Alejandra Macri, una de las hermanas del expresidente Mauricio Macri, presentó ante la Justicia un listado de 398 empresas, algunas de ellas con base en paraísos fiscales, que formarían parte del patrimonio de la familia, para reclamar a futuro sus derechos hereditarios. Ante el fuero civil, informó que para determinar dicho patrimonio, más allá de los bienes declarados en el juicio de sucesión, “se encuentra en proceso de recabar la totalidad de la información” respecto estas sociedades.

Entre las empresas enumeradas por Alejandra Macri en su presentación se incluyen Fleg Trading Ltda y Karter Trading LTD, firmas offshore que aparecen en la megafiltración de los Panama Papers y Kagemusha S.A., que aparece en el Registro Público de Panamá, según publicó el diario Página/12.

Alejandra Macri es hija de María Esther De Menech, quien fuera recepcionista de la primera empresa fundada por Franco Macri, la constructora Vimac. En 2005 le ganó un juicio por filiación al padre del expresidente y la cara de Alejandra apareció en la tapa de la revista Noticias. Aún así, Franco nunca la reconoció como hija. Ni Mauricio la trató de hermana, según escribió la propia Alejandra en una carta al diario La Nación, en enero de 2020: “Aclaro que no he sostenido conversación telefónica alguna con mi hermano, el entonces presidente, señor Mauricio Macri, y no he mantenido ningún tipo de contacto personal con él”, dice dicha carta.

Como se trata de seis hermanos, y al no estar casado Franco Macri al momento de morir, por ley a Alejandra Macri le correspondería un sexto del patrimonio de su padre, dice el artículo. La demanda se presentó en el Juzgado Civil 14, a cargo de Federico Causse, que maneja la sucesión. La familiar del exmandatario citó a sus cuatro hermanos vivos y a los de herederos de su hermana Sandra para una mediación, pero ninguno de ellos, incluyendo Mauricio Macri, concurrió audiencia.

JJD

Abril de 2019. Mario Vargas Llosa le preguntó a Mauricio Macri si mantendría el rumbo de su Gobierno en un segundo mandato. “Voy a tratar de ir en la misma dirección, lo más rápido posible. ¿Está bien?”. Risas cómplices.

La respuesta del líder ante un auditorio libertario convocado por la rosarina Fundación Libertad pudo ser vista como un síntoma del ensimismamiento de un gobernante que no atinaba a ver el rostro de un país asfixiado por la deuda externa y al borde del abismo social. Pasaron tres años y la osadía (temeridad) de Macri, que entonces llegó a tornarse irritante para varios de los propios, hoy se transformó en el libreto oficial de Juntos por el Cambio.

Las expediciones para jubilar al padre naufragaron antes de zarpar. Dentro de la coalición conservadora, la carrera hacia 2023 no deja lugar para los débiles. El moderado Horacio Rodríguez Larreta alerta que se viene cirugía mayor sin anestesia y juega una carta mágica ante el menor inconveniente: manda a su brava Policia, sea a la inmediaciones de la casa de Cristina Fernández de Kirchner o a las escuelas públicas tomadas por adolescentes; Patricia Bullrich se prepara para la guerra y enciende una vela por Jair Bolsonaro, presta a subirse a la ola, mientras María Eugenia Vidal actúa como si buscara un indulto de Macri. Y éste se guarda para sí el papel de tutor y avisa que, si alguien se desvía del libreto, saldrá a la cancha. Fuera de este marco queda el radical Facundo Manes a caballo de un proyecto personalísimo del que poco se sabe, más allá de gestos para desmarcarse y metáforas neurológicas.

La ausencia de una evaluación crítica sobre los resultados de un Gobierno que tuvo el respaldo —al menos el primer bienio— de representaciones empresariales, el FMI, los gordos de la CGT, el Grupo Clarín, los tribunales, el peronismo racional y Washington marida con el anclaje en un populismo reaccionario que resuelve la historia en atribuir los males al peronismo, la izquierda, los vagos y los mapuches.

En condiciones normales, un cuadro electoral promisorio para Juntos por el Cambio parecería inverosímil. No hay indicador social ni económico durante el cuatrienio de Cambiemos en Casa Rosada que deje de mostrar una performance negativa, si no de debacle: PBI, inflación, deuda, pobreza, desigualdad, salarios, industria, obra pública. Si la mirada se extiende al plano de la calidad democrática, la independencia de poderes y el espionaje estatal, el balance hace juego con la economía. Y sin embargo….

Cuatro razones

Hay explicaciones estructurales e internacionales para comprender la resiliencia del macrismo. Ernesto Semán ya apuntó en su Breve historia del antipopulismo que la despedida de Juntos por el Cambio con el 40% de los votos en 2019 dio la pauta de que la competitividad de la promesa basada sobre “el individuo autónomo”, descontaminado de toda pretensión colectivista, había llegado para quedarse.

También hay razones particulares, de las que cabe enumerar cuatro.  

Primero: la pandemia. El Gobierno de Alberto Fernández salió a la cancha con el marcador cinco a cero en contra. Una hecatombe sanitaria global llevó a que el PBI se desplomara 10% en un año. Al Frente de Todos le tocó organizar el salvataje a través de la emisión de dinero —remedio ineludible que lastraría el mandato hasta el final—, porque el crédito ya había sido agotado por Macri en uno de los procesos de endeudamiento más acelerados de la historia. Hasta las políticas más irresponsables de los Fernández, como los subsidios de tarifas para ricos, habrían tenido otro peso en un mundo sin pandemia.

El trauma del aumento de la pobreza y la deuda de 2019 quedó eclipsado por el trauma social y psíquico que disparó la pandemia

En ese punto, el coronavirus actuó como un factor decisivo para obnubilar la valoración del pasado reciente. El trauma del aumento de la pobreza y la deuda de 2019 quedó eclipsado por el trauma social y psíquico que disparó la enfermedad global. El macrismo vio la hendija y arremetió con su lucha libertaria contra las restricciones de movilidad. Malas artes para sacar ventaja del agobio colectivo.

Segundo: la falencia histórica de los Fernández. El Presidente estaba llamado a ser un líder progresista, con capacidad pragmática para articular demandas y poner racionalidad después del frenesí del gasto sin sustento del segundo mandato de Cristina y del tándem deuda-fuga de Macri. No fue el caso. Alberto demostró ser un dirigente irresoluto, sin la capacidad de conducción ni los equipos que requería el momento. El mandatario se ubicó en una posición de debilidad tal que no puede gritar los goles propios, además de haber metido en su propio arco unas cuantas que iban afuera.

Dueña de una relación única con buena parte del pueblo humilde, Cristina ratificó que conviven en ella una conductora que lee escenarios como nadie y una dirigente contradictoria, de vuelo bajo. Comprendió mal el momento histórico y, sobre todo, falló a su promesa de poner su capital político a favor de un proyecto que superara, con criterios de equidad, males de la economía que se volvieron endémicos.

La Cristina versión 2019-2023 demostró que no había aprendido nada de la de 2011-2015. Al contrario, agravó sus errores. La noción de que “la emisión no genera inflación” y otras teorías estrafalarias sobre la ventaja de gastar miles de millones de dólares en energía gratis para las clases medias y altas volvieron aumentadas. Así, la vicepresidenta quedó ante el desafío de que se comprenda por qué limó a su propio Gobierno con la acusación de que aplicaba una receta de ajuste hasta junio pasado para terminar avalando recortes llevados a cabo por Sergio Massa que no tienen mucho que envidiarle al manotazo que intentó Nicolás Dujovne entre 2018 y 2019.

Si el “Estado presente” y el Gobierno “del más débil” incurren en una mala práxis tan flagrante y logra estos resultados, ¿por qué no probar otra vez con la ley del más fuerte?

Tercero: Comodoro Py. Las ataduras entre servicios de Inteligencia, la mesa judicial de Macri, los medios de comunicación de mayor difusión y jueces y fiscales federales están expuestas en expedientes, infidencias por Whatsapp, testimonios cajoneados y hasta fotografías en Los Abrojos. Esa trama tuvo dos objetivos: la persecución a opositores y disidentes —sospechados algunos con fundamento, pero con resguardos procesales débiles o inexistentes como norma— y la garantía de impunidad para los propios.

Las pruebas e indicios están a la vista. Cuentas en Luxemburgo de la familia Macri en las que terminaron decenas de millones de dólares ganados en un pase de manos de parques eólicos, empresas offshore de buena parte del elenco gubernamental, blanqueo de dinero autoorganizado, negocios multiplicados a partir de decisiones del Ejecutivo en peajes, generación eléctrica, renta financiera, soterramiento del ferrocarril Sarmiento, subasta de terrenos públicos para desarrollos inmobiliarios, Paseo del Bajo, etcétera. Es cuestión de levantar una baldosa y aparece el vínculo con un apellido clave de Cambiemos. La única explicación posible para que ninguna de estas investigaciones haya avanzado hasta un estado procesal mínimamente aceptable es que un tejido de impunidad inédito en democracia fue forjado en Comodoro Py.

Con los grupos Clarín y La Nación a la cabeza, el periodismo con más peso abandona la pretensión tan sólo de distancia y elige abordar al macrismo en clave de aplicación de correctivos ante desvíos de rumbo

El capítulo judicial difícilmente consagra o sepulta hegemonías políticas, pero el hecho de que indicios tan claros y sistémicos hayan pasado inadvertidos en los tribunales impide una reorganización de nombres y prácticas dentro del bloque conservador. Sin costos ni consecuencias, la anuencia judicial facilita la vida política de quienes deberían dar alguna explicación.

Cuarto: los medios predominantes. En lo que el sociólogo Pablo Alabarces define como “claudicación” del oficio periodístico, la prensa más influyente abandonó la intención de interpelar y problematizar a un sector clave de la política. Con los grupos Clarín y La Nación a la cabeza, el periodismo con más peso abandona la pretensión informativa y de distancia, y elige abordar al macrismo en clave de aplicación de correctivos. El cuestionamiento a dirigentes de Juntos por el Cambio se reserva al reproche cuando alguno elige una estrategia señalada como equivocada.

La amonestación más habitual suele ser por algún gesto que se entienda como un diálogo o concesión al Gobierno peronista, pero también encuentra eco el reclamo de que los radicales, liberales y conservadores resuelvan su interna con eficacia y articulen, si la patria lo necesita, con Javier Milei. El insulto, la amenaza, la teoría conspirativa y la proclama de ultraderecha campean en el prime time de los canales de noticias, los pases radiales y las columnas de opinión.

Cálculos y conflictos

El combo indulgente —pandemia, los Fernández, Comodoro Py y medios— colabora para poner en carrera a Juntos por el Cambio, pero a la vez supone severos riesgos en un eventual segundo tiempo.

En primer lugar, la promesa de recortes draconianos garantizados con mano dura policial es más fácil de sostener en una entrevista complaciente o en una cena de gala de una ONG que de llevar a cabo.

Reformar (bajar) jubilaciones, despedir empleados públicos, enterrar el reparto de computadoras, reducir impuestos a los ricos, eliminar programas sociales, borrar a Aerolíneas Argentinas de un plumazo y facilitar el despido de trabajadores están en el menú liberal clásico, aquí y afuera. La puesta en práctica requiere liderazgo, legitimidad y el abandono de teorías terraplanistas sobre la atracción de inversiones que supondrá la mera sustitución de apellidos en la burocracia estatal, el endeudamiento infinito inocuo y los beneficios mágicos de una devaluación. En diciembre de 2015, el elenco macrista decía tener todo esto calculado.

Una agenda de derecha recargada se enfrenta al problema del conflicto de intereses. No es sólo una cuestión ética o de corrupción, sino de sustentabilidad.

Años atrás, el periodista Marcelo Falak enmarcó en Letra P el sustento teórico detrás de colocar a un ejecutivo de la industria del petróleo a cargo de Energía, a un terrateniente en Agricultura, a un ejecutivo bancario en Finanzas, a un gerente de personal en Trabajo, etcétera. Tras la debacle de los Estados de bienestar posterior a la crisis petrolera de 1973, el cientista social Philippe C. Schmitter desarrolló un enfoque crítico sobre el Gobierno de interés privado —citó Falak—, en el que “una organización no estatal controla en régimen de monopolio bienes, servicios o status que son indispensables para sus miembros (...) El Estado impondrá a cambio ciertas responsabilidades y comportamientos públicos a la organización”.

