A 26 años del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, su hermana, Gladys, le escribió una carta en la que le cuenta cómo se enteró de su muerte y criticó al Poder Judicial y al sistema legislativo que ha permitido que ninguno de los culpables por el crimen del fotógrafo de Revista Noticias se encuentre actualmente detenido.

Gladys Cabezas también recordó a su hermano como “un buen fotógrafo, un buen hermano y una muy buena persona”. La carta fue leída este miércoles 25 de enero por la mañana, durante un homenaje al fotoperiodista, que se realiza todos los años en el monolito frente a la terminal de micros de Pinamar, sobre la avenida Bunge, en el ingreso a esa ciudad balnearia.

“Decidí que este año quería hablarle” a él, a Cabezas, dijo Gladys a la agencia estatal Télam. “Hoy quiero hablar con vos y contarte que estamos recordándote, acá en Pinamar como todos los años”, escribió.

“Hoy 26 años, qué locura. Siento que fue ayer cuando con los viejos, nos enterábamos por la radio que habían encontrado calcinado y esposado a un reportero de la Revista Noticias. 'Por Dios, es mi hijo', decía mami. 'No puede ser', decía papi”, dijo Gladys Cabezas al leer la carta a su hermano.

Cabezas (35) fue secuestrado en Pinamar la madrugada del 25 de enero de 1997, mientras se encontraba realizando la cobertura de verano para la Revista Noticias y trabajaba junto al periodista Gabriel Michi en una investigación sobre el empresario postal Alfredo Yabrán. Un año antes, en ese mismo balneario del jet set local, había obtenido la primera fotografía del poderoso y enigmático hombre. 

El reportero gráfico fue golpeado, esposado y asesinado de dos disparos en la cabeza en una cava de General Madariaga esa misma noche. Su cuerpo fue incinerado en el interior de un automóvil. 

“Tu sobrino Sebastián, mi hijo, con solo 9 años salió gritando a la calle: 'Mataron a mi tío'. Cuánto dolor, cuánta impotencia, cuántas mentiras, cuánta hipocresía. Pero lo peor, cuántos corruptos. Cuánta corrupción en manos de personajes siniestros. Llegó el juicio y nos mintieron diciendo cadena perpetua. Pero no fue así: era portarse bien en la cárcel y salir”, leyó este jueves por la mañana su hermana durante el homenaje.

“Luego, los ciudadanos de bien se acercaron a nosotros, nos dieron fuerzas y siguen estando cada 25 de enero acá en Pinamar, en la cava y en cada lugar del mundo en donde se acuerdan de vos. Sí, del mundo, aunque no lo creas”, le contó a su hermano. Entonces, “no se olviden de Cabezas”, se convirtió en un pedido contra la impunidad en todo el país.

“Bueno, no te agrandes -bromeó Gladys Cabezas-. Fuiste un buen fotógrafo, un buen hijo, hermano, marido, padre. Pero, sobre todo, una muy buena persona. Siento que no te mataron, no lo lograron, porque estás siempre en mí. Es una lástima que no hayas podido conocer a Riu, tu nieto, que tiene un añito y está hermoso. Él va a hablar de vos cuando sea grande y dirá 'José Luis Cabezas presente'.”

Crimen, perpetua y libertades

El 20 de mayo de 1998, Yabrán se suicidó en una de sus estancias de Entre Ríos, cuando la policía de esa provincia lo rodeaba para capturarlo por orden del juez José Luis Macchi, a cargo de la investigación. El empresario debía responder ante la Justicia como el presunto autor intelectual del crimen de Cabezas.

En febrero de 2000, ocho hombres fueron condenados a reclusión perpetua por el homicidio. Tres de ellos, Gustavo Daniel Prellezo, Sergio Rubén Camaratta y Aníbal Luna eran oficiales de la Policía Bonaerense al momento del crimen. Gregorio Ríos era el jefe de la custodia de Yabrán. 

Los otros cuatro condenados eran “los horneros”, miembros de una banda de delincuentes de Los Hornos, La Plata, contratados por Prellezo para la tarea. 

Prellezo se había declarado inocente y pidió ser absuelto, pero fue condenado como el autor de los dos disparos que terminaron con la vida de Cabezas. Su hermana, Gladys, inició una batalla para impedir que el expolicía ejerza como abogado.

La defensa de Ríos había sostenido que no había elementos en su contra, pero fue condenado como el instigador del crimen. 

Los policías Cammaratta y Luna fueron condenados como partícipes necesarios en el secuestro y asesinato. Los Horneros, Sergio González, José Luis Auge, Horacio Braga y Héctor Retana, también fueron condenados a perpetua como partícipes necesarios. Sus abogados habían solicitado que sólo se los condenara por el secuestro.

En un segundo juicio, el comisario Alberto “La Liebre” Gómez fue condenado por haber liberado la zona en Pinamar para posibilitar el hecho.

