El pago del Impuesto a las Ganancias para los magistrados que fueron nombrados a partir del 2017 fue declarado inconstitucional hoy por el juez Pablo Cayssials, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9, en el marco de una demanda impulsada por José Luis Agüero Iturbe, Fiscal General Adjunto. La medida fue criticada por el opositor Pablo Tonelli, diputado nacional del PRO y uno de los principales impulsores y autores del proyecto de ley en 2016, que la calificó como “un retroceso”.

Por aquel entonces, y en pleno gobierno de Mauricio Macri, Tonelli trabajó en la ley para que los jueces pagaran este tributo. Hoy, luego de conocerse la medida del magistrado Cayssials, fue consultado por el elDiarioAR y aseguró que “es una manifestación muy rotunda de que todavía quedan muchos jueces que ven a la Justicia como una verdadera corporación y que defienden privilegios absolutamente irrazonables e injustificables en pleno siglo XXI”.

La Ley estableció que quedaban alcanzados por el Impuesto a las Ganancias todos los jueces, fiscales y funcionarios judiciales del país nombrados a partir del 1° de enero de 2017 y tenía como fin evitar su judialización para que no afectara a los “derechos adquiridos” de aquellos jueces que estaban en funciones y continuaban exentos del pago del tributo. De hecho, por ejemplo, de los nueve jueces federales penales de primera instancia de Comodoro Py, ocho fueron nombrados antes de la entrada en vigor de la norma. Es por eso que la única magistrada de ese grupo que paga Ganancias es María Eugenia Capuchetti, que asumió en 2019.

“Sinceramente, más allá de las razones que ha dado el juez, que por supuesto no comparto, sobre todo por el hecho de que quienes asumieron a partir de 2017, asumieron los cargos de jueces sabiendo que tenían que pagar el impuesto a las ganancias, que ahora vayan en contra de sus propios actos voluntarios y cuestionen el pago de ese impuesto me parece muy deleznable desde el punto de vista ético”, dijo Tonelli.

Para el diputado todavía resta algo por hacer. “Yo espero que este fallo sea rápidamente revocado por la Cámara de Apelaciones o en última instancia por la Corte Suprema y las cosas vuelvan al lugar en el que tienen que estar. Todos los jueces, todos los magistrados designados a partir de 2017 paguen el impuesto a las ganancias. Y ojalá que muy pronto lleguemos a una situación en la que ya no quede ningún juez que no pague el impuesto a las ganancias y todos, incluidos los funcionarios y algunos empleados jerarquizados del Poder Judicial, paguen ese impuesto exactamente igual que lo hacen el resto de la población”, expresó. 

Una vez conocido el fallo, la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti, una de las principales colaboradoras de Cristina Fernández de Kirchner, salió a cuestionarlo en X (ex Twitter). “Mientras tanto, el juez Cayssials, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°9 e integrante del comando 'Lago Escondido' declara la inconstitucionalidad del Imp a las Ganancias para jueces nombrados desde el 2017. Acá no entiende el que no quiere”, escribió en una publicación que segundos más tarde reposteó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que preside el diputado Marcos Cleri del Frente de Todos (FdT), avaló este jueves un conjunto de decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo desde diciembre de 2019, sin la presencia de la oposición, que se retiró de la reunión tras plantear fuertes cuestionamientos y su rechazo al debate en bloque de 116 normas. “No es correcto y no se ajusta a la legislación vigente el tratamiento de 116 decretos de manera conjunta en una sola reunión. No convalidamos ni estamos de acuerdo con esta convocatoria”, justificó el diputado del PRO, Pablo Tonelli.

La reunión se desarrolló en el Salón Eva Perón del Senado con la presencia de legisladores del oficialismo pero sin los representantes de la oposición, que expresaron su rechazo a debatir en una sola reunión los decretos y se retiraron del encuentro.

