Por casi 2.000 años, la Iglesia Católica –por entonces absolutamente mayoritaria en América Latina– se preocupó más por la salvación de las almas que por los entornos y circunstancias en los que esas almas vivían. Hubo, desde luego, figuras disidentes –como Fray Bartolomé de las Casas, quien escribió Brevísima relación de la destrucción de las Indias– que dieron cuenta del arrasamiento que siguió a la conquista de América.

Fueron minoría y hubo que esperar casi cuatro siglos para que –bajo la forma de la denominada Teología de la Liberación– surgiera en y para este continente una mirada que convirtiera a los textos sagrados en una hoja de ruta. Todo sucedió después del Concilio Vaticano II y de un Papa (Juan XIII) muy consciente de que la alevosa desconexión entre la Iglesia y el mundo exigía una urgente modernización.

El proceso conciliar implicó más de 2.000 asistentes (o “padres conciliares”, venidos de todo el mundo), dos años de duración, dos Papas (Juan para la apertura y su sucesor, Paulo VI, para el cierre) y una lengua (el latín) que, para cuando proceso estuvo terminado, ya no era la única en la que hablaba la Iglesia. En efecto, aquel vigésimo primer concilio ecuménico marcó un nuevo rumbo en una institución milenaria y definitivamente hostil al cambio.

Entre los muchos resultados de aquel encuentro, hubo uno más que simbólico: se pasó de la misa en latín –llena de “ora pro nobis”, “Agnus dei quitoli pecata mundi” y mil frases más que la gente repetía sin entender– a una en lengua vernácula. De repente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablaron fuerte, claro y en paisano. Más aún, el padre oficiante –que había estado por siglos de espaldas a los feligreses– comenzó a dar misa mirando a la gente. Directo a los ojos de sus comunidades. Distraerse entre hostias y pilas bautismales, con el tiempo, dejó de ser opción. El compromiso era ahora con los pobres reales, con los descalzos de carne y hueso.

El resto ya es historia: el sacudón lo conmovió todo y terminó sintiéndose mucho más allá de catedrales y tiempos. Tanto que se volvió una reacción en cadena: tres años más tarde, en 1968 y con el objetivo de adaptar a la realidad latinoamericana el mensaje del II Concilio, se desarrolló en Medellín, Colombia, la Segunda Conferencia del Episcopado Latinoamericano (CELAM). Y en 1971 vio la luz el que se considera el texto fundacional del movimiento: Teología de la Liberación, del sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez.

En este texto se consignan los fundamentos de una revolución “desde abajo” que –en tiempos de Guerra Fría– fue mirada con enorme desconfianza tanto por los Estados Unidos como por las oligarquías que eran sus aliados locales.

Ya desde entonces fue clara la relación directa entre las venas abiertas de esos territorios degradados y las condiciones de vida de quienes los habitaban. Sólo que, con los años, ese vínculo entre la revolución “desde abajo” y la lucha en defensa del ambiente se volvió insoslayable. Pelear en defensa de los pobres fue sinónimo entonces de alzar la voz por los ríos, la selva, los montes. La tierra vuelta metáfora de las vidas que dependían de ella.

No por casualidad a Gutiérrez, que en mayo de 2018 cumplió 90 años, el papa Francisco lo felicitó diciendo: “Gracias por todos tus esfuerzos y por tu forma de interpelar la conciencia de cada uno para que nadie quede indiferente al drama de la pobreza y de la exclusión”. ¿Coincidencia? En absoluto.

De texto sagrado al texto sangrado

Volviendo a los días posteriores al Concilio, todo fue por entonces una revolución. En un proceso de bajada de la Biblia a la tierra, cerca del sufrimiento y de las luchas de lo que el pensador uruguayo Eduardo Galeano bien llamó “los nadies” (“los hijos de nadie, los dueños de nada. Los ningunos, los ninguneados. Corriendo la liebre, muriendo en vida”), parte de la Iglesia de Latinoamérica dejó de lado la salvación personal y apostó a la redención colectiva. A la lucha por el Paraíso en la Tierra.

Sin embargo, la prédica de muchos de esos sacerdotes fue percibida como una amenaza, ya no sólo por los gobiernos autoritarios que pulularon en la década de 1970 sino también por la misma jerarquía de la Iglesia católica, más preocupada por resistir los embates del comunismo que por escuchar a sus fieles. Como decía –no sin ironía– el sacerdote Elder Cámara, único brasileño candidateado cuatro veces al Premio Nobel de la Paz: “Cuando doy de comer a un pobre soy un santo. Cuando pregunto por las causas de su pobreza, soy un comunista”.

