El Gobierno nacional oficializó la convocatoria al Congreso a sesiones extraordinarias, que se desarrollarán entre el 10 y el 30 de diciembre, con un temario centrado en el Presupuesto 2026 y un paquete de reformas fiscales, laborales, penales y ambientales.

El decreto 865/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, establece que durante ese período solo podrán tratarse los asuntos incluidos en el anexo, entre los que figura en primer lugar el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026. 

Ese texto prevé para el año próximo un resultado financiero equilibrado o levemente superavitario para la Administración Pública Nacional, en línea con la estrategia de consolidación fiscal.

También se incorporó al temario el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, que apunta a redefinir criterios de responsabilidad y carga de la prueba en materia tributaria, y la denominada Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, pensada como un marco de reglas para limitar el déficit, ordenar el gasto y acotar el financiamiento vía emisión o endeudamiento.

Entre las iniciativas destacadas figura además un proyecto de Ley de Modernización Laboral, que el Poder Ejecutivo se comprometió a remitir al Congreso y que, según adelantaron voceros oficiales, incluirá cambios en regímenes especiales, esquemas de indemnizaciones y normas sobre contratación, pasantías y modalidades de trabajo, con el objetivo de “actualizar” la legislación frente a nuevas formas de empleo.

El paquete se completa con una reforma integral del Código Penal, también a ser enviada por el Ejecutivo, y con una ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que revisará la normativa vigente (Ley 26.639) para compatibilizar la protección ambiental con proyectos de inversión, en especial en actividades extractivas en zonas cordilleranas.

Los proyectos incluidos en el temario de extraordinarias:

Ahora que el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, consiguieron el respaldo del 40% de los argentinos que fueron a votar en una elección con abstencionismo récord, están dispuestos a ir por más con una serie de reformas, incluida una tributaria. No está claro su contenido, pero se habla de un súper IVA que reemplace Ingresos Brutos, una rebaja del impuesto a las ganancias a las empresas y a los empleados de altos sueldos que lo pagan, la modificación del monotributo y su reemplazo parcial por el régimen de autónomos, que tributan IVA y Ganancias, no se sabe si se cumplirá la vieja promesa de quitar el gravamen a las transferencias y las retenciones a la exportación.

Pero es posible otra reforma tributaria que también busque impulsar el crecimiento pero que no ahonde la desigualdad, con más IVA y menos Ganancias, sino que la reduzca. El problema es que parece poco probable, dada la futura composición del Congreso y que tampoco el peronismo la llevó adelante en los 18 años en que gobernó durante este siglo. De todos modos, hay quienes la sueña y por eso redactaron un documento llamado “Hay otro camino. Por un programa de reforma fiscal democrática”, que elaboró un amplio grupo de economistas y otros expertos del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), entre ellos Noelia Méndez Santolaria (de Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era, DAWN, por sus siglas en inglés), Malena Vivanco, Sofía Pasquini, Natán Spollansky y Alejandro Gaggero (de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ) y María Julia Eliosoff (de la Fundación Friedriech Ebert, FES, de la socialdemocracia alemana).

La propuesta incluye:

Aliviar la carga del impuesto a los débitos y créditos bancarios en la economía real y gravar más la renta financiera. A diferencia de Álvarez Agis, que propuso el tributo al efectivo para compensar la eliminación del de transferencias, ETFE sugiere “limitar la aplicación únicamente a grandes empresas, eximiendo a pequeños contribuyentes y pymes, y ampliar el alcance para gravar cuentas comitentes –las que se usan para invertir en acciones y bonos– y aumentar las alícuotas aplicables a billeteras de exchange de criptoactivos”.

AR

Después de la victoria electoral libertaria, el presidente Javier Milei se propone mandar al nuevo Congreso una reforma tributaria que cree un súper IVA que reemplace al impuesto provincial a los ingresos brutos, entre otras rebajas de gravámenes. El establishment la espera con ansias y así lo hizo saber en el último coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

Pero en ese mismo encuentro no sólo pidió menos tributos sino también que se combata a los competidores que trabajan en la informalidad, es decir, que se emprenda una lucha contra la evasión, esa misma que Milei ha elogiado en infinidad de veces. Claro que los grandes empresarios suelen apuntar contra La Salada o los supermercados chinos, pero también ellos recurren a estrategias contables para pagar menos de lo que les corresponde. No por nada después figuran como principales adherentes a los blanqueos de capitales que se repiten casi en cada gobierno.

Si el Estado rebaja impuestos, deberá compensarlos con más motosierra al gasto público o empezando a cobrar a aquellos que evaden. En ese sentido, la Argentina la evasión llega al 44% de la recaudación potencial en IVA, según el informe 2024 del Centro Interamericano de Administradores Tributaristas (CIAT) que redactó el experto uruguayo Fernando Peláez Longinotti a partir de datos de 2019 a 2021.

Ese 44% es uno de los niveles de evasión más alto de Latinoamérica, cuyo promedio es 26% y sólo es superado por México (51%) y República Dominicana (47%). El menor fraude en IVA se registra en Ecuador (0%), El Salvador (13%) y Paraguay (16%).

En cuanto al impuesto a las ganancias de las empresas, en la Argentina la evasión alcanza al 69% de lo que debería recaudarse. Se trata del mayor nivel de toda Latinoamérica, donde el promedio es del 47%.

Inmediatamente detrás de la Argentina figuran Perú (65%), Brasil y Panamá (ambos con 60%). Entre los más eficientes en la lucha contra la evasión de la renta de las compañías aparecen Ecuador (25%), República Dominicana (26%) y Chile (28%).

En 2023, los expertos Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti publicaron con la fundación de la socialdemocracia alemana Friedrich Ebert una investigación llamada “Cruzas fronteras para cosechar ganancias. El abuso fiscal de las grandes empresas del agronegocio”.

“¿Cómo eluden impuestos las empresas del agronegocio argentino? A través de la planificación fiscal, las corporaciones desvían precios de transferencia (los de sus exportaciones) con el objetivo de disminuir ganancias en la región y aumentarlas en Uruguay. Esto se logra gracias a la creación de empresas tipo cáscara en países donde pagan bajísimos o nulos impuestos como Uruguay, a las que les transfieren utilidades generadas desde los países donde producen”, concluyeron Gaggero y García Zanotti. Es decir, no sólo evade el restaurante de Palermo o el verdulero de la esquina.

La investigación apuntó contra la cooperativa ACA; Adecoagro, ADM, Aceitera General Deheza, Bunge, Cargill, Cofco, Dreyfuss, Monsanto (Bayer), Perez Companc, Syngenta, Vicentin y Viterra. Es decir, empresas norteamericanas, chinas o argentinas. No importa el origen. El método de elusión impositiva es el mismo.

