra donde abundante evidencia geológica indica temperaturas mucho más cálidas y niveles del mar más altos que en la actualidad. Así, creen que este hallazgo proporciona una ventana sin precedentes al clima pasado de la Tierra. 

Los autores del estudio ponen en valor los resultados obtenidos, aunque reconocen que aún quedan cuestiones importantes por resolver. Por ejemplo, conocer qué condiciones favorecen la persistencia de un hielo durante miles de años. “Aún estamos determinando las condiciones exactas que permiten que un hielo tan antiguo sobreviva tan cerca de la superficie”, dijo Shackleton. 

En su primera hipótesis, creen que es una combinación de factores: “Además de la topografía, es probable que se trate de una combinación de fuertes vientos y frío intenso. El viento arrastra la nieve fresca y el frío ralentiza el hielo hasta casi detenerlo. Esto convierte a Allan Hills en uno de los mejores lugares del mundo para encontrar hielo antiguo poco profundo y uno de los lugares más difíciles para pasar una temporada de campo”.

Llegar y enchufar. Esa sería la traducción no literal de lo que el gobierno espera que puedan hacer las empresas de data centers cuando se instalen en el país. “Plug and play” son las palabras en inglés que usó la entonces ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry, en una entrevista con La Tercera. Para eso, el gobierno diseñó un plan. Incluirá guías de trámites y un mapa de inversiones en que se les dice a las empresas qué terrenos pueden comprar para que tengan acceso a la energía que requieren, buena calidad de fibra óptica y autorización para construir. Y, en paralelo y silenciosamente, se les abrió la posibilidad de construir sin necesidad de pasar por el molesto trámite de la evaluación ambiental, que además de ser burocrático, los exponía a tener que responder preguntas difíciles de la ciudadanía sobre cuánta energía o agua van a consumir o cuánta mano de obra local van a contratar.

La alfombra roja regulatoria con que se está recibiendo a los inversionistas tecnológicos se ha visto pocas veces en Chile. Es un proceso que se arrastra desde gobiernos anteriores, pero que se aceleró en la administración Boric, en línea con la competencia de los países de la región por cosechar los prometidos beneficios del auge de la inteligencia artificial. En esa carrera, el que ha llegado más lejos es Brasil, que agregó beneficios tributarios al menú de la oferta, según ha podido comprobar La Mano Invisible de las Big Tech, una investigación transfronteriza de Agencia Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, junto con LaBot y otros 16 medios de comunicación.

En Chile, desde el año 2011 se han aprobado 23 data centers a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), donde en la actualidad hay un proyecto en trámite. Algunas de las empresas dueñas son bastante desconocidas para la ciudadanía, como Ascenty, Equinix, Odata o Scala, pero también están presentes las principales “Big Tech”, como Amazon, Microsoft o Google, que son las que han generado más rechazo de los vecinos. En realidad, muchos de los data centers más anónimos también alojan a estas y otras empresas trasnacionales, como Huawei. Utilizan un sistema denominado “colocation”, en que una compañía instala sus servidores al interior de un data center que no es suyo En esta modalidad es el dueño del data center el que requiere las autorizaciones burocráticas y aparece públicamente, sin que se conozca quiénes operan desde sus instalaciones.

 Dos iniciativas de alta visibilidad pública y protagonismo gubernamental han sido anunciadas en los últimos meses, aunque se fraguaron durante varios años. En mayo, Amazon anunció que invertirá US$4.000 millones en una “región” de data centers y en junio Microsoft echó andar la suya, con tres data centers interconectados. Al primer evento asistió el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, mientras que al segundo fue nada menos que el presidente Gabriel Boric junto a Marcel y las ministras de Ciencia y Bienes Nacionales. “Muchas gracias, Microsoft por esta tremenda inversión”, dijo Boric en un discurso celebratorio.

Aún antes de que el actual gobierno desplegara sus esfuerzos para atraer a los data centers, las empresas tecnológicas ya veían con interés a Chile y a lo largo de la última década han venido poniendo sus fichas en el país. Para poder llevar a cabo sus planes de inversión necesitan infraestructura digital en el Cono Sur y, en comparación con sus vecinos, Chile parece más estable, tiene la matriz energética más “limpia” de la región y posee buena cobertura de fibra óptica.

Para potenciar esas características, el gobierno lanzó en diciembre de 2024 un Plan Nacional de Data Centers (PData), que tiene como primer objetivo “promover el crecimiento de la industria”, además de que esto se haga de manera descentralizada y sustentable, y que fortalezca las capacidades de investigación en el país, por ejemplo, entrenando modelos propios con IA. Pocos días antes de que se anunciara el plan había nacido la Asociación Chilena de Data Centers (Chile Data Centers), creada por las empresas de la industria para tener un interlocutor común ante el gobierno.

La relación entre ambas partes se ve alineada en los actos públicos que comparten y en la sintonía de sus discursos. Por eso se sintió un contraste en la presentación sobre los data centers del principal asesor de la entonces ministra Etcheverry, Sebastián Díaz Howard-Allmand, en un foro organizado por el Colegio de Arquitectos de Madrid, al que asistió por videollamada en junio pasado. Ahí describió de manera bastante descarnada el impacto de los data centers en Chile. En un ambiente en que los otros expositores tenían una mirada crítica a la industria, Díaz contó que cuando empezaron a recibir información de las empresas para poder armar el PData, de pronto se encendió una alarma:

—Y la alarma es que de ninguna forma la Región Metropolitana puede aguantar un crecimiento como este teniendo el nivel de consumo energético que tienen. Y no solo el nivel de consumo energético, sino que el impacto que estas infraestructuras tienen en el territorio. Estas son infraestructuras que no se comunican con el entorno en lo absoluto. Son cárceles, son bunkers de cemento con cables y fierros y nadie sabe lo que ocurre ahí adentro. Hasta un cierto punto tiene sentido porque muchas de estas infraestructuras conservan datos que son muy críticos, pero al mismo tiempo demuestran un desafío enorme.

Ese desafío, continuó, es que “no solo están consumiendo mucha energía y mucha agua, sino que tampoco hablan con el entorno, no hablan con las comunidades y no se siente que existe un beneficio real a la hora de instalar estas infraestructuras aquí. Pero esa es la realidad que tiene Chile. Y esa misma realidad es la que nos justifica a nosotros como gobierno para poder generar un plan”. Esa lógica explica que una de las prioridades del plan del gobierno sea pavimentar el camino para que los data centers se instalen en regiones. Según dijo Díaz, se están preparando “visores territoriales” que permitan georreferenciar la forma en que debiera crecer la industria. Fuera de Santiago, el itinerario del gobierno es Antofagasta, Valparaíso y Magallanes. Luego, el gobierno añadiría Atacama.

Tras el lanzamiento en diciembre de los lineamientos del plan, comenzaron a correr plazos para la ejecución de los distintos anuncios. Se creó un comité “multiactor” —gobierno, empresas y sociedad civil—, en cuya primera reunión, que se llevó a cabo en mayo, se comunicaron los avances el plan. Por ejemplo, respecto a la elaboración de una “herramienta digital para el crecimiento orgánico” se identificaron 71 variables territoriales y en el corto plazo el trabajo de concentrará en la Región de Antofagasta, donde también se espera construir un “campus de IA” operado por una empresa pública.

Tania Rodríguez, dirigente del Movimiento Ambiental y Comunitario por el Agua y el Territorio (Mosacat), fue la única representante de la sociedad civil que asistió a esa la primera (y hasta ahora única) reunión del comité multiactor del PData, junto a funcionarios de gobierno y ejecutivos de empresas, donde se dieron detalles del proyecto de Antofagasta. Su impresión fue que “todos los ministerios estaban trabajando para ellos” (es decir, para las empresas) y que ya les tenían preparados los terrenos donde instalar los data centers, mientras a las empresas lo que les preocupaba era que no les fueran a subir los precios. “Fue absolutamente decepcionante y doloroso el saber que el Estado está trabajando para el empresariado”, se lamenta Rodríguez.

Desde entonces el gobierno ha adelantado a algunos actores el mapa o visor que fomentará la instalación de un hub tecnológico en la región de Antofagasta, donde los nuevos centros de datos se “enchufen” a fuentes de energía solar en terrenos con permisos preaprobados. En la reunión del comité multiactor se informó que se iniciará un estudio de prefactibilidad para la instalación de este “campus” de IA en Antofagasta, en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la empresa pública Desarrollo País, la misma que creó una sociedad con Google para construir el cable submarino de Humboldt que unirá Sudamérica con Oceanía.

El 9 de septiembre pasado el Ministerio de Ciencia firmó un acuerdo con Desarrollo País para el proyecto de Antofagasta en el marco de un acto en que se lanzó una “Guía de Inversión para data centers en Chile”. Dicho evento fue cerrado a la prensa —desde el Ministerio se informó que no estaban permitidos los periodistas— y tampoco se adelantó a la guía al Comité Multiactor, que se se reúne desde mayo. Tania Rodríguez dice que su organización ni siquiera fue invitada al evento y según una persona que sí recibió la invitación, los asistentes parecían ser todos ligados al mundo empresarial.

El mayor detalle entregado hasta ahora sobre el proyecto de Antofagasta fue dado a conocer a fines de junio por el suplemento “Chile Tecnológico” de El Mercurio, donde se le definió como un parque de data centers. La gerente de Infraestructura Digital de Desarrollo País, Natalia López, dijo que se habían identificado terrenos públicos, los que serán urbanizados para que se puedan instalar los data centers, ya sea arrendando o comprando los sitios. “Cada empresa interesada construirá su centro de datos; nosotros daremos las facilidades de inversión, justo en un momento en que Chile necesita esa inversión (…). El beneficio es tener un lugar que cuente con certezas de que todos los permisos se obtendrán, además de contar con energía barata y las menores barreras posibles”, agregó el gerente general de la empresa pública, Patricio Rey.

El proyecto genera duda entre los activistas, pues no se conocen los impactos ambientales de instalar data centers en el desierto, especialmente si se requerirá de desalar agua para enfriarlos.

Fast track

Desde el primer momento, la principal demanda de la nueva asociación gremial de data centers ha sido disminuir o facilitar los trámites que se deben llevar a cabo para instalar un data center en Chile. Y entre esos trámites el más largo y complejo es la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). ¿Qué tan largo? Un análisis de esta alianza de los 16 proyectos aprobados desde 2020 da cuenta de que en promedio un proyecto tarda 8,7 meses en recibir su resolución de calificación ambiental (RCA), pero varía entre 5 y 17 meses.

El compromiso original del gobierno en el PData era estandarizar los criterios de la evaluación ambiental para dar más “certeza” a las empresas. El punto llama la atención, porque hasta ahora no hay proyectos que hayan sido rechazados durante la evaluación ambiental. Sí hay varios que se han desistido durante la tramitación y uno, el de Google en Cerrillos, que fue revocado parcialmente en 2024 por un tribunal ambiental luego de haber recibido una calificación favorable.

En mayo, cuando tuvo lugar la primera reunión multiactor del PData, el Ejecutivo mostró el estado de avance de una “guía con criterios técnicos” para la evaluación ambiental y el 5 de junio Sebastián Díaz, el principal asesor de la entonces ministra de Ciencia sobre data centers, desmintió en su presentación en el Colegio de Arquitectos de Madrid que el gobierno pretendiera desregular a la industria.

Sin embargo, eso fue exactamente lo que sucedió al día siguiente, cuando una reunión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó varias modificaciones al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que en la práctica permitirá que los data centers se construyan sin ser evaluados ambientalmente. Aunque internacionalmente los data centers despiertan críticas por su alto consumo energético y de agua, en Chile se los evalúa ambientalmente porque almacenan combustible para sus generadores de emergencia. El cambio reglamentario aumenta de 80 toneladas a 1.000 toneladas de combustible el umbral para exigirles evaluación ambiental, poniéndolo sobre el volumen que utiliza la gran mayoría de la industria de los data centers.

De 17 proyectos evaluados desde 2020, sólo dos incluían volúmenes superiores de diésel. Uno, menos de un 10% superior, y el otro porque incluía tres data centers que se implementarían en dos fases. En el futuro se ajustarán al nuevo umbral o avanzarán por fase y no serán evaluados ambientalmente, adelanta Cristián Rivera, de Giza Ingeniería, la consultora que ha preparado más declaraciones de impacto ambiental para grandes data centers, incluyendo el de más alto almacenamiento de combustible.

Pese a la relevancia del cambio, las palabras “data center” no se mencionaron en la reunión del Consejo de Ministros. Tampoco se incluyeron en el comunicado de prensa en que se informó de la reforma. No fue hasta el 16 de junio, cuando LaBot lo reveló en su newsletter, que se hizo pública la modificación que beneficiaría a los data centers (vea aquí ese boletín). La nota incluía la explicación del Ministerio de Medio Ambiente, donde se informó que la decisión se tomó considerando las implicancias para los data centers y que el tema se había conversado con sus pares de Ciencia. Dijeron que, si bien sabían que sería razonable evaluar a los centros de datos que consumieran agua, eso hubiera significado un cambio legal.