El ajuste que Macri propuso disimuladamente en su primer mandato —pondría a “las mafias” parasitarias en un cohete y las enviaría a la Luna— y, ahora, todo Juntos por el Cambio se plantea sin inhibiciones presenta el problema de que el terrateniente a cargo de Agricultura se quiere llevar lo suyo, el financiero a cargo de Finanzas busca maximizar la ganancia de su sector, y otro tanto con el empresario del transporte, el ejecutivo de la petrolera, el gerente del multimedios, cada uno en su respectiva silla estatal. Cuando eso ocurre, el déficit crece y los recortes contra los que no tienen lugar en el gabinete —los trabajadores y los jubilados— no alcanzan.

¿Alguien aprendió la lección?

¿Hay alguien en Juntos por el Cambio pensando que la repetición de este esquema corporativo puede chocar el país otra vez? ¿Existe una mirada más sofisticada que aquélla que divide a la Argentina entre la sociedad productiva que representan el campo, el Dipy y Marcos Galperín versus el “pozo oscuro del Gran Buenos Aires” (Pichetto), “los argentinos que no quieren trabajar” (Macri) y “el 30% con los que no hay ninguna posibilidad de dialogar” (Larreta)? ¿Algún miembro del bloque conservador se atreverá alguna vez a contradecir la catarata de agravios e indecencias que disparan los medios que los fogonean?

¿Existe una mirada más sofisticada que aquélla que divide al país entre la sociedad productiva que representan el campo, el Dipy y Marcos Galperín versus el “pozo oscuro del Gran Buenos Aires” y “los argentinos que no quieren trabajar”?

Los números de pobreza conocidos esta semana indican que el país se encuentra —grosso modo— en el punto de partida del Gobierno de los Fernández (36,5% en el primer semestre de 2022 versus 35,5% en diciembre de 2019). El porcentaje es similar, pero la sociedad está más golpeada y frustrada. En el medio, pasó la pandemia, que siguió a ocho años de estancamiento y recesión. Los sectores más pobres e informales llevan una década de pérdida de ingresos y escuchando a gobiernos que alargan el horizonte de la solución de sus urgencias. “Se acabó la fiesta”, prenuncia la elite recortadora desde un canal de Palermo. “¿Qué fiesta?”, se preguntan en Rafael Castillo, partido de La Matanza.

El país rema entre problemas cíclicos, pero a la vez se aproxima a un escenario que podría abrir la puerta a un período de crecimiento sólido. Con Vaca Muerta a la cabeza, los recursos energéticos están ahí, su producción está funcionando y el mundo la demanda. Al menos hasta la última estampida del dólar de julio pasado y con sus inconsistencias a cuestas, la economía venía demostrando una capacidad de reacción inesperada para los funebreros de siempre.

En este mar de incertidumbre, un nuevo abordaje corporativista con mayor dosis reaccionaria no servirá ni para solucionar los problemas que en gran medida agravó el Ejecutivo de Cambiemos, ni para dar cauce al desarrollo que insinúan Vaca Muerta, el litio y la economía del conocimiento.

SL

Durante los mandatos presidenciales de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Lázaro Báez se transformó en el principal contratista de obra pública en la provincia de Santa Cruz. Tras dejar un cargo gerencial en el banco santacruceño del Grupo Petersen, Báez creó empresas, absorbió otras y multiplicó inversiones. Compró campos y depositó al menos US$ 25 millones en una entidad suiza, con sus hijos como beneficiarios finales. El análisis del cruce de fondos familiares entre paraísos fiscales requiere la asistencia de un experto en fraudes. Además de amigo de Néstor Kirchner, Báez mantuvo un vínculo comercial con la pareja presidencial. Al tiempo que su buque insignia, Austral Construcciones, ganaba licitaciones para obras públicas, otras de sus firmas compraban propiedades a los Kirchner y explotaban sus hoteles.

Hasta aquí, motivos más que suficientes para iniciar una investigación en fuero federal.  

Báez fue detenido el martes 5 de abril de 2016 en el marco de la causa bautizada por los zócalos de la televisión como “Ruta del dinero K”, paralela al expediente “Vialidad” que esta semana inició la etapa final de alegatos en el juicio oral, con el fiscal Diego Luciani en “actuación estelar”, “un duro”, autor de una presentación “histórica” y “contundente”, “Doctor No”, hombre “valiente” que le puso “límites a la política” y formuló una “acusación fulminante y fundamentada”, según el relato predominante. Es cierto que el elenco más conocido de Comodoro Py no ofrece muchas figuras edificantes para una épica republicana, pero acaso el cúmulo de elogios que se llevó la modesta presentación de Luciani haya sido un exceso.

Dos días antes de la detención de Báez en 2016, se había hecho pública la filtración global Panamá Papers, con el rostro de Mauricio Macri poblando los portales del mundo junto al selecto grupo de gobernantes y exgobernantes que ocultaban empresas y sellos en ese paraíso fiscal. Sorpresa: Macri no resultó ser el Mandela que describían. Nadie lo habría imaginado de un contratista con sus antecedentes. En una extraordinaria paradoja, los periodistas alemanes del diario Süddeutsche Zeitung que comandaron la investigación de los Panamá Papers narraron que sus colegas argentinos, obsesionados con hallar “la ruta del dinero K” en Panamá o en Delaware, se toparon con “la ruta del dinero M”.

Los mismos medios argentinos que habían tratado de ocultar el apellido Macri en la filtración global se abalanzaron, con similar torpeza, sobre el auto que transportaba a Báez con casco y chaleco antibalas ese 5 de abril. Fue el primero de los múltiples escarnios públicos en el prime time orquestados durante los cuatro años de Cambiemos en Casa Rosada. A ese show le siguió otro con el fiscal federal Guillermo Marijuan al mando de excavadoras en búsqueda de tesoros enterrados en estancias de Santa Cruz, sin éxito.

Arrepentidos en el living

Hay que reconocer que el programa de Jorge Lanata en Canal 13 no filmó a Leonardo Fariña, el pintoresco arrepentido contra Báez en las causas “Ruta del Dinero” y “Vialidad”, en el living de Elisa Carrió en Recoleta, como hizo en 2015 con un testigo falso que apuntó contra “la Morsa” —según el zócalo— Aníbal Fernández. Fariña fue grabado con cámara oculta por “Periodismo Para Todos” en otro living, dos años antes, con un testimonio pulido en el que él se dejó a salvo y enlodó a Báez. El entonces marido de Karina Jelineck se arrepintió (“Lanata quería ficción, le di ficción”), pero luego se arrepintió de haberse arrepentido. Ya con Macri en el Gobierno, Fariña se adhirió al programa de testigos protegidos, ejecutado bajo la directa supervisión del entonces ministro de Justicia, Germán Garavano. También cabe reconocer que no se sabe si a Fariña le montaron un hotel boutique en Mendoza a cambio de su arrepentimiento, como a Alejandro Vanderbroele, espada filosa utilizada contra Amado Boudou. Lo que sí ocurrió es que el exgestor de Lázaro Báez salió de la cárcel, se cortó el pelo, se mudó a una vivienda con amplias comodidades y pasó a tener Osde como prepaga, todo a cargo del Estado.

El código procesal argentino establece que el imputado debe permanecer detenido sólo si existe “peligro de fuga” o riesgo de “entorpecimiento del proceso”, o en función de la gravedad del hecho (por ejemplo, homicidio o violación). En principio, Báez debió haber aguardado la sentencia definitiva en libertad, pero ese principio del derecho no rigió durante el Gobierno de Cambiemos. Las prisiones preventivas contra Báez se fueron solapando y permaneció en la cárcel hasta septiembre de 2020. Desde entonces, el dueño de Austral Construcciones se encuentra en régimen domiciliario.

Durante su larga detención, el “inminente arrepentimiento” del dueño de Austral Construcciones para revelar su vínculo secreto con los Kirchner fue anunciado media docena de veces. No ocurrió. En julio pasado, dos jueces de Casación rechazaron su excarcelación. Uno de ellos, Gustavo Hornos, era uno de los habitués de Macri en la Casa Rosada y en Olivos días antes de fallar en causas sensibles, según lo revelado por El Destape.

Se podría abundar sobre las cámaras de apelaciones tijeretadas por la mesa judicial, la duplicidad de causas o los traslados de jueces partidarios a dedo, pero lo mencionado basta para considerar que la denuncia de Cristina Fernández de Kirchner sobre la existencia del lawfare tiene asidero.

Al enemigo, doctrina Irurzun y relato de Fariña

Así las cosas, el sistema institucional argentino se encuentra ante una encerrona recurrente. La fundada presunción de que durante el kirchnerismo existieron prácticas sistemáticas de corrupción choca con un montaje de justicia que no garantiza, e incluso bloquea, la posibilidad de investigar en serio. En una práctica que hasta ahora no mereció ninguna revisión de parte de los nuevos liderazgos de Juntos por el Cambio (JxC) —por el contrario, la experiencia de Horacio Rodríguez Larreta en CABA parece reproducirla—, el macrismo potenció vicios hasta niveles desconocidos en democracia, con un doble fin: al enemigo, doctrina Irurzun para las prisiones preventivas, tribunales conformados a dedo, peritos que copian del rincón del vago y fariñas; a los propios, aspiradora de causas desde Comodoro Py para garantizar impunidad ante la presunción de corrupción sistémica también fundada. Y todo, bajo la estricta supervisión de la Corte Suprema.

No es el objetivo de esta nota transitar el detalle de los argumentos del fiscal Luciani, abordados en la cobertura de Emilia Delfino en elDiarioAR.

Al enemigo, doctrina Irurzun para las prisiones preventivas, tribunales conformados a dedo, peritos que copian del rincón del vago y fariñas; a los propios, aspiradora de causas desde Comodoro Py para garantizar impunidad

Como observación general, cabe consignar que la acusación parece más solvente cuando describe controles deficientes y cierta promiscuidad de gestión entre los encargados de la empresa y quienes debían controlarlos, o la aceleración de pagos, o el armado de licitaciones ficticias para que ganara casi siempre el mismo. Una típica cartelización de la obra pública en cualquiera de las provincias argentinas que merece ser investigada.

El énfasis del fiscal no subsana la necesidad de certeza de que efectivamente haya habido sobreprecios en las 52 obras encargadas a Báez en Santa Cruz, o de algún registro que lleve a dilucidar una coima. La “actuación estelar” se vuelve directamente vidriosa en la medida en que Luciani incrementa los decibeles y regala títulos para aseverar que Báez y Cristina son la misma entidad. Esa aspiración de máxima choca con que la causa paralela “Ruta del dinero K”, hasta ahora, no halló ninguna cuenta K en un paraíso offshore.

En el marco del juicio oral en la causa “Vialidad”, Luciani tuvo la oportunidad de preguntar a Fariña en diciembre pasado. El testigo protegido repitió una teoría extraña, que el fiscal haría bien en olvidar si procura una condena: “Austral tenía una particularidad que era que hacía (lavaba) negro el (dinero) blanco”. Es decir, según el colaborador, Báez y Néstor Kirchner lavaban dinero al revés, enviando a Suiza millones de dólares declarados para transformarlos en ilegales, con el fin de evadir impuestos.

Hay whatsapps y whatsapps

El fiscal logró impacto al poner sobre la mesa diálogos extraídos del celular de José López, el secretario de Obras Públicas de los 12 años de los Kirchner que una madrugada revoleó US$ 9 millones, saltó un muro de un convento, encontró el infierno de la deshonra internacional y finalmente fue rescatado por Comodoro Py y el Gobierno de Macri que lo transformaron en testigo protegido. Raro, pero no tanto. Al fin y al cabo, Iecsa, la empresa de obras públicas que pertenecía a los Macri, recibió contratos de las manos de López como pocas.

Los chats del exsecretario corrupto, que demostrarían que allegados a Cristina y Máximo Kirchner participaban de tratativas sobre la liquidación final de Austral Construcciones y sugieren contacto de ambos con Báez, antes de la asunción de Macri, causaron éxtasis en JxC y los medios de su sector. En cambio, los chats de Darío Nieto, el secretario del expresidente conservador, que demostrarían que apretaba por whatsapp para que bancos públicos de Ciudad y Nación dieran préstamos sin control a la agroexportadora Vicentín, principal aportante de campaña de JxC —lo que, en efecto, ocurrió—, no sólo pasaron inadvertidos para la gran prensa; Comodoro Py ya se ocupó de aspirar y enterrar la causa.