Todo, con el tiempo, se volvió salvaje. En pocos años, el clima político se enrareció y una sotana ya no fue garantía de nada. Así, en mayo de 1974, en Argentina, un grupo armado de extrema derecha asesinó a balazos al sacerdote Carlos Mugica, parte del movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. Dos años más tarde, también en Buenos Aires, un grupo paramilitar ejecutó a tres curas y a dos seminaristas palotinos.

Pero tal vez fue el asesinato en plena misa de Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de El Salvador, lo que marcó un límite sangriento para esta Iglesia comprometida con su pueblo.

Con todo, los sacerdotes “en opción por los pobres” nunca se detuvieron sino que ajustaron sus acciones a un nuevo y más hostil paisaje. Los dos papados siguientes (Juan Pablo II y Benedicto XVI) volvieron a colocar a la Iglesia en su tradicional distancia con respecto al mundo. Hasta que la llegada al Vaticano de un cura venido desde el sur del sur y con una propuesta radicalmente distinta (“Hagan lío”) reavivó el mensaje del Concilio Vaticano II.

Del papa Francisco a los curas “verdes”

Hoy, al impulso de viejas demandas reescritas bajo nuevas lógicas y a la luz de textos-faro como Laudato Si’ (Loado seas, frase tomada de un texto de San Francisco de Asís y título de la carta encíclica del Papa Francisco considerada la primera “encíclica verde” por su defensa abierta de la Naturaleza y el llamado a cuidar de “la Casa Común”), el espíritu de la Teología de la Liberación parece volver a latir en distintos puntos de nuestra América.

En cada marcha, en cada discurso, en cada mensaje, son los sacerdotes unidos a sus comunidades y los curas de base lo que se colocan al frente de muchas disputas ambientales. Con una particularidad para nada menor: los sacerdotes alguna vez acusados de “rojos”(comunistas) son ahora rebautizados como “verdes” (en el sentido de ambientalistas) y reciben ataques y amenazas que a menudo se extienden a sus comunidades.

Los curas acompañaron los reclamos contra la minería en Esquel desde el principio, hace de esto ya más de dos décadas, y sostuvieron ese reclamo en el tiempo. En 2012, por ejemplo, los sacerdotes de la prelatura de Esquel se manifestaron abiertamente en contra de la megaminería y, seis años después, el cura Antonio “Tono” Sánchez Lara tuvo el extraño privilegio de participar de una “cumbre” de referentes políticos y empresarios mineros en Chubut. Allí, no bien tomó el micrófono, repudió la represión a los vecinos y dijo que “la empresa miente, la empresa compra conciencias”.

El tiempo pasó pero el padre, un cura salesiano, sostuvo y fortaleció su compromiso porque, como él mismo dice, “los partidarios de la megaminería nos acusan, a los que no deseamos la minería a cielo abierto, con explosivos y químicos, de ser alimentados por el gobierno, de no vivir en la meseta, de no entender sobre minería, de tener una vida fácil y segura. No es así, señores megamineros. Muchos vivimos y compartimos la vida, las ilusiones, las luchas y las esperanzas de la meseta. Muchos no estamos de acuerdo con la megaminería y la extracción de metales de nuestro suelo”.

En ese sentido, uno de los casos más emblemáticos es el de Antonio Juan López, un defensor del ambiente y responsable de la Pastoral Social en Tocoa, Honduras, quien fuera asesinado en diciembre de 2024 a la salida de la iglesia. López conocía y releía Laudato Si’, aparecida en 2015, el texto donde la máxima autoridad de la Iglesia católica habló no sólo de lo que denomina “pecados contra la Creación” –en referencia al daño ambiental del que en mayor o menor medida todos y todas somos responsables– sino que también de otro concepto clave: la “conversión ecológica”.

Signo de los tiempos, parecería ser que hoy el eje de la discusión ya no pasa tanto por cuestiones de fe, de mostrarse fiel a una determinada religión, sino más bien por volver a creer en la naturaleza como un gesto de Dios a la Humanidad. De allí, también, la obligación de protegerla y respetarla.

Pero que Laudato Si’ haya resonado como resonó en América Latina es cualquier cosa menos casual, sobre todo recordando los cinco siglos de despojo y saqueo que acumula el continente. Lo primero que se fue hacia Europa fueron el oro y plata; más tarde fue el turno del petróleo, el hierro y el cobre.

