Desclasificar los contratos con los laboratorios proveedores de vacunas contra el Covid-19 y dar a conocer cuáles son las condiciones impuestas por los proveedores internacionales al Estado Nacional “pone en riesgo la salud y la vida de los y las habitantes” de Argentina, sostuvo el ministerio de Salud de la Nación ante una solicitud de acceso a la información pública realizada el 19 de marzo por elDiarioAR en conjunto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). 

La iniciativa se realizó en el marco de la alianza “Vigila la pandemia”*, liderada por Convoca.pe, de  Perú, e integrada por medios de Colombia, Ecuador, Venezuela, México, Panamá y Argentina. En su respuesta del 14 de abril, Salud reconoció que los proveedores de las vacunas contra el coronavirus impusieron las cláusulas de secreto y confidencialidad para poder concretar la compra-venta. Este tipo de exigencias alcanzan los cronogramas de entrega y los pagos por adelantado, y puede incluir supuestas cláusulas de protección (indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias contra las farmacéuticas). 

En Argentina, Perú y México, las autoridades de esos países se negaron a informar las condiciones de contratación de vacunas contra el Covid-19. En Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá no respondieron, al cierre de este artículo, las consultas realizadas por esta alianza de medios y ONGs, en el marco de leyes y derecho al acceso a información pública. El problema se repite en la Unión Europa (UE), solo por mencionar otro caso internacional.

Los únicos puntos de los contratos con las farmacéuticas que el ministerio de Salud accedió a informar son: la cantidad de dosis contratadas; las compañías y organizaciones con las que se celebraron convenios; las fechas en que se firmaron y los precios por unidad, como publicó elDiarioAR este domingo. Según la cartera liderada por la ministra Carla Vizzotti, el Estado Nacional firmó cinco contratos, entre octubre de 2020 y marzo de 2021, para acceder a 58.924.000 dosis por un total de US$478.254.000, un promedio de US$10,62 la dosis por habitante. 

En base a esas cifras es posible establecer que los proveedores sólo entregaron, al 28 de abril, el 16,7% (9.927.945) del total de dosis contratadas. Este número se completó a última hora del miércoles, cuando llegó un nuevo envío de Sinopharm. Se esperaba que la compañía china complete su contrato con la entrega de otro millón de dosis este jueves. De esa manera, cumpliría con su contrato.

El principio de máxima divulgación y el derecho de acceso a la información pública no deberían ser prenda de negociación en ninguna contratación pública.

Fechas de entrega confidenciales

Uno de los puntos centrales para conocer si los proveedores están cumpliendo con los contratos es conocer las fechas de entrega pactadas con el Estado. Sin embargo, este es uno de los aspectos alcanzados por la confidencialidad impuesta por los laboratorios. “El cronograma de entregas se encuentra (también) incluido en el marco de los contratos que, debido a sus cláusulas, revisten carácter confidencial”, sostuvo el ministerio en la respuesta al pedido de acceso. 

Otro punto que no fue informado por el Gobierno es si los documentos comerciales incluyen o no sanciones a las farmacéuticas por no cumplir con los cronogramas de entregas. De acuerdo con las fuentes consultadas que pidieron reserva de identidad, en ninguno de los cinco contratos menciona sanciones de este tipo. 

Según pudo establecer la investigación de “Vigila la Pandemia”, las cláusulas de confidencialidad aceptadas por Argentina incluyen no sólo el acceso a los distintos contratos sino también a la correspondencia oral y escrita entre los funcionarios y las compañías; el contenido de las negociaciones. La información surge de la consulta a fuentes con acceso a información plasmada en los documentos.

Ante la consulta de “Vigila la Pandemia”, tanto AstraZeneca como los representantes de la Sputnik V, así como miembros de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que nuclea a los laboratorios extranjeros, no dieron al cierre de esta nota su versión sobre por qué las compañías plantearon estas cláusulas y si se trata de exigencias usuales en el mercado general de vacunas.

Qué buscan reservar

En el caso de la Sputnik V, las cláusulas también apuntan a mantener bajo secreto información financiera, comercial y técnica sobre las vacunas, así como derechos de propiedad intelectual, información científica, métodos, procesos y planes comerciales que no estén disponibles públicamente, según pudo establecer “Vigila la Pandemia” y elDiarioAR a través de la consulta de fuentes con acceso al contenido de los documentos. 

