MARIA CLAUDIA CASTRO, FISCAL DEL JUICIO POR EL HOMICIDIO DE JOSE LUIS CABEZAS

“En un crimen de esa naturaleza y con tanta organización, faltó identificar a más personas” en la investigación

Castro, en su jura como jueza de tribunal oral, en Dolores, en 2014. La magistrada mantiene un extremo bajo perfil. Fue sorteada para integrar el tribunal que juzgará a los rugbiers acusados de matar a Fernando Báez.

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La madrugada del 25 de enero de 1997, el reportero gráfico José Luis Cabezas (35) fue secuestrado en Pinamar, mientras se encontraba realizando la cobertura de verano para la Revista Noticias, golpeado, esposado y asesinado de dos disparos en la cabeza en una cava de General Madariaga. Su cuerpo fue incinerado en el interior de un automóvil. 

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En febrero de 2000, ocho hombres fueron condenados a reclusión perpetua por el homicidio. Tres de ellos, Gustavo Daniel Prellezo, Sergio Rubén Camaratta y Aníbal Luna eran oficiales de la Policía Bonaerense al momento del crimen. Gregorio Ríos, condenado como instigador del asesinato, era el jefe de la custodia del empresario postal Alfredo Yabrán, quien se suicidó en 1998 cuando el juez de la causa, José Luis Macchi, ordenó su captura e indagatoria, sospechado de ser el autor intelectual del homicidio. Los otros cuatro condenados eran “los horneros”, miembros de una banda de delincuentes de Los Hornos, La Plata, contratados por Prellezo para la tarea. En un segundo juicio, se condenaría también al comisario Alberto “La Liebre” Gómez por liberar la zona para que los secuestradores pudieran capturar al fotógrafo.

A pesar de las condenas, ninguno de ellos cumplió la pena. Tras la sentencia, la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires bajó las penas de los acusados y les permitió acceder a libertades condicionales mucho antes de lo que hubieran conseguido. Fueron beneficiados por vericuetos y recursos legales y favoritismos que les permitieron reducir los años en la cárcel, acceder a arrestos domiciliarios y recuperar la libertad, según las denuncias de la hermana de Cabezas, Gladys, y su abogado Alejandro Vecchi, quienes aún hoy luchan contra el olvido y la impunidad. Gladys no cree que las condenas hayan sido “ejemplares”, dijo a elDiarioAR.

Al comienzo, la causa estuvo plagada de sospechas: la Policía Bonaerense investigaba a sus propios hombres; hubo pistas falsas; intentos de desviar la investigación, como la detención de la banda Los Pistoleros -que luego se determinó que no estaban involucrados-; pero los abogados querellantes Vecchi -por la familia Cabezas y sus dos hijos mayores- y Norma Pepe -por la hija menor del fotógrafo y Editorial Perfil- reconocen el trabajo del juez y el de los fiscales del juicio, según afirmaron ante la consulta de este medio   

Cuando comenzó el primer juicio, en diciembre de 1999, María Claudia Castro acababa de asumir como fiscal de instrucción. Había trabajado en el juzgado de Macchi durante los años de investigación del caso pero no había intervenido directamente en el expediente. A finales de 1999, la convocaron para integrarse al equipo de fiscales que llevarían adelante la acusación en el juicio. Tenían un mes y medio para prepararse, contó a elDiarioAR en su primera entrevista sobre el caso Cabezas, 25 años después.

Entonces, en la provincia de Buenos Aires, acababa de entrar en vigencia un nuevo Código Procesal Penal que cambiaba por completo las reglas del sistema. “Era el primer juicio oral de esas dimensiones que se hacía con el sistema acusatorio”, recuerda Castro.

-¿Qué significó este juicio?

-Sin lugar a dudas el caso Cabezas es un icono en el cambio de estructura de la policía de la provincia de Buenos Aires. No hay dudas de eso. No solamente se cambió la estructura policial sino que a poco más de un año y medio después del homicidio de Cabezas teníamos otro código. Un código de los más modernos, con un sistema acusatorio hoy vigente. Con lo cual la implicancia a nivel de la investigación fue grandísima. En primer lugar, un sistema acusatorio, como te dije antes, implica que ya la investigación está dirigida por el cuerpo de fiscales o por un fiscal que va a dirigir a la policía, y que va a tomar absolutamente todas las decisiones y las medidas en el marco de esa investigación, que se va a constituir en el lugar del hecho inmediatamente de lo ocurrido, porque así lo establece la ley, cosa que antes no pasaba.

-¿Cómo funcionaba antes?

-Antes nosotros teníamos un código donde primero la policía tomaba conocimiento, iba al lugar del hecho y después lo comunicaba al juez, eran los primeros que tomaban contacto con la escena del crimen. Sin lugar a dudas el caso Cabezas tuvo influencia y la policía tuvo un cambio de rol absoluto con la entrada en vigencia del sistema acusatorio. 