A pesar de haber recibido la condena a prisión perpetua, ninguno de los responsables del crimen cumplió la pena. Al revisar la sentencia en 2003, dos jueces de la Cámara de Casación provincial bajaron las penas de Ríos, Cammarata -quien murió en 2015-, Luna, González, Auge y Braga. Retana había muerto en la cárcel en 2001. 

Más tarde, los condenados comenzaron a acceder a libertades condicionales y beneficios. Prellezo recibió el arresto domiciliario. La reducción de las penas, la ley del 2x1, la “buena conducta” y los beneficios por supuestos problemas de salud beneficiaron a los condenados. 

La Corte Suprema de la provincia y luego, la Corte Suprema de la Nación, revocaron esa decisión de Casación bonaerense años más tarde y restauraron la pena perpetua por el crimen de Cabezas, pero actualmente los seis que quedan vivos del primer juicio están libres por este caso. 

Cuando comenzó el primer juicio, en diciembre de 1999, María Claudia Castro -quien hoy es una de las tres jueces del juicio por el crimen del joven Fernando Báez Sosa- fue convocada para el equipo de fiscales de Felipe De Felito y Eduardo Campos Campos que llevarían adelante la acusación en el juicio por el crimen de Cabezas. “Nosotros estábamos convencidos de que todos los que estaban en el juicio habían sido. Faltó gente, en un crimen de esa naturaleza y con tanta organización, seguramente quedó alguien afuera, quedaron personas afuera” de la investigación, aseguró Castro a elDiarioAR en 2022, durante su primera entrevista sobre el caso Cabezas a 25 años del asesinato.

ED con información de Télam.

Ana Paula Far Puharre dio sus primeros pasos como reportera gráfica de la revista Noticias como asistente de José Luis Cabezas. “Yo no soy profesor de nadie”, había contestado el fotógrafo cuando su jefe le asignó entrenar a la última incorporación del equipo. Poco después, Cabezas no era sólo su mentor, también su amigo. Far Puharre recordó en diálogo con elDiarioAR lo que mejor le enseñó su colega: a iluminar. El manejo y uso de la luz en la fotografía es un arte en sí mismo. Las fotos que Cabezas tomó al empresario Alfredo Yabrán en febrero de 1996, y que le terminaron costando la vida hace 25 años, también fueron luz. Un foco radiante sobre uno de los hombres más oscuros de Argentina.

El periodista Gabriel Michi era su compañero cuando lo mataron. Cabezas tenía sus propias fuentes y juntos investigaron durante al menos dos años a Yabrán y sus negocios, dijo Michi a este medio. “Lo que siempre me sorprendió de José Luis en materia profesional es que él tenía como una especie de cruce muy impactante. Tenía lo artístico, un ojo muy, muy detallado. Pero a su vez tenía mucho de reportero gráfico de asalto, el que tiene que salir a la calle a batallar”, lo recordó. 

“Era un tipo muy divertido, se la pasaba haciendo bromas. Tenía una carcajada muy particular, muy contagiosa, que aún resuena en mi cabeza y en la cabeza de todos los que lo conocieron”, afirmó Michi. “También era muy malhumorado cuando se enojaba, tenía muy mal carácter. De hecho, él decía de sí mismo que era un ‘chabón bravo’”. El periodista también definió a Cabezas como un hombre muy dedicado y pendiente de sus hijos y su familia, de las cenas con sus padres.

La madrugada del 25 de enero de 1997, el secuestro y asesinato de Cabezas cambió para siempre las vidas de sus seres queridos y de los integrantes de esa redacción. Tras el hallazgo del cuerpo calcinado en el Ford Fiesta que el fotógrafo y Michi usaban para la cobertura en Pinamar, el dueño de Noticias, Jorge Fontevecchia, encomendó a la abogada Norma Pepe viajar ese mismo día a Pinamar junto a su colega Oscar Pellicori, ambos letrados de Editorial Perfil, para recabar información y ponerse a disposición de la Justicia. Se les unieron Carlos Lunghi, jefe de fotografía; y Héctor D’Amico, director de la revista. “Hablamos con María Cristina, la esposa de Cabezas, y ella nos pidió si podíamos asistir legalmente a ella y a Candela, la hija mejor de José Luis. Le dijimos que por supuesto que sí y ahí comenzó nuestro camino como querellantes en la causa”, explicó Pepe a elDiarioAR. 

Los abogados se alojaron con los periodistas y fotógrafos que habían estado trabajando con Cabezas en Pinamar. “Estaban todos devastados, desesperados. Nunca me voy a olvidar de un periodista que estaba realizando el operativo verano en Mar del Plata fue a Pinamar. Cuando entró en la comisaría, yo estaba con el juez -recuerda Pepe-. En ese momento escuchamos unos ruidos y era el periodista que empezó a patear la puerta de una de las oficinas de la comisaría porque no lo atendían y él necesitaba saber por qué habían matado a su amigo. Hubo que contener a todos los compañeros de José Luis que estaban trabajando en el operativo”.