La modificación reglamentaria facilita el camino a las empresas y las libera de cualquier cuestionamiento ambiental (en el proceso se evalúa el proyecto en su conjunto, no sólo el almacenamiento de combustible). También pone un manto de opacidad sobre la instalación de data centers, pues en los procesos normales de evaluación de impacto ambiental, el SEIA incluye una página web de acceso público donde se puede conocer el proyecto y hacerle seguimiento. Además, permite a la ciudadanía organizada participar en ciertas circunstancias. De hecho, en el encuentro en España en que participó Díaz, tanto el activista de Quilicura Rodrigo Vallejos como el periodista de El País Pablo Jiménez habían destacado el proceso de evaluación ambiental chileno por la transparencia de su plataforma. No sabían que probablemente llegaba a su fin para los data centers.

Como era esperable, el cambio causó preocupación y enojo entre los actores de la sociedad civil que participan de las conversaciones con el gobierno. Al pedir explicaciones, desde el gobierno les dijeron que la ministra de Ciencia estaba contra el cambio justamente porque liberaba a los data centers de evaluación ambiental y no había asistido al consejo donde se aprobó. De ser así, no se sabe por qué no acudió a votar en contra —Ciencia fue el único ministerio sin representantes en el consejo— ni ha dicho públicamente nada sobre el cambio. Etcheverry, quien fue ministra hasta el 22 de julio pasado, declinó una solicitud de entrevista para este reportaje. También lo hizo su sucesor, Aldo Valle.

“Nosotros somos activistas que nos movemos por la información dura que está ahí (en la plataforma del SEIA). Estamos viendo y tenemos acceso a la información para poder reclamar. Entonces, sin esto nunca hubiéramos sabido que hay data centers en Quilicura”, recalca el activista Rodrigo Vallejos.

Junto a otros dirigentes, se está asesorando con abogados para iniciar acciones legales una vez que la modificación al reglamento se publique en el Diario Oficial —al momento de cerrar esta nota el gobierno aún no lo enviaba a Contraloría para toma de razón—, pues cree que vulnera los acuerdos de Escazú que firmó este mismo gobierno y que exigen acceso a la información ambiental. “Este es un presidente que, en su programa, prometía un gobierno ecologista, y ahora se entrega totalmente a un discurso de permisología”, cuestiona Vallejos, en referencia a las demandas del empresariado por reducir los permisos.

Desde la academia, la arquitecta Linda Schilling, quien estudia el rol de la participación ciudadana en los conflictos ambientales como parte de su tesis doctoral, reafirma el retroceso que significa el cambio regulatorio. “El sistema de evaluación de impacto ambiental es el mejor archivo de cambios territoriales que existe en Chile”, dice Schilling, quien fue una de las curadoras del pabellón chileno en la bienal de arquitectura de Venecia sobre data centers, que está construido en gran parte a partir de los datos del SEIA.

“Mi equipo considera que los data centers deben ser evaluados ambientalmente porque son edificios con huellas tremendas. Claro, están en parques industriales, pero nos cuesta creer desde la arquitectura que no haya un impacto ambiental para edificios de esa magnitud. Si bien puede que no tengan un gran impacto en el consumo hídrico, sí pueden contribuir a fenómenos como islas de calor y eso puede afectar cualquier tipo de ecologías que estén en el sector”, dice la experta. Para la bienal hicieron maquetas de todos los data centers autorizados hasta ahora y pudieron ver cómo la magnitud de los edificios ha ido aumentando en los últimos años.

Incluso el country manager de Amazon Web Services (AWS), Felipe Ramírez, considera que es importante que estos proyectos sean evaluados ambientalmente: “cuando tú haces inversiones de este tipo, que tienen un consumo de energía relevante, que en algunos casos incluso hay un consumo de agua importante, nosotros creemos que debiesen pasar al menos por una revisión que permita garantizar que en el lugar donde estos (data centers) vayan a operar, si es que generan algún tipo de impacto, ese impacto esté controlado o se compense con algo. Podemos discutir si la cantidad de permisos, si la rigurosidad de los permisos hoy día está bien o está mal, eso es más discutible, pero yo creo que una inversión de esta característica sí tiene que pasar por algún proceso”.

Los verdaderos impactos

El agua suele ser la principal preocupación cuando se habla de construcción de data centers. En todo el mundo se han hecho investigaciones sobre el gran consumo que está generando el auge de la inteligencia artificial y se cuestiona la opacidad de las empresas para dar a conocer cuánto utilizan en su operación. Hasta incluir “por favor” cuando se le pide información a ChatGPT consumiría agua, en palabras del gerente de la empresa que lo produce, Sam Altman.

La explicación para el alto consumo de agua es que los data centers son edificios llenos de racks con servidores que funcionan permanentemente, lo que genera calor. Para bajar la temperatura se requiere tener sistemas de enfriamiento de manera constante. El agua es por lejos la alternativa más costo-eficiente para enfriar los data centers, pero también la que genera un impacto más inmediato en el medio ambiente.

Sin embargo, la situación del agua en Chile puede ser menos apocalíptica de lo que parece. No siempre fue así. Cuando Google instaló su primer data center en Quilicura en 2013 —que no pasó inicialmente por una evaluación ambiental, aunque sí debió evaluar su ampliación— despertó una gran oposición de los vecinos porque extrae agua de las napas y hay un humedal en la zona.

Luego, en 2019, comenzó con los trámites para construir un segundo data center en Cerrillos, donde nuevamente se encontró con un fuerte rechazo porque contemplaba la extracción de agua subterránea de la zona. Pese a la oposición de los vecinos y del municipio, el proyecto de Google fue aprobado ambientalmente en 2020. Los opositores recurrieron entonces a la justicia ambiental.

Fue por esa causa que nació Mosacat, el Movimiento Ambiental y Comunitario por el Agua y el Territorio. Luego de infructuosas gestiones con Google en Chile, lograron iniciar negociaciones directas con la empresa en Estados Unidos, hasta llegar a un acuerdo para cambiar el sistema de enfriamiento por uno que no utilizara agua. La dirigente de Mosacat Tania Rodríguez recuerda que “fueron un par de años que tuvimos conversaciones y ahí ellos detuvieron el proyecto y ese compromiso fue escrito, fue enviado al SEA (Servicio de Evaluación Ambiental)”. Éste organismo estimó que no era necesario hacer cambios al proyecto para modificar el sistema de enfriamiento (ver expediente). De todos modos, 13 de los demandantes y la municipalidad retiraron su acción legal, salvo una vecina que insistió en tribunales.

Para sorpresa de muchos, en septiembre de 2024 el juicio que había llevado a cabo esa vecina terminó en un fallo del Segundo Tribunal Ambiental, que consideró que al no incluirse el cambio de sistema de enfriamiento en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) el proyecto no se hacía cargo de su impacto en el cambio climático, por lo que revocó parcialmente el permiso. Ante este escenario, Google retiró el proyecto y presentaría uno nuevo, sin consumo de agua.

La pelea de los vecinos de Cerrillos contra el gigante tecnológico estadounidense fue una de David contra Goliat que le valió a Tania Rodríguez ser considerada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo en inteligencia artificial el año pasado, una lista que lidera justamente el CEO de Google, Sundar Pichai (ver nota).

En Quilicura, en cambio, Google construyó mucho antes y no ofreció un cambio de tecnología que no usara agua, sino que ideó un sistema de compensaciones voluntarias, como la implementación de un “bosque urbano”. Se trata de un terreno ubicado justo al frente del cementerio de Quilicura y que seis años después de su inauguración permanece con obras a medio construir y cerrado al público. Se ha transformado en un ícono de la falta de consideración de las empresas de tecnología por las comunidades a las que impactan. Aunque Google sólo se había comprometido a mantener el recinto por cinco años, su nombre sigue ahí, en el “bosque” abandonado.

De esta forma, Google ha encabezado dos proyectos que han enfrentado rechazo de las comunidades y que fueron diseñados con un consumo de grandes cantidades de agua. Además, el suyo fue el primer gran data center en construirse en Quilicura, una comuna considerada de “sacrificio” por la alta saturación de industrias y el impacto ambiental que generan. De a poco se transformó en la comuna con más data centers en Chile, pues a Google le siguieron Ascenty (tres proyectos), Cirion y Microsoft, que se levantan entre bodegas industriales y calles llenas de hoyos por los camiones de carga que circulan sin cesar.

En la memoria colectiva, las peleas de los vecinos de Quilicura y Cerrillos contra Google quedan fijadas como una lucha ambiental ante el gran consumo de agua de los data centers. Para la industria, en cambio, el caso de Google parece ser uno de una empresa que no se adecuó a tiempo a la realidad en que se encontraba.

“Siempre supimos que (Google en Cerrillos) estaba presentando ese proyecto con un sistema de refrigeración por agua y que no iba a ser aprobado porque en Chile no existen grandes data centers que tengan sistemas de refrigeración por agua. Todos los sistemas son refrigeración por aire, porque no hay agua suficiente, la sequía es algo que nos está golpeando en Santiago hace 10 años por lo menos”, dice Carlos Leiva, cuya empresa CLK presta servicios de ingeniería en la construcción y mantención de data centers.

De hecho, ninguna de las declaraciones de impacto ambiental que ingresaron después de la de Google usa agua como sistema de enfriamiento. Aunque las tecnologías propuestas por cada empresa no son idénticas, en general se trata de “chillers”, unas máquinas parecidas a aires acondicionados gigantes. Hay algunas compañías que declaran simplemente no usar agua, sólo refrigerantes que se vuelven gaseosos. Otras admiten usar cantidades limitadas de agua potable, que recircula dentro de un circuito cerrado y sólo debe ser recargada en contadas ocasiones.

También hay sistemas de refrigeración como los que usan Amazon y Microsoft, que pese a declarar el uso de tecnología de bajo consumo de agua, admiten que en los días de más calor requerirán sumar enfriadores que usan la evaporación de agua para complementar. En el caso de Microsoft, el cálculo es que este sistema de respaldo operará el 7% del año (600 horas), que es el tiempo que se prevé que la temperatura exceda los 29,4°C. Amazon, en cambio, cree que el sistema a vapor deberá activarse sólo el 3% del año y, para que quede claro que es poca agua, dice que utilizará entre 788 m3 y 5.554 m3 al año, equivalente al consumo anual de 2 y 16 casas chilenas, respectivamente.

El plan de Amazon es, para el 2030, devolver al medio ambiente más agua de lo que consume o ser water positive, como se dice en inglés. En Chile tienen un contrato con una empresa que ayuda a los agricultores del río Maipo a hacer más eficientes sus sistemas de riego. “Esa es la forma de compensar. De hecho, si miras el consumo que vamos a tener de agua en Chile y todo ese ahorro que se genera, vamos a ser súper water positive”, augura el country manager de Amazon.

Para el arquitecto Nicolás Díaz Bejarano, investigador del núcleo Futures of Artificial Intelligence Research (FAIR) y cocurador del pabellón chileno en la bienal de arquitectura de Venecia sobre data centers, las declaraciones de impacto ambiental de las empresas utilizan un “juego retórico” que mantiene la opacidad sobre el verdadero consumo de agua: “En el informe te dicen que es un sistema cerrado de agua que va a tener un primer llenado y va a ir recirculando. Y en algunos momentos van a rellenar esta recirculación. Ya, pero dígame cuánto consume”.

A nivel internacional se usa el término Water Usage Effectiveness (WUE) o efectividad del uso del agua, pero no existe un índice público que permita comparar la eficiencia de los distintos proyectos. Más allá de las dudas y vaguedades sobre estos nuevos sistemas de enfriamiento, la decisión de no ocupar agua aumenta los costos de operación porque utiliza enormes cantidades de energía para funcionar y que se suma al gran consumo que de por sí tienen los servidores, lo que genera un nuevo flanco.

Mega consumo

Los data centers suelen utilizar como métrica principal su consumo eléctrico (megavatios). Esta forma de medir el tamaño de los data centers da cuenta de la centralidad de la energía en su funcionamiento.

Los data centers con grandes capacidades de procesamiento como los que se han construido en los últimos años para trabajar con inteligencia artificial, llamados de hiperescala, en general consumen entre 20 MW y 40 MW, el equivalente al consumo de todo un pueblo.

En el ya mencionado foro en España, Sebastián Díaz dijo que actualmente la capacidad instalada de grandes data centers en la Región Metropolitana y Valparaíso es de 300 MW y que se espera que ese número se quintuplique en los próximos años, es decir, que llegue hasta los 1.500 MW. El problema es que el consumo eléctrico tiene limitaciones físicas, tanto de generación como de transmisión y distribución de energía. El funcionario dijo que el gobierno quería evitar la experiencia de ciudades como Amsterdam o Dublín, que vieron saturados sus sistemas eléctricos por la instalación de data centers sin la planificación adecuada.

