El 29 de agosto es una fecha significativa en Argentina: se celebra el Día del Árbol, una jornada dedicada a reconocer la importancia de los árboles en el equilibrio ecológico y la preservación del medio ambiente. Esta conmemoración, que se instauró en 1900 por iniciativa del Consejo Nacional de Educación y a propuesta del agrónomo Estanislao Zeballos, tiene como objetivo promover la conciencia sobre la necesidad de proteger nuestros bosques y fomentar la plantación de árboles en todo el país.

Los árboles no solo embellecen el paisaje, sino que también cumplen funciones vitales para la vida en la Tierra. Son responsables de purificar el aire, regular el clima, conservar el agua y el suelo, y proporcionar refugio y alimento a innumerables especies. Sin embargo, la deforestación y la degradación forestal continúan siendo problemas graves en Argentina y en el mundo, afectando la biodiversidad y contribuyendo al cambio climático.

El Día del Árbol en Argentina es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de los bosques y el papel crucial que juegan en nuestra vida diaria. En este sentido, se realizan diversas actividades a lo largo del país, como la plantación de árboles en escuelas, parques y espacios públicos, con el objetivo de concienciar a las nuevas generaciones sobre la necesidad de cuidar nuestro patrimonio natural.

En las últimas décadas, la deforestación avanzó a un ritmo alarmante, especialmente en regiones como el Gran Chaco, donde la tala de bosques nativos para la expansión agrícola ha provocado la pérdida de millones de hectáreas de bosques. Esta situación pone en peligro no solo el equilibrio ecológico, sino también la vida de las comunidades que dependen de estos ecosistemas para su subsistencia.

La celebración del Día del Árbol también invita a considerar la adopción de políticas más sostenibles que permitan el desarrollo económico sin comprometer los recursos naturales. La reforestación, la protección de áreas naturales y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles son algunas de las acciones que se pueden tomar para mitigar el impacto ambiental y garantizar un futuro más verde para las próximas generaciones.

Así, el 29 de agosto no solo es un día para plantar árboles, sino una jornada para tomar conciencia sobre la importancia de preservar nuestros bosques y actuar en defensa del medio ambiente. En un contexto global de crisis climática, el Día del Árbol nos recuerda que cada acción cuenta y que todos podemos contribuir a la protección de nuestro planeta.

Un nuevo informe de la organización internacional Global Witness, que investiga desde hace más de 30 años abusos ambientales y de derechos humanos en distintos puntos del mundo, puso al empresario argentino Eduardo Elsztain, del círculo cercano al presidente Javier Milei, y al Banco Santander en el centro de una denuncia por supuesta deforestación de bosques nativos en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. 

El reporte se centró en cómo el Santander, banco de capitales españoles, financió mediante la compra de bonos a Cresud, la empresa agropecuaria que controla Elsztain. El análisis de datos satelitales realizado por Global Witness sugiere que Cresud ha deforestado más de 170.000 hectáreas en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay desde 2001 –un área tres veces mayor que Madrid y ocho veces mayor a la Ciudad de Buenos Aires– para convertirlas en tierras de cultivo y venderlas posteriormente a un mejor precio. 

Cresud es una compañía agropecuaria con negocios en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Se centra en cultivos extensivos, caña de azúcar y ganado. Entre esos cuatro países acumula más de 800.000 hectáreas. 

Elsztain es el dueño de IRSA, la empresa propietaria de los principales shoppings y centros comerciales de Argentina, además de supermercados, bancos, financieras, telecomunicaciones, tecnología, energía, turismo y hoteles, como el Libertador, elegido por La Libertad Avanza (LLA), el partido de Milei, como bunker de campaña en las últimas dos elecciones.

Los bosques supuestamente afectados por la empresa incluyen las regiones del Gran Chaco en Argentina y Paraguay; el Chiquitano, en Bolivia; y el Cerrado, en Brasil. “La expansión de la empresa también ha provocado conflictos con los pueblos indígenas y las comunidades locales en Brasil, Paraguay y Bolivia”, aseguró Global Witness. 

El Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal de Sudamérica, después de la Amazonía, comprende en Argentina a las provincias de Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa, en el noreste del país. En la región chaqueña de estas cuatro provincias conviven 3.400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 mamíferos –entre ellos, el yaguareté, del que se estima, quedan unos 20 ejemplares en esta región de Argentina–, 120 reptiles, unos 100 tipos de anfibios y más de 4 millones de personas, de las cuales cerca del 8% es indígena, sostiene un estudio de la organización Greenpeace. Los pueblos originarios dependen del bosque para obtener alimentos, agua, maderas y medicamentos.

“Con toda la deforestación, los estuarios y las quebradas y el agua dulce, se han secado, y eso ahora es un gran problema”, afirmó a Global Witness Sergio Rojas, un activista indígena de la comunidad Qom. “Estamos en una situación muy difícil porque no hay nada que comer, nada que beber y las temperaturas en este momento también son extremas”, agregó. 

En el caso de Cresud, sus campos se encuentran en Salta, donde más de 60.000 hectáreas de vegetación han sido arrasadas en una única área, la Estancia Los Pozos, desde su adquisición en 1997, dice el informe de Global Witness.

elDiarioAR se comunicó con el área de Ambiente del gobierno de Salta, donde informaron que los permisos de deforestación concedidos a Cresud corresponden a otras gestiones en la provincia.

Cresud vende terrenos a otras firmas. En este análisis, Global Witness solo pudo examinar la supuesta deforestación en propiedades que están actualmente en manos de la empresa, lo que  significa que las verdaderas cifras de desmonte serían muy superiores. 

De hecho, según el análisis satelital de otra organización, Greenpeace, entre 1998 y 2018, se han deforestado un total de 120.000 hectáreas en los campos de Cresud en la provincia de Salta.

“Cresud se dedica a comprar grandes extensiones de tierras forestales, las deforesta y las convierte en tierras de cultivo para soja, trigo, girasoles o cría ganado. Luego cuando el terreno se revaloriza, la empresa suele venderlo al mejor postor”, afirmó a elDiarioAR Charlie Hammans, autor del reporte.  

“Bienes raíces agrícolas”

Elsztain es uno de los reyes del real estate en Argentina. En 1994, un nuevo director ejecutivo de Cresud tomó el enfoque de las inversiones en bienes raíces y lo aplicó a las propiedades rurales, detalla el informe.

Tres décadas más tarde, la empresa ha tenido un extraordinario éxito financiero. Pasó de registrar ingresos por US$49 millones en 2010 a US$1.400 millones en 2024.

En 2005, estableció una filial en Brasil, BrasilAgro, con el objetivo de expandir el modelo empresarial argentino. Luego se extendió a Paraguay y Bolivia.

Cresud y BrasilAgro son empresas que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York.

“El proyecto comercial es sencillo”, afirma Hammans. “En julio de 2024, el gerente argentino de Cresud, Diego Chillado Biaus, dijo: ‘Vamos a las áreas a las que las personas no quieren ir, enfrentamos la volatilidad de la producción, nos encargamos de estabilizarlos (los campos) y los vendemos para comenzar otra vez’”. “Mientras Cresud aguarda por la fijación de los precios de los terrenos, la tierra se usa para el cultivo de soja, trigo y girasoles, así como para la cría de ganado”, sostiene Hammans.

Cresud se dedica a comprar grandes extensiones de tierras forestales, las deforesta y las convierte en tierras de cultivo para soja, trigo, girasoles o cría ganado

Charlie Hammans — Autor del informe de Global Witness

El rol de Santander

El banco Santander ha tenido un rol central en el avance de las topadoras en el monte chaqueño, según Global Witness. La organización determinó que la sede argentina del banco español ha contribuido a financiar a Cresud desde 2011 con unos US$1.300 millones para el gigante de la agroindustria.

“Cresud no podría obtener ganancias sin poder deforestar porque todo su modelo de negocio depende de poder arrasar grandes extensiones de bosques de vital importancia para el clima”, afirmó Giulia Bondi, activista sénior de Global Witness. “Y sin embargo, cuando el banco Santander introdujo una política para limitar la financiación de empresas deforestadoras, sus inversiones en Cresud aumentaron”.

Global Witness utilizó una combinación de datos proporcionados por la plataforma Eikon Refinitiv e informes financieros disponibles públicamente, realizados por Cresud, para calcular la financiación del banco a la compañía argentina.

El banco de capitales españoles suele ser el colocador principal de las emisiones de bonos emitidas por Cresud. De hecho, el estudio sostiene que 35 de las 47 emisiones de bonos emitidas por Cresud para recaudar dinero de inversionistas desde 2002 han sido suscritas por Santander como suscriptor principal. Los consorcios bancarios, incluido Santander, representaron más del 90% del valor total de los bonos emitidos por Cresud desde 2002. Santander coloca frecuentemente el bono en consorcios de hasta otros 10 bancos.

“Santander desempeñó un papel fundamental en la recaudación de estos 1.300 millones de dólares para Cresud al actuar como suscriptor principal de la empresa, conjuntamente con varios bancos argentinos e internacionales”, explicó a elDiarioAR el autor del informe. Cuando un banco como Santander suscribe un bono para una empresa, la ayuda a recaudar fondos de otros inversionistas y le garantiza comprar el bono si no se vende. 

Esta financiación se incrementó a pesar de la adopción por parte de Santander en 2018 de una política para “limitar” la deforestación, y el establecimiento en 2021 de un objetivo de deforestación neta cero, sostiene el investigador de Global Witness.  