Al principio, primaba el desconcierto. “Lo único que se sabía en ese momento era que lo habían matado, pero las versiones sobre el por qué no eran demasiado fidedignas”, repasa en su memoria Pepe, quien todavía hoy ejerce como abogada de las publicaciones de Perfil. “A veces los compañeros no se daban cuenta del riesgo que corrían cuando aparecía alguien, algún llamado telefónico para pasarles información y les decían: ‘Nos encontramos en tal lugar a las diez de la noche’. Y yo decía: ‘Ustedes son locos, no van a ir, no pueden ir’. Pero era tal la desesperación por aportar algún dato para el esclarecimiento del asesinato”, aseguró Pepe.

De pistas falsas a firmes

“Durante los primeros tiempos se trató de desviar la investigación. Lo más notorio fue la aparición por la ventana de la gente de Mar del Plata, (la banda de) ”Los Pepitos“, como los autores del asesinato de José Luis”. “Esa fue, le diría, la primera prueba de que se quería cortar la investigación ahí”, afirmó la abogada. “Me acuerdo de haber charlado con el doctor Pelicori, y nos miramos y dijimos: ”Esto es absurdo. ¿Con qué elementos?“. ”Decidimos que había que seguir insistiendo“.

La pista firme, primero sobre la banda de los Horneros y a través de ellos sobre la policía Bonaerense y la custodia de Yabrán, llegaría después. “Se hablaba de un contexto político”, refirió Pepe, en referencia al enfrentamiento entre el presidente Carlos Menem y el gobernador bonaerense Eduardo Duhalde, y la teoría de que el crimen estaba enmarcado en esa pelea. La teoría de “me tiraron un muerto”.

“Noticias había empezado a investigar a Yabrán en 1991”, afirmó Michi, quien además recordó “un primer episodio de ataque a los periodistas que habían llegado hasta su mansión, donde la custodia de Yabrán disparó al piso para amedrentar o para que se vayan del lugar”. “Era el empresario que manejaba desde las sombras la entrada y salida del país a través de los aeropuertos, las empresas de depósitos fiscales, las empresas de correo, las empresas de carga y descarga de los aviones, la confección de los documentos, es decir, las áreas sensibles del país”. Y nadie le conocía la cara. 

“Muchos le tenían temor porque, aparte, tenía una estructura de seguridad de más de 650 hombres que custodiaban sus empresas, cuya cúpula eran ex represores de la dictadura militar. La famosa mano de obra desocupada que nunca estuvo desocupada, sino que en democracia, pasó a trabajar de la mano de Alfredo Yabrán”, sostiene Michi, uno de los periodistas que más investigó al empresario.

“La custodia de Yabrán tenía dos misiones: evitar la posibilidad de un secuestro de su familia y alejar el periodismo para que no logren la imagen de Yabrán”, explicó Michi.

“Nosotros sabíamos que Yabrán había elegido Pinamar como su lugar en el mundo para vacacionar. Y además teníamos, a partir del trabajo de investigación que habíamos hecho nosotros y otros colegas de la revista, dónde vivía”. 

Lo único que se sabía en ese momento era que lo habían matado, pero las versiones sobre el por qué no eran demasiado fidedignas.

Norma Pepe. — Abogada querellante.

Las fotos

En febrero de 1996, un año antes del crimen, Cabezas y Michi lograron dar con Yabrán en la playa. “Yo tenía dos datos -contó el periodista-: Yabrán había alquilado varias carpas en un balneario que se llama Marbella a nombre de otras personas; y que tenía una costumbre: bajar alrededor de las cuatro de la tarde a la playa. Entonces, cuando hacíamos la recorrida y otras notas, pasábamos alrededor de las cuatro de la tarde por el balneario. Teníamos una foto vieja y nada más para identificarlo”.

Dieron con él como si fuera predestinado. “Un día, bajamos al balneario con quien era mi mujer en ese entonces, como si fuésemos dos turistas más. Y cuando estábamos caminando por la playa, viene una persona que acerca su silla y la pone justo al lado mío, era una persona canosa, muy alta, muy corpulenta. Y mi mujer me pregunta: ‘¿Ese no es parecido a este hombre?’ Lo miro y le digo: ‘No es parecido, estoy seguro de que es él’. Entonces, lo voy a buscar a José Luis”.

“Le dije: ‘Necesito tu ojo fotográfico para que me digas si realmente es él’. Bajamos sin los equipos, se fija: ‘Sí, es este’. Entonces volvemos al estacionamiento del balneario Marbella y desde allí, con un lente muy largo, José Luis hace la primera tanda de fotos de Yabrán sentado en una reposera”. Simulando ser turistas que sacaban fotos en la playa, Cabezas, Michi y su entonces esposa siguieron esa tarde al empresario durante su habitual caminata por la arena. “Pero queríamos más”. 

Al día siguiente alquilaron una carpa en el balneario de al lado. Cristina, la esposa de Cabezas, se sumó con unas amigas. Esperaron a que Yabrán cumpliera con su rutina. Y lo hizo. Mientras el fotógrafo hacía de cuenta que retrataba a su pareja y amigas, el lente de la Nikon F4 apuntaba a Yabrán y María Cristina Pérez, su esposa, caminando por la playa. Así, Cabezas obtuvo la emblemática imagen del empresario que fue tapa de la revista a principios de marzo de 1996.