Ante la enorme necesidad de energía, en otros países las propias grandes empresas tecnológicas han comenzado a invertir en generación para poder cubrir su demanda. El caso más llamativo es el de Google, que llegó a invertir en energía nuclear.

En Chile hace ya varios meses que se comenta que empresas de data centers invertirán en generación, incluso instalando paneles solares junto a sus plantas, sin que hasta ahora se haya concretado algún anuncio en particular. Sobre este tema, Felipe Ramírez, el country manager de AWS, no niega que esa empresa esté preparando o vaya a invertir en el futuro enproyectos energéticos: “Puede ser. No es algo que descarte y no es algo que tampoco te pueda decir que no lo estemos haciendo hoy día. Nosotros, como AWS, no manejamos todo el detalle, toda la información de eso. Eso se maneja de forma centralizada”.

Encontrar terrenos con buen acceso a energía y fibra óptica, que además permitan la instalación de empresas catalogadas como industria molesta (una calificación que el gremio pide eliminar) es lo que explica que se hayan ubicado en lugares como Quilicura, Colina o Pudahuel.

Esta demanda ha hecho surgir un área especializada del corretaje de propiedades, que se dedica a buscar terrenos factibles para las empresas extranjeras que quieren instalar data centers en Chile. Colliers y GPS Property han creado unidades especializadas, publican reportes sobre el sector e incluso se unieron al gremio Chile Data Centers.

“El terreno es un 5% del total de inversión, entonces no les importa el valor, lo compran caro, por decirlo de una forma, y tienen requerimientos de terreno cada vez más grandes. Un data center tiene que tener acceso a mucha energía porque al final es una maquinita que tiene que correr siempre para que nosotros podamos usar los datos y, además, eso tiene que estar conectado a la red de fibra óptica, pero no cualquier fibra óptica, sino una que puede transportar grandes cantidades de datos”, explica Rebecca Emmons, quien al momento de esta entrevista era subgerenta de data centers en Colliers.

Emmons dice que, por ejemplo en Quilicura, que fue la locación favorita de la industria hasta ahora, ya no hay capacidad para conectar más data centers con la infraestructura existente, por lo que cada vez se mira hacia más al norte de la ciudad en busca de nuevos sitios que les permitan instalarse.

Los requerimientos de los data centers son distintos a los de otras industrias. En la eléctrica Enel aún recuerdan cuando a fines de la década pasada se acercó una empresa de nombre Luna que llegó con mucho secretismo y requerimientos muy específicos: pedían una calidad especial y proyectaban un consumo de 40 MW, equivalente a un pueblo pequeño. Luego se enteraron de que era Google, que en este rubro en Chile opera con la sociedad Data Luna, que no quería que se supiera que estaban haciendo un data center.

Para poder operar estas instalaciones requieren tener la máxima seguridad de suministro y por lo tanto se conectan con una línea dedicada —exclusiva — hasta una subestación, que permite convertir la electricidad de alta tensión a la media tensión con la que operan. Por estas razones, en general son las empresas de data centers las que financian la infraestructura eléctrica que utilizan.

En algunos países, la expansión de los data centers ha generado un aumento de precios en las cuentas de luz para los ciudadanos comunes. En Chile, como gran parte de la infraestructura nueva la pagan los data centers, eso no se influye en el cálculo de tarifa, aunque si la distribuidora debe invertir en una subestación que luego sirve a otros clientes, entonces sí podría afectar los precios. En cualquier caso, los expertos consultados creen que un eventual impacto en el precio de la energía sería marginal.

Otro impacto no deseado del alto consumo de esta industria en otros países ha sido que para suplir la demanda de energía se ha recurrido a combustibles fósiles para la generación eléctrica, revirtiendo la tendencia a utilizar cada vez más energía renovable que no contamine o impacte en el calentamiento global. En Chile hay una fuerte presión para que esto no suceda y no sólo desde el gobierno, sino que las empresas utilizan el factor “sustentable” como una importante carta de márketing. Por su consumo, son clientes libres, es decir, que tienen contratos directos con las generadoras y no pagan la tarifa regulada. Eso les permite comprarles, por ejemplo, a una central solar y decir que se abastecen de energía limpia, aunque lo cierto es que una vez que la energía entra al sistema interconectado ya no es posible saber de dónde se está consumiendo. La empresa contratada podría incluso no estar inyectando energía al sistema en ese minuto.

Actualmente cerca del 40% de la matriz energética chilena es renovable, una cifra alta a nivel mundial, y el plan del gobierno es que crezca significativamente. El problema en este momento es que existe un superávit de energía en el Norte Grande, específicamente en la región de Antofagasta, con dos limitaciones técnicas que por ahora impiden aprovecharla: capacidad de almacenamiento y de transmisión hacia los centros de consumo.

El gobierno está trabajando en facilitar que los nuevos data centers se construyan en el norte, donde está la energía solar. Sin embargo, no han dado más detalles, ni información específica sobre cómo piensan lograrlo, por lo que abundan las preguntas. Primero está el tema del plazo, ¿para cuándo es realista pensarlo? Porque los data centers necesitan flujos estables de energía 24/7, con garantías de suministro, y aún no parece haber baterías que den esa certeza para las plantas solares. Tampoco existe la infraestructura de fibra óptica adecuada para transmitir los datos hacia el sur.

Luego está el tema de la temperatura. ¿Dónde específicamente esperan instalarlos? ¿Se calentarán más en el desierto que en Santiago? Si es así, será necesario usar agua, que no hay en esa zona, y por lo tanto recurrir a desaladoras, que usan aún más energía. Un círculo vicioso.

Las promesas

El entusiasmo del gobierno ante los recientes anuncios de inversiones de data centers de Microsoft y Amazon se explica por los grandes montos de inversión anunciados. Mientras la primera proyecta US$3.300 en tres años, la segunda prevé invertir US$4.000 en 15 años.

Cómo esas inversiones impactan en el país tiene mucho que ver con la cantidad y el tipo de empleo que generen, pero es una industria poco intensiva en mano de obra. En la primera etapa, durante la construcción, el empleo es mayor. Pero aun así, hay que tomar en cuenta que, en palabras del representante de AWS en Chile, es un tipo de obra que “no tiene mucha ciencia”. Las constructoras locales deben seguir especificaciones técnicas de AWS y luego la instalación de los equipos es la que requiere de cierta especialización, pero como es algo que se hace una vez, hay personal que viaja por el mundo haciendo ese trabajo: “vienen, hacen la instalación y se van a instalar otra en Nueva Zelanda”, resume Ramírez.

Carlos Leiva, de CLK, dice que las empresas como la suya, que hacen proyectos de ingeniería para data centers, no han podido aprovechar el boom de los mega proyectos para inteligencia artificial. “Traen a sus propios expertos y vienen con un modelo ya hecho, no encargan proyectos de arquitectura, han desarrollado ingeniería espectacular en alguna parte del planeta y tienen 20 o 30 modelos que se adaptan a distintos requerimientos”, dice Leiva. Acá necesitan a un ingeniero y un arquitecto que firmen los documentos legales y que ajusten los modelos a las variables sísmicas, pero el grueso del proceso viene de fuera.

Una vez construidos, durante la operación, las necesidades de trabajadores son aún menores. Claudio Rivera, experto en declaraciones de impacto ambiental para data centers, cuenta que en los procesos de participación ciudadana se nota que la gente cree que estas empresas tienen un impacto laboral como el de las grandes mineras, cuando lo cierto es que generan una mínima cantidad de empleos. De acuerdo a lo que informan las propias empresas en las declaraciones, terminada la construcción en general contratan entre 25 y 50 personas, con un máximo de 100 empleados en contados casos.

En el marco de PData, el instituto profesional Inacap (un centro de estudios no universitario) inauguró un “data center” didáctico para capacitar personal para la nueva infraestructura. El tema se tocó en la primera reunión multiactor de PData, en la que se anunció la preparación de cinco perfiles laborales para data centers: operador/a de infraestructura crítica, especialista en redes y comunicaciones, soporte TI y hardware, consultor/a de diseño y comisionamiento, y analista de sostenibilidad y eficiencia.

Según Tania Rodríguez, la única asistente de la sociedad civil, se habló de extender las capacitaciones a otros centros de formación técnica. Ella, que ha visto las cifras de mano de obra que requerirán los data centers, cuestionó la idea. “Dije que me parece una irresponsabilidad de parte del Estado; van a salir un montón de chiquillos, porque van a cambiar las mallas curriculares, y no van a tener trabajo porque esto (los data centers) no da puestos de empleo.”, cuenta Rodríguez.

Sin embargo, cuando se habla del impacto de los data centers se mencionan enormes cifras de empleo que incluyen el uso de la tecnología de la nube, pero no se detalla cómo se generarán. Quizás el caso más llamativo es el de Microsoft, que al lanzar su región de data centers hizo una gran campaña comunicacional que subrayaba los miles de empleos que crearía y su propaganda fue simplemente repetida por las autoridades de gobierno.

En su discurso en ese evento, el presidente Boric mencionó los supuestos 17 mil empleos directos que se crearían en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, además de 80 mil en el ecosistema de data centers. Los datos figuran también en un comunicado del gobierno que entre los “beneficios de contar con el data center de Microsoft en Chile”, menciona “más de 17 mil nuevos empleos calificados”.

LaBot pidió a Microsaroft el estudio en el cual se basan esos datos, que fue realizado por la consultora IDC por encargo de la empresa. El informe de una página detalla que los 17.278 empleos serán generados por “Microsoft, su ecosistema y los departamentos de TI de las empresas clientes”, mientras que otros 81.041 provendrán de puestos directos creados por Microsoft, sus socios y clientes. No dan más detalles, pero sí un desglose de las cifras por sector:El documento entregado por Microsoft (ver aquí) no explica cómo se llega a esas cifras y la empresa no respondió los requerimientos de mayores detalles y rechazó una solicitud de entrevista.

En general estos anuncios se basan en cálculos sobre el uso de la “nube”, pero no especifican cómo se hacen ni qué pasaría si los data centers estuvieran en Mendoza o en Tacna y Chile accediera de la misma manera a los servicios de la empresa 

Reflexión crítica en Venecia

Curiosamente, entre los académicos que en los últimos años han estudiado y cuestionado el auge de los data centers en Chile destacan arquitectos y diseñadores. Eso explica que este año el pabellón de Chile en la bienal de arquitectura de Venecia tuviera como tema principal la construcción de data centers, con la paradoja de que, mientras a través del Ministerio de Ciencia el gobierno impulsaba un plan para facilitar su instalación en el país, el Ministerio de las Culturas financiaba un pabellón que cuestionaba las políticas del Estado en esta materia.

Haciendo caso omiso al tecno-optimismo que irradiaba el tema general de la bienal, “Inteligencia natural. Artificial, Colectiva”, el pabellón chileno lleva el nombre “Inteligencias Reflexivas” y pone el foco en la falta de consideración sobre las comunidades, a partir de las evaluaciones de impacto ambiental de 25 proyectos de data centers.

A través una larga mesa, que en realidad es una pantalla que transmitía un video, se ven avanzar los distintos proyectos e incluso el Plan Nacional de Data Centers del Gobierno. “La premisa de este proyecto es clara y contundente: si se pretende construir un futuro tecnológico justo, equitativo y sostenible, lo primero que tenemos que hacer es rediseñar las estructuras y procesos de toma de decisiones que lo hacen posible”, escribieron los curadores en una columna en el diario El País.

La mesa digital es una metáfora que no cuestiona la necesidad de construir data centers, sino la forma en que se hace: “Para imaginar otro futuro, debemos entonces recuperar la mesa, no sólo como metáfora y símbolo, sino como una exigencia de deliberación, participación, responsabilidad y justicia. Donde la realidad de la inteligencia artificial, cargada de minerales, agua y energía, sea confrontada y no ocultada”. Pero mientras esta reflexión tenía lugar en Venecia, en Santiago el gobierno se movía en sentido contrario: eliminando las instancias de participación y deliberación sobre estos proyectos de infraestructura digital, así como la información pública que permitió montar la muestra.

La Mano Invisible de las Big Tech es una investigación periodística transfronteriza y colaborativa liderada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto a Crikey (Australia), Cuestión Pública (Colombia), Daily Maverick (Sudáfrica), El Diario AR (Argentina), El Surti (Paraguay), Factum (El Salvador), ICL (Brasil), Investigative Journalism Foundation - IJF (Canadá), LaBot (Chile), LightHouse Reports (Internacional), N+Focus (México), Núcleo (Brasil), Primicias (Ecuador), Tech Policy Press (USA), Tempo (Indonesia). Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del equipo legal El Veinte y el diseño de la identidad visual de La Fábrica Memética.