Los contratos de AstraZeneca y Covishield son similares en las cláusulas: protegen la información tecnológica, algoritmos, diseños, planos y pronósticos. Además de análisis, evaluaciones, investigación, planes de negocios, estrategias, listas de clientes, información comercial y financiera, planes de comercialización y elementos físicos, compuestos y componentes de las vacunas.

Sinopharm impuso un periodo de confidencialidad de 10 años desde la fecha de la firma del convenio, según reconstruyeron las fuentes consultadas. Incluye toda la información oral y escrita proporcionada tanto antes como después de la firma del contrato. 

Acceso oficial pero restringido

El ministerio de Salud sólo remitió los contratos a tres ámbitos del Estado, pero el acceso fue tabicado y exigió un compromiso de reserva. Las copias fueron enviadas a la Auditoría General de la Nación (AGN), cuyo rol es el control de las cuentas del Ejecutivo, y a dos comisiones parlamentarias: la de Salud en Diputados y la del Senado. Así lo informó Salud en su respuesta a esta alianza periodística.

En Diputados, sólo dos legisladores tuvieron real acceso a la documentación completa: el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (Frente de todos), y la vicepresidenta, Carmen Polledo (Junto por el Cambio). “Al ser la única del bloque que tuvo acceso a los contratos, realicé un punteo o resumen para que mis compañeros de la oposición pudieran tener elementos e información para analizarlos”, dijo Polledo ante la consulta. “Aún así, nos falta información y ante la falta de vacunas, la oposición está dispuesta a hacer las modificaciones que se requieran en la ley o tratar una nueva ley de vacunas para que la población pueda acceder a  más dosis y enfrentar la pandemia”, agregó la diputada.

Las 58,9 millones de dosis que se pactaron en los contratos secretos no fueron entregadas ni pagadas en su totalidad, según aclaró la respuesta oficial, sino que son las cantidades comprometidas a entregar. Al menos dos proveedores recibieron millonarios adelantos, pero el Ministerio no respondió ese punto de los contratos. 

Pagos por adelantado

Sólo se conocen, hasta el momento, un adelanto del 60% a AstraZeneca, que no entregó una sola dosis del contrato (tiene plazo hasta fines de junio), según confirmó la ministra Vizzotti en una entrevista en el programa Brotes Verdes. Otro pago adelantado por US$32,1 millones fue destinado a entrar al mecanismo Covax a través de la Fundación GAVI, informó ante el Congreso el subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio, Mauricio Monsalvo. Incluyen el valor de las vacunas por más de US$28 millones y una garantía de alrededor de US$3 millones. Este sistema sólo entregó hasta el momento el 11,2% de ese acuerdo con Argentina. Sin embargo, se estima que todos los contratos incluyen adelantos.

“Cada contrato lleva sus condiciones de pagos en función de lo negociado por el Gobierno. Covax es un caso especial, que sí requiere adelanto de dinero para ingresar al fondo. El resto se negocia en función del proveedor”, explicó la diputada Polledo. 

Nos falta información y ante la falta de vacunas, la oposición está dispuesta a hacer las modificaciones que se requieran en la ley o tratar una nueva ley de vacunas.

Tres reglas para el velo informativo

El secretismo no sólo está garantizado por las cláusulas de los contratos comerciales sino  también por la Ley de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad Adquirida contra el COVID-19 N° 27.573, sancionada en 2020 por el Congreso para posibilitar los acuerdos con los laboratorios y por dos resoluciones del Ministerio, explicó Salud en su respuesta. La normativa habilitó al Ejecutivo a firmar cláusulas sobre indemnidad (indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias contra las farmacéuticas).

La confidencialidad también fue sellada por dos resoluciones del Ministerio. Incluso dentro de la cartera de Salud, el acceso a los trámites de la compra-venta de las vacunas fue restringido, para lo cual la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio, a cargo de Mauricio Monsalvo, dictó la Disposición 475/20 para “garantizar la confidencialidad de los expedientes administrativos”. 

Una segunda resolución, la 1/21, establece “los alcances de la confidencialidad” para todos los acuerdos comerciales. El texto de ambas resoluciones no fue publicado en el Boletín Oficial ni el sitio web del Ministerio, por lo que tampoco es de acceso público.

Una cláusula mundial

Como se ha dado a conocer en Argentina y otros países de América latina y también en Europa, los fabricantes de vacunas diseñadas para ayudar a derrotar la pandemia del coronavirus impusieron cláusulas de confidencialidad en los contratos de compra-venta a los Estados. Los niveles de secretismo de los contratos varían según los países (saber más), pero todos tienen en común el compromiso de los Estados a cerrar el acceso a los escritos firmados por funcionarios públicos con las farmacéuticas.