Al iniciar el encuentro, Cleri puso de relieve que se trata de la primera reunión presencial de la comisión luego de las restricciones por la pandemia y recordó que la oposición había presentado el 1 de julio pasado una nota para pedir el tratamiento de 114 decretos del Ejecutivo.

En este sentido, y en el marco de la conferencia de prensa que brinda los jueves en la Casa de Gobierno, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, aclaró que no se está hablando “de 116 DNU ni disposiciones en contra del Congreso, sino de facultades que tiene el Presidente y que por, una cuestión de usos y costumbres, se reúne la Bicameral y, aunque ya estén vencidos ,se cierra el año tratando todo lo que sucedió durante el año”.

De hecho, Cerruti sostuvo que la oposición está haciendo “una burbuja muy grande en un tema habitual y normal” en el funcionamiento del Congreso, como es la reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

El rechazo de Juntos por el Cambio

Previo al inicio de la reunión, los presidentes de bloques de diputados y senadores de Juntos por el Cambio (JxC), junto con sus integrantes de la Bicameral, brindaron una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo, en la que rechazaron lo que consideraron una “maniobra del oficialismo de poner en tratamiento de forma exprés” más de un centenar de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y advirtieron sobre la “dudosa actitud constitucional” del oficialismo.

También, la exdiputada y líder de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, salió a cuestionar -a través de su cuenta de Twitter- la convocatoria, al afirmar que “el gobierno comienza la llamada nueva etapa con atropello institucional y rompiendo la posibilidad de acuerdos en el Congreso. El kirchnerismo tiene capacidad de daño hasta el 10 de diciembre”.

Al exponer la postura de JxC en la reunión, el diputado del PRO, Pablo Tonelli, volvió a plantear el rechazo a la metodología del oficialismo, al señalar que “no es correcto y no se ajusta a la legislación vigente el tratamiento de 116 decretos de manera conjunta en una sola reunión. No convalidamos ni estamos de acuerdo con esta convocatoria”.

Para el legislador opositor, la intención del oficialismo es tratar “rápido y urgente de los DNU porque están sujeto a una cláusula resolutoria porque puede ser rechazado por las dos cámaras pierde vigencia”. Y agregó: “Desde nuestro punto de vista, este tratamiento demorado y conjunto de 116 decretos está muy lejos de respetar la norma. Estamos dictaminando a destiempo y sin la oportunidad de dedicarle un tratamiento serio. No convalidamos ni estamos de acuerdo”, sentenció, para después dejar más clara la posición de su bloque: “Impugnamos la convocatoria y el tratamiento conjunto. Vamos a dejar un dictamen y después de que terminemos de explicar nuestra posición nos vamos retirar”.

En tanto, Gustavo Menna, representante de la UCR por Chubut, consideró que los 116 decretos “son una desmesura y habla a las claras que se ha legislado por decreto y que hubo una delegación de facultades en decretos que restringieron las libertades de un modo abusivo durante la cuarentena”.

La respuesta del oficialismo

Antes de retirarse y a pedido de Cleri, Petri y Tonelli escucharon la exposición de la senadora oficialista por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, quien se ocupó de responder la posición de Juntos por el Cambio: “La oposición siempre tiende a tener una memoria selectiva. Los diputados Tonelli y Petri también eran parte -en referencia a que eran miembros de la Cámara durante la gestión Cambiemos- cuando el expresidente Mauricio Macri firmó el decreto 27/18 mediante el cual se derogaban 19 leyes y se modificaban alrededor de 150 normas con la excusa de desburocratizar. Entonces, la pretendida institucionalidad, la argumentación de las formas, venir a hacerse los desmemoriados y no reconocer que esta situación sí es de excepcionalidad. No vamos a permitir que una vez más desde la oposición se señale al oficialismo porque somos nosotros los que cotidianamente atentamos contra la institucionalidad”, remarcó.