El plan 

Durante ese año, el reportero gráfico recibió amenazas a las que restó importancia. Al verano siguiente, decidió regresar a Pinamar y continuar con la tarea. Esta vez, Michi y Cabezas se propusieron conseguir la entrevista con Yabrán, mientras continuaban investigando sus negocios.

“No sabíamos que ya había un plan criminal en marcha”. A pedido del jefe de la custodia de Yabrán, Gregorio Ríos, integrantes de la policía de la provincia de Buenos Aires ya habían realizado inteligencia sobre Cabezas y su compañero.

Meses después del crimen y al descartar las pistas falsas que buscaban desviar la investigación, el juez José Luis Macchi determinó que el jefe de la custodia de Yabrán había encomendado el crimen al policía Gustavo Prellezo, que operaba en la costa atlántica, y que junto a policías de Pinamar orquestó el secuestro y homicidio de Cabezas. Se valió además de la colaboración de los miembros de la banda Los Horneros, según la sentencia, a quienes trajo desde La Plata para la misión. Además, la policía de Pinamar había liberado la zona para garantizar el éxito del plan.

Tras sus detenciones, los Horneros confesaron su versión de los hechos. Juan Cerolini, quien encabezó la defensa de los cuatro junto a Fernando Burlando, dijo a elDiarioAR: “Ellos consideraron que tenían que declarar. No se los tomó como arrepentidos porque esa figura no existía. Ellos reconocieron haber participado del secuestro y que fueron con la idea de que era un apriete, una paliza, no un homicidio. Señalaron a Prellezo como el brazo ejecutor y como el autor de los dos disparos a Cabezas”. 

La fotógrafa Far Puharre fue asignada a cubrir la reconstrucción del crimen de su amigo. “Duró un par de días, dividida en tres partes: en la casa del empresario Oscar Andreani -donde se lo había visto por última vez la noche del 24-, en la casa de José Luis en Pinamar -donde lo secuestraron- y en la cava -donde lo mataron-. Fue de madrugada -recuerda la fotógrafa Far Puharre-. Comenzaron el 14 de noviembre, cayó en mi cumpleaños. Fue lo más duro que me tocó vivir en mi vida”. 

Far Puharre recuerda que ni Prellezo ni Ríos acudieron a la reconstrucción del crimen, sólo los Horneros. La compañera de Cabezas tiene esas escenas grabadas en su memoria: “Braga era el que más hablaba y reconstruyeron cómo lo arrodillaron, cómo lo esposaron, cómo le pegaron los dos tiros en la cabeza, cómo incendiaron el auto. Al tipo que hacía de José Luis le habían puesto un suéter parecido a uno que tenía él y de espaldas parecía él. Yo disparaba la cámara, lloraba y los puteaba en voz alta”.

Todos los condenados por el crimen de Cabeza recibieron un trato especial, en relación al resto de los condenados comunes o procesados comunes en otros juicios.

Alejandro Vecchi. — Abogado querellante por la familia Cabezas.

La caída

Los testigos del momento del secuestro, entre otros; los cruces de llamadas y la ubicación de los teléfonos de los acusados; y la confesión de los Horneros terminaron de reconstruir la trama. “El trabajo sobre los teléfonos se hizo con un sistema que había traído Duhalde desde Estados Unidos -afirmó la abogada Pepe-. Me acuerdo que en la revista trabajaron controlando número por número. Eso nos sirvió para ir terminando de componer el rompecabezas y preparar las preguntas a los imputados”.

El 20 de mayo de 1998, Yabrán se suicidó en una de sus estancias de Entre Ríos, cuando la policía de esa provincia lo rodeaba para capturarlo por orden del juez Macchi.

En febrero de 2000, a tres años del crimen, un tribunal de Dolores condenó a prisión perpetua al policía Prellezo como autor material de los dos disparos que recibió Cabezas. Él se había declarado inocente y pidió ser absuelto. Ríos fue condenado como el instigador del crimen. Su defensa había sostenido que no había elementos en su contra. 

La reconstrucción del crimen fue lo más duro que me tocó vivir en mi vida.

Ana Paula Far Puharre. — Reportera gráfica y amiga de Cabezas.

Los policías Sergio Cammaratta y Aníbal Luna fueron condenados como partícipes necesarios en el secuestro y asesinato. Los Horneros, Sergio González, José Luis Auge, Horacio Braga y Héctor Retana, también fueron condenados a perpetua como partícipes necesarios. Sus abogados habían solicitado que sólo se los condenara por el secuestro.

En un segundo juicio, el comisario Alberto “La Liebre” Gómez fue condenado por haber liberado la zona en Pinamar para posibilitar el hecho.

