La asamblea El Algarrobo lleva trece años de resistencia frente a lo que ellos denominan “una dictadura minera”.  Este sábado, 16 de julio, invitan a vecinos, organizaciones y personas autoconvocadas a unirse a la caminata N°650 por el agua y por la vida que se realizará en la ciudad de Andalgalá, al norte de Catamarca. 

Hoy la amenaza la llaman al proyecto MARA-Agua Rica que agrupa a un conglomerado de corporaciones multinacionales, con la anuencia del Estado y la connivencia de la empresa minera interestadual Yacimiento de Agua de Dionisio (YMAD), según denuncian. Este nuevo emprendimiento, tres veces más grande que Bajo La Alumbrera, utilizaría parte de su infraestructura. Un grupo de integrantes de El Algarrobo llegó hasta la TV Pública para denunciar que existe un cerco mediático que no les permite que su voz se escuche. Necesitan -según explicaron- que la justicia intervenga para detener las exploraciones avanzadas que realizan las máquinas en el cerro Aconquija con el objetivo futuro de extraer oro, cobre, plata y molibdeno, entre otros minerales.

“En los nevados del Aconquija, en la montaña del cerro, hay un sistema periglaciar; es una pequeña fuente de agua permanente. Justo ahí quieren poner este proyecto”, cuenta Silvina Reguera, una maestra que aprendió sobre geología y derecho a lo largo de estos años de lucha. “Entendimos que se nos venía la muerte del pueblo, el riesgo de vida, la violación de nuestro derechos humanos”. Ahí en el cerro, a más de 3500 msnm se estableció, desde finales del mes de abril, un campamento de vecinos del pueblo de Choya que realiza un bloqueo selectivo para que no lleguen los insumos a la empresa. La respuesta del gobierno provincial, a través de la policía, fue garantizar —con represión, allanamientos, detenciones y causas armadas a ciudadanos inocentes—, que el trabajo continúe a cualquier costo.  

Los hechos de violencia se sucedieron de forma sistemática a lo largo de dieciseis años, incluso en medio de la pandemia, en 2021, cuando se iniciaron las tareas de exploración avanzada. No importó con que los vecinos contaran con un fallo de la Corte Suprema de Justicia dictado en 2016 que hizo lugar a un recurso contra la sentencia del Superior Tribunal de Catamarca que había rechazado el amparo. Así se ordenaba la suspensión de las tareas de construcción al encontrar irregularidades en el proceso y establecía que se había violado el derecho de los habitantes de Andalgalá a un ambiente sano. 

Tampoco se tuvo en cuenta la ordenanza del concejo deliberante que prohibía la actividad minera en la alta cuenca del río Andalgalá, relata la abogada Mariana Katz, que acompaña la demanda de cien vecinos y que integra SERPAJ, el organismo de DDHH fundado por el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que está junto a la comunidad desde 2006. Cuenta que la minera respondió con dos demandas por inconstitucionalidad, defendiendo su derecho a la libertad de las empresas y a ejercer una actividad lícita. Mientras que en la demanda iniciada por el Gobierno de la Provincia de Catamarca sostuvieron que la provincia es la titular del derecho de dominio de los recursos naturales. 

En el marco del cumplimiento de la ley de presupuestos mínimos de glaciares y ambiente periglaciar el Instituto Argentino de Nivologia y Glaciología (IANIGLA), determino la existencia de glaciares dentro del área del emprendimiento minero Agua Rica. El Centro de Estudios Humanos y Ambiente (CEDHA) que es una organización de la Sociedad Civil acreditó la existencia de al menos 200 glaciares de roca y ambiente periglaciar, al igual que el informe emanado del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), informa un trabajo colectivo y multidisciplinario publicado en la revista Tricontinental. 

“Lo que estamos discutiendo es plata versus derechos colectivos de la ciudadanía”, opina la abogada. La promesa del trabajo que va a generar el proyecto se contrapone a las estadísticas. “El Estado catamarqueño acaba de sacar una resolución en la que va a subsidiar a las empresas. Las empresas van a tener becados. Por migajas se va a destruir la vida de la gente. Y aunque fuera por millones de dólares tampoco lo justifica”. 

El director de Minería Sustentable del gobierno nacional, Leonardo Pflüger, defiende la actividad y es optimista con respecto a las proyecciones que indican que para 2035 se cuadruplicaría el monto de las exportaciones. “Si bien alcanzar 13 mil millones anuales sería un gran logro, aún estaría muy por debajo del potencial que tiene nuestro país. Solo comparándonos con Chile, país con el que compartimos la cordillera, en 2021 exportaron casi 57 mil millones de dólares”.

