El presidente Javier Milei llegó molesto y se la pasó golpeando el atril en el cierre de la cumbre anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham, según sus siglas en inglés) en la Argentina, este martes en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires. “Odio la inflación, el dato me repugnó”, dijo después de que dos horas antes el Instituto de Estadística (Indec) informara que en marzo la inflación saltó a 3,4%, el nivel más alto desde hace un año y medio, en septiembre de 2024 (3,5%).

Milei le echó la culpa a un supuesto intento de golpe de Estado después de que “Manuel (Adorni) hizo esa extraordinaria elección”, en referencia al comicio porteño de 2025. Fue su manera de reivindicar al jefe de Gabinete cuestionado por sus compras de inmuebles y viajes caros. Es decir, la culpa es de la oposición. “Desde entonces hubo ataque feroz al corazón del modelo, hubo más de 40 de leyes intentando romper el equilibrio fiscal... no lo lograron”, dijo entre aplausos permanentes de un grupo de empresarios entregados a su líder, aunque no todos estaban tan entusiastas sino más bien preocupados por la continuidad de un modelo que les gusta.

Milei opinó que aquellas leyes de la oposición, incluidas las incumplidas de financiamiento universitario y a la discapacidad, provocaron una tremenda caída de la demanda de dinero, lo que derivó en subas de la tasa de interés y del tipo de cambio en ese entonces. “Este mes impactó la educación, todo lo que tiene que ver con guerra, el transporte, y por una cuestión estacional, la carne. Estamos purgando todavía la caída de la demanda de dinero más los efectos estacionales”, dio su explicación.

“La política monetaria no cambió, por lo que no es inflación estrictamente, es un salto de precios”, ensayó Milei, que se jactó de trabajar 16 horas por día, de hacerlos laburar a la par a sus ministros y de que sus “valores morales dicen que mentir y estafar está mal”. Más de uno de los empresarios no quiso recordar su promoción de la criptomoneda $LIBRA.

“Superado esos efectos, la tasa de inflación va a caer”, prometió. “Tenemos que terminar de acomodar los precios relativos. Lo único que hay que hacer es tener paciencia”, volvió a pedirla en menos de una semana. “La demanda de dinero ha empezado a crecer. Menor tasa y menor tipo de cambio significa que volvió a subir demanda de dinero. En marzo la actividad económica empezó a rebotar, empezó a revivir”, dijo quien en 2024 había pronosticado que la economía iba a “crecer como pedo de buzo”. “La economía va a retomar el fuerte sendero de crecimiento que teníamos previo al ataque de la política”, dijo Milei.

“Estamos en récord de PBI, consumo, exportaciones, el RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones) está volando”, enumeró el presidente, aunque las ventas minoristas no registran semejante afirmación. “El crédito está creciendo fuertemente”, sorprendió el libertario mientras se derrumban los créditos hipotecarios en 2026, tras un 2025 que bien aprovecharon sus funcionarios para tomarlos con condiciones preferenciales para los empleados públicos. “Cuando se recomponga el capital de trabajo, la Argentina vuelva a crecer”, mareó Milei... ¿ya crecemos o hay que esperar?

El presidente rechazó el supuesto planteo del “círculo rojo”, es decir, el establishment, así como de los periodistas y los “econochantas” de que él debe elegir entre crecimiento y empleo o desinflación. “El círculo rojo hace una hipótesis de que si queremos crecer, tenemos que aceptar tener más inflación. Entonces deberíamos relajar la política fiscal y monetaria. Así podamos crecer y ganar una elección. Desde mi visión me parece inmundo, repugnante. El camino de la inflación lleva al infierno”, dijo el economista al que Lali Espósito parodió como fanático.

Milei dijo que emitir dinero implica “dinamitar la reputación, no ser creíbles, así no van a lograr expandir, van a ir para atrás y eso nos va a castigar en las urnas”. Por eso, prometió: “Vamos a mantener el equilibrio, seguir apretando, la motosierra no se detiene. Di la orden expresa en la reunión de gabinete, vamos a seguir bajando impuestos porque los impuestos son un robo”, bramó ante el aplauso de quienes más se beneficiaron con esas reducciones, los que más tienen.

“Vamos a continuar con la política monetaria apretada, vamos a sacar todos los pesos de la calle”, siguió profesando su fe. “No vamos a ceder un ápice en la desregulación”, continuó con su credo, más allá de que sus liberalizaciones hubiese provocado un fuerte alza de alquileres, prepagas y telefonía. “Vamos a seguir abriendo la economía, porque se amplía la economia, libera más rendimientos crecientes”, aseveró, aunque la baja de precios no necesariamente se traduce en una mejora para quienes pierden el empleo a costa de la apertura.

“Después la gente podrá elegir otro camino, será responsabilidad de los argentinos”, advirtió. “Cuando vean cómo cae la inflación, la pobreza, la economía se recupera, suben los salarios, probablemente nos acompañen”, auguró. “Si no nos acompañan, nos volvemos a casa”, bramó antes de volver sobre su nuevo discurso de moral, que arrancó casi en simultáneo con el caso Adorni, y sobre la reivindicación de los “valores judeocristianos”. Hasta a algunos empresarios elogiosos del giro libertario de la Argentina les pareció demasiado.

AR/CRM

La licencia por paternidad en Brasil comenzará a ampliarse de forma progresiva tras la promulgación de una nueva ley impulsada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La norma llevará el descanso para los padres desde los actuales cinco días hasta un máximo de veinte en 2029, con el objetivo explícito de promover la corresponsabilidad en las tareas de cuidado desde el nacimiento o adopción de un hijo.

La decisión vuelve a poner en evidencia el contraste con la Argentina, donde el régimen de licencias familiares prácticamente no cambió en décadas. La Ley de Contrato de Trabajo mantiene una licencia por paternidad de apenas dos días, mientras que la licencia por maternidad es de 90 días. El esquema se sostuvo incluso después del debate legislativo que acompañó la reciente reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La ampliación aprobada en Brasil reglamenta finalmente un derecho que ya estaba reconocido en la Constitución de 1988, pero que nunca había contado con una legislación específica que estableciera su duración.

Con la nueva norma, el Estado brasileño buscó consolidar un modelo de cuidado compartido desde el inicio de la vida familiar, una política que en la región viene ganando peso en los debates sobre igualdad de género y condiciones de trabajo.

Un esquema progresivo hasta 2029

El nuevo régimen brasileño establece un calendario gradual de ampliación de la licencia. Según la ley promulgada por Lula, el beneficio se extenderá de forma escalonada en los próximos años.

El cronograma previsto es el siguiente:

La ampliación alcanzará a los trabajadores en casos de nacimiento, adopción o guarda judicial, lo que incorpora también situaciones familiares diversas dentro del régimen de licencias.

Además, la norma introduce un mecanismo de financiamiento que busca evitar resistencias empresariales. El sistema crea el denominado “salario-paternidad”, mediante el cual los empleadores pagan inicialmente el salario durante el período de licencia y luego recuperan ese monto a través de compensaciones en sus aportes a la seguridad social.

De ese modo, el costo del tiempo de cuidado se traslada al sistema de seguridad social y no queda exclusivamente a cargo de las empresas, una decisión que busca garantizar la aplicación efectiva del derecho sin generar presiones económicas sobre la contratación laboral.

La ley también contempla situaciones excepcionales. Si la madre fallece, el padre accede a una licencia equivalente a la de maternidad. Además, el inicio del descanso puede postergarse cuando el recién nacido o la madre permanecen internados, y se prevén extensiones específicas en casos de discapacidad, prematuridad o complicaciones médicas.

El objetivo: repartir el cuidado desde el nacimiento

El fundamento político de la reforma se apoya en una discusión que se consolidó en los últimos años en el mercado laboral: la distribución desigual de las tareas de cuidado entre varones y mujeres.

Según explicó el propio Lula al presentar la ley, el objetivo central es evitar que la maternidad se transforme en un factor de discriminación en la contratación laboral. Cuando el cuidado recae exclusivamente sobre la madre, la inserción laboral femenina suele verse afectada por ausencias prolongadas o responsabilidades domésticas que el sistema productivo no reconoce.

En ese sentido, la ampliación de la licencia para los padres busca equilibrar la carga del cuidado desde el primer momento de la vida familiar, algo que distintos organismos internacionales y especialistas en políticas laborales vienen señalando como un paso clave para reducir brechas de género.

La reforma brasileña se inscribe así en una tendencia regional que comenzó a incorporar licencias parentales más amplias y flexibles, entendidas no sólo como un derecho familiar sino también como una política laboral.

El contraste con la Argentina

En la Argentina, el régimen de licencias familiares permanece prácticamente congelado desde hace décadas. El trabajador tiene derecho a dos días corridos de licencia por nacimiento de hijo, según establece la Ley de Contrato de Trabajo.

El plazo, además, no contempla mecanismos de extensión automática cuando el nacimiento ocurre en días no laborales. En la práctica, si el parto sucede durante un fin de semana, la licencia puede reducirse aún más.

Para las madres, en cambio, la ley fija una licencia de 90 días, dividida entre un período previo y posterior al parto. Ese esquema tampoco sufrió modificaciones durante el debate de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La legislación aprobada mantuvo intacto el régimen histórico de licencias familiares, pese a que diversos especialistas y organizaciones laborales señalaron que el debate parlamentario era una oportunidad para actualizar el sistema.

El único capítulo del proyecto original que generó una discusión relevante sobre licencias fue el vinculado a las enfermedades o accidentes no laborales. En su versión inicial, la iniciativa proponía modificar el régimen salarial durante ese período y reducir la duración máxima de las licencias médicas.

Sin embargo, ese punto —conocido como artículo 44— generó una fuerte resistencia sindical y política durante el tratamiento parlamentario. Finalmente fue eliminado o modificado durante la negociación legislativa, lo que dejó sin cambios el esquema vigente de licencias médicas.

Un debate pendiente

Mientras Brasil avanza en la ampliación de derechos vinculados al cuidado, el régimen argentino continúa apoyado en un modelo laboral diseñado en un contexto social muy distinto.

Las transformaciones en la estructura familiar, la creciente participación de las mujeres en el mercado de trabajo y el reconocimiento de las tareas de cuidado como parte de la organización económica reabrieron en los últimos años la discusión sobre el sistema de licencias. Pero la Argentina de hoy parece no hacerse eco de las últimas tendencias, al menos en lo que respecta a los derechos de los trabajadores.

JJD

La desocupación volvió a subir en la Ciudad de Buenos Aires al cierre de 2025 y dejó una señal clara del deterioro del mercado laboral: cada vez más personas buscan trabajo o intentan ampliar sus ingresos mientras el empleo no muestra crecimiento. Según el informe del Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA), el desempleo alcanzó el 7,3% de la población económicamente activa en el cuarto trimestre del año.

Ese nivel se ubicó por encima del registrado un año antes, cuando la desocupación había sido del 6,7%. También marcó un aumento frente al trimestre anterior: entre julio y septiembre de 2025 el desempleo había sido del 6,3%.

Pero el indicador más amplio del informe muestra una presión laboral aún mayor. Si se suman los desocupados, los trabajadores subocupados que buscan más horas y las personas ocupadas que están intentando cambiar o ampliar su empleo, el 12,7% de la población económicamente activa presiona sobre el mercado de trabajo. Es decir, más de uno de cada diez trabajadores busca entrar al empleo o mejorar su inserción laboral.

El aumento de esa presión se explica en parte por la dinámica del propio mercado laboral. La tasa de actividad —que mide a la población que participa del mercado de trabajo— se ubicó en 64,1%, mientras que la tasa de empleo quedó en 59,4%. El organismo estadístico señaló que la actividad mostró una leve expansión interanual, pero el empleo no registró cambios significativos.

Ese desfasaje describe un fenómeno recurrente en contextos de fragilidad laboral: más personas salen a buscar trabajo, pero el número de puestos disponibles no crece al mismo ritmo.