Si las garantías procesales contra Cristina, exfuncionarios y empresarios allegados no se cumplieron, ello debería determinar su inocencia en tribunales, pero no exime a la vicepresidenta de una respuesta al pueblo que representa

En febrero de 2021, Báez fue condenado a 12 años de prisión por haber orquestado el lavado de US$ 55 millones, mientras sus cuatro hijos y otros cómplices recibieron penas menores en la “ruta del dinero K”. Sebastián Casanello, aquel juez federal de instrucción que mandó a detener a Báez en el otoño de 2016, le dictó falta de mérito a Cristina. El magistrado se enfrentó a fuertes presiones: el Grupo Clarín, que lo llamaba “tortuga” porque no avanzaba sobre la expresidenta; la Cámara Federal, que lo obligó a citar a indagatoria a Cristina sin pruebas directas en su contra; y un sector del espionaje estatal, que le plantó dos falsos testigos —ya condenados— que aseguraron que el juez visitaba la residencia de Olivos.

¿Cómo hizo?

En diciembre de 2019, a días de asumir la vicepresidencia, Cristina habló en el juicio oral que estaría por llegar a su fin. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso se hundieron en sus asientos cuando los apuntó con el dedo y los acusó de que tenían “la condena escrita”. Es probable. Una vía de entrada a una sentencia en su contra podría ser que en el expediente de la “ruta”, Báez fue condenado por haber lavado dinero que provendría —según dos de los tres jueces, en coincidencia con Fariña— de sobreprecios en la obra pública en Santa Cruz y no sólo de la evasión impositiva.

Hay que poner mucha voluntad para dar crédito a los cantos de sirena sobre la honestidad y las instituciones republicanas que provienen de la derecha argentina, sus medios y Comodoro Py. Si las garantías procesales contra Cristina, exfuncionarios y empresarios allegados —varios de ellos, en efecto, corruptos— no se cumplieron, ello debería determinar su inocencia en tribunales, pero no exime a la vicepresidenta de una respuesta que debe, no a los jueces, sino al pueblo que representa.

¿Cómo hizo un empresario surgido de la nada, amigo y socio de Néstor Kirchner, para acumular y fugar durante más de una década decenas de millones de dólares obtenidos de contratos de obra pública que pagaron todos los argentinos? 

SL

En 2015, un denunciante anónimo que se autodenominó ‘John Doe’ ─equivalente a ‘fulanito’ en español─ se puso en contacto con el diario alemán Süddeutsche Zeitung (SZ) y filtró más de 2,6 TB de información confidencial a dos de sus periodistas. Los archivos incluían millones de emails corporativos que provenían de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, uno de los mayores proveedores mundiales de servicios “offshore”.

Como consecuencia de las revelaciones de la investigación periodística conocida como Panama Papers, dirigida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), el primer ministro islandés Sigmundur David Gunnlaugsson y su homólogo paquistaní Nawaz Sharif se vieron obligados a dimitir, al igual que otros muchos mandatarios. 

La filtración provocó protestas multitudinarias en Londres, Reikiavik y otros lugares, así como desencadenó la apertura de miles de investigaciones judiciales e inspecciones tributarias en todo el mundo. Además, desde entonces, se han promulgado leyes más estrictas para combatir el negocio de las sociedades pantalla. Los estados han recuperado más 1.300 millones de dólares que se habían perdido por impuestos no recaudados.

Hasta la fecha, ‘John Doe’ solo se había pronunciado una vez en público. Cuatro semanas después de que los Panama Papers comenzaran a ver la luz, publicó un manifiesto en el que hizo un llamamiento a los legisladores para que actuaran para combatir la desigualdad global. Desde ese momento, se han publicado libros, podcasts y documentales sobre la filtración. Incluso, Hollywood hizo una película sobre el tema que protagonizó Meryl Streep. Pero el denunciante que filtró la documentación ha guardado silencio hasta ahora.

Recientemente, ‘John Doe’ se puso nuevamente en contacto con los dos periodistas que en 2016 trabajaban para el diario SZ y que ahora lo hacen en el semanario Der Spiegel (aquí la entrevista completa en inglés). Con el fin de garantizar su anonimato, la entrevista con esta fuente fue realizada online mediante un programa cifrado. La entrevista, que tuvo lugar con la presencia de un testigo, ha sido acortada para una mejor comprensión, ligeramente editada y, como es habitual en el periodismo alemán, el texto fue enviado al entrevistado para que diera el visto bueno antes de la publicación.

¿Cómo está? ¿Se siente seguro?

Sí, me siento seguro, hasta donde yo sé. Vivimos en un mundo peligroso y eso me inquieta a veces. Pero lo más importante es que me encuentro bien y me considero una persona afortunada.

Usted ha guardado silencio en los últimos seis años. ¿No se ha sentido tentado a desvelar que fue usted quien facilitó que se hicieran públicos los negocios secretos a través de sociedades ‘offshore’ de jefes de Estado y de gobierno, cárteles de narcotráfico y diferentes tipos de criminales?

A menudo he lidiado con la tentación de que mi trabajo sea reconocido y que se asocie a mi nombre, como pienso que mucha gente hace. En aquella época, mi única inquietud era seguir vivo hasta que la historia pudiera ser contada por alguien. Me tomó varios días adoptar la decisión de compilar los datos del despacho Mossack Fonseca que estaban a mi alcance. Me sentía como si estuviera mirando a través del cañón de una pistola cargada, pero al mismo tiempo sentía que tenía que hacerlo.

Los Panama Papers involucran a tantas organizaciones criminales transnacionales, alguna de ellas vinculadas a gobiernos, que es difícil imaginar cuán seguro sería para mí revelar mi identidad

Usted se puso en contacto con el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que puso en marcha una investigación en la que colaboraron más de 400 periodistas y que fue coordinada por ICIJ. Cuando llegó a nosotros, ¿qué le pasaba por la mente?

Cuando me puse en contacto con ustedes, no tenía ni idea de lo que iba a pasar o si ustedes iban siquiera a responder. Mantuve correspondencia con muchos periodistas que no mostraron interés, incluidos reporteros de The New York Times y The Wall Street Journal. Wikileaks ni siquiera se molestó en contestar cuando les escribí más tarde.

(NdA: NYT y WST declinaron hacer comentarios sobre este asunto. Der Spiegel se puso en contacto con Wikileaks, pero no obtuvo respuesta alguna.)

El equipo global de periodistas comenzó a publicar los Panama Papers el 3 de abril de 2016. ¿Cómo fue ese día para usted?

Lo recuerdo como cualquier otro domingo. Comí con unos amigos y me dejó pasmado que Edward Snowden se mostrara sobreexcitado comentando el proyecto en Twitter. Recuerdo cómo miles de posts iban circulando de un sitio a otro en las redes sociales. Nunca había visto nada similar. Se trataba literalmente de una explosión informativa. La gente con la que estaba aquel día se puso a hablar del asunto tan pronto como lo conocieron. Hice todo lo que estaba a mi alcance para disimular y hacer como si fuera la primera vez que oía hablar del tema.

Muchos expertos comparan los Panama Papers con el Watergate. La fuente más importante del Watergate fue el director adjunto del FBI Mark Felt, quien se hizo llamar ‘Garganta Profunda’. Al final, reveló su verdadera identidad 33 años después de que se publicara el Watergate.

De vez en cuando, he pensado en Mark Felt y los riesgos que él afrontó. El tipo de riesgos que yo asumo son diferentes a los suyos. Es posible que tenga que esperar hasta que me encuentre en el lecho de muerte.

(Al domingo que se estrenó Panama Papers) lo recuerdo como cualquier otro domingo. Comí con unos amigos

¿Por qué?

Los Panama Papers involucran a tantas organizaciones criminales transnacionales, alguna de ellas vinculadas a gobiernos, que es difícil imaginar cuán seguro sería para mí revelar mi identidad. Al comienzo, Felt tuvo que preocuparse por Richard Nixon y sus cómplices. Nixon dimitió dos años después de que estallara el escándalo. Su renuncia le quitó todo poder. Sin embargo, en mi caso, incluso si transcurren 50 años, las organizaciones que me inquietan seguirán existiendo.

¿Le ha contado a alguien su papel en los Panama Papers?

Tras la publicación, se lo conté solo a algunas personas, de aquellas a las que más quiero.

Usted ha permanecido en silencio los últimos seis años. ¿Por qué quiere hablar ahora?

En estos seis años, ha habido ocasiones en las que he estado tentado a hablar alto y claro. En cada uno de esos momentos, es como si el mundo se estuviera escorando más y más hasta estar cerca de hundirse. De modo que la necesidad de intervenir me ha parecido cada vez más urgente para evitar la catástrofe. Al mismo tiempo, sin embargo, he tenido que poner en la balanza diversos factores.

Por desgracia, los gobiernos de Alemania y Estados Unidos nunca han mostrado un especial interés por los Panama Papers

¿A qué se refiere exactamente?

En primer lugar, por supuesto, garantizar mi propia seguridad física y la de mi familia. Además, está el hecho de que el mundo es un lugar enorme con una cacofonía de voces, todas ellas intentando que su punto de vista se entienda. Quería que mis palabras cobraran sentido y que no se perdieran tras el siguiente tuit de Donald Trump. En 2016, escribí [en un manifiesto] sobre mi miedo a algo que ya estaba observando: “Una grave situación de inestabilidad podría estar justo a la vuelta de la esquina”. Mucho me temo que esa inestabilidad finalmente ha llegado.

¿A qué tipo de inestabilidad se refiere?

Al ascenso global del fascismo y el autoritarismo, desde China a Rusia pasando por Brasil y Filipinas, pero muy especialmente en Estados Unidos. Estados Unidos ha cometido errores terribles a lo largo de su historia, pero también ha servido como una fuerza de equilibrio para contrarrestar la influencia de los peores regímenes absolutistas cuando más se necesitaba. Ese equilibrio ha dejado de existir.

Parece que los paraísos fiscales son de una importancia crucial para los hombres fuertes de los regímenes autocráticos.

Putin es una amenaza mayor para Estados Unidos de lo que lo fue Hitler y las sociedades pantalla (offshore) son sus mejores amigas. Las sociedades ‘offshore’ que financian al ejército ruso son las que permiten que se mate a civiles inocentes en Ucrania cuando los misiles de Putin impactan en centros comerciales. Las sociedades pantalla que ocultan las actividades de los conglomerados empresariales chinos son las que permiten que mueran menores en las minas de cobalto de Congo. Las compañías ‘offshore’ hacen posible todos estos horrores y le quitan a la sociedad el derecho de exigir rendición de cuentas a los poderosos. Sin rendición de cuentas, la sociedad no puede funcionar bien.

A menudo he lidiado con la tentación de que mi trabajo sea reconocido y que se asocie a mi nombre

Los Panama Papers parecen tener más relevancia ahora que nunca debido a la agresión rusa contra Ucrania. Por ejemplo, uno de los más viejos y cercanos amigos de Vladimir Putin, el violonchelista Sergei Roldugin, fue sancionado internacionalmente a finales del pasado febrero. La razón principal es que su nombre fue encontrado en los Panama Papers. Los documentos mostraban que Roldugin parece haber sido el testaferro de su poderoso amigo Vladimir Putin y que posee millones, al menos sobre el papel. ¿Está satisfecho por este giro inesperado en los acontecimientos?

Estoy contento por ver cómo Roldugin ha sido sancionado. Es genial.

¿Tiene miedo de que Rusia busque venganza?

Es un riesgo con el que vivo. El gobierno ruso ha manifestado que quiere verme muerto. Antes de que se restringiera la difusión de las informaciones de Russia Today en diversos lugares debido al ataque de Rusia contra Ucrania, emitió un docudrama sobre los Panama Papers en dos capítulos en cuyos créditos iniciales aparecía el personaje ‘John Doe’ herido en la cabeza tras haber sido torturado. Inmediatamente después se ve un barco de dibujos animados que navega por su sangre, como si fuera el Canal de Panamá. Aunque fueran unas imágenes estrambóticas y de mal gusto, el mensaje no era sutil. Ya hemos visto cómo otras personas ligadas a cuentas ‘offshore’ y sometidas a procesos judiciales por tributación irregular recurren al asesinato. Lo hemos visto en los casos de los periodistas Daphne Caruana Galizia y Ján Kuciak. Sus muertes me afligieron profundamente. Hago un llamamiento a la Unión Europea para que haga justicia con Daphne, Ján y sus familias, y para que establezca el estado de derecho en Malta, una de las jurisdicciones que usó Mossack Fonseca.

En 2017, la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA, por sus siglas en alemán) obtuvo mucha documentación de Mossack Fonseca, también procedente de una fuente anónima.