“Cuando ustedes gobernaron la Argentina no había pandemia y claramente en un solo decreto se se cargaron 19 leyes y realizaron 150 modificaciones de leyes”, dijo la senadora mendocina. Y agregó: “Les pido criterio y memoria acabada de todo lo que ha sido la institucionalidad del país para discutir seriamente”.

Luego de escuchar, los legisladores de la oposición se retiraron. La comisión siguió avanzando porque el oficialismo cuenta con número suficiente como para poder seguir sesionando y aprobar los 116 decreto.

Tras explicar sus argumentos el FdT, la oposición se retiró de la reunión, en tanto que los legisladores del oficialismo continuaron el debate de los decretos, divididos en 6 módulos, según su contenido.

Los decretos

En la reunión, el oficialismo avaló un conjunto de DNU dispuestos desde el inicio de su gestión por el presidente Alberto Fernández que van desde la reforma a la Ley de Ministerios hasta las diferentes disposiciones vinculadas con la gestión de la pandemia, ampliaciones presupuestarias, amortización de las Letes, aumentos jubilatorios, la suba del mínimo del impuesto a las Ganancias, así como la rendición de cuentas del Ejercicio 2021 del gobierno.

El primero de los decretos incluido en la convocatoria establece la modificación a la Ley de Ministerios para modificar la denominación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que pasará a ser Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, jerarquizar nuevamente la sanidad nacional reestableciendo el Ministerio de Salud y la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, así como la elevación a categoría de Ministerio a Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al igual que Cultura, Ciencia y Tecnología, y Ambiente y Desarrollo Sostenible.

También, se buscará ratificar el decreto que declara la emergencia pública en materia ocupacional por 180 días, a partir de la entrada en vigencia del DNU, así como el que dispone un incremento Salarial Mínimo y Uniforme para los Trabajadores del Sector Privado en relación de Dependencia.

Además, se incluyó el decreto por el cual se determinan distintos aumentos en diversas prestaciones previsionales y la derogación del DNU que creó la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri.

Otro de los decretos que contempla la convocatoria es el firmado el 18 de junio de 2020, por el cual se prorroga por 180 días la renegociación tarifaria prevista en la Ley 27.541, de Emergencia Pública, y hasta el 28 de junio de 2020 la prohibición de cortar el suministro de los servicios públicos por mora.

Asimismo, en el temario se incluyó otro DNU por el cual se prorroga la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de sesenta (60) días.

La reunión completa

Con información de agencias.

IG

La Justicia penal abrió un nuevo expediente sobre el caso Correo Argentino SA, que gira en torno a un presunto fraude a los acreedores de la compañía de la familia Macri, según los dictámenes a los que accedió elDiarioAR. 

La causa, que podría complicar el futuro judicial de Correo y de los representantes de la empresa, se originó en las últimas semanas, tras la denuncia de un abogado que durante los años 2000 trabajó para el estudio jurídico de Abraham Yeduda Kozak, un penalista reconocido en Córdoba por la lucha estudiantil en los agitados años 60. 

El denunciante, quien dialogó con este medio pero pidió que se reservara su nombre, figura como apoderado de 23 acreedores de Correo que vienen aceptando las últimas ofertas de la compañía y colaboran así para evitar la quiebra. Sin embargo, el abogado asegura que nunca fue apoderado de ninguno de ellos. Su testimonio, que consta en un escrito publicado en el sitio web del Poder Judicial, llamó la atención de la fiscal general Gabriela Boquin, quien ya venía investigando a este mismo estudio jurídico. 

La denuncia

El relato de este abogado encaja con las sospechas de Boquin sobre una supuesta maniobra montada por tres bufetes que estuvieron de los dos lados del mostrador: durante años, sus abogados integraban el directorio de la empresa de los Macri y al mismo tiempo representaban a los acreedores en la negociación por las deudas de Correo, un escenario que sólo podía beneficiar a Correo y que podría constituir un supuesto fraude, según dos dictámenes de la fiscal de 2019 y 2021. 