Además de suscribir sus bonos en busca de financiamiento, “el banco le ha proporcionado directamente a Cresud préstamos de más de US$50 millones”, concluye el informe.

elDiarioAR se comunicó con dos voceros de Elsztain, pero ninguno de ellos respondió. Cresud tampoco respondió a los autores del informe. En respuesta a una solicitud de comentarios en 2021, en el marco de una investigación centrada en la deforestación y realizada por el medio brasileño Agencia Pública, la filial de Cresud en Brasil, BrasilAgro, declaró: “Llevamos a cabo nuestro negocio implementando las mejores prácticas de gobernanza empresarial”.  Luego, agregó: “Nos gustaría reiterar que todos los acuerdos y transacciones realizados por la empresa están en consonancia con la legislación pertinente”.

Ante la consulta de elDiarioAR sobre si financiar a Cresud no implicaba una violación a su propia política ambiental, la filial argentina de Santander respondió: “Tenemos políticas estrictas de compromiso ambiental”. “Por temas de confidencialidad no tenemos permitido comentar cuestiones de nuestros clientes”, añadieron sus voceros.

La política ambiental del banco establece que, en cuanto a sus clientes, Santander diseñará “productos y servicios de carácter social y ambiental” para “contribuir a la conservación del medio ambiente y la mitigación del cambio climático”. “El banco se compromete a considerar tanto el impacto ambiental de sus instalaciones y operaciones internas como de su actividad bancaria y financiera”, dice su propio protocolo.

Santander también establece entre sus políticas ambientales “la ambición del banco de ser cero emisiones netas de carbono en 2050 para luchar contra el cambio climático”. Sin embargo, de acuerdo con el cálculo de Global Witness, la deforestación de Cresud equivaldría a un estimado de 30 millones de vuelos trasatlánticos, ya que los bosques afectados constituyen una de las zonas con mayor biodiversidad y carbono del mundo. 

Ola Janus dirige la campaña Banks and Nature de BankTrack, una ONG que organiza campañas para que los bancos respondan por sus compromisos. Consultada por Global Witness, sostuvo en el informe: “Las ambiguas políticas de Santander les abren las puertas a la deforestación y los abusos de derechos humanos relacionados con los negocios agrícolas en América del Sur”. La especialista afirmó que en aras de mostrar su verdadero compromiso con el fin de la deforestación, “Santander debería comenzar por pedirles explícitamente a sus clientes y proveedores que no contribuyan a la conversión o degradación de los ecosistemas naturales”.  

Cuando el banco Santander introdujo una política para limitar la financiación de empresas deforestadoras, sus inversiones en Cresud aumentaron

Giulia Bondi — Activista sénior de Global Witness

Bondi, por su parte, agregó: “Esto demuestra la urgente necesidad de que la Unión Europea (UE) establezca normas para impedir que el sector financiero subvencione la destrucción de bosques de vital importancia para el clima”. 

El bloque postergó la entrada en vigencia de una ley denominada La Ley Cero Deforestación. La norma debía entrar en vigencia el 30 de diciembre de 2024 para grandes operadores y comerciantes, y el 30 de junio de 2025 para micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el Parlamento Europeo decidió que este plazo será extendido por un año más, luego de que 17 países de Latinoamérica, Asia y África enviaran una carta solicitando el cambio.

La normativa europea plantea que países como Argentina se deben preparar para cumplir la norma de la Unión Europea que prohibirá el ingreso de productos provenientes de zonas deforestadas después de 2020. 

ED/DTC

Sobre las 18:00 horas del miércoles 26 de febrero, Ana Luiza Hernández Raudelez vio cómo su pareja, Juan Bautista Silva, de 70 años, recibía una llamada telefónica. Silva, defensor de la tierra que llevaba más de 20 años trabajando en la defensa del medio ambiente local, se preparaba para salir con su motocicleta a fotografiar talas ilegales cerca de Las Botijas, en Comayagua, el centro de Honduras, con el objetivo de que las imágenes pudieran apoyar una denuncia ante la Fiscalía.

Cuando estaba a punto de partir, Ana le sugirió que el hijo de ambos, Juan Antonio Silva, de 20 años, fuera con él, ya que su nuevo teléfono móvil hacía mejores fotos.

Padre e hijo calcularon que estarían de vuelta a las 20:00 horas. A medianoche, su familia, preocupada, llamó a las autoridades, que activaron la búsqueda. Al día siguiente, los encontraron muertos bajo un acantilado cercano a Las Botijas.

Uno de los hijos de Silva descubrió las partes de los cuerpos, que habían sido desmembrados con motosierras, y sus restos abandonados al pie del acantilado. Algunas partes no han sido encontradas.

Sus muertes son un nuevo recordatorio de la feroz violencia a la que se enfrentan los defensores de la naturaleza en Honduras, que en 2023 se convirtió en el país con el mayor número de defensores asesinados per cápita del mundo.

“Seguiremos luchando”

Selvin David Ventura Hernández, uno de los hijos de Juan, cree que la llamada telefónica, desde un número desconocido, es el punto de partida para explicar las desgarradoras muertes. La familia sospecha que la persona que hizo la llamada se hizo pasar por las autoridades. “Mi padre no le dio importancia”, dice Ventura. “En ese momento, ninguno de nosotros se la dio”.

Ahora, la familia vive con miedo. Rara vez salen a la calle y están pensando en mudarse. “Mataron a mi padre y creyeron que así ponían fin a la lucha contra la tala de árboles en la región. Y lo consiguieron; ninguno de nosotros seguirá sus pasos”, afirma Ventura. “Pero lo que no esperaban es que exigiéramos justicia. Ahora están esperando que esto se calme y que nuestro sistema judicial nos falle. Pero seguiremos luchando”.

La familia de Silva afirma que el defensor del medioambiente ya había sido agredido con un machete en marzo de 2020, lo que le causó graves lesiones en el brazo derecho y seis días de hospitalización. También aseguran que acudió repetidamente a la fiscalía para denunciar la tala ilegal, pero rara vez se tomaron medidas.

Tras los asesinatos, el Instituto Hondureño para la Conservación de los Bosques (ICF) emitió un comunicado en el que condenó los “actos violentos” y calificó de “trágica” la muerte de los dos hombres. También pidió que se abriera una investigación y se proteja a “quienes denuncian delitos ambientales en defensa del medio ambiente”.

Asesinatos y desapariciones forzadas

En 2023, la ONG Global Witness registró un total de 196 asesinatos y desapariciones forzadas de defensores de la tierra en todo el mundo. Honduras, empatado con México, fue el tercer país con mayor número de muertes violentas de defensores de la tierra (18), por detrás de Brasil (25) y Colombia (79), lo que convierte a Honduras en el país más peligroso en relación con el número de habitantes.

La investigación también muestra que, entre 2012 y 2022, al menos 131 defensores de la tierra y del medio ambiente fueron asesinados en el país centroamericano. Más de la mitad (70) se han cometido desde 2016.

Laura Furones, asesora principal de Global Witness, afirma que Honduras aparece “con bastante regularidad” como un “país preocupante” para los derechos de los defensores de la tierra. Entre los factores detrás de la alta tasa de violencia contra estas personas, explica, está la presencia de recursos naturales, que pueden ser explotados con fines agrícolas o intereses corporativos. Furones también afirma que Honduras alberga una sociedad civil “bastante activa”, incluidos grupos de activistas indígenas. En algunos casos, afirma, “intentar adoptar una postura y proteger esas tierras y recursos, puede desembocar en violencia”. Según la experta, los activistas que “se interponen en el camino de estos intereses corporativos” también corren el riesgo de ser atacados.

Impunidad

Las cifras de Global Witness coinciden con las registradas por las autoridades locales. A finales de febrero, la Comisión de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) señaló que desde 2022, 35 defensores de la tierra han sido objeto de muertes violentas en el país.

Frank Cruz, coordinador de la Defensoría del Pueblo Indígena y Afrohondureño de CONADEH, asegura que casos como la muerte de Silva y su hijo disuadirán aún más a los defensores de la tierra de denunciar delitos ambientales. “El mensaje que se envía es: 'no denuncies, porque si denuncias, te matarán”, lamenta.

Cruz cree que son varias las razones por las que muchos hondureños deciden no denunciar los delitos medioambientales. Dice que el Estado “no tiene capacidad suficiente” para responder a las denuncias, mientras que algunas personas que viven en territorios remotos “no conocen sus derechos” y desconocen la protección a la que tienen derecho. Otros, según Cruz, se han enfrentado a amenazas de violencia. Según él, la impunidad está contribuyendo a la normalización de la violencia contra los defensores de la tierra en Honduras.

“Si los agresores o autores de estos delitos, muertes y actos de violencia supieran que van a ser investigados, acusados y procesados por los órganos del Estado, no cometerían estos delitos”, dice Cruz, y añade que el Gobierno debe aplicar medidas a medio y largo plazo para “recuperar la confianza” de estas comunidades. “Cuanta menos impunidad haya, menos normalización. Cuanta más persecución haya, más sensibilización”, concluye.

Mauro Lara, coordinador de desarrollo forestal comunitario del ICF, trabajó con Juan como parte de una cooperativa forestal. Según Lara, aunque nunca ha registrado formalmente ninguna amenaza en la región donde operaba Juan, es probable que los defensores de la tierra se hayan enfrentado a ellas. “En general, la gente tiene miedo de enfrentarse a los madereros o de hablar de ellos. En la región se les teme”, dice.