Desigualdades en el acceso al trabajo

El informe también mostró diferencias en la distribución del desempleo según sexo. Las mujeres representaron el 52,0% de las personas desocupadas, mientras que los varones concentraron el 48,0%. La tasa de desocupación femenina llegó al 7,6%, frente al 7,0% en los hombres.

Las brechas también aparecen en el mapa de la Ciudad. Las zonas Norte y Centro presentan niveles de actividad y empleo más altos que el Sur, donde la tasa de actividad alcanza el 60,7% y la de empleo el 53,7%. En cambio, en las zonas Norte y Centro la participación laboral llega al 65,2% y el empleo supera el 61%.

Estas diferencias territoriales reflejan que las oportunidades laborales no se distribuyen de manera homogénea dentro de la Ciudad, incluso dentro de un mismo mercado urbano.

Subocupación y trabajo insuficiente

Además del desempleo abierto, el informe registró un aumento de la subocupación. La tasa de subocupación horaria —personas que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias— alcanzó el 9,3% de la población activa, lo que implicó una suba de 0,6 puntos porcentuales en comparación con el año anterior.

Dentro de ese grupo, más de la mitad de las personas subocupadas (57,5%) no buscan activamente ampliar su jornada laboral. El resto sí intenta sumar horas o conseguir otro empleo, lo que contribuye a aumentar la presión sobre el mercado laboral.

El informe también detalla la composición del empleo en la Ciudad. El 72,0% de las personas ocupadas trabaja en relación de dependencia, mientras que el 22,1% lo hace por cuenta propia.

Entre los asalariados, el 70,3% cuenta con cobertura jubilatoria, mientras que en el 29,% restante los empleadores no realizan aportes previsionales. En el caso del trabajo independiente, el panorama es más heterogéneo: el 59,1% de los cuentapropistas está registrado y paga regularmente, mientras que el 34,5% no tiene registro para ejercer su actividad y el 6,4% restante no mantiene regularidad en los pagos.

La suma de las dos últimas categorías implica que dos de cada cinco trabajadores por cuenta propia quedan por fuera de las regulaciones, una proporción que aumentó interanualmente según el relevamiento oficial.

El informe del organismo estadístico porteño muestra así un escenario en el que el problema del empleo no se limita a la falta de trabajo. También aparece en la insuficiencia de horas laborales, en la expansión del cuentapropismo sin regulación plena y en la creciente cantidad de trabajadores que buscan mejorar su inserción laboral dentro de un mercado que no genera nuevos puestos al mismo ritmo.

JJD

El cierre de la única fábrica del país que producía aisladores eléctricos dejó sin trabajo a sus operarios y obligó al Gobierno a modificar las reglas del mercado para evitar que falten esos insumos básicos. Se trata de la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino (FAPA), una planta ubicada en Monte Grande que abastecía gran parte del sistema eléctrico nacional.

Los aisladores eléctricos son piezas que se usan en postes, líneas y transformadores para evitar fugas de energía y garantizar que la electricidad circule de forma segura. Sin esos componentes, la red eléctrica puede fallar o volverse inestable, lo que explica la reacción inmediata del Estado tras el cierre.

FAPA era la única empresa del país dedicada a fabricar estos productos y cubría cerca del 70% del consumo local. Su salida del mercado implicó que la Argentina pasara a depender completamente de importaciones para un insumo estratégico.

La empresa no solo cerró: también liquidó su planta y remató su maquinaria. Eso significa que no quedó capacidad instalada para retomar la producción en el corto plazo, lo que profundiza el impacto sobre los trabajadores y sobre toda la cadena industrial vinculada.

FAPA no era una firma menor ni reciente. Según la información institucional de la compañía, había sido fundada en 1938 en Monte Grande y durante décadas participó en obras clave del sistema energético argentino, produciendo componentes para líneas de alta tensión y estaciones transformadoras. Su desarrollo estuvo ligado a la expansión del sistema eléctrico nacional y a una industria local que buscaba reemplazar importaciones.

Tras el cierre, el Gobierno decidió suspender por seis meses los aranceles antidumping que regían desde 2015 para proteger la producción nacional. La medida se formalizó a través de la Resolución 345/2026 del Ministerio de Economía. El objetivo fue permitir el ingreso inmediato de aisladores desde el exterior y evitar problemas en el suministro eléctrico.

La decisión respondió también a pedidos de la propia industria, que advirtió que sin esos insumos podían demorarse obras energéticas o producirse fallas en la red. La Comisión Nacional de Comercio Exterior recomendó levantar los aranceles al considerar que, sin producción local, mantenerlos podía perjudicar el servicio eléctrico.

A partir de ahora, las empresas podrán importar aisladores —especialmente desde China, Brasil y Colombia— sin pagar esos recargos. El mercado quedó completamente abierto a proveedores externos, sin competencia nacional.

Para los trabajadores, el impacto fue inmediato. El cierre no solo implicó la pérdida de los puestos en la planta, sino también la desaparición de una actividad industrial específica que requería técnicos, operarios calificados y conocimiento acumulado durante décadas. La pérdida no es solo de empleo, sino de un saber productivo que no tiene reemplazo inmediato.

El caso se dio en un contexto más amplio de dificultades en la industria electromecánica. Datos del sector citados por InfoGremiales señalaron caídas en la producción durante 2025 y un escenario de cautela para 2026, con empresas enfocadas en sostener actividad y empleo. El cierre de FAPA se inscribió en ese proceso de retracción industrial.

La respuesta estatal priorizó garantizar que no falten insumos para la red eléctrica, pero no incluyó medidas para sostener la producción local ni preservar los puestos de trabajo. El resultado inmediato fue una transición desde la fabricación nacional hacia la importación, sin un esquema anunciado de reconversión laboral para los trabajadores afectados.

JJD

El home office o teletrabajo incrementa la natalidad, según un estudio de investigadores de la Universidad de Stanford, de King’s College de Londres y el Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo), entre otros, que tiene en cuenta encuestas con datos para 38 países entre 2023 y 2025, y que se detiene de manera especial en EE.UU.

“Las personas que trabajan desde casa al menos un día a la semana presentan una fertilidad real y esperada más elevada en la era pospandémica”, concluyen los investigadores en el todavía working paper –investigación académica pendiente de revisión final– 'Work from Home and Fertility' (Teletrabajo y Fertilidad). “La fertilidad es aún mayor si su pareja también trabaja desde casa al menos un día a la semana”, añaden.

La investigación apunta que “los datos revelan indicios claros de que la fecundidad real, los planes de fecundidad futura y la fecundidad a lo largo de la vida son mayores entre los encuestados que teletrabajan al menos un día a la semana”.

Estas tendencias se mantienen tanto en los datos brutos como al controlar los resultados teniendo en cuenta factores como la edad, el nivel educativo, estado civil, presencia de hijos antes de 2023, la situación laboral propia y de la pareja, precisan los académicos.

Fertilidad un 14% superior en parejas que hacen home office

Según el estudio, cuando ambos miembros de la pareja teletrabajan al menos un día a la semana, la fecundidad a lo largo de la vida es un 14% mayor (0,32 hijos por mujer) que cuando ninguno de los dos lo hace, respecto al conjunto de 38 países representados en los datos de la Global Survey of Working Arrangements (G-SWA).

El resultado es más abultado cuando se valora solo EE.UU., un 18% mayor (0,45 hijos por mujer), según los datos de la U.S. Survey of Working Arrangements and Attitudes (SWAA).

El estudio recuerda “la fuerte concentración” del home office entre las personas con estudios universitarios, quienes perciben ingresos elevados y desempeñan profesiones y oficios técnicos. “Por lo tanto, es probable que cualquier efecto del teletrabajo sobre la fertilidad sea muy desigual entre los distintos grupos de nivel educativo, ocupaciones y sectores, así como entre países”, según el nivel de home office existente, precisan sus autores.

Los investigadores destacan que su estudio es el primero “que aporta pruebas claras de que las modalidades de teletrabajo están asociadas a una mayor fecundidad en muchos países”.

También subrayan que contribuyen a la bibliografía sobre las repercusiones económicas y sociales del teletrabajo, con investigaciones anteriores que “han revelado efectos importantes del home office” en cuestiones como el uso del tiempo, la productividad, los salarios, las prácticas de contratación y la elección de la ubicación residencial o los precios inmobiliarios, entre otros resultados. También la mayor implicación de los hombres que teletrabajan a las tareas del hogar, por ejemplo.

Posibles motivos: ahorra tiempo y facilita conciliar

El paper menciona varios posibles mecanismos detrás de esta relación positiva entre el teletrabajo y la fertilidad. Por un lado, una explicación causal, que al facilitar la conciliación de la crianza de los hijos con el empleo remunerado, los trabajos que permiten trabajar desde casa llevan a las mujeres y a sus parejas a tener una mayor fertilidad.

También una posible explicación “basada puramente en la selección”: “Las familias con hijos eligen trabajos que ofrecen la posibilidad de trabajar desde casa, pero la fecundidad no se ve afectada por esa posibilidad”.

Los investigadores se inclinan más por la motivación causal y consideran “poco plausible” el efecto de selección, entre otros motivos por el carácter imprevisto de la pandemia de COVID-19, de manera que las personas que tenían entre 30 y 40 años en 2023-2025 –y forman parte del estudio– no eligieron sus trayectorias profesionales en 2020 o antes con conocimiento previo sobre las oportunidades de teletrabajo, que aún no habían surgido en muchos casos.

“Nuestros resultados sugieren que el acceso más amplio al trabajo desde casa aumenta el número de hijos, probablemente porque reduce el tiempo y esfuerzo organizativo requerido para conciliar el trabajo y la vida familiar”, destacó el investigador del Ifo Mathias Dolls a la agencia EFE.

Así, los académicos indican que aumentar las tasas de teletrabajo a los niveles que prevalecen actualmente en lugares como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá “tiene el potencial de impulsar de manera significativa la fertilidad en muchos otros países”.

La desocupación volvió a subir en la Argentina durante el último tramo de 2025 y alcanzó el 7,5% de la población económicamente activa, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato representa un incremento de 0,9 puntos porcentuales frente al tercer trimestre y de 1,1 puntos en comparación con el mismo período del año anterior, lo que equivale a más de 1,6 millones de personas sin empleo.

Los números surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), relevada en 31 aglomerados urbanos y extrapolada al total del país, y reflejan una dinámica preocupante: crece la cantidad de personas que buscan trabajo, pero cae el nivel de ocupación. En el cuarto trimestre, la población económicamente activa se expandió hasta los 22,72 millones de personas, mientras que el total de ocupados descendió a 21,08 millones. Como resultado, el número de desocupados aumentó en más de 200.000 personas respecto del trimestre previo.

En la comparación interanual, el fenómeno se profundiza: el mercado laboral sumó 138.200 personas a la oferta de trabajo, pero perdió 107.600 puestos, lo que derivó en un incremento de 245.700 desocupados. La tasa de empleo se ubicó en el 45%, con una caída de 0,7 puntos frente al mismo período de 2024, mientras que la tasa de actividad alcanzó el 48,6%.

El deterioro del empleo estuvo explicado principalmente por la contracción del trabajo formal, mientras que el empleo informal mostró un leve incremento. Este comportamiento sugiere un proceso de precarización del mercado laboral en un contexto de menor dinamismo económico.

El impacto fue particularmente fuerte entre los jóvenes. En la franja de 14 a 29 años, la desocupación creció 3 puntos porcentuales en mujeres y 3,7 puntos en varones, consolidándose como el grupo más afectado. De hecho, dentro del total de personas sin trabajo, los varones jóvenes representan el 27,9% y las mujeres el 23,1%. En contraste, los indicadores se mantuvieron relativamente estables entre los adultos de 30 a 64 años.

Otro dato relevante es la persistencia del desempleo de larga duración: casi un tercio de las personas desocupadas (30,9%) lleva más de un año buscando trabajo, mientras que solo el 15,9% inició la búsqueda en el último mes. Esto evidencia dificultades estructurales para reinsertarse en el mercado laboral.

