El caso Garbarino
NÉSTOR MARCELO RAMOS
El abogado que conecta los casos de Garbarino, Báez y la pista suiza declaró ante la Justicia por presunto lavado
El largo camino para desentrañar la pista suiza, que conecta los movimientos millonarios de Lázaro Báez, Garbarino SA y otras nueve compañías argentinas, suma un nuevo capítulo, que se definirá en los próximos días: el juez federal Sebastián Casanello debe decidir si procesa por lavado de dinero al abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos, principal responsable de las sociedades Helvetic Service Group y Swisser AG, que operaron durante una década en Argentina moviendo millones de dólares de empresas y empresarios locales.
Ramos y la pista suiza conectan dos causas judiciales que tramitan en Comodoro Py 2002: una vieja conocida, el expediente que nació en 2013 contra el empresario patagónico y exsocio de la familia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a cargo de Casanello; y otra causa iniciada en 2017 por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contra los exaccionistas de Garbarino, en el juzgado federal de Julián Ercolini.
Entre 2003 y 2013, Ramos, cordobés de 58 años, pero radicado en Lugano, Suiza, fue presidente y accionista de Helvetic Service Group y Swisser AG, dos firmas hermanas, que compartían dirección postal, IP y auditor, y fueron creadas en Suiza para brindar servicios a empresarios y empresas argentinas. Ambas empresas están sospechadas de haber actuado como “vehículos” para el presunto lavado de dinero, según la sentencia contra Báez y una denuncia de la AFIP que reveló elDiarioAR en julio.
Ramos y sus sociedades suizas conectan los movimientos millonarios de Báez, Garbarino SA y otras nueve compañías argentinas, según la denuncia del fisco. Por el caso del empresario patagónico, Ramos está acusado de haber colaborado en el blanqueo de casi US$33 millones provenientes de la supuesta corrupción en la obra pública a través de Helvetic. En el caso de Garbarino, las sociedades Helvetic y Swisser AG fueron denunciadas por la AFIP por haberse llevado unos US$30 millones de la empresa argentina en 2013; y por haber movido acciones por otros US$13 millones de la cadena de electrodomésticos y otras nueve compañías (sólo por parte de Swisser AG, entre 2004 y 2015), como informó este medio el domingo último. Ni accionistas ni ejecutivos de Garbarino o las otras nueve empresas han sido imputados ni citados por la denuncia. El fiscal del caso desestimó la denuncia del fisco, único acusador en la causa.
Desde Suiza
Sentar a Ramos ante un juez federal demandó cinco años de tratativas con las autoridades de Suiza, pero fue posible hace semanas, antes de la feria judicial de invierno, y de manera virtual. Casanello buscaba indagar a Ramos de manera presencial desde 2016 en la causa contra Báez, condenado en febrero último a 12 años de prisión por lavado de activos agravado, una maniobra realizada a través de Helvetic, según la sentencia.
En los últimos años, el magistrado llegó a ordenar la captura internacional de Ramos y solicitó su extradición a la Argentina, pero la posibilidad de indagarlo en persona seguía sin prosperar, en especial, por el delicado estado de salud de Ramos, quien atraviesa una enfermedad terminal, según consta en la causa.
Ante la imposibilidad de traerlo al país, Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan gestionaron una indagatoria por videoconferencia, confirmó una fuente directa del expediente. La citación tuvo lugar en una sala de audiencias de una fiscalía suiza, con presencia de autoridades judiciales de ese país, traductores, el juez, el fiscal y dos abogados de Ramos (su defensor particular en Suiza y la defensor oficial en Buenos Aires), según pudo reconstruir este medio.
Ramos respondió preguntas sobre su estado de salud para argumentar porque no se presenta personalmente a declarar en Argentina, presentó un descargo por escrito, como había adelantado este medio, y negó la participación en cualquier hecho ilícito. Declinó, por recomendación de su defensora oficial, contestar las preguntas del juez y el fiscal argentinos sobre el caso Báez, confirmaron fuentes de la declaración.
Su descargo
El abogado ítalo-argentino aportó escasa información sobre la operatoria que protagonizó en el caso Báez. En su descargo escrito dijo que se desempeñaba como “agente fiduciario”, es decir, que administraba bienes y dinero ajeno y prestaba esos servicios a través de Helvetic.