De Berta Cáceres a Juan López

El país se ha enfrentado anteriormente a condenas por su gestión de los asesinatos de defensores de la tierra, del territorio, de los pueblos originarios y del medioambiente. En abril de 2009, la Corte Interamericana condenó a Honduras por la muerte de Blanca Jeannette Kawas Fernández, activista medioambiental asesinada a tiros en febrero de 1995. Kawas se había opuesto públicamente a la tala ilegal y a los proyectos empresariales que se iban a llevar a cabo en la península de Punta Sal, en la costa norte. El tribunal consideró que al menos un agente del Estado estuvo implicado en su muerte.

En marzo de 2016, la activista medioambiental Berta Cáceres fue asesinada a tiros, lo que desencadenó violentos enfrentamientos. Antes de su muerte, Cáceres había participado en iniciativas para impedir la construcción de una presa hidroeléctrica en el río Gualcarque, considerado sagrado por la comunidad indígena lenca. Cáceres, galardonada con el premio Goldman de Medio Ambiente en 2015, llevaba tiempo sufriendo amenazas y fue asesinada por sicarios.

El asesinato de Juan López –activista contra la minería, defensor del agua y líder religioso local– en septiembre de 2024 provocó la condena internacional, incluida la del entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el Papa Francisco. López regresaba en coche de la iglesia cuando un grupo de hombres le disparó. Desde 2018, había estado abogando contra un proyecto minero en el parque nacional Carlos Escaleras, llamado así en memoria de otro ecologista hondureño, asesinado en octubre de 1997.

Ha pasado más de un mes desde las muertes de Silva y su hijo Antonio. Por el momento, las autoridades no han detenido a ningún sospechoso. No ha habido novedades desde el 19 de marzo, cuando el comisario de policía Miguel Martínez declaró que el caso estaba “en manos de la fiscalía”, y afirmó que la investigación seguiría su curso. 

Traducción de Emma Reverter.

Casi 150.000 hectáreas de bosque nativo se perdieron en el norte de Argentina en 2024, la mayoría en la región del Gran Chaco, a causa de la deforestación provocada para beneficiar la actividad agropecuaria, según un informe de Greenpeace difundido este jueves.

El 75 % de las zonas arrasadas corresponden a las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa, todas ellas en el norte del país, donde exactamente se han deforestado 149.649 hectáreas, lo que equivale a unos 210.000 campos de fútbol.

Greenpeace califica este hecho de “ecocidio” y denuncia que las tres primeras de estas provincias han incurrido en ilegalidades en la aplicación del Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN).

El Gran Chaco es la segunda área boscosa más grande de América por detrás de la Amazonía y abarca alrededor de un millón de kilómetros cuadrados, compartidos con Bolivia, Paraguay y una porción de Brasil.

Deforestación ilegal

La ONG señaló en su informe que los gobiernos provinciales “modificaron ilegalmente el ordenamiento territorial mediante la sistemática realización de recategorizaciones prediales que disminuyeron las áreas protegidas donde estaba prohibido el desmonte”.

De acuerdo a la Ley de Bosques, promulgada desde 2009, cada cinco años deben actualizarse las zonas a proteger, pero Greenpeace indicó que las actualizaciones de los ordenamientos en Salta y Chaco aumentaron las áreas permitidas para acceder a un permiso de desmonte, algo que viola la normativa actual.

En Chaco, la Justicia provincial había suspendido los desmontes desde 2020 ante la falta de actualizaciones en su OTBN, mientras que en Santiago del Estero el 80 % de la deforestación fue en categorías protegidas por la ley.

La penalización por quebrantar la Ley de Bosques van desde “apercibimientos”, multas de entre 300 y 10.000 sueldos básicos, que hasta diciembre pasado el salario mínimo vital y móvil de Argentina rondaba los 260 dólares, y suspensión o revocación de permisos de tala.

“Muchos desmontes, no solo son por la ilegalidad de algunos empresarios que pagan multas irrisorias, sino también porque los gobiernos autorizan deforestación para la ganadería donde está prohibido”, dijo a EFE el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini.

Prisión por desmonte

“Es necesario penalizar la ilegalidad de los desmontes, las multas no son suficientes. Se necesita un plan de restauración acompañado por un freno a la tala. Algunos bosques pueden necesitar hasta 50 años para recuperarse en el Gran Chaco”, advirtió Giardini.

En 2023, Greenpeace llevó adelante una consulta popular en la vía pública e internet durante tres meses, en la que 260.000 personas se manifestaron a favor de penas de prisión contra responsables de la destrucción de bosques.

“En estos momentos tenemos abierta la posibilidad de que la gente siga adhiriendo en votaporlosbosques.org y cuando lleguemos a un número significativo poder presentar esas adhesiones al Congreso para que avance un proyecto de ley al respecto”, cerró el ambientalista.

El informe de Greenpeace

EFE

Tras el primer año de gobierno de Javier Milei, la Argentina se adentra en la etapa con mayores desafíos ambientales de su historia reciente. Con un negacionista del cambio climático en el poder, un gobierno al mando de una “batalla cultural” contra los ambientalistas y conservacionistas y una cartera reducida a una subsecretaria de Estado, 2025 será un año para la resistencia, la unidad y el diálogo por parte de las organizaciones no gubernamentales, las asambleas de ciudadanos y las comunidades indígenas dedicadas a la protección del ambiente y la biodiversidad.

Este será también un año electoral, en el que los argentinos deberán renovar parte de las bancas del Congreso y en el que el Gobierno pondrá a prueba el nivel de aprobación de la sociedad a sus políticas económicas, sociales y ambientales.

Al clima electoral y la alta imagen positiva de Milei, se suma la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, un aliado que potencia las ideas y objetivos del gobierno libertario.

Además, el Gobierno tiene dos candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo tribunal del país, que fija la doctrina también en cuestiones ambientales. Uno de los dos candidatos es el abogado Manuel García Mansilla, perteneciente al sector más conservador del derecho, que viene de representar y defender a la corporación petrolera. Podría llegar a la Corte en 2025.

La Argentina finaliza un año en el que petroleras y mineras avanzaron en el proceso administrativo para concretar varios proyectos de extracción de minerales, como el litio en el noroeste del país, o petróleo y gas natural en el sur y en el mar Argentino. Esos desarrollos han despertado las críticas y protestas de comunidades locales y pueblos indígenas por rehuir la consulta previa, libre e informada y forzar audiencias públicas sin participación ciudadana real, con promesas de trabajo a poblaciones empobrecidas y aisladas.

“Creo que el principal desafío es la desarticulación de las narrativas impuestas, como por ejemplo que Argentina necesita dólares y los dólares van a venir de los combustibles fósiles”, sostuvo Hernán Pérez Orsi, activista e investigador de océanos y energía. “Las recurrentes crisis económicas han puesto a la sociedad en la búsqueda de una solución fácil, rápida y efectiva sin contemplar la sustentabilidad (social, financiera y ambiental). La carne, el trigo y la soja le están dejando a los fósiles ese pedestal en la eterna e infructuosa búsqueda de Eldorado para la economía”, afirmó. 

El avance sobre los bosques nativos también se agudizó en 2024, explicó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace. La Justicia avanzó durante 2024 en un expediente contra empresarios y autoridades de la provincia del Chaco por la tala de bosques nativos y prohibió transitoriamente la deforestación, pero el caso planteará serios desafíos en 2025: las órdenes judiciales, aseguró Cruz, no se están cumpliendo.

“Tendremos la COP30 en Belén (Brasil) sobre Cambio Climático y la estrategia que estamos llevando adelante muchas organizaciones es llevar toda la temática de biodiversidad de la COP16 a las discusiones climáticas”, sostuvo Manuel Jaramillo, director ejecutivo de Fundación Vida Silvestre. “Argentina tiene mucho que aportar y el desafío es incentivar al Gobierno Nacional y a los gobiernos regionales a formar parte de este proceso”, afirmó. “La intención es levantar la vara en la discusión sobre cambio climático”, dijo Jaramillo.

Entre los desafíos para 2025, Jaramillo también sostuvo que como “el gobierno de Milei anunció que el proceso de ajuste se va a mantener, será necesario identificar los puntos donde va ser necesario reforzar el control y la fiscalización del Estado sobre los emprendimientos productivos o extractivistas”.

A los potenciales conflictos sociales y ambientales motivados por la política oficial de Milei y los gobiernos provinciales de distintos signos políticos, se suma la decisión del Gobierno de suspender la normativa que prohibía los desalojos de las comunidades indígenas de las tierras en litigio. “Uno de los desafíos es evidenciar más la violacion de los derechos indígenas en Argentina. Es una discusión social que se tiene que abrir, una discusión sobre la historia de Argentina”, reflexionó Orlando Carrique, dirigente del pueblo originario Mapuche-Tehuelche y vocero del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.

Resistencia en el norte, en el centro y en el sur

Tanto los proyectos de litio como de petróleo y gas, de acuerdo a las denuncias de las comunidades locales e indígenas, atentan contra la forma de vida de los habitantes de dos zonas clave para el ambiente y la biodiversidad, el turismo y la pesca artesanal: el golfo San Matías, en la provincia de Río Negro, en la Patagonia, donde las petroleras y el Estado quieren desarrollar tres proyectos para exportar gas y petróleo de Vaca Muerta; y Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, en Jujuy, en la frontera con Bolivia, donde tres petroleras buscan litio a través de sus propias empresas mineras. 

Además, en 2025 continuará el avance de la extracción de petróleo en la cuenca Norte del mar Argentino, a 350 kilómetros mar adentro de la ciudad de Mar del Plata, el balneario más ícono de Argentina. También se profundizó la extracción offshore en la cuenca Austral del mar argentino, en la provincia de Tierra del Fuego.