Gaggero y García Zanotti también publicaron otro análisis en la misma línea titulado "La internacionalización del grupo multinacional Techint y su vínculo con la planificación fiscal. Un análisis de la estructura corporativa y las empresas del grupo en Uruguay". Se difundió también en 2023 en el Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo. “La operatoria de las empresas uruguayas del grupo Techint se vinculan a una estrategia de planificación fiscal para minimizar el pago de impuestos. Esta estructura resulta funcional principalmente a los fines de generar transacciones intra-grupo entre empresas que son jurídicamente independientes, pero forman parte de una misma organización, habilitando la posibilidad de trasladar ganancias y activos a países de baja tributación”, sentencian los expertos.

AR/CRM

A pesar de la sucesión de derrotas legislativas que el Congreso le viene asestando, el presidente Javier Milei anunció este viernes quiere impulsar una reforma laboral y tributaria, a las que definió como pasos necesarios para “dejar atrás estructuras de más de 70 años” y “dinamizar la economía”. Su intención incluye avanzar con la renegociación de los convenios colectivos de trabajo con el objetivo de adaptarlos “a los marcos contractuales y a la realidad productiva y laboral” actuales, dijo.

El Presidente encabezó este viernes un acto en la planta de Sidersa, en San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Durante su discurso, planteó que buscará “quitarle poder a los caranchos laboralistas”, a quienes responsabilizó de provocar la quiebra de pequeñas y medianas empresas. También mencionó que se procurará eliminar lo que definió como “discrecionalidad de parte de jueces laborales a la hora de dictar sentencia” y que la reforma apuntará a permitir mayores libertades contractuales. “Si alguien quiere cobrar el 100% del salario en dólares, va a poder hacerlo”, prometió.

La reforma, dijo, apunta a lograr una mayor flexibilidad laboral: “Lo que estamos dando es la flexibilidad de ir a situaciones con mayores posibilidades para que se pueda así generar una mayor cantidad de puestos de trabajo y mejores salarios”. El Presidente no precisó si esa flexibilidad se alcanzará mediante condiciones más precarias para los trabajadores.

En la primera fila escuchaban Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación, su hermana Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, y Diego Santilli, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires y quien lleva el peso de la campaña electoral tras la renuncia de José Luis Espert.

“Las cámaras y sindicatos se van a poder sentar a negociar. Quienes quieran volver a elegir los esquemas establecidos hace más de 70 años van a poder, pero eso tiene que ser fruto de la negociación que busque sacar al país adelante”, afirmó.

El mandatario indicó además que las reformas contemplan la reducción de trámites burocráticos mediante procesos digitales para “ahorrar tiempo y costos”.

Respecto de la reforma tributaria, Milei anunció que se eliminarán “cerca de 20 impuestos que entorpecen la economía argentina sin tener impacto recaudatorio”. Además, adelantó una modificación del régimen del Impuesto a las Ganancias para las personas humanas, con una ampliación de las deducciones. Según explicó, la medida busca “reducir la carga personal del impuesto y fomentar la facturación formal”.

El jefe de Estado vinculó la posibilidad de avanzar con estas reformas al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre. “El próximo Congreso será indudablemente más reformista que el actual”, señaló.

Durante el acto, Milei también se refirió al swap anunciado el jueves por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, por U$S20.000. Definió la operación como “un apoyo histórico de Estados Unidos para proveernos de estabilidad en este momento de turbulencia política” y la calificó como “un hito fundacional de esta nueva era que, como país, estamos comenzando”.

Las medidas anunciadas

REFORMA LABORAL

- Mayor previsibilidad en las relaciones laborales: se pondrá fin a la “industria del juicio”

- Mayor flexibilidad y libertad para el trabajador

- Simplificación registral: emprender, contratar y registrar trabajadores debe ser más fácil y menos costoso.

- Modernización de los convenios colectivos: hay que dejar atrás las estructuras vigentes desde hace más de 70 años

REFORMA TRIBUTARIA

- Eliminar cerca de 20 impuestos nacionales que entorpecen la economía argentina

- Renovar el régimen de ganancias para las personas humanas

- Ampliar las deducciones de gastos para reducir las cargas personales de ganancias y, a su vez, fomentar la facturación

“Tiren la ley Bases, vamos a lograr todo a pesar de la política”, lanzó Javier Milei la semana pasada, temerario, como si no le importara lo que pase en el Congreso, como si lo único que tuviera verdaderamente relevancia es la política económica. Aunque su desprecio por la política en general y por la dinámica legislativa en particular pareciera inquebrantable, el posible fracaso, por segunda vez, de su ley ómnibus podría ser interpretado como una señal alarmante para los inversores, porque evidenciaría la incapacidad de su gobierno para establecer fundamentos robustos que impulsen una verdadera transformación de la Argentina, como promete. Por caso, cuatro meses y medio ya han transcurrido bajo la gestión libertaria y aún no se aprobó ninguna ley.

Por eso hoy, a partir de las 11, se volverá a poner a prueba la capacidad del gobierno de Milei para llevar adelante sus reformas, con una sesión en la Cámara de Diputados que se espera que sea maratónica (podría durar dos días o más) y en cuyo temario figuran un nuevo proyecto de ley Bases, acotado y mucho más negociado que el anterior, y un paquete de reformas impositivas.

La expectativa es alta pero también lo es la preocupación: la Argentina transita una confrontación entre el modelo económico libertario como “solución” al estancamiento de la economía y una realidad política y social que demanda mayores consensos y una protección a los más vulnerables, con una pobreza que se estima que ya supera el 50%, y a una muy castigada clase media.

El jueves, el presidente de la Cámara de Diputados, el riojano Martín Menem, convocó a la sesión especial tras confirmarse que, después de intensas semanas de discusiones y tensiones políticas, el oficialismo y los sectores de la oposición más dialoguistas (el PRO; la UCR; Hacemos Coalición Federal, el bloque que conduce Miguel Pichetto, e Innovación Federal, una bancada que responde a algunos gobernadores) alcanzaron por fin un acuerdo sobre un texto consensuado para la ley Bases y para el paquete fiscal.

Este acuerdo se materializó en un dictamen al proyecto Bases que el jueves último, en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, recogió 61 firmas, aunque varias de estas se expresan disidencia, lo que sugiere posibles dificultades para la aprobación de ciertos artículos del proyecto.

La resistencia a varios puntos de la redacción es, precisamente, lo que llevó a que la propuesta original, enviada el 27 de diciembre por la Casa Rosada, fuera aprobada en general durante la sesión del pasado 6 de febrero, pero luego remitida nuevamente a comisiones, porque varios artículos venían siendo rechazado y así la ley corría el riesgo de convertirse en una “cáscara vacía”.