La Comisión Europea (CE) ha pedido a las capitales de los países que integran la comunidad que respalden las acciones legales contra AstraZeneca por presunto incumplimiento de sus obligaciones contractuales en la Unión Europea (UE), como informó The Guardian en los últimos días.

En la solicitud de acceso a la información, el ministerio de Salud reconoce expresamente que la confidencialidad a favor de los laboratorios “no ha sido, bajo ningún punto de vista, por iniciativa de esta cartera de Estado”, enfatizó Salud, en clara alusión a una imposición de las compañías y proveedores de vacunas. La sede argentina de AstraZeneca no respondió las consultas de elDiarioAR.

¿Por qué el Estado Nacional aceptó la inclusión de estas cláusulas de confidencialidad? Las razones, respondió el ministerio de Vizzotti, “obedecieron a una práctica de mercado internacional impuesta a nivel mundial, sin la cual no hubiese sido posible suscribir dichos contratos para acceder a las vacunas requeridas y, por lo tanto, cumplir con las obligaciones del Estado Nacional para proteger y garantizar la salud de las personas”.

El exministro Ginés González García dijo ante la Comisión de Salud de Diputados el 3 de febrero que el Gobierno rechazó un acuerdo comercial con la farmacéutica Pfizer debido a las condiciones impuestas por la compañía, que hasta el momento no se ha pronunciado puntualmente sobre los dichos del exfuncionario.

Información y derecho a la salud

Sebastián Pilo, codirector de ACIJ, afirmó que “el principio de máxima divulgación y el derecho de acceso a la información pública no deberían ser prenda de negociación en ninguna contratación pública, y mucho menos en una sobre la que se juega la salud y la vida de millones de personas”. 

Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández sostiene que si informara las condiciones impuesta por los laboratorios “implicaría la violación de las cláusulas de confidencialidad” y, como consecuencia, dice el ministerio de Salud, eso llevaría a que las compañías y proveedores extranjeros “interrumpan” la provisión de las vacunas y se perjudique “la celebración de nuevos contratos para futuras adquisiciones”. 

mAbxience ha cumplido y fabricado el principio activo al que nos habíamos comprometido, tanto en tiempo como en cantidad.

“Implicaría un grave retroceso para nuestro país en la lucha contra la pandemia”, agregaron en la cartera de Salud. Dos funcionarias autorizaron la respuesta oficial a la solicitud de información: Sonia Gabriela Tarragona (titular de la Unidad Gabinete de Ministros del Ministerio) y Mariana Giacobbe Goldberg (secretaria de Acceso a la información Pública en el Ministerio).

 Terragona es una de las principales colaboradoras de la ministra Vizzotti. Fue directora general de la Fundación Mundo Sano, entre 2008 y 2015. Mundo Sano fue co-fundada por la científica y empresaria Silvia Gold. El esposo de Gold es el empresario Hugo Sigman, cuyo laboratorio mAbxience produce en Argentina el principio activo (materia prima) de la vacuna de una de las líneas de producción de AstraZeneca: la que luego se envasa en México. Ante las consultas de este medio sobre la previa relación de Tarragona con Gold, voceros del ministerio de Salud no respondieron.

“mAbxience ha cumplido y fabricado el principio activo al que nos habíamos comprometido, tanto en tiempo como en cantidad”, escribió Sigman en su cuenta de Twitter. “Una vez envasado en México (y ahora, de manera provisoria, también en Estados Unidos), este principio activo volverá en forma de vacuna exclusivamente a los países de América Latina”, agregó el empresario.

Información pública pero...

ACIJ y elDiarioAR presentaron en una carta al ministerio los argumentos sobre la importancia de transparentar las condiciones impuestas por las farmacéuticas al Estado Nacional y garantizar así el derecho de los ciudadanos y destinatarios finales de esas vacunas a conocer la información sobre el marco en el que el Estado utiliza fondos públicos para garantizar la salud pública, a qué renuncian las autoridades en pos de ese objetivo y qué condiciones imponen los laboratorios a los gobiernos para garantizar sus objetivos comerciales en medio de una pandemia que azota al mundo. 

La solicitud de acceso a la información pública está garantizada por una ley específica sancionada en 2016 (la Ley 27.275), que reconoce el derecho de cualquier ciudadano a solicitar “toda la información en poder del Estado”.