Sobre Helvetic afirmó: “En efecto, los fondos utilizados para la realización de la operación de inversión fiduciaria en Argentina provenían de cuentas en donde los beneficiarios económicos coincidían con los beneficiarios finales de las transferencias no ocultándose de este modo ni el origen ni el destino de los mismos”. Parte de esas cuentas estaban a nombre de sociedades en paraísos fiscales, según la investigación.
La maniobra endilgada a Báez y sus cómplices, según la Justicia, consistió de al menos dos etapas centrales: la primera se centró en la fuga del dinero del país -cuyo origen sería la corrupción en la obra pública de Santa Cruz, según el Tribunal Oral Federal número 4-. Esa fuga se realizó a través de cuentas y sociedades offshore, radicadas en paraísos fiscales, desde finales de 2010, tras la muerte de Néstor Kirchner, según corroboró la sentencia.
Luego, entre diciembre de 2012 y abril de 2013, se llevó a cabo la segunda etapa de la maniobra. Esas sumas millonarias reingresaron a Argentina blanqueadas, con apariencia de legalidad. El dinero salió de cuentas en Suiza y se utilizó para una serie de transacciones con títulos de deuda pública adquiridos en el extranjero. El dinero terminó depositado en una cuenta de Austral Construcción en el Banco Nación, lista para ser utilizada en el país sin pistas de su origen supuestamente ilegal. Báez ha negado siempre las acusaciones en su contra.
Niego haber formado parte de una estructura ilícita con el fin de poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita.
Ese circuito final fue realizado por Helvetic Services Group, según determinó Casanello. Ramos admitió ante el juez y fiscal que Helvetic cobró por estos servicios al menos US$1.380.000 que reconoció haber enviado a una cuenta en el Noor Islamic Bank de Dubai, Emiratos Árabes, en julio de 2015.
“Sobreseído” en Suiza
Ramos también dijo que fue “sobreseído” de supuesto lavado de dinero por el caso Báez en los tribunales suizos y le solicitó al juez Casanello que obtenga copia de ese proceso. Además, afirmó que su relación con el empresario patagónico fue exclusivamente profesional.
Sobre el movimiento de US$1.380.000, el abogado agregó: “AI respecto, debemos poner de resalto que dicho pago fue realizado como consecuencia del sobreseimiento de la compañía y sus clientes en la causa que por lavado de dinero había sido abierta en Suiza”, dijo Ramos en su escrito.
Los fondos utilizados para la realización de la operación de inversión fiduciaria en Argentina provenían de cuentas en donde los beneficiarios económicos coincidían con los beneficiarios finales.
“Niego haber formado parte de una estructura ilícita con el fin de poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita”, afirmó Ramos. Su intervención en el blanqueo “fue realizada en el marco de los servicios fiduciarios” a Báez, “los que se encuentran registrados y reglamentados con sistemas de control, precisamente, para evitar el lavado de dinero”, aseguró. “Por ello, es que puedo afirmar que en ningún momento participé en actos de transferencia al exterior de dinero de origen dudoso”, concluyó.
Debido a que reside en Suiza, a su delicado estado de salud -acreditado en el expediente por informes médicos- y a que finalmente se puso a disposición ante el juzgado, el abogado Ramos no corre riesgo de terminar en prisión. Sin embargo, el juez debe decidir si lo procesa por su participación en la ya probada maniobra de lavado de Báez. La condena que pesa sobre el empresario patagónico, sus hijos y colaboradores del esquema para fugar dinero negro y reingresarlo al país blanqueado en forma de bonos de la deuda argentina -sentencia que aún no está firme- deja a Ramos casi sin chances de evitar su procesamiento.
Su caso deberá eventualmente llegar a juicio oral y público en una segunda etapa del expediente por el que ya fueron condenados Báez, sus hijos y otros acusados. La Justicia tiene pendiente, además, realizar el juicio a los miembros de la financiera Provalor, que habría participado de parte de la maniobra, pero cuyos responsables -quienes niegan las acusaciones- lograron frenar el proceso en la Cámara Federal de Casación.
ED
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