“Todo lo que tiene que ver con proceso de explotación de minerales o de hidrocarburos, que además está apalancado por un régimen oficial de inversiones (el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, RIGI) van a traer, sin duda, consecuencias ambientales para Argentina”, afirmó Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Nápoli explicó que en 2025 algunos focos de conflicto se van a potenciar. Un desafío central será pelear un lugar en esa agenda: la del poder. Al tratarse de un año electoral, 2025 será casi monotemático tras el inicio de la campaña política  y el Parlamento tendrá poca actividad. “Por eso, creo que el trabajo en 2025 se va a concentrar mucho en los territorios, a nivel local, y en las provincias”, agregó Nápoli. “Es en esos lugares donde hay que estar cada vez más sólidos en la defensa de los territorios, en el acompañamiento a las comunidades locales y originarias”, sostuvo el ambientalista. 

En la zona de periglaciares, en la región andina del país, en la frontera con Chile, la minería está posando los ojos nuevamente sobre los glaciares de montañas y si bien en 2024 parte de la oposición y los ambientalistas lograron frenar una modificación de la ley que protege estas áreas, el temor es que Milei cambie las reglas por decreto. 

La pelea también será en el exterior

“Si no conseguimos respuesta en las audiencias públicas, lo estaremos llevando a tribunales. Y si no conseguimos la respuesta de los tribunales, también lo haremos a nivel internacional, tanto en las casas matrices de las empresas como ante los financiadores y los organismos multilaterales”, explicó Nápoli. 

La diputada Margarita Stolbizer alertó también sobre el incumplimiento de Argentina en la  implementación de convenios y compromisos ambientales a nivel internacional. “El despegue o la disociación de la agenda de futuro de la Argentina con respecto a los países de la OCDE y de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030) son retrocesos en materia ambiental y tienen costos a nivel internacional. Esa es una de las deudas más grandes que tenemos”, advirtió la diputada por el partido GEN y el bloque Consenso Federal.

En los organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya existen casos argentinos sobre materia medioambiental y derechos indígenas sobre los que se esperan novedades en 2025. Representantes de comunidades indígenas de la cuenca de Salinas Grandes presentaron sus demandas en una audiencia pública y solicitaron la creación de zonas libres de minería.

Otro caso, esta vez de la provincia de Catamarca, en la frontera con Chile, también llegó ante la ONU y la CIDH. Allí, en el Salar del Hombre Muerto, una comunidad indígena resiste el avance minero por el litio. 

La resistencia en los bosques

Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, coincide con Napoli. “El desafío principal es mantener la resistencia y persistencia de las organizaciones de base que defienden los bosques nativos, los glaciares, los humedales en distintas regiones del país. Mientras eso se mantenga va a ser posible alzar la voz y seguir denunciando lo que está sucediendo”, opinó Cruz.

Desde Greenpeace Argentina vienen denunciando el avance del sector agroexportador y ganadero sobre los bosques nativos del Chaco Argentino, en el noreste del país, en las fronteras con Brasil, Bolivia y Paraguay. Sólo en los primeros diez meses de 2024, la organización detectó la desaparición de más de 100 000 hectáreas de bosques nativos en la región. Por eso, la ambientalista resume el desafío 2025 con una frase: “No callarnos en ningún momento y usar todas las herramientas a nuestro alcance de manera colectiva y pacífica”.

Esa resistencia será necesaria frente a lo que los gobiernos provinciales de Salta, Santiago del Estero y Chaco se proponen: cambios en los mapas de Ordenamientos Territoriales, que establece qué zonas de bosques nativos se pueden talar y qué otras deben ser conservadas. Santiago del Estero y Salta ya anunciaron que ampliará las zonas a deforestar. Chaco está evaluando cómo modificar un mapa regresivo ya propuesto.

La cuarta provincia del Chaco argentino, Formosa, no ha anunciado un nuevo ordenamiento pero la provincia tiene prácticamente toda su superficie boscosa catalogada como zona verde, es decir, donde el monte (como se conoce aquí al bosque nativo) puede ser destruido. Incluso ha avanzado sobre zonas que operan como corredores biológicos en el Gran Chaco para especies clave como el yaguareté, en peligro de extinción en esta región, explicó Cruz.

Además, la activista alertó: “Estamos preocupados por las amenazas de desalojos de campesinos. Cuando son desalojados se da paso a proyectos que no implican la conservación de los bosques”.

Pueblos indígenas en alerta

A principios de diciembre de 2024, Milei eliminó a través de un decreto la protección legal con la que contaban los pueblos indígenas para frenar los desalojos en sus territorios. La decisión presidencial contradice al artículo 75 de la Constitución Nacional, que reconoce “la preexistencia étnica” de los pueblos originarios y garantiza “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”.

Orlando Carriqueo es dirigente del pueblo Mapuche-Tehuelche en la Patagonia argentina y  uno de los voceros de la Coordinadora del Parlamento de este pueblo originario en la provincia de Río Negro. Sostiene que entre los desafíos de Argentina en 2025 el principal es “ponerle un freno a los procesos extractivos” y diseñar la estrategia de ya no litigar contra el Estado argentino sino ante los tribunales internacionales.

“El Poder Judicial es funcional a la línea política, no aplica los convenios internacionales ni las normas ambientales y el derecho indígena. Indefectiblemente, esta lucha terminará en los tribunales internacionales y va a llevar su tiempo”, dijo Carriqueo.

El dirigente indígena plantea que otro desafío será litigar contra las empresas mineras y petroleras que no respetan el derecho a la consulta previa, libre e informada cuando operan en territorios de los pueblos originarios.

Sobre el decreto de Milei que permitirá los desalojos de sus pueblos, Carriqueo sostiene que habrá resistencia y que a pesar de esta crisis hay una ventana a un mundo posible. “Otro mundo posible desde otra mirada del buen vivir. Es uno de los desafíos más grandes para 2025: aportar a una mejor manera de vida”.

En defensa de la biodiversidad 

Más allá de que no existan condiciones propicias para la defensa de los derechos ambientales, las organizaciones tienen el desafío de seguir impulsando sus agendas. “Hay una agenda que nos quedó trunca y que debemos seguir impulsando: la protección de los humedales, por ejemplo”, resaltó Nápoli. La demora de este proyecto de ley arrastra más de una década. Los lobbies de grupos económicos, como el inmobiliario, forestal y agropecuario, han logrado frenarlo en el Parlamento en varias oportunidades. Los humedales en la Argentina ocupan casi 277 000 kilómetros cuadrados, el 9,5 % de la superficie del país, según un estudio de 2022 del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

“En la COP16 de Biodiversidad el Estado argentino presentó una estrategia nacional de biodiversidad, que fue desarrollada con participación ciudadana”, destacó Jaramillo. “Va a ser un desafío ver y promover la real implementación de aquí al 2030”, agregó el ambientalista. 

El biólogo e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) Luciano Valenzuela destaca tres aspectos importantes para la conservación de la fauna marina que están sufriendo complicaciones: un gobierno negacionista del cambio climático que se retira de los acuerdos internacionales; los sistemas de monitoreos que están en gran proporción dependiendo de los trabajos de científicos y científicas que también están sufriendo la falta de financiamiento del Estado Nacional y la destrucción de las instituciones científicas; y un tercer aspecto: se están introduciendo cambios en la actividad pesqueras, con más desregulación y liberalización de la actividad.

“Las ONGs no están bajando los brazos, todo lo contrario, están fortaleciendo sus alianzas para lograr cosas y se están apoyando en los gobiernos provinciales en algunos casos. como en el caso de Chubut para el monitoreo de ballenas francas australes”, explicó Valenzuela.

Desde la organización Aves Argentinas, su director ejecutivo, Hernán Casañas reflexionó: “Tenemos muchos desafíos pero seguir integrando prácticas productivas verdaderamente sustentables es uno de ellos. Las formas en las cuales producimos va a tener un efecto categórico en el futuro de la biodiversidad del planeta y esas formas de producción tienen correlato con las formas de consumo que tenemos”.

Además, sostuvo, “hay que seguir atendiendo a la necesidad de más áreas protegidas que se transformen en motores de desarrollo a través del ecoturismo. Es un desafío hacerle entender al Gobierno que eso no se debe detener”.

Pérez Orsi también destaca que “los impactos sobre los ecosistemas clave del mar Argentino, que genera la exploración petrolera mar adentro, han quedado expuestos y corroborados por la comunidad científica”. 

“El movimiento socio ambiental continúa utilizando todas las herramientas de las que dispones que son muy escasas frente al arsenal del aparato del establishment, pero con una ventaja estratégica fundamental -dijo Pérez Orsi-: el tiempo está de nuestro lado. Mientras más se demore el avance de la frontera hidrocarburífera en el mar, más cerca estaremos de que se conviertan estos proyectos en económicamente inviables”. 

El desafío es mantenerse “unidos y motivados en una discusión que es de largo aliento y donde hay fuerzas desiguales”, aseguró el investigador y activista. 

*Esta nota se publicó en Mongabay Latam el miércoles 15 de enero.

El Gran Chaco argentino sufre una deforestación masiva y descontrolada a causa de la cesión de grandes extensiones de tierra a la agricultura y la ganadería, lo que pone en riesgo una de las zonas más boscosas de Sudamérica.