“Faltó gente”

Cuando comenzó el primer juicio, en diciembre de 1999, María Claudia Castro acababa de asumir como fiscal de instrucción. Había trabajado en el juzgado de Macchi durante los años de investigación del caso pero no había intervenido directamente en el expediente. A finales de 1999, la convocaron para integrarse al equipo de fiscales de Felipe De Felito y Eduardo Campos Campos que llevarían adelante la acusación en el juicio. Tenían un mes y medio para prepararse, contó a elDiarioAR en su primera entrevista sobre el caso Cabezas, 25 años después.

“Nosotros estábamos convencidos de que todos los que estaban en el juicio habían sido. Faltó gente, en un crimen de esa naturaleza y con tanta organización, seguramente quedó alguien afuera, quedaron personas afuera” de la investigación, aseguró Castro a este medio.

No es la única que lo cree. “Quedaba alguno vinculado a la causa, pero no lo pudimos conseguir. Había declaraciones no demasiado contundentes de muchos testigos, sobre gente que tenía que ver con el grupo de Yabrán, de Ríos. Pero por más vueltas que le dimos con el juez, lamentablemente no pudimos encontrar nada”, sostuvo Pepe.

La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) también participó como querellante en el juicio junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Fueron los únicos querellantes que cuestionaron la sentencia: “El tribunal debería haber manifestado que aún persistían dudas sobre la cantidad de personas que habían participado en los acontecimientos, y sobre la persona que había efectuado los disparos que causaron la muerte de José Luis Cabezas”, sostuvieron los abogados Alberto Bovino y Migel Goya, según informe publicado por ambas organizaciones. 

Tenía una carcajada muy particular, muy contagiosa, que aún resuena en mi cabeza y en la cabeza de todos los que lo conocieron.

Gabriel Michi. — Periodista y compañero de Cabezas.

“Esta manifestación de ningún modo implicaría debilidad en la sentencia, sino que por el contrario hubiera demostrado que las instituciones del Estado argentino cumplen con su compromiso de averiguar la verdad en todos los casos, especialmente en aquellos que importan amenazas a la libertad de prensa y en los que se ven involucrados miembros de las fuerzas de seguridad”, agregaron. “Existían elementos suficientes como para responsabilizar criminalmente a cada uno de los imputados que resultaron luego condenados”, sostuvieron desde el CELS y ARGRA.    

Ninguno cumplió la pena

A pesar de haber recibido la condena a prisión perpetua, “ninguno de los responsables del crimen cumplió su pena”, explicó a elDiarioAR Alejandro Vecchi, abogado de la familia Cabezas desde el inicio del caso. Al revisar la sentencia en 2003, dos jueces de la Cámara de Casación provincial bajaron las penas de Ríos, Cammarata -quien murió en 2015-, Luna, González, Auge y Braga. Retana había muerto en la cárcel en 2001. Pronto, comenzaron a acceder a libertades. Prellezo recibió el arresto domiciliario. La reducción de las penas, la ley del 2x1, la “buena conducta” y los beneficios por supuestos problemas de salud beneficiaron a los condenados. 

“Todos los condenados por el crimen de Cabeza recibieron un trato especial, en relación al resto de los condenados comunes o procesados comunes en otros juicios”, dijo Vecchi.

La Corte Suprema de la provincia y luego, la Corte Suprema de la Nación, revocaron esa decisión de Casación bonaerense años más tarde y restauraron la pena perpetua, pero actualmente los seis que quedan vivos del primer juicio están libres por este caso, confirmó Vecchi. 

Gladys Cabezas, hermana de José Luis, estuvo este martes 25 de enero en los homenajes al reportero gráfico. “Veinticinco años, 25 años que se llevaron a mis papás, que se murieron de tristeza; 25 años luchando; 25 años que yo perdí un montón de cosas; 25 años que mi hermano no está con sus hijos; que este año José Luis es abuelo porque Agustina, su primera hija, tuvo un bebé. Y yo estoy peleando contra Prellezo. ¿Entendés cómo me falló el sistema?”, dijo a elDiarioAR.

Junto a su abogado Vecchi, Cabezas denunció a Prellezo para evitar que pueda ejercer como abogado, un título que el expolicía consiguió tras recuperar su libertad. “El asesino que mató a Cabezas, el que planeó todo esto. El que juntó a los Horneros. El que lo secuestró a mi hermano. El que lo llevó desde Pinamar a la cava, tirado en el piso, apuntándole la cabeza y le pegó dos tiros en la cabeza porque los otros no se animaban”, dijo Gladys. 

Ellos reconocieron haber participado del secuestro y que fueron con la idea de que era un apriete, una paliza, no un homicidio.

Juan Cerolini. — Abogado de los Horneros, sobre sus defendidos, condenados como partícipes primarios.

elDiarioAR se comunicó con Prellezo, pero el expolicía no quiso hablar del caso Cabezas. En un breve diálogo telefónico dijo: “No dejar trabajar a una persona que recuperó su libertad es otra forma de castigo. Si la persona cumple los requisitos legales no se pueden poner requisitos extralegales. Se produce una injusticia, una persecución. Yo cumplía con los requisitos para ejercer como abogado”. 

