Aunque es un debate que planea desde hace tiempo, y especialmente a raíz de la invasión rusa de Ucrania en 2022, la Unión Europea se ha puesto ahora en 'modo guerra'. Sin haber cumplido los primeros 100 días de mandato, la Comisión Europea de Ursula von der Leyen presentó un 'plan de rearme' con el que pretende impulsar el gasto en defensa para que los Estados miembros lo disparen en 800.000 millones de euros. Se trata de una cifra estimada y ni siquiera se han aprobado todavía los mecanismos para llevarlo a cabo. Estas son algunas claves para que sepas de qué se habla cuando se habla del 'plan de rearme' que tanto revuelo está causando.

Cuánto dinero

Von der Leyen cifró en 800.000 millones de euros el dinero que pretende que los Estados miembros movilicen para el rearme de Europa. El grueso de esa cantidad (650.000 millones) se estima de la flexibilidad en las reglas fiscales para que los gastos extraordinarios enmarcados en la seguridad y la defensa no computen a la hora de evaluar el déficit y la deuda. Eso no significa que no vayan a existir, sino que Bruselas no tendrá en cuenta lo que se haya destinado a esas partidas en el momento de fiscalizar las finanzas de los Estados miembros, que se enfrentan a sanciones si superan el 3% del déficit y el 60% de la deuda respecto al PIB, según las normas de la ortodoxia fiscal.

De dónde sale

La Comisión Europea extrae esos 650.000 millones de euros de presuponer que los Estados miembros utilizarán esa herramienta para engrosar de media el gasto en defensa en un 1,5% del PIB en cuatro años, que son los que se dará oxígeno a la disciplina fiscal. El número redondo sería, en realidad, 1.000.000 millones, pero en Bruselas asumen que no se alcanzará el objetivo porque no se disparará el gasto desde el primer momento.

En el caso de España la cifra oscilaría los 24.000 millones de euros al año. El presidente Pedro Sánchez dijo en el Congreso que durante su mandato se ha incrementado en 10.000 millones. O sea, que España tendría que incrementar cada año el doble de lo que ha supuesto la subida del gasto militar desde 2018.

Los 150.000 millones de euros restantes formarán parte de una herramienta con la que la Comisión Europea acudirá a los mercados de deuda. No obstante, el dinero se trasladará a los Estados miembros en forma de créditos, es decir, no a fondo perdido sino que tendrán que devolver el dinero que perciban. No hay una distribución planificada de los préstamos, sino que se financiarán compras conjuntas en las que participen al menos dos Estados miembros o un Estado miembro y Ucrania, que será integrada en la industria de defensa europea.

En qué se gastará

Los préstamos de la Comisión Europea, que se articulan en una iniciativa legislativa bautizada como SAFE, irán a parar las carencias estratégicas que ha detectado en la defensa europea. Así, se concederán para la adquisición o proyectos de sistemas de artillería, defensa aérea y balística, misiles y munición, drones y antidrones, tecnología espacial, movilidad militar, ciberseguridad e inteligencia artificial, entre otras categorías.

Dónde se podrá gastar

En la Comisión Europea son conscientes de que no pueden obligar a los estados miembros a impulsar el gasto en defensa haciendo uso de las herramientas que pone a su disposición y mucho menos a que lo hagan en determinados países con el dinero que sale, al fin y al cabo, de los presupuestos nacionales. Pero sí ha impuesto algunas condiciones 'Made in Europe' para la concesión de los préstamos de la herramienta SAFE.

El reglamento establece que “la infraestructura, plantas, activos y recursos” de las compañías beneficiarias de esas compras conjuntas “deben estar ubicadas en el territorio de un Estado miembro, un estado de la Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) o en Ucrania”.

Un 65% componentes 'made in Europe'

“El coste de los componentes originarios de la Unión, de los estados EEE-AELC o de Ucrania no podrá ser inferior al 65% del coste estimado del producto final. Ningún componente procederá de un tercer país que contravenga los intereses de seguridad y defensa de la Unión o de sus Estados miembros”, recoge el documento.

¿Está ya en vigor?

En resumen, el paquete 'Preparación 2030' engloba el Libro Blanco de la Defensa europea que pretende ser una hoja de ruta para el sector de la defensa en el continente con el objetivo de “haber rearmado y desarrollado las capacidades para tener una disuasión creíble” en un horizonte de cinco años. Se trata de una comunicación de la Comisión Europea que establece un marco para ese periodo.

Dentro de ese paquete está el 'plan de rearme', que son los instrumentos financieros para alcanzar los objetivos respecto al incremento del gasto militar. La Comisión Europea ha puesto ya sobre la mesa la regulación SAFE para los préstamos por valor de 150.000 millones de euros, pero tendrá que recibir el visto bueno del Consejo de la UE, donde están representados los gobiernos de los 27. Sin embargo, Von der Leyen se saltará al Parlamento Europeo gracias al artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la UE que se lo permite en casos de excepcionalidad. Los grupos que forman la coalición europea se han quejado de esa decisión. Tampoco está estimado el reparto de esos fondos dado que dependerá de los proyectos que se presenten.

En el caso de las reglas fiscales, la flexibilización será cosa de la negociación de la Comisión Europea con los Estados miembros y tendrá que recibir el visto bueno del Consejo de la UE. Bruselas ha apremiado a países a solicitar la denominada cláusula de escape en abril para tenerla aprobada en el mes de julio.

Las otras patas del 'plan de rearme' de la UE, que pasan por los cambios en el Banco Europeo de Inversiones para ampliar el alcance de su financiación a la industria militar, el desvío de fondos de cohesión no ejecutados a esas partidas o la movilización de capital privado a través del impulso a la Unión del Mercado de Capitales, no están cuantificadas y tampoco se han acometido todavía.

Las grietas en la UE

La retórica del 'plan de rearme' no ha gustado a algunos líderes, como Pedro Sánchez o la ultraderechista italiana Giorgia Meloni, en buena medida por el revuelo dentro de sus coaliciones de gobierno ante la exigencia europea de aumentar el gasto militar. Pero, más allá de la dialéctica, la 'economía de guerra' se está imponiendo en la UE y los distintos niveles de financiación han abierto grietas entre los países del este, que sufren más directamente la amenaza de Rusia, y los del sur, que tienen menos gasto militar porque alegan que encaran otro tipo de desafíos, como la protección de las fronteras.

Ahí va a haber una discusión dado que los nórdicos y países del este quieren que el cómputo sea limitado a lo militar mientras que otros líderes del sur pugnan por abrir el abanico a la preparación contra emergencias climáticas o la ciberseguridad.

Otro de los debates profundos tiene que ver con la emisión de deuda conjunta para financiar la defensa. Lo que defienden países como España es que si se considera un bien común europeo se financie con fondos europeos en forma de transferencia o ayudas directas, es decir, que no se tengan que devolver. A esa tesis se han sumado países del este, como Finlandia o los Bálticos, que normalmente se sitúan con los 'halcones' en ese tipo de iniciativas, pero ven con buenos ojos que se abra esa puerta para financiar el gasto militar. Más allá del reparto de ese hipotético dinero -que los países del este reclamaron para sí al igual que durante la pandemia los estados más afectados recibieron más-, la propuesta choca con el 'no' rotundo de Alemania y Países Bajos.

La pelea seguirá en la negociación del Marco Financiero Plurianual (2028-2034), que es el presupuesto europeo para ese periodo y recogerá el incremento de las partidas de defensa, pero el dinero no es infinito y la batalla se prevé ardua.

¿Habrá recortes sociales por el incremento del gasto militar?

Una de las principales advertencias de las fuerzas antimilitaristas es que el rearme va a tener consecuencias en forma de recortes sociales. Pedro Sánchez ha reiterado que el aumento del gasto en defensa no supondrá una merma en el estado de bienestar. Sin embargo, esa ha sido una de las repercusiones en Reino Unido, que ha subido el gasto en defensa y reducido ayudas sociales.

El plan de la Comisión Europea está previsto para los próximos años, pero la intención es que el nivel de gasto se mantenga posteriormente. Así, la flexibilización de la disciplina fiscal tiene un límite temporal: cuatro años. A partir de ahí, mantener el incremento en defensa conllevará recortes o nuevos impuestos. “Con el tiempo tendrá que ser acomodado en los presupuestos nacionales. Por lo tanto, ya sea subiendo los impuestos o reduciendo el gasto, no hay forma de evitarlo”, admiten fuentes comunitarias.

Y la OTAN, ¿qué?

La UE ha dejado durante décadas su seguridad en manos de EE.UU. y supeditada a la estrategia de la OTAN, de la que forman parte 23 de los 27 estados miembros (a excepción de Austria, Irlanda, Malta y Chipre por neutralidad o razones históricas). Ahora el marco de defensa establecido por Von der Leyen también reconoce que la organización atlantista “sigue siendo la piedra angular de la defensa colectiva de sus miembros en Europa”, aunque Trump ha dejado claro a sus socios europeos que pretende centrarse en la amenaza que supone China en el Indopacífico y desconectarse del Viejo Continente.

Así que el incremento del gasto en defensa impulsado por la Comisión Europea, aunque tendrán que asumirlo en su mayoría los estados miembros, tiene que ver con la necesidad de Europa de ganar autonomía, pero también con dar cumplimiento a los objetivos de la OTAN, que impuso un umbral del 2% del PIB al gasto en defensa. Los miembros europeos en conjunto rozan esa cifra, pero el gasto es dispar desde Polonia que se encuentra en el 4,7% y España, que es uno de los países a la cola, con un 1,3%.

En todo caso, el compromiso del 2% ya se ha quedado viejo y, en plena tensión geopolítica, la OTAN incrementará ese umbral en la cumbre que celebrará en La Haya en junio. Aunque aún es una incógnita, Trump ha apuntado a un 5% y en Bruselas se da por hecho, como mínimo, el 3%.

La motosierra que Javier Milei flameaba en su campaña a la presidencia con la promesa de que esta vez el ajuste iba a pagarlo la política cortó casi todos los gastos, incluidas las jubilaciones y las universidades, pero también libros escolares, medicamentos para pacientes oncológicos, alimentos para comedores y mantenimiento de los trenes. Pero el ajuste en el presupuesto 2024 no llegó a todos los rubros: incluso algunos aumentaron el gasto en términos reales (ajustados por inflación) en relación con 2023. Todo un dato para tener cuenta cuando esta noche el presidente presente en un nuevo show nocturno esta vez en el Congreso, sin opositores, el presupuesto 2025. No es normal que los jefes de Estado vayan a defender la ley de ingresos y gastos los 15 de septiembre, cuando sólo es obligatorio dejarlo en mesa de entradas, para que después los ministros y secretarios sí vayan a explicarlo. Pero en esta oportunidad Milei quiere hacer bandera de una de sus dos obsesiones: el déficit fiscal cero. La otra es bajar la inflación, aunque está lejos de cero, por encima del 4% mensual desde hace cuatro meses.

En los primeros ocho meses de 2024, el gasto de la administración pública nacional cayó 30%, pero el de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) subió 245%, hasta $102.000 millones (y eso que el decreto de necesidad y urgencia, DNU, que lo elevó en $100.000 millones y que ahora fue vetado por el Legislativo es de fines de julio), según advierte un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Este think tank del que participan Hernán Letcher, la diputada kirchnerista Julia Strada y Juan Pablo Costa advierte además que se incrementaron 31% las erogaciones del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, hasta $14.410 millones. Es decir, no hay motosierra para los espías, que supuestamente vienen a prevenir eventuales atentados o combatir al narco, aunque se sospeche que también se financia así a los trolls libertarios dentro de la secretaría que dirige Sergio Neiffert, el elegido del asesor Santiago Caputo. Tampoco hay tijeretazo para la conducción militar, bajo el área del ministro de Defensa, el radical libertario Luis Petri.

A modo de contener la crisis social que ya venía de antes pero se agravó con la receta de ajuste, el Gobierno elevó lo destinado a la asignación universal por hijo (AUH) un 23,2%, hasta $1,94 billones, según apunta la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que dirige Gabriel Esterelles.

Este organismo también señala que las jubilaciones superiores a la mínima subieron 9,8%; el seguro de desempleo, 107,5% (hasta $140.000 millones); el Programa de los 1.000 Días, que contempla asistencia dineraria y sanitaria de la madre y el bebé en los primeros 3 años de vida, 110% (a $80.000 millones) y los nuevos vouchers educativos para alumnos de colegios privados, que llegaron a $50.000 millones. Estas ayudas dependen de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Otra función que aumentó su partida ejecutada fue la seguros y finanzas, según el CEPA. Está a cargo de la Secretaría de Finanzas, que conduce Pablo Quirno, dependiente del Ministerio de Economía, y que incluye la administración de la política de endeudamiento (pero no los pagos de deuda) y la de seguros. Creció 30%, hasta los $51.843 millones. Zafó de la motosierra el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que encabeza Diana Mondino pese a las críticas internas libertarias: su gasto se mantuvo en líneas generales al elevarse apenas 0,3%, todo un logro entre tanto ajuste, hasta $287.954 millones, aunque en buena parte es porque creció 71% el giro necesario para cumplir con la membresía en organismos internacionales ($71.951 millones).

Pese a que Milei en campaña se manifestaba a favor de la venta de órganos, como presidente permitió el gasto del instituto a cargo de las donaciones, Incucai, creciera 28,5%. También se incrementa lo destinado al calendario de vacunas, un 27,1%, a $120.000 millones, y lo vinculado a medicamentos, insumos y tecnología médica del Ministerio de Salud, un 16,9%, a $50.000 millones, según la OPC. El CEPA agrega que sube los gastos de formación de recursos humanos sanitarios, un 19%, a $7.924 millones, y la prevención de enfermedades transmisibles, un 10%, a $117.369 millones.

En los primeros siete meses del año, también habían subido 4% las prestaciones del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI), según apunta Alfredo García, asesor del diputado Carlos Heller, de Unión por la Patria (UP). Por fuera de Salud, a cargo del ministro Mario Russo, el Gobierno elevó sus transferencias al Correo, que preside Camilo Baldini, un 16,6%, a $180.000 millones, y a la Casa de la Moneda, que encabeza Daniel Méndez, el 100%, a $20.000 millones, según la OPC, cuyo director de análisis presupuestario es Ignacio Lohlé, secundado por María Laura Cafarelli, María Pía Brugiafreddo, Romina Muras, Julieta Olivieri y Walter Rabbia.

El CEPA identifica otros programas en los que se elevaron los gastos: las actividades centrales del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, un 129%, hasta $24.845 millones; las operaciones de seguridad interior de la Prefectura Naval, dependiente de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, un 123%, hasta $12.833 millones; actividades comunes de los programas de Jefatura de Gabinete a cargo de Guillermo Francos referidos a la digitalización, las tecnologías y las contrataciones, un 49%, a $4.623 millones; la formación del Servicio Penitenciario, otra área dependiente Bullrich; un 35%, a $4.738 millones; el afianzamiento judicial dentro del Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona, un 28%, a $8.250 millones; a las actividades centrales de la Secretaría de Hacienda, que también depende de Luis Caputo, un 21%, a $3.914 millones; a las de Jefatura de Gabinete, un 15%, a $17.874 millones; y a las del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que sigue dirigiendo Marco Lavagna desde hace cinco años, un 11%, a $10.818 millones.

Otro diputado de UP, el economista Itai Hagman, también enumeró los programas cuyos presupuestos previstos para todo 2024 se ampliaron respecto de lo ejecutado en 2023 y detectó algunos no mencionados hasta aquí: Acciones para Potenciar Tecnologías del Estado, de la Jefatura de Gabinete, el 1.325%, a $409 millones; las actividades centrales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), un 181%, a $44.612 millones; Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energia, 127%, a $7.079 millones; Promocion del Comercio y Producción de Semillas, 51%, a $18.352 millones; Suministros y Tecnología del Ciclo de Combustible Nuclear, 44%, a $20.288 millones; y Control y Fiscalización de Servicios de Tecnologías de la Información del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), 31%, a $8.752 millones.

Además, Coordinación Institucional del Ministerio de Seguridad, un 30%, a $51.282 millones; las actividades centrales del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), un 23%, a $40.219 millones; Coordinación del Plan Nacional de Medicina de la Comisión Nacional de Energía Atómica, un 23%, a $816 millones; Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico, un 16%, a $15.999 millones; Defensa de la Libre Competencia, un 16%, a $3.097 millones; Conducción del Poder Ejecutivo, a cargo de la Secretaría General de la Presidencia, es decir, de Karina Milei, un 13%, a $68.036 millones; Control y Fiscalización de la Oferta Publica de la Comisión Nacional de Valores (CNV), un 12%, a $14.974 millones; y actividades centrales del Enacom, un 11%, a $29.368 millones.

Pero tengamos en cuenta que estos son presupuestos que después pueden ejecutarse y que al menos en dos tercios del año por ahora no se han erogado como se preveía.

AR/JJD

La Argentina firmó con la República Checa un memorando de entendimiento para intensificar sus relaciones comerciales y de cooperación militar. En Praga, la ministra de Defensa checa, Jana Cernochova, y su homólogo argentino, Luis Petri, rubricaron el acuerdo, que tiene como objetivo principal la profundización de la cooperación en la industria de defensa.

El gobierno de Javier Milei tiene interés, entre otros asuntos, en el suministro de armas cortas, municiones y equipos terrestres en el proceso de modernización de sus fuerzas armadas. “Me alegra que se estén fortaleciendo los contactos entre nuestros ministerios. La Argentina es para nosotros un socio prometedor al que podemos ofrecer productos de calidad de nuestra industria de defensa”, dijo Cernochova tras la firma del documento.

La ministra conservadora destacó además el interés de la Argentina en fortalecer la cooperación con la OTAN y la Unión Europea (UE). Cernochova elogió hoy la visión compartida de Argentina y su país sobre los actuales desafíos de seguridad mundial, especialmente la guerra en Ucrania y la lucha de Israel contra el grupo terrorista palestino Hamás.