Y hoy, al compás de la reconversión energética, el mundo desarrollado requiere de tierras raras y de minerales –no por casualidad bautizados como “estratégicos”– cuyos depósitos se concentran en el sur del mundo. Así, según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, 61% del litio que se requiere para las baterías, 45% del cobre y 34% de la plata que se necesitará para mover un mundo sin gas y sin petróleo están en América Latina. Sí, en la región más desigual del planeta.

Los obispos en contra el “petróleo blanco”

En ese contexto, y desde la mirada sintetizada en Laudato Si’, cada pecado capital se reescribe en clave ecológica y es justamente ese gesto de “dueñidad”, el pensarnos amos y señores de un planeta que no nos pertenece, lo que termina comprometiendo el futuro.

Pero también lo que impulsa a la acción porque, ¿cómo sería posible desanclar la lucha por la justicia social de lo que la precede: la lucha por la justicia ambiental? ¿Cómo se podría –en un mundo dividido en tajadas entre los poderosos de turno, que necesitan indefectiblemente de los recursos de todos– hablar de educación, equidad o de derechos humanos cuando ni siquiera el aire o el agua son ya bienes comunes? Sin embargo, es precisamente de esa lucha desigual de donde saca sus fuerzas esta revolución discreta que recibió el gran espaldarazo con la aparición de la “encíclica verde”. Hay también otras señales, como el cambio en las directrices financieras FinAnKo (“inversiones financieras según criterios eclesiásticos”) que señalan hoy que invertir en oro es tan poco ético como hacerlo en petróleo o en armas.

No sólo eso: hitos como la firma del Acuerdo de París fueron también importantes para fortalecer la lucha que hoy toma mil rostros. Desde los compromisos más orgánicos –como el reciente documento de las conferencias episcopales del Sur Global de cara a la COP 30, a realizarse en noviembre de 2025– hasta expresiones locales de defensa de la Casa Común, hoy las iglesias de América Latina escriben la historia de esta Teoría de la Liberación 2.0. Contra el silencio y el negacionismo, publican documentos, acompañan movilizaciones y también hacen una crítica ética de los extractivismos.

“No les importa la inflación, no les importa el trabajo de la gente, no les importa hipotecar el futuro del país, no les importa el cuidado de la tierra, los proyectos mineros que hipotecan el agua y la tierra. Se lo pedimos de corazón a Dios, a través de Ceferino: ¡Escuchen a la gente! Que haya un diálogo transparente. Y no hablen de audiencias públicas, que son obras de teatro con actores pagos”, reclamó hace un año con voz firme Alejandro Benna al cierre de la peregrinación en honor a Ceferino Namuncurá, el “santito gaucho”.

Parecía el discurso de un activista ambiental pero no: Benna es el obispo del Alto Valle en Río Negro, Argentina, y su fervor es cualquier cosa menos casual. Como pastor en una de las regiones más acechadas por los extractivismos, conoce de primera mano el impacto de estos en las comunidades. Justamente por eso, lejos de entrar en el modo celebratorio de las autoridades locales y nacionales frente al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), él y otros curas hablan fuerte y claro en defensa de la Casa Común.

Otro de ellos es el obispo de Rawson, Roberto Alvarez, quien también expresó dudas sobre los paraísos que suelen prometer las corporaciones y hasta se animó a hablar de “pasivos ambientales”. La reacción del oficialismo no se hizo esperar y el diputado de LLA José Luis Espert los acusó a ambos de fomentar “el pobrismo”, de oponerse al progreso y hasta de consumir “hostias alucinógenas” sólo por hacerse preguntas sobre el impacto de un posible derrame de petróleo sobre la pesca artesanal, la ballena Franca y las pinguineras. “Dedíquense a las cosas de Dios. No jodan”, cerró su violento mensaje Espert.

En El Salvador, en cambio, no son sacerdotes sino la misma Conferencia Episcopal (CEDES) la que le pide al presidente Nayid Bukele que revierta la decisión de volver a la minería metálica y advierte sobre sus “costos mortíferos para el medio ambiente”, mientras que en Brasil el descubrimiento de depósitos de litio en una de las regiones más empobrecidas del sureste del país (el valle de Jequitinhonha) ha puesto en alerta a la comunidad y a sus pastores. La razón: detrás del boom del “petróleo blanco” se oculta una demanda enorme de agua y un riesgo de contaminación bien concreto. Hay, también, daños colaterales ya visibles, como la disparada de los precios de la comida y del alojamiento, impulsada por la llegada de una importante minera canadiense.