Sí, fui yo. Desde el principio, quería trabajar con autoridades gubernamentales porque me parecía obvio que era necesario para iniciar investigaciones por los delitos descritos en los Panama Papers. Más que ningún otro gobierno, el alemán me aseguró que garantizaría la seguridad de mi familia y la mía propia. Pasado un tiempo, llegamos a alcanzar un acuerdo que parecía justo. Desafortunadamente, poco después, el gobierno alemán violó ese pacto. A mi entender, eso puso en riesgo mi vida. Siento decir que no recomiendo a nadie que confíe en las garantías que ofrece el Estado alemán. 

(NdA: La Oficina Federal de Investigación Criminal declinó hacer comentarios sobre estas acusaciones.)

Algunos artículos periodísticos informaron de que usted fue recompensado con cinco millones de euros. ¿Por qué está descontento con la Oficina Federal de Investigación Criminal?

Hubo tres problemas fundamentales. En primer lugar, sentí que una vez que la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) obtuvo los datos, me dejaron solo y no me procuraron ningún tipo de protección. Esa desprotección era imprudente porque la amenaza sobre mi seguridad, lejos de menguar, se acrecentaba con el tiempo. Poco tiempo después y a plena luz del día, hubo un asesinato en Berlín que se vinculó a una operación del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB). Podría haber sido yo la víctima. Segundo, el Gobierno alemán no cumplió con el acuerdo económico, lo que me provocó más problemas que pusieron en riesgo mi seguridad. En tercer lugar, la BKA ha desaprovechado constantemente la oportunidad de analizar datos del mundo ‘offshore’ más allá de los Panama Papers, lo que es realmente escandaloso.

Entonces, ¿usted piensa que las autoridades alemanas no han hecho lo suficiente para garantizar su seguridad?

Quiero ser justo con ellos. Me ofrecieron unas pequeñas medidas de seguridad, pero éste es el tipo de situación en el que un solo error produce consecuencias desastrosas e irreversibles. Por una serie de razones, nunca me sentí cómodo con su planteamiento general, especialmente según iba pasando el tiempo. Si de verdad el Gobierno alemán hubiera apreciado la relevancia de los Panama Papers, estoy seguro de que habrían manejado la situación de modo diferente.

¿Qué solicitó exactamente a la Oficina Federal de Investigación Criminal? ¿Ser un testigo protegido? ¿Una nueva identidad? ¿Más dinero?

Solo puedo decir que no cumplieron con el acuerdo económico que habíamos pactado.

La policía alemana ha compartido los documentos de Mossack Fonseca con docenas de países, pero han limitado esa colaboración a entregar datos que afectaban a los ciudadanos del país correspondiente. Parece lógico pensar que las informaciones sobre los oligarcas fueron únicamente entregadas a las autoridades rusas, a menos que existieran investigaciones abiertas en otros países. Resulta una situación un tanto absurda, dado que esos hombres han sido recientemente sancionados internacionalmente como respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

Por desgracia, los gobiernos de Alemania y Estados Unidos nunca han mostrado un especial interés por los Panama Papers. Sus investigaciones se centran en los yates. Francamente, los yates no son importantes más allá de su valor simbólico. Las sociedades ‘offshore’ y los ‘trusts’ (fideicomisos) sí que importan de verdad. Las sanciones son una buena herramienta, pero hay otras. Por ejemplo, Estados Unidos podría hacer redadas policiales en las oficinas de los facilitadores de sociedades ‘offshore’ que actúan en su territorio para mandar el mensaje de que este tipo de actividades ya no es admisible. Sería fácil para ellos hacerlo, pero no ha ocurrido.

Edward Snowden está atrapado en Rusia. Aunque se muestra crítico con el gobierno de Putin por sus niveles de corrupción, Snowden no puede abandonar el país porque tendría que enfrentarse a un juicio en Estados Unidos.

Snowden es solo una pieza del puzle en la guerra de desinformación que Rusia lleva practicando contra Estados Unidos durante la mayor parte del último siglo. Si la Inteligencia estadounidense tiene pruebas acusatorias contra él, que las haga públicas y así todos podremos verlas. Si no las tiene, el presidente Biden debería perdonarlo y permitir su vuelta a casa. Así de simple.

Lo más importante es que mi caso ejemplifica cómo es posible marcar la diferencia y aún así seguir llevando una buena vida

¿Cuán satisfecho está usted con las consecuencias de la filtración?

Me siento gratamente asombrado por el resultado de los Panama Papers. Lo que ICIJ logró no tiene precedentes. Me siento extremadamente feliz, incluso orgulloso, de que hayan sucedido grandes reformas legislativas gracias a los Panama Papers. El hecho de que después haya habido colaboraciones periodísticas en una escala similar también es un triunfo. Tristemente, no es suficiente. Nunca pensé que publicar los datos de un despacho de abogados fuera a resolver la corrupción en el mundo y mucho menos cambiar la naturaleza humana. Pero los políticos deberían actuar. Necesitamos que las informaciones de los registros mercantiles sean públicas y accesibles en todas las jurisdicciones, desde las Islas Vírgenes Británicas hasta Anguila, pasando por Seychelles, Labuán o Delaware. Ahora mismo, sin esperar más. Y si oís cierta resistencia a hacerlo, estás oyendo a un político que debería dejar su cargo.

Desde 2016, miles de historias de los Panama Papers se han publicado. ¿Piensa que aún hay alguna que el mundo necesita ver publicada?

Todavía quedan muchas historias por contar. Una que me viene a la mente es la de un ‘trust’ que firma cheques en papel color amarillo y que fue creado por un despacho de abogados colombianos para el beneficio de un cártel de narcotraficantes. En las operaciones de esa estructura ‘offshore’ colabora un banco estadounidense que permitió el uso directo de su cuenta corresponsal en un banco de Panamá. Los nombres de los receptores de los cheques se escribían  con máquina de escribir. Nos quedaríamos cortos si calificáramos estas operaciones como poco habituales. Perfectamente, podrían haber emitido cheques con una señal de alarma roja y no habría pasado nada tampoco.

¿Qué le ha enseñado su filtración sobre la denuncia de irregularidades?

Aunque quizás sea excepcional, diría que lo más importante es que mi caso ejemplifica cómo es posible marcar la diferencia y aún así seguir llevando una buena vida. Pero exige mucho esfuerzo y mucha suerte ir un paso adelante del resto.

¿Qué le recomendaría usted a los potenciales denunciantes?

Les diría que contar la verdad sobre asuntos sensibles nunca resulta fácil. Un factor infravalorado es lo difícil que es mantener la cabeza fría. Tanto si estás hablando con periodistas o con autoridades gubernamentales, hay que estar preparado para que todo se mueva lentamente. Es fundamental respirar hondo y encontrar otras cosas en las que pensar de vez en cuando.

Si usted pudiera volver al pasado, ¿volvería a filtrar los documentos?

Sí, sin pestañear.

Traducción del inglés por Marcos García Rey.

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ED

Empresarios y ejecutivos de tres de los principales medios de comunicación del país -Clarín, La Nación y Perfil- aparecen mencionados en Pandora Papers con sociedades en Islas Vírgenes Británicas y una empresa en Uruguay, según los registros de dos proveedores del mundo offshore analizados por el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que integra elDiarioAR. 

Parte de la cúpula del Grupo Clarín, Héctor Magnetto y José Antonio Aranda; y el co-fundador de Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia, aseguraron ante la consulta del equipo argentino de Pandora Papers que sus estructuras estuvieron siempre declaradas en Argentina. Alejandro Saguier, accionista de La Nación a cargo del área de administración, afirmó que declaró su sociedad offshore en 2016 con el sinceramiento fiscal que promovió Mauricio Macri y que desde entonces se encuentra en regla con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Al cierre de esta edición, los empresarios no habían accedido aún a mostrar sus declaraciones juradas con secreto fiscal. 

Clarín

Dos de los accionistas y autoridades de Clarín, Héctor Magnetto y José Antonio Aranda, junto a la fallecida directora del medio, Ernestina Herrera de Noble, figuran en el directorio de una sociedad  radicada en Islas Vírgenes Británicas desde principios de la década de 1990, según los documentos. Se trata de Mather Holdings Limited (creada en 1990). Ejecutivos del grupo también figuran en el directorio de Silkwood Investments Limited (radicada en el archipiélago del Caribe en 1991). Ambas compañías se entrelazan con una serie de sociedades creadas en otras jurisdicciones, como Delaware (considerada un paraíso fiscal dentro de los Estados Unidos) y una pequeña isla del Caribe, cercana al archipiélago de bandera británica: San Cristóbal y Nieves. Las sociedades también se relacionan con cuentas bancarias en los Estados Unidos y conducen a otra compañía offshore cuyos beneficiarios finales son dos hijos de Magnetto y dos hijos de Aranda. 

Tanto Mather Holdings Limited como Silkwood Investments Limited estuvieron en la lista de argentinos con cuentas supuestamente secretas en el JP Morgan de Nueva York, que denunció en 2008 Hernán Arbizu, un exejecutivo del banco. Voceros de Clarín, sin embargo, respondieron que las cuentas en ese banco estaban declaradas ante las autoridades. “Esto fue confirmado por inspecciones impositivas e investigaciones judiciales de nuestro país, que ratificaron la legalidad de las operaciones”, afirmaron.

La estructura en la que figuran los accionistas de Clarín es la más compleja del capítulo de los empresarios de medios de Pandora Papers. Parte de las acciones del grupo son controladas indirectamente por el fideicomiso creado por Herrera de Noble en Nueva York, según informa la compañía en su sitio web oficial. Este fideicomiso o trust (su equivalente en inglés) controla a su vez a parte de las sociedades offshore y “también está debidamente declarado en la República Argentina”. Ante la consulta, los accionistas controlantes de Clarín no respondieron qué activos están a nombre de las compañías radicadas en Islas Vírgenes Británicas, Delaware y Nieves, ni qué tipo de función cumplen en el grupo.

La documentación sobre Mather Holdings Limited y Silkwood Investments Limited surge de un intercambio de correos electrónicos, en distintos años, entre Trident Trust Company (que actuó como agente registrado de las offshore) y el estudio Fox Horan & Camerini LLP, de Nueva York, que tramitó una serie de certificados de incumbencia de las compañías (para avalar la conformación de los directorios). “Los representantes legales de los señores Magnetto y Aranda confirmaron que todas las sociedades mencionadas, durante toda su vigencia, han estado declaradas en la República Argentina por el sujeto obligado correspondiente, de acuerdo con la legislación tributaria vigente”, respondieron desde el grupo ante la consulta del equipo argentino de ICIJ.

“Cada uno de los negocios de servicios corporativos y fiduciarios de Trident está regulado en la jurisdicción en la que opera y está totalmente comprometido con el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables. Trident coopera habitualmente con cualquier autoridad competente que solicite información. Trident no habla de sus clientes con los medios”, respondió a ICIJ el proveedor.

En Mather Holdings Limited, desde julio de 1991 hasta enero de 2010, Herrera de Noble figura como directora de la compañía. Magnetto aparece como el secretario y Aranda, el tesorero, en uno de los documentos, y como directores, en otros. El 4 de enero de 2010, la directora de Clarín dejó de figurar en el directorio de la offshore y asumieron nuevos directores, quienes se desempeñaban como ejecutivos de Clarín: Julio César Trapes, Alfredo E. Kahrs y Susana Aida Leo. 

Las acciones fueron emitidas al portador -es decir, sin identificar a los accionistas-, hasta que el 3 de junio de 2009 las acciones fueron transferidas a otra firma, Mather Holdings LLC. En 2014, un notario de Nueva York certificó el registro de directores de la sociedad. 

“Mather es una sociedad que forma parte de The 1999 Ernestina Laura Herrera de Noble New York Trust, fideicomiso creado por la fallecida directora de Clarín, Ernestina Laura Herrera de Noble. Ni Héctor Magnetto ni José Aranda fueron accionistas de esa sociedad, sino miembros del consejo de administración de la misma, tal como los designara en su momento la propia señora de Noble”, respondió el Grupo.

La segunda compañía del grupo en Pandora Papers, Silkwood Investments Limited, tuvo como director a Raúl Antonio Morán (ejecutivo del Grupo Clarín) y las acciones están a nombre de otra firma: Silkwood Investments LLC. La misma estructura que se pensó para la primera sociedad. 