Milei hablará y recibirá otro premio

Milei ya se reunió hoy en Praga con el primer ministro, Petr Fiala, y por la noche tiene previsto un encuentro con el presidente checo, el general retirado Petr Pavel, además de recibir un premio del Instituto Liberal de la capital checa.

Con motivo de este galardón, el Instituto Liberal y la Universidad Anglo-Americana de Praga organizan una conferencia en la que Milei pronunciará un discurso.

Será el cuarto galardón de su actual gira por Europa: ya fue galardonado con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, entregada por Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, del del Partido Popular (PP), afín a La Libertad Avanza igual que el ultraconservador Vox; y el Premio Juan de Mariana 2024 en el Real Casino de Madrid, otorgado por el instituto homónimo, un think tank liberal.

En Hamburgo, Alemania, además, fue premiado por la Sociedad Hayek, por el economista Friedrich Hayek, exponente de la Escuela Austríaca de Economía, venerada por Milei.

JJD, con información de EFE

A todos los jubilados les está yendo mal este año con Javier Milei. El salto inflacionario inicial de su Gobierno profundizó el deterioro que ya venía ocurriendo en las dos gestiones anteriores, en la de Mauricio Macri, sobre todo, y en la de Alberto Fernández. Pero a los militares retirados no les va tan mal como a los demás. Y no se trata de que Milei, negacionista de la cifra de los 30.000 desaparecidos, y su vicepresidenta Victoria Villarruel, hija de un uniformado y sobrina de otro acusado de crímenes de lesa humanidad, privilegien de forma especial a los jubilados de las Fuerzas Armadas. Ya ocurría en la administración anterior. Los haberes de los militares retirados se actualizan tan rápido y tanto como los de los que están en actividad, que a su vez reciben el mismo aumento que los demás empleados estatales.

En cambio, hasta marzo pasado, los demás jubilados recibían incrementos trimestrales ajustados por la inflación de un trimestre anterior. En marzo fue por el índice de precios al consumidor, IPC, de octubre a diciembre, y desde abril se actualizan por el índice de dos meses antes –empezando por febrero–, con un retroactivo que tomó en cuenta sólo la mitad del salto del 20% de enero.

Tampoco es que los empleados públicos en general ni los militares activos y retirados en particular hayan recibido mucho aumento, sólo 201% de junio de 2023 a mayo de 2024, frente a 276% de inflación. Pero sus alzas llegan con menos rezago que como los percibía el resto de los jubilados. Es así que el gasto de las cajas jubilatorias militares cayó en los primeros cinco meses del año 9,9% en términos reales (ajustados por inflación), mientras que el total de las prestaciones de la Seguridad Social se ajustó un 27,2% en el mismo período, según datos oficiales relevados por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).

Las erogaciones del régimen de reparto, en el que está la mayoría de los jubilados que cumplió con sus años de aportes, se contrajo 31%. La partida de los que perciben el haber por las moratorias previsionales, el 27%. Los bonos compensatorios, que comenzó a dar el anterior gobierno hacia fin de año y que el nuevo continuó, subieron 20,3%, pero no fueron suficientes porque representan en total un cuarto del haber promedio del sistema de reparto y menos de la mitad del ingreso medio de los de las moratorias.

El gasto de las jubilaciones medias y altas que recibieron la reparación histórica con Macri cayó aún más, el 40,9%. El de las excajas provinciales, 37,2%; el de las pensiones no contributivas, el 36,8%; el de la pensión universal de adulto mayor (PUAM, que equivale al 80% de la jubilación mínima y la creó Cambiemos, en lugar de hacer moratorias, como los gobiernos peronistas), el 50,%, es decir, cayó a la mitad; el de las pensiones para excombatientes de la guerra de Malvinas –en la que participó el padre de Villarruel– el 35,4%; y el de las pensiones por invalidez, el 46,2%. En cambio, la caja de la Policía Federal Argentina gastó 18,1% menos; la del Consejo de la Magistratura, el 22,5% y la de Parques Nacionales, el 30,9%.

Pero no se puede decir que este Gobierno, que ha impuesto un giro en la política de memoria, verdad y justicia sobre la última dictadura, esté privilegiando de manera intencional a los jubilados militares para que sufran menos que los demás, para que pierdan sólo un décimo de su dinero, en lugar de un casi un tercio. El motivo de la diferencia radica en el modo de actualización de haberse. Por eso, el año pasado, en los primeros 11 meses, bajo la administración del Frente de Todos, con su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gasto en cajas militares subió 12,2%, mientras que las prestaciones totales de la Seguridad Social bajaron 9% en términos reales, según los datos oficiales relevados por la ASAP.

En el periodo enero-noviembre de 2023, la partida del régimen de reparto se contrajo 7,9%; la de la reparación histórica, 22,4%; la de la moratoria, el 12,3%; la de las excajas provinciales, el 1,5%; la de las pensiones no contributivas, el 19,6%; la de la PUAM, el 7,3%; la de las pensiones de veteranos de Malvinas, el 2,2%; la de pensiones por invalidez, el 15,8%; y la de la Magistratura, el 13,2%. Por el contrario, las erogaciones de la caja de la Federal subió 4% y la de Parques Nacionales, apenas el 0,5%.

AR/MG

La Justicia federal investiga un escándalo de importantes proporciones en el Ministerio de Defensa, tras ser denunciados militares vinculados a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) presuntamente por usar en forma personal fondos destinados a viáticos y desviar a beneficio propio dinero de racionamiento que tiene como fin proveer de alimentación a civiles y miembros de las Fuerzas.

Según consigna la agencia Noticias Argentinas, la presentación penal, que quedó a cargo del Juzgado Federal número 2 de Sebastián Ramos, incluye también posibles acusaciones por espionaje ilegal contra empresas argentinas y bolivianas que explotan litio, con el objetivo de favorecer a firmas alemanas que mediante presuntos métodos extorsivos puedan quedarse con el negocio del valioso mineral y ejercer un monopolio en el norte del país y en la nación del altiplano.

La causa, generada tras una denuncia que envió un anónimo a la Justicia, está caratulada como presunta “defraudación pública al Estado”, “malversación de fondos públicos”, “abuso de poder” e “inteligencia clandestina”.

Las iniciales del primero de los denunciados son F.J.M, quien fue designado director de la DNIEM durante la gestión de Alberto Fernández y ahora tiene un cargo menor.

Los otros posibles involucrados son el exdirector de Inteligencia Nacional Carlos Molina y el actual director de la DNIEM, Marco Alberto Constenla.

Todos estos miembros forman parte de esa dirección dependiente del Ministerio de Defensa que encabeza Luis Petri, quien de acuerdo a las fuentes castrenses consultadas por NA, no estaría al tanto de estas presuntas irregularidades.

De acuerdo a la presentación, estos militares “habrían comenzado desde el Gobierno anterior presuntamente a apropiarse de fondos públicos y reservados de la DNIEM continuando con este accionar en la gestión actual”.

“El mecanismo de fraude consistiría en realizar pedidos de viáticos de fondos públicos para ser utilizados por M. para su uso personal, entre otros, vacaciones familiares junto a su esposa, cuyas iniciales son R.S.C e hijos menores de edad”, se indicó.

C.“habría ingresado como miembro de planta permanente en la DNIEM, pero jamás habría concurrido a cumplir funciones laborales ni se le habría asignado tarea alguna a realizar desde su domicilio”.

En uno de los pedidos, M. solicitó $139.140 por costos de desplazamiento y viáticos por $27.828 cada día para un viaje a la ciudad chubutense de Esquel junto a su esposa en una misión oficial que iba del 21 al 25 de agosto de 2023.

Sin embargo, en fotos subidas a redes sociales, el denunciado se mostraba junto a su pareja y a sus dos hijos menores de edad disfrutando del paisaje y realizando actividades en grupo, en lo que finalmente eran vacaciones familiares.

Por otra parte, otra de las denuncias presentadas radica “en un mecanismo que se complementaría con la creación de contratos de personal que directamente no existiría y de la tercerización de servicios que tampoco existirían, lo que permitiría el cobro de dichos fondos y su utilización con fines particulares”.

Además, los presuntos acusados estarían “reteniendo el dinero destinado al pago de racionamiento (haberes que conforman la cuota de alimentos para el personal) desviándolo a cuentas para su uso particular”.

En la denuncia penal, se cita como ejemplo una nota de autorización de retiros de fondos de febrero de 2024 firmada por M., por la suma de $13.365.083,22, la cual una empleada sacó del Banco Nación.

Esa cifra tenía que ser para pagar el racionamiento de los efectivos y del personal civil correspondiente a julio, agosto, septiembre y octubre de 2023, pero no se hizo.

En la presentación judicial se sospecha que los denunciados “formarían parte de una presunta organización dentro de un organismo de inteligencia, destinada a defraudar a la Administración Pública Nacional”.

Presunta inteligencia ilegal sobre empresas de litio

Esa denuncia no es la única que arrastran M. y Constela, ya que fueron acusados presuntamente de autorizar operaciones de inteligencia por parte de empresas privadas alemanas en territorio argentino y boliviano.

En ese sentido, “M. dirigiría una facción conformada por personal de la Armada Argentina, encabezada por el contraalmirante Core, quien es el padrino del hijo menor de M., aportando apoyo externo a la operación con un grupo de la Armada Argentina”.

Asimismo, el presunto acusado “opera estos temas con el coronel mayor Gabriel Pietronave y las reuniones se dan los viernes por la tarde para el intercambio de información de inteligencia que le brindan al personal militar de la Embajada teutona (escuchas, seguimientos y otros), percibiendo a cambio el presunto el pago de 250 mil euros”.

El enlace sería un miembro militar de la sede diplomática germana en la Argentina identificado como capitán de fragata Peter Chistian Semrau y el fin sería conseguir información que permita a las empresas extranjeras de capital privado adquirir compañías nacionales y monopolizar el mercado del litio, un negocio más que rentable por los próximos 10 ó 15 años, aproximadamente.

La Justicia debe investigar y determinar si el pedido es directo del Gobierno alemán o es un trabajo encomendado por una empresa privada de ese país a este militar.

La tarea de los denunciados consistiría “en hallar alguna situación o hecho que puedan complicar a los dueños de las firmas argentinas y bolivianas y así extorsionarlos con el objetivo de que les vendan las empresas a los alemanes y así quedarse con toda la explotación del litio en el norte argentino y en Bolivia”.

La denuncia ya la tiene la Justicia.

Con información de NA.

IG

El gasto militar mundial acaba de registrar su mayor incremento anual en una década, alcanzando la cifra récord de 2,44 billones de dólares. Según un informe del centro de estudios del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, el aumento de 6,8% registrado entre 2022 y 2023 es el más elevado desde 2009. La cifra del gasto militar total representa a su vez un máximo histórico en los 60 años que lleva funcionando este centro de estudios (conocido como Sipri, por sus siglas en inglés).

Por primera vez en los informes del Sipri, los analistas observan que el gasto militar aumentó en las cinco regiones geográficas: África, Europa, Oriente Medio, América, Asia y Oceanía.

Según Nan Tian, investigador principal del Sipri en el programa de gasto militar y producción de armamento, “el aumento sin precedentes en el gasto militar es una respuesta directa al deterioro de la paz y la seguridad en todo el mundo”. “Los países están priorizando la fuerza militar, pero en un panorama geopolítico y de seguridad cada vez más volátil, se arriesgan a una espiral de acción y reacción”, señala Tian en referencia a la posibilidad creciente de un conflicto que comience de manera accidental.

China y Estados Unidos, a la cabeza

Estados Unidos y China son los dos países que más invirtieron en defensa, con un 37% y un 12% respectivamente del gasto a nivel mundial. Tras incrementos anuales de un 2,3% (EEUU) y de un 6% (China), la suma de los dos representa aproximadamente la mitad del gasto militar mundial.

Con Washington tratando de mantenerse a la vanguardia en los avances tecnológicos, el Gobierno estadounidense destinó en 2023 un 9,4% más que en 2022 a “investigación, desarrollo, pruebas y evaluaciones”. EEUU lleva modificando sus estrategias de contrainsurgencia y guerra asimétrica desde que en 2014 Rusia invadió Crimea y la región oriental del Donbás, en Ucrania. Según el informe del Sipri, EEUU se está centrando desde entonces en el “desarrollo de nuevos sistemas de armamento que puedan emplearse en conflictos posibles con rivales de capacidad militar avanzada”.

Aunque parece poco en comparación con el de Estados Unidos, el gasto militar de China es el segundo mayor del mundo. En 2023, aumentó un 6% con relación a 2022, llegando a un total de 296.000 millones de dólares. China incrementó sin cesar el gasto militar durante los últimos 29 años, siendo la década de los noventa y los años transcurridos entre 2003 y 2014 los períodos de mayor crecimiento. Según el análisis del Sipri, la variación porcentual de un sólo dígito registrada en 2023 tiene mucho que ver con los más modestos resultados económicos que China obtuvo en los últimos tiempos.

Rusia, en el cuarto puesto, y Reino Unido, el primero de Europa

Por detrás de China vienen, en este orden, Rusia, la India, Arabia Saudí y Reino Unido –este último, con un aumento interanual del 7,9% es el país que más gasta en defensa de toda Europa central y occidental–.

Tras un año de guerra total con Ucrania, el gasto militar del Kremlin fue en 2023 un 24% mayor que en 2022 y un 57% mayor que en 2014, cuando Rusia invadió Crimea. El gasto en defensa ruso representó en 2023 el 5,9% de su PIB y el 16% del presupuesto total del Estado, los porcentajes más altos desde la desaparición de la Unión Soviética en los años 90 del siglo XX.

En medio de las tensiones crecientes con China y con Pakistán, el gasto de defensa en la India aumentó 4,2% en 2023 respecto a 2022 y un 44% con relación a 2014, con incrementos en los gastos operativos y de personal. India está avanzando hacia la autosuficiencia en el desarrollo y producción de armas. Según los analistas del Sipri, el 75% del desembolso de capital del país se destinó a equipos de producción nacional, la proporción más alta de su historia.

Arabia Saudí aumentó su gasto militar un 4,3% hasta los 75.800 millones de dólares, una cantidad que representa el 7,1% del PIB del país petrolero. Se dice que pudo financiarlo gracias a la subida en los precios del petróleo tras la invasión rusa de Ucrania y al aumento en la demanda de petróleo que no fuera ruso.

En Oriente Medio el gasto militar aumentó un 9%, hasta una cifra estimada de 200.000 millones de dólares, lo que convierte a la región en la primera por gasto militar en proporción a su PIB, con un porcentaje del 4,2%. La siguen en importancia relativa Europa (2,8% del PIB), África (1,9% del PIB), Asia y Oceanía (1,7% del PIB), y América (1,2% del PIB).

Israel aumenta un 24% su inversión en defensa

El primer país en gasto militar de la región es Arabia Saudí, seguido por Israel y, en tercer lugar, Turquía. Impulsado principalmente por la ofensiva en Gaza, Israel aumentó el gasto un 24% hasta los 27.500 millones de dólares.

Irán fue el cuarto país de Oriente Medio por su gasto en defensa, con un leve aumento de 0,6% hasta los 10.300 millones de dólares. Según el Sipri, la proporción de gasto militar iraní que se destina al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica está en aumento, al menos desde 2019.

En 2023 Ucrania ocupó la octava posición mundial por su gasto militar, con un incremento anual del 51% hasta los 64.800 millones de dólares, lo que representa un 59% del gasto militar ruso ese año. Entre 2014 y 2023 el gasto militar de Kiev ha registrado un incremento de 1.270% (las ayudas militares recibidas por Ucrania de más de 30 países también se incluyen en las cifras del Sipri).

El Ejército de República Democrática del Congo, el que más creció en 2023

El país que registró un incremento mayor de gasto militar en 2023 fue la República Democrática del Congo, con una variación porcentual de 105%. El país mantiene un prolongado conflicto con grupos armados no estatales, principalmente en la región oriental. El segundo mayor incremento mundial en gasto militar fue para Sudán del Sur, con una variación porcentual del 78%.

En América Central y en el Caribe, el despliegue de las fuerzas armadas para combatir a las bandas criminales organizadas es uno de los factores que explican el incremento de gasto militar en 2023, con una variación de 54% sobre las cifras de 2014.

En la República Dominicana aumentó un 14% por el empeoramiento de la violencia desatada por las bandas criminales en la vecina República de Haití. El gasto en México alcanzó los 11.800 millones de dólares, ligeramente menos que en 2022 pero un 55% por encima del de 2014. La parte asignada a la Guardia Nacional pasó de representar el 0,7% del gasto militar total de México en 2019, cuando se creó esta fuerza militarizada contra el crimen organizado, al 11% en 2023.

Seǵun Diego Lopes da Silva, investigador principal del Sipri, “usar a los militares para sofocar la violencia desatada por las pandillas lleva años siendo una tendencia creciente en la región, con gobiernos incapaces de atajar el problema usando medios convencionales o eligiendo respuestas inmediatas que a menudo son más violentas”.

Texto traducido por Francisco de Zárate

DB/CRM

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, aseguró este jueves que si gana las elecciones indemnizará a “las víctimas militares y civiles” del ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa, realizado por la organización armada Montoneros el 5 de octubre de 1975, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón.

A través de un posteo en la red social X, ex Twitter, y titulado “Un acto de justicia”, Bullrich aseguró: “A 48 años del ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa, el 5 de octubre de 1975, me comprometo a llevar adelante el primer día de mi gobierno las medidas necesarias para indemnizar a las víctimas militares y civiles”.

“Este acto de justicia pondrá fin a tantas demoras inexplicables en las que incurrió este gobierno. Nosotros vamos a poner luz sobre la historia, reconociendo sin discriminar”, indicó la candidata opositora.

La difusión de este texto por parte de Patricia Bullrich surge luego de que el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, la acusara públicamente de haber sido una “montonera tirabombas” que “ha puesto bombas en jardines de infantes” y que durante los años '70 “era parte de una organización terrorista”.

Ante estas declaraciones, la candidata presidencial de JxC efectuó dos presentaciones judiciales contra Milei: una querella por los delitos de calumnias e injurias y una denuncia por los delitos de intimidación pública e incitación al odio.