-¿Qué significó el caso Cabezas para usted?

-Creo que para todos los que intervenimos, el caso de Cabeza tuvo relevancia. En el momento del homicidio yo estaba trabajando en el juzgado que interviene en la investigación. No pienses que porque era el caso Cabezas había 50 personas como en las películas. Nosotros éramos un juzgado que tenía en ese momento una planta de secretaria auxiliar, letrado, oficial mayor, tres o cuatro empleados y nada más. O sea, eso era un juzgado en la provincia de Buenos Aires. Por lo cual, en lo personal significó una carrera acelerada en todo lo que es el procedimiento penal. El juez Macchi se pasaba días sin dormir en el juzgado. Era un juez excelente, muy celoso de su investigación. En ese momento era todo papel y se ordenaban un cuerpo de doscientas fojas por día, por lo menos. Entonces calcula que cuando nosotros preparamos el juicio, el expediente tenía 210 cuerpos de 200 fojas cada uno. Nos marcó a los tres fiscales que intervenimos. Había que organizar el trabajo y sistematizar en muy poco tiempo, teníamos un mes y medio para encarar este juicio, y empezaban a debutar las nuevas reglas procesales. Los tres creo que nos sentimos orgullosos de haberlo podido afrontar. 

-Los fiscales pidieron reclusión perpetua pero el tribunal dictó prisión perpetua y eso fue favorable para los acusados. ¿Quedaron conformes con las condenas?

-Si, por supuesto que quedamos satisfechos porque fue perpetua. La diferencia fue la calificación que decidió el tribunal, pero no tenía incidencia en la pena. Cuando nosotros salimos de los alegatos, un grupo de periodistas nos preguntó cuál era la diferencia entre la reclusión perpetua y la prisión perpetua. Influye en la obtención de la libertad condicional, en los plazos. Actualmente ya casi no se impone la pena de reclusión perpetua. Después, cuando la sentencia llega a Casación (de la provincia) esa calificación es revertida y se imponen penas temporales. Más tarde, la Suprema Corte volvió a la calificación que nosotros habíamos propuesto en la acusación final. Ahí hubo algunas libertades que después se revirtieron, libertades condicionales y demás, pero bueno, eso ya no tenía que ver con el trabajo de los fiscales, sino con la intervención del tribunal revisor de la sentencia.

-Después de las condenas, vino la impunidad, otra vez: los acusados recuperaron la libertad y ninguno cumplió la pena. ¿Qué genera en los fiscales que un tribunal superior revierta una condena a prisión perpetua en un caso de estas características?

-Todo lo que vino después no depende de nosotros. Y cuando las cosas no dependen de mí, las acepto. Son cuestiones propias del sistema. Siempre sentí que en mi trabajo puse lo mejor de mí hasta el alegato final. Por supuesto que esperaba una condena favorable, pero también soy muy respetuosa de las garantías constitucionales y la realidad es que esto es el proceso penal, no es un juego y la garantía del doble conforme exige justamente que un tribunal superior revise la sentencia. Uno lo vive como una frustración, porque las penas son para cumplirse, pero también nosotros sabemos que aunque la pena que se imponga sea perpetua, las penas tienen un tiempo, no es para siempre y el sistema brega porque la persona logre volver a reinsertarse en la sociedad. Lo lógico sería que una persona en un país donde las cosas funcionan tendría que poder recuperar la libertad en el tiempo que la ley establece. En este caso en particular pasó lo que tenía que pasar. El sistema carcelario también es muy duro, con lo cual nunca es poco tiempo. El doctor Macchi decía una frase: “Esto es una desgracia que termina con otra desgracia”. 

-Según los informes sobre el juicio, los fiscales y querellantes tuvieron siempre la sospecha de que más personas podrían haber participado del secuestro y asesinato de Cabezas pero no lograron identificarlas. ¿Cree que quedaron sospechosos sin juzgar?

-Me acuerdo que había una frase en los alegatos que decía que todos los que están fueron. Pero faltaba gente. Nosotros estábamos convencidos de que todos los que estaban en el juicio habían sido. Faltó gente, en un crimen de esa naturaleza y con tanta organización, seguramente quedó alguien afuera, quedaron personas afuera.

-¿No se avanzó sobre esas otras personas?