Gladys Cabezas y Vecchi lograron que el Colegio de Abogados de Quilmes le revocara la matrícula. Prellezo había presentado un comprobante de antecedentes que sostenía que estaba procesado por el caso y sin condena, lo que le permitía acceder a la matrícula. El expolicía dijo a elDiarioAR que así figuraba en el sistema de antecedentes policiales. 

Más tarde, Prellezo solicitó la matrícula en la Ciudad de Buenos Aires. “Su condena quedó firme en 2017 por un fallo de la Corte. Pero no lo informó al Colegio Público de Abogados porteño, como marca el reglamento”, explicó Vecchi a elDiarioAR. Prellezo dijo a este medio que no lo hizo porque no había recibido la notificación oficial. Tras la denuncia de Cabezas y Vecchi, el tribunal de disciplina del colegio le revocó la matrícula. Prellezo apeló a la Justicia y por ahora, tiene matrícula de abogado hasta que el fuero Contencioso Administrativo tome una decisión. “A través de las Madre del Dolor, que tiene personería como ONG, pudimos presentarnos como amigos del tribunal en la causa”, contó Vecchi, quien asegura que darán pelea.

“El crimen de José Luis significó también el fin del idilio con el periodismo. Yo nunca me hubiese imaginado que por hacer tu trabajo te podían matar en Argentina”, reflexionó Far Puharre.

Michi sostuvo: “Es un caso bisagra en la historia argentina. Fue el peor ataque a la libertad de expresión que se vivió en la Argentina desde el retorno de la democracia”.

“Cuando el interés es llegar a la verdad, por más complicado que sea el camino, hay que seguir adelante. Más allá de todas las piedras que se le pongan en el camino”, concluye Pepe.

Este martes, familiares, amigos y colegas siguen reclamando que Argentina no se olvide de Cabezas.

ED

María Cristina Pérez Sabbatiello, viuda del empresario Alfredo Yabrán; y su hijo Mariano Esteban Yabrán, quien actualmente sigue los pasos de su padre en el negocio postal, utilizaron al menos tres sociedades en paraísos fiscales, según surge de los documentos y correos electrónicos de la filtración global Pandora Papers, obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y analizados por el equipo argentino* que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae. Su abogado respondió que tanto el hijo como su madre tienen “todas sus sociedades declaradas y a derecho”.

A 25 años del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, Pérez y sus hijos, Pablo, Mariano y Melina Yabrán son los herederos directos del empresario acusado de ordenar el secuestro y homicidio del fotógrafo de la revista Noticias. Tras la venta de su imperio -cuyos resultados económicos nunca fueron confirmados-, y el posterior suicidio de Yabrán, en mayo de 1998, la familia se radicó en Uruguay, donde todavía viven y realizan negocios. La fortuna heredada estaría valuada en mil millones de dólares, según Gabriel Michi, el periodista que más investigó a Yabrán y compañero de Cabezas al momento del homicidio.

En octubre último, el equipo argentino de ICIJ publicó los hallazgos en Pandora Papers sobre otro hombre clave del entorno de Yabrán: el empresario Héctor Colella, su fiel amigo, elegido como sucesor en su carta de suicidio para hacerse cargo de los negocios del grupo. Colella montó una estructura offshore para resguardar más de US$145,7 millones provenientes de la venta de OCASA -la empresa de clearing bancario de Yabrán- al Exxel Group, según los documentos y correos electrónicos de la filtración. El empresario informó que tiene todo declarado ante el fisco de Uruguay y que los fondos son de la venta de OCA (entonces dueña de OCASA) al grupo de inversión estadounidense. Mostró parte de sus declaraciones juradas fiscales.

Las sociedades de Pérez

Pérez divide sus días entre Montevideo y Punta del Este. Vive en su  mansión en el barrio Manantiales de Carrasco, valuada en cerca de 2,3 millones de dólares, según publicó Michi en Caras y Caretas; y en Punta Ballenas tiene a Mis Amores, que replica el nombre de una de las estancias favoritas de Yabrán en Entre Ríos y que está permanentemente vigilada por custodios.

El equipo argentino de ICIJ intentó dar con Pérez y Yabrán durante los últimos días, pero los distintos intermediarios consultados dijeron no poder ayudar a hacerles llegar las preguntas y consultas. Tampoco respondieron los llamados en la empresa Sendit. Este lunes, el equipo se comunicó además con una oficina de Mariano Yabrán en Uruguay y explicó de qué se trataba la nota y solicitó un mail para enviar las preguntas. La persona que tomó nota de la solicitud afirmó que Mariano Yabrán se encuentra de licencia y que respondería en caso de recibir autorización para hacerlo. Hasta el momento, no hubo respuesta.

Pablo Medrano, abogado de la familia, respondió: “Las participaciones en sociedades o las sociedades que ellos poseen están adecuadas a las normas del país que corresponde, y están declaradas. No hay sociedades que no estén declaradas”. El letrado agregó: “En Uruguay, donde son residentes fiscales desde hace varios años, tienen sociedades y estas están declaradas en ese país. Están todas adecuadas a derecho”.