Sobre estas denuncias, Bullrich afirmó, dirigiéndose a Milei: “Diputado Javier Milei, usted sabe que mintió. Lo denuncié para que se sepa la verdad. No vale todo por un voto en la vida, sobre algo grave que me afecta a mí, a mi familia y a mis nietos”.

“Debemos competir sin mentir. Y dar el ejemplo a los argentinos. Por eso, el que las hace las paga”, afirmó Bullrich.

Poco antes de abandonar el poder, el expresidente Mauricio Macri había dispuesto, el lunes 9 de diciembre de 2019, una indemnización para los militares heridos y familiares de fallecidos durante el episodio.

El decreto 829/2019 fue emitido por el Ministerio de Defensa y publicado en el Boletín Oficial que indicaba que los herederos de los militares tendrían “derecho a percibir una indemnización sustitutiva del valor vida, equivalente a la remuneración mensual de los agentes de Nivel A, Grado 0 del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional”.

Bajo la administración de Alberto Fernández, la compensación económica se mantuvo en stand by. 

Qué pasó en el Regimiento de Infantería 29

El ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 (RIM 29, Argentina), llamada Operación Primicia por la organización Montoneros, fue un enfrentamiento armado entre el Ejército Argentino y el Ejército Montonero -en su bautismo de fuego- sucedido el 5 de octubre de 1975 en la base del RIM 29 de Formosa, conocido como uno de los episodios más importantes de la lucha armada en la Argentina de los años 70, en este caso, bajo el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.

La Operación Primicia incluyó el secuestro del Vuelo 706 de Aerolíneas Argentinas (un Boeing 737-200), con 102 pasajeros y 6 tripulantes a bordo; el copamiento del Aeropuerto El Pucú de Formosa; el ataque al RIM 29; y la fuga en el Boeing 737-200 y en un Cessna 182 (cuatro plazas).

El parte de guerra de Montoneros detalla que sus fuerzas habían causado 40 bajas al enemigo y habían tenido 11 bajas propias entre muertos y heridos. Sin embargo, los números oficiales determinaron 12 fallecidos por cada bando.

El comunicado de Montoneros de octubre de 1975

“Parte de guerra de Montoneros - Formosa 6 de octubre de 1975

El día 5 de octubre nuestra Organización lleva a cabo la acción militar más importante realizada en nuestra patria para lograr su definitiva Liberación Nacional y social.

La misma consistía en la ocupación militar de la ciudad de Formosa, con centro en el Regimiento 29 de Infantería de Monte, a los efectos de recuperar armamento y mejorar el pertrechamiento del Ejército Popular.

Esta acción militar se montó sobre la Sección de Combate “Fred Mario Ernst” compuesto por los Grupos de Combate “Carlos Tuda” y “Zulema Willimer” que operaron simultáneamente y sincronizadamente con mando único y centralizado.

1.- Los Grupos, compuestos por siete Pelotones de Combate, tenían como objetivo la reducción de las cuatro Compañías, el retén, la Guardia del Cuartel y el Casino de Suboficiales.

En todos estos puestos hubo resistencia y luego del enfrentamiento fueron finalmente reducidos salvo en la Guardia. En este puesto lograron escapar un conjunto de efectivos militares que armaron una base de fuego logrando con esto hostigar a nuestra fuerza, fundamentalmente los Pelotones afectados a esa tarea. Es en este enfrentamiento donde nuestra fuerza tiene todas sus bajas.

Debido a ello fue necesario adelantar la retirada, lográndose concretar el objetivo de recuperación sólo parcialmente, apropiándose aproximadamente cincuenta fusiles automáticos que pasan a manos de las fuerzas militares del Pueblo.

En este enfrentamiento perdemos once compañeros entre muertos y heridos siendo todos finalmente fusilados. A su vez el enemigo sufre unas cuarenta bajas todas por no acatar las intimaciones de rendición que les impartía nuestra fuerza.

2.- El Grupo “Zulema Willimer”, compuesto de tres Pelotones cumplió la función de garantizar la retirada de la fuerza de asalto al Cuartel. Para ello inmovilizan a la Gendarmería y Policía Provincial, copan un avión Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas y copan el Aeropuerto Internacional de El Pucú.

La inmovilización de la policía y Gendarmería se hace con un Pelotón que establece una base de fuego sobre la única ruta de acceso a la ciudad. Al tomar contacto con el enemigo hay enfrentamiento, el enemigo se retira con bajas no precisadas y nuestra fuerza, sin sufrir bajas consigue cumplir con éxito esta parte de la Operación.

El Pelotón de copamiento del Aeropuerto encuentra resistencia por parte de la Policía Provincial y Gendarmería que presentaron combate y fueron derrotados posteriormente, los policías restantes y los gendarmes que se encontraban en el Aeropuerto se rinden. A partir de ese momento el control del mismo fue total.

Las bajas enemigas son cinco, nosotros no tuvimos ninguna.

El Pelotón de copamiento del avión logra su objetivo sin inconveniente, controlándose a la tripulación y al pasaje.

A estos últimos se les permite descender posteriormente, salvo a un miembro de la marina que se deja como rehén.

3.- El Grupo “Carlos Tuda” formado por tres Pelotones tenía como objetivo copar un campo en las inmediaciones de Rafaela, señalizar la pista y preparar la defensa y absorción hacia distintos puntos del país de las fuerzas y pertrechos que se retiraron de Formosa.

Todos estos pasos se cumplen exitosamente, tanto el descenso del avión como la defensa de los compañeros que retornaban en el avión su absorción posterior.

Con esta acción nuestra Organización comienza a desarrollar un Ejército regular que junto al conjunto del accionar militar y paramilitar que ya se ha efectuado y que se seguirá haciendo, perfilan ya claramente las sólidas bases de un Ejército que nutriéndose del Pueblo, se irá desarrollando progresivamente como una de las fuerzas decisivas que permitirán la toma del poder del Pueblo en la Patria.

Hemos demostrado nuevamente, a pesar del éxito sólo parcial de la Operación y de las bajas sufridas, la debilidad enemiga.

No hay lugar del país, ni siquiera sus cuarteles más alejados, donde las fuerzas militares de la reacción puedan sentirse seguras. Su debilidad lo muestra esta operación.

El enemigo ha elegido la guerra para seguir dominando al Pueblo; el Pueblo seguirá construyendo su ejército y los derrotará.

¡PERÓN O MUERTE!

¡VIVA LA PATRIA!

¡HASTA LA VICTORIA, MI GENERAL!

MONTONEROS“

(Publicado en Evita Montonera Nº 8, octubre 1975)

Con información de agencias.

IG

En Canadá aumentó la polémica política después de que los miembros de la Cámara de los Comunes fueran animados a sumarse a una ovación en honor a un veterano que luchó en Ucrania, durante la Segunda Guerra Mundial, con una unidad militar nazi acusada de crímenes de guerra.

La ovación tuvo lugar poco después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pronunciara un discurso en el Parlamento el pasado viernes. Su presidente, Anthony Rota, fue quien llamó la atención de los legisladores sobre la presencia de Yaroslav Hunka, de 98 años, a quien describió como un “héroe de guerra” que luchó en la Primera División Ucraniana.

Imágenes del propio Parlamento mostraron a Zelenski y al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, de pie y aplaudiendo a Hunka, unas escenas que fueron condenadas por grupos judíos. Mientras los legisladores aplaudían, Zelenski levantó el puño en señal de reconocimiento y Hunka saludó desde la tribuna a lo largo de dos ovaciones distintas.

El Kremlin calificó este lunes al incidente de “indignante” y las cuentas prorrusas en las redes sociales se hicieron rápidamente eco de las fotografías de Zelenski.

Una división nazi señalada

Los críticos señalaron que la Primera División Ucraniana era más conocida como la División “Galicia” de las Waffen-SS o la 14ª División Waffen de las SS, una unidad de voluntarios que estaba bajo el mando de los nazis.

La decisión de permitir a unos 600 miembros de esa división residir en Canadá después de la Segunda Guerra Mundial ha sido durante mucho tiempo una fuente de controversia en este país y fue objeto de una comisión gubernamental de investigación en la década de 1980, en la que se planteó si Canadá se había convertido en un refugio para criminales de guerra.

Miembros de esa división fueron acusados de matar a ciudadanos polacos judíos. En los juicios de Nuremberg, las Waffen-SS fue reconocida como una organización de crímenes de guerra, pero no la división Galicia en concreto.

Durante el fin de semana, Rota emitió un comunicado en el que pedía disculpas por lo ocurrido: “En mi intervención tras el discurso del presidente de Ucrania, reconocí a una persona en la tribuna. Posteriormente tuve conocimiento de más información [sobre esa persona] que hace que me arrepienta de mi decisión”, dijo en el texto.

Agregó que los demás parlamentarios y la delegación ucraniana desconocían su plan de reconocer a Hunka en el Hemiciclo. Rota también señaló que Hunka era de su distrito. “Quiero presentar mis más sinceras disculpas a las comunidades judías de Canadá y de todo el mundo. Asumo toda la responsabilidad de mi acción”, afirmó.

No fue posible contactar con Hunka para que hiciera declaraciones. En una publicación en redes sociales de su nuera, se le puede ver “esperando en el salón de recepciones a Trudeau y Zelenski”, según dijo ella.

Por su parte, el Centro para Israel y Asuntos Judíos, un grupo judío canadiense, dijo que estaba “profundamente preocupado” por el hecho de que se hubiera reconocido a un veterano de una división nazi que participó en el genocidio de judíos. Los Amigos del Centro Simon Wiesenthal de Estudios sobre el Holocausto emitieron un comunicado el domingo en la que afirmaban que la división “fue responsable del asesinato en masa de civiles inocentes con un nivel de brutalidad y malicia inimaginable”.

Y ampliaba: “Se debe una disculpa a todos los supervivientes del Holocausto y veteranos de la Segunda Guerra Mundial que lucharon contra los nazis, y debe explicarse cómo este individuo entró en los salones sagrados del Parlamento canadiense y recibió el reconocimiento del presidente de la Cámara y una ovación en pie”.

Grupos judíos llevan tiempo haciendo campaña contra dos monumentos conmemorativos que hay en Canadá, relacionados con ucranianos que lucharon en el bando alemán. El líder conservador de la oposición canadiense, Pierre Poilievre, también pidió a Trudeau que se disculpe.

La oficina de Trudeau dijo que Rota se había disculpado y había aceptado toda la responsabilidad por haber cursado la invitación a Hunka y por el reconocimiento en el Parlamento. “Era lo que había que hacer”, afirmó. “No se avisó con antelación a la oficina del Primer Ministro ni a la delegación ucraniana sobre la invitación o el reconocimiento” a Hunka.

La polémica de los voluntarios ucranianos

Dominique Arel, catedrático de Estudios Ucranianos de la Universidad de Ottawa, declaró a la cadena pública canadiense CBC que la división de la que formaba parte Hunka había atraído a miles de voluntarios ucranianos, muchos de los cuales se alistaron con la esperanza de conseguir la independencia de Ucrania. Sólo los alemanes de Alemania podían luchar en el Ejército de ese país, explicó Arel, por lo que los voluntarios no alemanes que creían en los objetivos nazis o buscaban lograr sus fines a través del poder nazi fueron organizados en divisiones de las SS.

“Aquí tenemos la cuestión del simbolismo, la óptica de servir en una unidad militar cuyo logotipo es el de la que posiblemente fuera la mayor organización criminal del siglo XX... así que obviamente la óptica no es buena”.

Zelenski se encontraba en Ottawa para reforzar el apoyo de los aliados occidentales a Ucrania contra la invasión rusa. Vladimir Putin calificó a sus enemigos en Ucrania de “neonazis”, a pesar de que Zelenski es judío y perdió familiares en el Holocausto.

La polémica también plantea cuestiones incómodas en torno a la conmemoración de destacadas figuras ucranianas que lucharon junto a las fuerzas nazis durante la guerra. En su discurso ante los legisladores canadienses, Zelenski señaló que la ciudad de Edmonton fue la primera en conmemorar a las víctimas del Holodomor, la hambruna masiva impuesta por la URSS a los ucranianos, millones de los cuales murieron a principios de la década de 1930. La ciudad erigió un monumento en 1983 en memoria del 50 aniversario de la hambruna.

Pero dentro de la ciudad hay otros dos monumentos conmemorativos -uno de ellos financiado parcialmente por los contribuyentes- que han sido objeto de un mayor escrutinio en los últimos años. En el Complejo de la Unidad de la Juventud Ucraniana, un busto representa a Roman Shukhevych, conocido colaborador nazi vinculado a masacres de civiles polacos. Una segunda estatua dedicada a la división “Galicia” de las Waffen-SS se encuentra en un cementerio de Edmonton.

En julio de 2020, fue escrito con spray “monumento de guerra nazi” sobre un cenotafio que conmemora a los soldados de la división “Galicia” en un cementerio de Ontario.

En 1985, el entonces primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, creó la comisión de investigación sobre criminales de guerra en Canadá después de que un diputado afirmara que el médico nazi Josef Mengele podría haberse refugiado en el país.

En concreto, sobre la cuestión de la división “Galicia”, el jefe de esa comisión de investigación, Jules Deschênes, dictaminó que los miembros “no deben ser inculpados como grupo”.

“Los miembros de la división Galicia fueron examinados individualmente por motivos de seguridad antes de su admisión en Canadá. Las acusaciones de crímenes de guerra contra la división Galicia nunca fueron corroboradas, ni en 1950, cuando se presentaron por primera vez, ni en 1984, cuando se renovaron, ni ante esta comisión”.

Traducido por Francesca Cicardi.

La Sala II de la Cámara de Casación Penal declaró inadmisibles los 29 recursos extraordinarios federales interpuestos por las defensas de 40 represores, entre ellos el “Tigre” Acosta, y ratificó, así, las condenas a prisión perpetua impuestas en el marco de la mega causa conocida como “ESMA Unificada”.

Los condenados estaban imputados por privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos, homicidios, apropiaciones y abusos sexuales cometidos en el mencionado centro clandestino durante la última dictadura cívico militar (1976-1983).

Al rechazar el recurso federal de la defensa, los jueces Guillermo J. Yacobucci y Ángela Ledesma confirmaron la prisión perpetua para Alejandro D'Agostino. Se trata de uno de los pilotos de los “vuelos de la muerte” que llevó en la aeronave “Skyvan” a víctimas del Grupo de la Iglesia de la Santa Cruz como las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet.

En minoría, el juez Slokar consideró que correspondía conceder los recursos del fiscal Raúl Pleé y las querellas contra la decisión dictada en mayo que había confirmado, en aquel momento, las absoluciones de los pilotos Emir Sisul Hess, Rubén Ricardo Ormello y Julio Alberto Poch.

En tanto, respecto de la condena a Víctor Olivera y Jorge Luis Magnacco, deberá intervenir otra Sala de Casación para revisar el fallo “Duarte” de la Corte Suprema de Justicia.

ACM con información de agencias.

A Ali Bongo no le dio tiempo ni a festejar la victoria. Minutos después de que la comisión electoral le declarara vencedor de las elecciones en Gabón con el 64,2%, una decena de militares salió en televisión anunciando la cancelación de los resultados y el fin de la dinastía de los Bongo.

Ali Bongo esperaba disfrutar de su tercer mandato. En 2009, llegó al poder tras la muerte de su padre, Omar Bongo, quien gobernó el país desde 1967. Sin embargo, su permanencia en el poder se volvió más difícil tras la oposición en 2016 y el infarto sufrido en 2018, por el que se temió por su vida y el cual le mantuvo meses tratándose en Arabia Saudita. Ahora está en “arresto domiciliario” y pidió ayuda a sus “amigos de todo el mundo”.

En el comunicado en televisión nacional, los militares se proclamaron como el Comité para la Transición y la Restauración de las Instituciones (CTRI), pero no se sabe quiénes son ni cuáles son sus intenciones más allá de “acabar con el régimen”. El medio Jeune Afrique dijo en exclusiva que son miembros de la guardia presidencial liderados por el general Brice Clotaire Oligui-Nguema quien, a su vez, es primo de Ali Bongo. Este, sin embargo, todavía no se pronunció al respecto.

Se desconoce todavía si estos militares representan a todo el Ejército y si podrían tener resistencia, pero por el desarrollo de los acontecimientos y las imágenes difundidas, el golpe de Estado ha sido un éxito. Uno más que se suma al dominó en África.

Amenaza a las dictaduras familiares

Lo ocurrido en Gabón es el noveno golpe exitoso entre África Occidental y Central desde el año 2020. Se suma a los alzamientos en Mali (2), Burkina Faso (2), Sudán, Guinea, Chad y Níger. Este último, hace tan solo un mes. El triunfo de los militares en estos países sin una respuesta efectiva por parte de las instituciones continentales e internacionales sirve como un aliento para el dominó de sublevaciones, pero las causas son distintas.

Este es el primer golpe de Estado en África Central y sus características son muy distintas al de los otros países. Primero, Gabón no está en el Sahel como el resto de países, epicentro de la violencia yihadista, por lo que los problemas de inseguridad no son el motivo del golpe. Segundo, en todos esos países hubo un largo historial de golpes de Estado desde sus independencias hace décadas. Tan solo Chad se asemeja a Gabón con una dinastía familiar, pero el golpe fue un autogolpe del Ejército para continuar esa dinastía colocando al hijo de Idriss Déby, Mahamat Déby.

Esta es, por lo tanto, la primera vez en la época reciente que unos militares deciden alzarse para derrocar una dinastía familiar por la fuerza. Los militares alegaron que la sublevación se debe a “una gobernanza irresponsable e impredecible que se traduce en un continuo deterioro de la cohesión social, con el riesgo de llevar al país al caos”.

La realidad es que los Bongo han gobernado con la connivencia del Ejército durante décadas y esta sublevación marca una señal a otros países sobre cómo los militares ya no temen a sus jefes, hasta el punto de que se consideran más poderosos y capaces de echarlos y gobernar por sí mismos el país. El golpe de Estado en Gabón abre una puerta a golpes en otro tipo de países. Si hasta ahora estos se daban en países con inestabilidad política y terrorismo yihadista como en el Sahel, ahora también se pueden dar en dictaduras familiares.