Solo en la provincia de Santiago del Estero, la más afectada por la deforestación en Argentina, arrasaron dos millones de hectáreas de bosque en los últimos 25 años y más de la mitad de forma ilegal.

Lorenzo Langbehn, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), explica a EFE que “la tala continúa actualmente a un promedio de 60.000 hectáreas por año” en esta región.

Según el investigador, la alteración de bosques nativos impulsados por el avance del cultivo de soja o la cría de ganado, principal motor económico de Argentina, impacta en la productividad de los suelos, los ciclos del agua y la resiliencia climática de la región.

“Los suelos que han estado bajo cobertura de bosque se mantenían productivos o fértiles, pero al ser sometidos a cultivos anuales permanentes se deterioran por la salinización y pierden rendimiento”, resume Langbehn, también docente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones acumuladas en esta zona alcanzan los 600 milímetros, mientras que las temperaturas máximas promedio superan con facilidad los 35 grados. La capital santiagueña tuvo una temperatura récord de 45,2 grados en el verano de 2023.

Con la desaparición de los bosques “se liberan grandes cantidades de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global”, agrega Langbehn.

En su último reporte sobre estos gases, el desaparecido Ministerio de Ambiente (rebajado a la categoría de subsecretaría por el Gobierno de Javier Milei) informó en 2021 que el 39% de esas emisiones nocivas provenían del sector agropecuario del país.

 El Gran Chaco, amenazado

Santiago del Estero pertenece al Gran Chaco Americano, la segunda área boscosa más grande del continente después de la Amazonía, y abarca alrededor de un millón de kilómetros cuadrados, compartidos con Bolivia, Paraguay y una porción de Brasil.

El 59% de este territorio está en Argentina, con unos 625.000 kilómetros cuadrados, y atraviesa 13 provincias con 8,5 millones de habitantes, según el censo de 2010.

Un informe de Greenpeace revela que el 75% de la deforestación se concentra en el norte del país y que la Ley de Bosque Nativo, cuyo objetivo era reordenar las zonas de tala y acabar con la deforestación en casi un 80% del territorio, solo ha logrado reducir la actividad en un 40% desde 2014.

La tala de montes se justifica bajo el supuesto manejo sostenible de sistemas silvopastoriles, una combinación de flora y fauna agropecuaria que se retroalimenta y ayuda a capturar el carbono, algo que está amparado por ley como actividad sustentable, pero en la práctica las empresas modifican las reglas del juego.

“Es gente viene con capitales de afuera, se insertan aquí y hacen cambios que les resultan muy rentables”, remarca a EFE Cecilia Escalada, doctora en Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de San Martín.

“Los grandes terratenientes hacen un uso extractivista”, denuncia.

Greenpeace explica que las talas “se realizan en zonas donde no está permitido” y calcula que desde 2007 hasta junio de 2024 se deforestaron 1.007.695 hectáreas en Santiago del Estero, 710.829 hectáreas en Salta, 535.501 hectáreas en Chaco y 478.397 hectáreas en Formosa.

El Gran Chaco argentino alberga unas 3.400 especies de plantas, 500 de aves, 150 tipos de mamíferos, 120 de reptiles y 100 de anfibios, todos en riesgo por el avance de la frontera agropecuaria y los incendios.

Incendios forestales

Además del uso de topadoras, el fuego también acaba con los terrenos y justifica la deforestación en Santiago del Estero por la falta de control.

'Los Caracoles', una de las pocas reservas privadas de bosque, a once kilómetros de la capital provincial y utilizada para turismo sustentable, perdió quince hectáreas por incendios provocados.

“Es el último pulmón verde cercano a la ciudad, de casi 250 hectáreas y ribereño, donde se hace cicloturismo, una forma de explotación no extractivista”, explica a EFE Pablo Muratore, poblador y dueño de la reserva.

Según Global Forest Watch, en esta provincia se han registrado 1.018 alertas de incendio desde octubre de 2023.

Por Augusto Morel, para la agencia EFE.

IG

La máxima autoridad ambiental de la provincia de Chaco, Hernán Halavacs, tramitó el 40% de los desmontes habilitados en la provincia entre 2014 y 2021. El ingeniero agrónomo, nombrado ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible por el gobernador Leandro Zdero (Juntos por el Cambio) y responsable de garantizar la protección de los bosques nativos, es el principal denunciado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdAA), que presentaron este miércoles una investigación propia ante la Justicia federal de Chaco. 

La ONG denunció a Halavacs junto a un grupo de diputados, exfuncionarios de Chaco y empresarios por los supuestos delitos de defraudación contra la Administración Pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. También por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y asociación ilícita. 

La organización ambientalista solicitó, además, que la Justicia dicte de manera urgente una medida cautelar que suspenda los efectos de la ley sancionada el 30 de abril último en la Legislatura de Chaco para que “cese inmediatamente toda actividad de destrucción de bosque nativo que ponga en riesgo este ecosistema crucial”. La normativa reformó el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia, que implicó que más de un millón de hectáreas de bosques nativos dejaran que estar bajo la categoría de áreas protegidas para poder ser deforestadas. 

Dos lados del mostrador

Halavacs es el ingeniero agrónomo que consiguió la mayor cantidad de permisos de desmonte en la historia reciente de la provincia, sostiene la denuncia a la que accedió elDiarioAR. Este medio se comunicó con el ministro para obtener su versión de los hechos pero no obtuvo respuesta hasta el momento.

Hasta su llegada a la función pública, estaba al mando de su consultora “Hiula”, que era contratada por empresarios de la industria forestal y agropecuaria para tramitar permisos de deforestación del bosque nativo para cambio de uso del suelo. 

Desde al menos 2014, y para tramitar estos permisos, Halavacs contó con una inscripción como técnico por la Dirección de Bosques de Chaco, habilitado para gestionar permisos de cambio de uso del suelo o desmonte (CUS) en establecimientos agropecuarios o forestales con bosques nativos. 

Entre 2014 y 2021, Halavacs tramitó como consultor 353 de los 876 permisos de desmonte registrados en la Dirección de Bosques de Chaco, equivalente al 40% de todos los desmontes de ese período, de acuerdo con la denuncia presentada este miércoles en los tribunales chaqueños. elDiarioAR accedió a la documentación pública que respalda dichas estadísticas. El resto de los permisos fueron tramitados por otros 14 ingenieros agrónomos habilitados. 

Los 353 desmontes que tramitó Halavacs equivalen a unas 38.000 hectáreas de bosque perdido, principalmente en los departamentos chaqueños de Almirante Brown (100 desmontes), Maipú (73) e Independencia (43), afirma la denuncia de AAdAA. 

La denuncia también expone que, entre 2014 y 2017, Halavacs hizo en promedio los desmontes más chicos, pero entre 2018 y 2021 hizo, en promedio, los de mayor superficie. El año en que más desmontes habilitó fue 2016, cuando realizó 98 de los 196 planes de cambio de uso del suelo de ese año (el 50%), con foco en Brown. En 2020, el 70% de los 10 desmontes autorizados fue tramitado por Halavacs. 

Cuatro años más tarde, Halavacs está del otro lado del mostrador. Como ministro de Producción tiene a su cargo la subsecretaría de Desarrollo Forestal, de la que depende la Dirección de Bosques y el otorgamiento de permisos de desmontes. Es la máxima autoridad ambiental de la provincia, tras haberse eliminado -a pedido suyo, dice la denuncia- el Ministerio de Ambiente provincial. 

Otro mapa

Abogados Ambientalistas sostiene que Halavacs es parte de una “maniobra delictiva compleja que trae aparejada la destrucción de los bosques nativos de la provincia de Chaco, en pos del beneficio económico privado, apoyada en la corrupción estatal-empresarial”. 

La supuesta maniobra impacta en el desequilibrio ambiental de la región, aseguraron los expertos. Tiene efectos negativos en los ecosistemas de las provincias adyacentes (Formosa, Salta, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero) y aumenta el aporte a las emanaciones de gases de efecto invernadero y su consecuente incidencia en el calentamiento global y el cambio climático. La desaparición del bosque nativo provoca el escurrimiento de los excedentes hídricos que general, a su vez, inundaciones a nivel de cuenca y tormentas de polvo cada vez más comunes y fuertes, profundizando la actual crisis climática.

El principal hecho de esta maniobra es la modificación del mapa del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) impulsado por el gobierno de Chaco y concretado en la Legislatura de la provincia. La modificación hizo que las autoridades habilitaran que cientos de miles de hectáreas de bosques nativos protegidos pasaran a ser objetivo de deforestación. 

En un tratamiento exprés, los legisladores de Chaco votaron el cambio de la ley a las 2:40 de la madrugada del 30 de abril último, que en la denuncia es definido como “inconstitucional”. La nueva ley “reduce dramáticamente la protección de sus bosques y permitirá el avance de las topadoras sobre el ya golpeado monte nativo, territorios de campesinos e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté, el oso hormiguero, el tapir, el quimilero (especie endémica que solo existe en la región del chaco seco), entre otros, y todo a medida de las grandes empresas tanineras y el agronegocio”, afirmaron los denunciantes en el texto presentado ante la Justicia. A los responsables los llamaron “la Mafia del Desmonte”.

La modificación del mapa de los bosques nativos es “el producto final del accionar reprochable de un grupo de funcionarios, legisladores y empresarios que, con distintos roles, pero con un mismo objetivo, diseñaron un plan para arrasar el bosque nativo del Chaco y enriquecerse con la revalorización de las tierras recategorizadas, la expansión de la frontera agropecuaria, y/o la comercialización de la madera y subproductos extraídas (tanino) que son vendidos tanto en el mercado interno como en el mercado internacional”, sostiene la denuncia.

