El Gobierno cedió el artículo 44 y blindó la reforma laboral para tratarla en Diputados
El Gobierno cedió el artículo 44, que recortaba a la mitad las licencias médicas en caso de una enfermedad por fuera de la actividad laboral, y se aseguró, así, el número para aprobar la reforma laboral. Fue una salida elegante que dejó a todos conformes: el PRO, la UCR y los peronistas mileístas sobreactuaron dureza para justificar el respaldo al resto de la ley y el Gobierno, mientras tanto, logró dictaminar el proyecto y allanar el camino para sesionar el jueves.
El oficialismo ya tenía listo el tuit cuando se estampó la última firma. Con 44 adhesiones, algunas con disidencias, La Libertad Avanza festejó haber cerrado un dictamen de minoría con el PRO, el MID, la UCR, los sanjuaninos que responden a Marcelo Orrego y los peronistas tucumanos de Osvaldo Jaldo. Temprano a la tarde, unos minutos antes de que expusiera un puñado de sindicalistas y empresarios invitados, Gabriel Bornoroni anunció que quitarían del dictamen el artículo que modificaba las licencias médicas –un pedido de Cristian Ritondo, jefe del PRO, y los gobernadores peronistas aliados– y terminó de blindar el proyecto.
“Era una zanahoria que nos pusieron para hablar de esto y no del FAL. No pueden socializarse las jubilaciones con la ANSES. Están matando a los jubilados”, los cruzó la lilita Mónica Frade, quien firmó su propio dictamen junto al resto de Provincias Unidas y no dará quórum en la sesión como el resto del interbloque. Frade, entonces, se giró y miró a sus ex compañeros de Juntos por el Cambio y les dijo: “Hacen un poco de oposición y lo que hacen es votar contra los argentinos. No vengan con disidencias parciales haciendo como que están en contra porque esto perjudica de raíz a todos los argentinos”.
El macrista Fernando de Andreis levantó el guante. El PRO había participado del operativo orquestado para eliminar el artículo 44 y, una vez bajado, buscó diferenciarse del Gobierno reclamando que se volviera a incluir a las billeteras virtuales en el cobro de los sueldos. Un artículo que Patricia Bullrich aceptó eliminar en el debate del Senado por presión de los bancos. “Si bien este proyecto es un buen primer paso es absurdo que por una ley le digamos a los trabajadores como tienen que cobrar”, se quejó el ex secretario General de Mauricio Macri, y la bancada peronista lo aplaudió, irónico.
“Después peleala hasta el final, eh”, le gritó, fuera del micrófono, la diputada sindical del peronismo, Vanesa Siley.
La bancada peronista que preside Germán Martínez presentó un dictamen de minoría con una contrapropuesta a la reforma laboral de Javier Milei. La propuesta de Unión por la Patria, trabajada durante las últimas dos semanas entre todos los diputados sindicales del bloque, incluía una batería de iniciativas que el peronismo pretende convertir en el programa laboral del peronismo. Tiene unos 180 artículos y plantea la suba del salario mínimo, la homologación automática de los convenios colectivos, una ampliación de las licencias parentales, la reducción de la jornada laboral y la implementación del derecho a la desconexión.
Poroteo y negociaciones
“Están regalando rotondas por todos lados. A otros les ofrecen más contratos en la Cámara de Diputados. Menos de tres empanadas”, advirtió, irónico, uno de los diputados de la oposición que estaba juntando votos para boicotear el quórum de la sesión del jueves.
El peronismo, junto a la CGT y algunos aliados en Provincias Unidas, como Esteban Paulón o los lilitos de la Coalición Cívica, y la izquierda apuestan a evitar que el Gobierno junte las 129 adhesiones para abrir la sesión, pero en el plenario predominaba la desazón. Casa Rosada había estado presionando a los gobernadores más dudosos, como Martín Llaryora (Córdoba) o Maximiliano Pullaro (Santa Fe), y las expectativas de poder evitar una sesión iban desinflándose con el correr de las horas.
“Van a tener quórum y se lo van a dar los gobernadores peronistas”, masculló, irritada, una diputada del peronismo, mientras hacía números. Hacía referencia a Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Llaryora, todos gobernadores que habían comprometido su rechazo a la reforma laboral y, finalmente, terminaron acompañando la ley en el Senado.
La confirmación de las sospechas opositoras llegó con el pedido de la sesión, que fue firmado no solo por los libertarios y el PRO, sino también por Pamela Verasay (UCR), Oscar Zago (MID), la tucumana Gladys Medina, la sanjuanina Nancy Picón, la neuquina Karina Maureira y el misionero Alberto Arúa. Arrúa, incluso, se había reunido hace unos días con Walter Correa, el ministro de Trabajo de Axel Kicillof y titular del sindicato de Curtidores, pero el Gobierno lo terminó ordenando.
De traducirse las firmas de los bloques en votos en el recinto, el Gobierno contará con una base de 130-134 votos a favor de la reforma laboral. El desafío, como en el Senado, será sostener el número en la votación en particular.
El capítulo más complicado es el corazón del proyecto: el que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) con los fondos de la seguridad social. En la oposición sospechan que es el único capítulo que le interesa a Luis “Toto” Caputo y que buscará blindarlo a como dé lugar, pero aprovechan la resistencia que genera entre los cordobeses y los santafesinos para juntar votos en contra.
“Son 6 mil millones de dólares anuales que van a pasar del salario diferido de los trabajadores al sector financiero, para alimentar las indemnizaciones que pretenden llevar adelante. Es una reforma previsional encubierta, y una reforma financiera, porque va a ser utilizado por el Ministerio de Economía para fondear al Tesoro”, advirtió Siley.
En la bancada peronista están juntando los votos para voltear los artículos en particular pero advierten, puertas adentro, que si el Gobierno consigue el número para abrir la sesión tendrá el número para aprobar todos los títulos del proyecto. “La única batalla es por el quórum. Si abren el recinto pasa todo”, pronosticó un armador del peronismo.
MCM
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