Dicha ley tiene excepciones, explicadas de manera explícita en el texto de la norma. En la solicitud de acceso a la información pública, elDiarioAR planteó al ministerio de Salud la alternativa de acceder a copia de los contratos con los laboratorios en las que las autoridades pudieran mantener en reserva esos “secretos industriales y comerciales” que pudieran afectar el derecho de competencia de las compañías y que están a su vez amparados como excepciones en la Ley de Acceso a la Información Pública.

En ese marco, sólo se informaron algunos datos de los contratos pero no las imposiciones legales de los laboratorios. La “divulgación de la información efectivamente amenaza causar un perjuicio sustancial”, argumentó Salud. “Se advierte que existen diversos intereses en juego, entre los cuales deben primar aquellos vinculados al derecho a la salud y a la vida”. De entregar copia de esas cláusulas sensibles, “se pondría en grave riesgo la provisión de vacunas”, sostuvo el Ministerio.  

“La implicancia no sólo excede ampliamente los intereses de los proveedores, si no que repercute en los intereses de la Nación toda” y “está dado no sólo por el riesgo de que la contraparte afectada interrumpa la provisión de las vacunas objeto de tales contratos, sino que tal circunstancia podría perjudicar la celebración de nuevos contratos para futuras adquisiciones”, concluyó el organismo. 

* La alianza periodística ‘Vigila la Pandemia’ investiga el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el Covid-19. Esta iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela); y cuenta con la participación de elDiarioAR (Argentina); y el diario La Prensa (Panamá).

ED

Argentina firmó contratos para acceder a 58.924.000 dosis de vacunas contra el Covid-19 y se comprometió a pagar a las farmacéuticas un total de al menos US$478.254.000, según informó el Ministerio de Salud de la Nación. Estas dosis no fueron entregadas ni pagadas en su totalidad, según aclaró la cartera a cargo de Carla Vizzotti tras una solicitud de acceso a la información pública realizada por elDiarioAR y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). 

Según la respuesta oficial, se trata de cantidades comprometidas a entregar por los laboratorios contratados (ver más adelante). La inversión equivale a un promedio de US$10,62 la dosis por habitante (según el Banco Mundial, la Argentina tiene casi 45 millones de habitantes), según el análisis de los datos aportados. El monto total es sólo por las dosis, ya que no se obtuvieron datos sobre posibles costos extra, como garantías y logística.

La información fue solicitada en el marco de un proyecto transnacional que integra elDiarioAR con la alianza “Vigila la pandemia”*, que integran medios de Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, México y Panamá, y liderado por Convoca.pe, y que se lanzará en los próximos días. La alianza periodística se une para investigar el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción durante la crisis sanitaria por el Covid-19 en América Latina. Busca, además, transparentar la información sobre la compra-venta de vacunas que se disputan las naciones. 

Llegó sólo el 15%

De las más de 58,9 millones de dosis que los laboratorios se comprometieron a entregar a Argentina, el país recibió, al 19 de abril, casi 9 millones de dosis, según informó la agencia oficial Télam. Es alrededor del 15% de las dosis contratadas, según el cruce de los datos entregados por Salud. Se esperaba un nuevo cargamento de otro millón de vacunas destinadas a aplicar la segunda dosis a ciudadanos ya vacunados, que llegarían entre hoy domingo y el miércoles 28 de abril y se sumarían a esos 9 millones.

“Argentina está trabajando intensamente en conseguir la mayor cantidad de vacunas lo antes posible y en concretar los contratos que tiene firmados con los proveedores”, dijo entonces la ministra Vizzotti en una conferencia de prensa, el 14 de abril último, ante los cuestionamientos por las demoras en las entregas y el ralentizado ritmo de la vacunación. Ese día, la funcionaria anunció que el sistema de salud estaba en estado “crítico” ante la escasez de camas de terapia intensiva por la segunda ola de contagios que atraviesa el país. 

En marzo, la falta de entrega de las vacunas forzó al Estado a posponer la aplicación de la segunda dosis en la población ya vacunada para poder alcanzar un mayor número de inmunizados. 

En la solicitud de acceso a la información realizada el 19 de marzo por ACIJ y elDiarioAR, el ministerio de Salud ha informado sólo aquellos datos de la adquisición de vacunas que no están alcanzados por las cláusulas de confidencialidad en los contratos con las farmacéuticas: informó el listado de proveedores de vacunas con los que el Estado Nacional ha firmado acuerdos e indicó cantidades contratadas y su precio unitario en dólares. 