Con respecto a la incidencia de la actividad, opina que no existen impactos ambientales significativos ocasionados por la minería moderna. “En los últimos 30 años hubo un solo incidente ambiental significativo en nuestro país, y las pericias efectuadas por organismos provinciales, nacionales e internacionales demostraron que ese incidente no tuvo efectos a más de dos kilómetros aguas abajo de la mina, degradándose naturalmente tras el paso de unas pocas semanas”. Se refiere al derrame de la minera Barrick Gold de millones de litros de solución cianurada en San Juan, donde estudios de la Universidad de Cuyo comprobaron la contaminación del río La Palca. 

En el caso de Catamarca, la  contaminación del agua ya está sucediendo río arriba, tal es así que los vecinos de Andalgalá denuncian que muchos de los habitantes tuvieron episodios de diarreas, nauseas y dolores estomacales. La única respuesta desde el hospital zonal fue sugerir que tomaran agua embotellada. 

La lucha siempre es desigual, dice Mariana, y la impunidad, muy grande. Los derechos humanos son obligaciones que los Estados deben cumplir y como tales, son primordiales frente a cualquier derecho. No solo se viola la Ley de Glaciares, también el Acuerdo de Escazú, al que Argentina suscribe y que establece el conocimiento de la información de manera previa. El estudio de Impacto Ambiental no estuvo al alcance de todos, por lo que la participación ciudadana tampoco existe. “Es un ‘como si’, cuando rascas te das cuenta de que es una mentira, sino que me expliquen que ser humano puede leer 2700 páginas de un expediente en 15 minutos, que fue como se llevó a cabo la consulta en este caso”. 

No se tiene en cuenta ni el principio preventivo ni el precautorio ya que la empresa debería probar que no van a generar un daño. Y eso es imposible, cuando las cabeceras de los ríos Choya, Minas y Andalgalá están comprometidos, cuando el cerro tiene pendientes muy abruptas y fracturas tectónicas importantes en una zona árida y con pocas precipitaciones. Contaminación y drenaje ácido. Gases, voladuras y posibles avalanchas, analiza el geólogo Aldo Banching. No hay que ir muy lejos para comprender que hay motivos suficientes para asistir a la caminata de Andalgalá. El pedido de autodeterminación y justicia es claro, necesitan que se actúe por fuera de la corrupción del sistema. “Son ellos o nosotros”, afirma Silvina Reguera y es consciente de que nadie va a retroceder. 

KO

Una manifestación contra de las mineras en Catamarca termión con la denuncia por represión contra la Policía catamarqueña. La respuesta fue una denuncia cruzada, varios heridos y una mujer detenida en la localidad de Choya, departamento de Andalgalá.

De acuerdo a los asambleístas, los efectivos de la Policía de Catamarca reprimieron este martes a los vecinos reunidos en Choya, a la vera de la ruta provincial 47, en una manifestación que tenía como objeto impedir el paso de camiones, maquinaria y combustible para el proyecto minero de exploración de la empresa Agua-Rica.

Después de ser desalojados del acampe en la zona montañosa de Minas Capillitas por siete patrulleros policiales, los lugareños regresaron a Choya para protestar contra la represión. Al rato, se produjeron los enfrentamientos que se muestran en el video, con balazos de goma incluidos. Además, los asambleístas denunciaron que la Policía arrestó a la manifestante Karina Orquera y que varios de los manifestantes resultaron heridos, debiendo ser trasladados al hospital zonal. Desde la Asamblea El Algarrobo, denunciaron que fue el fiscal Martín Camps, quien ordenó el despliegue de las fuerzas policiales.

En contrapartida, la Policía denunció a los manifestantes por agresiones y dieron a publicidad fotografías y videos en los que se ve que se repliegan al recibir piedrazos, en medio de sonidos de detonaciones de armas.

Bajo el título “Grupo anti minero emboscó un móvil policial”, desde el Ministerio de Seguridad catamarqueño emitieron un comunicado en el que culpan a “un grupo de antimineros” por “bloquear la ruta para impedir el paso de la Policía de la provincia y mediante emboscada comenzaron a agredir a los vehículos y a los uniformados con palos y piedras, dejando 5 policías heridos y dañando las unidades móviles”.

Según el informe policial, los efectivos descendieron de las unidades y siguieron siendo agredidos, “lo que motivó que se realicen disiparos con cartucho anti multo (postas de goma) al piso y al aire para lograr disuadir a los manifestantes”.

En tanto, el comisario Ángel Agüero, jefe de la Policía Provincial, aseguró que el operativo “respondió a que el corte de ruta impedía a los obreros que trabajan en la minera Agua Rica regresar a sus hogares y hacer el recambio, por lo que la presencia policial fue para prevenir un enfrentamiento”.