El proveedor offshore OMC Group creó en 2017 un caso interno para investigar a la viuda de Yabrán. Es un procedimiento habitual para la apertura o movimiento de sociedades inactivas.

El 22 de marzo de 2017, una ejecutiva del área de atención al cliente en las oficinas de OMC Group en Panamá solicitó a su compañía, vía correo electrónico, que tramitara la restauración de dos sociedades de Bahamas: Utinia Limited y Granl Smith Company Ltd. En el intercambio de correos, las ejecutivas que intervinieron en el trámite dejan a la vista que la dueña de las compañías es María Cristina Pérez Sabbatiello, viuda de Yabrán.

De acuerdo con un documento excel en el que ejecutivos de OMC Group registraban datos sobre algunos de sus clientes, Pérez declaró que el origen de los fondos manejados por ambas sociedades eran “ahorros personales y herencia”, y que su objetivo era la tenencia de activos, aunque los documentos no aclaran qué tipo de bienes registró Pérez a nombre de las offshore. Utinia Limited es una compañía de Bahamas, creada en 2007. En ese mismo documento excel, el proveedor apuntó que la segunda compañía de Pérez, Granl Smith Company también había sido registrada en Bahamas, el 20 de agosto de 1997, aunque fue vendida (se entiende que a Pérez) en 2015. 

Tras el pedido de la ejecutiva de Servicio al Cliente de OMC Group, una de sus colegas en el área de Compliance le respondió dos días más tarde: “Realizando las búsquedas hemos encontrado un resultado bajo el nombre de la beneficiaria final en el mismo país de su nacionalidad, listada en la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina) por presuntamente emitir facturas apócrifas”.

Con el objetivo de corroborar si se trataba de una homónima de Pérez, la ejecutiva de Compliance solicitó confirmar “si se trata de la misma persona o no, y de ser la misma persona agradecemos los comentarios del cliente”. También pidieron copias de pasaporte actualizado, prueba de residencia certificada y carta de referencia. Aún bajo sospecha, agregó: “Pueden proceder con las restauraciones, agradecemos su confirmación y documentación en un periodo de 15 días”.

Unas dos horas más tarde, Servicio al Cliente respondió que no se trataba de la misma persona y solicitó: “Favor desbloquear las sociedades para cerrar la oportunidad de restauración”. Ante la insistencia de Compliance, se le reclamó un documento con el CUIT de Pérez. “Adicionalmente le confirmo que las compañías estarán ”cleared“ por los próximos 7 días, hasta recibir los documentos actualizados”. Una compañía puede quedar inactiva al ser liquidada o porque no se pagaron las tasas anuales de mantenimiento. En este último caso, la sociedad queda en estado “stuck off”. Cuando una compañía se restaura significa que se pone al día con sus deudas de tasas anuales para volver a estar activa y poder ser utilizada.

Por esa necesidad de demostrar que no se trataba de la persona registrada como usuaria de facturas apócrifas en AFIP, Servicio al Cliente entregó copia de un documento fiscal de Pérez, gracias al cual se comprueba que es efectivamente la viuda de Yabrán. En los registros, consta copia de la hoja de registros emitida por AFIP en 2017. El documento resume su situación fiscal en Argentina. La viuda de Yabrán figura con su apellido de casada, domicilio fiscal y legal en la calle Viamonte al 300 y con su actividad inscripta ante el fisco argentino: “Servicios de financiación y actividades financieras”, actualizado a 2016. También consta la baja definitiva de todos sus impuestos en Argentina, ya que es residente en Uruguay.

Dos meses después del pedido inicial, el 31 de mayo de 2017, OMC Group destrabó el trámite de forma definitiva. “Puedes proceder, hemos completado los requisitos”. Ambas offshore, que tenían a la viuda de Yabrán como beneficiaria final, fueron restauradas. Actualmente, ambas sociedades figuran como “stuck off” en el registro de Open Corporates.

Una sociedad en Belice

Mariano, el hijo del medio del matrimonio, es el único que siguió el camino empresarial. Entre otras compañías en las que tiene o tuvo participación, es director ejecutivo de la empresa Sendit, un servicio de courier, en Uruguay, según su perfil de Linkedln. La compañía también opera en Paraguay. El empresario también está relacionado junto a su hermano Pablo con MPT Assets Management Corp., en el país vecino, según pudo comprobar elDiarioAR. La compañía se dedica a “inversiones” y está radicada en las Islas Vírgenes Británicas. Tiene cuatro empleados en todas sus sedes y genera ventas por US$3,78 millones, según el sitio de Dun and Bradstreet.

En Pandora Papers, Mariano Yabrán aparece como el beneficiario final de la compañía Chardy Business Inc., radicada en Belice en octubre de 2010. Yabrán no figuraba en los documentos de la sociedad ni como accionista -eran acciones al portador- ni como director, cargo que fueron ocupando distintos agentes a los largo de los siete años que existió esta compañía. De hecho, en 2016, Cititrust realizó un chequeo de antecedentes en Interpol y otras fuentes de información oficial de quien fuera directora de la compañía, Isidra Rivera, de Panamá, cara visible de la compañía en los documentos.  