El fracaso de la primera versión de la propuesta fundacional de la gestión libertaria fue un claro indicio de su incapacidad para articular un acuerdo sólido con la oposición: dejó en evidencia la situación de hiperminoridad en que se encuentra el oficialismo y que, por lo tanto, la negociación política es su gran desafío para la gobernabilidad, a pesar de la postura combativa del presidente Milei, quien no duda en calificar a los opositores que eventualmente apoyarán la ley con términos despectivos como “delincuentes”, “parásitos” y “coimeros”.

Privatizaciones y reformas laboral e impositiva

La nueva redacción de la ley Bases incluye facultades especiales para el Presidente y privatizaciones. Durante su campaña, Milei prometió privatizar todas las empresas estatales excepto Aerolíneas Argentinas, argumentando que nadie la compraría y que sería entregada a los empleados. Sin embargo, tras asumir el cargo, incluyó a Aerolíneas en la lista de 41 empresas estatales a privatizar. A lo largo de las discusiones parlamentarias, la lista se redujo a 11 empresas, con diferentes modalidades de privatización, no todas completas. Al final, se decidió vender completamente sólo cuatro empresas: Aerolíneas, Enarsa, Intercargo, y Radio y Televisión Argentina (RTA), que comprende a Radio Nacional y la Televisión Pública. Además, se concesionarán cinco empresas más y se venderá parcialmente, manteniendo el control estatal, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

Por otro lado, el Gobierno tuvo que abandonar sus planes de privatizar el Banco Nación y cerró la agencia de noticias Télam. Tampoco serán privatizadas Arsat, BICE, Casa de Moneda e YPF, entre otras.

A su vez, la reforma laboral que incluye la ley Bases establece la eliminación de multas adicionales en indemnizaciones por despido de trabajadores no registrados, la extensión del periodo de prueba hasta un año dependiendo del tamaño de la empresa, y la creación de la figura de “trabajador independiente con colaboradores”, permitiendo hasta cinco colaboradores sin relación de dependencia. Además, se permite a los sectores empresariales y sindicatos reemplazar las indemnizaciones por despidos con un fondo de desempleo a través de convenios colectivos.

La reforma excluyó medidas previas como la posibilidad de despedir sin indemnización a empleados involucrados en bloqueos o tomas, y no incluyó la declaración de la educación como servicio esencial. La UCR falló en su intento de incluir un mínimo no imponible para cargas patronales y eliminar la cuota solidaria obligatoria a sindicatos.

Por separado de la ley Bases, el paquete fiscal que también se debatirá en el recinto a partir de este lunes incluye, entre otras iniciativas, una modificación a la ley del Impuesto a las Ganancias, que busca que los trabajadores con ingresos más elevados vuelvan a estar sujetos a este tributo.

Entre las medidas más destacadas también se encuentra la modificación del monotributo, la implementación de un nuevo blanqueo de capitales, una moratoria y reducciones en el Impuesto a los Bienes Personales. Estas medidas han generado controversia, especialmente por la postura del Presidente respecto a la evasión fiscal: recientemente, en una conferencia que brindó ante empresarios, llamó “héroes” a quienes fugan capitales del país.

Dado que se debatirán dos paquetes legislativos de gran envergadura, se anticipa que la sesión del lunes se prolongará al menos hasta el día siguiente, y no se descarta que pueda extenderse hasta el miércoles, con cuartos intermedios.

Durante los primeros cuatro meses y medio del mandato del presidente Milei, el Congreso no ha logrado sancionar ninguna ley, lo que pone de manifiesto la importancia y la urgencia de alcanzar resultados legislativos.

La sesión de la Cámara de Diputados de este lunes es decisiva: la capacidad del gobierno de Milei para transitar el estrecho sendero entre la audacia reformista y la necesidad de consenso democrático será puesta a prueba.

JJD

El ministro del Interior, Guillermo Francos, participó este martes en Salta de un encuentro de 10 gobernadores del norte argentino y destacó que se están “buscando los acuerdos finales” sobre la nueva ley Bases que el Gobierno enviará al Congreso, donde la anterior redacción no pasó el filtro parlamentario y ahora se espera que, con acuerdos previos y un texto reducido, sí lo haga.

El funcionario de la gestión de Javier Milei viajó a la provincia norteña donde se realizó la 19° Asamblea de Gobernadores del Consejo Regional del Norte Grande Argentino, que reunió a Raúl Jalil (Catamarca); Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Valdés (Corrientes); Gildo Insfrán (Formosa); Carlos Sadir (Jujuy); Ricardo Quintela (La Rioja); Hugo Passalacqua (Misiones); Gustavo Sáenz (Salta); Gerardo Zamora (Santiago Del Estero); y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

“Si hay algo que tiene convencido al Gobierno nacional es devolverle a las provincias sus competencias y responsabilidades. Uno de los puntos del Pacto de Mayo es ese: cómo reformamos el régimen tributario en la Argentina para volverlo un régimen federal”, rremarcó Francos en la conferencia de prensa tras la reunión

“Las provincias aquí presentes son uno de los ejes fundamentales sobre los cuales tiene que generarse el crecimiento del país. Por eso, estamos buscando los acuerdos finales sobre la ley Bases, que abarca temas importantes vinculados a la producción, la desregulación de la actividad hidrocarburífera y minera y la protección a inversiones extranjeras”, insistió.

El ministro remarcó que el país estaba “acostumbrado” a desarrollar su economía “en función de un gasto público descontrolado, que generó un déficit fiscal que solamente se podía enfrentar con deuda y emisión, lo que a su vez derivó en este proceso inflacionario”. “El déficit cero está para quedarse. Ordenar las cuentas públicas y dominar la inflación son tareas muy complejas, pero estamos avanzando”, subrayó Francos.

Por su parte, el gobernador anfitrión Sáez afirmó que los gobernadores celebran “este tipo de reuniones porque desde el diálogo se pueden resolver los problemas”. El gobernador y presidente pro témpore del Consejo Regional del Norte Grande Argentino, Gerardo Zamora, coincidió con su par salteño: “De esta reunión nos vamos con optimismo. Creemos en el diálogo y este encuentro nos permitió explayarnos y pensar con esperanza cómo podemos superar todos juntos las dificultades que atravesamos”.

Durante la jornada, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de la ciudad de Salta, los mandatarios incluyeron en la orden del día una serie de temas como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID); subsidios al transporte y a la energía; situación de las obras públicas nacionales; corredores bioceánicos y proyectos de infraestructura; energía solar; reversión gasoducto Norte y gasoducto Norte-Norte y el programa Incluir Salud.