De acuerdo a Agüero, “se está viralizando que hay personas heridas, pero no vieron cómo fue agredida y atacada la Policía”, al tiempo que confirmó que hay efectivos heridos por “pedradas”.

Asimismo, la Asamblea El Algarrobo denunció a través de un comunicado que “en el marco del conflicto minero de la población de Choya y Andalgalá, el Gobierno y la Justicia desplegaron las fuerzas policiales para garantizar la impunidad a 4.000 msnm de la empresa minera (proyecto MARA) reprimiendo solapadamente a la población de Andalgalá que se encontraba en uno de los ingresos de la empresa hacia el yacimiento minero Agua Rica”.

Los ambientalistas recordaron que los vecinos de Choya “desde el 5 de abril vienen pidiendo la presencia del Gobernador para hacerle conocer la problemática con respecto al Río Choya y la disconformidad de la población con el emprendimiento MARA en la región”.

Este miércoles, grupos de izquierda encabezaron una marcha de protesta en la plaza 25 de mayo y culparon al Gobierno por la represión. “Repudiamos la represión llevada adelante por la policía a los vecinos de Choya, en Andalgalá, que reclaman para que no se destruyan sus condiciones de vida, producto de la instalación del emprendimiento megaminero MARA-AGUA RICA”. 

Además, Juntos por el Cambio también exigió en redes sociales “al Gobierno de la Provincia el pronto restablecimiento de la paz social en Andalgalá” y responsabilizó al Gobierno por la falta de diálogo.

Comunicado de los Pueblos de la Nación Diaguita

Comunicado del Servicio Paz y Justicia

“Desde el Serpaj ,como organismo de derechos humanos denunciamos la represión en Andalgala y en Choya en el día de hoy . Le recordamos a los responsables políticos que el derecho a la protesta está garantizado por la Constitución Argentina.

La megamineria solo se podría implementar si hay consenso social al respecto. No se puede imponer a sangre y fuego. La autodeterminación de los pueblos y la protección de los derechos humanos son un piso para todo Estado de Derecho, no son una serie de normas sin correlación con la realidad.

Exigimos el cese inmediato de la represión estatal a los pueblos.

Llamamos a las organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos y autocovades a que se solidaricen con los pueblos en su justo derecho a la protesta. Basta de criminalizar a quienes se organizan para proteger la madre tierra y a nuestros pueblos.

Exigimos la libertad inmediata de Karina Orquera detenida en la comisaría departamental de Andalgala“.

Con información de agencias.

IG

Siete ambientalistas fueron liberados este lunes en la localidad catamarqueña de Andalgalá, después de que permanecieran privados de su libertad desde el pasado 10 de abril, tras los incidentes producidos en medio de las protestas de grupos antimineros, que finalizaron con destrozos en las oficinas de la empresa Minera Agua Rica-Alumbrera (MARA) y de la sede del Partido Justicialista. 

La fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Andalgalá, Marta Nieva, hizo lugar al pedido del abogado Juan Figueroa y accedió a bajar la caución que impuso de 300.000 a 150.000 pesos para liberar a los detenidos. Familiares lograron garantizar el pago del monto y los ambientalistas Matías Paz, Walter Mansilla, Jorge Ramos, Eduardo Villagra, Enzo Brizuela, Augusto Brizuela y Damian Abel recuperaron la libertad pasado el mediodía, según informa El Ancasti.

Entre otras medidas, la fiscal Nieva dispuso que deberán presentarse cada 10 días en las oficinas de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial y no podrán ausentarse de sus domicilios sin la autorización judicial. Además, no se les permitirá mantener contacto con los denunciantes. Por su parte, Aldo Flores, Sara Fernández y Ailen Diamante Saracho, también detenidos en ocasión de los incidentes en Aldalgalá, permanecen con prisión domiciliaria.

Por su parte, la asamblea El Algarrobo, emitió un comunicado, a través de las redes sociales.

¿A qué se oponen los ambientalistas con las protestas que ya llevan 585 semanas?

“Agua Rica, que también se le dice MARA, es un proyecto de minería a cielo abierto ubicado en la cuenca del río Andalgalá, más cerca del río Minas, que es uno de sus afluentes principales, en una zona de glaciares y periglaciares, a 14 kilómetros del centro de Andalgalá”, explica Melina Zocchi, integrante de la Asamblea El Algarrobo. “Pero más allá de las ubicaciones, es un proyecto que es inviable por ser megaminero, porque lo que es inviable es la megaminería a cielo abierto. Esto está demostrado en todos los casos del mundo”, dice Zocchi.