AR

Sandra García abre el grifo de su casa, pero no sale agua. Ella, de 38 años, trabaja en una fábrica y vive con su marido y su hijo en Viborillas, Colón, en el estado mexicanos de Querétaro. Esta situación se ha vuelto habitual para ella y para muchos habitantes de su pueblo y del vecino, El Marqués, una región duramente golpeada por la escasez de agua. El gobierno local se ha visto obligado a racionar el suministro y algunas familias solo tienen acceso al agua cada tres días.

La región sufre estrés hídrico al menos desde 2008, y en abril de este año, Conagua —la autoridad local encargada de los recursos hídricos— declaró que 17 de los 18 municipios del estado no habían recibido suficiente lluvia. García debe ir una vez por semana a donde su casera, quien ocasionalmente tiene agua corriente. Allí llena los baldes y los carga de regreso a su casa.

Aunque muchos residentes de Colón relacionan la falta de lluvias con los grifos secos, pocos saben que enfrentan a un nuevo competidor industrial por sus ya escasos recursos hídricos. El estado de Querétaro es uno de los polos latinoamericanos donde más rápidamente se está expandiendo la industria de los centros de datos. Según la Asociación Mexicana de Centros de Datos, en el estado hay 14 instalaciones. La Secretaría de Desarrollo local menciona 19 permisos en una solicitud de acceso a la información. La mayoría de estos centros están en Colón o en El Marqués, los cercanos a la capital regional, que también se llama Querétaro.

Muchos usuarios se imaginan que sus servicios de almacenamiento en la nube funcionan en algún espacio etéreo. Pero no es así. Google Drive, OneDrive, Amazon Web Services (AWS) y otros dependen de una infraestructura física mucho más terrenal: un edificio lleno de computadoras, conocido como centro de datos, con servidores que almacenan la información personal, transportan las imágenes y textos que se ven al acceder a una página web o contienen los datos financieros de la cuenta bancaria y permiten la rápida conexión a internet.

Los centros de datos existen desde hace décadas, pero solo recientemente han empezado a ser motivo de preocupación. Desde la aparición de la inteligencia artificial (IA) generativa, se han empezado a construir —o planear— centros de datos nuevos, más complejos y costosos, conocidos como “centros de datos de hiperescala”, en todo el mundo. Aunque América Latina no es la principal región receptora de inversión en este rubro, ha captado el interés de grandes empresas del sector, ya que muchos países de la región cuentan con vastos recursos naturales, energía barata y gobiernos dispuestos a reducir impuestos para no quedarse por fuera de la “nueva era digital” de la IA.

Para aprovechar esta oportunidad, la industria de los centros de datos —que incluye también sectores bien establecidos como el inmobiliario, el de la construcción, el de la energía y los proveedores de componentes y materiales— ha invertido en fortalecer sus vínculos con autoridades nacionales, influyendo muchas veces en las regulaciones que luego los beneficiarán. Y con los proyectos avanzando rápidamente, varios países latinoamericanos enfrentan ya muchos de los desafíos ambientales, de gobernanza y energéticos que suelen traer estos centros de datos.

Las empresas del sector argumentan que la IA es el futuro de la economía y que sería un error quedarse atrás, ya que sus nuevas instalaciones traerán empleos y prosperidad a la región. También afirman que las nuevas tecnologías de construcción irán reduciendo el impacto en el consumo de agua y energía de cada centro de datos. Algunas incluso prometen que solo utilizarán energías renovables para su funcionamiento.

Así que, mientras la promesa de un auge económico ligado a la IA aún no se ha materializado, muchos gobiernos latinoamericanos, confiando en los argumentos optimistas de la industria, han promulgado políticas para promover la construcción de nuevos centros de datos, en algunos casos acompañadas de incentivos fiscales o desregulación.

Durante nueve meses, una alianza de 17 redacciones de 15 países ha realizado pedidos de información pública, entrevistado diversas fuentes del gobierno y del sector y ha reporteado con la gente que vive donde se construyen los centros de datos, para contrastar estas promesas de progreso con la realidad sobre el terreno en Brasil, Chile, El Salvador, México y Paraguay. Este trabajo hace parte de la investigación La mano invisible de las Big Tech, coordinada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). 

Esta investigación revela que, aunque la industria de los centros de datos promete cientos de miles de empleos directos e indirectos generados por las nuevas instalaciones, los estudios muestran que en, el mediano plazo, una vez pasa la construcción, se crean solo decenas de puestos de trabajo. Se necesita muy poco personal para operarlas, y los beneficios para las economías locales no están a la vista.

No es el único problema. Los centros de datos nuevos y más avanzados consumen más electricidad para funcionar. Aunque algunas empresas sostienen que usarán energía renovable, esas afirmaciones son difíciles de verificar y los nuevos generadores eléctricos construidos para responder a la demanda de este auge constructivo han recurrido, en su mayoría, a combustibles fósiles.

También encontramos que las corporaciones multinacionales que dominan el mercado de centros de datos son conglomerados de estructuras y propietarios complejos, lo que dificulta su regulación y les permite ser más opacos respecto a su impacto ambiental y al uso de recursos. En muchos países latinoamericanos, como documentó esta investigación, organizaciones locales han tenido que luchar por mantener el acceso a recursos como el agua y la energía, y no perciben que estas empresas les estén beneficiando; sirven a personas que están en otros lugares, almacenando y procesando datos ajenos.

El mundo digital interconectado en el que vivimos necesita centros de datos. La pregunta es si los necesita al ritmo y bajo las condiciones que imponen las gigantes tecnológicas (llamadas Big Tech en inglés), el sector inmobiliario digital y otros actores de este nuevo auge. ¿Es posible que los países latinoamericanos construyan centros de datos en sus propios términos, priorizando el medioambiente y las necesidades de las comunidades que viven alrededor de estas instalaciones? Esta es la pregunta que motivó esta investigación.

Que no se recaliente

Uno de los principales retos de diseño para los proveedores de centros de datos es la refrigeración. De ahí surge la necesidad de agua. Los servidores están compuestos por tableros con unidades de procesamiento que proporcionan la potencia de cálculo. Estos servidores funcionan constantemente y deben mantenerse dentro de un rango de temperatura estable, lo que suele requerir sistemas de refrigeración que consumen mucha agua. Las unidades centrales de procesamiento (CPU) eran el componente clave de los centros de datos que prestaban servicios en la nube hasta hace poco, cuando se descubrió que las unidades de procesamiento general (GPU) eran mucho más eficaces para satisfacer las demandas informáticas generadas por la IA.

De ahí que aunque, antes del reciente auge de la inteligencia artificial generativa —un tipo de IA que puede generar contenido nuevo a partir de instrucciones, como ChatGPT—.los centros de datos siempre necesitaron sistemas de refrigeración para evitar el sobrecalentamiento, La nueva generación de centros de datos de IA funciona a temperaturas mucho más altas y, por lo tanto, requiere mucha más agua. 

Los centros de datos más nuevos intentan minimizar el consumo de agua de distintas formas. Algunos crean un “sistema de circuito cerrado” en el que, en teoría, no se evapora agua, por lo tanto no se requiere acceso continuo a este recurso. Pero Sharlene Leurig, socia gerente de Fluid Advisors, una consultora especializada en agua, dijo a Bloomberg que “el agua suele ser la última consideración a la hora de decidir la ubicación de los centros de datos, porque es barata en comparación con el costo del suelo y la electricidad”.

Así, algunos desarrolladores de centros de datos e incluso gobiernos no se preocupan demasiado por si ponen en riesgo el acceso al agua en las regiones donde planean construir. Su prioridad, más bien, es encontrar acceso barato a los recursos.

En Querétaro, México, el equipo de televisión N+, aliado de esta investigación, descubrió que tanto el gobierno estatal como el federal lanzaron una estrategia para atraer centros de datos, a pesar de los informes de la autoridad ambiental local, Conagua (la dependencia de la Secretaría de Medio Ambiente encargada de regular el uso del agua), que recomendaban no otorgar nuevos permisos de uso de agua. La ciudad vivió su peor sequía del siglo en 2024, cuando el 14,8% de la población no tuvo acceso constante al agua potable y los trabajadores agrícolas locales tuvieron dificultades para conseguir agua para regar sus cultivos.

Mientras tanto, las empresas de centros de datos también invierten en cambiar la narrativa: N+ reveló que Microsoft y ONU-Hábitat elaboraron un informe solicitando una inversión de 82 millones de pesos mexicanos para impulsar la economía local en Querétaro. El informe, tras visitar ocho comunidades, identificó la sequía como uno de los principales desafíos. Sin embargo, no recomendó inversiones para solucionar dicha sequía. En su lugar, propuso invertir en infraestructura para la región, como pavimentar calles o construir un techo para una plaza pública. Aun así, el informe afirmaba que “los centros de datos representan una oportunidad para la transformación socioeconómica del estado de Querétaro y, más específicamente, de los municipios de El Marqués y Colón”.

A pesar del respaldo internacional y los recursos de Microsoft, la empresa no ha realizado inversiones en infraestructura para mitigar la sequía ni enfrentar otros problemas socioeconómicos en el estado, como pudo verificar esta investigación al visitar siete de los ocho municipios mencionados en el informe y hablar con las autoridades locales. Sin embargo, Microsoft sí construyó una “región de centro de datos” en Querétaro, que comenzó a operar a principios de 2024.

Esta alianza periodística preguntó a Microsoft sobre el propósito de este informe y si sus centros de datos podrían empeorar el acceso al agua en la región. Microsoft respondió enlazando a una ficha de datos.

Esta alianza también contactó a Amazon, compañía que anunció este año que lanzará una región de centros de datos en Querétaro, para preguntarle sobre el uso de agua de sus centros de datos en este estado. La compañía respondió que en esta región de centros de datos usarán un diseño que no usará agua para el enfriamiento. Agregaron que con esto se acercarán a su compromiso de tener una huella hídrica positiva para 2030.

En 2018, en Chile, Google anunció, en una conferencia de prensa con el entonces presidente Sebastián Piñera y algunos de sus ministros, una inversión de 140 millones de dólares para expandir la instalación que había construido en 2015, a pesar de la escasez de agua en la zona. Y en 2019, el gigante tecnológico dijo que planeaba construir un segundo centro de datos en el distrito santiaguino de Cerrillos, con un costo de 200 millones de dólares. Ante esto, ciudadanos protestaron y autoridades locales se quejaron, ya que este nuevo centro usaría grandes cantidades de agua para sus sistemas de enfriamiento. (Ver historia completa de LaBot, aliado de esta investigación aquí)

La batalla por los centros de datos en Chile ha dado lugar a una creciente conciencia sobre los posibles daños y, a su vez, a un cuestionamiento sobre a quién beneficia realmente esta infraestructura. Algunos activistas consideran que los centros de datos benefician solo a personas que consumen los datos desde otros lugares. “Esto es solo [almacenamiento de] datos y la explotación de nuestros recursos naturales. Solo eso. Es una nueva forma de extractivismo digital, nos están usando desde el Norte Global”, dijo Tania Rodríguez, líder del Movimiento Socioambiental y Comunal por el Agua y el Territorio (Mosacat) a esta colaboración periodística.

Tras esta oposición, una decisión judicial revocó la licencia para construir este segundo centro de datos y Google se comprometió a elaborar un nuevo plan para un centro que utilizara refrigeración sin agua.

Sin embargo, un informe de LaBot, muestra que el gobierno chileno aprobó administrativamente un cambio regulatorio que permitirá construir centros de datos sin pasar por un proceso de evaluación ambiental. Hasta ahora, dicho proceso permitía supervisar la protección de los recursos naturales y que los residentes locales plantearan preguntas sobre los posibles impactos en sus vidas. La nueva norma relaja las exigencias y, si hubiera estado vigente en las últimas décadas, solo dos de una veintena de proyectos habrían sido evaluados ambientalmente. Esta decisión administrativa no se hizo pública. Solo después de que LaBot cuestionara esta medida, el Ministerio de Medio Ambiente reconoció el cambio y declaró que poder evaluar el consumo de agua de los centros de datos requeriría de una nueva ley aprobada por el Congreso.

La mitad de todos los centros de datos en Brasil (ya sea en etapa de planificación, construcción u operación) están en el estado de São Paulo, principalmente en la región de Campinas, según datos obtenidos por Núcleo Jornalismo, aliado de esta investigación, a través de Data Center Map, una plataforma que mapea la ubicación de estos centros en el mundo. Esta cifra incluye tanto los centros de datos a hiperescala como instalaciones más antiguas. En los últimos años, esta región ha enfrentado numerosas crisis hídricas. La más grave ocurrió entre 2014 y 2015, cuando muchos municipios del estado —incluyendo Campinas y la ciudad de São Paulo— implementaron un racionamiento de agua.