En plena negociación por la nueva Ley de Bases, de la que existe un borrador y aún debe confeccionarse el proyecto definitivo que se girará al Congreso, el Gobierno evalúa incluir la reforma laboral entre los artículos para garantizar el respaldo parlamentario a la implementación de flexibilidades hoy suspendidas del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

La nueva ley de Bases será más acotada que aquella que fracasó en su tratamiento durante las sesiones extraordinarias de enero pasado, ya que ahora tendrá menos de 300 artículos.

Con información de NA

JJD

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció un tipo de cambio diferencial para las pequeñas y medianas empresas (pymes) que comenzará a regir el 9 de octubre. “Desde el lunes, las exportaciones pymes también tiene el incentivo de ingreso con dólar contado con liquidación del 25%, para poder garantizar mayor volumen y flujo de ingreso y que, de alguna manera, se acelere el proceso de exportaciones argentinas”, explicó en el encuentro con empresarios organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En el marco de la campaña para los comicios del 22 de octubre, también prometió que, en caso de ganar las elecciones generales, impulsará una reforma impositiva. “Uno de los grandes desafíos que queremos recorrer a partir del 10 de diciembre es reformar el sistema tributario, con simplificación y con un acuerdo federal”, aseguró.

Para el titular del Palacio de Hacienda, se debe avanzar hacia un sistema tributario más progresivo ya que “el mayor esfuerzo debe estar puesto en los que más tienen y en las actividades especulativas”. En este sentido, celebró la devolución del IVA a casi 20 millones de argentinos, pero lamentó los cinco puntos de Ingresos Brutos en las provincias y tres o cuatro puntos de Seguridad e Higiene en los municipios “cargados sobre las espaldas de los más débiles”.

Además, señaló que buscará modificar la manera en que se distribuyen los beneficios impositivos entre el empresariado nacional ya que hoy en día “no están puestos en favor de las pymes que generan el 70% del empleo en la Argentina, sino en el 30% restante, que no lo generan”.

Aprovechó también la oportunidad para reivindicar su propuesta monetaria de digitalización del peso ─que, según explicó, permitiría reducir la informalidad─ y cuestionó los planes de dolarización de Javier Milei y bimonetarismo de Patricia Bullrich.

“Las ideas vinculadas a la elección de la moneda tienen consecuencias en el tejido pyme de los países que eligieron el camino de la dolarización y sufrieron concentración económica y pérdida de tasa de interés competitiva. Y la otra variante, el bimonetarismo, plantea lo que está sucediendo hoy en Cuba y Venezuela”, indicó.

ACM con información de agencias.

Actualmente, el patrón de recaudación argentino es injusto ya que los sectores vulnerables contribuyen proporcionalmente más que los ricos. Esto se explica principalmente por la elevada imposición sobre el consumo de bienes y servicios, la bajísima recaudación patrimonial y las exenciones fiscales injustificadas: el impuesto a los bienes personales aportó apenas el 2,53% al total de la recaudación nacional en 2021, el IVA el 29,47% y la pérdida de recaudación explicada por exenciones fiscales (como los privilegios fiscales a jueces/zas y a las mineras) se estima que alcanzó el equivalente al 2,67% del PBI. Transformar los factores que explican la regresividad del sistema tributario es posible y necesario para avanzar hacia una sociedad más justa.

Al recaudar, el Estado actualmente tiende a profundizar la desigualdad: el 10% más pobre participa más en el pago de impuestos que en el reparto del ingreso. Una sociedad más justa exige redistribuir la carga impositiva hacia los sectores más ricos y eliminar los privilegios fiscales. Aunque las voces con más resonancia en el debate público alienten proyectos que, lejos de solucionar, profundizarían el principal problema del sistema tributario argentino: su inequidad. Es por esto que discutir el régimen impositivo resulta fundamental.

Los impuestos son la principal herramienta de los Estados para obtener recursos y la manera en que lo hacen es decisiva: según qué personas, empresas o actividades productivas sean gravadas y en qué porcentaje, el Estado redistribuye riqueza y puede reducir la desigualdad o aumentarla. Para cumplir con el principio de equidad, los sistemas tributarios deben ser acordes a la capacidad contributiva que cada persona posee. Existen tres grandes manifestaciones de la capacidad de pago: la renta, el consumo y el patrimonio o fortuna. Bajo este criterio, la tributación es progresiva si a medida que la capacidad de pago aumenta los impuestos también lo hacen, y es regresiva en el caso contrario.

Los impuestos a los altos patrimonios, como bienes personales, son progresivos por definición ya que solamente deben pagarlos quienes superan un determinado nivel de riqueza material (inmuebles, vehículos, acciones societarias, dinero, entre otros). Luego, la progresividad aumenta si el diseño del impuesto incluye alícuotas crecientes definiendo tramos según el nivel de riqueza y, a medida que ésta aumenta, el porcentaje a pagar es mayor. De esta manera, no sólo pagan quienes más tienen, sino que entre los que tienen que pagar también se contemplan los distintos niveles de riqueza.

Los impuestos al consumo de bienes y servicios, como el IVA, son soportados por los y las consumidoras sin contemplar su capacidad de pago. Entonces, como quienes menos tienen destinan al consumo un porcentaje de su ingreso muy superior al que destinan quienes más tienen (que invierten o ahorran el excedente), generalmente resultan regresivos. A su vez, en Argentina el IVA posee una tasa muy alta, lo que hace que resulte aún más regresivo.

De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina, en 2018 los impuestos regresivos -como el IVA y el impuesto a los combustibles- representaron el 61% de la recaudación, mientras que los progresivos -como ganancias y bienes personales- aportaron el 39% restante. La manera en que el Estado argentino obtiene sus recursos dista de ser equitativa.

En Argentina la desigualdad se manifiesta claramente al mirar la distribución de los ingresos (sueldos, rentas, pensiones, remesas, etcétera): el 20% más rico acumula la mitad del ingreso total y más del 40% vive en la pobreza, contando con apenas el 14% del ingreso total. La brecha se agrava en el caso de las mujeres -que representan el 70% del decil más bajo de ingresos-, niñas y niños -sobre quienes la pobreza asciende al 60%-.

Si bien no se dispone de información precisa sobre la distribución de la riqueza (inmuebles, vehículos, etcétera), el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) indica que la elevada concentración del ingreso que se da en América Latina y El Caribe, en comparación con otras regiones, permite inferir que la concentración de la riqueza debe ser aún mayor y muestra la paradoja: precisamente allí donde más desigualdad relativa se manifiesta en el mundo, es donde menos se emplea el impuesto al patrimonio o la riqueza.