Silkwood Investments Limited tiene ramificaciones. Tuvo las acciones de otra compañía vinculada a los hijos de Magnetto y de Aranda: Med Star Investments Corp. El objetivo de la compañía radicada en la Isla de Nieves, en el mar Caribe es ser “vehículo de inversión”. “Silkwood y Med Star también estuvieron siempre debidamente declaradas en la República Argentina, al igual que sus subsidiarias en forma directa o indirecta”, acotó el grupo ante las consultas sobre qué inversiones y activos se canalizaron a través de estas compañías.

Saguier

Alejandro Sagueir, accionista del diario La Nación, figura en los documentos de la filtración como director de Danias Holdings Ltd, una firma de las Islas Vírgenes Británicas, inscripta el 9 de agosto de 2012. Tanto él como su esposa figuran en los documentos como accionistas con 50.000 acciones “en tenencia conjunta con el derecho de supervivencia”. La compañía aparece en los registros de Trident Trust Company, una firma especializada en estructuras offshore, en particular en el archipiélago caribeño.

“La sociedad era titular de una cuenta en el JP Morgan. En junio del 2016, ingresé al sinceramiento fiscal cumpliendo con toda la normativa correspondiente”, explicó Saguier ante la consulta del equipo argentino de ICIJ. El empresario también agregó que tanto él como su esposa eran además los beneficiarios finales de la compañía.

Danias Holding Ltd fue cerrada en enero del 2017. En cambio, la cuenta en el JP Morgan sigue activa y está declarada a nombre del empresario “cumpliendo con todas las obligaciones impositivas vigentes”, agregó Saguier. 

Alejandro integra el directorio de SA La Nación, junto a sus hermanos Fernán, Julio y Luis, quienes lanzaron el canal LN+ en 2016. Ingresaron en la década de 1990 al diario con la compra de numerosas acciones a la familia Mitre, con la que tienen lazos familiares. La madre de los hermanos Saguier es Matilde Noble Mitre de Saguier, también accionista y directiva de la empresa. Es sobrina de Roberto Noble, fundador del diario Clarín. 

En 2016, Macri promovió una ley de blanqueo de capitales para argentinos que tenían activos no declarados en el exterior, a la que adhirieron varios empresarios. La ley permitió extinguir la acción penal contra quienes se sinceraran ante el fisco y declararan sus bienes en el exterior.

Fontevecchia

El periodista y empresario Jorge Fontevecchia aparece en Pandora Papers como accionista y presidente de Akriluy Corporation SA, una empresa radicada en 2008 en Montevideo, Uruguay. “Se creó para que, transitoriamente, fuera la holding del grupo para las sociedades y operaciones en el exterior, básicamente en Brasil”, afirmó el co-fundador de Editorial Perfil y actual CEO de Perfil Network, ante la consulta del equipo argentino de ICIJ.

Fontevecchia, quien actualmente dirige la rama audiovisual del medio, asumió como presidente de Akriluy Corporation SA el 10 de octubre de 2008, dos meses y medio después de la creación de la sociedad. Además, figura también como accionista de la compañía uruguaya, según un acta que surge de entre los casi 12 millones de documentos de Pandora Papers. 

La compañía fue capitalizada con 400 millones de pesos uruguayos el 30 de diciembre de 2008, una suma entonces equivalente a unos US$21 millones, según una publicación en el Diario Oficial del gobierno uruguayo. “Fue incluida en mis declaraciones juradas ante la AFIP durante 2008 y 2009. En el transcurso de 2010, (la empresa) fue aportada íntegramente a Grupo Perfil Inversora SA, nueva y definitiva holding del grupo, 100% de mi titularidad”, explicó Fontevecchia. Grupo Perfil Inversora SA “fue constituida en 2009 y también fue siempre incluida en mis declaraciones juradas”, aclaró. 

Fontevecchia resaltó además que tanto Akriluy Corporation SA como Grupo Perfil Inversora SA nunca fueron SAFI (sociedades innominadas con fines tributarios), una figura que permite Uruguay, sino que se trató de sociedades anónimas domésticas.

Akriluy Corporation SA estuvo abierta durante una década, según surge de los documentos de Pandora y de los registros públicos en Uruguay . Se había constituido el 12 de junio de 2008 con un capital inicial de 200.000 pesos uruguayos, entonces equivalentes a US$10.500. Los socios fundadores eran dos integrantes del estudio contable Pereira & Castagno, de Montevideo, una firma dedicada a crear sociedades comerciales. El objeto principal de la compañía era “participar en otras sociedades comerciales en Uruguay o en el exterior”. Como actividad secundaria, se inscribió para “realizar y administrar todo tipo de activos de inversiones en títulos, bonos, cédula, debentures, letras, valores inmobiliarios, en el país o en el exterior, por cuenta propia o de terceros”, según el acta que surge de Pandora Papers.

Luego, tras el desembarco de Fontevecchia pasó a tener un capital de 1.600.000 pesos uruguayos (unos US$84.200) y en una asamblea celebrada el 31 de diciembre de 2008, se decidió que “el capital social será de 400.000.000 de pesos uruguayos y estará formado con títulos representativos de una o más acciones nominativas de $1 cada una”, dice el boletín oficial uruguayo, que se publicó recién el 16 de abril de 2009. Esa suma equivalía en 2008 a más de US$21 millones.

“El aumento (del capital de la empresa) obedeció al aporte de las acciones de Perfil Exterior Ltd., que es dueña de los negocios de Brasil y Portugal, cuyo patrimonio neto era de US$17 millones”, amplió el empresario y periodista.

“Decidimos organizar en un solo holding todas las empresas del grupo, incluyendo Argentina, además del exterior. Constituir una sociedad nueva que llevara el nombre Perfil llevaba tiempo, entonces se compró una sociedad vacía, de las que se venden hechas, sin actividad previa, para ese interregno. Grupo Perfil Inversor S.A. es también una sociedad con operaciones en Uruguay, como la revista Caras Uruguay y la venta y distribución de todas las publicaciones de Perfil Argentina en ese país”, ahondó el co-fundador de Perfil en sus respuestas al equipo argentino de ICIJ.

Fontevecchia compartió Akriluy Corporation SA con Luis Angel Moretti, abogado, quien figura como el segundo accionista y el vicepresidente de la sociedad. Fontevecchia y Moretti son los únicos miembros del directorio de la compañía. Los estatutos de la sociedad llevan la firma de Moretti, quien se desempeñó durante años como abogado y editor responsable de Editorial Perfil.

Tras la revelación de Panama Papers, en 2016, Fontevecchia escribió sobre el tema en una de sus columnas semanales en Diario Perfil: “Obviamente simpatizamos con el trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), pero nuestro afecto a esos valores que compartimos no nos debe hacer dejar de publicar informaciones relevantes que nos incomoden, como sucedió la semana pasada, que faltaba la mención de que los propios medios también tenemos empresas offshore”.

Luego, el periodista y empresario publicó en su medio los nombres de las sociedades offshore con las que opera su grupo. “En nuestro caso: Perfil Exterior de British Virgin Island, controlante de Caras Portugal y Angola; Grupo Perfil Inversor de Uruguay, controlante de Caras Brasil; y Perfil Asia de Hong Kong, controlante de cuatro revistas en Shanghai”. 

Akriluy Corporation SA surge en Pandora Papers porque se encuentra entre los registros de la firma OMC Group, uno de los 14 proveedores cuyos documentos aparecen en la filtración global. Fontevecchia explicó que acudió a este estudio en enero de 2017 para la liquidación y disolución de la sociedad uruguaya Perfil Exterior Ltd. (controlada de Akriluy Corporation SA). El periodista y empresario acreditó su identidad y domicilio en Buenos Aires ante el bufete con copia de su DNI y una factura de servicios a su nombre. “Se disolvió y fue absorbida por su controlante, Grupo Perfil Inversora SA”, explicó Fontevecchia. 

Magnetto y Aranda

Silkwood Investments Limited, una de las dos compañías de Islas Vírgenes Británicas que surge en Pandora Papers con apellidos de la cúpula de Clarín, tuvo a su nombre acciones de otra compañía de los hijos de Magnetto y de Aranda: Med Star Investments Corp. 

Según los documentos de Pandora Papers, Med Star Investments Corp fue creada el 29 de septiembre de 2010 en la Isla de Nevis, en el mar Caribe. OMC Group y Overseas Management Company actuaron como agente registrado de la firma. Los hijos de ambos accionistas controlantes de Clarín aparecen como los verdaderos titulares, según el formulario. Ante la consulta, representantes del Grupo redujeron su respuesta a que la sociedad Med Star Investments está debidamente declarada pero no explicaron su objetivo ni sus activos.

Los beneficiarios finales de Med Star Investments Corp. son Horacio Ezequiel Magnetto, Marcia Ludmila Magnetto, Antonio Román Aranda y Alma Rocío Aranda. Cada uno figura con el 25% de la sociedad y se identificaron como empresarios argentinos, con domicilios en Buenos Aires. Los cuatro integran directorios de empresas del Grupo Clarín, según las publicaciones en el Boletín Oficial.

El formulario de Med Star Investments Corp. señala que la actividad de la compañía es ser un “vehículo de inversión” y que el origen de los fondos de los beneficiarios finales son “las ganancias recibidas por uno de los mayores conglomerados de medios de la Argentina”. El documento confirma que la sociedad tiene una cuenta bancaria en el JP Morgan Chase Bank (Estados Unidos). 

Las acciones, sin embargo, estuvieron a nombre de compañías offshore, en dos etapas distintas. En 2010, las accionistas eran Nighway LLC y Pocono LLC (con domicilio en Nueva York). Entre el 2 de mayo y el 30 de junio de 2016, la accionista fue Romanoof Corp. En agosto de 2019, según el formulario más actual, las accionistas eran la ya mencionada, Silkwood Investments (Islas Vírgenes Británicas) y otras dos de Delaware, Alagon Investments LLC y Robin Bay LLC. El directorio de la compañía estaba integrado por miembros del estudio con sede en Nueva York que ofició como intermediario. Recién desde 2020, los beneficiarios finales de este tipo de estructuras tienen la obligación de declararlas ante la AFIP.

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ED

Una filtración de casi 12 millones de documentos derivó en la mayor colaboración periodística en la historia: el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revela a partir de hoy los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado, de más de 330 funcionarios públicos de más de 90 países y de un amplio abanico de celebrities, deportistas y empresarios.

Los Pandora Papers desnudan los negocios offshore del Rey de Jordania; de los presidentes de Chile, Ecuador, República Dominicana hasta Ucrania y Kenia; del primer ministro de República Checa; y del exprimer ministro británico Tony Blair, entre otros líderes. Los archivos también detallan las actividades financieras del “ministro extraoficial de propaganda” del presidente ruso Vladimir Putin y de más de 130 multimillonarios alrededor del mundo. Develan los dueños secretos de aviones privados, yates, mansiones y obras de arte de Picasso y Bansky, por citar algunos casos.

En el caso del mandatario chileno, Sebastián Piñera, la investigación llevada a cabo por los medios chilenos CIPER y LaBot destapa la compraventa de Minera Dominga a través de una estructura offshore en Islas Vírgenes Británicas, junto al empresario Carlos Alberto Délano, uno de sus amigos de la infancia. Nueve meses después de que Piñera asumiera su primera presidencia, en diciembre de 2010, la familia del mandatario dejó el negocio en manos de Délano. Para desprenderse del negocio se firmó un acta en Chile por US$14 millones y otra en el paraíso fiscal por US$138 millones. El monto debía satisfacerse en tres cuotas, pero el último pago estaba sujeto a que no se estableciera un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, en medio de reclamos ambientalistas. 

El gobierno de Piñera no promovió la protección ambiental, pese a haber rechazado otro proyecto en la zona y a las demandas ambientalistas. De esta forma, la familia presidencial recibió finalmente su tercera cuota. El gerente de las empresas de la familia Piñera aseguró que el Presidente no maneja sus negocios desde hace 12 años, que no fue informado sobre el proceso de venta de Dominga y que la investigación judicial sobre la operación acabó en sobreseimiento.

Panama Papers recargado

La investigación Pandora Papers es incluso más grande y más global que la investigación emblemática Panamá Papers de ICIJ, que sacudió el mundo en 2016. La nueva información revela a los verdaderos dueños de más de 29.000 sociedades offshore: encabezan el ránking de beneficiarios finales de compañías en paraísos fiscales Rusia, Reino Unido, Argentina, China y Brasil. Le siguen Ucrania, Venezuela, Chipre, Italia y Guatemala.

Entre los tesoros escondidos que revelan los documentos se destacan un castillo en la Riviera Francesa valuado en US$22 millones -con cine privado y dos piscinas-, comprado a través de sociedades offshore por Andrej Babiš, el primer ministro de República Checa.