Uno de esos tres estudios sospechados es el de Kozak. Los otros dos son el Estudio Tonelli (fundado por el diputado Pablo Tonelli, de Juntos por el Cambio) y el de Jaime Kleidermacher, abogado de Correo. 

La compañía de los Macri necesitaba juntar una mayoría de acreedores para salvarse de la quiebra. En 2007, presentó ante la Justicia las conformidades de unas 360 personas y empresas a las que la compañía les debía dinero y que aceptaban la oferta de Correo para saldar sus deudas. Las 360 personas y empresas aparecían representadas por apoderados, todos abogados de estos tres estudios jurídicos.

La fiscal sostiene que los apoderados, en realidad, estarían trabajando para inclinar la balanza a favor de Correo y contra la conveniencia del resto de los acreedores del concurso. El 61% de esas conformidades bajo sospecha tiene como apoderados a abogados del estudio de Kozak, según surge de dos dictámenes de la fiscal. Algunos de ellos fundaron un nuevo estudio, tras la muerte de su jefe, y ocupan las mismas oficinas sobre la calle Tucumán al 1.600. 

La nueva causa penal tramita en el juzgado nacional de Laura Bruniard y en la fiscalía 11. Como primera medida, tras la denuncia del abogado, el fiscal Daniel Togni solicitó una pericia caligráfica para analizar si su firma podría haber sido falsificada en los documentos del concurso de Correo. 

El denunciante se presentó en los tribunales el 14 de abril último, luego de haber leído su nombre en un artículo de Página/12 sobre este grupo de abogados apuntados por la fiscal Boquin. Afirmó en un escrito “desconocer participación personal alguna ni carácter de apoderado ni en ninguna otra forma” en el concurso de Correo, es decir, que nunca ofició como apoderado de acreedores. 

Socma, principal accionista de Correo, respondió ante la consulta de elDiarioAR: “Todas las firmas están certificadas ante escribano, así que si firmó, la firma es de él”. En la compañía de los Macri niegan una relación con el abogado Kozak, a pesar de que fue director de Correo durante tres años, entre 2004 y 2007 (según consta en las actas de la compañía y en el expediente). “No hay conocimiento acerca de esa persona y por lo tanto no hay información al respecto”, afirmaron.

Un outsider

Kozak falleció el 11 de agosto de 2007, a los 68, y catorce años más tarde, su nombre terminó involucrado en un supuesto fraude para salvar de la quiebra a Correo. ¿Por qué lo desconocen en Socma?

Fue dos veces presidente de la Federación Universitaria en Córdoba; defendió a presos políticos, fue perseguido por la Triple A y la intervención en la provincia durante 1974; cayó preso, pasó un año en la cárcel de Devoto y tras un decreto de Isabel Perón partió hacia el exilio en Venezuela, en diciembre de 1975. Así surge de los testimonios de un familiar directo, tres de sus colaboradores, dos dirigentes radicales y artículos y publicaciones.

Regresó a Argentina con la vuelta de la democracia, fundó su estudio jurídico en Buenos Aires, trabajó para el radicalismo durante el gobierno de Fernando De La Rúa y en 2004 se convirtió en director de Correo Argentino SA, la compañía de los Macri. 

La relación de Kozak con la familia Macri surgió en Venezuela, durante su exilio, cuando el abogado trabajó para la Fiat en Venezuela, según confirmaron dos abogados que trabajaron con él. Un familiar directo de Kozak desconoció que el abogado hubiera tenido un nexo con la automotriz durante su exilio. También dijeron que nunca lo vieron con los Macri ni lo escucharon referirse a la familia del expresidente.

A finales de los ‘60, Franco Macri se asoció a la italiana Fiat y fundó Impresit Sideco, que más tarde sería Socma (Sociedades Macri). “Abraham Kozak fue ejecutivo de la Fiat en Venezuela. Tenía aproximadamente 40 años en aquel entonces. No ejerció el derecho sino que se encargó del departamento de compras internacionales y trámites de importación”, explicó Julián Afonzo, especialista en temas automotrices y editor en Caracas. Llegó “referido por Fiat Argentina”, agregó Afonzo.