Por último, a la elevada imposición sobre el consumo de bienes y servicios y la bajísima recaudación patrimonial se suma una pérdida de recaudación anual que alcanza casi el 3% del PBI explicada por exenciones fiscales (como los privilegios fiscales a juezas y jueces y a las empresas mineras). Estos tratamientos impositivos diferenciales se apartan -la mayoría de las veces- del principio general de igualdad que debe regir en las cargas públicas y se dan un marco de opacidad inadmisible que  muchas veces benefician a sectores de altos ingresos.

Para que el sistema tributario sea acorde a los compromisos asumidos por el Estado en materia de derechos humanos, éste debe ser socialmente justo, equitativo, progresivo y redistributivo. Argentina tiene la obligación normativa de movilizar la riqueza socialmente disponible y revertir los factores que explican la regresividad de su sistema tributario. Algunas propuestas para avanzar en este sentido son:

●    Impuesto a los bienes personales: asegurar un mínimo no imponible adecuado y sostenido en el tiempo y ampliar la escala de alícuotas para que incrementen la recaudación en casos de grandes riquezas y mantengan la progresividad.

●    Impuestos inmobiliarios: lograr un nuevo acuerdo con las provincias para actualizar la base imponible en todas las jurisdicciones subnacionales teniendo en cuenta los valores de mercado, a fin de volver a posicionar este impuesto como una fuente relevante de recursos estatales.

●    Gastos tributarios: publicar información actualizada, oportuna y detallada sobre los costos, beneficios esperados y beneficiarios; institucionalizar la realización de evaluaciones que permitan decidir en base a evidencias su continuación o revisión, y eliminar aquellas que no tengan justificación o sean inequitativas.

Es momento de debatir en profundidad el rol de la política fiscal para reducir la inadmisible desigualdad de nuestro país y avanzar hacia una sociedad más democrática e igualitaria, lo que exige redistribuir la carga impositiva hacia los sectores más ricos, y revisar y eliminar los privilegios fiscales. 

Integrante del programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

En la caucana Cali, en la antioqueña Medellín, en la capital Bogotá, en Barranquilla, Bucaramanga o Manizales, desde el miércoles 28 de abril decenas de miles de manifestantes respondieron al primer gran Paro Nacional convocado en Colombia desde aquel de 1977 (y el más cercano, ya con el actual gobierno, de 2019), marcharon por las calles y reclamaron al gobierno que desistiera de su reforma tributaria, lacerante para los sectores medios en tiempos de pandemia.  La violencia armada con que policías y militares reprimieron la protesta social no alcanzó para aplastarla. El domingo el presidente Iván Duque anunció que abandonaba su proyecto de subas de impuestos que hasta ese día había defendido, el que había movilizado al país en su contra, y que le daría un giro decisivo, hacia otro lado, menos conflictivo, a su política impositiva. Pero las manifestaciones, que ni cesaron con el anuncio, ni después,  voceaban más, y más ambiciosas, demandas.

Ahora el comité del paro nacional exigía la estipulación formal de las garantías para su derecho a protestar y desmilitarización de las ciudades, pedía nueva legislación sanitaria, ley de renta básica, equidad de género, control del glifosato, y es una lista abierta. Hasta el martes, según los datos de Temblores ONG y organizaciones sociales, el saldo de la represión era al menos de 31 personas asesinadas, 1220 heridas (más otras 18 más heridas específicamente en los ojos), 87 desaparecidas (este número, según los cálculos conservadores de la Defensoría del Pueblo), 9 víctimas de violencia sexual (todas mujeres), 200 agresiones de la policía, 1565 hechos violentos. Las condenas internacionales, de la ONU, de la Unión Europea, fueron señales de alerta reveladoras para un gobierno que ha cortejado a la inversión extranjera sin intermitencias del corazón.

Los sectores medios, atrapados sin salida por la urgencia recaudatoria

La reforma tributaria diseñada por el economista Alberto Carrasquilla, ministro de Finanzas y Crédito (cargo que ya había desempeñado con ex presidente Álvaro Uribe, mentor del actual)  y presentada por Duque al Congreso el 15 de marzo tenía una finalidad de recaudación urgente y un método que aseguraba gran velocidad y evasión cero.

El objetivo era recaudar 23 billones de pesos colombianos (6.302 millones de dólares –el peso colombiano es la moneda emergente que más se ha devaluado en el año, más que el peso argentino-) para mantener los subsidios que se habían creado con la pandemia, como el Ingreso Solidario (las familias más pobres cobran entre 22 y 100 dólares según sus integrantes), la devolución del IVA a los más vulnerables, o el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) que alcanzó a 3, 5 millones de personas, la asistencia en el pago de los sueldos de algunas empresas para evitar que quebraran. Pero también servía cubrir un hueco fiscal que había aumentado con el tiempo, y en parte debido a las reformas del propio gobierno.

El método era dirigir la recaudación hacia el grupo al que siempre es más fácil y expeditivo cobrarle: precisamente esos sectores medios urbanos que habían bajado a las calles. La fallida era la tercera reforma tributaria que emprendía Duque, que asumió en 2018. En las dos anteriores, el 70% del impuesto a las ganancias lo pagaban las personas jurídicas, y el 30% las personas físicas; esta reforma de Carrasquilla invertía la proporción. Por primera vez iban a pagar ganancias personas que ganen más del equivalente de 656 dólares mensuales, (el salario mínimo es de 248). Actualmente ese rubro concierne a quienes reciben ingresos por más de 1000 dólares mensuales.  La base tributaria se ensancharía desde 2023, porque los salarios mensuales de 374 dólares pagarían un impuesto correspondiente al 10%.

Las clases medias no escapan del impuesto a las ganancias, si sus empleadores son convertidos en agentes recaudadores que retienen la tasa antes de que el salario llegue al personal; tampoco hay modo de huir al IVA en los alimentos, que a partir de la ley habría que pagar también en internet y en las funerarias (un servicio en el que más, y más seguido, se hacen pagos desde el comienzo de la pandemia),  al aumento del precio de los combustibles o las tarifas de los servicios públicos.

Para quienes habían integrado las manifestaciones, la reforma que el presidente derechista había presentado al Congreso , se dejaba resumir brutalmente así:  para cubrir el déficit del presupuesto, Duque les bajaba el sueldo y les aumentaba el costo de vida.

Ocho días que estremecieron a Colombia

El miércoles se cumplían ocho días de protestas. Sindicatos, organizaciones estudiantiles y el Comité Nacional de Paro habían formulado convocatorias para acciones específicas en al menos siete ciudades. En Cali, la ciudad que más muertes cuenta en el inventario total de víctimas, y un número indeterminado de personas asesinadas por la policía;  en Bogotá, después de las protestas y saqueos de la noche del martes, cuando fueron atacadas más de veinte comisarías y cabinas de la policía (una incendiada con más de 10 agentes) dentro, más de 90 personas hospitalizadas por lesiones en enfrentamientos, más de 100 autobuses estropeados, en Medellín, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Barranquilla. Paros sectoriales, como el gremio de camioneros, sumaban la protesta de sus propias huelgas y medidas de fuerza asociándolas expresamente al gran Paro Nacional.