La caída de la familia Bongo es un aviso para otros países vecinos con gobiernos familiares similares, como el de Paul Biya en Camerún, el jefe de Estado más anciano del mundo con 90 años, en el poder desde 1982; Denis Sassou-Nguesso, quien gobierna en República del Congo desde 1979, con un parón de cinco años; la familia Gnassingbé en Togo, que gobierna desde 1967 el país, primero Gnassingbé Eyadéma y desde 2005 su hijo Faure; y por último Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial, en el poder durante 44 años. El presidente de Camerún anunció este jueves nuevos nombramientos en la unidad administrativa central del Ministerio de Defensa.

A excepción de Guinea Ecuatorial, excolonia española, el resto son excolonias francesas. Eso sí coincide con los otros países golpistas del Sahel y confirma la creciente pérdida de influencia del Elíseo en el continente.

Francia, mucho que perder

Las primeras imágenes que llegan de Libreville, capital del país, muestran manifestaciones a favor de los golpistas. En un país con una media de edad de 21 años, los Bongo llevaban gobernando 56 años ininterrumpidamente y la mayoría de ciudadanos no conocían otro poder.

Durante todo este tiempo, Gabón se mantuvo como un aliado francés aunque, desde la llegada de Ali Bongo al poder, las relaciones se habían maltrecho. Su padre, Omar Bongo, se había acercado al Elíseo para afianzar su poder.

En 1975, Francia abrió a las afueras de la capital la base militar Camp de Gaulle. En su periodo de grandeza, llegó a tener más de 900 soldados de la 6ª División de Infantería, pero Macron anunció en febrero la reducción de tropas en África, incluyendo Gabón, donde hay estacionados en torno a 350 militares.

El futuro de la base militar está en entredicho, pero por el momento no hay señales de una presión para la salida de las tropas francesas por parte de los nuevos gobernantes militares. Así como en Níger y otros países se vieron banderas rusas en las primeras manifestaciones a favor del alzamiento, en este caso no fue así.

Por el momento, la primera consecuencia es económica. La empresa francesa Eramet anunció que suspendió sus operaciones en la mina de Comilog, la mayor productora de manganeso del mundo, un mineral vital para el acero. Más de la mitad de las importaciones francesas de manganeso vienen de Gabón que, junto al petróleo crudo, suponen la mayoría de las exportaciones de este país a Francia.

Ahora, Francia se encuentra ante una situación complicada. El portavoz del Gobierno francés, Olivier Véran, condenó el golpe y pidió “respetar el resultado de las elecciones”, pero la realidad es que tiene poco margen de maniobra. A partir de ahora, mostrar un apoyo más firme significaría legitimar unas elecciones fraudulentas y una dictadura dinástica que ellos mismos han señalado como corrupta. En 2022, la justicia francesa imputó a cinco hijos de Omar Bongo por apropiación indebida de bienes públicos, lavado de dinero y corrupción “activa y pasiva”, calculando un valor de 85 millones de euros invertidos en propiedades en Francia.

Por el momento, las reacciones internacionales han sido diversas. La Unión Europea, en boca del alto representante de exteriores, Josep Borrell, expresó que el golpe “hace a la región más inestable” y que debatirán la ola de golpes de Estado en África con los ministros de Defensa de los países europeos, reunidos en Toledo.

Rusia por el momento no se pronunció ni a favor ni en contra, mientras que China solo lo hizo para pedir que se garantice la seguridad de Ali Bongo. “No sacaría ninguna conclusión general (sobre la situación en varios países africanos), pero la situación en Gabón es motivo de profunda preocupación, estamos siguiendo de cerca lo que está sucediendo allí”, ha dicho el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El fin de los Bongo muestra la debilidad francesa y europea en el continente y el fracaso de una política que se apoyaba en élites dictatoriales cuyo amparo exterior ya no es suficiente para mantenerse en el poder.

Los militares, envalentonados ante el éxito de otros como ellos en países vecinos, se lanzan a acabar con gobiernos cleptómanos con el apoyo ciudadano. Esta ola de golpes muestra una estacada a la democracia, que deja de ser considerada una opción para acabar con dictaduras, en beneficio de la fuerza militar.

La Justicia investiga la misteriosa muerte de Pablo Jesús Córdoba, un soldado de 21 años que recibió dos disparos de un fusil FAL en la cabeza, mientras se encontraba de guardia en el Grupo de Artillería 16 del Regimiento Zapala, en la provincia de Neuquén.

Se trata del mismo cuartel donde en 1994 fue asesinado el soldado Omar Carrasco, cuyo crimen puso fin al servicio militar obligatorio en la Argentina.

La muerte de Córdoba ocurrió el 1 de junio pasado, cerca de las 6 de la mañana, cuando fue encontrado con heridas de bala en la cabeza y fue llevado al hospital de Zapala, donde horas después moriría.

Ahora, el juez federal Hugo Greca intentará establecer si fue un suicidio o bien un asesinato.

De acuerdo con las primeras pericias, un tiro ingresó por el mentón y salió por la frente; el otro entró por la sien (del costado derecho) y salió por el otro lado.

Sin embargo, el abogado de la familia del joven, Maximiliano Orpiansesso, sostuvo que con uno solo de esos disparos hubiera sido suficiente para quitarse la vida, en caso de que haya sido un suicidio, debido al daño que causan ese tipo de municiones.

En declaraciones a la prensa local, el abogado señaló que “el sentido común indica que nadie se suicida de dos disparos en la cabeza, en dos sectores distintos, y con un arma de ese calibre tan potente como un fusil”.

“Cuando las autoridades del Ejército tomaron conocimiento de lo sucedido, informaron a la Policía Federal que encontraron un soldado voluntario que se había autoinflingido dos disparos de arma de fuego”, aseveró Orpiansesi, y reiteró: “Desde el sentido común entendemos que nadie se puede suicidar de dos disparos”.

Asimismo, el letrado se quejó porque “desde el primer llamado, y sin ninguna prudencia, el Ejército habló de suicidio. Quiero aclarar que desde la querella se va a investigar un homicidio”.

Por su parte, la hermana del soldado -Daiana Córdoba- dijo en declaraciones al canal C5N que no cuentan con mucha información en torno al hecho .

“Pasaron 25 días y no tenemos nada sobre la autopsia. Recibimos únicamente el informe médico en el que se detalla dónde están ubicados los dos disparos”, contó.

Con información de NA.

IG

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, ordenó hoy la remoción del General retirado Rodrigo Soloaga en su cargo de presidente de la Comisión de retirados de Caballería, quien en un acto que se hizo el pasado 25 de abril reivindicó el terrorismo de Estado y a sus responsables.

Así lo informó el Ministerio Defensa en un comunicado en el que sostuvo que los dichos de Soloaga configuran “un discurso contrario a todos los principios democráticos de un Estado de derecho”.

En un acto por el Día del arma de Caballería, Soloaga formuló una reivindicación de sus camaradas presos por delitos de lesa humanidad.

“Es para recordar a todos los camaradas de Caballería que se encuentran privados de su libertad como consecuencia de haber cumplido funciones en las filas de la fuerza durante una difícil época para nuestro país y expresarles nuestro permanente y renovado acompañamiento en estas circunstancias que les toca enfrentar y que llevan con estoicismo”, dijo Soloaga durante una conmemoración que se hizo en el Campo de Polo.

“En el día de hoy ordené la inmediata remoción del General retirado Rodrigo Soloaga, presidente de la comisión de retirados del arma de Caballería, por apología del terrorismo de Estado”, señaló Taiana a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Según el expediente iniciado por Taiana y el director de Derechos Humanos del ministerio de Defensa, Eduardo Jozami, “los dichos de Soloaga referidos contrarían no sólo un amplísimo consenso nacional que sostiene las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que el Estado Nacional viene llevando a cabo desde el año 2003”, sino también “las decisiones adoptadas en reiteradas oportunidades por el Poder Legislativo y las altas autoridades de la Justicia Nacional”.

Además sostiene que Soloaga también violó el artículo 1° del Código de Disciplina Militar, indicó el comunicado del ministerio.

Ese artículo, recordó, señala que “todo militar debe ajustar su conducta al cumplimiento estricto de la Constitución Nacional y las demás leyes de la República, así como la observancia cabal de las leyes y reglamentos militares, el respeto a las órdenes del mando, la subordinación al régimen jerárquico y el cumplimiento de todas las obligaciones que surgen del Estado militar”.

Taiana manifestó que “a 40 años de democracia, es inaceptable y no toleraremos bajo ninguna circunstancia este tipo de manifestaciones” y advirtió que “les cabrá la sanción disciplinaria correspondiente a quienes tengan estos pronunciamientos que atentan contra la democracia y las políticas de memoria, verdad y justicia”.

CRM con información de la agencia Télam

Año 2029. La inteligencia artificial ha superado a la humana y las máquinas han conquistado el planeta. Un ejército de robots asesinos se dispone a exterminar a toda vida terrenal que se interponga en su camino. Despiadadas, frívolas, invencibles: así son las máquinas de guerra que nos vendió James Cameron en el futuro apocalíptico de una de sus películas de cabecera, Terminator (1984).

Lejos de su ficción, los planes de las principales potencias militares distan del desarrollo de robots asesinos antropomórficos, al menos en el corto plazo. Pero hay una predicción acertada: la inteligencia artificial (IA) ya está transformando el carácter de las guerras y va a suponer una nueva revolución militar, tal como lo fueron la pólvora, el motor de combustión, la aviación o la bomba nuclear. Aunque al ritmo que avanza esta disrupción y su despliegue, se hace difícil presagiar qué forma tomará en 2029.

El lanzamiento de GPT-4, los chats de Microsoft (Bing) y Google (Bard), o la creación de imágenes de Midjourney, han supuesto la primera democratización de una tecnología que hace años que existe. Conforma, de hecho, una pata central de la carrera armamentística entre las potencias mundiales. Drones autónomos, identificación de objetivos, prevención de movimientos enemigos, desarrollo de estrategias militares, simulación de batalla y logística militar. Estos son algunos de los múltiples usos que ya le están dando los principales ejércitos del mundo, tanto dentro como fuera del campo de batalla.

“A lo largo de la última década, la inteligencia artificial se ha convertido en una capacidad crítica para la defensa nacional de EEUU”, explica a elDiario.es Lauren Kahn, investigadora del Council on Foreign Relations (CFR) y experta en innovación en defensa y su impacto en la seguridad internacional. “Desde el 2010, ha habido una nueva ola de crecimiento, con grandes avances en el procesamiento del lenguaje y el aprendizaje automático (deep learning)”.

El Pentágono “ha acelerado el desarrollo de estas capacidades, especialmente desde la invasión de Ucrania”, señala la investigadora, que también es autora del estudio Risky Incrementalism: Defense AI in the United States. También otras potencias militares como China, Rusia, Reino Unido, India, Turquía e Israel han redoblado su inversión en esta tecnología durante el conflicto, que está sirviendo como test primerizo de la IA en un contexto de guerra. Pero, ¿cuáles son las utilidades reales de la IA a nivel militar, hasta qué punto la están usando los ejércitos y qué riesgos representa para la humanidad?

Más allá del campo de batalla

“Las municiones, las plataformas y las fuerzas armadas son las partes más visibles de cualquier cadena de muerte. Menos visibles, pero no por ello menos importantes, son las capacidades que las unen, haciendo que el todo sea mayor que la suma de sus partes. Son precisamente esas capacidades en las que queremos invertir”, dijo la Subsecretaria de Defensa estadounidense, Kathleen Hicks, durante una rueda de prensa celebrada a principios de marzo en el Pentágono.

La IA ya está presente, de una forma u otra, en casi todas las guerras del mundo. El ejemplo más claro es el uso de drones, pequeños vehículos aéreos que llevan años presentes en los conflictos armados y que en la última década han comenzado a atacar de manera autónoma.

En 2019, durante la segunda guerra civil de Libia, un enjambre formado por una veintena de vehículos aéreos no tripulados turcos identificó a sus objetivos –fieles al general Jalifa Haftar– y los atacó por cuenta propia lanzándose sobre ellos y explotando, según lo describió un informe de Naciones Unidas sobre el conflicto libio. Se convirtió en una de las primeras matanzas documentadas llevadas a cabo íntegramente por inteligencia artificial en una guerra.

Al año siguiente, durante el conflicto en Nagorno-Karabaj, las tropas de Azerbaiyán usaron el mismo tipo de drones, provenientes de Turquía e Israel, para devastar a las unidades armenias. Y, en 2022, EEUU envió a Ucrania centenares de máquinas similares de fabricación propia, llamadas Phoenix Ghost, cuyo desarrollo aceleraron precisamente tras la invasión rusa.

“A corto plazo, cabe esperar que siga aumentando la tendencia actual de mayor uso de sistemas semiautónomos. A largo plazo, está claro que pasaremos a un modelo de sistemas totalmente autónomos”, aventura para este diario Kevin Desouza, experto en IA del centro Brookings, que trabajó durante más de dos décadas en el departamento de innovación del ejército estadounidense.

Dichos drones semiautónomos, llamados “merodeadores”, son más pequeños que los que ha venido usando EEUU en Irak y Afganistán y patrullan y bombardean sin la necesidad de intervención humana. Más allá de estas máquinas de guerra, la capacidad de identificar enemigos mediante inteligencia artificial es una tecnología que lleva usándose décadas, por ejemplo en los misiles tierra-aire Patriot (desplegados en 1981), que EEUU también se ha comprometido a enviar a Ucrania en las próximas semanas.

Debido a los recientes avances armamentísticos, “es mucho más fácil visualizar los avances en el campo de batalla”, reconoce la investigadora Kahn, “pero son más determinantes en la guerra las utilidades menos atractivas, como la gestión de datos, la logística y la organización, que hasta el día de hoy han requerido mucho esfuerzo humano y para las que la IA puede dar una solución muy eficiente”.

Por ejemplo, la empresa de software Palantir, una de las múltiples compañías privadas que proveen al ejército estadounidense de soluciones de inteligencia artificial, lleva desde 2008 colaborando con el Pentágono en la recogida de datos y su procesamiento para ofrecer respuestas “rápidas y prácticas” a los mandos, dentro y fuera del campo de batalla. Su CEO, Alex Karp, dijo en febrero que su empresa es “responsable de la mayoría de identificaciones -de tanques y artillería- del enemigo en Ucrania”. Además, el software de Palantir ha usado datos de los satélites y las redes sociales para visualizar las posiciones enemigas y determinar rápidamente los recursos a desplegar o para encontrar la ruta logística más eficiente, entre otras utilidades militares.

Los riesgos: ¿un robot al mando de la guerra?

Todas las distopías que narran un futuro impregnado de inteligencia artificial coinciden al identificar su principal riesgo: que escape al control del ser humano. Aplicado al mundo militar, “dada su naturaleza autónoma, estos sistemas podrían tomar decisiones contrarias a nuestra concepción sobre las normas de la guerra o la pérdida aceptable”, ejemplifica el investigador Desouza.

Las fuentes consultadas concuerdan en que los principales peligros de la IA tienen que ver con el uso de algoritmos mal diseñados que podrían ser responsables de numerosas víctimas civiles y de accidentes de fuego amigo.

Un ejemplo de esto último se dio en 2003, cuando el sistema automatizado de un misil Patriot identificó erróneamente a un avión amigo como adversario y los operadores humanos decidieron disparar, terminando con la vida de un piloto estadounidense. “Está demostrado que, en situaciones de estrés, los humanos confían más en las decisiones de la IA y esta confianza ciega puede suponer un peligro durante la batalla”, escribe el profesor Michael C. Horowitz en Foreign Affairs.

Además, “la IA podría conducir a una escalada indeseada”, alerta a elDiario.es Lauren Kahn. “Por ejemplo, imagina que tienes un sistema de misiles con un algoritmo de aprendizaje automático (deep learning) y decide disparar a un enemigo. ¿Cómo convences al adversario de que fue un accidente, si no puedes señalar a ningún humano? En esta tecnología, puedes conocer los inputs y los outputs, pero es realmente complicado entender cómo se da la toma de decisiones”. Dada esta condición, “¿nos interesa poner a la IA, por ejemplo, al mando de los sistemas nucleares? yo veo claro que no”, reflexiona.

Para evitar este tipo de amenazas, “tenemos que dotarnos de convenciones aceptadas a nivel mundial, como las existentes para el armamento nuclear, químico y biológico”, añade Desouza. Y esas convenciones van a ser todo un reto porque gran parte del desarrollo de IA proviene del sector privado, que colabora y comparte recursos con el público. De este modo, siguiendo la tendencia de las últimas décadas, “va a aumentar drásticamente el número de actores de la seguridad internacional. Va a ser necesaria una mayor implicación del sector privado y el académico”, aventura Kahn, “ya lo hemos visto con la guerra de Ucrania: Elon Musk proporcionó a los ucranios sus satélites Starlink, una tecnología comercial, pero que tiene implicaciones militares muy directas”.

Precisamente, parte del mundo privado y académico –Elon Musk, Steve Wozniak (Apple) o Yuval Noah Harari, entre otros– firmó una carta en la que pide a las organizaciones que “pausen durante al menos 6 meses” su desarrollo de IA, hasta que el mundo haya acordado su hoja de ruta para que estos sistemas sean más “precisos, seguros, interpretables, transparentes, robustos, neutrales, confiables y leales”.

Aunque todavía no existe ninguna convención internacional al respecto, el mes pasado tuvo lugar en La Haya la primera Cumbre sobre Inteligencia Artificial Responsable en el Ámbito Militar (REAIM, en inglés), en la que participaron 57 países, incluidos todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, excepto Rusia. Una de las cuestiones que se debatió fue la prohibición global de los sistemas autónomos, que principalmente apoyan estados del Sur Global, pero el consenso sobre este asunto está lejos. Por su parte, EEUU presentó su set de principios éticos de la IA (2020), en los que se basa la declaración de Principios sobre el Uso Responsable de la OTAN (2021).