Tampoco las celebrities son ajenas a los paraísos fiscales: en los Pandora Papers figuran desde la diva de la música pop Shakira hasta la supermodelo Claudia Schiffer. Ambas aseguraron haber declarado sus tenencias debidamente.

Por lo menos 11,3 billones de dólares están ocultos en el mundo offshore, según un estudio publicado en 2020 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Controlar activos offshore o usar sociedades de papel no es ilegal. Las personas que hacen negocios internacionales afirman que necesitan de estas firmas para llevar a cabo sus asuntos financieros. Sin embargo, muchas veces canalizan las ganancias de los países de origen -con impuestos elevados- hasta sociedades de papel en jurisdicciones de baja recaudación fiscal. Y el uso de estas guaridas es particularmente controversial para las figuras políticas.

Los documentos filtrados provienen de 14 firmas proveedoras de servicios offshore: compañías, cuentas bancarias, fideicomisos. Se utilizan para resguardar dinero, comprar propiedades, vehículos, embarcaciones, aviones y obras de arte. También para canalizar dinero alrededor del mundo. 

ICIJ trabajó asociado a un equipo de más de 600 periodistas de 150 medios, quienes examinaron la filtración meticulosamente, consultaron cientos de fuentes en on y off the record y cruzaron los datos con archivos judiciales y registros públicos de sus países.

Ricos y bien conectados

La realeza no quedó al margen de los Pandora Papers: hay tres mansiones en la costa de Malibú, que el Rey de Jordania, Abdullah II, compró por 68 millones de dólares a través de tres sociedades offshore años después de la Primavera Árabe, cuando los jordanos salieron a las calles para protestar contra el desempleo y la corrupción.

Los Pandora Papers muestran que un contador inglés trabajó con colegas en las Islas Vírgenes Británicas para ayudar al rey de Jordania a comprar 14 casas en Estados Unidos y Reino Unido, de manera secreta, por más de US$106 millones. Entre otras, una propiedad de US$23 millones que domina una playa de surfistas en California. Abogados británicos del rey dijeron que la ley de Jordania no le obliga a pagar impuestos, adujeron razones de seguridad y privacidad y aseguraron que nunca malversó fondos públicos.

Los documentos secretos contrastan ciertos pronunciamientos públicos, en una época en que los gobiernos del mundo batallan con la caída de sus ingresos por la pandemia del Covid-19. En febrero pasado, el Instituto Tony Blair por un Cambio Global urgió a promover más impuestos sobre las tierras y las residencias. Blair habló de cómo los ricos y las personas bien conectadas han eludido el pago de impuestos desde por lo menos 1994.

Los Pandora Papers muestran que, en 2017, Blair y su esposa, Cherie, se volvieron dueños de un edificio Victoriano de US$8,8 millones cuando adquirieron una compañía de las Islas Vírgenes Británicas que controlaba la propiedad. Al comprar las acciones de la compañía en lugar del edificio, los Blair evitaron el pago de US$400.000 en impuestos. 

Cherie Blair dijo que su esposo no estuvo involucrado en la transacción, cuyo propósito -según ella- consistió en “regresar la compañía y el edificio al régimen regulatorio de Reino Unido”. La sociedad está ahora disuelta.

Las sociedades offshore no distinguen continentes ni ideologías. En junio, el ministro brasileño de Economía, Paulo Guedes, propuso una reforma fiscal que contemplaba un nuevo impuesto de 30% a las ganancias obtenidas a través de entidades offshore. Los Pandora Papers revelan que Guedes creó Dreadnoughts International Group en 2014 en las Islas Vírgenes Británicas, según la investigación de ICIJ y Poder360. “No deberías sentir vergüenza por ser rico -dijo Guedes-, debes avergonzarte por no pagar impuestos”.

Guedes figura como accionista de Dreadnoughts International Group, una “shelf company”, un tipo de compañía que se inscribe en un paraíso fiscal y puede permanecer sin actividad durante años, hasta que alguien decide darle un uso. Los documentos muestran que el ministro del presidente Jair Bolsonaro invirtió en 2014 al menos US$8 millones en la compañía, registrada a su nombre, el de su esposa, María Cristina Bolívar Drumond Guedes y el de su hija. 

Otro poderoso de la economía de Brasil, el presidente del Banco Central, Campos Neto, aparece con dos sociedades, Cor Assets y ROCN Limited, registradas en Panamá y en sociedad con su esposa, la abogada Adriana Buccolo de Oliveira Campos. La compañía se abrió para invertir en activos financieros del Santander Private Bank, del que Campos Neto fue miembro del consejo ejecutivo. Tanto Campos como Guedes han negado que hayan realizado operaciones ilícitas.

En Colombia, la alianza entre El Espectador-CONNECTAS investigó a dos expresidentes: el liberal César Gaviria Trujillo (1990-1994) y el conservador Andrés Pastrana Arango (1998-2002). Ambos mantienen una notable influencia política y acudieron a los servicios offshore cuando ya habían dejado el poder. 

Estoy muy triste porque mi estado fue el que abrió la caja de Pandora,

Susan Wisner — Exlegisladora de Dakota del Sur, Estados Unidos.

Gaviria constituyó en 2010 con uno de sus hermanos y otros socios una sociedad en Panamá con la que pasó a controlar una firma colombiana relacionada con el sector de los hidrocarburos. Pastrana pudo mantener en el anonimato una sociedad en Panamá y administrar desde ahí parte de su patrimonio familiar. 

Estados Unidos offshore

Los Pandora Papers revelan movimientos de decenas de millones de dólares desde paraísos fiscales del Caribe y Europa hacia Dakota del Sur, un estado del país del norte escasamente poblado. El valor de los bienes guardados en trusts o fideicomisos de Dakota del Sur se disparó más de cuatro veces en la última década. Una de las causas fue que en diciembre de 2018, Bahamas -uno de los paraísos fiscales del Caribe- lanzó una legislación que obligaba a las compañías y trusts o fideicomisos a declarar sus dueños reales (beneficiarios finales). Algunos políticos se quejaron porque el registro ahuyentaría a clientes ricos. 

“Estoy muy triste porque mi estado fue el que abrió la caja de Pandora”, dijo Susan Wismer, una ex legisladora de Dakota del Sur, a ICIJ.

Uno de los presidentes que recurrió a Dakota del Sur es el actual mandatario de Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, según la investigación de los periodistas de El Universo. Las aspiraciones políticas del exbanquero lo llevaron a cambiar la estructura de las empresas que tenía fuera de su país. Los Pandora Papers revelan que Lasso aprobó que las acciones y activos de entidades panameñas se transfirieran a dos fideicomisos que habían sido creados en Dakota del Sur, a finales de 2017.

Estos dos fideicomisos son Bretten Trust y Liberty Trust. Sin embargo, en los archivos Pandora Papers no se tiene información sobre los beneficiarios de estas entidades. Al ser consultado, Lasso aseguró: “No tengo ninguna relación de propiedad, control, beneficio o interés de ningún tipo” con estas entidades.

Con estos cambios, los activos que estaban en manos de entidades domiciliadas en Panamá, país considerado por Ecuador como un paraíso fiscal, quedaron en fideicomisos establecidos en Estados Unidos. De ese modo, el exbanquero cumplía con la ley ecuatoriana, que entró en vigencia en septiembre de 2017, que prohíbe a candidatos políticos ser beneficiarios de offshore.

Los Pandora Papers documentan, además, la relación que Lasso mantuvo con once entidades, creadas en Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Delaware, otro estado de los Estados Unidos con grandes flexibilidades financieras e impositivas. Todas fueron canceladas, algunas incluso antes de que se aprobara la ley de 2017. Algunas entidades se relacionaban con su patrimonio personal y la herencia para su esposa, hijos y nietos. Para el presidente ecuatoriano, el uso de cualquier entidad internacional “fue perfectamente legal y legítimo, y ese uso representa la organización ordinaria y legal de actividades internacionales lícitas”.

*Editado por el equipo argentino de ICIJ. Este artículo fue corregido el 4 de octubre ara incorporar la mención al presidente de República Dominicana, uno de los tres mandatarios latinoamericanos incluidos en la investigación, junto con Guillermo Lasso y Sebastián Piñera. También incluye al expresidente de Paraguay, Horacio Cartes; de Perú, Pablo Pedro Kuczynski; y otros nueve exmandatarios de la región.

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ED

Los secretos financieros de los más ricos y poderosos son objeto de una nueva investigación global: Pandora Papers, que comenzará a publicarse en numerosas historias a partir de este domingo. Se trata de la mayor colaboración de periodistas en la historia, que ha reunido a 615 reporteros de 117 países para indagar en los negocios y fortunas no conocidas de más de 130 multimillonarios y unos 330 políticos (además de sus familiares y socios comerciales) que operaron en paraísos fiscales durante las últimas décadas.

Su nombre no es en vano. Pandora Papers se nutre de casi 12 millones de documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que dirigió esta investigación en la que participan 150 medios de todo el mundo, entre ellos elDiarioAR, junto a La Nación e Infobae. También The Washington Post, The Guardian, la BBC y Le Monde, entre muchos otros.

Argentina tiene su propio capítulo: el país aparece mencionado 57.307 veces en los documentos analizados durante meses por el equipo argentino*. Se encuentran, entre otros, el exsecretario presidencial de los Kirchner, Daniel Muñoz, acusado de trasladar el dinero de los supuestos sobornos de empresarios y de haber adquirido propiedades en Estados Unidos por unos US$70 millones; y el financista confeso de la causa de los “cuadernos de las coimas”, Ernesto Clarens. También aparecen sociedades del gurú y consejero político de Mauricio Macri y el PRO, Jaime Durán Barba; y del empresario Mariano Macri, el hermano menor del exmandatario.

La investigación revela operaciones inéditas de Zulemita Menem y Humberto Grondona, hijos de dos íconos del poder en la historia argentina reciente. La hija del expresidente Carlos Menem explicó por primera vez detalles sobre esos movimientos, que serán publicados en los próximos días. Algunas de las figuras del mundo del fútbol también aparecen en documentos nunca vistos, que permiten explicar cómo Ángel Di María, Javier Mascherano y Mauricio Pochettino estructuraron parte de sus finanzas a través de paraísos fiscales. Los tres han dado sus versiones e informado sobre su situación fiscal ante las consultas.

Recurrir a una compañía offshore o abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal no es, en sí mismo, una actividad ilícita. Pero si el “beneficiario final” de esa operatoria no declara su dinero o cualquier otro activo a las autoridades tributarias de su país, puede incurrir en los delitos de evasión o lavado, entre otras figuras penales.

Otros argentinos aparecen mencionados como clientes de los estudios que se dedican a abrir estas sociedades en paraísos fiscales, pero el equipo argentino de ICIJ recibió información o documentos que sostienen que algunos declararon sus estructuras financieras y sus activos offshore ante las autoridades tributarias. Dos de ellos son los empresarios más vinculados al desarrollo de vacunas contra el Covid-19 en Argentina: Hugo Sigman (Insud) y Marcelo Figueiras (Richmond).

Los argentinos

Pandora Papers permitió ahondar en el protagonismo de los argentinos en el uso de paraísos fiscales: recurren a estas jurisdicciones para abrir cuentas bancarias, adquirir propiedades y fondear negocios en Argentina o el extranjero. Utilizan compañías radicadas en Islas Vírgenes Británicas y Belice para invertir en bienes raíces en Miami o resguardar millones en bancos de Nueva York.

También han recurrido a compañías en Nueva Zelanda y Uruguay, han operado desde Panamá y Montevideo y se han vinculado con Rusia.

Esta investigación pone luz sobre estructuras más complejas y secretas, como los fideicomisos o trust radicados en paraísos fiscales o controlados por sociedades offshore, que se repiten en varias historias de argentinos, en especial, aquellos que buscan resguardar y controlar herencias millonarias.

Los argentinos ocupan el tercer lugar en el ranking de países con mayor cantidad de beneficiarios finales de estructuras offshore detectadas en los documentos (2.521 personas). Sólo los rusos y los británicos superan a los argentinos en el top ten de beneficiarios finales, una figura clave en este sistema.

En varios países, incluida Argentina, organismos oficiales y expertos independientes promueven la creación de registros públicos de beneficiarios finales, ya que esta figura contribuye a la falta de transparencia y el secretismo sobre quiénes son los verdaderos dueños de las sociedades y sobre cuántos impuestos deben pagar. Recién en 2020, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso en dos resoluciones de abril y octubre que es obligatorio informar quiénes son los beneficiarios finales de compañías y fideicomisos locales y extranjeros. La información tiene secreto fiscal.