La industria de los centros de datos ha identificado otras ciudades brasileñas como lugares de interés, aunque hayan enfrentado recientemente escasez de agua. Nueve de las 14 ciudades que ya tienen, o tendrán, nuevos centros de datos —según una solicitud de información enviada por Agência Pública, otro aliado de esta investigación— fueron clasificadas por el Water Risk Atlas como de riesgo medio-alto en términos de agua, y otras tres como de “riesgo alto”. Entre estas últimas se encuentran Campo Redondo, en el estado de Rio Grande do Norte; Igaporã, en Bahía; y Caucaia, en Ceará —todas en el noreste de Brasil. TikTok está construyendo un centro de datos en esta última localidad, aunque, según un informe publicado por The Intercept Brasil, es muy probable que dicha obra agrave la sequía que enfrenta la zona.

Esta alianza periodística contactó a Luis Tosse, vicepresidente de la Asociación Brasileña de Centros de Datos (ABDC), y le preguntó sobre las críticas relacionadas con el elevado consumo de agua de estos centros en el país. Tosse afirmó que “tenemos agua disponible” y que, por lo tanto, esto no debería considerarse un problema en Brasil. Andrei Gutierrez, presidente de la Asociación Brasileña de Empresas de Software (Abes), agregó: “es lo mismo que decir: ‘oye, no vamos a construir una carretera porque la carretera impermeabiliza el suelo’. ¿Me entiendes? Yo creo que todo es una cuestión de planificación”.

Que siempre esté encendido

Con el crecimiento exponencial de los centros de datos, incluso si cada uno de ellos, individualmente, utiliza menos agua, se necesitará más energía para que un número cada vez mayor de edificios siga funcionando. Y a medida que crece la demanda de electricidad, también se intensifica la presión para construir capacidad de generación utilizando combustibles fósiles. Esto podría retrasar la transición energética necesaria para combatir el cambio climático y agravar los efectos de este, poniendo en aún mayor riesgo a las zonas con estrés hídrico.

Una mayor capacidad de generación energética es fundamental para el negocio de la inteligencia artificial, ya que la potencia de procesamiento necesaria para resolver sus consultas es mucho mayor y, por lo tanto, consume más energía que otras operaciones digitales. Aunque el consumo energético de la IA es difícil de calcular (pues cada petición que se le hace a esta tecnología depende de varios procesos previos cuyos costos son difíciles de individualizar), la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) calculó que una búsqueda tradicional en Google consume 0,3 vatios-hora. En cambio, una consulta a ChatGPT, en promedio, consume 2,9 vatios-hora.

La Agencia Internacional de Energía (IEA) publicó un informe en el que calculó que los centros de datos consumieron alrededor del 1,5% de toda la electricidad del mundo en 2024. Esto equivale a 415 teravatios-hora. Pero en ese mismo informe —que otros expertos consideran conservador—, la IEA proyectó que esta cifra se duplicará para 2030.

Algunos países destinan una mayor proporción de su suministro total de energía a alimentar centros de datos. El caso más extremo es Irlanda, donde el 21% de su electricidad (producida mayoritariamente mediante la quema de combustibles fósiles) en 2024 se destinó a centros de datos. Esta cifra llevó a las autoridades locales a restringir nuevos centros de datos en los alrededores de la capital, Dublín, por temor a apagones programados. Las empresas del sector han tenido que responder a estos problemas. Meta, una de las principales operadoras de centros de datos del mundo, tiene cinco instalaciones en Irlanda (Data Center Map registra un total de 133 centros de datos en el país). Pero también tiene oficinas allí, desde donde informó que había establecido una alianza con Brookfield Renewable Energy Partners mediante un “acuerdo de suministro a largo plazo de energía eólica 100% renovable para el centro de datos de Clonee y las oficinas de Meta en Irlanda”.

En cualquier caso, es difícil evaluar con exactitud cuánta energía consume este sector, ya que las empresas pueden alegar que esta información es un secreto industrial. Datos de Cushman & Wakefield, una firma inmobiliaria, muestran que en 2023, Estados Unidos y China fueron los países que más electricidad utilizaron para alimentar sus centros de datos, medida en capacidad de megavatios. Estos mismos datos mostraron que tres ciudades latinoamericanas están entre las 50 que más electricidad destinan a sus centros de datos en el mundo, aunque con una capacidad sustancialmente menor que las ciudades de los dos países líderes.

Querétaro aparece en la lista con una capacidad de 150 MW, São Paulo con 122 MW y Santiago con 61 MW. Sin embargo, estas cifras cambian muy rápido y resulta difícil dar datos precisos y actualizados. Por ejemplo, un informe de JLL, una inmobiliaria cercana al negocio de los centros de datos, afirma que São Paulo tenía en 2023 una capacidad de 670 MW en centros de datos ya operativos, con 382 MW adicionales en construcción y otros 388 MW planeados.

Agência Pública solicitó al Ministerio de Minas y Energía de Brasil una lista de todos los centros de datos que han pedido acceso a la red básica de energía del país —la preferida por los grandes proyectos—, junto con información sobre cuánta energía consumen. La respuesta incluyó solo 22 centros de datos. Trece de los 22 solicitantes pidieron confidencialidad, como se los permite la ley del país, sobre sus datos de consumo energético, por lo que dicha información no se entregó. Entre quienes pidieron mantener la reserva se encuentra TikTok, que pidió esa confidencialidad sobre la instalación que está construyendo en Caucaia. Los datos obtenidos por Núcleo a través de Data Center Map muestran que se estima que en Brasil hay alrededor de 170 centros de datos, un número que incluye instalaciones para IA así como otras más antiguas diseñadas únicamente para almacenamiento y procesamiento de datos.

Aunque prácticas secretistas de la industria y datos públicos incompletos impiden obtener una imagen precisa, los expertos coinciden en que los centros de datos crecen en todo el mundo rápidamente y la presión ejercida por algunas de las empresas más ricas del mundo para que los gobiernos amplíen la producción de electricidad es intensa.

En 2024, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México anunció que aumentaría en un 50% la capacidad de la red eléctrica de Querétaro, citando la construcción de centros de datos en la región como una de las principales razones para hacerlo. Adicionalmente, la Comisión anunció una nueva planta de energía, El Sauz II, que utiliza gas para generar electricidad, lo cual añade más emisiones de combustibles fósiles al medio ambiente. En una comunicación que envió Ascenty a esta alianza periodística, la compañía asegura que decir que “la instalación de nuevos centros de datos de Querétaro, incluidos aquellos construidos por Ascenty, haya motivado la construcción de una nueva central eléctrica de combustibles fósiles es infundada”.

En entrevista con N+, Arturo Bravo, director general de Ascenty México (una de las compañías que tienen centros de datos en Querétaro), dijo que su compañía costea parte las obras de refuerzo necesarias para cubrir la demanda de electricidad de sus centros de datos, que está en constante diálogo con la CFE y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y que sus solicitudes de demanda de electricidad siempre están acompañadas de estudios.

Digital Realty, que tiene el 49% de las acciones de Ascenty, en una respuesta a preguntas enviadas por correo electrónico por esta alianza periodística dijo que “la capacidad total en Querétaro es de 8 MW, menos del 0,01% de la capacidad total de la red reportada de México (unos 89 GW en 2023)”.

Aunque algunos nuevos centros de datos prometen usar energías renovables —como el caso de DataTrust en El Salvador, que asegura utilizar energía fotovoltaica, una afirmación imposible de verificar—, la quema de combustibles fósiles ha aumentado debido a la construcción y operación de estos centros.

En Estados Unidos, el rápido desarrollo de centros de datos está impulsando un aumento de la demanda eléctrica que el gobierno de Donald Trump planea satisfacer mediante una mayor quema de combustibles fósiles. Publicado en julio, el “Plan de Acción de la IA” y una orden ejecutiva sobre la “Aceleración del Permiso Federal para Infraestructura de Centros de Datos” buscan eliminar obstáculos regulatorios, incluidas protecciones ambientales.

En su informe ambiental del año pasado, Google admitió que sus emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado un 48% desde 2019, principalmente debido al “aumento en el consumo de energía de centros de datos y a las emisiones de la cadena de suministro”. En el mismo informe, Google reconoció que “a medida que integramos más la IA en nuestros productos, reducir las emisiones será un reto debido al aumento de la demanda energética por la mayor intensidad del cómputo de IA y las emisiones asociadas a nuestras inversiones previstas en infraestructura tecnológica”, y que su meta de cero emisiones netas para 2030 ahora es “extremadamente ambiciosa”.

Y eso es solo lo que informa Google por cuenta propia. Una investigación de The Guardian publicada el año pasado descubrió que las emisiones de los centros de datos que son propiedad o están bajo la operación de cuatro de las principales empresas tecnológicas del mundo (Google, Microsoft, Meta y Apple) podrían ser un 662% más altas de lo que informan oficialmente.

Sin embargo, al ser consultados, los representantes de asociaciones de centros de datos niegan que la industria esté buscando construir más fuentes de energía fósil. Gutierrez, de Abes, en Brasil, dijo: “no veo a nadie construyendo centros de datos con la intención de fomentar el uso de termoeléctricas, energía a carbón, energía a diésel, que es más cara”. Aunque la matriz eléctrica brasileña es más limpia que la de la mayoría de los países —el 86% de su electricidad proviene de fuentes renovables y el 64% de plantas hidroeléctricas—, el cambio climático ha afectado el régimen de lluvias, por lo que la producción energética mediante termoeléctricas ha aumentado en los últimos años.

En sus respuestas, Digital Realty también dijo que su compañía “ha validado los Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi, por sus siglas en inglés) para reducir las emisiones de Alcance 1, 2 y 3, de acuerdo a la ciencia climática”. Y que Digital Realty “se ha comprometido a que sus operaciones europeas sean neutrales climáticamente para 2030, sgún el Pacto por un Centro de Datos Climáticamente Neutral. En 2024, la compañía emparejó el 75% de su huella energética global con electricidad limpia, incluyendo 185 centros de datos emparejados con 100% energías limpias. Digital Realty ha llevado a cabo más de 1,5 GW en contratos de renovables para apoyar nuestros esfuerzos de decarbonización”.

La cantidad de energía que consumen los centros de datos también ha reactivado el debate sobre la energía nuclear. En Brasil, el ministro de Minas y Energía, Alessandro Silveira, argumentó que, para satisfacer la demanda de los nuevos proyectos, la energía nuclear sería la única alternativa viable y que eso implicaría costosas inversiones por parte del gobierno. En el estado estadounidense de Pensilvania, la planta de energía nuclear de Three Mile Island —escenario del peor accidente nuclear comercial en la historia del país— será reabierta para alimentar los centros de datos de Microsoft.

Y en Argentina, el presidente Javier Milei propuso un plan para aumentar la producción de energía nuclear del país para alimentar nuevos centros de datos, entre otras cosas. La energía nuclear se considera limpia porque no emite gases de carbono, pero es peligrosa en caso de accidentes, sus costos son mucho más altos que otras fuentes de energía, no tiene soluciones para deshacerse del desperdicio nuclear, lo que la hace muy polémica entre especialistas y activistas medioambientales.

Los países que tienen energía limpia en exceso, como Paraguay, también están siendo cortejados por la industria en este nuevo contexto, según informó El Surti, otro aliado de esta investigación. En mayo, el secretario de estado estadounidense Marco Rubio propuso utilizar el excedente energético de Paraguay para alimentar centros de datos de inteligencia artificial. Paraguay es copropietario, junto con Brasil, de la represa hidroeléctrica de Itaipú y por ahora produce más energía de la que puede consumir, por lo que vende sus excedentes a Brasil y Argentina a precios por debajo del mercado.

La disputa por la energía paraguaya se da en un contexto en el que los habitantes locales han comenzado a cuestionar la expansión de centros de datos dedicados a la criptominería —es decir, aquellos utilizados para “minar” o producir criptomonedas como Bitcoin— en el país. Estas instalaciones generan contaminación sonora grave que afecta a las comunidades vecinas. “Ya hemos sufrido el extractivismo de nuestra electricidad, cediéndola a Brasil y Argentina a precios miserables. Ahora tenemos también criptominería y otros servicios digitales, que no generan empleo. El interés de Estados Unidos es solo otro capítulo de esta lógica extractivista que ya conocemos. No cambiará la realidad en Paraguay”, dijo Mercedes Canese, exviceministra de Minas y Energía durante el gobierno de Fernando Lugo, a El Surti.

El actual ministro paraguayo de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate, por el contrario, considera que el interés de Estados Unidos “nos posiciona de una manera sin precedentes”. Villate declaró a El Surti que el gobierno ha estado trabajando para cerrar acuerdos con empresas de centros de datos.