Tan es así que la Comisión Episcopal de Ecología Integral no duda en denunciar la cara oculta de lo que llama sin vueltas “colonialismo energético”. Denuncia, concretamente, que “en el Valle del Jequitinhonha, la llamada transición hacia energías limpias está demostrando ser un proceso de explotación intensa y devastadora, marcado por proyectos mineros y de infraestructura que comprometen los ecosistemas y las comunidades locales”.

Otro tanto sucede en Perú, donde la iglesia local –encabezada por monseñor Angel Cárdenas, obispo de Iquitos– se alió con su feligresía para salir en defensa no sólo del agua sino del reconocimiento de los ríos Nanay y Marañón como “sujetos de derechos”. La movilización, bajo la divisa “Surcamos por el agua y la vida”, se llevó a cabo en marzo de 2025 y destacó la necesidad de proteger los sistemas acuáticos de la Amazonía. Y, cómo no, la encíclica Laudato Si’ fue una vez más cita de autoridad inevitable.

El paisaje de la Iglesia movilizada en defensa de la Casa Común se repite así en muchos otros puntos. Uno de ellos fue Oruro (Bolivia), donde la Red Iglesia y Minería reunió hace un año a 30 líderes comunitarios de Argentina, Brasil y Perú para definir estrategias en defensa del ambiente.

Se habló de la necesidad de informar y consultar a las comunidades sobre los verdaderos impactos de las nuevas formas del extractivismo. Y, sobre todo, de la urgencia de seguir velando porque “la Casa Común” se convierta en una causa común y realmente nos incluya a todos.

FS/MG

Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que elDiarioAR forma parte.

El Jueves Santo, en su última salida del Vaticano, Francisco visitó la cárcel de Regina Coeli. No pudo, esta vez, realizar el rito del lavado de pies como era su costumbre desde los tiempos en que era arzobispo de Buenos Aires. Era una ceremonia que amaba, imitar con los últimos el gesto que tuvo Jesús con sus discípulos, un gesto de servidumbre.  

En cada una de sus visitas a las cárceles, Francisco llevaba esperanza. Eso hizo el pasado 26 de diciembre al abrir de par en par la puerta del Centro de Detención de Rebibbia, la segunda que abrió luego de dar inicio al Jubileo con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Un gesto cuyo significado, dijo, no era otro que el de invitar a los presos a abrir sus corazones a la esperanza.

“¿Por qué ellos y no yo?”, se preguntaba el Santo Padre. De este modo expresaba, con palabras sencillas y a la vez profundas, como era su estilo, que todos cometemos errores pero que sólo algunos los pagan.

Por ello no debería sorprender que desde el inicio de su pontificado la cuestión de la justicia penal estuviera en el centro de su magisterio. En una serie de documentos e intervenciones públicas promovió, a la luz del Evangelio y en continuidad con sus predecesores, un desarrollo de la Doctrina Social de la Iglesia que, a partir de la realidad de los sistemas penales en nuestro tiempo, sostiene que la justicia penal debe estructurarse en torno al respeto por la dignidad humana.  

En un documento de 2019 que sintetiza su magisterio en la materia, sostuvo que “uno de los mayores desafíos actuales de la ciencia penal es la superación de la visión idealista que asimila el deber ser a la realidad”, con el riesgo de “ocultar los rasgos más autoritarios del ejercicio del poder”. En esta afirmación aplicó a la cuestión penal uno de los principios que propuso en su documento programático, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium: la realidad es superior a la idea. En consecuencia, el saber penal no ha de ser construido sobre la base de cómo creemos que debe ser el castigo sino a partir del conocimiento efectivo de la realidad de los sistemas penales.

Francisco describió y criticó esa realidad, caracterizada por el encarcelamiento masivo, el hacinamiento y las torturas en las cárceles, la selectividad del sistema penal, la arbitrariedad y los abusos por parte de las fuerzas de seguridad, la ampliación del alcance de la pena, la criminalización de la protesta social, la instrumentalización del sistema penal con fines políticos, el uso arbitrario de la prisión preventiva y el repudio de las garantías penales y procesales más elementales.