Muchas veces, los verdaderos dueños no figuran ni en el directorio de las compañías (los directores visibles son empleados de los estudios jurídicos y contables) ni como accionistas (ya sea porque se trata de compañías con acciones al portador o porque se colocan personas o empresas interpuestas).

Estas compañías no tienen actividad comercial y sólo se utilizan para adquirir propiedades y abrir cuentas bancarias e inscribirlas a nombre de la sociedad. Sólo puede conocerse la identidad de los verdaderos dueños accediendo a la información sobre beneficiarios finales de las sociedades, pero estos datos son confidenciales. Están en poder de los estudios jurídicos y contables; y en algunos casos, de contadas autoridades oficiales.

Un mundo para pocos

En los datos globales, se detectaron las operaciones de presidentes, monarcas y empresarios; y estrellas de la música y el deporte, que saldrán a la luz a partir de este domingo. Estas historias reflejan la formación de estructuras offshore, patrimonios, negocios y acuerdos secretos. Los documentos están fechados desde 1996 hasta 2020 e incluyen información sobre compañías creadas incluso muchos antes, desde 1971. Hay más de 130 multimillonarios y 35 presidentes y expresidente. También jueces, ministros, alcaldes y jefes de espías.

Los documentos confidenciales también revelan cómo fugitivos y convictos han utilizado las offshore para esconder su patrimonio de la justicia y de sus víctimas.

Pandora Papers también demuestra que el sistema offshore, incluso en sus usos legales, implica un circuito de información privilegiada para quienes tienen acceso a los estudios jurídicos, contables y financieros que operan en jurisdicciones que permiten a los más ricos y mejor conectados planificar con estrategias legales cómo reducir el pago de sus impuestos.

Los documentos fueron obtenidos en distintas entregas por ICIJ de parte de una fuente anónima. Exponen información confidencial y secreta de 14 proveedores del mundo offshore. Es decir, 14 estudios que asesoran a los más poderosos sobre cómo estructurar u ocultar sus patrimonios, reducir el pago de impuestos y proteger al máximo la información sobre sus bienes.

Pandora Papers muestra a Estados Unidos por primera vez como un paraíso fiscal.

Gerard Ryle — Director del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Un paraíso en el norte

Pandora Papers profundiza el rol de los Estados Unidos en ese esquema, un país que también ayuda a los más ricos y poderosos a ocultar sus bienes o a reducir el pago de sus impuestos. Gerard Ryle, director de ICIJ, sostuvo que el proyecto “es Panamá Papers con esteroides”, ya que Pandora Papers supera en número de documentos a la célebre filtración de 2016, dirigida por la misma organización.

Esta vez, los documentos, que ocupan 2.94 TB, no provienen del estudio Mossack Fonseca sino de otros 14 proveedores del mundo offshore que trabajan con múltiples jurisdicciones. Entre ellos, el poderoso estudio de Panamá, Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), elegido por la mayoría de los beneficiarios finales argentinos; y Trident Trust Company, especialmente elegida por los argentinos para armar fideicomisos vinculados a las Islas Vírgenes Británicas.

Pandora Papers “muestra a Estados Unidos por primera vez como un paraíso fiscal”, explicó Ryle. “Vemos que es un sistema que perjudica a la gente y perjudica al mundo”, añadió.

En esa línea, un informe del Banco Mundial determinó que “en la gran mayoría de casos de corrupción, financiación del terrorismo, lavado de dinero y fraude, los vehículos corporativos (ya sean compañías, fideicomisos o cualquier otro tipo de estructura) se utilizan para esconder la identidad de las personas involucradas en la corrupción”.

Un estudio de la Tax Justice Network (TJN) determinó que el país pierde, cada año, más de US$2.684 millones en impuestos debido a lo que la organización llama “abuso global impositivo”. El 75% de esa pérdida es por impuestos eludido por las multinacionales. Unos US$343 millones (casi el 13%) son producto de la evasión de personas particulares.

“Supongo que Pandora Papers demuestra sobre todo que la gente que podría terminar con el secreto de los paraísos fiscales y que podría poner fin a lo que está pasando se beneficia con ellos. Por lo tanto, no tienen incentivo para ponerle fin”, afirmó Ryle. “Estamos hablando de billones de dólares”, concluyó el director de ICIJ.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED

La pista suiza de la causa Garbarino no está tan lejos de casa y es en Uruguay donde desde hace 16 años también se guardan secretos de las sociedades suizas denunciadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por el presunto lavado de millones de dólares de empresas argentinas, según las consultas realizadas por elDiarioAR y correos electrónicos que surgieron de la filtración de los Panama Papers, que reprodujo en 2016 el semanario Búsqueda en Montevideo y actualmente cobran relevancia para el caso.

La AFIP denunció que en 2013 dos compañías suizas sin actividad económica (Swisser AG y Helvetic Service Group) se llevaron alrededor de US$30 millones de la cadena de venta de electrodomésticos que años más tarde se sumió en una profunda crisis financiera. La empresa argentina pasó de ser la líder del mercado a valer apenas 1 peso en junio de 2020. Los hermanos Daniel y Omar Garbarino la vendieron a Carlos Rosales, exfuncionario de Daniel Scioli, quien en julio último adeudaba tres meses de salarios a los 3.800 trabajadores de Garbarino, según reconoció la empresa ante la consulta.

Además, según los hallazgos del organismo fiscal y presentados ante la Justicia en 2017, Swisser AG movió acciones de diez compañías argentinas (incluida Garbarino) por alrededor de US$13 millones sin que pudiera rastrearse la verdadera identidad de esos accionistas y los beneficiarios finales del dinero que las suizas se llevaron de empresas locales de diversos rubros: desde constructoras de la obra pública hasta frigoríficos de exportación, entre otros, como informó este medio en las últimas semanas. 

Se trata de Instrumentos Musicales SA (Promúsica), Decavial SA, Copelle SA, Adanti Solazzi y CIA, Frigorífico Gorina SA, Río Rojo SA, DesDelSur SA, Estancias San Francisco SA, Maquinarias Zurich SA y Garbarino SA. Ningún accionista o ejecutivo de estas compañías está imputado de ningún ilícito en la causa. Las respuestas de estas compañías a las consultas de elDiarioAR pueden leerse en el artículo del domingo último.

Quienes custodian la información clave sobre cómo y para qué se abrieron en Argentina estas dos firmas suizas, Helvetic Service Group y Swisser AG, son los responsables del estudio Damiani, que encabeza su socio y CEO, Juan Pedro Damiani, expresidente del Club Atlético Peñarol y el preferido de los argentinos que buscan resguardar sus fortunas en paraísos fiscales y cuentas bancarias en Suiza, como demostraron las filtraciones de documentos de los Panama Papers entre 2016 y 2018.

El estudio Damiani utilizó a Swisser AG para “triangular”, según admite un ejecutivo del bufete en un correo electrónico que se filtró gracias a la investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung. elDiarioAR contactó durante días a través de llamada, mensajes y correos electrónicos a Damiani y Juan Fernández Methol (actual CFO y socio del estudio) para conocer su versión, pero en la sede del estudio de Montevideo respondieron que los miembros del bufete “no hacen declaraciones a los medios”.

Ya sabemos que podemos triangular a través de Swisser AG, lo cual es muy bueno. Pero necesitaré estar prevenido.

Ramses Owens — Ejecutivo de Mossack Fonseca en un correo de 2005.

Los correos electrónicos que revelaron los Panama Papers estaban conectados a “clientes argentinos” pero poco identificados en las misivas virtuales. Actualmente, con la información de la denuncia de AFIP, los e-mails podrían sumar una nueva pieza al rompecabezas de la pista suiza: ¿quiénes estaban detrás de las acciones y millones que movió Swisser AG durante una década? ¿se cometieron delitos de evasión, fuga de divisas, lavado de dinero? ¿dónde terminaron esos millones de dólares y quiénes más participaron del entramado?

Background

La causa por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos contra Garbarino tramita en el juzgado federal de Julián Ercolini desde 2017 pero no había trascendido hasta la publicación de elDiarioAR en julio. El expediente no tiene fiscal y estuvo al borde del cierre más de una vez en los últimos años pero permaneció abierto por impulso del fisco y Elisa Carrió, y en mayo último, por un fallo de la Cámara Federal porteña. Ningún accionista o ejecutivo de Garbarino está imputado o fue citado. Tampoco del resto de las nueves empresas señaladas en la denuncia. 

En el expediente por lavado de dinero del empresario Lázaro Báez, exsocio de los Kirchner, la pista suiza conduce a la misma organización, ya que el patagónico utilizó Helvetic para la maniobra de lavado, según determinó la sentencia del juicio. A pesar de que Báez fue condenado en febrero a 12 años de prisión junto a sus hijos y colaboradores por lavado agravado, la causa sigue abierta en el juzgado de instrucción de Sebastián Casanello para intentar avanzar sobre “los suizos”. 

Antes de la feria judicial de invierno, el magistrado logró indagar por primera vez al abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos como presunto partícipe de la maniobra de blanqueo de casi US$33 millones de Báez entre 2010 y 2013. Ramos fue accionista y presidente de Helvetic y Swisser AG entre 2003 y 2013, según la denuncia de la AFIP. Ante Casanello, negó los cargos en una videoconferencia desde una fiscalía en Suiza, donde las autoridades se han negado a extraditarlo por su frágil estado de salud, según confirmó una fuente directa del expediente.

Triangulando

Swisser AG comenzó a operar en Argentina en 2004, de acuerdo con la denuncia de AFIP, adquiriendo las acciones de diez empresas argentinas, entre ellas, Garbarino SA. Los correos que reprodujo el semanario Búsqueda permiten establecer que la relación entre Damiani y la firma suiza existe desde al menos 2005. Ese mismo año, Swisser AG adquirió en febrero el 5% de las acciones de Garbarino SA y al año siguiente Helvetic pasó a controlar la compañía argentina. 

El estudio de Damiani tenía una relación directa con Ramos y lo ayudó a entrar en el circuito panameño: lo introdujo ante sus colegas de Mossack Fonseca en Panamá en agosto de 2005 para que el bufete centroamericano pudiera utilizar a Swisser AG como su “fiduciaria suiza” y “triangular” dinero y movimientos de sus clientes argentinos, según los correos electrónicos a los que accedió Búsqueda en abril de 2016.

Con respecto a los datos del doctor Marcelo Ramos le informamos que es nuestro socio en Europa.

E-mail del estudio Damiani a Mossack Fonseca.

El estudio Damiani le pasó la información de esa sociedad anónima a Ramses Owens, ejecutivo de Mossack Fonseca, según los correos. “Continuando con la conversación telefónica, informamos de los datos de nuestra fiduciaria suiza”, escribió Juan Fernández, socio del estudio Damiani en un e-mail dirigido a Owens, en agosto de 2005.

Owens respondió, con copia a Juan Pedro Damiani: “Ya sabemos que podemos triangular a través de Swisser AG, lo cual es muy bueno. Pero necesitaré estar prevenido, y contar con algún documento que sirva de base para argumentar que la transacción era necesaria. ¿Será factible?”.

Owens reenvió esos correos dirigidos al estudio Damiani en otro e-mail dirigido a un cliente de Mossack Fonseca para quien el abogado panameño estaba buscando los servicios de una “fiduciaria”, según consta en el artículo de Búsqueda. “Como ves, tenemos una compañía fiduciaria en Suiza que podría colaborarnos con esto. Básicamente sería que ellos nos darían un tipo de factura, nos compensarían el cheque y nos devolverían el dinero. Se trata de suizos, gente clase A número 1”, contó el abogado panameño a su cliente.

A partir del 2005, el estudio Damiani armó varias empresas en las que el presidente y accionista de Swisser AG y Helvetic, el abogado Ramos, figuró como director o beneficiario final, según reveló Búsqueda. 

En 2007, por ejemplo, gestionó ante Mossack Fonseca para que Ramos fuera el director y beneficiario de Mayer Trading Group, una sociedad con domicilio en Londres que realizaría “comercio de productos cárnicos” provenientes de Argentina. En uno de correos analizados por el semanario uruguayo el estudio Damiani informa que la compañía tenía “un estimado anual de ventas de U$S20 millones”.

Barnes & Miles es otra sociedad armada por Damiani para Ramos en 2007. Durante el proceso de apertura de la firma, Mossack Fonseca le solicitó al estudio uruguayo que brindara información sobre el verdadero beneficiario final de la compañía, ya que Ramos era sólo la cara visible de la fiduciaria suiza y los panameños sabían que se trataba de un administrador de dinero ajeno. 