En su entorno familiar más directo, una de las personas más cercanas a Kozak, que además lo acompañó en el exilio, negó que el abogado haya participado de cualquier fraude o delito. La persona consultada aseguró que Kozak “fue un hombre recto”. Negó conocer a los clientes del abogado o haberlo visto alguna vez con los Macri o hablar de ellos.

“Firmamos lo que Kozak nos pedía. Muchos de nosotros no sabemos ni qué firmamos ni de qué acreedores éramos apoderados ni si eran acreedores reales. Tenían que juntar conformidades para evitar la quiebra de Correo”, contó uno de los exabogados del estudio de Kozak ante la consulta telefónica. Él también figura como apoderado de acreedores de Correo. 

Otros dos de sus colegas del bufete ratificaron su versión: la dinámica en el estudio con respecto al caso Correo era “firmar lo que pedían”. Uno de los tres abogados consultados dijo haberse enterado por este medio que había sido apoderado de Correo durante los años 2000. Si la investigación por presunto fraude avanza, todos podrían terminar declarando ante la Justicia.

Abraham Kozak fue ejecutivo de la Fiat en Venezuela. Tenía aproximadamente 40 años en aquel entonces. No ejerció el derecho sino que se encargó del departamento de compras internacionales y trámites de importación.

Julián Afonzo — Especialista en temas automotrices y editor en Caracas.

“Kozak era penalista, no manejaba casos de concursos y quiebras. Terminó en Correo por su relación con los Macri”, afirmó. “Era un hombre con muchos contactos en la política por su trayectoria. Muy cercano a Ramón Mestre y a los radicales”, contó el excolaborador de Kozak. Ramón Mestre hijo no respondió los llamados y consultas de este medio, pero Kozak fue asesor de su padre durante la intervención en Corriente de 1999, según las publicaciones de ese año y ratificaron dos dirigentes del radicalismo.  

La pista de los abogados

Los abogados señalados por la fiscal Boquin como partícipes de esta presunta maniobra de fraude a favor de los Macri están nucleados en tres bufetes. El primero es el Estudio Tonelli, fundado por el diputado Tonelli, aliado del expresidente Macri, y dirigido actualmente por su hermano Alejandro. Este estudio tiene tres abogados “de los dos lados del mostrador”: representaban a 54 acreedores y al mismo tiempo estaban en el directorio de Correo.

Voceros de Tonelli no respondieron la consulta de este medio, pero en el pasado han negado la comisión de delitos para favorecer a Correo.

El segundo estudio señalado es de Kleidermacher, abogado de Correo en los tribunales comerciales. Cuatro abogados vinculados a su estudio aparecen como apoderados de 86 acreedores. El letrado ha negado vínculos con esos abogados o cualquier irregularidad para defraudar a los acreedores de Correo. 

El tercer bufete es el de Kozak. No sólo él fue director de Correo sino que otros tres abogados de su estudio figuran con distintos cargos en la compañía (directores, apoderados y encargado de asuntos jurídicos) entre 2005 y 2012. Al mismo tiempo, esos tres abogados y otros cinco letrados del estudio Kozak aparecen en el expediente como apoderados de 220 acreedores. Uno de ellos es quien presentó la denuncia en abril desconociendo haber sido apoderado de acreedores de Correo.

Este año, la empresa de los Macri debió presentar nuevamente estas conformidades para salvarse de la quiebra y la jueza Marta Cirulli, del fuero comercial, debe determinar si son válidas y cumplen con la ley. Los acreedores que representaban los abogados de Kozak siguen figurando en la lista, según el documento que presentó la compañía en el juzgado comercial (los documentos son públicos y pueden consultarse en la página web del Poder Judicial).