“En la provincia de Chaco se verifica una concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa, relacionada con el agronegocio (agricultura industrial, ganadería industrial y forestales) que se enriquece frenéticamente y a la vez maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses, independientemente de las distintas gestiones de gobierno”, aseguró la ONG.

Puertas giratorias

Abogados Ambientalistas aseveró que en el Chaco funcionan las “puertas giratorias”, un fenómeno definido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como “un tipo particular de circulación público-privada caracterizado por la ocupación sucesiva de altos cargos en el sector público y en el privado”. En el sistema penal argentino está tipificado en las figuras de negocios incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

Se trata, dice la denuncia, de “un grupo de personas (que) intercambian roles”, alternando la función pública y la actividad privada en funciones que tienen directamente que ver con el desmonte y la protección del bosque, “exhibiendo relaciones incompatibles y conflictos de intereses que son siempre resueltos del mismo modo, arrasando con el bosque nativo para explotarlo económicamente en forma notoriamente ilegal”.

Según la denuncia, durante uno de los períodos en el que Halavacs tramitaba los permisos de desmonte, el Subsecretario de Desarrollo Forestal (correspondiente a las gestiones de los gobernadores Domingo Peppo y Jorge Capitanich) era Luciano Olivares (hijo de Roberto Olivares, ex funcionario de la Dirección de Suelos), quien le otorgaba a Halavacs los permisos de desmonte. “Luciano Olivares acompaña ahora a Halavacs en la gestión pública como asesor legal de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal Recursos Naturales del ministerio que hoy conduce Halavacs”, dice la denuncia. En el entorno de Olivares dijeron a elDiarioAR que el exfuncionario se dedica a la actividad privada y no es asesor del ministro. Sin embargo, en su perfil de Linkedin, resaltaron los denunciantes ante la consulta, Olivares informa que es asesor legal de la cartera que antes condujo.

El nuevo mapa de ordenamiento de bosques nativos, asegura la denuncia de la ONG, “beneficia a empresas y personas a las cuales el ministro Halavacs asesoraba como ingeniero agrónomo y para quienes gestionaba los permisos de desmonte”.

Halavacs trabajó para la familia Vicentín en al menos 14 oportunidades para el supuesto desmonte de casi 5.500 hectáreas de bosque nativo. “Algunos de los establecimientos que se ubican en la ahora zona recategorizadas regresivamente por el impulso del actual Ministro Halavacs pertenecen a la familia Vicentin, como lo demuestran las pruebas que acompañamos, es decir benefició directamente a su empleador con el nuevo e ilegal OTBN”, afirmaron los denunciantes.

Nota: este artículo se corrigió el 3 de julio de 2024 a las 7:55 para modificar una mención errónea a la empresa Unitan y corregir el nombre de pila del gobernador de Chaco.

ED/DTC

La convocatoria era este sábado 8 de junio, porque el 5 fue del Día Mundial del Ambiente, en el campus de una universidad nacional del conurbano, la de San Martín (UNSAM), y se podía llegar con mate y lona para desayunar, botella para llenarla en el dispenser de la huerta allí instalada, repelente porque aún hay mosquitos, ropa de trabajo y si podían, bidones vacíos para regar y palas de punta para cavar. Llegaron unas 80 personas. Se trataba de la plantación colectiva Juntos Somos un Bosque, que organizaron la ONG Un Árbol y el Área de Sustentabilidad y Ambiente de la UNSAM. Muchos de ellos eran jóvenes que plantaban árboles por primera vez en sus vidas. A la noche a varios les dolían las espaldas. Pero valió la pena. Una movida para plantar 150 árboles nativos, como timbós, espinillos, aromitos, tarumás y coronillas -los que hospedan la mariposa argentina-, necesarios para combatir la crisis climáticas, en un año en que el Gobierno, aunque no incluyó la desprotección de bosque en la ley Bases, igualmente está logrando el objetivo que tenía en el proyecto original de congelar el presupuesto de 2023, pese a la inflación. Incluso ni siquiera está ejecutándolo.

“Tengo interés por la política ambiental internacional y me pareció una linda oportunidad y una nueva experiencia y reconectar también con esto de la naturaleza”, cuenta Ailén Nazarte, de 20 años, estudiante de la licenciatura en relaciones internacionales de la UNSAM. “Me hacía mucha ilusión intervenir en el espacio que habito todos los días. Vengo mañana, tarde, noche. Re lindo compartir esto. Conocí un montón de personas, docentes de un montón de instituciones. Una ambiente muy lindo y ojalá se puedan seguir haciendo este tipo de actividades”, comenta Ailén en el cierre de la jornada, amenizada por el músico Juan González. El día había comenzado con un desayuno saludable ofrecido por el Servicio de Diagnóstico y Tratamiento Nutricional de la universidad, a cargo de Mariela Cardozo. Después una charla sobre plantas nativas y a cavar pozos y sembrar. En los próximos meses, Un Árbol organizará otras plantaciones colectivas en Tartagal (Salta), Tigre, Lanús y San Miguel. Todo un movimiento contracultural en un país cuyo presidente, Javier Milei, niega el cambio climático provocado por el ser humano.

“La comunidad científica está totalmente de acuerdo en que el mayor desafío actual en la humanidad es la problemática climática, que es uno de los principales temas del ambiente: tenemos tres crisis importantes, que es el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación”, describe el director ejecutivo de Un Árbol, Marcos Macera. “Con estas plantaciones buscamos conmemorar lo simbólico de los bosques para el ser humano, son símbolo de vida, de abundancia, de diversidad. El árbol nativo es el símbolo del equilibrio de los ecosistemas, de la naturaleza y de la vida. Cada ecosistema tiene su propio conjunto de plantas, animales, hongos y de todos los reinos de vida que existen en el planeta. Son importantes para el equilibrio. Gracias a ese equilibrio tenemos agua potable, suelos saludables, alimentos sanos, oxígeno y aire limpio. La idea es cuidar todos estos servicios ecosistémicos que nos da la naturaleza. El cambio climático es es el mayor desafío de la historia de la humanidad. Porque por el cambio climático en muy pocos años vamos a generar un desequilibrio. Es un cambio climático antropogénico, mas allá de los cambios climáticos que siempre existieron en toda la historia del planeta, como estudia la ciencia. Es un gran desafío porque en los últimos pocos, a través de principalmente de la quema de hidrocarburos, generamos un desequilibrio en la atmósfera. Sacamos todo el carbono que estaba que estaba bajo tierra, lo que genera un efecto invernadero que calienta el planeta.”

“Cada persona emite un promedio de dióxido de carbono que va entre los cuatro y cinco toneladas anuales”, advierte Macera, mientras suena la guitarra del final. En promedio los árboles, que pueden vivir 30 años, capturan una tonelada en toda su vida. Entonces cada persona debería por lo menos plantar entre cinco y diez árboles todos los años. Eso solo para compensar cada año. Después tenemos que mirar lo que hicimos desde que nacimos hasta hoy. Entonces tenemos que hacer eficiente lo que consumimos en cuanto a la huella de carbono. Y nuestras empresas o nosotros como empleados o en los organismos, organizaciones o como emprendedores, tenemos que buscar que los servicios que hagamos dejen de tener un impacto negativo y podamos compensar ese impacto, no solo compensarnos, sino empezar a tener un impacto positivo, o sea, dejar el planeta mejor de lo que lo estamos.“

“El Área de Ambiente y Sustentabilidad de la Secretaría de Extensión y Vinculación se encarga de extender como todo el conocimiento, la experiencia y los recursos que se producen dentro de la universidad de aportarlos a la comunidad entera”, explica su coordinadora, España Verrastro. “Trabajamos con huertas, plantas nativas. La idea es concientizar y también capacitar y generar recursos educativos para que la comunidad primero se apropie de la posibilidad de transformar su ambiente y mejorarlo y hacer un estilo de vida más saludable, sustentable y pueda conectarse con la naturaleza.”

Pero esta apuesta de esta universidad pública por el medio ambiente ocurre en tiempos de ajuste del presupuesto universitario pero también del de protección de bosques nativos. En los primeros cinco meses del año en este último rubro el Estado gastó 87,6% menos que en el mismo periodo del año anterior y ejecutó sólo el 2,4% de la partida anual, según datos oficiales relevados por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). De hecho, productores agropecuarios de Salta y Jujuy comentan que este año no recibieron ni un peso. En la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señalan que el presupuesto de protección de bosques se mantuvo en pesos igual que en 2023, pese a la inflación proyectada de más del 140%. En el proyecto original de la ley Bases se incluían dos artículos para reformar la norma de bosques, uno para permitir talar áreas protegidas y otro para derogar el artículo que estipulaba que el 2% del presupuesto nacional debía destinarse a la materia, objetivo que nunca cumplieron gobiernos anteriores. Después, el Gobierno de Milei dio de baja el primer cambio y dejó el segundo, aunque con la promesa de mantener el gasto de 2023. La propuesta también provocó rechazos porque igualar el presupuesto del año pasado implica reducirlo en un 60% en términos reales. Finalmente, la ley Bases, que este miércoles tratará el Senado, excluyó cambios a la norma de bosques, pero igual se congeló el presupuesto, como en muchas otras áreas del Estado.