Se opuso en forma contundente a las iniciativas para bajar la edad de punibilidad: “los Estados deben abstenerse de castigar penalmente a los niños que aún no han completado su desarrollo hacia la madurez, y por tal motivo no pueden ser imputables. Ellos, en cambio, deben ser los destinatarios de todos los privilegios que el Estado puede ofrecer, tanto en lo que se refiere a políticas de inclusión como a prácticas orientadas a hacer crecer en ellos el respeto por la vida y por los derechos de los demás”.

Condenó la pena de muerte y promovió la nueva redacción del n. 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica, que la declara inadmisible y establece el compromiso de la Iglesia con su abolición en todo el mundo; una reforma que expresa “el progreso de la doctrina de los últimos pontífices así como también el cambio en la conciencia del pueblo cristiano, que rechaza una pena que lesiona gravemente la dignidad humana”.

Su condena no se limitó a la pena de muerte legal, sino que en reiteradas ocasiones llamó la atención sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Ello lo llevó a observar con preocupación algunas reformas legislativas que se promovieron en distintos países con respecto a las eximentes de cumplimiento de un deber y de legítima defensa.

Denunció que la pena de prisión perpetua es una pena de muerte “oculta” porque compromete el “derecho a la esperanza” y las “perspectivas de reconciliación y reintegración” de las que la pena no puede prescindir.

Se ocupó también de fenómenos concretos como la criminalización de la homosexualidad, que “representa el modelo negativo por excelencia de la cultura del descarte y del odio”, expresó su preocupación por “la escasa o nula atención que reciben los delitos de los más poderosos” y promovió el reconocimiento del ecocidio como crimen contra la paz.

Francisco no se limitó a denunciar los males del sistema penal, sino que propuso un modelo superador del tradicional retribucionismo: “existe una asimetría entre el castigo y el delito […] la ejecución de un mal no justifica la imposición de otro mal como respuesta. Se trata de hacer justicia a la víctima, no de ajusticiar al agresor”. Para ello, alentó la construcción de un modelo de justicia penal restaurativa “basado en el diálogo, en el encuentro, para que, en la medida de lo posible, se restablezcan los vínculos dañados por el delito y se reparen los daños causados”.  

Francisco nos deja un legado enorme sobre el cual construir una justicia humana, “un reto al que todos debemos enfrentarnos si queremos abordar los problemas de nuestra convivencia civil de una manera racional, pacífica y democrática”.

MU

“Marca la cancha, Argentina

La deuda ya no es contigo

Es con tu tierra, es con tus ríos

Con el futuro, con tu pueblo“

Evita, adaptación de la ONG Avaaz

Una mujer con vestido de gala blanco y un imponente rodete rubio invadió las puertas del Fondo Monetario Internacional en la 19th Street de Washington. Fue en el contexto de la apertura (virtual) de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial (BM). La Evita activista interpretó versiones de No llores por mí, Argentina, en las que resignificaba el rol de Argentina por su condición de acreedora en materia ambiental. Dos voluntarios de la organización Avaaz, con base en Nueva York, sostenían a sus costados una bandera con la inscripción “Marca la cancha, Argentina: que los países ricos paguen la deuda ecológica”.

Esta protesta golpeó el corazón de las instituciones financieras que fueron las responsables de los programas de ajuste estructural que, de la mano de las recetas de austeridad, hundieron a los países de la periferia en un espiral que les impidió ampliar derechos sociales y protecciones ambientales. El director de programas de Avaaz, el santiagueño Oscar Soria, consideró que “la renegociación perpetua de la deuda soberana entre países ricos y pobres es una característica cruel de una mentalidad colonial que cree que está bien que los ricos se beneficien de las riquezas naturales y los recursos de los pobres, con poca preocupación por ayudarlos a salir de la pobreza”. 

Es que incluso esta “ayuda” no es suficiente. Según los datos del antropólogo suazi Jason Hickel, el Norte Global transfiere unos 130 mil millones de dólares anuales en ayuda financiera a los países del sur. Sin embargo, sólo por gastos de propiedad intelectual bajo el discutido acuerdo TRIPS que hoy restringe las patentes de las vacunas contra el Covid-19, el sur pierde 60 mil millones. Y se pone peor: sólo en intereses de deuda, el sur paga unos 200 mil millones, y unos 486 mil millones adicionales se fugan por las ganancias que las empresas de los países de altos ingresos generan (y giran a sus países de origen) a partir de la explotación de los recursos naturales. Los gastos siguen hasta el punto tal que, por cada dólar que el sur recibe de ayuda, salen 24 dólares netos de sus arcas. La ayuda es un fraude de diseño que mantiene al sistema en movimiento.

