El Gobierno prepara el terreno para reprimir la huelga contra la reforma laboral: “Ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas actuarán”

El Gobierno refuerza su mano dura represiva a instancias de la huelga de la CGT contra la reforma laboral y busca restringir el trabajo de cobertura periodística. El Ministerio de Seguridad Nacional creó un protocolo para supuestamente “preservar la integridad física de periodistas” que trabajen este jueves: armó un espacio específico en las afueras del Congreso para la prensa que cubrirá la posible sesión en la Cámara de Diputados y la movilización popular. El anuncio motivó sendas denuncias del sindicato de prensa y de ATE contra la cartera de Alejandra Monteoliva por “amenazas”.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y el secretario general de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano, consideran un intento de amedrentamiento y restricción al derecho a la protesta y a la libertad de prensa, de cara a la movilización prevista frente al Congreso contra la reforma laboral. Este miércoles el Congreso ya apareció todo vallado en sus alrededores: las fuerzas de seguridad crearon una “zona estéril” sobre la avenida Entre Ríos para separar posibles manifestantes del edificio legislativo.

La semana pasada, el 11 de febrero, el operativo de las fuerzas federales en las inmediaciones del Congreso de la Nación contó con 800 efectivos. Hubo 24 detenciones (todas luego liberadas) y 562 personas heridas, según una reconstrucción del Mapa de la Policía.

El comunicado de Monteoliva se conoció este martes y anunció “medidas de seguridad para la prensa” en el Congreso entre los días 18, 19 y 20 de febrero. El Gobierno anunció que se estableció una zona exclusiva para el estacionamiento de móviles periodísticos y se recomendó a periodistas y camarógrafos “evitar posicionarse entre eventuales focos violentos y el personal de las Fuerzas de Seguridad”, bajo advertencia de que hacerlo podría implicar una “autopuesta en peligro”. 

El ministerio abre el paraguas a un año de la represión que hirió a Pablo Grillo, cuando una granada de gas lacrimógeno de Gendarmería impactó en su cabeza mientras registraba fotografías de una protesta de los jubilados. “Ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas actuarán”, reza el comunicado de Seguridad Nacional.

Para SiPreBA, esas disposiciones “limitan el ejercicio de la libertad de expresión” y buscan “promover la desmovilización con amenazas de represión”. En un comunicado, el sindicato sostuvo que las condiciones impuestas a trabajadores y trabajadoras de prensa son “incompatibles con las convenciones de derechos humanos” y que el Gobierno “traslada la obligación estatal de protección de la protesta y de quienes trabajamos en su registro y cobertura”.

La organización también cuestionó el argumento de la “autopuesta en peligro” y lo vinculó con antecedentes recientes. Señaló que la actual ministra utiliza “la misma estrategia” que su antecesora Patricia Bullrich cuando, tras la represión en una manifestación, intentó responsabilizar a Grillo por las heridas gravísimas que sufrió: “Disparó bien”, llegó a decir la actual senadora sobre el accionar del gendarme Héctor Guerrero. “La Justicia, dos veces, señaló lo contrario”, recordó el sindicato a partir del procesamiento en primera instancia y en cámara federal del cabo de Gendarmería.

La cantidad de periodistas, reporteros gráficos y trabajadores de prensa agredidos por fuerzas de seguridad durante coberturas de manifestaciones aumentó un 66% en 2025 respecto del año anterior, según el último Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina, presentado en diciembre pasado. Por su lado, Amnistía Internacional denunció un grave deterioro de la libertad de expresión y de reunión en el país y cuantificó más de 2.500 personas heridas durante manifestaciones y un aumento sostenido de la represión estatal.

Por su lado, ATE intimó este miércoles vía carta documento a Monteoliva para que “se abstenga de reprimir y criminalizar la protesta”. También exigió a la ministra que “garantice la integridad de trabajadoras y trabajadores de prensa y manifestantes”. “No podemos naturalizar que no te dejen protestar. Que se atenga a la Constitución, la ley y los fallos judiciales vigentes”, sostuvo “Tano” Catalano.

La CGT convocó a la huelga para este jueves si finalmente el oficialismo confirma la sesión, pero no llamó a una movilización. La central obrera espera que el paro general sea lo suficientemente contundente, sobre todo en el transporte. Sí habrá movilizaciones y actos por fuera de la convocatoria gremial. La izquierda y los gremios combativos harán un acto al mediodía en las inmediaciones del Congreso. Y la UTEP hará un paro activo en distintos puntos del país, con ollas populares y cortes.

MC