Por sectores, la construcción encabeza la lista de actividades más afectadas, con el 19,3% de los desocupados provenientes de ese rubro. Le siguen el comercio (16%), el servicio doméstico (11,3%) y la industria manufacturera (9,7%), en línea con el freno de la actividad en áreas intensivas en mano de obra.

En el análisis geográfico, los niveles más altos de desempleo se registraron en los partidos del Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Gran La Plata y Río Gallegos, todos con tasas cercanas al 9,5%, por encima del promedio nacional. En el otro extremo, Santiago del Estero-La Banda, Viedma-Carmen de Patagones y Gran San Luis exhibieron los menores niveles de desocupación.

A nivel regional, el Gran Buenos Aires lidera con una tasa del 8,6%, seguido por la región pampeana (7,7%). Más atrás se ubican el Noreste (5,6%), Cuyo (4,9%), la Patagonia (4,8%) y el Noroeste (4,2%).

CRM

Es mediodía y Martina, administrativa en un ministerio de la Provincia de Buenos Aires, abre el tupper con tarta y ensalada que trajo de su casa. Desde hace dos semanas, a la planificación de la vianda le debe sumar la categoría de comidas que se pueden comer frías. Es que el único microondas que tiene el edificio de más de cincuenta oficinas en el que trabaja se rompió y no hay señales de que vayan a venir a arreglarlo pronto. A medida que avanza el mes, la vianda se va reduciendo. En la última semana el tupper se convierte en una bolsita con dos frutas y una servilleta. Espera llegar a su casa para directamente cenar. 

El de Martina no es un caso aislado: es el retrato de millones de trabajadores asalariados en Argentina. Un estudio publicado este martes por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) en convenio con Edenred, describe que el 83,5% de los asalariados, el sector más protegido del mercado laboral, experimenta alguna forma de vulnerabilidad alimentaria durante su jornada laboral, ya sea porque sacrifica la cantidad o la calidad de lo que consume o porque llega a experimentar ambas carencias de manera simultánea (56,2%).

Saltear comidas y comer mal: el ajuste silencioso

La privación alimentaria en el trabajo tiene dos caras. La más visible es saltarse una comida: el 61,1% de los asalariados reconoció haberlo hecho por razones económicas. La otra, resignar calidad: el 78,5% optó alguna vez por alimentos menos nutritivos como comidas al paso y ultraprocesados.

El efecto se acentúa entre los más jóvenes como Lucas, que tiene 24 años y trabaja como cadete en una empresa de logística del sur del conurbano. Entra a las 8 y sale a las 18. En su trabajo no hay comedor, no hay cocina, ni heladera. Al mediodía compra lo que puede en el kiosco de la esquina: una gaseosa y una bolsa de papas fritas, o un sándwich de miga si el día le fue bien.  

Siete de cada diez trabajadores de entre 18 y 29 años se saltan comidas por razones económicas, frente a menos de la mitad de los mayores de 60. “Esta disparidad sugiere que la falta de antigüedad, los salarios iniciales más bajos y la precariedad inherente a las primeras experiencias laborales exponen a los jóvenes a una privación mucho más recurrente”, muestra el estudio.

El sector público, allí donde trabaja Marina, es otro de los puntos mas sensible al hablar de vulnerabilidad alimenticia en el ambiente laboral. El 73,2% de los empleados estatales se saltaron comidas, superando en más de 17 puntos a los del sector privado (56%). 

“El fenómeno se agrava en las áreas con índices históricos de pobreza”, explica el informe al mostrar que en el NOA, el 70,8% de los asalariados se privó de comer en algún momento de la jornada y, en el NEA, esa cifra llega al 67,1%.

Quién paga la comida

Resolver el almuerzo durante la jornada presencial tiene un costo que, en su mayoría, afronta el empleado. La franja más común de gasto es entre $5.001 y $10.000 por día, un monto que para quien gana $800.000 por mes representa el 12,5% de su ingreso diario. 

En el sector público, el 13,2% de los trabajadores gasta más de $20.000 por día, frente al 5,7% en el sector privado. “Al contar con menos comedores y aportes del empleador, el trabajador estatal suele recurrir con más frecuencia a comidas externas”, explica el informe.

Solo el 44,4% de los asalariados recibe algún aporte de su empleador para alimentarse durante la jornada. Y esa cobertura no llega donde más se necesita: entre quienes ganan más de $2.000.000 por mes, el 58,3% tiene el beneficio; entre quienes cobran hasta $800.000, apenas el 39,8%. En el sector privado lo recibe casi la mitad (49,6%); en el público, solo el 32,2%. “Quienes están recibiendo aportes para alimentación son los sectores sociales más aventajados del sector formal”, señaló Ianina Tuñón, investigadora responsable del informe en el ODSA-UCA, durante la presentación del estudio. 

“Uno de los datos más graves del informe”, asegura Tuñón, “es el dato del Índice de Masa Corporal, que es mayor al promedio”. El 59,7% de los asalariados está por encima del peso recomendado.

La reforma laboral

El contexto de este informe coincide con la aprobación de la Reforma Laboral que “podría ampliar el alcance de los beneficios alimentarios laborales en Argentina al extender el concepto de servicio de comedor más allá de los espacios físicos dentro de la empresa” consignó Bárbara Granatelli, directora de Asuntos Públicos para Europa, América Latina y Medio Oriente de Edenred ante la pregunta de eldiarioAR.

Hasta ahora, la legislación consideraba beneficio social no remunerativo, es decir, exento de aportes, contribuciones e impuesto a las ganancias al hecho de que una empresa proveyera un comedor en sus propias instalaciones. Ese esquema beneficiaba principalmente a las grandes empresas con capacidad de infraestructura y a los trabajadores de escritorio con empleo fijo.

La reforma amplía esa definición para incluir también a los llamados comedores externos, que son los comercios cercanos al lugar de trabajo. En la práctica, esto significa que una empresa podría entregar a sus empleados un monto monetario o una tarjeta para que almuercen en establecimientos cercanos, y ese beneficio seguiría siendo no remunerativo tanto para el empleador como para el trabajador.

El problema es que la medida es optativa. Y si los datos del informe muestran algo, es que cuando los beneficios alimentarios quedan librados a la voluntad del empleador llegan, con suerte, a quienes ya están mejor: los sectores de mayores ingresos, las empresas más grandes, el sector privado. Los mismos de siempre.

El tupper frío sobre el escritorio de Martina no es solo un problema de logística. Es el síntoma de un sistema que, por acción o por omisión, todavía no garantiza a millones de trabajadores algo tan básico como poder comer bien mientras trabajan.

MC

La reforma laboral que entró en vigor este viernes en Argentina, y que conlleva un gran recorte de derechos, afectará especialmente a las mujeres, según afirman trabajadoras del sector petrolero durante una visita de EFE a una planta dedicada al refinado de crudo, en provincia de Buenos Aires, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

“Acá no estamos hablando de una modernización, estamos hablando de retrocesos y las mujeres vamos a ser las más perjudicadas”, dijo Yanina Ponce, quien trabaja desde hace casi dos décadas en esta planta de la Destilería Argentina de Petróleo S.A. (DAPSA), ubicada en la localidad de Avellaneda.

Ponce, integrante de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad del Sindicato Petróleo, Gas, Energías Renovables y Biocombustibles Privados de Avellaneda, afirmó que los esquemas laborales más flexibles tendrán un impacto desigual entre hombres y mujeres, ya que ellas suelen enfrentar mayores dificultades para conciliar a causa de las responsabilidades familiares.

Y una de las razones está en que la nueva normativa crea un “banco de horas”, que permite acumular el tiempo extra trabajado y compensarlo con días libres o jornadas reducidas.

Según un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), las mujeres argentinas dedican en promedio 6 horas y 31 minutos diarios al cuidado, casi el doble que los hombres, y cerca de 1,8 millones de mujeres de entre 25 y 59 años están fuera del mercado laboral porque no pueden compatibilizar trabajo y cuidados.

La ONG advirtió que la nueva ley podría profundizar las brechas salariales y limitar aún más la participación femenina en el mercado laboral.

Lilian Capone, integrante de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), dijo a EFE que la reforma va afectar principalmente “las cuestiones sociales, familiares y personales, en un contexto en que las mujeres ya afrontan problemáticas como el trabajo informal, no registrado, la disminución del salario por ser mujer y coordinar el trabajo con los cuidados”.

Agustina Micaela Nievas, de 27 años y operaria de DAPSA, contó a EFE que acaba de reincorporarse tras ser madre y realiza una tarea más tranquila, con horario reducido, pero apuntó que con la reforma laboral la situación para las madres podría complicarse.

Capone agregó que otro aspecto de la ley que afecta a las trabajadoras es que podrían no coincidir sus vacaciones con las de sus hijos, ya que el nuevo esquema prevé que la coincidencia con el receso estival sería obligatorio al menos una vez cada tres años.

Para Angie Vanesa Torilla, empleada del sector de envasado de la petrolera, la nueva ley cambiará “la igualdad laboral, que fue lo que se luchó y por lo que hoy estamos acá en una empresa de tantos varones”.

Industria dominada por hombres

Las preocupaciones por la reforma laboral se suman a los desafíos que enfrentan las mujeres en el sector petrolero, siempre dominado por hombres. En DAPSA, por ejemplo, solo tres mujeres trabajan como operarias.

“Los mayores desafíos fueron romper socialmente con el tabú de que es un trabajo de hombres. Uno se imagina que agarrar una brida grande y poder abrir una válvula es difícil para las mujeres. Sin embargo, tenés compañeras en la refinería que hacen eso”, añadió Ponce.

Un estudio presentado en 2025 por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y la consultora Mercer reveló que las mujeres ocupan el 19,9 % de los puestos de trabajo en la industria petrolera argentina, con menor presencia en áreas operativas y cargos jerárquicos.

La operaria Bárbara Cristina Schulze explicó a EFE que ya había trabajado en sectores con mayoría masculina: “Siempre está el 'ah, porque sos mujer' pero a medida que ven que podemos hacer el mismo trabajo que ellos, pasa”.

Para Ponce, la presencia de mujeres en la industria petrolera es todavía reciente y requiere sostener condiciones laborales que permitan su permanencia.

 “El desafío fue enfrentar el miedo y darse cuenta de que la fuerza colectiva es lo que termina logrando que las compañeras puedan acceder a los distintos puestos de trabajo”, concluyó la dirigente sindical.

Laura Guarinoni, para la agencia EFE.

La industria textil argentina atraviesa uno de los retrocesos más profundos dentro del entramado manufacturero, en un contexto marcado por la caída del consumo interno, la pérdida de actividad industrial y el aumento de las importaciones. El sector opera apenas al 40% de su capacidad instalada, según un informe del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Ese nivel de utilización refleja el fuerte deterioro de la actividad en una rama industrial históricamente vinculada al mercado interno y al empleo intensivo.

El estudio señaló que los cambios más pronunciados en el mapa industrial reciente se observaron en la actividad textil, donde se registraron quiebras, cierres de empresas y retiro de firmas. Según el documento, ese proceso redujo la utilización de las plantas fabriles hasta niveles mínimos dentro de la industria nacional y dejó amplios segmentos de capacidad productiva ociosos.

La crisis se reflejó también en el empleo. Más de 11.500 puestos de trabajo registrados se perdieron en la cadena textil, indumentaria, calzado y cuero entre diciembre de 2023 y junio de 2025, según un informe de la Fundación Pro Tejer. Esa reducción implicó aproximadamente una caída cercana al 10% del empleo del sector, uno de los más intensivos en mano de obra dentro del aparato industrial argentino.

Otros relevamientos indicaron un deterioro todavía mayor. Más de 16.000 puestos laborales desaparecieron en la cadena textil desde fines de 2023, según un informe sectorial citado por la revista Forbes Argentina. La contracción impactó principalmente en pequeñas y medianas empresas vinculadas a la confección de indumentaria y en talleres que integran la cadena productiva.