Sólo en intereses de deuda, los países de sur pagan unos 200 mil millones, y unos 486 mil millones adicionales se fugan por las ganancias que las empresas de los países de altos ingresos generan a partir de la explotación de los recursos naturales.

¿Por qué pasa esto? En principio, porque si bien el sur tiene 85% de la población, en las dos instituciones que gobiernan la economía global (el FMI y el BM) sólo tienen el 40% de los votos. En el caso de América Latina y el Caribe, sólo tenemos un cuarto por cada voto de los países del norte global. Esto sin contar el poder de veto que tiene Estados Unidos, que también lo ejerce en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas junto a China, Rusia, Francia y Gran Bretaña. Esta inequidad en el control de la gobernanza global es fundamental para sostener el desequilibrio en los flujos financieros. 

Sólo en un sistema con esos niveles de inequidad es que se pueden tolerar situaciones como la que atravesamos con las vacunas. Sólo aceptando esas reglas de juego nos podemos seguir considerando deudores en un mundo en llamas por las políticas de desarrollo y acumulación de los más privilegiados. No nos confundamos: el norte es responsable del 92% de la crisis climática. Este enfoque analiza el exceso de las 350 partículas por millón de CO2 en la atmósfera (umbral “seguro”) desde un análisis que considera un acceso equitativo per cápita a los bienes comunes atmosféricos. Si cada ciudadano tuviera el mismo acceso, sólo el G8 sería responsable por el 85% de la crisis climática actual. No es excusa para seguir contaminando, pero sí para “revisar profundamente”, como dice Soria, “quién le debe a quién”.

Avaaz consideró un reciente estudio de la Universidad de Cambridge que reveló que Argentina estaría entre los únicos tres países con un superávit positivo si se incluyera la variable climática al análisis de las deudas soberanas. No obstante, la autora Patryjca Klusak reconoce que “no se deben sobreinterpretar estos hallazgos contraintuitivos, porque la capacidad predictiva del modelo para esos países [se refiere también a Irak y Ecuador] es relativamente baja”. Por otro lado, un estudio de la Academias China de las Ciencias, concluye que el país tiene un “PBI verde” —integración de la valoración ecosistémica a la contabilidad económica tradicional— más de cien veces superior al saldo total de la deuda externa con el FMI (cinco billones y medio de dólares sobre 46 mil millones, sin contar los intereses). Esto habilitaría al país un escenario muy razonable para plantear la suspensión de pagos por criterios ecológicos. Por los niveles europeos de nuestras emisiones per cápita y nuestra “huella material” (cantidad de materia prima extraída sobre necesidades finales de consumo), estamos en una situación compleja que demanda un compromiso adicional para avanzar en una rápida descarbonización de nuestra economía sin la presión de los vencimientos de pago.

El planteo de Avaaz da en el clavo en una situación única: la triple crisis climática, sanitaria y económica requiere acciones inéditas. La propuesta de suspender las deudas a cambio de garantizar la regeneración ecológica podría abordar todos estos problemas a la vez. Lo que urge es una estrategia conjunta de los países del G77 para presionar a las principales economías en este sentido. Así como el mundo exige la liberación de las patentes, puede exigir la suspensión de pagos y correr el umbral de lo posible para hacerlo realidad.

Ahora bien: ¿es la condonación un reconocimiento por los servicios ecosistémicos prestados en el pasado? ¿Supondría un compromiso de los deudores financieros a invertir esos recursos en la conservación futura, como empiezan a considerar el FMI y el Banco Mundial? Por otro lado, ¿cómo pagan los países del norte el saldo por el daño histórico que causaron? 

En la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco lo dice claro: “conocemos bien la imposibilidad de sostener el actual nivel de consumo de los países más desarrollados y de los sectores más ricos de las sociedades, donde el hábito de gastar y tirar alcanza niveles inauditos”. Por esos niveles insostenibles, la humanidad consume hoy recursos equivalentes a más de un planeta y medio. El decrecimiento del norte es imperioso. Una vía para empezar a transitar esa senda, podría ser la suspensión de pago de las deudas con estas instituciones financieras que podrían aliviar la carga sobre el extractivismo del sur y ralentizar el crecimiento de las economías desarrolladas. Un abordaje integral para avanzar hacia la justicia social y ecológica, como exigió la Evita militante en la capital del poder central.

MF