Que quede en secreto

Los impactos de los centros de datos sobre la disponibilidad de agua y electricidad, así como sobre el cambio climático, son difíciles de calcular, porque la mayoría de los datos no están disponibles. Expertos y activistas señalan que es muy difícil verificar de manera independiente las promesas que hace la industria de los centros de datos sobre limitar su impacto ambiental, debido a lo extendida que está la práctica de ocultar o distorsionar sus informes internos, alegando secreto industrial.

El sector es, sin duda, consciente de sus impactos. Por ejemplo, documentos internos obtenidos a través de la herramienta de acceso público EDGAR de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) —pertenecientes a una de las principales compañías de centros de datos del mundo, Digital Realty Trust— revelan que un grupo de accionistas había solicitado al Consejo de Administración, antes de su asamblea anual, que “elaborara una política integral que articule el respeto y el compromiso de nuestra empresa con el derecho humano al agua”, la cual “debería alinearse con los estándares internacionales de derechos humanos e incluir estrategias para minimizar el uso actual y futuro del agua”.

El consejo rechazó la solicitud, argumentando que tres de cada cuatro centros de datos en su portafolio no utilizan agua para refrigeración y Digital Realty, en su respuesta a esta alianza periodística, precisó que “la inmensa mayoría de nuestros accionistas (el 90%) rechazó esta propuesta en la Asamblea General de 2025” y que “el 42% del uso de agua de Digital Realty alrededor del mundo viene de recursos hídricos reciclados, minimizando así el impacto sobre los recursos de agua dulce locales”.

No obstante, el mismo documento disponible en EDGAR muestra que algunas de sus instalaciones aún utilizan recursos locales y podrían afectar a comunidades.

“El secreto es una de las herramientas principales que usa el lobby de los centros de datos”, dijo a esta investigación Max Schultze, director del grupo de expertos europeo Leitmotiv. “He pasado años tratando de desglosar los registros financieros de la industria de los centros de datos”, explicó. “Pero ellos no detallan en qué países pagan impuestos. Ni siquiera desglosan los ingresos por país... Todavía no hemos visto que un proveedor de la nube publique el consumo real de energía o agua, o algo similar, de manera que haya sido verificado por un tercero o que podamos verificarlo de forma independiente”.

La organización de Schultze fue una de las que presionó con éxito al gobierno alemán para promulgar una ley que obliga a los centros de datos a reportar su consumo de agua y energía. Sin embargo, “la mitad de los centros de datos en Alemania simplemente se negó a reportarlo”, señaló. “A todos les están imponiendo una multa de 100 000 euros por no informar, pero no les importan 100 000 euros”.

Tech Policy Press, otro socio de esta investigación, preguntó a varios defensores del medio ambiente y de los derechos del consumidor cuánta información podían obtener sobre los proyectos de centros de datos en Estados Unidos. La mayoría respondió que puede ser muy difícil obtener detalles, especialmente antes de que los proyectos sean aprobados.

Esta asimetría se ve exacerbada por el uso generalizado de acuerdos de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) firmados entre las compañías de centros de datos y los gobiernos locales. “Es muy difícil, con los acuerdos de confidencialidad, saber qué va a haber en la instalación antes de que se apruebe”, dijo Julie Bolthouse, directora de uso del suelo en el Piedmont Environmental Council, a Tech Policy Press. “No sabemos cuánta agua van a utilizar, no sabemos qué tipo de emisiones generarán, ni cuánta electricidad necesitarán o qué tipo de servicio requerirán”, explicó. “Así que básicamente, recopilamos la información después del hecho”. Los funcionarios locales, que podrían tener acceso a más información con anticipación, a menudo tienen el incentivo de apoyar los proyectos de centros de datos que, sobre el papel, “siempre aparecen como ganadores”, agregó Bolthouse.

Jenna Ruddock, directora de incidencia en Free Press –una organización sin ánimo de lucro estadounidense que ha estado realizando un seguimiento de los esfuerzos para aprobar leyes en materia de transparencia –sostiene que es crucial que las comunidades tengan acceso a más información. “En varias jurisdicciones hemos visto intentos de aprobar leyes significativas de transparencia. Muchas empresas publican datos de manera agregada, lo que dificulta que las comunidades comprendan cuál será el impacto específico. Es importante aprobar esas leyes para que haya más información disponible desde el principio del proceso, antes de que se otorguen los permisos y comience el desarrollo, cuando ya es demasiado tarde para que las comunidades puedan opinar.”

Esta opacidad también permite que la industria de los centros de datos haga promesas sobre la creación de empleo y sobre el retorno de inversión sin ofrecer pruebas ni estar sujeta a supervisión. O, como lo expresó Schultze: los comunicados de prensa de la industria “sirven para convencer a los políticos de que necesitamos digitalizar cada país del mundo y que la única manera de hacerlo es con su infraestructura. Pero nada de eso es verdad.”

Schultze añade: “hicimos un estudio para el gobierno alemán que mostró que un centro de datos genera, en promedio, tres empleos por megavatio utilizado. En comparación, BASF, una gran empresa química en Alemania, utiliza 200 megavatios y crea 50.000 empleos directos. Lo que la mayoría de los proveedores de la nube afirman es que van a crear millones de empleos indirectos. Ninguna otra industria se sale con la suya con eso”.

Heleniza Campos, experta en planificación urbana y profesora de urbanismo en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), en Brasil, ha estado siguiendo la construcción de un centro de datos de hiperescala en Eldorado do Sul —un municipio donde el 90% del territorio se inundó en 2024— y estudiando otros proyectos similares. Ella señala que se están proponiendo nuevos centros de datos en ciudades sin recursos públicos, que “aceptarán cualquier cosa, solo por el dinero”, y subraya la necesidad de transparencia.

“¿Cuál es el costo? ¿Y quién lo va a asumir? ¿Cuáles son los beneficios y los retornos para la sociedad que vive allí? Eso todavía no lo sabemos. (…) Necesitamos entender ese costo y encontrar la manera de gestionarlo sin perjudicar los lugares donde se va a construir [el centro de datos]”, explicó a Agência Pública. “Alguien tiene que regular esto, no aflojar las reglas hasta el punto de poner en riesgo a toda la sociedad”.

Que nunca te falten aliados

Muchos países de América Latina tienen algo que las empresas de centros de datos desean: electricidad barata, regulaciones laxas y una disposición gubernamental a aceptar la promesa de que la carrera por la inteligencia artificial traerá un gran retorno de inversión y generará empleo. Esta investigación encontró que la relación entre las empresas tecnológicas y los gobiernos es compleja e incluso opaca. En algunos casos, gobiernos que buscan con afán la inversión extranjera, quieren atraer a las empresas de centros de datos. En otros, son las empresas que se esfuerzan por convencer a gobiernos y parlamentarios de que les permitan construir más instalaciones.

Chile es un ejemplo de ello. Su gobierno, encabezado por el presidente Gabriel Boric, ha sido uno de los más entusiastas de la región en atraer a estas empresas y ha puesto en marcha un Plan Nacional de Centros de Datos llamado PDATA. Pero ese apetito viene de años atrás. A pesar de estar en extremos opuestos del espectro político, los expresidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet también intentaron fortalecer sus vínculos con las grandes tecnológicas y convertir a Chile en un hub digital.

La propuesta de Chile es sencilla: el país es estable política y económicamente, está comprometido con la inversión en tecnología y facilita las inversiones en el sector, en particular reduciendo la burocracia y flexibilizando el proceso de licenciamiento ambiental. PDATA, lanzado en diciembre pasado, incluye la clarificación normativa para las empresas de centros de datos.

Este paso demuestra tanto el interés del gobierno por atraer a estas compañías como el alto nivel de organización de la industria. Mientras se discutía PDATA, nació una alianza de empresas de centros de datos. Esta alianza, llamada Asociación Chilena de Data Centers, incluye a los principales actores del sector, como Ascenty, EdgeConnex, Equinix, Google, OData, Scala, Nexstream, el medio especializado Data Center Dynamics (DCD) y empresas inmobiliarias. La asociación ha estado manifestándose en contra de un proyecto de ley propuesto por el gobierno para regular la inteligencia artificial, argumentando que limita la innovación y contradice el Plan Nacional de Centros de Datos.

Amazon no forma parte de esta alianza, pero lobistas de Amazon y de AWS, por ejemplo, se han reunido al menos 350 veces con funcionarios públicos, según el registro de lobby público de Chile. Según los mismos datos, Aisén Etcheverry, quien fue ministra de Ciencia y Tecnología hasta hace poco, se reunió con ejecutivos de Google, AWS, NVIDIA, Equinix y Meta.

En Brasil, los grupos industriales también han influido en nuevas regulaciones. El año pasado, la discusión de un proyecto de ley sobre inteligencia artificial fue postergada varias veces debido al lobby del sector. Una de las razones, según fuentes consultadas por Agência Pública e ICL Notícias, aliados de esta investigación, fue que la Confederación Nacional de la Industria (CNI) se unió al esfuerzo para fomentar la creación de un hub de centros de datos. Este hub “generaría empleo y un ecosistema fértil para la industria brasileña”, afirmó la abogada de la CNI, Christina Aires, en una reunión privada.

En respuesta a esta alianza periodística, la CNI reforzó que “ha estado dialogando con parlamentarios y sectores de la economía impactados” sobre el proyecto que busca regular la IA, pero afirmó que el artículo que trata sobre los centros de datos “no forma parte de las propuestas de la CNI para el proyecto”, ya que el tema “requiere una política estructurada”.

La Confederación también defendió los centros de datos como “una parte esencial de la infraestructura digital”, necesaria “para que Brasil sea competitivo en el mercado mundial de producción de datos a gran escala”.

La CNI afirmó, además, que la “creación [de centros de datos] promete amplios efectos en la empleabilidad y en la educación” y citó como referencia un informe de 2023 realizado a pedido de la Data Center Coalition (DCC), asociación empresarial de centros de datos en Estados Unidos.

La versión del proyecto de ley aprobada por el Senado en diciembre pasado incentivaba la creación de centros de datos “más sostenibles para sistemas de IA”. El día de la aprobación, había 16 lobistas de las grandes tecnológicas en el plenario del Senado, según Carla Egydio, lobista de medios pequeños. Un reportero de Agência Pública escuchó al relator del proyecto, Eduardo Gomes, expresar en voz alta su malestar por la presión del sector: “De cada 10 pedidos [de la industria], se atienden nueve. (…) Al día siguiente llenan los periódicos [quejándose] de lo que quedó por fuera”.

Consultado por esta alianza, el equipo de prensa del senador Eduardo Gomes dijo que “la actividad parlamentaria se compone de un sinnúmero de reuniones, debates e intensas negociaciones. Y son normales las presiones y contrapresiones de todos los actores involucrados”.

El proyecto de ley se discute ahora en la Cámara de Diputados, bajo la conducción de la diputada Luísa Canziani, según una fuente interna, y cuyo padre cerró un acuerdo opaco con Google cuando era secretario del Estado de Paraná.

El 27 de junio de 2024, el Consejo Digital, un grupo de lobby que representa a Amazon, Google y Meta, organizó un brunch en Brasilia al que fueron invitados representantes de senadores y partidos de todas las corrientes políticas. “Los participantes analizaron conjuntamente el texto, destacando los avances logrados y posibles modificaciones por concluir”, explicaron.

No solo las empresas buscan a las autoridades; las autoridades también buscan a las empresas. En abril de este año, el ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, viajó a Silicon Valley para presentar una nueva versión de la Política Nacional de Centros de Datos a representantes de las grandes tecnológicas. Dijo que planea conceder exenciones fiscales a las inversiones y exportaciones del sector de centros de datos. Núcleo informó que, al ser consultado por la sociedad civil para compartir el texto, el gobierno se negó.

El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador también busca atraer centros de datos y aprobó una reforma legal para ampliar el tipo de actividades que pueden realizar las empresas en las zonas francas exentas de impuestos. Además, el gobierno salvadoreño aprobó nuevas leyes, como la Ley de Fomento a la Innovación, la Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial y la Ley General de Modernización Digital del Estado, que buscan convertir al país en un centro tecnológico. Estas leyes ofrecen beneficios fiscales a los centros de datos, como parte de su estrategia para atraer inversión extranjera.

La inversión directa en El Salvador ha disminuido en los últimos años. El presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Hasbún, dijo que se debe a la inseguridad jurídica provocada por un estado de excepción aparentemente permanente decretado por el gobierno. Sin embargo, algunas empresas sí han llegado. En 2021, Ronald Jiménez, entonces CEO de Codisa —la empresa costarricense que operaba el centro de datos DataTrust en El Salvador hasta que fue comprado por IFX Networks—, dijo en una entrevista que su empresa había llegado al país porque “El Salvador es un imán para la atracción de inversiones”.