ED

Jueves decisivo para los Macri en la Justicia. Este 8 de abril por la mañana, vence el plazo para que Correo Argentino SA presente el apoyo de sus acreedores a su última oferta. Si la compañía consigue las conformidades de una mayoría, podría evitar la quiebra. Sin embargo, para que ese escenario sea posible, Correo necesita imponerse sobre el Estado Nacional, uno de sus principales acreedores.

En las últimas horas, Correo sumó nuevos apoyos y los presentó en el expediente: 34 acreedores más aceptaron su última oferta y otros 95 ratificaron el apoyo previo que habían dado a la compañía, informó ante la consulta de este medio el abogado de Correo. Ahora, la jueza del caso, Marta Cirulli, deberá analizar estos apoyos, ver si encuadran dentro de la ley, si son genuinos y si efectivamente alcanzan para evitar la quiebra. Según las normas, la empresa debe lograr las conformidades de los acreedores que representen al menos el 75% del capital de la deuda. 

Uno de los acreedores de la empresa de la familia del expresidente Mauricio Macri es central en su futuro: el Estado Nacional. En su última oferta, presentada a fines de marzo, la compañía de los Macri ofreció abonarle en un pago $1.011 millones, alrededor de una cuarta parte de la deuda calculada por el Ministerio Público Fiscal: más de $4.000 millones, a 2017 (que podrían alcanzar casi los $5.000 millones a la actualidad).

El Estado no es el único acreedor de Correo pero sí uno de los más importante. El reclamo estatal es por la falta de pago del canon de explotación del servicio que los Macri tenían en concesión a fines de los años 90 y hasta 2003. 

Correo tenía tiempo hasta este jueves para lograr el sí del Estado Nacional, representado en el expediente por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. Ante la consulta de este medio, el jefe de los abogados estatales no respondió si aceptará o no la última propuesta de Correo.

Si Zannini rechaza la oferta de Correo, la compañía tiene otra opción, que ya viene planteando en la causa: solicitarle a la jueza que declare al Estado como “acreedor hostil” por estar supuestamente trabando una solución al caso. De esta manera, Correo ya no necesitaría el apoyo del Ejecutivo para evitar la quiebra y si logra la mayoría legal con otros acreedores, podría obligar al Ejecutivo a aceptar su última oferta: $1.011 millones. Este es el escenario que confirmaron a elDiarioAR fuentes directas del expediente y un escrito presentado por la compañía de los Macri ante la jueza Cirulli. 

Otros dos acreedores clave debían definir si llegaban a un acuerdo con Correo: el Banco Nación y la AFIP. Al cierre de esta nota, no se conocía la posición de la AFIP.

Fuentes directas del Nación, que acumula un crédito millonario en dólares contra la compañía de los Macri, informaron a elDiarioAR que el directorio del banco votó este martes rechazar la oferta de la empresa, que ofrecía pagar en cuotas y a plazos extendidos en el tiempo. Sin embargo, los acreedores tienen categorías en un concurso y por el tipo de categoría que integra (las minorías), el rechazo del Nación no es definitorio para decretar la quiebra, confirmó una fuente judicial del caso. Sí, lo es, por otro lado, el Estado Nacional. 

Salvataje Power

La ley de Concursos y Quiebras permite como opción el “cramdown (salvataje) power” para imponer el acuerdo cuando existen acreedores “hostiles”. En esa línea, los representantes de los Macri ya sostuvieron en un escrito a fines de marzo que el Estado Nacional ha manifestado supuesta “hostilidad manifiesta” contra Correo debido “al vínculo del expresidente Mauricio Macri con la sociedad accionista”, es decir, Socma. Afirmaron, además, que serían objeto de una “persecución que intenta decretar la quiebra de la empresa a toda costa”.

Según Correo, si el Estado Nacional no acepta su última propuesta “perseguiría un innegable revanchismo político contra un expresidente de la Nación y uno de los actuales líderes de la oposición al gobierno vigente”. Adelantó en el escrito que, de ser rechazada su postura sobre el Estado Nacional, la empresa acudirá directamente ante la Corte Suprema al considerar que se encuentran en juego garantías constitucionales como el “derecho de propiedad, de ejercer toda industria lícita y de defensa en juicio”.