Acciones separadas en el espacio, con diferentes protagonistas, de variadas escalas de propósito, resonancia, magnitud,  distintos rasgos y nociones van conformando el avance de la protesta social nacida de la reforma tributaria.  La difusión territorial del paro nacional; la diversificación y desnivel de liderazgos y demandas; las calculadas o espontáneas, colectivas o individuales, expropiaciones de bienes guardados en viviendas o expuestos en comercios minoristas y supermercados; las inutilizaciones o destrucciones, por la fuerza o por el fuego, de bienes públicos -obra de quienes la politóloga Claudia López, del joven y centrista partido Alianza Verde, y alcaldesa de Bogotá, llama “vándalos” en su Twitter -;  los perjuicios  que quienes el abogado Iván Duque, del nuevo pero no joven partido uribista (de derecha) llamado Centro Democrático, y presidente de la República, en una entrevista del martes a Radio Caracol llama “vándalos, criminales, terroristas de baja intensidad mimetizándose en la protesta social” causan a “un país de gente buena” con “bloqueos que han afectado el abastecimiento y han limitado la circulación de vacunas y de oxígeno, poniendo en riesgo la vida de muchas personas”; el libre albedrío de las Fuerzas Armadas y Seguridad para reprimir la protesta y aun parar disparar o matar a objetivos seleccionados discreta o arbitrariamente, con muertes y lesiones que dan razón a mayores movilizaciones que después dan pretexto a renovadas represiones y oportunidad para obrar sin temor a responsabilidad o consecuencias  a fuerzas policiales y militares defendidas por la superioridad de las armas y bajo el amparo de la insistencia con que el presidente Duque defendió la plena constitucionalidad de la militarización por él ordenada; las apariencias de que el control de las cadenas de mando en las fuerzas es variable y discontinuo, y de que aún el presidente que ordenó despliegues de tanques, vehículos, artillería y tropa dispone de un comando no siempre ilimitado sobre su accionar y una noción no siempre precisa acerca de qué hacen o no hacen; la difusión de noticias truculentas pero verdaderas, de denuncias infundadas pero creíbles, de interpretaciones todavía no plenamente fundadas, pero ya grávidas de porvenir; la ciberguerra relámpago del colectivo hacker Anonymous, que sin esfuerzo aparente en una sola jornada hizo caer las páginas de la Presidencia, del Senado y del Ejército, y publicó listas de correos electrónicos (con sus respectivas contraseñas) de legisladores y militares autores o cómplices de violaciones de DDHH: todo en apoyo del Paro Nacional y del derecho democrático a la libre protesta social y en reclamo de que el gobierno dé cuenta de sus actos y admita sus responsabilidades. Sin cubrir en absoluto el actual escenario colombiano, todas las dinámicas citadas actúan en él, y es poco servicial conjeturar cuáles perderán velocidad o ganarán aceleración, porque antes de eso se sumarán otras.

Retirada tardía, reacción extrema, recambio de figuras por otras similares en un gobierno débil que se debilitó

Nada insinúa que el proceso iniciado por la urgencia recaudatoria de un fisco que halló el paliativo para su ansiedad en la violencia de cobrarle pronto al grupo contribuyente más débil, vaya a detenerse sin violencias mucho mayores y prolongadas que aquellas cuyo despliegue el Estado consideraba persuasión bastante para ser obedecido. Fue en un mensaje en vivo por televisión, rodeado por un gabinete de nueve integrantes (una sola mujer), el presidente Duque anunció el domingo desde el Palacio de Nariño, sede del gobierno, que retiraba el proyecto de ley para reemplazarlo por otro diferente (porque suprimir la desafortunada propuesta no aliviaba el problema, sólo era una prueba de que se iba a demorar aún más su solución), y daba con eso por concluida la protesta social. Entre quienes lo acompañaban faltaba la cartera ministerial más importante, la de Finanzas y Crédito, autora del proyecto retirado. 

El ministro Alberto Carrasquilla renunció el lunes, con sus viceministros y el director de Planeación Nacional. Fue reemplazado por José Manuel Restrepo, que era el ministro de Comercio, Industria y Turismo, y de quien se sabía que iba a abandonar el gobierno, pero de este modo se lo retuvo, acaso para sacar provecho, a la hora de buscar consensos incoloros, de que se trata de un académico que fue rector de la bogotana Universidad del Rosario, que funciona desde el siglo XVII. Incólume, el escepticismo de un líder tradicional de la izquierda colombiana, el filósofo Iván Cepeda, senador por el Polo Democrático, no se conmovió por el superior prestigio del economista reemplazante, que se graduó en Londres y se doctoró en Bath, y tuiteó su temor de que la nueva redacción de la reforma tributaria variara sólo en redacción de la anterior.  

La superioridad universitaria de las élites bogotanas ha sido vista antes como signo de desconexión con la vida popular cotidiana que como prenda de excelencia en el desempeño. La anécdota más viralizada de Carrasquilla, que también había sido el ministro de Álvaro Uribe, era que no había sabido qué responder cundo le preguntaron el precio de media docena de huevos, un alimento de la canasta básica cuyo IVA había sido generosamente incrementado -para el fisco- en proyecto ahora descartado. Descartado en todo, porque si se verifica el spoiler de Duque, la nueva legislación incluirá un recargo en el impuesto a las ganancias que pagan las empresas, una prórroga que mantendrá el impuesto al patrimonio, un incremento en el impuesto a los dividendos, y el recargo en el impuesto a las ganancias de las personas más ricas. Es decir, exactamente lo que no hacía el proyecto anterior, cuya presa favorita no eran los sectores altos o muy altos, sino los medios. La elección de Carrasquilla había estado determinada por la ansiedad y la premura, porque a los ricos, paradójicamente, es más difícil cobrarles todo, y cobrarles pronto. Saben defenderse legalmente, tienen quienes los defiendan, que les consiguen moratorias y exenciones, todas legales; con legalidad atenuada, pueden apartar bienes o dineros de la mirada de los agentes fiscales, pueden presentar contabilidades impenetrables o ambiguas.