El retroceso del sector también se expresó en la producción industrial. La producción textil cayó 36,7% interanual en noviembre de 2025, mientras que la contracción alcanzó 47,6% si se comparó con dos años antes, según un informe del Observatorio de la Cadena Textil e Indumentaria de la Fundación Pro Tejer. En el acumulado anual, la producción del sector registró una caída cercana al 6,4% durante 2025, lo que reflejó el deterioro sostenido de la actividad.

Ese retroceso productivo se tradujo en niveles muy bajos de utilización de la capacidad instalada. Las fábricas textiles utilizaron apenas el 32,5% de su capacidad en octubre de 2025, según datos industriales citados por el portal Infobae. Otros relevamientos sectoriales indicaron niveles aún más bajos: 29,2% de utilización en noviembre de ese mismo año, según el mismo documento citado por analistas industriales.

Los informes coinciden en que la industria textil funciona actualmente con niveles de utilización que se ubican entre el 30% y el 40% de su capacidad, lo que implica que más de la mitad del potencial productivo permanece sin utilizar en las plantas fabriles del sector.

La presión de las importaciones apareció como otro factor clave en el deterioro del sector. Las importaciones de prendas de vestir crecieron 91% en volumen, según un relevamiento del sector citado por Forbes Argentina. Ese aumento desplazó parte de la producción local en el mercado interno y redujo la actividad de las empresas que abastecen el consumo doméstico.

El impacto también se reflejó en la estructura empresarial. Más de 500 pequeñas y medianas empresas textiles cerraron durante el período reciente, según un informe sectorial citado por el diario El País en su cobertura sobre la crisis de la industria argentina. La mayoría de esas firmas dependía del mercado interno y operaba con márgenes muy ajustados, lo que las volvió particularmente vulnerables frente a la caída del consumo y la mayor competencia de productos importados.

Para los investigadores del CEHEAL, el deterioro de la industria textil forma parte de un proceso más amplio de retroceso manufacturero. El informe señaló que la combinación de recesión económica, menor inversión productiva y debilitamiento del mercado interno redujo la actividad de distintas ramas industriales, entre ellas las vinculadas a la producción textil.

En ese escenario, la elevada capacidad ociosa se convirtió en uno de los indicadores más visibles de la crisis. Más de la mitad de la capacidad productiva del sector permanece sin utilizar, una situación que impacta directamente en el empleo industrial, en la continuidad de las empresas y en la estabilidad de una cadena productiva que históricamente generó puestos de trabajo formales en la industria argentina.

JJD

La industria argentina perdió 100.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023, lo que equivale a 160 empleos menos por día, según un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El estudio identificó una caída del 8,3% en la actividad industrial durante el gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza) y advirtió que la contracción impactó de manera directa en el empleo y en la capacidad productiva del sector.

El documento fue elaborado por el Área de Estudios Sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL) y el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL). Los investigadores señalaron que los datos reflejan un deterioro simultáneo de producción, empleo y estructura industrial, con efectos directos sobre las condiciones laborales en el sector manufacturero.

La destrucción de puestos de trabajo aparece como uno de los indicadores más contundentes del proceso. El informe precisó que el sector industrial registró una pérdida acumulada de 100.000 empleos desde noviembre de 2023. En términos diarios, esa reducción se tradujo en un promedio de 160 trabajadores que dejaron de tener empleo en la industria cada día.

La caída del empleo se produjo en un contexto de retracción de la actividad. El trabajo académico indicó que entre el tercer trimestre de 2023 y el tercer trimestre de 2025 la economía argentina creció apenas 1,3%, mientras que la industria retrocedió 8,3%. Otros sectores productivos también registraron descensos en ese período, entre ellos el comercio (-5,2%), la construcción (-14,1%) y la pesca (-24,6%).

El deterioro de la actividad industrial también se expresó en el uso de la capacidad instalada. El estudio señaló que durante 2024 y 2025 el nivel promedio de utilización de la capacidad productiva se mantuvo por debajo del 60%, lo que implicó una capacidad ociosa superior al 40% en el sector manufacturero.

Para los trabajadores industriales, ese escenario suele traducirse en suspensiones, reducción de turnos o pérdida de puestos de trabajo. La disminución de la actividad reduce la necesidad de mano de obra en las plantas y debilita la estabilidad laboral en los distintos segmentos de la cadena productiva.

El informe también registró un cambio estructural en el peso de la industria dentro de la economía argentina. Según los datos relevados por los investigadores, la participación del sector industrial en el producto total cayó del 16,5% en 2023 al 13,7% en 2025.

Ese nivel de participación se ubica en valores similares a los registrados antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que para los autores del estudio refleja un proceso de desindustrialización que reconfigura la estructura económica del país.

La contracción no se limitó a algunos segmentos específicos. El trabajo indicó que 22 de los 24 sectores que integran la estructura industrial argentina registraron caídas en su valor agregado entre mediados de 2023 y mediados de 2025.

Entre los sectores más afectados aparecieron la metalurgia, el calzado, las curtiembres y las industrias vinculadas a la construcción, con descensos estimados entre 20% y 25%.

En contraste, algunos rubros mostraron una mayor resistencia a la caída generalizada. El informe mencionó entre ellos a la industria alimenticia, las tabacaleras y el sector vinculado al transporte, aunque todos registraron igualmente retrocesos en su actividad.

El deterioro productivo también se reflejó en el comercio exterior industrial. El estudio señaló que las exportaciones manufactureras de mayor valor agregado —con mayor contenido tecnológico y generación de empleo— redujeron su participación dentro del total exportado por el sector.

Según el relevamiento, las llamadas Manufacturas de Origen Industrial (MOI) representaron 28% de las exportaciones industriales, mientras que en 2011 habían alcanzado un pico histórico del 35%.

Ese cambio en la composición exportadora implicó una mayor presencia relativa de productos primarios o vinculados a recursos naturales dentro del comercio exterior del sector manufacturero.

El informe también analizó la situación de la industria de bienes de capital, un segmento clave para el desarrollo productivo porque provee maquinaria y equipamiento al resto de la economía.

En ese rubro, los investigadores detectaron una caída cercana al 25% en la producción local entre 2023 y 2025, mientras que las importaciones de bienes de capital aumentaron 77% en el mismo período.

Ese desplazamiento entre producción nacional e importaciones se tradujo en una menor actividad para las empresas que fabrican maquinaria en el país, con impacto directo en el empleo industrial asociado a ese segmento.

El estudio también advirtió sobre cambios en la política económica que afectan al sector. Los investigadores señalaron que el Presupuesto 2026 registró un recorte del 40% en los recursos destinados a la industria, mientras que el apoyo estatal se concentró en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Según el análisis, ese esquema priorizó proyectos vinculados a energía, minería y siderurgia orientados al capital extranjero, en detrimento de políticas de financiamiento destinadas al entramado industrial local.

Los investigadores también compararon el nivel actual de producción industrial con series históricas y señalaron que el PBI industrial per cápita retrocedió a valores similares a los registrados en 1985, lo que implica un retroceso de aproximadamente cuatro décadas en la capacidad productiva por habitante.

Ese indicador sintetiza el deterioro acumulado de la actividad manufacturera y su impacto sobre el empleo, ya que el sector industrial se caracterizó históricamente por generar puestos de trabajo formales, con mayor nivel de protección laboral y mejores salarios relativos dentro de la economía.

La pérdida de puestos industriales, la caída de la producción y la reducción del peso del sector en la economía configuran un escenario que impacta directamente en quienes trabajan en la actividad manufacturera. El informe concluyó que los datos relevados reflejan una crisis industrial extendida, con efectos simultáneos sobre empleo, inversión y estructura productiva en Argentina.

JJD

Los trabajadores de la fábrica de neumáticos Fate se movilizan este miércoles a la Secretaría de Trabajo en una jornada que puede definir el futuro de la planta y de los puestos laborales. La protesta acompaña una audiencia entre la empresa, el sindicato del neumático y funcionarios del Gobierno en medio de un conflicto por el cierre de la fábrica y los despidos.

La convocatoria se realizó para las 11 en la sede laboral ubicada en Alem 650, en la Ciudad de Buenos Aires. Participan los trabajadores junto al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), con apoyo de organizaciones sindicales de la CGT y de las dos CTA.

El eje de la movilización es el reclamo de “reincorporación inmediata” y la defensa de la continuidad productiva de la planta, que permanece paralizada tras la decisión empresaria de frenar la producción. En esa audiencia podría resolverse una prórroga de la conciliación obligatoria o cerrarse definitivamente la posibilidad de reactivar la fábrica.

Los trabajadores buscan evitar ese escenario. En la convocatoria pública afirmaron: “Defender la mano de obra argentina es defender a nuestras familias”, y llamaron a organizaciones sindicales y sociales a sumarse a la protesta frente a la Secretaría de Trabajo.

El conflicto escaló en los últimos días después de que el gremio resolviera profundizar el plan de lucha. La asamblea de trabajadores definió convocar a un paro nacional de 24 horas en todas las fábricas de neumáticos y realizar una presentación judicial para exigir la puesta en marcha de la planta con todo el personal.

Entre los puntos de esa acción judicial, el sindicato planteó que la empresa incumplió un acuerdo firmado en mayo de 2025 con la Secretaría de Trabajo y el gremio, que le otorgaba beneficios de no pago de aportes hasta julio de 2026 a cambio de mantener los puestos laborales.

Además, la organización sindical evalúa solicitar la figura de “ocupación temporánea” para que el Estado intervenga la empresa en caso de que el accionista decida abandonar la producción. El objetivo del reclamo es sostener la continuidad industrial y evitar la pérdida de empleos en el sector.

En paralelo a la audiencia, los trabajadores organizan actividades en la calle durante la jornada de protesta. Entre ellas se anunció un festival frente al edificio laboral con la participación de músicos y organizaciones que acompañan el conflicto.

Empresas en crisis y cierres

Mientras el conflicto de Fate continúa abierto, otras empresas atraviesan situaciones críticas que impactan en el empleo.

La compañía Goldmund S.A., responsable de la marca de electrodomésticos Peabody, inició un proceso de concurso preventivo de acreedores para reestructurar sus pasivos. La empresa comunicó a clientes y proveedores que atraviesa una “etapa de reestructuración” orientada a ordenar sus compromisos financieros y sostener su continuidad operativa.

La decisión se produce en un contexto de dificultades para varias firmas del sector de electrodomésticos. Según la comunicación enviada por la compañía, el proceso judicial busca reorganizar su situación económica y fortalecer la estructura empresarial para continuar operando.

En el sector cárnico, el frigorífico Ganadera San Roque cerró su planta ubicada en Morón y despidió a 140 trabajadores. La empresa atribuyó la decisión a la caída del consumo interno y al aumento de importaciones de carne para el mercado local.

El establecimiento dejó de operar el 27 de febrero y las desvinculaciones se encuadraron en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla despidos por causas económicas. Mientras tanto, los trabajadores participan de audiencias en el Ministerio de Trabajo para discutir las condiciones de las indemnizaciones.

La crisis también alcanzó al sector textil en Tierra del Fuego. La empresa Sueño Fueguino, fabricante de marcas de ropa de cama como Danubio y Cannon, suspendió a 70 trabajadores de su planta de Río Grande durante tres meses.

El acuerdo alcanzado con sindicatos prevé que los trabajadores cobren el 70% del salario bruto y el 100% de los conceptos no remunerativos, lo que representa aproximadamente el 90% del ingreso neto durante el período de suspensión.

La empresa ya había despedido previamente a 35 trabajadores en octubre en la misma planta.

JJD

A 24 horas de la apertura de sesiones, el relato presidencial sobre empleo y recuperación salarial convive con números oficiales que muestran otra escena: los sueldos registrados quedaron otra vez por debajo de los precios. En las palabras presidenciales, el trabajo apareció como herencia fallida y como promesa futura, pero no como deterioro presente del salario real.