Finalmente, el único resultado de la cumbre fue un Llamado a la Ación, firmado por la mayoría de los países presentes, que subraya la necesidad de seguir trabajando en un acuerdo mundial y fomenta el intercambio de buenas prácticas. Es decir, ninguna medida tangible y concreta por el momento.

El “punto débil” de la hegemonía militar estadounidense

El Pentágono lleva más de una década aumentando año tras año su inversión en IA y el mes pasado Biden propuso la mayor financiación hasta la fecha en su presupuesto para el ejercicio fiscal 2024. Éste contempla un total de 842.000 millones de dólares para el Departamento de Defensa (un 5% más que en 2023) y la mayor parte del aumento se la lleva Investigación y Desarrollo, con su partida más alta de la historia en dólares nominales, 210.000 millones.

De este dinero, el plan de Biden es invertir 1.800 millones en desarrollo de capacidades de IA y otros 1.400 millones en el JADC2, el sistema que agrupa la recolección de datos mediante sensores de todos los servicios militares (Fuerza Aérea, Ejército, Marina, Armada y Fuerza Espacial) en una misma red, algo crucial para esta tecnología. El presupuesto dependerá de la aprobación de la Cámara de Representantes, ahora liderada por la oposición republicana, que rechaza el presupuesto, pero no precisamente por su aumento del gasto militar.

Sin embargo, “la IA sigue siendo un punto débil del ejército estadounidense”, asegura Kahn, especialmente si se compara con la inversión –en proporción al gasto total en defensa– de otras potencias militares, como China o Rusia. A pesar de que su presupuesto total en defensa (unos 224 mil millones de dólares) es casi cuatro veces menor al estadounidense, China lleva años priorizando la inversión en IA y planea convertirse en el líder mundial en 2030.

Rusia también ha entrado en esta competición: en una declaración de intenciones, Vladimir Putin llegó a asegurar que el primer Estado en conquistar la inteligencia artificial será el “dirigente del mundo”.

En cambio, en EEUU “hay bastante retraso debido a los desafíos burocráticos y organizativos, las preocupaciones sobre la seguridad y la gran cantidad de sistemas heredados”, argumenta la investigadora, que ha identificado en el Pentágono “una gran aversión al cambio”.

Históricamente, las potencias que han liderado el desarrollo militar se han visto más reticentes a la adopción de nuevas tecnologías disruptivas, ancladas en la confianza que les otorgaba su armamento existente. Por ejemplo, Francia contó en la Primera Guerra Mundial con desarrollos envidiables, pero fue superada en la Segunda sin grandes complicaciones por parte del ejército nazi, que además de haber invertido mucho en innovación militar, rodeó la Línea Maginot y llevó a cabo otro novedoso plan ofensivo: el ataque blitzkrieg.

En el caso estadounidense, a pesar de que lleva más de una década aumentando la inversión, realmente ha sido en el último año, tras la invasión de Ucrania, cuando ha demostrado su intención de liderar esta competición. Biden creó el puesto de jefe de inteligencia digital y artificial en el Departamento de Defensa, así como el grupo de trabajo sobre IA, que publicó en enero su informe final. En él, se reconoce que “países como China han realizado inversiones a largo plazo que están dando sus frutos en términos de logros científicos y tecnológicos. Por ejemplo, los autores chinos han superado a los estadounidenses en citas de publicaciones de revistas sobre IA”, una tecnología que “se ha convertido en una faceta central de la competencia geopolítica”.

Después de casi un siglo liderando la innovación armamentística, el ejército estadounidense podría estar también quedándose atrás en la implementación de la IA y otras tecnologías militares. Si en 1960 tan solo tardaba cinco años en llevar sus avances del laboratorio al campo de batalla, hoy tarda alrededor de 10 años.

En el caso del despliegue de tecnología con IA, el Pentágono se ha mostrado especialmente reticente, por el miedo a que amenace otros sistemas existentes. Por ejemplo, las Fuerzas Aéreas y la Armada crearon en 2003 los prototipos X-45 y X-47, dos aviones semiautónomos y sin tripulación, pero decidieron abandonar el programa al considerarlo una amenaza para sus existentes cazas F-35.

Al ritmo que avanza el desarrollo de la IA, es demasiado pronto para predecir la forma que tomará la guerra en 2029, año en el que está ambientada la distopía de Terminator. Lo que está claro es que el aprendizaje automático ha comenzado a transformar los ejércitos, sus inversiones y prioridades. Y cada vez va a ser una herramienta más útil para matar.

Quizás el embajador de China en la Argentina, Zou Xiaoli, no preveía la semana pasada, cuando convocó a su segunda conferencia de prensa anual, que se iban a desatar inéditas protestas populares en su país contra la política de “Covid cero”. Había pedido que le adelantaran las preguntas para facilitar su traducción, pero a último momento, ante las manifestaciones, elDiarioAR interrogó sobre ellas, además de sobre el impacto concreto de la reciente ampliación del swap (canje de monedas) y del demorado financiamiento chino de la construcción de las represas de Santa Cruz.

“Respecto a las represas de la provincia de Santa Cruz, que yo sepa la delegación de la parte china de las entidades concernientes están arribando a la Argentina a fin de articularse con sus contrapartes argentinas, a fin de desbloquear lo más pronto posible el pago de fondos”, señaló Zou. En cuanto al swap que viene a mejorar la situación de las reservas del Banco Central argentino, el diplomático sostuvo que “China está dispuesta a trabajar junto con Argentina a fin de estrechar nuestra cooperación de swap e incentivar un mayor uso de la moneda local en nuestro comercio e inversiones, a fin de formar un entorno de políticas favorables a la liquidación en moneda local”. “Y también apoyamos al banco compensatorio del yuan en la Argentina -dijo en referencia al ICBC- a desempeñar un papel más importante a fin de ofrecer renovados impulsos a nuestro comercio y las inversiones.”

En cuanto a las protestas contra la política de Covid cero, Zou no se refirió directamente a ellas sino a la estrategia sanitaria de su país, que mantiene hasta ahora los aislamientos como los ocurridos en el resto del mundo en 2020, antes de que aparecieran las vacunas contra el coronavirus a lo largo de 2021. “Se registran 3.748 casos confirmados de Covid-19 y también se reportan 36.300 casos asintomáticos. Se prioriza al pueblo, la salud y la vida con apego a la estrategia de prevenir las infecciones locales y la introducción de casos del exterior. Persistimos en la política de cero Covid dinámica”, expresó el embajador.

En ese sentido, agregó que su gobierno busca “coordinar al mismo tiempo la prevención y el desarrollo socioeconómico a fin de proteger en cuanto más se pueda la salud y la seguridad de nuestras masas”. Y agregó que a pesar de tener una población de 1.400 millones de habitantes “en lo que se refiere a la tasa de mortalidad y la tasa de casos severos causados por Covid-19, China se encuentra entre los países con niveles más bajos. También hay que reconocer que últimamente en algunas regiones de China se registra una importante cantidad de casos nuevos que genera una enorme presión a nuestra prevención de Covid-19. Y frente a los cambios en la situación pandémica, hay que responder rápidamente de manera específica y eficaz. Entonces deberíamos implementar la nueva versión de nuestros protocolos contra el Covid-19 y 20 medidas sanitarias a fin de proteger con más cuidado la salud y la seguridad de nuestra población. Frente a los cambios pandémicos, seguiremos optimizando nuestro programa antiepidémico desde un principio científico y específico”, concluyó el embajador del régimen de Beijing.

Zou también destacó las inversiones chinas en la Argentina: “En comparación con los capitales de la Unión Europea y los Estados Unidos, nuestro capital entró al mercado argentino un poco más tarde, más o menos hace 20 años. Sin embargo, hasta finales de 2021, el stock de las inversiones de China en la Argentina ya alcanzó 12.800 millones de dólares. Por ejemplo, la empresa CNOOC de China compró las acciones de Pan American Energy a fin de actualizar la refinería y produciendo los productos petroleros de alta calidad. Nuestra empresa de oro de la provincia de Shandong trabajó con su contraparte canadiense a fin de invertir en la provincia San Juan. Ahora se ha convertido en el pilar de la fuente de ingreso público de la provincia. Por ejemplo, en materia de litio, también se ha cerrado oficialmente el proyecto del Lago Centenario. Ha sido muy exitosa nuestra inversión directa que se desarrolla principalmente en el área agropecuaria y pesquera. Por ejemplo, la empresa Cofco ha invertido en la Argentina a fin de procesar el aceite y el cereal y exportarlo hacia otros países. La empresa ha invertido más de 200 millones de dólares en la Argentina a fin de establecer las plantas de fertilizantes. Muchas empresas se han dedicado a criar el ganado vacuno. Nuestras empresas ha invertido más de 10 millones de dólares a fin de fabricar los barcos de captura pesquera más importantes de la Argentina. Representa el mayor pedido de astilleros en los últimos 30 años en la Argentina. También se desarrolla vertiginosamente la cooperación financiera sinoargentina, por ejemplo, el banco ICBC y el Banco de China establecieron sus sucursales en la ciudad de Buenos Aires. Tan sólo el ICBC durante los últimos diez años ha introducido desde los fondos multilaterales cerca de 3.000 millones de dólares a la Argentina. Hasta finales del año pasado, la contratación de obras de la parte china alcanzó 27.000 millones de dólares en la Argentina. Entonces se han creado numerosos puestos de trabajo aportando al desarrollo socioeconómico local. Al comienzo del año 2000, más o menos diez empresas chinas estaban radicadas en Argentina. Ahora más de 80 empresas ya están arraigadas en este país. En los últimos tres años, las empresas chinas se encuentran a la cabeza en las inversiones de energía de la Argentina, sobre todo los recursos de litio. Según la estadística de la Secretaría de Energía de la Argentina del año 2020 hasta 2021, se ha consolidado como una segunda fuente de inversión en materia de minería”.

En otro momento, el funcionario se centró en el litio: “Los acuerdos firmados por ambas partes en materia de litio del año presente ya alcanzaron más de 3.000 millones de dólares. Empresas de China ha invertido en 14 proyectos de litio. Y también avanzamos mucho en la energía limpia, como, por ejemplo, la energía eólica, la fotovoltaica y la nucleoeléctrica. Y también desarrollamos una cooperación con cobertura de toda la cadena industrial, agropecuaria, de silvicultura y de pesquería. Y también conseguimos una serie de renovados recursos y frutos en materia de tecnología informática, tecnología espacial y la biotecnología”.

El embajador expuso además sobre el déficit comercial que la Argentina sufre con China: “China es la mayor fuente de importación y el segundo destino de exportación más importante para la parte argentina. La parte china no busca intencionalmente un déficit o un superávit. En los últimos años se ha aumentado en gran medida los tipos de productos exportados hacia China. Yo he firmado o fui testigo de la exportación de cerezas y de soja, entre otros productos argentinos, al mercado chino. Nuestras empresas están invirtiendo cada vez más en materia de minería, agricultura, química y energía. Entonces, yo creo que también estamos desarrollando nuestra cooperación entre transferencia tecnológica-científica, la economía digital y el desarrollo sustentable. Yo creo que con el paso del tiempo la Argentina podría exportar y producir más productos de calidad”.

Preguntado sobre los supuestos planes chino de construir un puerto en Tierra del Fuego, Zou respondió: “Primero tomamos nota de que algún portal importante de la Argentina -aludió en forma implícita a Infobae- incita los temas sobre China durante mucho tiempo con mala intención e incluso a través de rumores, acusó a China de intentar construir un acuerdo militar en Tierra del Fuego y también acusó a nuestra estación del espacio lejano (en Neuquén) como una instalación militar cuyos objetivos no son más que sembrar discordias y socavar nuestra cooperación normal como resultado. Nuestras empresas, a través de canales legítimos, y lectores están realizando gestiones con este portal a fin de aclarar las dudas en salvaguardia de sus derechos e intereses legítimos. Esperamos que los amigos periodistas no escuchen los rumores. En cambio, deberían respetar la verdad. Esto es muy favorable a resguardar los intereses compartidos de China y la Argentina. Quería reafirmar que nuestra cooperación es muy fructífera. Está basada en los principios de consultas extensivas, igualitarias, la construcción conjunta y el beneficio para todos. En caso de que Argentina tenga demandas, queremos seguir participando en la construcción de infraestructura de la Argentina en apoyo del desarrollo económico y la mejoría del bienestar”.

AR

Un conjunto de factores políticos condicionó desde el comienzo la presidencia de Arturo Umberto Illia. En amplios sectores existía una profunda desconfianza hacia la democracia, ya que se dudaba de que pudiera garantizar la integración de los seguidores de Perón. Esta opinión se relacionaba con una valoración negativa del panorama abierto luego del golpe de Estado de septiembre de 1955. Illia gobernó solamente con el apoyo de su partido, sin establecer alianzas con otros sectores, cuestión que hubiera sido fundamental en un contexto dominado por la atomización de la representación política. Carecía de una estrategia consistente hacia los sectores peronistas y su pervivencia en un sistema político basado en su proscripción electoral. El gobierno parecía encarar el asunto solo a partir de la canalización de esos votos por los partidos neoperonistas.

Los trabajadores sindicalizados retomaron la protesta mediante el llamado “Plan de Lucha”, una serie de huelgas con la ocupación de los establecimientos industriales desarrollada por la CGT y sus gremios entre mayo y junio de 1964. En estas acciones que contaron con alrededor de tres millones novecientos mil trabajadores y unas once mil fábricas ocupadas, los ejes del reclamo provenían de motivos salariales y otros que hacían hincapié en las condiciones laborales.

Los principales dirigentes gremiales peronistas buscaban debilitar políticamente al gobierno nacional. Esta capacidad de maniobra doble –desplegada en el campo laboral y en el político– se reforzaba por las dificultades de los partidos neoperonistas, que eran proscriptos recurrentemente. Las acciones de los trabajadores se destacaron por el nivel de planificación, efectividad y clandestinidad, así como por los importantes niveles de autonomía de las bases. La contracara fue el estado de alarma que cundió entre empresarios, políticos opositores y el Ejército.

En este contexto, se produjo la aparición de distintos agrupamientos de militantes que buscaban conformar guerrillas rurales, como el denominado Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP). El EGP intentó crear un “foco” rural en el norte argentino para luego desarrollar una estrategia revolucionaria según los preceptos del “Che” Guevara. El grupo se conformó con militantes porteños y cordobeses universitarios y la rama juvenil del Partido Comunista, la Federación Juvenil Comunista: llegó a tener alrededor de treinta integrantes, sumados a los apoyos urbanos. Esta experiencia terminó en un fracaso rotundo y fue destruida por la Gendarmería. Se hicieron visibles las dificultades de aplicar la estrategia “foquista” sin contar con el apoyo potencial de los seguidores de Perón y en un terreno rural hostil para iniciar las operaciones.

Luego de una explosión en un departamento de la Capital Federal, a fines de junio, la opinión pública, las FFAA y las autoridades políticas descubrieron el proyecto guerrillero de las llamadas “Fuerzas Armadas de la Revolución Nacional” (FARN), que no llegaron a entrar en actividad. Este grupo compuesto de una veintena de militantes de la corriente trotskista Palabra Obrera propuso dar inicio a la lucha armada luego de vincularse con el “Che” y la experiencia cubana. Preparaban una red de apoyos basada en recursos financieros, humanos, armamentos, casas, vehículos, medicamentos y alimentos. Los agentes judiciales y los investigadores policiales que trabajaron en el lugar de la explosión obtuvieron pruebas de la intención de enviar documentación, mapas, armas de fuego y explosivos a la provincia de Tucumán. El impacto generado por estos hechos, sumado a las huelgas y protestas obreras de 1964, condujo a los dirigentes políticos y a las jerarquías militares a reforzar su preocupación por la seguridad interna.

El actor castrense mantenía una relación distante con las nuevas autoridades políticas. Los “azules” –la facción hegemónica de las FFAA– tenían presente que la UCRP había sido aliada de los “colorados” durante los enfrentamientos de facciones militares, a comienzos de los sesenta. Además, observaban con recelo la estrategia moderada del gobierno frente a las expresiones políticas y sindicales del peronismo y las diferentes formas que empezaba a tomar la radicalización política hacia la izquierda de algunos sectores de la sociedad, especialmente en la juventud universitaria. Illia rechazó el uso de fuerzas militares para reprimir las protestas obreras ocurridas durante el “Plan de Lucha”, algo que para Potash “sirvió a los ojos de muchos argentinos, civiles o militares, como prueba de su falta de autoridad, debilidad e indecisión”.

En agosto se realizó una interpelación parlamentaria en la Cámara de Diputados a Juan Palmero, Miguel Ángel Zavala Ortiz y Leopoldo Suárez –los ministros del Interior, de Relaciones Exteriores y Culto, y de Defensa, respectivamente– en la que la dirigencia política reabrió la discusión sobre la represión militar. Allí se analizó el nivel de amenaza de los grupos armados recientemente descubiertos en el norte del país y la Capital Federal, y se exploraron las medidas a implementar. Como lo expresó el diputado de la Democracia Cristiana Teodosio Pizarro, se buscaba “valorar los hechos ocurridos, sus posibles proyecciones y dar también en su oportunidad al gobierno los elementos idóneos que le permitan defender la paz social, la vigencia de las instituciones republicanas y el estilo de vida en libertad que es aspiración de todos los argentinos”.

Según el diagnóstico de los representantes del gobierno –en concordancia con la teoría contrainsurgente francesa–, la conflictividad interna, entendida como el signo de un enfrentamiento bélico, se insertaba en el cuadro general delineado por la Guerra Fría. Es de destacar la forma en que la nueva administración parecía haber incorporado un conjunto de claves de interpretación propio del ámbito castrense.