Avanza el general Invierno

Todo conduce a descreer que el proceso vea un fin cercano. Superando una a una sus renuencias, y actuando cada superación como una iniciativa que le parece innecesaria, una concesión excesiva, el presidente Duque ha anunciado públicamente que dirigió invitaciones para un diálogo nacional  en busca de consensos políticos amplios, a partidos, sindicatos, movimientos sociales, y aun a  los organizadores del paro nacional (aunque según el diario El Espectador a varios titulares de la oposición la convocatoria aparentemente se demoraba  en el camino). Llamar a una mesa de diálogo es lo que hizo en noviembre de 2019, cuando las protestas eran más pacíficas y puntuales y la situación del país menos grave, y no estaban tan cerca las elecciones presidenciales, que son dentro de un año exacto. Anunció que investigará y castigará los excesos en el uso de la fuerza por las Fuerzas Armadas y de Seguridad (y a la vez subrayó la legitimidad de la violencia para defender el orden y recordó que la militarización de las ciudades está recomendada por la Constitución como instrumento para que los presidentes defiendan vida y propiedad de los ciudadanos).

La Fiscalía de Colombia ha asegurado este martes que tras investigaciones bien encaminadas, han logrado determinar que “los desórdenes y hechos vandálicos” que se han registrado en Cali están relacionados “con estructuras del narcotráfico, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”. El fiscal Francisco Barbosa, en un video compartido en redes sociales, explicó que el terrorismo es la explicación de todos los procederes de otro modo inexplicables, particularmente en el Valle de Cauca.En concreto, están investigando en Cali siete homicidios ligados a los desórdenes y otros están en verificación para determinar si tienen relación con la protesta, mientras que hay 185 indagaciones en curso por terrorismo urbano. Diego Molano, ministro de Defensa, también dice que son “terroristas”. El gobierno no entiende que la protesta social pueda continuar, si consiguió su objetivo, que se retirara la ley del Congreso; quienes convocaron al Paro Nacional no pueden entender que el Gobierno haya pensado que la legislación que presentaba podía seguir un curso viable hasta volverse imperativa. Según la periodista colombiana Juanita León, directora de La Silla Vacía, sería una situación peligrosísima “pensar que toda la gente que salió a protestar está movida por los grupos armados, porque sería entender que la guerrilla está a punto de tomar el poder. No hay un reconocimiento de que hay una brutalidad policial, sobretodo porque están en un modo de pánico y de represión en este momento porque sienten que se les sale de las manos el manejo de la protesta. Ni siquiera han entrado a evaluar si existe brutalidad policial o en qué sentido, sino que ellos parten de la lógica que los que en este momento están protestando después de haber retirado la reforma son básicamente vándalos”, dijo en una entrevista de Caretas.

Si hay algo que enfriará el conflicto, son las condiciones que le sirvieron de encuadre y lo crearon. Fue un paro que se cumplió en lugares donde nunca antes se protestaba. Porque hasta ellos llegó la recesión en este país que supera los 50 millones de habitantes, donde el 42,2%, 21 millones de personas, son pobres: aquellas en cuyo nombre se había impulsado la reforma tributaria. La economía latinoamericana con menos recesiones en el siglo XX, la que no conoció hiperinflación, la que durante 80 años honró los compromisos de su deuda, hoy ve que sus bonos son clasificados como basura, tiene la moneda más depreciada de Latinoamérica -perdió más del 10% de su valor en el año-, y no faltan economistas que piensen que el default está volando en círculos

Y así como llegó la pobreza a cada rincón, también la pandemia. Cada día hay 500 muertes por Covid-19 y 15.000 o más nuevos contagios por coronavirus. Al Estado le falta con qué financiar la sobrevida de los pobres y con qué financiar la salvaguarda de la vida asediada por la pandemia. Tras la protesta ha quedado en claro que no será con gravámenes impuestos a los sectores medios. No será a expensas de los estratos 4 y 5: así Bogotá clasifica y asigna formalmente, de menor a mayor, de 1 a 6, a cada persona a una clase. Pero la alianza obrera, campesina, indígena, estudiantil fue armónica, acaso más equilibrada que la propia dirección del paro nacional, súbitamente empoderada en un país donde las movilizaciones sociales, mientras las guerrillas estuvieron activas, eran escarnecidas.

Entre todos, la enfermedad y la muerte son los problemas más urgentes. Antes de que ‘los vándalos’ se convirtieran en el trending topic del Twitter de la alcaldesa bogotana, los tuits anteriores comunicaban una y otra vez una catástrofe, que el sistema de salud estaba desbordado. 

WC

El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió este domingo al Congreso el retiro del proyecto de reforma tributaria que provocó protestas masivas durante los últimos días y lo llevó a movilizar al Ejército en diferentes ciudades del país, y reiteró que propondrá una nueva iniciativa que excluirá los aspectos más polémicos de la anterior. Sin embargo, no logró evitar que miles de personas volvieran a protestar, por quinto día consecutivo pero ahora por otros motivos.

“Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera”, dijo Duque en un mensaje al país.

El mandatario había anticipado el viernes que modificaría el proyecto de reforma tributaria, pero pese a ello las protestas iniciadas el miércoles -que ese día dejaron un muerto en Cali- se repitieron incluso hasta ayer. El sábado, el líder colombiano defendió el despliegue del Ejército y aseguró que mantendría la medida hasta “que cesen los hechos de grave alteración del orden público”.

Duque precisó este domingo los alcances de la nueva iniciativa, que excluirá el aumento del IVA en bienes y servicios y la ampliación de la base de contribuyentes al impuesto sobre la renta.

Pero sostuvo que la reforma es necesaria para “dar estabilidad fiscal al país, proteger los programas sociales de los más vulnerables y generar condiciones de crecimiento luego de los efectos arrojados por la pandemia de Covid-19”.

El nuevo proyecto, concertado con partidos políticos, la sociedad civil y el sector privado de la economía, se enfocará en gravar temporalmente a empresas y a los contribuyentes más ricos, según la agencia de noticias AFP.

Incluirá una tasa de renta temporaria a empresas; un impuesto al patrimonio, a los dividendos y a las personas de mayores ingresos, y la profundización de los programas de austeridad en el Estado, dijo Duque.

Sin embargo, los ciudadanos que desde temprano estaban en las calles, más otros que esperaban unirse a las movilizaciones en la tarde, anunciaron que continuarían las marchas para manifestar otros reclamos al gobierno nacional, entre ellos la reforma del sistema de salud, según la revista local Semana.

“Hemos logrado uno de los objetivos del paro, detener el proyecto de reforma tributaria, pero aún nos queda la reforma a la salud, la reforma a las pensiones, las postergadas medidas que debieron dar continuidad a los acuerdos de paz”, señaló el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en un comunicado.

El CRIC reclamó también “el respeto a la consulta previa, un derecho fundamental de los pueblos indígenas y grupos étnicos de Colombia, que sigue siendo permanentemente vulnerado por el gobierno con el otorgamiento de concesiones sobre los territorios ancestrales”.