La referencia más directa del mandatario en su discurso ante la Asamblea Legislativa fue la defensa de la Ley de Modernización Laboral, que el Presidente presentó como una norma que “viene a barrer con un delirio sancionado hace 50 años” y que, según afirmó, dejó “a la mitad de los trabajadores en el mercado informal”. Sin embargo, se trata de una ley proempresa, que fue rechazada por todo el arco sindical e inclusive cuestionada por parte del empresariado, el pyme, porque consideran que la letra choca contra principios constitucionales y podría provocar una mayor litigiosidad a la ya existente.

Milei sostuvo que los “campeones de los derechos de los trabajadores” dejaron “sin ningún tipo de derecho a la mitad de los trabajadores” y agregó que en el último gobierno anterior, el de los peronistas Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, del extinto Frente de Todos, “el 30 % de los trabajadores formales eran pobres”. El encuadre fue retrospectivo: informalidad y pobreza laboral como resultado del modelo previo y como justificación de la reforma.

En ese mismo tramo, el Presidente cerró con una afirmación categórica: “El desempleo bajó”. También sostuvo que durante su gestión “no aumentó el desempleo”. Sin embargo, según Chequeado, esa afirmación resultó falsa. De acuerdo con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec citados por el sitio de verificación de contenidos, la tasa de desocupación pasó del 5,7% en el tercer trimestre de 2023 al 6,6% en el tercer trimestre de 2025, último dato disponible.

El mismo análisis mostró que el desempleo subió durante el primer año de gestión (alcanzó 6,9% en 2024) y luego bajó levemente en 2025, pero el resultado global evidenció un incremento respecto del punto de partida. La afirmación presidencial, entonces, no coincidió con la evolución agregada de la tasa de desocupación.

La segunda afirmación fuerte fue sobre ingresos. “Hemos triplicado el salario en dólares”, dijo Milei en el recinto. La frase fue calificada como engañosa en otro chequeo publicado este lunes. Según ese informe, el salario promedio en dólares pasó de US$ 515 en noviembre de 2023 a US$ 1.245 en noviembre de 2025. El aumento nominal en dólares existió y fue significativo.

Sin embargo, los especialistas citados advirtieron que medir salarios en dólares no informa sobre el poder adquisitivo real frente a la inflación interna. Cuando se comparó el salario promedio con la canasta básica total —también medida en dólares— la capacidad de compra aumentó 17%, muy por debajo del incremento nominal del 141% en dólares que sugiere la frase presidencial. El salario en dólares creció; el poder de compra lo hizo en menor magnitud.

En paralelo a esa discusión, los propios datos oficiales mostraron que el salario real en pesos volvió a retroceder en 2025. Según el Indec, el índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación del mismo período alcanzó 27,9%. La diferencia implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales.

En noviembre, los salarios privados registrados crecieron 2,1%, por debajo del 2,5% del IPC nacional de ese mes. El informe vinculó el retroceso con el “rezago de las negociaciones colectivas” y la falta de actualización de tramos acordados a comienzos del año.

El empleo público mostró una dinámica aún más restrictiva. El subsector público nacional registró un aumento acumulado de 19% entre enero y noviembre, claramente inferior a la inflación del período. Más del 80% de la masa salarial relevada por el Indec tuvo aumentos por debajo de los precios acumulados, según ese mismo informe.

Mientras el Presidente defendió la reforma laboral como modernización necesaria, el entramado productivo atravesó una contracción verificable. En noviembre de 2023 el sistema registraba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores; en noviembre de 2025 las cifras descendieron a 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores. En ese período se perdieron 21.938 empleadores y 290.602 puestos registrados. El cierre definitivo de la planta de Fate en San Fernando dejó a 1.500 trabajadores sin empleo en un día; en La Pampa, el frigorífico General Pico despidió a 194 empleados y paralizó sus plantas; en el sector textil, Hilado S.A. avanzó en concurso preventivo con alrededor de 800 trabajadores bajo incertidumbre. En el conflicto del neumático, además, 920 operarios quedaron sin tareas efectivas pese a la conciliación obligatoria, según denunció el SUTNA.

La distancia no fue solo numérica, sino también en la forma de describir el problema. En el discurso de Milei el salario apareció como consecuencia futura de la estabilidad macroeconómica. Milei explicó que el equilibrio fiscal y la política monetaria restrictiva permitirán mayor productividad, “salarios más altos y menores niveles de pobreza”. La recomposición salarial fue presentada como resultado de un proceso estructural, no como lo urgente que verdaderamente es.

Lo que no dijo: paritarias y negociación colectiva

En las 28 páginas del discurso difundido oficialmente no apareció la palabra “paritaria”. Tampoco hubo referencias explícitas a reaperturas de negociación colectiva ni a la actualización salarial en el sector público. La omisión resultó significativa si se considera que el propio informe del Indec explicó parte de la caída real por el rezago de las negociaciones colectivas.

La reforma laboral sí ocupó un lugar destacado. El Presidente la presentó como instrumento para modernizar el mercado de trabajo y adaptarlo a “la mayor transformación de la historia”. Pero no detalló en el recinto los efectos concretos sobre indemnizaciones, jornada o derechos colectivos, dimensiones que forman parte del debate legislativo en curso.

El resultado fue un mensaje donde el empleo y el salario funcionaron como argumentos de validación del rumbo económico, más que como fotografía del presente. El desempleo fue presentado como resuelto; los datos mostraron un aumento respecto de 2023. El salario en dólares fue exhibido como símbolo de recuperación; el poder adquisitivo real creció menos y en 2025 volvió a caer frente a la inflación.

Los números oficiales disponibles mostraron que el mercado de trabajo no siguió una trayectoria lineal. La desocupación resultó mayor que al inicio del mandato y el salario real registrado volvió a perder contra los precios en 2025. En ese escenario, el empleo y el ingreso funcionaron en el discurso como promesa de largo plazo, mientras los datos mostraron las necesidades del presente.

JJD

El Gobierno avanzó en las últimas horas en nuevas negociaciones con bloques dialoguistas del Senado para intentar aprobar la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza, pero el acuerdo quedó atado a definiciones pendientes en el capítulo fiscal y a cambios que afectan de manera directa las condiciones de despido, el financiamiento sindical y la protección del empleo. La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, evitó dar precisiones sobre los consensos alcanzados y postergó los anuncios para la sesión prevista para este miércoles.

Las conversaciones se desarrollaron mientras creció la resistencia de gobernadores dialoguistas a la rebaja del impuesto a las Ganancias para empresas, un punto central del paquete fiscal que acompaña la reforma laboral. Desde las provincias señalan a la Casa Rosada el impacto negativo en sus recursos coparticipables, en caso de avanzar el proyecto con esta baja incluida.

Tras más de tres horas de conversaciones, Bullrich sostuvo que el oficialismo mantenía “un acuerdo grande” pero aclaró que las definiciones se comunicarán recién durante la sesión. “Estamos todavía terminando el debate”, afirmó, y agregó que el bloque resolvió no adelantar los cambios hasta cerrar el poroteo final. La estrategia dejó en suspenso aspectos centrales del proyecto que afectan directamente a los trabajadores, como el esquema de indemnizaciones y los aportes sindicales.

Una sesión atravesada por tensiones políticas

La agenda legislativa de este martes incluye una reunión de Labor Parlamentaria prevista para las 14, donde el oficialismo y el peronismo discutirán el formato de la sesión. Fuentes parlamentarias anticiparon momentos de alta tensión, tanto por el orden del debate como por los artículos que podrían quedar fuera del dictamen final.

En paralelo, trascendió el malestar con su propio gobierno de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no participó de los encuentros entre el oficialismo y los bloques dialoguistas. Si bien estuvo presente el secretario parlamentario, Agustín Gustinian, la interna política sumó ruido a una negociación ya condicionada por el frente fiscal.

A una reunión de rosca realizada el lunes en el despacho del senador radical Eduardo Vischi asistieron representantes de distintos bloques provinciales y federales, entre ellos miembros del PRO, de Provincias Unidas, del Frente Renovador de la Concordia (Misiones), de Despierta Chubut, de Independencia (Tucumán) y de Primero los Salteños. La diversidad de actores da cuenta de la fragilidad del acuerdo y la necesidad del oficialismo de ceder en puntos sensibles.

El capítulo fiscal se convirtió en uno de los principales obstáculos. El proyecto incluyó una rebaja del impuesto a las Ganancias para grandes empresas del 35% al 31,4% y para medianas empresas del 31% al 27%, una medida que gobernadores rechazaron por el impacto en sus arcas a partir de 2027, estimado por fuentes parlamentarias en casi $2 billones.

Un vocero oficial admitió ante NA que, si no se reunían los votos necesarios, ese punto podría eliminarse del proyecto y tratarse en una ley aparte. El capítulo fiscal también contempló la eliminación de impuestos internos y la creación de un Régimen de Inversiones para medianas empresas, con amortización acelerada en Ganancias.

En el plano estrictamente laboral, uno de los focos de discusión fue el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con el 3% de los aportes patronales destinados a ANSES. La UCR propuso que las pymes puedan utilizar ese fondo para financiar despidos, una iniciativa que generó fuertes cuestionamientos por trasladar el costo de las cesantías al sistema previsional.

Indemnizaciones, aportes y salarios

Sí hubo acuerdo en avanzar con un nuevo tope indemnizatorio: un sueldo por año trabajado, con un máximo de tres veces el salario promedio, pagadero en hasta 12 cuotas para grandes empresas y 18 para pymes, con actualización por inflación más 3% anual, en lugar de tasas judiciales. El esquema implicó una reducción del costo del despido y una mayor previsibilidad para el empleador, a costa de limitar la reparación económica para el trabajador despedido.

Otro punto de conflicto fue la propuesta de volver voluntarios los aportes sindicales, rechazada por el sindicalismo por su impacto directo en la afiliación y en la capacidad de organización colectiva. También quedó abierta la discusión sobre eliminar contribuciones empresarias a gremios y cámaras, una medida que debilitó el financiamiento de la negociación colectiva.

Finalmente, el proyecto incluyó cambios en la forma de pago de salarios: se debatió si los sueldos deberán abonarse exclusivamente a través de entidades bancarias o si se habilitarán billeteras virtuales, una alternativa rechazada por las cámaras bancarias y que planteó interrogantes sobre la protección del salario y la trazabilidad de los ingresos laborales.

JJD, con información de NA

Un 7% de los jubilados en Estados Unidos volvió al mercado laboral en los últimos seis meses, principalmente por necesidad económica, según una encuesta reciente de la Asociación Estadounidense de Personas Retiradas (American Association of Retired Persons, AARP). El dato se conoció en paralelo a un fuerte incremento de los despidos: solo en enero se registraron más de 108.000 recortes de personal, la cifra mensual más alta para ese mes desde 2009, de acuerdo con un informe de la consultora Challenger, Gray & Christmas. Ambas tendencias pusieron en evidencia un deterioro de las condiciones de seguridad laboral y previsional.

La encuesta de AARP se realizó entre noviembre y diciembre de 2025 sobre unas 2.100 personas mayores de 50 años y actualizó un relevamiento previo efectuado en julio y agosto, que había arrojado resultados similares. En ambos casos, la proporción de jubilados que retomaron un empleo se mantuvo prácticamente estable, con un 6% en el verano boreal y un 7% hacia fin de año. El informe definió este proceso como “desjubilación” y lo vinculó de manera directa a las presiones financieras.

Según los resultados, el 48% de quienes volvieron a trabajar lo hizo porque necesitaba dinero o evaluó que su situación económica era mala. Otras razones mencionadas fueron el aburrimiento o el deseo de ayudar a otras personas, aunque quedaron claramente relegadas frente al peso del factor económico. La responsable del programa de resiliencia financiera de AARP, Carly Roszkowski, advirtió en un comunicado que muchas personas temen no contar con ahorros suficientes para el retiro y sostuvo que la tendencia a prolongar la vida laboral podría profundizarse.