Mientras explicaba la génesis de la “guerra revolucionaria”, el ministro Zavala Ortiz señaló: “Es notorio que de la existencia de dos sistemas de vida distintos ha surgido en el mundo una competencia de poder, con posibilidades de agresión bélica –diría así–, de guerra propiamente dicha entre ambos bloques de países”. A continuación, advertía que “la existencia de un poder tan extraordinario como el que surge de la energía atómica ha determinado, paradójicamente, una autolimitación de la posibilidad de la guerra en su sentido más propio”. Como corolario de este proceso, se concluía que la amenaza de una guerra nuclear “ha dado motivo a que la competencia se derivase a otro método, a otro sistema, que es el conocido como el de guerra revolucionaria: guerra no declarada, silenciosa, pero guerra inexorable, global y permanente”. Con respecto a la situación argentina, Zavala Ortiz expresó: “Hay una guerra revolucionaria declarada a las organizaciones, a las repúblicas, a las democracias o no democracias vigentes en Latinoamérica, y contra esa situación tendremos que tomar las medidas correspondientes”.

Este abordaje contaba con el aval de varios diputados del oficialismo y la oposición como, por ejemplo, Héctor Sandler del partido Unión del Pueblo Argentino (UDELPA). Este diputado manifestaba su total acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores y expresaba: “En el mundo se ha desatado un tipo de guerra subversiva a la que se llama guerra de guerrillas, que viene a reemplazar a la agresión común y corriente a la que estábamos habituados”. Sandler advertía sobre la drástica modificación en las formas del combate y se preguntaba “si el mundo actual tanto ha variado que ya no se ven tropas en el campo de batalla”. Indicaba, además, que el engaño era una de las características principales de la “guerra revolucionaria” y alertaba sobre cómo los partidos políticos negaban la filiación que muchas veces los “guerrilleros” detenidos decían tener.

Otro legislador que estaba en total sintonía con este diagnóstico era el representante del Partido Demócrata Nacional por Mendoza, Emilio Jofré. El diputado expresaba que “es indudable que en nuestra Nación existen organizaciones formadas por argentinos y también por extranjeros que quieren causar perturbaciones en la República”. Al insistir en este aspecto, afirmaba: “Esto forma parte de un plan, de ese plan que desde hace algún tiempo se han trazado los países comunistas, los cuales se han propuesto tomar posiciones, primero en el África y luego en América Latina”.

Américo Ghioldi –diputado por la Capital Federal del Partido Socialista Democrático– se sumaba a estas voces y advertía:

 Ha habido un intento de acción subversiva. […] Se toma noticia de la existencia de una acción guerrillera, con estrategia de guerra, con códigos de guerra, en desarrollo de guerra revolucionaria, en pequeña escala, afortunadamente, pero que denota una energía y una voluntad de realización que, aun cuando haya sido pequeña en el caso que analizamos, demuestra la existencia, sobre todo, de un plan y de voluntad de operar.

Para los ministros del gobierno, el mayor riesgo se vinculaba con la unión entre el “comunismo” y el movimiento peronista, una línea de interpretación que seguía los análisis prospectivos del Ejército. Para Zavala Ortiz, la gravedad de la situación justificaba la presencia del ministro de Defensa, porque lo que estaba en juego era nada menos que la “seguridad nacional”.

El ministro de Defensa Suárez relativizó el peligro del “foco de guerrilleros”. Afirmó que un grupo armado como el EGP podía eliminarse con las fuerzas de seguridad, especialmente la Gendarmería. Sin embargo, aclaró que “sí hay un riesgo cierto de una perturbación general en el país, porque no es misterio para nadie que frente a este tipo de acción [la del egp] aparecen unidos distintos sectores que evidentemente están en el hecho subversivo en la República”. En la coyuntura conflictiva de 1964, Suárez se refería a los trabajadores, los sindicatos y al movimiento peronista, una postura que también tenía el Ejército.

El uso de las FFAA para la represión pasó a ser un eje central del debate. Juan Balestra –diputado por el Partido Liberal Autonomista de Corrientes– fue directo al punto y consultó al ministro de Defensa sobre la posibilidad de incorporar al Ejército y aplicar el Código de Justicia Militar a los civiles detenidos, dos tópicos que retomaban las discusiones mantenidas por los dirigentes políticos y las autoridades militares en los tiempos de Frondizi. Suárez respondió que ni el Poder Ejecutivo ni su cartera creían necesaria la utilización del arma terrestre en el área de la seguridad interior. De todas formas, volvió a resaltar que, en el caso de una “subversión” o la posibilidad de un “atentado contra la Constitución y las instituciones democráticas del país […], el Poder Ejecutivo contaría con la totalidad de las Fuerzas Armadas” a su disposición para restablecer el orden.

El gobierno expresó la urgencia por lograr la actualización de la legislación de defensa porque esta solamente contemplaba la “guerra clásica”. Suárez sugirió al Congreso que, en el corto plazo, se trabajara para hacer frente a la “guerra revolucionaria”, y enfatizó la necesidad de reemplazar la normativa de Perón para “que el Estado cuente con los medios necesarios para defender su integridad”. El ministro del Interior Palmero solicitó a los legisladores que se abocaran a desarrollar una nueva ley de defensa al expresar:

 Es preocupación del Poder Ejecutivo, frente a este nuevo tipo de guerra que importa la guerra de guerrillas, sugerir al Honorable Congreso de la Nación la adopción de disposiciones que contemplen estos hechos nuevos que se producen y que necesitan, dentro de la legislación, que el Estado cuente con los medios necesarios para defender su integridad.

 Los legisladores de los distintos partidos políticos mostraron su voluntad de colaborar. El diputado Pizarro aseguró: “Estoy seguro que daremos al Estado y al gobierno los medios idóneos para defendernos, y al mismo tiempo habremos de dictar las leyes necesarias para [hacer frente a] la acción subversiva”, que según su parecer se desarrollaba en el país. El udelpista Sandler expresaba que “ante los nuevos hechos habrá que emplear nuevas soluciones. La seguridad del país así lo exige”. Por su parte, Emilio Jofré, diputado del Partido Demócrata Nacional por Mendoza, manifestó que, por la “gravedad extraordinaria” de la situación, se debía “buscar que existan disposiciones muy enérgicas aplicables a los que quieran atentar contra el orden, contra los principios constitucionales del país”.

La atención del gobierno nacional sobre el encuadramiento legal del accionar contrainsurgente llegó hasta la figura del presidente. Al igual que los legisladores y los ministros presentes en la interpelación, Illia consideraba la posibilidad de utilizar a las FFAA. Así lo expresó en su mensaje anual al Congreso de mayo de 1964: “Es un concepto admitido en los ámbitos militar y civil, que los adelantos de la técnica y de la ciencia han roto el esquema de la ‘guerra clásica’. La ‘seguridad nacional’, la adecuada instrumentación de la ‘defensa nacional’ han ampliado el panorama”.

Illia indicaba que los conflictos armados habían sufrido una mutación que se expresaba en la extensión de los espacios en los que el enfrentamiento podría librarse. Esto iba en consonancia con lo planteado por el saber contrainsurgente del Ejército. Por este motivo, afirmaba: “Compenetrados de este concepto, ha sido nuestra preocupación elaborar el proyecto de una nueva ley de defensa nacional […] y complementar una legislación en armonía con las circunstancias que viven el país y el mundo”. Desde esta perspectiva, la precondición para usar las ff. aa. con fines represivos era el reemplazo de la normativa de defensa vigente.

La elaboración de una nueva legislación de defensa

El 11 de septiembre de 1964 el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Senadores un proyecto de ley de defensa que conservó, en sus aspectos centrales, el contenido de los borradores escritos durante la presidencia de Frondizi. Esto lo confirmaba Astigueta, uno de los redactores de la normativa de 1961, quien años después dijo que “de ahí surgió la ley de Seguridad Nacional que a regañadientes hizo suya el presidente Illia y fue sometida al Congreso Nacional antes de su caída”. El máximo mandatario hizo mención, en 1965, al proyecto de ley en el mensaje anual al Congreso, en el que les expresó a los diputados: “Vuestra honorabilidad tiene a estudio el proyecto de la nueva ley de Defensa Nacional. No dudo habrá de merecer la urgente preocupación de los señores legisladores”. Con un tono más enfático, Illia afirmó: “Necesitamos de este instrumento legal, porque él nos posibilitará la incorporación de nuevos conceptos que en esta materia imperan en el mundo y la modificación de las estructuras que constituyen el basamento de la defensa nacional”.

El gobierno sostenía que el reemplazo de la normativa vigente brindaría las herramientas necesarias para enfrentar el conflicto interno. El ministro de Defensa Suárez expresaba en el texto de fundamentación: “El proyecto adjunto tiene como fin primordial proporcionar los medios legales que permitan adoptar oportunamente las medidas tendientes a proteger la integridad de la República de los efectos perjudiciales de cualquier factor capaz de atentar contra la misma”.

Se hacía un llamado a la renovación de la legislación de defensa para adecuar “la organización de la defensa nacional a las cambiantes situaciones que conforman el mundo moderno”, como decía Suárez. La necesidad de recurrir a operaciones militares de excepción se justificaba en los siguientes términos: “Si para superar situaciones de carácter extraordinario, la Nación no pudiere contar con los medios preventivos y represivos también extraordinarios […] se pondría en peligro su existencia misma, o la de sus instituciones básicas, facilitándose el caos social, en detrimento de los valores fundamentales que forman nuestro acervo nacional”. El ministro esperaba reemplazar la Ley Nº 13234 de 1948 por una nueva normativa acorde con los requerimientos de la “seguridad nacional”.

El proyecto de ley se enfocaba en la “guerra revolucionaria”, en concordancia con lo planteado por la teoría antisubversiva francesa. El cuadro general descripto en la normativa expresaba:

 El mundo vive un estado de profunda transformación y de conflicto permanente, en el cual no se advierte una clara línea divisoria entre la paz y la guerra, sino solo etapas de una lucha por sobrevivir o imponerse, librada entre bloques de naciones movidas por ideologías, intereses y sistemas políticos antagónicos.

 Esta parte del proyecto –que era una copia textual de su antecedente de 1960– se completaba con una descripción de los ámbitos variados en los que se desarrollaba el conflicto: “Esta lucha se lleva a cabo con todos los instrumentos del poder, sean militares, políticos, económicos o psicosociales”.

El gobierno buscó adaptar las figuras jurídicas ya existentes como, por ejemplo, la de “conmoción interna”. Para Suárez, esta situación abarcaba un campo relativamente amplio de circunstancias asociadas con la disidencia interna. En el punto 45 del texto de fundamentación de la ley se indicaba: “La conmoción interna a que la Constitución se refiere comprende tanto los movimientos abiertamente hostiles a la autoridad, contrarios al orden público, como también esos anuncios evidentes de más hondas perturbaciones, pero que no han tomado todavía una forma práctica, una forma externa”.

El otro concepto utilizado para los casos de crisis interna era el de “emergencia grave”. De acuerdo con el punto 40, así se llamaba a una situación incluida dentro de la “conmoción interna”, que según la Constitución se establecía como precondición para la declaración del estado de sitio. Suárez señalaba en el punto 37:

 El concepto de emergencia grave está integrado por dos elementos esenciales: la gravedad o extensión de la alteración del orden o seguridad y el hecho de que los efectos de esa alteración no puedan ser controlados o anulados por entes privados u oficiales locales y requieran el concurso de las autoridades nacionales.

 Por consiguiente, ambas definiciones tenían en común un marcado grado de generalidad, que podía incluir diversos tipos de conflicto.

El uso de las FFAA en el proyecto estaba precedido de la declaración de un estado de emergencia. La normativa indicaba en su artículo 10 que el presidente decretaría el “estado de prevención” en una parte o en todo el país, según la extensión de la zona afectada. Esto ocurriría toda vez que hubiera un acontecimiento que amenazara la “seguridad nacional”, que sería definido mediante los conceptos de “conmoción interior” o “emergencia grave”. Si una situación de riesgo lo ameritaba, el máximo mandatario dispondría estas medidas y luego notificaría al Congreso; si el peligro era menor, se requeriría primero la autorización del Poder Legislativo. En cualquier caso, el proyecto le otorgaba al presidente una capacidad decisiva.

Se procedería a establecer una jurisdicción especial llamada “zona militar”. El artículo 11 del proyecto indicaba que el presidente podría “otorgar el gobierno civil de las zonas afectadas a la autoridad militar con autorización legislativa o dando cuenta oportunamente al Congreso Nacional, según la gravedad de la situación y la urgencia de las medidas que se adopten”. El artículo 29 expresaba que la autoridad castrense de la “zona militar” o del “teatro de operaciones” sería un delegado del presidente y ejercería la totalidad del gobierno civil y militar. Si bien se continuaba con lo delineado para las “zonas de emergencia” en la época de Frondizi, el proyecto de 1964 agregó la prerrogativa de poder legislar sobre la emergencia, algo que había sido un reclamo del sector castrense durante la puesta en ejecución del Plan CONINTES. El artículo 31 prescribía que el comandante del “teatro de operaciones” estaría facultado para dictar los bandos “que las necesidades de la situación impusieran”.

El proyecto de ley fracasó en la Comisión de Defensa del Senado, por lo que ni siquiera llegó a debatirse. A pesar de su sólida fundamentación, el apoyo público dado por Illia y la opinión favorable a reemplazar la legislación de defensa de una gran parte de la dirigencia política, el texto en discusión siguió el mismo destino que sus versiones previas con Frondizi. ¿Cuáles fueron los motivos de este desenlace, si la normativa parecía haber llegado en un contexto propicio para su eventual aprobación?

El proyecto fue desestimado debido a la oposición del bloque de senadores de la UCRP, que controlaba la mayoría de las bancas en la cámara alta. Los miembros del Senado no estaban de acuerdo con los diputados y los ministros sobre la necesidad de sancionar una nueva legislación de defensa orientada hacia la represión militar. De hecho, hay indicios de que el propio presidente no estaba enteramente convencido. En los días en que se envió la normativa al Senado, Illia realizó declaraciones a la prensa extranjera: afirmó que en América Latina “no existe en absoluto duda alguna de que el comunismo ha perdido gran parte de su atracción en este hemisferio […] Está declinando y continuará declinando”.

El gobierno mantuvo una política persuasiva de la protesta social sostenida por el presidente Illia y el ministro del Interior Palmero. El uso de las FFAA. estuvo lejos de ser una opción durante los conflictos vinculados al “Plan de Lucha” sindical de 1964 y ante el EGP. Estos elementos pueden brindar cierta plausibilidad a lo expresado por Astigueta sobre la “reticencia” del máximo mandatario frente a la normativa en discusión.

A pesar de los argumentos que explican el paso en falso del proyecto de ley por Senadores, una cuestión sigue abierta: ¿por qué Illia –quien al parecer no lo apoyaba– lo envió para su debate y eventual sanción? Ante la falta de fuentes y explicaciones historiográficas, se impone avanzar por el terreno de las conjeturas. Puede suponerse que la decisión presidencial tal vez estuvo relacionada con seguir el consejo de dos de los promotores más destacados del enfoque contrainsurgente dentro del gobierno: Zavala Ortiz y Suárez, ministros de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional, respectivamente. Estos miembros del Poder Ejecutivo provenían de la facción unionista del radicalismo, caracterizada por su conservadurismo, anticomunismo y antiperonismo. El envío del proyecto de ley de defensa al Congreso puede interpretarse como una concesión a este sector del gobierno y del partido, algo que no representaba una garantía de tratamiento favorable.

Los escenarios de tensión con los que lidiaba el presidente hacia 1965 empeoraron y con ellos también lo hizo la gobernabilidad. La desconfianza hacia la democracia, el conflicto entre la ucri y la ucrp, la persistencia del apoyo popular a Perón y las diversas expresiones de su movimiento, y la presencia amenazante de las FFAA –preocupadas por la seguridad interna– se habían convertido en factores de presión. Sumado a esto, comenzaron a hacerse visibles las críticas a la administración nacional, en general, y a Illia, en particular, desde amplios sectores políticos, mediáticos y empresariales.

Este rechazo al presidente –que se extendía a los partidos políticos– se vinculaba con una campaña basada en un reclamo: “modernizar” el país. Desde actores mediáticos como las revistas Primera Plana y Confirmado se calificaba al sistema de partidos como una estructura anquilosada e ineficiente, a pesar de los datos positivos en materia económica y educativa, entre otras áreas. Se planteaba que los políticos se movían dentro de los márgenes de la demagogia y se convertían en un obstáculo para el crecimiento. Por contrapartida, los jóvenes ejecutivos, las técnicas de marketing y el dinamismo empresarial eran –según se decía– los motores del éxito. La solución de todos los problemas políticos y económicos pasaba por reemplazar la política por la administración.

La crítica al gobierno nacional permeó a las FFAA y desde marzo de 1966 los militares hablaban abiertamente de derrocar al presidente en discursos y memorandos: se basaban en los mismos argumentos que los expresados por la prensa. Se agregaba la preocupación por las elecciones del año siguiente, que auguraban un triunfo de las fuerzas peronistas. Además, entre abril y mayo el gobierno se negó a enviar tropas a la República Dominicana para tomar parte en la represión de un conflicto interno. Esto aumentó el malestar debido a que las FFAA eran favorables a la intervención, ya que querían congraciarse con los Estados Unidos y el rol que les asignaba a las fuerzas militares latinoamericanas.

La actitud pasiva del gobierno frente a los estudiantes universitarios –que expresaban la radicalización de los jóvenes– y el incipiente acercamiento al movimiento peronista de los sectores medios acentuaron las críticas de la prensa conservadora, los empresarios y las FFAA ante el supuesto avance del “comunismo”. Los altos mandos de las tres armas acordaron las acciones a desarrollar: el Ejército ocupó las sedes de diferentes medios de comunicación el 27 de junio y se obligó al presidente a renunciar. Al día siguiente, los militares pusieron fin al gobierno de Illia mediante un nuevo golpe de Estado.

Disponible en https://ediciones.ungs.edu.ar/libro/la-represion-militar-en-la-argentina-1955-1976/

Un grupo de militares de Guinea arrestó este domingo al presidente Alpha Condé y anunció que disolvió el gobierno y el Congreso, y suspendió la vigencia de la Constitución, en un hecho que fue celebrado en vastas zonas del país y condenado “enérgicamente” por la ONU.