“Claramente hay un cambio en el tema climático”, se refiere el director ejecutivo de Un Árbol a la llegada al poder de un negacionista climático. “Hoy las secretarías y las personas que venían trabajando ya hace un montón de años en estos temas no tienen una dirección clara. La visión política hoy es distinta a la científica. Acá no voy a hablar de política, ni partidaria ni ideológica, sino que nosotros buscamos las cuestiones científicas. El Gobierno dijo igual que seguimos con el Acuerdo de París (contra el calentamiento global), no es que nos fuimos de todo los acuerdos firmados, pero a nivel ejecutivo no tenemos las herramientas si no tenemos el dinero disponible. Esta semana estuve en el Argentina Carbon Forum, un foro súper importante. Estuvieron provincias de la Argentina, muchos países de Latinoamérica, empresas, y vimos que desde el Ejecutivo los representantes mantienen la misma postura, pero fueron muy enfáticos en que está difícil la cosa. Ahora en Chaco también hay una ley que abrió la posibilidad de deforestar un millón de hectáreas. El mundo está yendo hacia otro lado. O sea, a partir del 2025, la Unión Europea sólo importará granos y carnes de tierras libres de deforestación a partir del 2020. En el foro estaban emprendedores, activistas, también empresas como Bayer, que ya tiene un canal de agricultura regenerativa. O sea, el mundo está yendo hacia otro lado, las empresas están yendo hacia otro lado. Se necesita más vocación política”, concluye Macera. En la apertura del Argentina Carbon Forum, este martes y miércoles en Buenos Aires, expusieron dos funcionarias: Marcia Levaggi, subsecretaria de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Ana Vidal de Lamas, subsecretaria de Ambiente, que está a las órdenes del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, el cambiante Daniel Scioli. Entre los expositores también figuraron representantes de la certificadora de captura de carbono Verra, la química alemana Bayer, la eléctrica Genneia, la empresa de forestación GMF o la cerealera Bunge. A contramano de la política oficial, provincias, empresas, universidades, organizaciones ambientales y ciudadanos de a pie comienzan a adoptar pasos para reforestar.

AR/JJD

El coche discurre con cierta dificultad por una de las sendas interiores del Parque Nacional Iguazú, en el extremo noreste de Argentina. La lluvia reciente ha dejado resbaladiza y encharcada la senda arcillosa y rojiza que parece aumentar su brillo bajo el sol de la mañana. Diego Varela, presidente del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA), aporta su experiencia en la firmeza de la conducción. De pronto detiene la marcha, señala un árbol que sobresale por encima de los demás y pregunta: “¿Lo conoces? Es un palo rosa, una especie diferente a todas que, por desgracia, está En Peligro de extinción”.

De porte extraordinario, el tronco recto y de corteza rugosa se eleva casi hasta hacerle cosquillas a las nubes. Desde abajo puede apreciarse el tortuoso camino que trazan sus ramas en busca de la luz por encima del dosel de la selva, pero a cambio apenas se adivinan las hojas verdes, ovaladas y lustrosas que forman su copa. Si las hubiera, sería imposible distinguir las diminutas flores blanquecinas, y al no ser época reproductiva, no hay vainas de semillas a la vista. Aun así, el conjunto impacta e impone respeto.

Los ejemplares de Aspidosperma polyneuron, como lo denomina la ciencia, suelen mirar desde arriba al resto de componentes de la Selva Paranaense —también conocida como  Bosque Atlántico— que cubre áreas del sur de Brasil, el oriente de Paraguay y la provincia de Misiones. En ese bioma muy particular fructifican tanto especies de los bosques secos como de la Amazonía. En todo caso, se trata de un ecosistema extremadamente alterado. En amplias extensiones, la deforestación ha devastado el paisaje nativo, transformándolo en zonas para cultivo, explotación ganadera o plantación forestal.

“Se estima que entre 1921 y 1926 se sacaron, de lo que hoy es el Parque Nacional Iguazú, unas 75.000 piezas (90.000 metros cúbicos de madera)”, puede leerse en el libro Uso sostenible del bosque: aportes desde la silvicultura argentina, firmado por Pablo Luis Peri y colaboradores. Una de ellas, Paula Campanello, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), escribió junto a su colega Norma Hilgert el capítulo correspondiente a Misiones. “En la provincia hay gente que niega sistemáticamente que se haya cortado palo rosa. Es cierto que no existen registros, pero no cabe duda de que se ha talado muchísimo y por eso queda muy poco”, afirma la científica, que además fue profesora de Fisiología Vegetal y Silvicultura en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Misiones.

Aun así, la Selva Paranaense es casi una excepción dentro del panorama general de los bosques nativos de Argentina. De acuerdo con el monitoreo realizado por los organismos nacionales, entre 1998 y 2022 se perdieron en todo el país 6,4 millones de hectáreas de coberturas vegetales, principalmente por extensión de la frontera agropecuaria. El 87% de ellas, pertenecientes a la región chaqueña. Dentro de ese panorama desolador, el Bosque Atlántico, si bien redujo su extensión en Misiones en ese lapso, un hecho de por sí grave, lo hizo en mucha menor proporción (un 17%, para un total del 76% de su área original, si se suman las pérdidas en Brasil y Paraguay).

Perteneciente a la familia Apocynaceae, el palo rosa (peroba rosa, en Brasil o yvyrá romí, en lengua guaraní) tiene hoja perenne, o sea, que no cae de manera estacional. Recibe su nombre por una característica no observable a simple vista: “Cuando se corta, el interior de la madera tiene un color salmón, entre rosado y rojo, realmente alucinante. Y también un aroma bellísimo, dulzón, muy perfumado, que recuerda a las rosas”, describe Emilio White, fotógrafo especializado en naturaleza y biodiversidad, que trabaja en la producción de documentales para la BBC británica y ha realizado varios trabajos específicos retratando ejemplares de esta especie.

No fue la peculiaridad de su tonalidad rosada, que pierde relativamente pronto una vez que el interior del tronco se oxida al contacto de la luz y el aire, la que despertó el ansia de los productores forestales. Tampoco la dureza de su madera, mucho menor a la de otras especies arbóreas habitantes de los montes misioneros. Otros fueron los factores que jugaron en su contra hasta condenarlo a una explotación voraz.

Un gigante que crece en comunidad

Uno de los factores que hicieron de este árbol una pieza codiciada deriva de su tamaño: puede llegar a medir más de 30 metros de altura y seis de diámetro. 

El palo rosa es considerado especie clave del bosque semidecidual estacional, debido a su aporte de superficie de biomasa, es decir, de materia vegetal, que puede alcanzar hasta el 40% del total, según datos de un estudio realizado en la Universidad de Londrina, Brasil, y publicado en 2005. 

Otro factor fue indirecto. 

A principios del siglo XX la tala desmedida fue disminuyendo de manera acelerada los lapachos (Handroanthus heptafyllus), inciensos (Myrocarpus frondosus) o cedros (Cedrela fissilis), árboles de madera dura que cotizaban mejor en los mercados, lo que hizo que el palo rosa pasara de ser segundo plato a primero para ser utilizado durante décadas en las industrias de la construcción o la mueblería.

La preferencia por la especie en Brasil agudizó la situación. En el libro de Peri y colaboradores se indica que antes de que iniciara su explotación “constituía entre el 30 y el 60% del estrato emergente, mientras que en el estado brasileño de Paraná llegaba a un 60 u 80%”.

La depredación del palo rosa en Brasil estimuló su búsqueda en Paraguay y Argentina. Desde el norte de Misiones, la cercanía con Brasil y la conexión a través de los ríos facilitaba el traslado directo, “lo que explicaría la falta de registros en aserraderos locales”, según los autores del mismo libro. El resultado es que en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la especie está categorizada como En Peligro desde 1998. En Argentina, en cambio, no existe un registro exacto ni actualizado de árboles amenazados. En todo caso, el palo rosa se encuentra siempre presente en las diversas listas realizadas por universidades, centros de investigación o entidades ambientalistas.

La declaración en 1992 del palo rosa como Monumento Natural Provincial de Misiones, que prohibió su tala y comercialización, puso freno a la declinación de su población, aunque no puede impedir que cada tanto se conozcan casos puntuales de pérdida de individuos. Así, en 2014 fueron tumbados 17 árboles en la ciudad de Comandante Andresito, última población argentina antes de alcanzar la frontera con Brasil por la ruta 19. Y en mayo de 2020, en plena pandemia de COVID-19 y en la misma zona, fue denunciado de manera anónima el corte de un palo rosa con una edad estimada en 500 años. La sanción prevista para este tipo de acciones es una multa, cuyo importe suele quedar rápidamente desactualizado debido a la alta inflación que padece el país.

En el Parque Nacional Iguazú, visto desde la distancia, el palo rosa que Diego Varela señala destaca por su porte en medio del verdor. Parece solitario, aislado de cualquier otro congénere. Si así fuera sería una rareza. “Es un árbol que crece en comunidad, como mínimo siempre se encuentran tres o cuatro juntos”, dice White. De hecho, los individuos que se conservan en medio de extensiones deforestadas, dedicadas a la agricultura o el ganado acaban sucumbiendo. Sin la protección del bosque, sus raíces superficiales y su gran altura lo debilitan ante los fuertes vientos que suelen asolar la zona.

Pocos estudios para un coloso 

En la chacra de la familia Waidelich hay muchos más individuos. Situado a dos kilómetros de Andresito, el predio conserva un vergel que ocupa 60 de sus 150 hectáreas totales. “No tenemos contabilizados cuántos ejemplares hay, pero son dos rodales [denominación que recibe una comunidad uniforme de árboles en un bosque] que deben sumar más de un centenar de palos rosa. Tenemos más de 70 viejos y el resto son renovales [ejemplares jóvenes]”, subraya Ricardo Waidelich, quien en la actualidad está a cargo de la finca.