En Estados Unidos, la industria también ha recurrido a una asociación para influir en las autoridades, según Tech Policy Press. Fundada en 2019, la Data Center Coalition (DCC) es una asociación empresarial que se autodefine como “la voz de la industria de los centros de datos”. Sus miembros incluyen a Amazon, Google, Microsoft y Meta, así como a operadores de centros de datos y proveedores de servicios de infraestructura relacionados, entre ellos Stack Infrastructure, Digital Realty, Coreweave y Oracle.

En los últimos meses, el presidente de la DCC, Josh Levi, testificó ante el Congreso de Estados Unidos en una audiencia sobre la economía de la IA y el consumo energético de los centros de datos, escribió una columna de opinión en un periódico de Ohio proclamando los beneficios económicos de los centros de datos para ese estado, y participó en una reunión de la Junta de Comisionados del Condado de Calvert, Maryland, donde habló, entre otros temas, del potencial de ingresos fiscales locales provenientes de los centros de datos. En Mississippi, Levi dijo a un periódico local que invertir en centros de datos no tiene casi ningún aspecto negativo. “Desde mi punto de vista, no hay desventajas”, declaró al Clarion Ledger de Jackson.

En el estado de Virginia, la DCC formó un grupo llamado Virginia Connects para “educar e involucrar a los virginianos sobre los beneficios que los centros de datos aportan al estado y a sus comunidades locales”. La organización parece haber liderado una campaña de astroturfing (simulación de apoyo ciudadano) a favor de la industria. El año pasado, en medio de la presentación de varios proyectos de ley que podrían haber afectado negativamente a los centros de datos en el estado, Virginia Connects envió “mensajes de texto y volantes promocionando los beneficios de la industria”, según el Prince William Times.

El grupo produjo videos que difundió a través de cuentas en redes sociales como X, Facebook y YouTube. “Los centros de datos de Virginia están ahí para ti”, promete una voz en uno de los videos. “Los centros de datos de Virginia son esenciales para nuestra seguridad nacional y competitividad económica”, dice otro, acompañado de imágenes de aviones de combate, el Kremlin, el líder chino Xi Jinping y el Pentágono. Según el Ads Transparency Center de Google, los videos en YouTube fueron promovidos por una agencia de asuntos públicos con sede en Richmond y, aunque la cuenta de Virginia Connects tiene menos de 200 suscriptores, algunos de los videos han alcanzado millones de visualizaciones.

Que el dinero permanezca en pocas manos

La industria de los centros de datos se ha estado consolidando, con unas pocas grandes empresas comprando participaciones en compañías más pequeñas para ofrecer portafolios más amplios de centros de datos dedicados (es decir, utilizados por un solo cliente) o de colocación (donde múltiples clientes alquilan “espacio”). Pero no solo están adquiriendo empresas tecnológicas menores.

La industria de los centros de datos también funciona, con frecuencia, como un negocio inmobiliario. Alquilan o compran edificios para alojar su gran número de servidores. Por eso, los dos actores más grandes en América Latina son Digital Realty Trust y DigitalBridge, que juntas poseen u operan cientos de centros de datos en la región.

Digital Realty Trust, una empresa multinacional con sede en Estados Unidos, afirma ser la compañía más grande del mundo en este sector, gestionando 308 centros de datos. En sus últimos estados financieros, de 2024, informan que tienen un portafolio de 36 centros de datos en América Latina: 28 en Brasil, tres en México, tres en Chile y dos en Colombia. Estas cifras incluyen tanto centros operativos como los que están en proyecto.

En ese mismo informe financiero, reportan 3936 empleados en el mundo, pero ninguno en América Latina, y unos ingresos operativos totales de 5.554 millones de dólares, un crecimiento leve frente a 2023, pero de más del 18% desde 2022. Es una empresa que cotiza en bolsa, y sus ganancias netas disponibles para los accionistas comunes, tras gastos operativos, intereses, impuestos y otros costos, fueron de 561 millones de dólares, una disminución frente a los 908 millones que ganaron en 2023, pero cerca al doble su utilidad neta de 2022.

Digital Realty Trust ilustra, en parte, por qué las empresas de centros de datos también funcionan como inversionistas inmobiliarios. En su informe financiero de 2023, la compañía explica que ha optado por ser “tratada como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (‘REIT’, por sus siglas en inglés) para fines fiscales federales”, lo que le otorga ciertos beneficios. A diciembre de 2024, Digital Realty Trust poseía unos 5 millones de metros de espacio para alquilar a centros de datos. De ellos, “827.000 metros cuadrados en desarrollo activo y otros 437.000 metros cuadrados para desarrollo futuro”. La empresa también informa que no es propietaria de todos los edificios de su portafolio, sino que alquila muchos de ellos.

En 2018, Digital Realty anunció en su sitio web que había completado la adquisición de una parte de Ascenty, una empresa de centro de datos brasileña, fundada en 2010, que opera estos espacios en Brasil y en otras partes de América Latina. La filial brasileña de Digital Realty, Stellar Participações Ltda, compró junto con Brookfield Infrastructure (una filial de Brookfield Asset Management) un 49% cada uno de las acciones de Ascenty por 1.800 millones de dólares. Chris Torto, el fundador y CEO de Ascenty se quedó con el 2%. Es a través de Ascenty que Digital Realty opera la mayoría de los centros de datos en América Latina, según reporta en sus propios estads financieros.

Esta asociación con Brookfield es indicativa del tipo de dinero que financia la expansión de los centros de datos: en gran medida, proviene de fondos de pensiones. Brookfield, con sede en Canadá, es una de las mayores gestoras de inversiones alternativas del mundo. Según el Center for International Corporate Tax Accountability and Research, “Brookfield gestiona más de 800 000 millones de dólares en activos, gran parte de los cuales provienen de ingresos diferidos de trabajadores a través de fondos de pensiones públicos globales”. En muchos casos, esto significa que el riesgo está ampliamente distribuido. Si la industria de los centros de datos resulta ser una burbuja económica y estalla, los trabajadores de todo el mundo asumirían las pérdidas.

El otro gran actor en el mercado latinoamericano de centros de datos, DigitalBridge, también funciona como una empresa inmobiliaria, en la que muchos jubilados han invertido sus fondos. DigitalBridge es el nombre actual de una empresa anteriormente conocida como Colony Capital. En 2020, una filial de Colony Capital, Digital Colony, compró UOL Diveo y creó Scala Data Centers S.A. en Brasil. Según su sitio web, Scala cuenta con 18 centros de datos en América Latina: 13 en Brasil, tres en Chile, uno en Colombia y uno en México.

Tanto DigitalBridge, que comenzó como una empresa de infraestructura tecnológica, como Colony Capital, que originalmente era una firma inmobiliaria, fueron fundadas por Thomas Barrack (un magnate del sector inmobiliario, amigo cercano de Donald Trump y su actual embajador en Turquía). En 2019, Colony Capital compró DigitalBridge. Barrack fue arrestado en 2021 por cargos federales de lobby ilegal en favor de los Emiratos Árabes Unidos ante Trump, y para ese año Colony Capital ya se había renombrado como DigitalBridge. Al igual que Digital Realty Trust, DigitalBridge es también un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT).

Que no se detenga

Otro actor clave en la expansión de los centros de datos son las compañías eléctricas. El auge de la IA está revirtiendo años de descenso en el consumo energético en Estados Unidos, China y otros países, y las grandes empresas energéticas ven oportunidad de volver a crecer.

Y dado que la cantidad de energía requerida por los centros de datos aumenta mundialmente, que las empresas que suministran esa electricidad tengan participación en estos centros podría representar un conflicto de interés. Las eléctricas podrían beneficiarse de la construcción de nuevas plantas para satisfacer la demanda generada por los mismos centros de datos que posean.

El centro de datos DataTrust en El Salvador, por ejemplo, es propiedad de la empresa IFX Networks, que también tiene centros de datos en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Honduras. IFX Networks es propiedad de otra empresa, Ufinet, que a su vez fue comprada por el Grupo Enel, pero posteriormente vendida en una operación en la que Enel retuvo una participación del 19,5%. Enel es una multinacional italiana que provee electricidad en muchas ciudades de varios países latinoamericanos, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Panamá.

Brookfield, que como se mencionó es dueña del 49% of Ascenty —y, por lo tanto, en la mayoría de los centros de datos de América Latina—, también es propietaria de ISAGEN, una antigua empresa eléctrica pública de Colombia, que compró en 2016. ISAGEN opera seis plantas hidroeléctricas en Colombia, un país cuya matriz energética depende en gran parte de la hidroelectricidad. Además, ISAGEN gestiona otras 21 centrales eléctricas en el país.

La actitud global actual hacia los centros de datos es de optimismo generalizado, y lo mismo ocurre en América Latina: empresas y gobiernos parecen querer ser los que construyan más y más rápido. Muestran oídos sordos a las denuncias de habitantes que se quedan sin agua, las preocupaciones de comunidades sufriendo racionamiento de agua o de energía y los riesgos de que las pensiones de trabajadores se estén apostando a la bonanza jalonada por esta fiebre de última moda. O las contrarrestan con promesas, sin cifras precisas, de riqueza y progreso.

Aún está por verse si el auge de la inteligencia artificial se materializará en beneficios concretos para los países que están entregándoles a las empresas de centros de datos una parte de sus preciados recursos. Ya se verá si la prometida bonanza llega o si será otra burbuja económica que nos deje con edificios llenos de servidores sin uso y que más que empleo, produzcan contaminación.

La Mano Invisible de las Big Tech es una investigación periodística transfronteriza y colaborativa liderada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto a Crikey (Australia), Cuestión Pública (Colombia), Daily Maverick (Sudáfrica), El Diario AR (Argentina), El Surti (Paraguay), Factum (El Salvador), ICL (Brasil), Investigative Journalism Foundation - IJF (Canadá), LaBot (Chile), LightHouse Reports (Internacional), N+Focus (México), Núcleo (Brasil), Primicias (Ecuador), Tech Policy Press (USA), Tempo (Indonesia). Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del equipo legal El Veinte y el diseño de la identidad visual de La Fábrica Memética.

AR

Beber un vaso de agua debería ser una experiencia neutra para el paladar, porque en teoría el agua pura carece de sabor. Esa afirmación científica procede de la idea de que la sustancia está formada únicamente por hidrógeno y oxígeno, dos elementos que no aportan matices gustativos por sí mismos. Sin embargo, la práctica contradice esa neutralidad, ya que incluso una mínima presencia de minerales, gases disueltos o impurezas modifica la sensación en la boca.

Pero una cosa es que el agua adquiera un ligero matiz por los minerales que arrastra y otra muy distinta es que llegue a volverse imbebible, como ocurrió en 2013 y 2016 con las muestras encontradas en Kidd Creek. En esa mina de Ontario, la geóloga Barbara Sherwood Lollar identificó filtraciones en la roca granítica que habían permanecido selladas durante millones de años. El volumen del líquido sorprendió a los investigadores, que esperaban encontrar pequeñas bolsas, y en su lugar observaron un flujo constante. Sherwood explicó a BBC News que “estas cosas fluyen a una velocidad de litros por minuto”.

El líquido presentaba una densidad extraña y un sabor extremo que sorprendieron incluso a los científicos

Las pruebas de laboratorio realizadas en la Universidad de Toronto permitieron calcular que la antigüedad del agua era de 1.600 millones de años. Esa datación la convierte en una cápsula geológica capaz de ofrecer pistas sobre cómo se originaron formas de vida en el planeta. En conversación con CNN, Sherwood afirmó que “si eres un geólogo que trabaja con rocas, probablemente hayas lamido muchas rocas”, y esa costumbre la llevó a probar también el agua más antigua del mundo, que describió como “muy salada y amarga”.

La rareza del hallazgo no se limitó a la edad del líquido. Su composición reveló indicios de procesos biológicos desarrollados en tiempos remotos. Sherwood señaló a BBC News que “al observar el sulfato en el agua, pudimos ver una huella dactilar que indica la presencia de vida”. Según la investigadora, esa señal se generó durante un periodo muy prolongado, lo que apunta a la existencia de microorganismos que habitaron el subsuelo en un entorno sin luz.

El análisis posterior, en el que participó Long Li, profesor de la Universidad de Alberta, identificó una reacción entre agua y roca capaz de producir sulfato e hidrógeno de forma continua. Li explicó a BBC News que “lo que hemos encontrado es que el sulfato, como el hidrógeno, en realidad se produce en el lugar por la reacción entre el agua y la roca”. Esa interacción química pudo mantenerse activa durante miles de millones de años, lo que convierte al subsuelo en un ecosistema independiente del sol.

El interés científico no se centró únicamente en los indicios de vida, ya que el líquido también presentó rasgos físicos insólitos. Sherwood contó al diario Los Angeles Times que “debido a las reacciones entre la roca y el agua, ésta es extremadamente salada”. Además, indicó que la densidad resultaba poco habitual, porque “tiene la consistencia de un sirope de arce ligero”. El contacto con el oxígeno producía un cambio inmediato de color hacia el naranja por la presencia de hierro.