“Decidimos, después de detener al presidente, quien actualmente está con nosotros, suprimir la Constitución en vigor, disolver las instituciones y también al gobierno, así como el cierre de las fronteras terrestres y aéreas”, afirmó el jefe de Operaciones Especiales del Ejército, teniente coronel Mamady Dumbuya, en una declaración que circuló en redes sociales.

Más tarde, el oficial reiteró esas afirmaciones en una aparición a través de la televisión nacional -que interrumpió su programación habitual-, en la que se lo vio de uniforme y envuelto en la bandera guineana, y criticó el “desbarajuste” gubernamental, según la agencia de noticias AFP.

El sector golpista divulgó un video que supuestamente prueba el arresto de Condé, en el que el mandatario, de 83 años, aparece vestido con camisa y jeans, sentado en un sofá, y se niega a responder cuando le preguntan si fue maltratado.

“El presidente está con nosotros, está en un lugar seguro y lo ha visto un médico”, aseguró Dumbuya más tarde, en una declaración a la televisora francesa France 24, según la agencia Europa Press.

Los golpistas detallaron que el presidente fue detenido en las primeras horas de este domingo en Conakry, la capital de este país de África occidental -antiguamente conocido como Guinea Francesa y hoy como Guinea-Conakry, para diferenciarse de Guinea Ecuatorial y Guinea-Bissau-, y anunciaron la creación de un Comité Nacional de la Unión y el Desarrollo, que asumiría el gobierno, con el objeto de redactar una nueva carta magna.

Testigos aseguraron que se escucharon tiroteos con armas automáticas pesadas en Kalum, uno de los barrios centrales de Conakry, donde tienen sede las principales oficinas gubernamentales y comerciales del país.

“Vi una columna de vehículos militares que transportaban soldados encapuchados, que disparaban al aire y coreaban consignas castrenses”, dijo uno de los vecinos, según AFP.

Otro dijo que los soldados recomendaban a los lugareños que se encerraran en sus casas y no salieran.

En tanto, un “diplomático occidental” citado sin identificar por esa agencia sostuvo que estaba produciéndose un intento de golpe de estado y que un grupo de militares ocupó, al menos temporalmente, el palacio presidencial.

El diplomático agregó que el golpe pudo deberse al intento del gobierno de arrestar, destituir o desplazar de su cargo a Dumbuya.

Tras la confusión generada por el Ministerio de Defensa del gobierno de Condé, que en un comunicado sostuvo que las fuerzas leales al mandatario habían repelido al “grupo atacante” y frenado “la amenaza”, el golpe fue celebrado con júbilo en varias zonas de la capital.

En cambio, fue rechazado por el secretario general de la ONU, el portugués António Guterres. “Sigo muy de cerca la situación en Guinea; condeno enérgicamente cualquier toma del gobierno realizada con la fuerza de las armas y pido la liberación inmediata del presidente”, escribió Guterres en Twitter.

Entre otras consecuencias, el golpe de estado alteró la agenda de las eliminatorias del Mundial de fútbol de 2022, pues por ese motivo se suspendió el partido que estaba previsto que jugaran este lunes en Conakry los seleccionados de Guinea y Marruecos.

Los integrantes del plantel marroquí permanecían “seguros” y encerrados “en un hotel lejos del centro de los enfrentamientos”, mientras miembros de su federación procuraban “evacuar al equipo”, informó Mohamed Makrouf, dirigente de la Federación de Fútbol de Marruecos, según la agencia ANSA.

“Estamos en el hotel, escuchamos disparos cerca durante toda la jornada; esperamos el permiso para ir al aeropuerto, por ahora estamos encerrados aquí pese a que nos espera un avión”, declaró a su vez el director técnico de Marruecos, el bosnio Vahid Halilhodzic, al diario francés L'Equipe.

“No sabemos realmente qué esta pasando afuera del hotel; el palacio presidencial no está muy lejos de donde estamos nosotros, vi soldados corriendo por las calles, pero no sabemos bien qué pasa, los futbolistas no están seguros, la inquietud es tangible”, agregó el entrenador.

Guinea celebró elecciones presidenciales el 18 de octubre de 2020 y dos días antes el centro de Conakry amaneció bloqueado por efectivos de fuerzas de seguridad, mientras la prensa reportaba un motín en un cuartel militar a unos 100 kilómetros de la capital.

Entonces, la candidatura de Condé para un tercer mandato -para el que sería proclamado el 7 de noviembre- provocó meses de tensiones, con decenas de muertos y de opositores detenidos.

Condé, histórico opositor, encarcelado y hasta condenado a muerte, se convirtió en 2010 en el primer presidente elegido democráticamente después de décadas de regímenes autoritarios.

Sin embargo, en los últimos años se lo acusó de tomar un rumbo autoritario y en marzo de 2020 adoptó una nueva Constitución que fue motivo de numerosas protestas que fueron duramente reprimidas.

CB/CRM con información de agencias

A principios de julio, la policía vietnamita detuvo a Le Van Dung, un destacado activista y periodista que informa con regularidad en directo desde Facebook a miles de seguidores de todo el mundo. El periodista, que se hace llamar “Le Dung Vova”, se encontraba en paradero desconocido desde un mes antes. Según Reuters, fue detenido bajo la acusación de “fabricar, almacenar y difundir información, materiales y artículos con el fin de oponerse al Estado”, conforme el artículo 117 del Código Penal de Vietnam. Si es declarado culpable, está contemplada una pena de hasta 20 años de cárcel.  

Cada vez más vietnamitas como Dung recurren a las redes sociales para reivindicar sus derechos. El Partido Comunista de Vietnam, que mantiene un férreo control del Estado, se ha preparado para la lucha en un nuevo campo de batalla: las plataformas digitales.

En 2017, Vietnam creó una unidad militar cibernética integrada por 10.000 empleados para reprimir la disidencia en las redes sociales. Nguyen Khae Giang, un académico vietnamita que vive en Nueva Zelanda, afirma que los funcionarios del Partido se sienten muy satisfechos con este grupo. Según Dien Nguyen An Luong, investigador visitante del Programa de Medios, Tecnología y Sociedad del Instituto ISEAS - Yusof Ishak, “el objetivo principal de la unidad”, conocida como Fuerza 47 o Brigada 47, es “manipular el discurso en línea para imponer la línea del Partido Comunista en un país cuyos líderes se han obsesionado con frenar el contenido contrario al Estado”.

En otros países no es inusual que el partido en el poder reclute a “formadores de opinión en línea”. Sin embargo, la Fuerza 47 es única por su asociación con los militares y por la transparencia de su funcionamiento: Vietnam es el único Estado del sudeste asiático que reconoce públicamente tener una unidad cibernética militar. Según Giang, la Fuerza 47 es una unidad fácil de financiar para el partido, ya que a los militares se les forma para que consideren que moldear la opinión pública forma parte de su trabajo y por este motivo “es menos probable que pidan una paga extra”.

En febrero de 2021, el gobierno nombró como responsable del Ministerio de Propaganda al teniente general Nguyen Trong Nghia, un militar de alto rango que ayudó a crear la Fuerza 47. La unidad está formada por oficiales militares. Se denominan “cibertropas” y pueden contrarrestar hábilmente las “opiniones erróneas” o la “información tóxica” sobre el régimen. 

Es importante precisar que no existe una definición oficial de lo que constituye una “opinión errónea”. La unidad utiliza una doble estrategia: crear páginas, grupos y opiniones favorables en las redes sociales y atacar a los grupos y opiniones contrarias. Según una académica que prefiere no revelar su identidad, es difícil determinar quién es uno de sus “creadores de opinión”. “Una persona puede estar sentada a tu lado y no sabrás que te está atacando en Internet”, afirma.

No es la única herramienta

El partido gobernante vietnamita creó esta unidad a pesar de contar con una ley de ciberseguridad que es tan vaga en su definición de “noticias falsas” que se utiliza sobre todo para sofocar a los disidentes.

El 18 de junio, Vietnam también presentó unas directrices nacionales sobre el comportamiento en las redes sociales. Las directrices animan a los usuarios a publicar sólo “contenido positivo” sobre el país y sus líderes. También exigen a los funcionarios que informen a sus superiores de “información conflictiva”.

Según información de Reuters, no está claro “hasta qué punto estas directrices son jurídicamente vinculantes, ni cómo se aplicarán”. Este tipo de ambigüedad en las leyes no es infrecuente en el país.

Al explicar el funcionamiento de la Fuerza 47, Nguyen The Phuong, investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales de Saigón de la Universidad Nacional de Vietnam, escribe que el mando y el control sobre los miembros individuales de la unidad son mínimos o incluso inexistentes. En este sentido, subraya que “este tipo de mecanismo flexible permite a los miembros del grupo especial estar exentos de los procedimientos normalmente estrictos de las redes tradicionales del Ejército Popular de Vietnam”.

Censura estatal y autocensura

Vietnam es un Estado con un único partido político [Partido Comunista de Vietnam]. Para este partido en el poder, es muy importante proteger el flujo de información y asegurarse de que sus funcionarios cuentan con la confianza del público.

Gran parte de la economía vietnamita está en manos del Estado o es administrada por él. Los medios de comunicación no son una excepción. Aunque el país cuenta con miles de periódicos y cientos de canales de televisión y emisoras de radio, se espera que todos ellos sigan la línea oficial.

Los Ministerios de Propaganda, tanto a nivel federal como en las provincias, vigilan estrechamente estas plataformas mediáticas y sus mensajes. Son famosas las reuniones semanales con los editores para informarles de las noticias que deben difundir. “En este sentido, sólo somos ligeramente mejores que los chinos”, afirma el académico Nguyen Khae Giang. 

Esta férrea censura estatal ha llevado a la autocensura. Los medios de comunicación conocen sus límites y no los traspasan. Cuando infringen estas normas, a menudo son sancionados o no pueden publicar durante semanas. En julio de 2018, a Tuoi Tre, uno de los periódicos online más populares de Vietnam, se le prohibió publicar información durante tres meses y se le impuso una multa de 10.000 dólares, ya que se le acusó de publicar contenidos “falsos y que generaron división nacional”. El periódico está dirigido por un grupo alineado con el Estado, la Unión de la Juventud Comunista de Ho Chi Minh.

En 2020, varios miembros de la Asociación de Periodistas Independientes de Vietnam (IJAVN) fueron detenidos y tres de ellos condenados a penas de entre 11 y 15 años de prisión. Vietnam ocupa el puesto 175 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras.

Menos recursos que China

Desde la llegada de Internet, el Partido Comunista ha intentado controlar la red con firmeza. Sin embargo, las redes sociales han roto el equilibrio del discurso oficial. A medida que la economía ha crecido, la desigualdad ha aumentado y los vietnamitas han empezado a expresarse con mayor fervor en las plataformas digitales.

Con la llegada de los blogs, Facebook y YouTube al país, cada usuario se ha convertido en una plataforma mediática y al régimen le resuelta difícil regularla. La represión se ha convertido en algo habitual. Según las cifras de RSF, más de 30 periodistas y blogueros han sido encarcelados por expresar su opinión. Los malos tratos son una práctica habitual en las cárceles vietnamitas.

Vietnam no puede bloquear Internet como lo hace China. En este sentido, Phuong señala que el Estado “no tiene suficiente dinero ni experiencia técnica para construir un sistema de bloqueo de la web tan invasivo y eficaz como el llamado Gran Cortafuegos de China”.

Vietnam ha sido la economía asiática con mejores resultados en 2020. Si quiere mantener esta tendencia, el régimen no puede permitirse prohibir las redes sociales porque las pequeñas y medianas empresas las utilizan con fines de marketing y publicidad. Sin embargo, el crecimiento económico también ha traído consigo un aumento de la corrupción y la desigualdad, lo que está empujando a la población a expresar sus quejas en las redes sociales.

En enero de 2020, la BBC informó de que hasta 3.000 efectivos de seguridad se presentaron en un pueblo de Dong Tam, a unos 40 kilómetros de Hanoi. Los residentes protestaban por la toma de sus tierras por parte de Viettel Group, la empresa de comunicaciones de Vietnam dirigida por los militares. El enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los habitantes fue retransmitido en directo por Facebook y YouTube. No sólo se censuraron las discusiones y el vídeo, sino que posteriormente se difundieron una gran cantidad de mensajes para condenar el comportamiento de los manifestantes.

En un comunicado, el director regional de Amnistía Internacional, Nicholas Bequelin, ha declarado que “las redes sociales, especialmente Facebook, se están convirtiendo cada vez más en un arma utilizada por Vietnam para perseguir a quienes expresan su opinión de forma pacífica”.

Estas disputas por la tierra, los problemas relacionados con el desarrollo y la corrupción no harán más que aumentar en una economía en rápido crecimiento.

“En un escenario así, las personas oprimidas y relegadas en los planes de crecimiento no tienen más remedio que utilizar las redes sociales para reclamar sus derechos”, señala Giang.

En marzo de 2021, varios manifestantes de Dong Tam fueron condenados a muerte o a largas condenas de cárcel.

Propaganda en Facebook

Según Giang, el principal problema para el Gobierno a la hora de censurar las redes sociales es que las empresas tecnológicas no tienen su sede en Vietnam. Tienen sus propias “normas comunitarias” a las que adherirse y el Partido Comunista parece haber encontrado una forma de evitarlas.

Reuters informó en abril de 2020 que los servidores locales de Facebook en Vietnam fueron desconectados hasta que cumpliera con las exigencias del Gobierno. Además, con el uso de “formadores de opinión” y de la Fuerza 47, varios grupos de Facebook se deshacen en elogios con las actividades del Partido. “Las redes sociales, en particular Facebook, se están convirtiendo cada vez más en un arma de Vietnam para perseguir a quienes dicen lo que piensan de forma pacífica”, dijo Giang. 

Según un artículo de Reuters de noviembre de 2020, Vietnam amenazó con cerrar Facebook en el país si no cedía a las presiones del Gobierno para censurar más contenidos políticos locales en su plataforma. 

Facebook tiene unos 60 millones de usuarios en Vietnam y, según fuentes citadas por Reuters, obtiene unos 1.000 millones de dólares de ingresos en el país.

“Desde un punto de vista empresarial, tiene sentido que Facebook obedezca al Partido”, dice Nathan Trac, de Viet Tan, un grupo de defensa de los derechos humanos que colabora con Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones internacionales. Una investigación de The Intercept sobre las acciones de Facebook en Vietnam llega a la conclusión de que la red social habría cedido ante la presión del régimen. 

“Facebook, que en su día fue anunciado como una bendición para un país como Vietnam, en el que las redes sociales permiten a los ciudadanos sortear el dominio de la censura del Estado sobre los medios de comunicación tradicionales, se ha convertido ahora en otro medio para controlar a los ciudadanos”.  

Sobre la respuesta de Facebook a las acusaciones, Brad Adams, de Human Rights Watch, dice que en diciembre de 2020 que la empresa dijo estar abierta al diálogo. “Han estado dispuestos a dialogar y sus responsables en materia de derechos se muestran empáticos, pero en general la respuesta ha sido débil, poco coherente, poco transparente y demasiado dispuesta a transigir en los principios básicos.” 

Censurar a los vietnamitas en el extranjero

Teniendo en cuenta la estricta censura existente en el país, la carga de denunciar las atrocidades y la corrupción dentro de Vietnam recae en gran medida en los vietnamitas que viven en el extranjero. “El Gobierno vietnamita nos considera terroristas”, afirma Michael Tran Duc, del grupo de derechos humanos Viet Tan. 

Michael señala que como el régimen no puede censurar a los usuarios de las redes que residen en el extranjero, utiliza programas informáticos para piratear la correspondencia de estos grupos que defienden los valores democráticos. Dice que “hackers pagados por el régimen utilizan nombres como Sea Lotus y Ocean Lotus para atacar a gente como nosotros en Internet”. Los activistas utilizan TOR y VPN, y cambian constantemente de dirección IP para esquivar este tipo de ataques.

Nathan y su familia se encuentran entre el grupo conocido como “la gente de los botes” que huyó de Vietnam por mar justo después de la guerra. “Trabajamos cada día para recuperar los valores democráticos que imaginamos que tendría nuestro país algún día, a pesar de los inmensos riesgos. Trabajamos con la esperanza de un futuro mejor”, dijo.

Este artículo es una republicación del original publicado por el Instituto Reuters para el estudio del periodismo de la Universidad de Oxford

Traducción castellana de Emma Reverter

AGB

Militares estadounidenses lo repetían con frecuencia. Si el Ejército colombiano contara con la tecnología norteamericana, sería una fuerza “invencible”. Son palabras del paracaidista retirado de las fuerzas especiales Raúl Musse, hoy a la cabeza del gremio más numeroso de veteranos en Colombia (ACOSIPAR). Lo cuenta para tratar de esbozar las motivaciones que, desde hace dos décadas, han llevado a diversas compañías de seguridad privada alrededor del mundo a contratar los servicios de exsoldados de Colombia. 

Hoy las autoridades haitianas investigan a casi una veintena de exmilitares colombianos detenidos por haber participado presuntamente en el magnicidio del primer ministro Jovenel Moïse, ejecutado por siete sicarios en su casa a las afueras de Puerto Príncipe en la madrugada del pasado 7 de julio. El presidente colombiano, Iván Duque, aseguró que entre el grupo de nacionales había contratistas que conocían de antemano el objetivo de la misión: atentar contra el mandatario de 53 años. Los otros, aseguró Duque, iban de “gancho ciego”.

Más precisas fueron las revelaciones del director de la Policía de Colombia, quien dijo que el capitán Germán Rivera y el sargento viceprimero Duberney Capador, ambos retirados, “participaron en la planificación y organización de lo que inicialmente era una supuesta operación de arresto del presidente de Haití y, para ello, contactaron a más personas en nuestro país”. 