En 2017, el empresario debió declararse como el verdadero dueño de la compañía para poder proceder con su disolución, según surge de un documento que lleva su firma. En otro escrito del proveedor offshore Cititrut, que no tiene fecha pero sí la firma de Mariano Yabrán, el empresario informó a su agente, el estudio Maclachlan & Dennin: “Por la presente confirmamos que todos los activos y pasivos de la Compañía han sido enajenados y liquidados en su totalidad, y que la Compañía no es insolvente”.

Durante sus siete años de vida, entre 2010 y 2017, Chardy Business Inc. tuvo algunos movimientos registrados en Pandora Papers. En octubre de 2012, la sociedad fue restaurada y el registro de Belice emitió un certificado. En septiembre de 2014, el país centroamericano vuelve a emitir certificado de acciones al portador por US$50.000, en ocasión de transferir la sociedad de las oficinas del agente Morgan & Morgan al estudio Maclachlan & Dennin, en Belice.

En otro documento de 2017, se ordena su disolución y se informa que Chardy Business Inc. “nunca ha comercializado ni tiene activos, pasivos, deudas ni obligaciones”. El escrito también lleva la firma de Mariano Yabrán. El cierre de la compañía se oficializó en agosto de ese año.

Además del negocio postal, Mariano Yabrán también se dedicó a bienes raíces con la empresa Greenpol, a través de la que se comercializan proyectos urbanísticos, y manejó el remanente de las empresas de su padre en Argentina, en particular, los campos administrados por la empresa Yabito, según publicó Michi.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED

Después del rechazo que generó la noticia, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), por ahora frenó la designación de Darío Amado como profesor titular de la cátedra de Medicina Legal, aunque lo sostiene en el puesto, que venía ejerciendo de manera interina. El cuestionado perito fue quien en 1997 le realizó la autopsia al cuerpo del fotógrafo José Luis Cabezas y que fue acusado de ocultar pruebas y fraguar los informes. 

Esta decisión se dio en el marco de la elección para ese cargo, en el que Amado competía con Virginia Creimer, abogada de la familia de Astudillo Castro y vinculada a causas de derechos humanos. En una primera elección, los dos candidatos habían empatado 2 a 2. Esta semana -que debía resolverse la designación- amigos, familiares de Cabezas y ARGRA, la asociación de reporteros gráficos, repudiaron la posibilidad de que Amado asumiera como titular de la cátedra. 

Fuentes de los claustros explicaron a elDiarioAr, que la postulación de Amado llevaba el apoyo del decano Juan Angel Basualdo. La evaluación de los candidatos había pasado por la Comisión de Enseñanza y luego fue al Consejo. Los repudios provocaron que los 14 miembros del Consejo -con 9 votos contra 5-  mandaran ahora el expediente de nuevo a las Comisiones de Enseñanza y Derechos Humanos.

“El Consejo debería haber decidido que no está calificado éticamente y mandarlo para atrás. Lo manda a las comisiones y les dice que investiguen, a pesar de que no tienen potestad para hacerlo. De esta manera logran apaciguar la reacción social y académica y de los organismos de derechos humanos”, sostienen desde los claustros y alertan que hasta que esto se resuelva, Amado seguirá como profesor interino de Medicina Legal. 

Los miembros del Consejo informaron que se enteraron ahora de los antecedentes de Amado y que por eso decidieron rever su designación. Pero varios de los participantes de una actividad que se hizo en la Facultad el 24 de marzo, recuerdan que la propia Creimer le informó a Basualdo y al secretario académico de la institución del historial de Amado.

El Centro de Estudiantes de Medicina también había alertado por las irregularidades en el proceso de concurso. Ya que el día de la exposición, uno de los jurados tuvo problemas de conexión y no pudo ver la mayor parte de la exposición de Creimer. A pesar de ello votó en su contra. Y que la presentación en formato power point de Amado no se pudo ver en el zoom pero ninguno de los jurados lo señaló hasta le final. En la oposición, Creimer obtuvo 29 puntos mientras que Amado tuvo 14. En la propuesta pedagógica para la cátedra, sacó 40 puntos contra 23 del polémico forense. El concurso quedó empatado en 2, con el quinto jurado ausente y pasó a la Comisión de Enseñanza, que se pronunció a favor de Amado. Esta semana debía resolver el Consejo Académico y se hicieron públicos los repudios.  

Amado fue quien realizó la autopsia de Cabezas, asesinado el 25 de enero de 1997, por encargo del empresario Alfredo Yabrán. El perito había omitido uno de los dos disparos hallados en la cabeza del reportero. Tampoco mencionó que tenía rastros de golpes y fraguó la fecha de la firma de un policía. Luego de que el informe fuera presentado, el entonces juez federal de Dolores José Luis Macchi, convocó a Amado para que explicara las irregularidades que surgían de su trabajo. En su descargo, Amado respondió que las irregularidades las había cometido porque estaba “muy cansado” y porque lo hizo “a las apuradas”.