Se refiere al hecho de que la megaminería no solo consume gran cantidad de agua, en este caso además en una zona semiárida, sino que contamina esa agua por lo que se llama drenaje ácido minero, que es la formación de aguas ácidas, ricas en sulfatos y metales pesados, que se infiltra en las napas subterráneas y contamina los suelos, la flora y todo el ecosistema. 

En Andalgalá, que se encuentra a 40 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca, la capital de la provincia, saben de qué se trata, porque allí se instaló el primer proyecto de megaminería a cielo abierto de Sudamérica, Bajo la Alumbrera, hace más de veinte años. Por lo tanto, los vecinos de la zona están informados.

“En el caso de Agua Rica, además, el proyecto no tiene aprobados los primeros estudios de impacto ambiental, viola un montón de leyes, la ley de glaciares, la ley de bosques, la ley general del ambiente, además de la ordenanza 029/16, que fue aprobada de forma unánime con firma plena de todo el Concejo Deliberante, de todas las fuerzas políticas que lo componen, y que prohíbe las actividades antrópicas en la cuenca del río Andalgalá”, añade Zocchi, que destaca que existen alternativas de desarrollo para la zona.

“Pero ellos no tienen la voluntad de ponerse a trabajar en un desarrollo inclusivo en serio, porque eso no implica un negocio para pocos”, asegura. “Tenés mil otras maneras de generar más puestos de trabajo, además de una apuesta en serio a las actividades productivas de la zona que son las originales y las típicas y las que la gente distingue y que tienen que ver con lo agropecuario, con lo agroindustrial e incluso con industrias que no tengan este impacto. Porque nada justifica que para que algunos tengan trabajo, los pueblos se queden sin agua”.

La Asamblea El Algarrobo, de la que forma parte Melina Zocchi, nació a fines del 2009. En ese entonces trascendió información que indicaba que máquinas vinculadas a la empresa minera estaban por avanzar en la exploración, aún sin el estudio de impacto ambiental aprobado.

“Ante esta situación uno de nuestros compañeros, Aldo Flores, que es uno de los detenidos ahora, junto con otros, se planta en el camino que va de Chaquiago a Potrero, uno de los accesos al portón de Agua Rica. Ese bloqueo fue poblado de toda la comunidad enseguida y duró varios meses”. El 15 de febrero de 2010, las fuerzas especiales Kuntur de la policía de Catamarca reprimieron ese acampe con balas de goma y gases lacrimógenos. También la plaza del pueblo, donde se había reunido mucha gente.

El conflicto ahora estalló por un motivo similar: máquinas perforadoras de la minera fueron vistas ingresando a la zona por un camino alternativo custodiadas por Gendarmería. Por eso, el 10 de abril la caminata por el agua y por la vida contó con más participación de la habitual: más de 4.000 personas. 

En respuesta al conflicto, hace una semana, el Gobierno de Catamarca emitió un comunicado asegurando que desde hace una década garantiza la participación ciudadana en proyectos mineros. “El procedimiento de evaluación del informe de Impacto Ambiental y la Participación Ciudadana son mecanismos que están regulados desde hace más de una década por normativa nacional y provincial, y de los cuales puede participar todo aquel que tenga un interés directo o indirecto en la materia”, señaló la ministra de Minería, Fernanda Ávila. 

“En el caso concreto del proyecto Agua Rica”, asegura el comunicado, “se dispuso la consulta pública, abierta y sin restricción, del Informe de Impacto ambiental, en tres espacios geográficos a la vez, con el objetivo de posibilitar acceso a la información a interesados ubicados en diferentes localidades, pudiendo requerirse copia digitalizada del expediente. De igual modo, se invitó a distintos actores a intervenir de las instancias de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se llevaron a cabo”. 

Para Zocchi: “Las consultas públicas en pandemia por YouTube dando unos minutos para leer documentos de 3.000 páginas, son una vergüenza y un mamarracho. El 'como sí' no es el 'sí'. Sabiendo que no tienen licencia social y que no son viables, ni siquiera pueden ofrecer de una manera seria la información que ellos mismos tienen sobre el proyecto”.

Mientras tanto, la movilización continúa, con vigilias y manifestaciones en diferentes puntos del país y una visibilidad cada vez mayor del conflicto.

La de Catamarca es la tercera rebelión que se produce en poco tiempo contra nuevos planes mineros, uno de los pilares del desarrollo productivo por los que apuesta el Gobierno nacional. A comienzos de 2020, fue el pueblo de Mendoza el que se movilizó contra una reforma que hubiera habilitado la minería metalífera con el uso de cianuro y ácido sulfúrico. En marzo de 2021, en Chubut el gobernador Mariano Aricioni tuvo que dar marcha atrás con su proyecto de rezonificación minera que hubiera habilitado la explotación química de plata, cobre y plomo.