Duberney Capador, de 40 años, fue dado de baja por las fuerzas haitianas. El exsargento fue el posible enlace entre los militares locales y la empresa de seguridad CTU (Counter Terrorist Unit Federal Academy) a cargo de Antonio Intriago, un elusivo y hermético ciudadano venezolano afincado en Miami. 

Los hermanos y exmilitares Germán y Jonathan Rivera, por su parte, han sido claves en aportar información para las pesquisas de las autoridades. Sus relatos han ayudado a ordenar la cronología del crimen de un mandatario que en los últimos tiempos había sido muy criticado por asumir rasgos autoritarios. Según la investigación del periodista Ricardo Calderón, jefe de investigaciones del telediario de la cadena de televisión Caracol de Colombia, Jonathan Rivera conoció dos días antes del atentado que la misión había cambiado. Ya no se trataba únicamente de asaltar y secuestrar a Moïse. Ahora debían cumplir otra orden: asesinarlo.

Soldados retirados

En las últimas dos décadas la mano de obra de soldados retirados colombianos se ha convertido en un servicio codiciado en países como Emiratos Árabes Unidos, Irak o Afganistán. Curtidos en medio de una larga guerra interna irregular, muchos de ellos tienen pericia en operaciones especiales, manejo de explosivos, o como francotiradores. Por eso, agencias estadounidenses, como la controvertida Academi, antes Blackwater, suelen buscar sus servicios.

En el caso de Haití, los patrones se repiten: la mayoría de los detenidos en Puerto Príncipe oscilan entre los 40 y 45 años. Casi todos fueron soldados profesionales con varios cursos de especialización. Algunos de ellos con educación militar en los Estados Unidos, según reconoció el Pentágono.

No se sabe si el soldado jubilado Francisco Eladio Uribe es uno de ellos. Pero su caso ha resonado en los medios locales. Uribe formó parte de unidades antisecuestro y operó en zonas conflictivas como Arauca, departamento fronterizo con Venezuela, al este del país. 

Su caso, además, es algo vidrioso porque tiene una denuncia grave como presunto responsable, en 2008, de una ejecución extrajudicial de los llamados “falsos positivos”, un eufemismo para referirse a crímenes de ciudadanos inocentes presentados por los militares durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) como bajas en combate para lograr beneficios, ascensos y otras condecoraciones. 

Entre 3.000 y 6.000 soldados profesionales se retiran del servicio activo anualmente en Colombia. A pesar de que el Gobierno tiene varios canales de ayuda para acompañar el tránsito de la milicia a la vida civil, muchos se quejan de que los programas aún no funcionan bien. O se quedan cortos. “20 años haciendo contra guerrilla en la selva”, explica el experto en defensa y seguridad nacional Armando Borrero, “dejan traumas psicológicos profundos que requieren de tiempo y paciencia”. 

Pensión modesta

Ante el vértigo de enfrentarse a una vida desconocida, y a una modesta pensión que para los soldados profesionales no pasa de los 250 euros mensuales, la posibilidad de regresar a una misión castrense, con salarios de 2.000 ó 3.000 dólares mensuales, resulta a menudo una oferta indeclinable. 

El soldado profesional retirado Eledin Enrique Montero, de 52 años, lo explica: “(cuando) uno sale de la fuerza le reducen el sueldo entre un 60 y un 70%. Entonces pagar las deudas, pagar los préstamos, se vuelve muy complicado”. Y Raúl Musse, a la cabeza de un gremio que reúne a 2.000 soldados e infantes retirados, complementa: “Para nadie es un secreto que los únicos que terminan bien son los de coronel para arriba”.

Así fue como el exsoldado profesional William Amaya decidió emprender un viaje de dos años con destino a los Emiratos Árabes Unidos en 2010: “Cogí la posibilidad a dos manos. Dos mil quinientos dólares era una cantidad de plata que no se la ganaba cualquier persona acá”.

Amaya, de 47 años, confiesa que llegó a Asia sin tener claras sus funciones, una similitud con el caso de algunos de los capturados en Haití. Una vez en Abu Dhabi fue informado de que formaría parte de “un entrenamiento militar avanzado con unos americanos para cuidar la frontera con Yemen”. “Posteriormente nos trasladamos al puesto de mando adelantado y nuestra función era cuidar que ese paso fronterizo no fuera una puerta abierta”, cuenta.

Hoy afirma conocer casos de compatriotas suyos que ganan hasta 3.000 euros al mes como escoltas o guardias de campos petrolíferos en EUA. “No es que a uno le digan que va a una guerra, que va como mercenario. Eso es otra cosa, es un estilo de vida que nunca vimos en nuestro ejército en Colombia”, apunta.

¿Mercenarios o contratistas?

En agosto de 2006, el reportero de investigación Ricardo Calderón publicó un reportaje titulado “Atrapados en Bagdad” donde detallaba la forma en que exmilitares, exdetectives y expolicías colombianos fueron llevados a Irak como mercenarios por ID Systems, una firma que representaba a Blackwater en Colombia. 

Solo hasta el viaje de camino a Bagdad, los hombres pudieron leer finalmente los contratos que acababan de firmar: “Ahí fue cuando caímos en la cuenta de que algo estaba mal, porque decía que nos iban a pagar 34 dólares diarios, lo que significaba que recibiríamos un salario de mil dólares y no 2.700 (según lo prometido)”, le contó a la revista Semana el mayor jubilado Juan Carlos Forero.

El periodista Daniel Coronell, presidente de Univisión Noticias, denunció en una columna de 2011 en el mismo semanario que esos agentes retirados habrían recibido instrucción en “instituciones militares colombianas”, y que “usaron armas oficiales o decomisadas a la guerrilla”. Y concluía: “Alguien en las Fuerzas Militares apoya el millonario negocio de exportación de mercenarios”.

Para el politólogo Jorge Mantilla, sin embargo, conviene diferenciar los casos en Asia y Medio Oriente de los eventos en Centroamérica. En los dos primeros, dice, se trata de Estados o gobiernos con capacidad económica que deciden ahorrar costos, o no exponer a sus tropas, y echan mano de contratistas extranjeros en sus estrategias de defensa.

En el episodio de Haití, por su parte, “vemos un colapso parcial del Estado que deriva en la fragmentación de los servicios de seguridad. En ese punto aparecen estos ‘señores de la guerra’ que se sirven de la ausencia de control político y normativo para buscar unos objetivos”. 

Por eso, prosigue Mantilla, indiferentemente del grado de responsabilidad de los exsoldados colombianos en la conspiración y magnicidio del presidente Jovenel Moïse, debe haber un profundo cuestionamiento sobre una operación que, al parecer, se fraguó en parte desde territorio colombiano. “Las agencias de inteligencia colombianas deberían haber trazado, por ejemplo, un seguimiento mucho más riguroso de las actividades del jefe de seguridad del palacio presidencial haitiano, Dimitri Hérard, que realizó al menos seis viajes este año al país”. 

Uno de los problemas con estas agencias de seguridad a nivel internacional es que se trata de negocios privados que aún no han sido regulados por un marco jurídico sólido dentro del derecho internacional. Colombia, por ejemplo, no forma parte de los convenios de la ONU contra la utilización, entrenamiento y financiación de mercenarios, y por lo tanto los tejemanejes que se mueven en el sector no son considerados delitos.

El experto en derecho penal humanitario Jean Carlo Mejía asegura que a los vacíos legales se suma la falta de voluntad de los estados para fijar unos estándares claros: “Ni las grandes empresas, ni los grandes Estados que las acogen, han mostrado mucho interés en firmar cualquier tipo de regulación”. Como consecuencia, prosigue, los contratistas reclutados para cumplir funciones “logísticas o de acompañamiento” pueden quedar descubiertos jurídicamente en caso de resultar envueltos en escenarios de conflicto u otros líos de seguridad.

Considera, asimismo, que se debería ser cauto a la hora de utilizar la etiqueta de “mercenarios”. Mientras las investigaciones avanzan, prefiere el adjetivo “contratistas”. En su opinión, el de Haití es un “complot de muchas raíces” y pocas luces. Con actores venezolanos, haitianos, colombianos y estadounidenses cuyo rol en la trama hasta ahora va encajando de a poco en su lugar exacto. 

Para Armando Borrero, que fue consejero en seguridad ciudadana del Gobierno en los 90, resulta “normal que nos hayamos convertido en proveedores de este tipo de mano de obra”. A su juicio hay ejemplos de Estados centroamericanos, o México, que han “canalizado de manera transparente esa ayuda” con contratos para asesorías en “materia de narcotráfico o anti secuestro”. Pero, añade, “esto de Haití es muy enredado”.

Tres prófugos

Además de la veintena de detenidos, y los tres exmilitares colombianos abatidos por las autoridades haitianas, otros cinco nacionales permaneces prófugos. De acuerdo al relato de una de las esposas de los sospechosos, entrevistada por la cadena W, la firma de seguridad que contrató a su marido había pactado un salario que ascendía a los 3.000 dólares.

La remuneración para los veteranos se incrementa entre un 15% y un 20% en ese tipo de misiones en el extranjero, según información de la BBC. Para los caza talentos de empresas extranjeras, además, resultan candidatos más baratos que los israelíes o estadounidenses y con una formación de élite. No sobra recordar que las Fuerzas especiales de Colombia se han ganado nueve de los 14 campeonatos internacionales de Fuerzas Comando que reúne a tropas de la región. 

Hoy se abren diversos interrogantes en torno a la capacidad del Estado colombiano para supervisar y acompañar a sus avezados veteranos en un contexto de privatización de los servicios de seguridad y de precarización de las posibilidades laborales. “Estas capacidades humanas y bélicas podrían ser utilizadas incluso contra nuestro propio país en determinado momento”, dice Jorge Mantilla.

CS

Dieciocho militares franceses, entre ellos cuatro oficiales, serán sancionados por haber sugerido una intervención militar para proteger al país ante la amenaza del “antirracismo”, “el islamismo” y “las hordas de las periferias”. Lo manifestaron junto con 20 generales retirados y más de mil exmilitares en una carta abierta publicada el 21 de abril en el semanario ultraconservador Valeurs Actuelles. La tribuna, dirigida al presidente Emmanuel Macron y a toda la clase política, dice que “Francia está en peligro” y al borde de la “desintegración” y que “si no se hace nada, la laxitud seguirá extendiéndose inexorablemente en la sociedad, provocando finalmente una explosión y la intervención de nuestros compañeros activos”. 

Una semana después de la publicación de esta carta, el jefe del Estado Mayor, el general François Lecointre, aseguró en una entrevista en Le Parisien que los militares en activo que firmaron la tribuna “recibirán sanciones”. El general Lecointre asegura sentirse “indignado” y detalla que la severidad de las sanciones será proporcional al rango de los militares. “Cuanto mayores son las responsabilidades, más fuerte es la obligación de neutralidad y ejemplaridad”, explica Lecointre. En la entrevista, el jefe del Estado Mayor aprovecha para defender la neutralidad de las Fuerzas Armadas, remarcando que la institución “no está politizada” y que, prueba de ello, es el hecho de que estos 18 signatarios suponen una cifra mínima comparado con los 210.000 efectivos que constituyen el ejército.

El anuncio del general François Lecointre fue bien recibido por la izquierda, que días antes había criticado al Gobierno por reaccionar tarde y con poca contundencia ante la carta. “En Francia el ejército es republicano y su jefe lo demuestra”, aplaudía en Twitter Jean Luc Mélenchon, líder del partido de extrema izquierda Francia Insumisa.

Apoyo de la extrema derecha francesa

Por su parte, la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, fue la primera que reaccionó a las demandas de este grupo de militares. Dos días después de la publicación de la tribuna, Le Pen aseguró compartir “el diagnóstico” de estos excombatientes, invitándoles a sumarse a su candidatura presidencial. “Suscribo vuestro análisis y comparto vuestra aflicción (...). Es el objetivo de mi candidatura a la Presidencia”, dijo la presidenta de Reagrupamiento Nacional en otra carta publicada en el mismo semanario. “Los invito a sumarse a nuestra acción para tomar parte en la batalla que se abre, una batalla ciertamente política y pacífica, pero que es ante todo la batalla de Francia”.

El intento de Marine Le Pen de obtener rédito político de esta situación fue denunciado por el Gobierno francés. El primer ministro, Jean Castex, lo consideró “inaceptable”, mientras que la ministra de Defensa, Florence Parly, recordó en una serie de tuits que el Ejército “no está allí para hacer campaña” y que las palabras de Le Pen “son preocupantes viniendo de alguien que quiere convertirse en jefa de las Fuerzas Armadas”. La tribuna también fue rechazada por el Gobierno por “irresponsable” y “contraria a los principios de la República”. 

Las circunstancias, el lenguaje empleado en la carta y la reacción de la principal formación ultraderechista del país son similares a lo ocurrido en España el pasado noviembre, cuando más de 70 militares retirados criticaron al Gobierno en una carta dirigida al rey Felipe VI. La demanda de estos antiguos combatientes contó con el apoyo de Vox, quien aseguró que responden a “una manifestación en favor de la unidad nacional de España” y que “son nuestra gente”. 

En Francia, esta polémica ocurre en un contexto de tensión política y social, con el país golpeado de nuevo por el terrorismo después de que un joven radicalizado asesinara a una funcionaria de policía en las afueras de París el viernes pasado y con la derecha francesa acusando, desde hace meses, al Gobierno de Macron de débil ante la amenaza terrorista. 

Marine Le Pen arranca su campaña presidencial 

A un año de las elecciones presidenciales francesas, Marine Le Pen aprovecha ocasiones como la tribuna de los exmilitares o el reciente atentado en París para arremeter contra el Gobierno de Emmanuel Macron y ganar apoyo entre los sectores de derechas descontentos con la gestión del Ejecutivo en temas como la seguridad, el terrorismo y la crisis sanitaria. 

En los últimos años, Marine Le Pen ha conseguido consolidarse al frente de la ultraderecha francesa. Según una encuesta realizada por la Fundación Jean-Jaures, las elecciones presidenciales de 2022 podrían resultar en un duelo entre el Macron y Le Pen, como ya ocurrió en 2017. El sondeo apunta que el actual presidente ganaría a la líder ultraderechista con un 57% de los votos, frente al 43% que sumaría Le Pen. Aún así, aún falta por definir qué candidatos liderarán las principales formaciones francesas, como el Partido Socialista o Los Republicanos, y tampoco está claro si Macron tiene intención de optar a la reelección. 

Aprovechando las buenas cifras en los sondeos, Le Pen hizo pública su candidatura para las elecciones de 2022 a principios de este mes. Este fin de semana arranca oficialmente su campaña electoral a través de un mitin en Internet en el que detallará su estrategia para los próximos meses, con las elecciones departamentales y regionales previstas para el 20 y 27 de junio y la mirada puesta en la carrera para ocupar el Elíseo.

Los gastos militares siguieron incrementándose hasta alcanzar casi dos billones de dólares en 2020 en el mundo, con Estados Unidos y China a la cabeza, pese a la pandemia de coronavirus, según un informe publicado este domingo por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri).

El año pasado el gasto militar ascendió a 1,981 billones de dólares en todo el mundo, lo que implicó un aumento de 2,6% interanual, mientras el PBI mundial cayó 4,4%.

Uno de los autores de informe, Diego Lopes da Silva, explicó que no se esperaba esta evolución ya que muchos países respondieron con medidas de austeridad a la crisis económica de 2008-09, pero que “se puede concluir con cierta certeza que la Covid-19 no tuvo un impacto significativo en el gasto militar global, al menos en 2020”.

Sin embargo, Lopes da Silva advirtió que aún es pronto para sacar conclusiones a largo plazo porque los países podrían necesitar tiempo para “adaptarse al impacto”, según la agencia de noticias AFP.

El hecho de que el gasto militar siguiera en aumento en un año marcado por la recesión económica significa que la proporción del gasto militar en el PBI total también aumentó, de 2,2% a 2,4%, el mayor salto interanual desde 2009.

El año pasado, 12 países de la OTAN dedicaron al menos el 2% de su PBI a sus fuerzas armadas, el objetivo establecido por la organización, en comparación con solo nueve en 2019.

Chile y Corea del Sur reorientaron parte de este gasto planificado para responder a la crisis sanitaria, “otros países, como Brasil y Rusia han gastado considerablemente menos que su presupuesto original para 2020” y Hungría aumentó el gasto militar “como parte de un plan de estímulo en respuesta a la pandemia”, agregó Lopes da Silva.

En tanto, los dos países que más gastaron fueron Estados Unidos y China (el primero representa el 39% del gasto militar mundial y el segundo el 13%).

Según el informe, en 2020 el gasto militar de Estados Unidos llegó a los 778 mil millones de dólares estimados, que representan un incremento del 4,4 % respecto a 2019. “Como país con el mayor gasto militar del mundo, EE. UU. contabilizó el 39 % del total de 2020. Este fue el tercer año de crecimiento consecutivo del gasto militar estadounidense, después de siete años de reducciones continuadas”.

En cuanto a China, el texto señala: “El gasto militar de China, el segundo mayor del mundo, se estima que llegó a los 252 mil millones de dólares en 2020. Esto representa un incremento del 1,9 % respecto a 2019 y un 76 % respecto a la década 2011-20. El gasto de China ha crecido durante 26 años consecutivos, la serie más larga de incrementos ininterrumpidos de un país recogidos por la Base de datos del SIPRI sobre gasto militar”.

Respecto de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), SIPRI constató que en 2020, casi todos los miembros de la OTAN vieron cómo crecía su carga militar. “Así, 12 miembros de la OTAN gastaron un 2 % o más de su PIB en sus fuerzas armadas —el objetivo de gasto según la directriz de la Alianza—, en comparación con los 9 miembros que lo hicieron en 2019. Francia, por ejemplo, el 8.º país con más gasto militar del mundo, pasó el umbral del 2 % por primera vez desde 2009”.

El gasto militar en América del Sur, en tanto, cayó un 2,1 % en 2020, hasta los 43.500 millones de dólares. El descenso se debió principalmente a la caída del 3,1 % del gasto de Brasil, el país con más gasto militar de la región. 

Con información de agencias y de SIPRI

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