El relevamiento también expuso el clima de inseguridad entre los trabajadores de mayor edad que aún no se jubilaron. Un 24% manifestó temor a perder su empleo en el próximo año, mientras que un 67% consideró que tendría dificultades para conseguir otro trabajo, en gran parte por la discriminación por edad. A esas barreras se sumaron las enfermedades y discapacidades, señaladas como uno de los principales motivos que llevan a la jubilación, junto con la percepción de haber alcanzado una estabilidad financiera suficiente, algo que hoy aparece cada vez más en duda.

En paralelo, el informe mensual de Challenger, Gray & Christmas mostró un salto abrupto de los despidos. Durante enero se contabilizaron 108.435 recortes de personal, lo que representó un aumento del 118% interanual y del 205% respecto de diciembre. Se trató de la cifra más elevada para un mes de enero desde 2009 y de la segunda más alta registrada históricamente para ese mes, solo superada por el inicio de la crisis financiera global, cuando se habían superado los 240.000 despidos.

El detalle sectorial mostró que la industria tecnológica volvió a concentrar una parte relevante de los recortes, con 22.291 despidos anunciados. Dentro de ese total, alrededor de 16.000 correspondieron a Amazon, que avanzó con una reestructuración de sus capas de dirección. En el sector del transporte, los anuncios superaron los 30.000 despidos, mayoritariamente vinculados a UPS, que rompió acuerdos comerciales con Amazon.

Otro dato significativo del informe fue el impacto de la inteligencia artificial. La IA se citó como la razón principal en el 7% de los despidos de enero, lo que equivalió a 7.624 puestos de trabajo. Desde 2023, cuando la consultora comenzó a registrar específicamente este factor, se acumularon casi 80.000 despidos asociados al avance de la IA en el mercado laboral estadounidense. Para Challenger, este fue el tercer pico de recortes en los últimos 36 meses, una señal de volatilidad persistente.

Andy Challenger, director de ingresos de la firma, sostuvo que si bien los despidos suelen concentrarse en el primer trimestre del año, el volumen registrado en enero resultó excepcionalmente alto. Según explicó, la magnitud de los anuncios indicó que muchas de las decisiones se tomaron hacia fines de 2025, lo que reflejó un bajo nivel de optimismo empresarial respecto del panorama económico de 2026.

Leídos en conjunto, los dos informes mostraron un mercado laboral atravesado por la inseguridad, donde quienes pierden su empleo enfrentan mayores dificultades para reinsertarse y quienes ya se habían retirado se ven empujados a regresar al trabajo para sostener sus ingresos. La coexistencia de despidos masivos con jubilados que vuelven a emplearse por necesidad económica marcó un escenario en el que el ajuste se trasladó de manera directa a las trayectorias laborales y previsionales.

Por ahora, no hubo anuncios de políticas públicas orientadas a revertir estas tendencias. Los despidos ya se concretaron y el regreso de jubilados al mercado laboral continuó estable en niveles elevados, con la presión económica como principal motor.

JJD, con información de la agencia EFE

El The Washington Post informó a su personal que puso en marcha un proceso de despidos masivos que recortó cerca de un tercio de su dotación total, incluidos más de 300 periodistas de una redacción que contaba con alrededor de 800 trabajadores. El ajuste afectó de forma directa la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo de cientos de personas, en un contexto de caída de ingresos, pérdida de suscriptores y dificultades para sostener un modelo digital rentable.

La decisión fue comunicada el miércoles 4 de febrero de 2026 en reuniones internas encabezadas por el editor ejecutivo Matt Murray. Los despidos alcanzaron tanto a trabajadores de la redacción como a personal del área comercial y administrativa, y se concentraron especialmente en las secciones de deportes, cobertura local e internacional. Según detalló The New York Times, la empresa avanzó con recortes que representaron cerca del 30% de su personal total, incluyendo corresponsales en el exterior y editores con trayectoria en el diario.

En términos operativos, el Post cerró su sección de Deportes, redujo de manera significativa la cobertura metropolitana, eliminó el área dedicada a libros y dio de baja el pódcast diario Post Reports. Una parte de los periodistas deportivos fue reubicada en el área de reportajes, aunque sin precisiones sobre la continuidad de sus funciones ni garantías de estabilidad. La cobertura internacional también quedó severamente recortada: el medio mantuvo corresponsales en apenas una decena de destinos y despidió trabajadores en Medio Oriente, India y Australia.

La conducción del diario justificó el ajuste por las pérdidas acumuladas. Murray sostuvo ante el personal que la empresa “perdió demasiado dinero durante demasiado tiempo” y no logró responder a las necesidades de sus lectores, y explicó que el nuevo perfil editorial pondría el foco en política nacional, negocios y salud. En un correo posterior, reconoció que el diario seguía “anclado en una etapa anterior”, cuando dominaba el producto impreso local, y admitió que el tráfico proveniente de búsquedas en internet cayó casi a la mitad en los últimos tres años, en parte por el avance de la inteligencia artificial generativa.

El impacto laboral del anuncio fue inmediato. Las notificaciones de despido comenzaron a llegar por correo electrónico, y los propios periodistas se avisaron entre sí con mensajes breves: “Eliminado”, repetían. Peter Finn, entonces responsable de la sección internacional, pidió ser despedido para no participar del diseño del recorte, según confirmaron fuentes citadas por el New York Times. La secuencia dejó expuesto el costo humano del ajuste, en una redacción que había crecido de manera sostenida durante los primeros años de la gestión de Bezos.

El diario pertenece desde 2013 al empresario Jeff Bezos, fundador de Amazon y una de las personas más ricas del mundo. Según analizó el New York Times, los despidos evidenciaron que el magnate todavía no encontró un esquema sostenible para un medio digital de gran escala, pese a más de una década de inversiones. Durante los primeros años bajo su control, el Post expandió su redacción y su alcance, pero en los últimos tiempos perdió audiencia, suscriptores y peso en el ecosistema informativo.

La crisis se profundizó tras una serie de decisiones empresariales y editoriales. En 2023, Bezos contrató a Will Lewis para buscar un camino hacia la rentabilidad. Su gestión incluyó reorganizaciones internas, mayor incorporación de herramientas de inteligencia artificial y una nueva política que eliminó el respaldo editorial a candidaturas presidenciales. Esa definición bloqueó un editorial de apoyo a Kamala Harris antes de las elecciones de 2024 y derivó en la cancelación de cientos de miles de suscripciones, según admitieron fuentes del propio medio.

Desde una perspectiva laboral, el recorte implicó la pérdida de cientos de puestos calificados en una actividad ya atravesada por la precarización y el achicamiento de redacciones. La eliminación de corresponsalías y de coberturas locales redujo la diversidad informativa y concentró tareas en menos trabajadores. El propio Murray reconoció que la producción diaria de artículos disminuyó de manera sostenida en los últimos cinco años.

El ajuste del Post se inscribió en una tendencia más amplia de la industria de medios en Estados Unidos, marcada por la caída de la publicidad, el cambio en los hábitos de consumo y la dependencia de plataformas tecnológicas, con consecuencias directas sobre el empleo periodístico. En este caso, el impacto resultó especialmente significativo por el peso histórico del diario y su rol en investigaciones emblemáticas del periodismo estadounidense.

Hasta el momento, la empresa no informó ningún plan de reincorporación ni medidas de protección laboral para el personal despedido, y un vocero de Bezos no respondió a los pedidos de comentarios realizados por el New York Times. El recorte ya se ejecutó y redefinió de manera estructural el tamaño y el alcance de la redacción, mientras cientos de trabajadores quedaron fuera del diario sin certezas sobre su futuro inmediato.

JJD

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado este jueves por el Banco Central, delineó un escenario de desaceleración inflacionaria, crecimiento económico moderado y equilibrio fiscal sostenido para 2026. Las proyecciones del propio informe muestran, sin embargo, que ese crecimiento esperado no se traduce en una expansión del empleo, ya que la tasa de desocupación se mantendría prácticamente sin cambios a lo largo de 2026.

El REM se elaboró a partir de una encuesta realizada entre el 28 y el 30 de enero a 45 participantes, entre consultoras y entidades financieras locales e internacionales. El relevamiento no mide la economía real, sino las expectativas de estos actores sobre un conjunto acotado de variables macroeconómicas: inflación, nivel de actividad, desempleo, tipo de cambio, tasas de interés, comercio exterior y resultado fiscal.

En materia de actividad, el informe indicó que el Producto Interno Bruto habría crecido 0,1% en el cuarto trimestre de 2025, en la medición desestacionalizada. Para 2026, el conjunto de analistas proyectó un crecimiento interanual promedio de 3,2%, cifra que implicó una corrección a la baja de 0,3 puntos porcentuales respecto del REM previo. Entre quienes integran el denominado Top 10, el crecimiento esperado fue aún menor: 2,7%, con una revisión negativa de 0,6 puntos.

Ese nivel de crecimiento no aparece asociado, en las propias proyecciones del mercado, a una mejora relevante del mercado de trabajo. Según el REM, la tasa de desocupación abierta se habría ubicado en 6,7% de la Población Económicamente Activa en el cuarto trimestre de 2025, y el conjunto de participantes espera que cierre 2026 en 6,6%. Para el Top 10 de analistas, la proyección fue de 6,7% tanto para 2025 como para 2026.

La estabilidad de la tasa de desocupación esperada indica que el mercado no anticipa una expansión significativa del empleo, aun en un contexto de crecimiento económico. En términos estrictos, el escenario proyectado describe una economía que crecería sin absorber de manera sustancial nueva fuerza de trabajo ni reducir de forma visible el nivel de desempleo existente.

En paralelo, el REM mostró un endurecimiento de las condiciones financieras esperadas para el corto plazo. Para febrero de 2026, los analistas pronosticaron una tasa TAMAR de bancos privados de 31,8% nominal anual, lo que representó un aumento de 4,3 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior. Para diciembre de 2026, la tasa esperada se ubicó en 22,4% TNA, también por encima de las proyecciones previas.

Un esquema de tasas de interés elevadas tiende a restringir el crédito, el consumo y la inversión, variables directamente vinculadas al ritmo de la actividad y a la generación de empleo. Si bien el REM no evalúa esos efectos de forma directa, el perfil financiero esperado no describe un contexto expansivo para el mercado laboral.

En el plano fiscal, las expectativas del mercado reforzaron la continuidad del ajuste. El conjunto de participantes proyectó para 2026 un superávit primario del Sector Público Nacional no Financiero de $16,0 billones, cifra superior a la del relevamiento anterior. Ningún analista anticipó un resultado inferior a $9,0 billones. El escenario fiscal esperado se apoya en el equilibrio de las cuentas públicas, sin incorporar supuestos de expansión del gasto que impulsen el empleo o los ingresos laborales.

Respecto del frente externo, el REM estimó que en 2026 las exportaciones totalizarían USD91.885 millones y las importaciones USD80.710 millones, con un superávit comercial esperado de USD11.175 millones. El excedente externo proyectado tampoco fue vinculado por el mercado a una expansión del empleo, sino a un esquema de crecimiento contenido y demanda interna moderada.

En cuanto a la inflación, el relevamiento mostró que los analistas esperan una variación mensual de 2,4% para enero de 2026, tanto para el índice general como para el núcleo, con revisiones al alza respecto del REM previo. La desaceleración inflacionaria esperada no implica, por sí misma, una mejora del poder adquisitivo, ya que el informe no incluye proyecciones salariales ni anticipa cómo evolucionarían los ingresos frente a los precios.

El REM de enero describe una economía que crecería en 2026, pero sin una reducción significativa del desempleo. Las expectativas del mercado delinean un sendero de estabilidad macroeconómica relativa, con inflación más baja, equilibrio fiscal y expansión moderada de la actividad, aunque sin señales de que ese proceso se traduzca en una ampliación del empleo. En las propias proyecciones de los analistas, el crecimiento esperado no aparece acompañado por una mejora sustantiva del mercado de trabajo.