El hallazgo abrió un nuevo frente en astrobiología al mostrar cómo la vida puede persistir bajo la superficie

La trascendencia del hallazgo abrió una vía de investigación en astrobiología. Si el agua pudo mantener organismos en condiciones tan extremas bajo la superficie terrestre, los científicos consideran posible que procesos semejantes se desarrollen en otros planetas o lunas con entornos subterráneos. El descubrimiento en Canadá, aislado y sellado durante un tiempo inimaginable, se convirtió en una ventana hacia la historia más temprana de la Tierra y hacia las preguntas sobre la vida más allá de ella.

Sherwood reconoció en declaraciones a CNN que el sabor del agua le sorprendió por su intensidad y lo describió como “mucho más salada que el agua de mar”. La paradoja es clara: un líquido que en teoría no debería tener gusto alguno ofrecía un perfil extremo que se explica por millones de años de contacto con la roca. El agua más antigua del planeta, lejos de confirmar la idea de la neutralidad, acabó recordando que en la práctica todo lo que toca la Tierra se impregna de ella.

La jueza federal de San Martín, Martina Forns, le ordenó hoy al Gobierno Nacional suspender por seis meses la aplicación del DNU que habilita cortes de provisión de agua potable y desagües cloacales por falta de pago en domicilios residenciales, al hacer lugar a una medida cautelar de una asociación de consumidores.

La magistrada ordenó al Estado Nacional suspender la aplicación del inciso p del artículo 3 del DNU 493/2025, del artículo 81 del Anexo I y del artículo 37 del Anexo II del mencionado decreto “para todos los inmuebles en el que se prevé aplicar el corte en la provisión de agua potable y desagües cloacales” durante seis meses como medida cautelar mientras tramite el fondo de la demanda, informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

Forns puso énfasis en la situación que se puede presentar si se corta el agua por falta de pago a poblaciones vulnerables que ameritan “especial protección” como adultos mayores, niños y niñas menores de 18 años y personas con discapacidad.

En estos casos, si ya hubo algún corte, dispuso que se restablezca el servicio de forma “inmediata” cuando “se acredite que en el inmueble en que se la cortó lo habite un niño, un adulto mayor o una persona con discapacidad”.

La jueza enfatizó que hay “improcedencia” en el corte de suministro de agua potable “cuando la morosidad del usuario obedezca a una situación de vulnerabilidad social o cuando se trate de personas que, por sus condiciones particulares, ameriten una especial tutela jurídica al encontrarse en imposibilidad real de pago”.

“Además, tal criterio armoniza con los principios constitucionales (la protección del agua como elemento del ambiente es indudable y encuadra en el mandato del artículo 41 de la Constitución , los estándares internacionales de derechos humanos y la protección de la Nacional) dignidad humana, evitando que el ejercicio de facultades sancionatorias derive en un acto irrazonable o desproporcionado”, advirtió en la resolución.

Forns hizo lugar a un planteo de la Unión de Usuarios y Consumidores y de Consumidores Libres Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria.

“La normativa cuestionada incide de máxime manera directa sobre el interés colectivo de los usuarios más vulnerables del tales como niños, sistema de provisión de agua potable y desagües cloacales, personas adultas mayores y personas con discapacidad, cuya especial protección se encuentra reconocida tanto en el ordenamiento jurídico interno como en los estándares internacionales de derechos humanos”, agregó la jueza.

Las demandantes buscan que en la futura sentencia de fondo del asunto “se deje sin efecto jurídico alguno, declarando la nulidad absoluta e insanable e inconstitucionalidad” del Decreto de Necesidad y Urgencia cuyas disposiciones “imponen a los usuarios de los servicios de agua y desagües cloacales una regresión normativa que afecta al medio ambiente en general y en forma directa a la vida, salud y seguridad de los usuarios alcanzados por la norma cuestionada que es abiertamente inconstitucional, violatoria de los derechos humanos y de convenciones y pactos a los que la Nación adhirió”.

La norma, sostiene la demanda, introdujo una “modificación sustancial al régimen previamente vigente establecido por la Ley N° 26.221”.

Dicha modificación consiste en la incorporación al Marco Regulatorio de la posibilidad de interrumpir, por falta de pago, la prestación de los servicios de provisión de agua potable y de desagües cloacales a los usuarios residenciales cuando hasta ahora el corte y, por ese motivo, se militaba a usuarios no residenciales y excluía los servicios de desagües cloacales.

El Gobierno avanza formalmente con el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) habilitando la venta de acciones, la entrada de capital privado en la empresa y los cortes del servicio por falta de pago. La decisión afecta a los usuarios de agua y cloacas de la Ciudad de Buenos Aires y varios municipios del conurbano bonaerense.

Los nuevos pasos del Ejecutivo para desprenderse de la compañía se encuadran en la reforma del marco regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales, dispuesta en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.

La normativa modifica el artículo 2° del Decreto N° 304/06, donde se establecía que el 90% del capital de AySA pertenece al Estado y disponía que dichas acciones “serían intransferibles y que esa proporción no podrá ser disminuida como consecuencia de operación social alguna”.

Con el cambio regulatorio se determinó que “el Estado Nacional podrá enajenar total o parcialmente su participación accionaria”. De esta manera, quedó permitida oficialmente la privatización de la firma prestadora del servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Afecta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos bonaerenses de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Tigre, Vicente López y Ezeiza, respecto de los servicios de agua potable y desagüescloacales; Hurlingham e Ituzaingó respecto del servicio de agua potable; y los servicios de recepción de efluentes cloacales en bloque de los Partidos de Berazategui y Florencio Varela; de acuerdo a las disposiciones que integranel régimen regulatorio de dicho servicio.

Asimismo, se agregaron una serie de nuevas autorizaciones para la gestión de la empresa concesionaria, destacándose la posibilidad de interrumpir el suministro del servicio prestado ante deudas de los clientes.

Atribuciones incorporadas

Con la reforma del marco normativo, el Ejecutivo encomendó a la Agencia de Planificación (APLA) crear un Plan Director de Mejora Estratégica que “tiene por objeto establecer los lineamientos y estrategias técnicas para el desarrollo de las obras básicas de infraestructura que posibiliten la ampliación y extensión del servicio público a través de programaciones de proyectos y obras, fuentes de financiamiento y entes ejecutores”.

En este marco, dispuso que “el Contrato de Concesión podrá prever un régimen de transición a los efectos de permitir una implementación ordenada y progresiva de las disposiciones de este Marco Regulatorio en lo pertinente, por un período no mayor de cinco años, una vez formalizada la privatización, y con el propósito de mantener en todo momento el equilibrio de la ecuación económico financiero del Contrato de Concesión”

En el texto oficial, el Gobierno argumentó los cambios asegurando que “el diseño del régimen vigente no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia que la prestación del servicio requiere, al haber sido concebido para un modelo de gestión estatal que no contempla adecuadamente las condiciones necesarias para fomentar nuevas inversiones y ampliar la cobertura”.

Asimismo, sostuvo que “la presente medida se dicta en un contexto de profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público”.

Al respecto, indicó que dicha situación crítica “se evidencia, entre otros aspectos, en el creciente deterioro operativo y financiero de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., cuya estructura actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”.

Claves de la nueva normativa

¿Cuántos empleados tiene AySA?

El último dato oficial disponible es de mayo de 2025, de acuerdo a lo que publica Chequeado. Según el informe de dotación de personal de la Administración Pública Nacional que publica periódicamente el INDEC, ese mes la empresa estatal tenía 6.222 empleados. Casi la totalidad son trabajadores en relación de dependencia y menos del 0,3% son personal fuera de convenio o con otro tipo de contrataciones.

En noviembre de 2023, último mes antes de la asunción de Javier Milei, eran 7.799 empleados. Es decir que la dotación se redujo en 1.577 trabajadores, un 20,2% del total.

Más allá del informe del INDEC, la empresa pública informa todos los meses su cantidad de empleados. El último dato disponible es de abril de 2025. Eran 6.236 empleados, con el siguiente desglose: 31 directivos, 3.462 cargos técnicos y profesionales, 585 administrativos y 2.158 obreros y personal de maestranza.

El primer registro disponible de la empresa en su etapa de gestión estatal es de mayo de 2007. Ese mes registraba una dotación de 4.198 empleados.

Cómo se provee agua en la Argentina

En la Argentina, desde 1980, la administración del servicio de agua está en manos de los gobiernos provinciales, con excepción del AMBA, que está bajo jurisdicción nacional, según el informe de Chequeado. A su vez, muchas provincias delegan los servicios de agua y saneamiento de algunas localidades en gobiernos municipales o en cooperativas.

Según datos recopilados en 2020 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en la Argentina hay 1.828 prestadores de servicios de agua y saneamiento en zonas urbanas. De ellos, 23 son provinciales y regionales (el regional se refiere exclusivamente a AySA, que abarca 2 jurisdicciones -CABA y PBA-). De esos 23 prestadores provinciales y regionales, 15 son empresas públicas, 4 son entidades estatales y 4 son concesionarios privados.

Con información de agencias y Chequeado.

IG

El gasto en los servicios públicos para un hogar representativo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvo un salto al trepar un 10,6% en junio, de acuerdo a un reporte elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP a cargo de la UBA-Conicet.

El informe expuso que en junio un hogar promedio del AMBA, sin subsidios, gasta $183.496 al mes en cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable, lo que implica un 10,6% más que en mayo, cuando se alcanzó un costo de $166.559 por el salto del 16,8% frente a abril.

Al argumentar la suba, el IIEP sostuvo que “lo explica tanto los incrementos en los cuadros tarifarios de todos los servicios públicos como un aumento en las cantidades consumidas de energía eléctrica y el consumo invernal de gas natural”.

Al detallar la realidad de cada servicio, precisó que en lo que respecta al agua “se incrementa el cuadro tarifario a la vez que el consumo se ajusta por cantidad de días del mes (junio tiene un día menos que mayo)”.

En cuanto al gas, especificó que “aumenta el cuadro tarifario (3,5% el cargo fijo y 2,5% el cargo variable) a la vez que se incrementan las cantidades consumidas por estacionalidad”, mientras que en el caso de la energía eléctrica, puntualizó que “crece el consumo respecto del mes anterior mientras se incrementaron los cuadros tarifarios, 3,3% el cargo fijo y 2,8% el cargo variable”.

Por el lado de los colectivos, el reporte indicó que “mientras el boleto de las líneas de la Ciudad aumenta con IPC+2% (esto arroja un 4,8% en junio) las líneas interjurisdiccionales a cargo de Nación se incrementaron 7%. Por esto, el costo promedio ponderado del boleto aumentó 5,8%”.

En la comparativa interanual, reflejó que el costo de la canasta total se incrementó 38% “en línea con el índice general de precios del período (la canasta aumentó 38% mientras el IPC incrementó 39%)”, indicando que “esto sugiere cierta convergencia entre el aumento de los servicios públicos en el AMBA y la inflación y es una tendencia ya observada en mayo”.

Al respecto, puntualizó que “es importante tener en cuenta que se trata del inicio del periodo invernal donde el efecto de las cantidades es significativo para explicar las variaciones en el valor de las facturas finales a los usuarios”.

En la desagregación interanual por servicio, el estudio manifestó que “se observa que el incremento interanual más importante fue en la factura de transporte con un aumento del 63% respecto a junio de 2024 y en agua con el 39%”. En tanto que la electricidad y el gas experimentan variaciones menores, del 24% cada uno.

En este marco, señaló que “el gasto en transporte aportó 19 puntos porcentuales, de los 38 totales del incremento interanual mientras que el gasto en energía eléctrica, agua y gas aportaron 6 puntos porcentuales cada uno”.

Por otro lado, aportó que “en los hogares del AMBA se pagan tarifas de servicios públicos que, en promedio, cubren el 54% de los costos y, por lo tanto, el Estado se hace cargo del 46% restante”, aunque aclaró que “esta cobertura es dispar entre segmentos de hogares y entre servicios”.

Al medir el comportamiento de las tarifas desde la asunción del presidente Javier Milei hasta la actualidad, el IIEP reveló que “desde diciembre de 2023 hasta el mes de junio de 2025 la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 561% mientras que el nivel general de precios lo hizo en 150%”.

En dicho lapso, el incremento más fuerte se da en el gas natural que escaló 1482%, seguido por el transporte que trepó 729%. En tanto que por detrás, aparecen el agua con un alza de 343% y la energía eléctrica con un ajuste del 316%.

El informe también evaluó el peso de las tarifas en los sueldos puntualizando que “la canasta de servicios públicos del AMBA de junio representa el 12,7% del salario promedio registrado estimado del mes ($1.445.000)”.

En este sentido, afirmó que “el peso del transporte representa el 36% del gasto y es algo más elevado respecto de los restantes servicios explicado, mayormente, por los factores estacionales que afectan a estos últimos”.

MP con información de NA