Asimismo, el sistema de transportes Transmilenio, de Bogotá, reportó por la tarde “bloqueos intermitentes” en diversos tramos y “37 estaciones que estarán sin servicio por no brindar condiciones de seguridad para los usuarios y la operación”.

Mientras tanto, a las 15 (las 17 en la Argentina) ya habían llegado miles de manifestantes -muchos de ellos en bicicletas o motocicletas- a la histórica plaza de Bolívar, en el centro de la capital.

Por otra parte, un joven identificado como Santiago Murillo, de 19 años, murió la noche del sábado por una herida de bala en el tórax, que recibió en las protestas en Ibagué, capital del departamento Tolima y ubicada a unos 200 kilómetros al sudoeste de Bogotá.

Testigos afirmaron que el disparo que hirió a Murillo -quien falleció una hora y media después de ingresar a la clínica privada Nuestra, según el parte de este establecimiento- fue hecho por un policía, informó el diario bogotano El Tiempo.

El miércoles pasado murió otra persona en el primer día de protestas en Cali, por lo que esa ciudad fue puesta bajo control militar.

Denuncias de violaciones a los DDHH

Un total de 97 organizaciones firmaron un documento en el que denuncian ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas contra la reforma tributaria, que muchos colombianos consideraban perjudicial para las clases medias y populares.

En el marco de las manifestaciones, pidieron a la CIDH que le exija al Gobierno colombiano “medidas de protección a la vida, integridad personal, libertad, debido proceso, libertad de expresión, libertad de asociación, derecho de reunión, derecho a la participación y demás derechos fundamentales”.

Entre los hechos que señala este documento destaca la estigmatización de la protesta por parte de los agentes estatales, el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza por la Policía, el abuso de figuras policiales, allanamientos ilegales, judicializaciones arbitrarias y la intervención del Ejército en los escenarios de protesta.

Las protestas contra la reforma tributaria, con la que el Gobierno pretendía recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031 para estabilizar las finanzas del país tras su peor desempeño en medio siglo, se dan mientras Colombia atraviesa una tercera ola de contagios que tiene a los hospitales al borde del colapso y el personal de salud agotado.

Colombia es el duodécimo país en el mundo y el tercero en América latina con más casos confirmados de coronavirus acumulados desde el comienzo de la pandemia, con casi 2,9 millones, según la base de datos en línea de la universidad estadounidense Johns Hopkins.

Su economía -la cuarta más grande de la región- se contrajo 6,8% en 2020, su peor desempeño en medio siglo, y en marzo pasado el desempleo trepó a 16,8% y 3,5 millones de personas cayeron en la pobreza, según datos oficiales.

CB/CRM con información de agencias

Tras una nueva jornada de protestas en las principales ciudades de Colombia, el presidente Iván Duque confirmó el sábado que el Ejército continuará en los centros urbanos donde la situación de orden público se vea afectada. Los colombianos salieron a las calles para manifestarse contra una ley de reforma tributaria, que consideran perjudicial para las clases medias y populares.

En un mensaje en el que se dirigió a la nación después de la crispada jornada de manifestaciones por el Día de los Trabajadores, Duque explicó que “la asistencia militar se mantendrá hasta que cesen los hechos de grave alteración de orden público”, para añadir que las “fuerzas militares están apoyando el trabajo de la Policía Nacional”.

“Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas”, declaró que “la figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos donde existe alto riesgo para la seguridad de los ciudadanos y donde se necesite emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población”, precisó, según El Espectador.

El mandatario recalcó que no hay espacio y no se permitirá el “discurso del odio”, mientras que lanzó una advertencia “clara a los que por la vía de la violencia, el vandalismo y el terrorismo, pretenden amedrentar a la sociedad y creen que bajo ese mecanismo doblegarán a las instituciones”, tras lo que agregó que tomará las medidas necesarias dada la situación.

Para justificar la decisión, el líder colombiano enfatizó que su “obligación como Presidente es garantizar el derecho a la protesta pacífica, pero sobre todo garantizar la seguridad de nuestros conciudadanos”, y precisó que la medida durará hasta “que cesen los hechos de grave alteración del orden público”.

El sábado se volvieron a registrar multitudinarias manifestaciones en diversas ciudades del país, pese a que Duque reformuló el proyecto de reforma. El Presidente retiró las propuestas más polémicas como el aumento del IVA a bienes y servicios o la ampliación de la base de contribuyentes al impuesto de la renta.

Tras una madrugada con violencia en varias urbes, que dejó un muerto por arma de fuego en la sureña Cali, miles de colombianos protestaron el sábado por cuarto día consecutivo contra una medida que, según denuncian, castiga a la clase media en plena tercera ola de la pandemia de coronavirus.

Además de la capital, Bogotá, se registraron marchas multitudinarias en Medellín (noroeste), Cali (suroeste), Barranquilla (norte) y Neiva (centro), así como en ciudades intermedias. Si bien en su mayoría se desarrollaron de forma pacífica, se registraron algunos incidentes en las caribeñas Barranquilla, donde un grupo de manifestantes atacó la sede de una cadena de almacenes, y Cartagena, donde incendiaron barricadas, según el diario El Tiempo.

Desde el inicio de las protestas, el pasado miércoles, se produjeron una serie de disturbios en el centro y el suroeste del país, que llevaron a la militarización de la ciudad de Cali, epicentro de las movilizaciones.

Denuncias de violaciones a DDHH

Por otro lado, un total de 97 organizaciones firmaron un documento en el que denuncian ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas contra la reforma tributaria.

En el marco de las manifestaciones, pidieron a la CIDH que le exija al Gobierno colombiano “medidas de protección a la vida, integridad personal, libertad, debido proceso, libertad de expresión, libertad de asociación, derecho de reunión, derecho a la participación y demás derechos fundamentales”.

Entre los hechos que señala este documento destaca la estigmatización de la protesta por parte de los agentes estatales, el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza por la Policía, el abuso de figuras policiales, allanamientos ilegales, judicializaciones arbitrarias y la intervención del Ejército en los escenarios de protesta.

Las protestas contra la reforma tributaria, con la que el Gobierno pretendía recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031 para estabilizar las finanzas del país tras su peor desempeño en medio siglo, se dan mientras Colombia atraviesa una tercera ola de contagios que tiene a los hospitales al borde del colapso y el personal de salud agotado.

Con más de 2,8 millones de contagios y casi 74.000 fallecidos, el país es, respectivamente, cuarto y quinto más afectado de América Latina y el Caribe en ambos aspectos, en proporción a su población.

CB con información de agencias