JJD

Marta tiene 36 años, duerme mal desde hace meses y vive con la sensación constante de estar llegando tarde a todo en su empresa. No importa cuánto se esfuerce: siempre siente que no es suficiente. “Me enseñaron a ser buena trabajadora antes que a ser buena conmigo. Y ahora no sé cómo ponerme en primer lugar sin sentir que estoy fallando”, explica.

Su historia no es excepcional. Es, de hecho, profundamente representativa de una generación educada bajo una idea aparentemente incuestionable: que el trabajo debía ocupar el centro de la vida, y que el esfuerzo sostenido sería recompensado con estabilidad, reconocimiento y seguridad. El problema ha surgido cuando esa ecuación ha dejado de funcionar y, aun así, seguimos aplicándola como si el fallo solo pudiera estar en nosotros.

Aprender a trabajar antes que a cuidarse

Para la psicóloga Ángela Esteban, conocida en redes como @gamanpsicologia y autora del libro No vas a heredar la empresa: Cómo acabar con el estrés en el trabajo antes de que acabe contigo (Bruguera, 2025), esta interiorización comienza mucho antes de lo que solemos pensar. 

“Desde nuestros primeros años de vida ya empezamos a estar rodeados de estímulos relacionados con el trabajo: los juguetes de profesiones, los juegos de rol, las preguntas de los adultos sobre lo que queremos ser cuando seamos mayores”, explica. Sin darnos cuenta, vamos construyendo la idea de que nuestro futuro (y nuestro valor) estará ligado a lo que hagamos laboralmente.

Según la autora, el mensaje se refuerza con los años mediante frases bienintencionadas pero contundentes: “Hay que esforzarse para llegar lejos”, “el trabajo es lo primero”, “si trabajas mucho, te irá bien”. Esteban apunta que, aunque estas expresiones nacen del afecto, dejan una huella que puede ser perjudicial: “Se nos queda grabado que nuestro valor depende de cuánto producimos y que el trabajo debe ser el centro de nuestra vida”, sostiene.

En consulta, la experta se encuentra “con personas agotadas que sienten que descansar es una pérdida de tiempo. Su exigencia interna no les deja espacio para dejar de rendir, no pueden ‘quedarse atrás”, señala. Un desgaste silencioso que se normaliza —en España, una encuesta reciente de Randstad indica que seis de cada 10 trabajadores experimentan de forma regular problemas de estrés en el trabajo— y que, poco a poco, va borrando cualquier espacio vital que no sea productivo.

Se nos queda grabado que nuestro valor depende de cuánto producimos y que el trabajo debe ser el centro de nuestra vida

Ángela Esteban — psicóloga

Cuando la promesa no se cumple

El golpe llega cuando, tras años de esfuerzo, las recompensas prometidas no aparecen o lo hacen de forma tímida. “Ese es uno de los grandes ‘golpes invisibles’. Es como correr en una cinta: te esfuerzas, sudas, te dejas la piel… Pero no avanzas”, describe Esteban. Y ante esa frustración, muchos miran hacia dentro en lugar de cuestionar el sistema. “En vez de revisar el contexto, revisamos nuestra valía. ‘¿No soy suficiente?’, ‘¿Tengo que esforzarme todavía más?”, añade. Con lo que se crea el caldo de cultivo para la frustración y la infelicidad.

Luis, de 43 años, acudió a consulta con la doctora Esteban con una sensación que se repite cada vez más: la de haber sido engañado. “No solo se sentía cansado, se sentía estafado”, relata la psicóloga. Había cumplido con todo lo que se suponía que debía hacer, pero su vida no se parecía en nada a la que le habían prometido. Sentía que sus esfuerzos no se correspondían con su realidad y eso le generaba mucha culpa, frustración e, incluso, vergüenza. No sabía cómo explicarse por qué trabajaba tanto.

Pero aunque es natural y justo esperar una recompensa externa por lo que hacemos, no podemos basar toda nuestra sensación de valía personal en lo que el trabajo nos devuelva. “Si tu esfuerzo no se ha visto correspondido, no significa que tú valgas menos ni que hayas fallado”, insiste Esteban. A veces, subraya, lo que falla es el sistema, las condiciones, el contexto. Pero desaprender esa idea cuesta, sobre todo cuando durante años se nos ha aleccionado en sentido contrario.

El trabajo como deber moral

La socióloga Elsa Santamaría, especializada en los aspectos psicosociales relacionados con el mundo del trabajo y profesora en la UOC, sitúa esta lógica en un marco histórico y cultural más amplio. “El modelo cultural que ha posicionado el trabajo como una prioridad es una construcción social con raíces profundas”, explica, y remite al libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Max Weber, donde el autor alemán describe el mundo industrial moderno de finales del siglo XIX y principios del XX. 

Esa ética, derivada especialmente del calvinismo, fue clave para consolidar el trabajo como un deber moral y religioso, como centro de la organización social y de la formación de nuestras subjetividades.

Aunque el contexto ha cambiado respecto al mundo que describe Weber, según Santamaría, hay elementos que no solo se han mantenido, sino que se han reforzado. “Un ejemplo de ello es la racionalidad que vincula valor social con rendimiento, utilidad y esfuerzo personal”, señala. “Esta legitima tanto el disciplinamiento individual como la regulación social bajo ideales de eficiencia, responsabilidad y meritocracia”. De ahí, por ejemplo, el ensalzamiento constante de la figura del emprendedor.

El esfuerzo sostenido ya no garantiza la estabilidad laboral, el ascenso social ni la seguridad económica

Elsa Santamaría — socióloga (UOC)

El problema es que la ecuación de la meritocracia ya no funciona como antes. “El esfuerzo sostenido ya no garantiza la estabilidad laboral, el ascenso social ni la seguridad económica”, afirma la profesora. Y, sin embargo, seguimos midiéndonos con el mismo rasero.

Autoexigencia: la voz que no se apaga

Esa contradicción alimenta una autoexigencia que puede volverse corrosiva. “Nos lo han enseñado como algo heroico: aguantar, sacrificarse, no detenerse”, explica Esteban. Además, cuestionar esa narrativa no es fácil porque implica poner en duda una parte central de nuestra identidad. “Llega un punto en el que esos comentarios externos que escuchamos se convierten en nuestra propia voz interna. Y ahora ya no hace falta que nadie nos exija, lo hacemos nosotros mismos”.

La psicóloga recuerda el caso de Clara, de 29 años, que lo expresaba así en consulta: “Sé que estoy agotada, pero no puedo decepcionar. Ya no sé ni a quién, pero siento que tengo que seguir”. Tenía migrañas, bloqueos, ansiedad constante pero, aun así, se obligaba a ir más rápido, a ser más eficiente y a no fallar en nada. “No era un problema de organización, sino de un nivel de exigencia imposible de sostener”, apunta Esteban. 

Desde la sociología, Santamaría observa un fenómeno paralelo: “Ya no es solo la empresa quien nos cronometra, sino que somos nosotros quienes nos autocronometramos y autooptimizamos constantemente”. La lógica de la productividad se ha extendido al ocio, al descanso y a la vida personal. El individuo se convierte en un “sujeto empresario de sí mismo”, responsable único de su éxito o fracaso.

Ya no es solo la empresa quien nos cronometra, sino que somos nosotros quienes nos autocronometramos y autooptimizamos constantemente

Elsa Santamaría — socióloga (UOC)

Cuando el cuerpo habla

El problema es que esto acaba pasando factura en nuestra salud. “El cuerpo siempre habla antes que la mente”, recuerda Esteban. Cansancio que no se recupera, niebla mental, irritabilidad, desconexión emocional, dolores persistentes, ansiedad. Señales que solemos normalizar como “estrés adulto”, pero que apuntan a algo más profundo.

“Nadie llega al burnout de un día para otro”, advierte. Pero muchos llevamos ignorando avisos durante demasiado tiempo, convencidos de que parar sería una forma de rendirse cuando, en realidad, “cuestionar esas creencias no es un acto de debilidad, sino de autocuidado profundo”.

La culpa de parar

Por otro lado, poner límites, descansar o decir que no, suele venir acompañado de culpa. “Es una emoción muy común en personas que han funcionado mucho tiempo desde la autoexigencia”, explica Esteban. Una culpa aprendida en una cultura que idolatra la productividad y asocia el cuidado personal con la pereza.

Javier, de 52 años, no podía apagar el móvil del trabajo ni un domingo. “Siento que si digo que no, alguien va a pensar que soy un vago”, le decía a Ángela en terapia. La culpa lo mantenía siempre disponible, aunque su cuerpo estuviera exhausto. “¿Y si me necesitan? ¿Y si se dan cuenta de que no soy tan bueno o necesario como piensan?”, pensaba.

“Debemos entender que descansar no es fallar, poner límites no es traicionar a nadie”, insiste la psicóloga. Pero interiorizarlo requiere desmontar normas profundamente arraigadas.

¿Hay salida?

Salir de esta lógica no es sencillo ni inmediato. “Esta rueda está diseñada para que cueste bajarse de ella. Así que no es una cuestión de falta de voluntad o de valentía, sino de estructura y consciencia”, señala Esteban. 

El primer paso es parar y nombrar lo que ocurre y así recuperar la capacidad de escucharse. Pensar: “¿qué me está pasando?”, “¿cómo estoy realmente?”, “¿qué estoy necesitando y no estoy pudiendo darme?”. Es como apagar el motor un segundo para dejar de escuchar ese ruido al que, muy probablemente, te hayas acostumbrado. 

“Luego toca explorar las posibilidades reales”, apunta la psicóloga. “Siempre hay un margen: renegociar tareas o plazos, pedir apoyo, ajustar expectativas, poner límites, dejar de asumir tareas que no te corresponden, reducir el nivel de exigencia, recuperar un hábito que te hace bien, respetar tu horario personal fuera de lo laboral, etc.”

Esta rueda está diseñada para que cueste bajarse de ella. Así que no es una cuestión de falta de voluntad o de valentía, sino de estructura y consciencia

Ángela Esteban — psicóloga

En definitiva, según la psicóloga y autora, hay un trabajo interno importante: reconectar con las necesidades y los valores personales.

Desde una perspectiva colectiva, Santamaría apunta a ensayos como la semana laboral de cuatro días o el trabajo híbrido, aunque advierte: “Son cambios operativos, no alternativas”. Para un reequilibrio real se necesita “un cambio cultural en la concepción del trabajo que priorice su valor social sobre su valor económico, pero para ello se requiere de transformaciones profundas en múltiples ámbitos de la sociedad”.

Tal vez el primer gesto sea aceptar algo incómodo pero liberador: que, como dice el título del libro de Esteban, “no vamos a heredar la empresa”, y que quizá nunca debimos organizar nuestra vida como si ese fuera a ser el premio final.

De la casa al trabajo, de un trabajo al otro y después con suerte volver a casa. Así son los tiempos que corren desde la crisis del gobierno de Mauricio Macri en adelante. Con un empleo solo no alcanza para vivir a cada vez más personas. Si en 2017, sólo el 8,5% tenía más de un trabajo, es decir, era pluriempleado, dos años después, en el crepúsculo de la gestión Cambiemos, ya era el 10,7%, al terminar la administración de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa ya suponía el 11% y tras la mitad del mandato de Javier Milei alcanza al 11,9%. Es decir, 40% más en ocho años, según los datos oficiales procesados por un nuevo informe del Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

Silvina Casabé, vecina del Abasto de 57 años, ya tenía dos empleos: siete horas por día a la mañana como empleada administrativa del Hospital de Clínicas y dos tardes por semana hasta las 21 como profesora de inglés en un instituto privado. “Ahora empecé a buscar más clases de inglés para poder solventarme. Lo hago porque el hospital depende de la Universidad de Buenos Aires y el desfinanciamiento universitario dejó mi sueldo con 40% menos de poder adquisitivo. Me contactó una empresa para enseñarles, empiezo en marzo y cualquier persona que me dice que quiere aprender inglés, le digo que sí. Estoy en la búsqueda de sumar cosas porque no llego”, lamenta Silvina.