“Debido a las políticas modernas de ‘conozca a su cliente’, las compañías fiduciarias deben solicitar ciertos requisitos de debida diligencia de los beneficiarios finales de aquellas sociedades que sean atendidas por nuestro estudio”, escribieron desde Mossack Fonseca a Damiani. El socio del estudio uruguayo, Fernández, respondió: “Con respecto a los datos del doctor Marcelo Ramos le informamos que es nuestro socio en Europa, quien nos asiste en consultoría y temas legales, residiendo en la ciudad de Lugano, Suiza. Solicitamos de esta forma obviar los demás trámites”. 

Ante la insistencia del estudio de Panamá, los uruguayos debieron ceder y aportaron los datos que le requerían sobre Ramos, como información bancaria y copia de documentación personal, publicó Búsqueda en 2016.

Un favorito

Juan Pedro Damiani es la cabeza de un poderoso estudio jurídico y contable de Uruguay al que recurren argentinos con el objetivo de resguardar sus secretos financieros en paraísos fiscales y cuentas bancarias en Suiza para ocultar sus patrimonios e inversiones, según los documentos y correos electrónicos que revelaron los medios argentinos y Búsqueda que participaron de Panama Papers, tanto en 2016 como en la segunda entrega de la filtración en 2018.

Yo puedo dar totalmente fe y claridad e información de los clientes del estudio que contrataron con Helvetic, que los tengo claramente determinados y que no tienen absolutamente nada que ver con esta falacia.

Juan Pedro Damiani — Sobre la causa Báez.

Durante años, Damiani fue el principal nexo entre argentinos y el estudio Mossack Fonseca, también dedicado a crear sociedades offshore desde Panamá. Los hermanos Daniel y Omar Garbarino fueron clientes de ese mismo bufete panameño, que participó de los trámites para que Swisser AG y Helvetic se llevaran unos US$30 millones de la compañía en 2013, según la AFIP.

El contador uruguayo, quien fue miembro del Comité de Ética de la FIFA, presidente del Club Atlético Peñarol y cónsul de Marruecos en su país, también ayudó a decenas de sus clientes argentinos a ingresar al blanqueo de capitales del gobierno de Mauricio Macri, según revelaron La Nación, Perfil e Infobae en 2018. Colaboró en la elaboración de documentación y antedató declaraciones ante la AFIP para que sus clientes argentinos pudieran entrar al sinceramiento fiscal con los “papeles en orden”.

El contador Damiani también fue indagado en 2018 por el juez Casanello por el presunto vínculo del estudio uruguayo con la suiza Helvetic pero tiene una falta de mérito y su situación procesal deberá ser definida, al igual que la de Ramos. Damiani siempre negó cualquier conexión con Báez. En 2016, dijo en el programa “En la mira” de VTV: “Yo puedo dar totalmente fe y claridad e información de los clientes del estudio que contrataron con Helvetic, que los tengo claramente determinados y que no tienen absolutamente nada que ver con esta falacia”, como llamó a la presunta conexión con el empresario patagónico.

Se trata de una asociación delictiva que presta servicios ilícitos a terceros que no podrían en principio justificar patrimonialmente sus inversiones.

Denuncia de la AFIP de 2017

En la causa Báez, el juzgado recibió información desde Europa que confirmó que la filial uruguaya de Helvetic tenía una cuenta bancaria en el LGT Bank en el Principado de Liechtenstein y que el beneficiario de la cuenta, al menos entre 2010 y 2013, fue Damiani. Sin embargo, esa cuenta no fue la utilizada en el circuito de lavado de Báez, según la información que recabó el juzgado hasta el momento, dijo a este medio una fuente directa de la investigación.  

Las suizas

Swisser AG y Helvetic son sociedades hermanas. Ambas se registraron en Ginebra, entre 2003 y 2004, pero también tienen otros domicilios en Suiza. Comparten varias cosas: su presidente y accionistas hasta 2013, el abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos, entre otros apoderados y representantes. Además de haber sido controladas por las mismas personas, las firmas suizas comparten IP, auditora y dirección postal en Suiza.

La AFIP determinó en una investigación de 2017 que se trataba de dos sociedades “vehículo” y que “se trata de una asociación delictiva que presta servicios ilícitos a terceros que no podrían en principio justificar patrimonialmente sus inversiones”. 

El fisco solicitó a la Justicia federal dilucidar “los alcances operativos de esta estructura offshore” conformada por las firmas Swisser AG y Helvetic, y “determinar los verdaderos beneficiarios de estas operaciones de enorme trascendencia económica”, tanto por el caso de Garbarino como de otras nueves compañías argentinas de distintos rubros que también cedieron en las mismas fechas acciones a Swisser AG.

La segunda

Esta trama fue denunciada en dos oportunidades, según pudo reconstruir elDiarioAR en base a las consultas de expedientes. La primera vez fue tras los Panama Papers, en 2016, cuando el juez federal Sebastián Casanello ordenó que se investigara el vínculo entre Garbarino y Helvetic, que había surgido de los documentos de Panama Papers. Esa denuncia fue desestimada por el fiscal Eduardo Taiano, según confirmaron los abogados de los exaccionistas de Garbarino por “inexistencia de delito”.

La segunda denuncia contra la principal cadena de venta de electrodomésticos del país fue presentada por la AFIP a finales de 2017, tras una “inspección preventiva” a la empresa y otras compañías del rubro. Fue desestimada por el fiscal Carlos Rívolo, quien entendió que no se trataría de hechos que puedan investigarse en su fuero. El fisco solicitó entonces ser querellante y mantuvo abierto el expediente. Elisa Carrió se presentó en 2018 como amicus curiae (amiga del tribunal) con el mismo fin: evitar el cierre de la causa.

La Cámara Federal porteño ordenó en mayo último que el expediente continúe abierto, según el fallo al que accedió este medio.

ED

Gobiernos de distintos países han recuperado más de US$ 1.360 millones en impuestos atrasados ​​y multas como resultado directo de las investigaciones conocidas como Panamá Papers. En este balance están incluidos US$ 185 millones registrados en los últimos dos años.

Cinco años después de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, su sigla en inglés) liderara una investigación mundial que exponía los secretos del mundo de las finanzas off shore, 24 países informaron recuperaciones millonarias. Cientos de procedimientos están aún en curso.

Junto con periodistas de 100 medios de todo el mundo, el ICIJ examinó más de 11,5 millones de documentos secretos del estudio jurídico panameño Mossack Fonseca. Los archivos, que habían sido filtrados al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, expusieron una red mundial de empresas fantasma offshore que Mossack Fonseca creó para una lista de clientes que incluía jefes de Estado, ejecutivos de compañías de negocios y estrellas deportivas.

Desde abril de 2019, Australia sumó cerca de US$ 45 millones a su total, que ahora asciende a casi 138 millones de esa moneda. Italia informó que recuperó US$ 31,8 millones adicionales desde 2019, lo que lleva el total recobrado a US$ 65,5 millones. Y en febrero de 2021, la autoridad impositiva noruega informó por primera vez que había podido recuperar casi US$ 34 millones.

Con sus nuevos hallazgos, Australia se convierte en el quinto país en haber informado oficialmente más de US$ 100 millones en ingresos recuperados después de que se conocieran públicamente los Panamá Papers.

El Reino Unido recobró US$ 252,8 millones. Alemania, US$ 195,7 millones (US$ 12,5 millones desde 2019), España informó sobre US$ 166,5 millones y Francia recuperó US$ 142,3 millones.

Un recuento conservador

A raíz de las revelaciones del caso Panamá Papers, más de 80 naciones anunciaron investigaciones que podrían conducir a la recuperación de dinero y a la presentación de los sospechosos ante la Justicia, entre otras consecuencias. Sin embargo, hay que aclarar que el ICIJ solamente toma en cuenta los fondos recuperados que son informados de manera oficial por los gobiernos.

Muchos países optan por no publicar la cantidad de dinero que se ha recuperado, ni comentan sobre las investigaciones en curso. En 2017, el periódico japonés Asahi Shimbun informó a través de una fuente anónima que la agencia tributaria japonesa había recaudado más de 3.000 millones de yenes (unos US$ 27 millones) en relación con los Panamá Papers, pero como el gobierno no comenta públicamente casos específicos, el ICIJ no tiene forma de verificar esa cifra e incluirla en su recuento.

Mientras tanto, otros estados informan sobre montos que han sido valuados o reclamados, en contraposición al dinero que fue recuperado. La agencia tributaria de Canadá calculó que podría recuperar más de US$ 16 millones de impuestos y multas, pero no proporcionó una cifra de lo que finalmente logró recolectar el gobierno. Finlandia estimó que recuperó más de 1 millón de euros (alrededor de US$ 1,2 millones) como resultado de la investigación, pero no pudo confirmar la cantidad exacta.

Además, los medios asociados al ICIJ en Bélgica y Dinamarca proporcionaron en 2021 nueva información que describe la diferencia entre el dinero reclamado y el dinero recuperado, por lo que el ICIJ revisó sus cifras en esos países para reflejar con precisión el dinero que recibió cada gobierno. Por esta razón, las cifras en esos países son más bajas que las informadas anteriormente. Ambos gobiernos también han reclamado impuestos y multas adicionales que aún no se han recuperado.

Y todavía hay más países donde la respuesta ha sido silenciada. Según Andras Petho, asociado del ICIJ en Hungría, “cuando se conoció la historia de los Panamá Papers, el primer ministro Viktor Orban y otros altos funcionarios del gobierno hicieron declaraciones en las que prometían investigar la revelación húngara, pero esas investigaciones no arrojaron resultados.”

“La autoridad tributaria inició averiguaciones sobre dos casos que revelamos, pero se cerraron sin acusar a nadie”, agregó Petho. “No hubo anuncios de ninguna otra indagación relacionada con los Panamá Papers, y, mucho menos, dinero recuperado.”

Medir más que dinero

El impacto de la investigación Panamá Papers se extiende mucho más allá de la recuperación de ingresos fiscales perdidos. Las autoridades de varios países continúan sus investigaciones a través de procesos civiles y penales por presunto lavado de dinero, fraude y otras acusaciones.

En Argentina, según informes de los miembros del ICIJ Mariel Fitz Patrick e Iván Ruiz, los hermanos del expresidente Mauricio Macri están enjuiciados por lavado de dinero por no haber declarado US$ 4 millones depositados en una cuenta suiza a nombre de una sociedad offshore encontrada en los Panamá Papers. Una solicitud de sobreseimiento fue rechazada por un juez federal y la AFIP solicitó con éxito ser incluida como querellante porque las acciones de Macri constituyeron una “evasión agravada” de impuestos.

En Francia, los socios del ICIJ Maxime Vaudano y Jeremie Baruch informaron que hasta enero de 2021, además de los cientos de procedimientos en curso encarados por la Dirección General de Impuestos, la oficina del fiscal nacional financiero todavía estaba llevando a cabo 15 investigaciones que podrían potencialmente resultar en encarcelamiento.

En Malta, las revelaciones de los Panamá Papers formaron parte de una investigación sobre Keith Schembri, jefe de gabinete del ex primer ministro Joseph Muscat. Schembri, quien dimitió en noviembre de 2019 tras ser interrogado durante una investigación sobre el asesinato en 2017 de la periodista investigadora Daphne Caruana Galizia (finalmente quedó en libertad sin cargos), fue acusado en marzo de 2021 de blanqueo de capitales, corrupción, fraude y falsificación, en relación con sus participaciones financieras secretas en el extranjero.

Aunque Estados Unidos no ha informado oficialmente la recuperación de impuestos atrasados ​​como resultado de los Panamá Papers, el contador Richard Gaffey, el primer estadounidense acusado en relación con la investigación , se declaró culpable de delitos que incluyen conspiración para cometer evasión fiscal y defraudar a Estados Unidos. Fue condenado en septiembre de 2020 a más de tres años de prisión.

Uno de los clientes de Gaffey, Harald Joachim von der Goltz, también fue sentenciado a prisión en septiembre por fraude electrónico y de impuestos, lavado de dinero y otros delitos  cometidos mientras era residente de Estados Unidos. En tanto, documentos judiciales publicados en marzo pasado revelaron que el hijo de Von der Goltz, Joachim Alexander von der Goltz, se había declarado culpable de delitos financieros en diciembre de 2019, tras lo cual reembolsó al gobierno más de US$ 230.000.

Traducción de Alejandra Conti