Contratos en cuentagotas

El Estado Nacional firmó entre octubre de 2020 y marzo de 2021 cinco acuerdos con los proveedores para obtener un total de 58.924.000 dosis de cuatro tipos distintos de vacunas contra el Covid-19: AstraZeneca (Reino Unido), Sputnik V (Rusia), Sinopharm (China) y Covishield (India), según surge de la respuesta oficial. 

De los cinco proveedores, dos distribuyen la vacuna AstraZeneca. Los contratados son Limited Liability Company Human Vaccine LLC (Sputnik V), AstraZeneca, Fundación GAVI (GAVI Alliance, que distribuyó marca AstraZeneca), Serum Institute of India (Covishield) y Sinopharm International Hong Kong LTD. Los tres contratos más cuantiosos en términos de costos son los de las vacunas Sputnik V (por precio y cantidad), AstraZeneca (por cantidad, aunque aún no entregó ninguna dosis de su contrato directo) y Sinopharm (la vacuna más cara contratada). 

Luego le sigue el contrato con Fundación GAVI (que intercedió para que Argentina recibiera vacunas AstraZeneca, aunque el país pagó por adelantado y hasta el momento sólo recibió el 11,2% de lo que acordó). En quinto lugar, está el acuerdo comercial con Serum Institute de India (el que menos dosis vendió pero el único que entregó el 100% del contrato).

Sputnik V

El proveedor que se comprometió a entregar la mayor cantidad de dosis es Limited Liability Company Human Vaccine LLC, responsable de la entrega de la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de Rusia. El 9 de diciembre de 2020, Argentina firmó un contrato para acceder a 30 millones de dosis, a un precio de US$9,95 cada una (se requieren dos dosis por persona), informó Salud a este medio. Total comprometido: US$298.500.000. 

Hasta el momento, el proveedor entregó entre el 24 de diciembre y el 19 de abril 5.267.745 dosis, poco más del 17,5% de lo comprometido en el total del contrato. Surge del relevamiento de artículos de Télam y comunicados del Ministerio de Salud. El titular del Fondo de Inversión Directa de Rusia, Kirill Dmitriev, dijo a fines de enero en una entrevista de CNBC que las demoras para completar algunas entregas se deben a la alta demanda mundial.

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) anunció la semana última que Laboratorios Richmond Sacif produjo el primer lote de la vacuna Sputnik V en la Argentina, que ya fue enviado al Centro Gamaleya, en Moscú, para que se realice el control de calidad y la empresa pueda comenzar a fabricar las dosis en su planta local. La producción en el país está prevista para junio, según el anuncio del organismo ruso. “La Argentina se ha convertido en el primer país de América Latina en comenzar la producción de la vacuna Sputnik V. RDIF y sus socios han realizado una transferencia de tecnología a los Laboratorios Richmond”, señaló el comunicado de la entidad.

India, China y Covax

La empresa Serum Institute of India PVT LTD se comprometió el 9 de febrero de 2021 a enviar 580.000 dosis de Covishield, la vacuna fabricada en India en alianza con AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Argentina pactó el precio de la unidad en US$4.10 la dosis (se requieren dos dosis por persona). Total del contrato: US$2.378.000, según el cruce de los datos informados por Salud. La compañía entregó el 17 de febrero el 100% de las dosis pactadas, de acuerdo con un comunicado oficial.

La vacuna más costosa es proveída por la compañía Sinopharm International Hong Kong LTD. El 18 de febrero y el 10 de marzo de 2021, se contrató un total de 4 millones de dosis a US$20 la unidad, informó Salud. Total: US$80 millones. Esta vacuna también requiere la aplicación de dos dosis.

Entre febrero y marzo, la fabricante entregó dos millones de dosis al país (el 50% de lo pactado). Entre hoy y 28 de abril, se espera un nuevo cargamento con otro millón de vacunas para la aplicación de la segunda dosis de personas ya vacunadas. 

En septiembre de 2020, Argentina firmó acuerdo con GAVI Alliance, que gestiona el mecanismo Covax (Fondo Global de Acceso a las Vacunas contra la Covid-19, que trabaja junto a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, entre otros organismos internacionales). Así lo reveló France 24, tras acceder a copia del convenio.

En la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Mauricio Monsalvo, informó el 3 de febrero que para acceder a esta alianza Covax y obtener 9.070.000 millones de vacunas (de distintas marcas), Argentina debió pagar por adelantado unos US$32,1 millones (entre costos y la garantía). Fue “el costo para entrar” al programa internacional, dijo el funcionario. 