“Un fenómeno notable y persistente en los últimos años es el incremento del pluriempleo.Durante el gobierno de Milei esta tendencia se ha profundizado”, advierte el reporte de Cifra-CTA, que escribieron los economistas Mariana González y Nicolás Bonofiglio. “Suele asociarse este crecimiento con la posibilidad que brindan las nuevas plataformas digitales de sumar una segunda ocupación a quienes buscan complementar sus ingresos”, continúa el documento, en clara alusión a quienes, por ejemplo, manejan para Uber, policías incluidos.

“Sin embargo, el aumento del pluriempleo no depende solamente de tales posibilidades sino que se relaciona, en términos más generales, con contextos en los que los ingresos reales de los hogares descienden y, en consecuencia, se buscan otras fuentes laborales, vinculadas o no con plataformas digitales. La proporción de personas con más de una ocupación se redujo levemente entre 2004 y 2015, en un escenario de mejora de los ingresos reales de los hogares, pero comenzó a incrementarse desde el final del gobierno de Macri, en paralelo con el deterioro de dichos ingresos”, completan González y Bonofiglio. En 2004, el pluriempleo fue del 10% y en 2015, 8,4%.

Los expertos de Cifra-CTA calculan, siempre sobre base de datos oficiales, que el salario registrado perdió 5,8% en la era Milei frente a la inflación. Pero si se hubiese calculado el índice de precios al consumidor (IPC) a partir del patrón de consumo más actualizado, de 2017-2018, en lugar del de principios de siglo, el retroceso hubiera sido del 9,8%. A su vez, los sueldos de los empleados privados bajaron 0,9% y los de los estatales, 14,4%, si se toma en cuenta el IPC oficial. Pero uno es el recorte de los funcionarios provinciales, del 6,5%, y otro el de los nacionales, del 33,3%.

M. B., porteña de 41 años, trabajaba en uno de los organismos públicos casi desmantelados por el gobierno de Milei. Ante el temor de ser incluida en la lista de 60.000 despedidos en el Estado nacional, buscó al inicio de la gestión libertaria otro empleo adicional en una agencia de comunicación. Finalmente, no se quedó sin el puesto estatal sino que fue trasladada a otra dependencia, aunque ya no se ocupa de tareas de su especialidad. “Continúo en ambos ya que si no, no podría mantenerme. El sueldo del Estado está muy atrasado, en alrededor de $1 millón, y hay gente que cobra hasta 700.000. Se hace imposible vivir solo con eso. Antes me alcanzaba con un solo trabajo, pero en el último tiempo del gobierno de Alberto ya estaba un poco más corta. Siempre había hecho aparte cosas chiquitas de comunicación, pero nada fijo”, recuerda M. B.

También hay jubilados que no sólo necesitan uno sino dos empleos adicionales. Nora Sarmiento Moyano, vecina de Hudson de 72 años, cobra menos que la jubilación mínima porque no llegó a acumular todos los aportes correspondientes. Después de una larga trayectoria en diversas fábricas, de grande estudió y se recibió de trabajadora social y hace medio año comenzó a trabajar en dos centros terapéuticos. Ahora se ha postulado para emplearse en pabellones carcelarios. “Estoy trabajando de lo que estudié y muy feliz, pero con mi jubilación sola, si yo no cambio mi situación, no me la cambia nadie. Tengo gastos para mantenerme y mantener la casa. Ahora yo estoy con una abogada para que me reconozcan cinco años de aportes que me afanaron y poder empezar a cobrar la jubilación que me corresponde”, relata Nora.

La consultora C-P, de Pablo Moldovan y Federico Pastrana, advierte en un reciente informe que el empleo está ajustándose por cuatro vías: la desocupación, que subió del 6,2% al 7,6%; el subempleo, es decir, trabajar menos horas de las deseadas, 0,5 puntos porcentuales más que en 2023; el reemplazo de puestos formales (-2,8 puntos porcentuales) por más informales (+1,9) y cuentapropistas (+0,2) y el pluriempleo. “Frente a las dificultades de ingresos, las personas buscaron otro trabajo que les permita complementar los ingresos perdidos. El pluriempleo viene creciendo en los últimos años, muy asociado a las caídas de los ingresos reales. El proceso es acumulativo y facilitado por los empleos en plataformas”, concluye el informe de C-P. Es decir, hay quienes agarran el auto para hacer Uber, Cabify o Didi o repartir mercadería de Mercado Libre u otras firmas con comercio electrónico, o se suben a la moto o la bici para repartir en Rappi o PedidosYa. Pero el fenómeno del pluriempleo va mucho más allá que las apps.

AR7MG

“Aguanté todo lo que pude, pero ya era sumamente difícil”, relató una joven venezolana llegada hace un año a Madrid, durante una concentración en apoyo a la oposición de su país. Como ella, miles siguen eligiendo España como destino para rehacer su vida lejos de la persecución, la crisis económica y el colapso institucional en Venezuela.

Según el censo español al 1 de enero de 2025, ya residían 377.809 personas de nacionalidad venezolana, lo que representa un crecimiento del 16,2% en un año y casi diez veces más que en 2014. De este modo, la comunidad venezolana pasó a ser el 5,5% de la población extranjera en el país y es, por amplísimo margen, la más numerosa de Europa.

La gran mayoría se radicó en las zonas con mayor actividad económica: el 33% vive en Madrid y el 11,3% en Barcelona, de acuerdo al Observatorio Permanente de la Inmigración. Y aunque España es solo uno de los destinos posibles, se destaca dentro de la Unión Europea: en 2023 había allí más de 209.000 venezolanos con residencia legal, frente a los 14.000 de Italia, su inmediato seguidor, según Eurostat.

La lengua, la historia compartida y la existencia de redes familiares explican parte de la elección. Pero el dato más significativo es que se trata de una migración masiva, continua y cada vez más joven: el 80% de los residentes venezolanos en España tiene entre 16 y 64 años, y la mitad son menores de 35.

Trabajo, asilo y formación profesional

A fines de 2025, 214.904 venezolanos tenían permiso de trabajo en el país. De ellos, el 87% eran asalariados y casi la mitad mujeres. Esto ubica a la comunidad como la segunda más importante entre las latinoamericanas en términos de aportes a la Seguridad Social, solo detrás de la colombiana.

Más de 66.000 personas solicitaron protección internacional en 2024, y ya en el primer trimestre de 2025 se sumaron otras 23.724, que representaron el 59% de todas las solicitudes en ese período. El año pasado se resolvieron 33.004 peticiones, con una aprobación del 99%, una señal de reconocimiento generalizado a la situación crítica que atraviesa Venezuela.

Pese a ello, la inserción laboral no siempre refleja el capital profesional de quienes emigran. Según la fundación Código Venezuela, más de 5.000 médicos, 7.000 ingenieros, y cientos de odontólogos y veterinarios venezolanos residen en el país, aunque cerca del 40% trabaja en hostelería, comercio, atención al cliente, cuidados, limpieza o agricultura.

Muchos llegan con títulos universitarios y experiencia, pero enfrentan obstáculos burocráticos para homologar sus estudios o acceder a empleos acordes a su formación. La fundación apunta que hay una gran demanda de acompañamiento para la integración sociolaboral, especialmente entre los jóvenes y profesionales calificados.

Expectativas, desafíos y redes de apoyo

El crecimiento sostenido de la comunidad venezolana plantea nuevos desafíos para las políticas de integración y el sistema de reconocimiento de cualificaciones. También visibiliza una transformación profunda del perfil migratorio latinoamericano en España: más politizado, más joven, con más mujeres y más propensión al arraigo permanente.

En paralelo, se expanden las redes de apoyo entre migrantes y las organizaciones que impulsan capacitaciones, acceso a derechos y espacios de contención. “No es fácil empezar desde cero, pero hay mucha solidaridad”, destacan desde varias asociaciones.

Con decenas de miles de nuevas llegadas cada año, la experiencia venezolana en España seguirá marcando el pulso de las políticas migratorias en la región y cuestionando modelos de inserción laboral que muchas veces desperdician talento y esfuerzo.

JJD

Unos 20 beneficiarios del ex plan social Potenciar Trabajo comenzarán este 6 de enero el primero de los cursos de capacitación laboral que ofrecerá el Ministerio de Capital Humano, de Sandra Pettovello, a través de empresas que enseñan sus oficios. El primer taller será de pintura, durará seis clases durante enero y la instrucción estará a cargo de la fabricante de pinturas Sinteplast, de los hermanos Miguel, Claudio, Rubén y Gabriel Rodríguez. Se dictará en el primer Centro de Formación en Oficios, que funcionará en un antiguo instituto de minoridad remodelado por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que preside Adelmo Gabbi. Arcos Dorados, licenciataria de McDonald's, y la cervecería Quilmes también ofrecerán capacitaciones.

Pettovello había anunciado este proyecto en uno de sus pocos discursos públicos, en agosto pasado, en la reunión anual del Consejo de las Américas -organización empresaria- en Buenos Aires: “Estamos trabajando en la transformación del Centro Garrigós, que pasará a ser un espacio de formación en oficios, con aprendizaje basado en proyectos, diseñado en función de las demandas reales del mercado laboral”. También en aquella oportunidad explicó cuál es el interés de las compañías que capacitan gente: “Abrimos el crédito fiscal 2025: $400 millones disponibles para que las empresas que inviertan en capacitación recuperen parte de esa inversión vía impuestos”. Es decir, lo que gasten las firmas enseñando podrán recuperarlo tributando menos.

No está claro cuál será el cupo fiscal 2026, pero el presupuesto sancionado el pasado viernes en el Senado indica que se capacitará a 600 personas en el cuidado de adultos mayores, a 1.500 para empleados de centros de primera infancia, a 4.000 en tecnología y a 320.000 en otros asuntos laborales. Habrá que ver si se cumple el objetivo porque desde el comienzo del gobierno de Javier Milei se transformó el Potenciar Trabajo -que eran cooperativas a cargo de organizaciones sociales, municipios, provincias e iglesias- en dos programas, el de Acompañamiento Social, que iba a mantener los comedores y otros centros de cuidado de niños y ancianos, y el Volver al Trabajo, que iba a ofrecer capacitación laboral, pero en los primeros dos años de administración libertaria se siguieron pagando $78.000 devaluados sin exigir contraprestación alguna. En el anterior gobierno, en 2023, el ex Ministerio de Trabajo mismo había ofrecido capacitación a 197.000 personas y el plan Argentina Programa, de informática, a otros 210.000.

El Potenciar Trabajo, que fue criticado por la desigual asistencia a las cooperativas y por la coacción de algunas organizaciones sociales contra los beneficiarios, había llegado a reunir a 1,3 millones de desempleados y trabajadores informales. Sus dos sucesores ahora totalizan 906.000: 704.000 en el Volver al Trabajo y 202.000 en el Acompañamiento Social. Los del primer programa mencionado pueden optar por asistir a las capacitaciones, que cuentan con cupos muy limitados, como en el caso de la de Sinteplast. Al finalizar el curso, los formados recibirán un voucher de dinero, pero no está definido el monto.

La selección de los primeros 20 talleristas se hizo a partir del Portal Empleo (portalempleo.gob.ar). En el caso de que la capacitación esté dirigida a un perfil puntual, como aquellos que tengan experiencia en alguna actividad o conocimientos técnicos específicos, el ministerio hará una preselección y convocará a determinadas personas. En general, el proceso es así: el Estado manda un correo electrónico a los posibles cursantes, luego los llama para que se inscriban, los convoca a una reunión informativa virtual en la que se presenta la propuesta y se confirma el interés por participar. A los inscriptos finales se los cita el día y la hora del comienzo de la capacitación en el centro. Se les da prioridad en las vacantes a los beneficiarios del Volver al Trabajo, especialmente los desocupados, aunque puede que cursen quienes no está en ese plan, pero sí inscriptos en el portal.

AR/CRM