-Nosotros trabajamos sobre la prueba que se había recolectado en la instrucción. Al juicio lo afrontamos los tres fiscales solos, o sea, no teníamos un equipo atrás. Entrevistamos a los testigos que nos parecía importante entrevistar, porque una cosa es leer y otra cosa es ver y escuchar. Con la colaboración de dos instructores hicimos un trabajo respecto de los cruces telefónicos que había en la causa, que eran innumerables. Eso era lo más difícil de manejar. Los entrecruzamientos telefónicos, las aperturas de antenas eran prueba muy relevante y de elocuente incriminación en algunos casos, porque eso era lo que nos permitía contrarrestar lo que habían declarado algunos imputados, determinar que estaban en otro lado en determinado momento y que estaban cerca de la escena del crimen, por ejemplo. No había sistema operativo y lo hicimos nosotros manualmente.

-¿Los teléfonos fueron la prueba central para lograr las condenas, además de las declaraciones de los horneros, que identificaron a Prellezo como el asesino que ejecutó a Cabezas?

-No diría central. Fueron una prueba de mucho peso y que permitió llegar a otras personas, como el caso de Ríos, el instigador, y a la vinculación entre ellos. Pero había otras pruebas muy trascendentes que tenían que ver con el momento del hecho, como algunos testigos.

-Yabrán ya se había suicidado pero fue mencionado en el juicio ¿Qué sostuvieron ustedes los fiscales sobre su rol en el crimen?

-En realidad ese era un tema bastante complejo de abordar para nosotros porque no corresponde acusar a una persona que está fallecida. Pero lo cierto es que hablar de Ríos era hablar de Yabrán. Ríos por sí solo no tenía ningún motivo para instigar el homicidio de José Luis Cabezas. Con lo cual, Yabrán sobrevoló durante todo el juicio, aunque nunca fue sometido a proceso. Había declarado como testigo pero como imputado no declaró nunca. Recuerdo que la defensa argumentó algo así como que el Ministerio Público había acusado a un muerto y en realidad nosotros no habíamos hecho eso, sino que no se podía hablar de investigación contra Ríos sin mencionar la relación con Yabrán.

-¿Qué rol cumplió el periodismo durante la investigación y el juicio?

-Con las querellas de Editorial Perfil y ARGRA trabajamos en conjunto muy bien. Recuerdo al doctor (Alberto) Bovino por la Asociación de Reporteros Gráficos. Y en cuanto a los medios en sí, creo que los medios hicieron mucho por este caso, desde la investigación hasta que terminó el juicio. Fue una época muy rara para Dolores porque desde que sucedió el homicidio hasta que terminó el juicio, nos habíamos acostumbrado a convivir con innumerable cantidad de periodistas. Creo que la prensa tuvo mucho que ver también con el esclarecimiento de la causa, al igual que los querellantes.

Al juicio lo afrontamos los tres fiscales solos, o sea, no teníamos un equipo atrás.

-¿Qué situaciones le impactaron más del juicio?

-Fue todo marcado a fuego. La declaración de los familiares, las recuerdo mucho. Fue muy fuerte. Recuerdo muchos cruces con los imputados a veces cuando se sucedían los interrogatorios. La última declaración de Prellezo, cuando cerró el juicio. Me acuerdo que él durante toda la investigación dio una versión de los hechos. Al final del debate cambió toda su declaración. Fue una causa que nos marcó mucho. El caso significó un antes y un después en la historia judicial y policial argentina. Me parece que el caso Cabezas es único en la historia judicial y policial argentina. Dejó un gran cambio, un cambio muy positivo en el plano judicial, que es el paso al sistema acusatorio. Revolucionó en ese momento la provincia entera y al país. Cuando digo la provincia me refiero a las estructuras. Cuestiones que por ahí eran secreto a voces y me parece que eso es muy trascendente.

-¿Se refiere al funcionamiento de la Policía Bonaerense?

-Sí, sí.

-¿Realmente pudo ver cambios en la Bonaerense a través de su trabajo?

-Cuando yo me fui a estudiar Derecho a la ciudad de La Plata, trabajé en la Policía Bonaerense, en un organismo administrativo, asesoría letrada. Si bien no tuve estado policial, tuve mucho vínculo, hasta que me vine a vivir a Dolores. Durante esos años, inclusive en el caso Cabezas, lo que vi es que como en todos lados había y hay funcionarios excelentes y funcionarios que no lo son. Yo en mi carrera de fiscal me he cruzado con equipos de trabajo que fueron fundamentales. La Justicia necesita de una policía que haga bien las cosas. La policía son los brazos de la Justicia. Lo mismo en la Justicia: habrá funcionarios que merecen el respeto de la sociedad y funcionarios que no. La corrupción se ha instalado en muchísimas instituciones en este país y la policía es una de ellas. Pero no corresponde generalizar. Mi experiencia no fue negativa siempre. Es gente que trabaja, que se forma y hay buenos y malos. 

*Este artículo fue corregido el 24 de enero. Se cambió la palabra “atado” por “esposado”, la forma precisa con la que los asesinos dejaron el cuerpo de Cabezas en el auto que incendierían.

ED

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