De aquel convenio general por 9.700.000 vacunas, hasta el momento, Fundación GAVI sólo pudo proveer el 11,2% de ese acuerdo con Argentina (que ya está pago), informó Salud a elDiarioAR. En ese marco, explicó el Ministerio, el 17 de octubre de 2020 firmó un acuerdo puntual para la provisión de 1.944.000 dosis a US$4 cada una. Un total de US$7.776.000 (que deberían descontarse de los US$32,1 millones ya entregados por el país). 

Al 18 de abril, Argentina había recibido, el 52,3% de este primer contrato firmado el 17 de octubre con el mecanismo Covax: 1.017.000 dosis de la marca AstraZeneca, que se entregaron a través de este programa, por fuera del contrato directo de la farmacéutica con el Gobierno. Aún resta que el país acceda a otras 927.000 dosis de este contrato puntual para completar las 1.944.000 vacunas pactadas. Además, quedan otras 7.126.000 vacunas pendientes de entrega por el convenio marco con GAVI Alliance, que ya se pagó.

El convenio Covax es un “compromiso de adquisición” y se realiza con la Fundación GAVI, que dirige el programa internacional. Esta adquiere vacunas a los proveedores internacionales y luego hace acuerdos para distribuirlas en los países de “manera equitativa”, según Covax. El contrato comercial se rubrica luego entre el país y el productor de la vacuna, según explicó Salud en su respuesta. 

El affair AstraZeneca

La farmacéutica AstraZeneca, que desarrolló su vacuna junto a la Universidad de Oxford, obtuvo el segundo contrato más importante con Argentina, firmado el 6 de noviembre de 2020: se pactó la provisión de 22,4 millones de dosis por un total de US$89,6 millones (cada dosis cuesta US$4 y se requieren dos por persona). La compañía no entregó ningún cargamento por este contrato, a pesar de que Argentina le pagó por adelantado el 60% del contrato, como informó elDiarioAR y luego reconoció la ministra Vizzotti en una entrevista con el programa Brotes Verdes, el 20 de abril último.

El fiscal Guillermo Marijuan abrió una investigación orientada a determinar si el Estado Nacional fue perjudicado ante el incumplimiento del contrato con la farmacéutica, informó una fuente con acceso directo a la investigación. Este viernes, el juez del caso, Julián Ercolini, ordenó a AstraZeneca SA (representación local del laboratorio) y al Ministerio de Salud que entreguen copia del contrato comercial y de los recibos de pagos realizados, confirmaron tres fuentes de la investigación. elDiarioAR se comunicó con la compañía para conocer su versión de los hechos y las razones de las demoras en la entrega de vacunas, pero al cierre de esta edición no había recibido respuesta.

El contrato formal es con la compañía AstraZeneca UK, Ltd, con sede central en Londres, según informó Salud a elDiarioAR y ACIJ. El 5 de marzo se firmó también un contrato con AstraZeneca AB, con sede central en Suecia. El ministerio de Salud no aclaró las diferencias entre estas dos compañías, que pertenecen a la misma farmacéutica, y si ambos contratos son parte del mismo acuerdo con AstraZeneca. 

Vizzotti explicó en dicha entrevista que la farmacéutica está a tiempo de cumplir con su contrato porque el acuerdo era entregar las vacunas durante el primer semestre de 2021 y que espera que lleguen pronto, incluso antes de que estén disponibles las dosis de la Sputnik V fabricadas en Argentina. La vacuna de AstraZeneca contratada por Argentina contiene un principio activo (materia prima) fabricado en el país por mAbxience, del empresario Hugo Sigman, pero se envasa en México. 

“mAbxience ha cumplido y fabricado el principio activo al que nos habíamos comprometido, tanto en tiempo como en cantidad”, escribió Sigman en su cuenta de Twitter. “Una vez envasado en México (y ahora, de manera provisoria, también en Estados Unidos), este principio activo volverá en forma de vacuna exclusivamente a los países de América Latina”, agregó el empresario.

El gráfico “Contratos informados por Salud” se actualizó el 25 de abril a las 23:29.

*La alianza “Vigila la pandemia” es liderada por Convoca.pe e integrada por Runrunes y El Pitazo (Venezuela), Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador), Consejo de Redacción (Colombia), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI, México) y la participación de elDiarioAR (Argentina) y La Prensa (Panamá).

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