Si la jueza acepta este planteo de Correo, deberá abrir un espacio para que los acreedores corridos del acuerdo (a los que se les impone la oferta final) puedan plantear sus oposiciones e impugnaciones. El plazo para impugnar sería de cinco días, según consta en la ley. Zannini tendría ese plazo, por ejemplo, para argumentar por qué no sería un “acreedor hostil”.

Sospechas sobre las mayorías

Conseguir que la jueza Cirulli declare “acreedor hostil” al Estado y lo corra de la negociación no es la única piedra en el zapato de los Macri. Correo tiene otro frente pendiente: la fiscal Gabriela Boquin, que interviene en el caso desde octubre de 2016, denunció que la compañía podría haber incurrido en fraude a los acreedores al comprar las deudas de varios de ellos para forzar una mayoría ilegítima en el acuerdo final, lo que en la ley se denomina “quiebra fraudulenta”. 

Más de 300 acreedores cedieron sus créditos a 14 abogados de estudios jurídicos, algunos de los cuales incluso representan o representaron a Correo en el expediente. Por ejemplo, el de Pablo Tonelli, diputado del PRO, exabogado de Correo y aliado de Macri, según la denuncia de Boquin. También han sido adquiridas por otros abogados que integraron el directorio de Correo.

Correo niega las acusaciones. 

Otro acreedor importante es el Meinl Bank, un banco austríaco que aterrizó en el caso en 2010 (cuando el concurso ya tenía nueve años). El Meinl Bank adquirió los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (CFI), otro organismo de crédito, a los que Correo debe cientos de millones de pesos.  Según pudo precisar elDiarioAR de fuentes directas de Correo, una de las conformidades ratificadas es la del Meinl Bank. 

El fantasma de la extensión

Si todo este proceso fracasa, Correo quiebra. Los Macri corren el riesgo de que la Justicia comercial extienda la quiebra a los accionistas de Correo (Sideco y Socma) por presunto “control abusivo”. La quiebra implicaría perder control sobre sus activos. Ambas compañías fueron accionistas y controlantes de Correo en distintas fechas a lo largo de las últimas décadas. La principal accionista actualmente es Socma. 

El proceso de extensión de quiebra puede llevar mucho tiempo. El Estado o cualquier otro acreedor disidente tiene seis meses desde la fecha de la quiebra de Correo para pedir la extensión a Socma y Sideco. Estas compañías luego pueden apelar y retrasar el proceso. La Justicia incluso podría dictar medidas cautelares a su favor, según explicó una fuente que interviene en el caso. 

Antecedentes

En 2016, el gobierno de Macri había firmado un pre-acuerdo que terminó en escándalo y el caso debió volver a “foja cero”. La deuda original de Correo con el Estado Nacional era por 300 millones de pesos/dólares (a 2001). El pre-acuerdo que se firmó en junio de 2016 implicaba que el Estado dejaría de percibir más de $4.656 millones en intereses por esa deuda, a febrero de 2017, de acuerdo al cálculo realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal. Equivalía a una quita del 98,87% de la deuda, porcentaje que Correo rechaza y asegura que no supera el 54%.

Durante el resto del gobierno de Macri y ante la apertura de una causa penal en la que se debe determinar la responsabilidad de quienes cerraron la negociación con la empresa de la familia presidencial, los funcionarios de Cambiemos frenaron durante más de dos años un nuevo acuerdo para el pago de la deuda de Correo. En noviembre de 2019, semanas antes de dejar el poder, rechazaron la oferta de la compañía al Estado.

Tras la asunción de Alberto Fernández, el caso dio un giro. La Justicia intervino la compañía, desplazó a los administradores de los Macri y abrió el salvataje que actualmente está en trámite, llegando a su fin. 

ED