De todos ellos, un individuo atrapa todas las miradas. Se trata de un palo rosa de más de 30 metros de altura y casi seis metros de diámetro, cuya edad puede rondar los 300 años, según Verónica Waidelich, la hija de Ricardo. Aunque su padre, productor forestal y agropecuario, asegura que hay expertos que extienden esa cifra hasta los 500 años. El año pasado, el gigantesco ejemplar fue presentado al concurso “Colosos de la Tierra”, que organiza A Todo Pulmón, organización no gubernamental paraguaya. No ganó el primer premio, pero el sólo hecho de presentarlo sirvió para que la comunidad misionera recordase el significado patrimonial de la especie.

“Mi padre Johannes y mi hermano Otto se anotaron como beneficiarios de un predio dentro de una nueva colonia planificada en la zona en la década de los ochenta. La idea era tener una chacra para cultivar yerba mate u otra cosa, pero eligieron esta porque a mi padre le impresionó la cantidad de árboles que había en un lugar tan reducido”, comenta Ricardo Waidelich, para agregar que la familia, descendiente de alemanes de la Selva Negra, tomó desde el principio la decisión de “dejar todo en pie, sin tumbar estos árboles que valen más que cualquier otro cultivo”.

Los palos rosa gobiernan el área, donde también puede verse un alto número de palmitos (Euterpe edulis), palmas que son sus acompañantes habituales en los bosques misioneros, así como de orquídeas y chachíes o helechos bravos (Cyathea atrovirens), más algunos cedros, alecrines (Holocalyx balansae), ficus, inciensos y guatambúes (Balfourodendron riedelianum). La conjunción del palo rosa y el palmito define una de las tres variantes de selva semidecidual estacional que pueden encontrarse en Misiones. Las otras dos están caracterizadas por la presencia de guatambú y laurel; y por el pino Paraná (Araucaria angustifolia).

“No creo que haya una asociación estricta u obligada entre el palo rosa y el palmito. Coinciden en algunos lugares de su distribución, porque por ejemplo ninguno de los dos prospera en zonas de heladas o temperaturas bajas, pero hay sitios donde una especie está y la otra, no. El palmito es típico de bosques húmedos, y el palo rosa crece en los secos. Es un tema que no está bien estudiado, falta información ecofisiológica”, explica la doctora Campanello.

La escasez de conocimientos sobre el palo rosa es una dificultad mayúscula para afrontar la lucha por evitar su extinción. Su corteza agrietada y su altura, por ejemplo, brindan un refugio ideal para plantas epífitas, lianas y orquídeas, pero si algunos especialistas hablan de orquídeas que crecen exclusivamente en los troncos de palo rosa, otros dudan de esta posibilidad. La envergadura, que aleja la copa del árbol de depredadores, es el sitio perfecto para que aves como el águila harpía (Harpia harpyja) aniden o la utilicen como posadera, aunque existen pocas referencias al respecto.

Los principales estudios provienen de Brasil, pero no alcanzan a desentrañar todos los patrones que rigen la vida de estos árboles. Paula Campanello brinda algunos parámetros, que ella misma juzga incompletos: “Es una especie de distribución disyunta. En el continente se encuentra en la Caatinga del nordeste brasileño, que es muy seca, pero también en Misiones, que es un ecotono. Suele asentarse sobre suelos profundos, pero de pronto encontramos individuos en terrenos pedregosos”, comenta.

Fragmentación del hábitat, el gran enemigo

Además de la depredación sufrida durante décadas, la fragmentación del hábitat y la lenta reproducción de la especie atentan contra su supervivencia a largo plazo. “La manera de asegurarla es contar con la mayor cantidad de bloques continuos de bosque, enriqueciendo las reservas y áreas donde queden ejemplares en pie”, señala Pablo Cortez, ingeniero forestal y jefe de área de Medio Ambiente y Comunidades de la empresa forestal Arauco, poseedora de un predio de 264.000 hectáreas en el norte de Misiones, de las cuales destina 119.500 a la conservación del bosque nativo.

La Reserva Forestal San Jorge, uno de los espacios que Arauco mantiene al margen de la actividad productiva, asombra por la profundidad e inmensidad de la selva. Son 16.500 hectáreas que limitan con el Parque Nacional Iguazú al norte y el Parque Provincial Urugua-í al sureste, conformando un corredor biológico de más de 160.000 hectáreas. Es allí donde existen tres reductos donde los grandes ejemplares de palo rosa son amos y señores. Llamados perobales, por el nombre que el árbol recibe en Brasil, cada uno exhibe entre 120 y 150 ejemplares: “Son como tres manchones de selva donde uno se encuentra con gigantes que pueden tener unos 500 años. Suponemos que en el pasado remoto debió haber en la zona algún hecho disruptivo que facilitó la generación de semejante estrato”, describe Cortez.  

Las posibles edades de los individuos de San Jorge remiten a los tiempos en que los indígenas guaraníes dominaban la región. Llamativamente, para ellos el palo rosa no parece haber sido un árbol utilizado ni venerado de modo especial. El antropólogo y etnólogo paraguayo León Cadogan (1899-1973) fue, posiblemente, el mayor estudioso de la vida y costumbres de los pueblos originarios del lugar. En su prolífica obra, que incluye tratados sobre etnobotánica, medicina popular o mitología, no aparecen referencias al Aspidosperma polyneuron, relegado por otras especies, como el cedro, el lapacho o la palmera pindó (Syagrus romanzoffiana).

Es un árbol que crece en comunidad, como mínimo siempre se encuentran tres o cuatro juntos.

Emilio White — Fotógrafo especializado en naturaleza y biodiversidad.

¿Habrán sido los habitantes de entonces quienes crearon en la selva los espacios para que proliferen los palos rosa que hoy se pueden contemplar? La respuesta queda en el territorio de las hipótesis. La posibilidad, sin embargo, no resulta del todo remota.

Los individuos que componen los perobales de San Jorge son casi en su totalidad maduros, sin otros de edades intermedias o más noveles, y algo semejante ocurre en el predio de los Waidelich. “Para crecer, el palo rosa necesita luz. No hace falta que sean lugares demasiado abiertos, pero sí claros que pueden estar producidos por la caída de un árbol. Si tienen demasiada sombra, las plántulas que hayan germinado terminan dañadas o se mueren”, indica Campanello.

Para colmo de males, cuando alguna tormenta de las que abundan en Misiones tumba uno de estos colosos selváticos, aparecen competidores más rápidos para ocupar el lugar que se generó. “Misiones es una región lluviosa, y salvo que la deforestación sea total y el suelo quede desnudo, los bambúes o tacuaras colonizan los espacios abiertos a una velocidad inalcanzable para cualquier especie arbórea. Una vez que esto sucede, el bambú forma un colchón de hojas de descomposición muy lenta que cambia toda la biota del suelo: aparecen otra fauna, otros microorganismos, y el crecimiento de un árbol se vuelve imposible”, puntualiza Campanello.

La fragmentación del hábitat, al margen de conspirar contra la expansión de la especie, afecta su variabilidad genética, tal como sucede con las poblaciones de animales que quedan aisladas de sus congéneres. 

En el estudio realizado por la Universidad de Londrina puede leerse: “Restringir el flujo genético podría perjudicar fuertemente la supervivencia de poblaciones de menos de 100 individuos”. También indica que “unos pocos migrantes por generación podrían contribuir a revertir esta situación a largo plazo, pero en poco tiempo esto solo podría lograrse mediante el trasplante de plántulas, debido a la reproducción tardía de la especie”.

Un enérgico programa de enriquecimiento

El palo rosa tiene flores muy pequeñas, de color blanco-amarillento apagado y prácticamente imperceptibles, y solo produce frutos cada dos o cuatro años. Estos frutos son unas parduscas vainas alargadas que se abren y dispersan sus numerosas semillas a través del viento. Las semillas poseen un alto poder germinativo pero su período de latencia es muy corto: pierden su viabilidad al cabo de pocos días si las condiciones climáticas y de luz no favorecen que fructifiquen. “La mortalidad de las plántulas es altísima, por factores muy diversos”, puntualiza Paula Campanello: “Puede ocurrir que el año que da semillas las condiciones no sean favorables, por sequía, un verano sin lluvias; o por depredación de insectos, roedores y otros animales. Así, esa camada se pierde por completo y hay que esperar al siguiente ciclo para que surjan nuevos individuos”.

Los encargados de la conservación de los perobales de la Reserva San Jorge han decidido enfrentar directamente el problema de la lentitud reproductora del palo rosa. “Como no encontramos árboles de edades intermedias, lo que hicimos fue implementar un trabajo de enriquecimiento. Desde el año 2013, y a partir de una tanda de semillas que habíamos logrado cosechar, se han ido estableciendo parcelas aledañas a los sitios donde se encuentran los ejemplares maduros. En ellas fuimos plantando entre ocho y diez renovales de palo rosa, acompañados de lapacho, incienso, guayubira (Cordia americana), timbó (Enterolobium contortisiliquum) o cañafístula (Cassia grandis)”, cuenta Pablo Cortez. Y añade una novedad: “Hemos logrado reproducir palos rosa de manera agámica o asexual, con estacas o rebrotes, un método del que no existían precedentes para la especie”.

Las últimas cifras permiten valorar el trabajo realizado por los técnicos de Arauco. Cortez los enumera: “Hoy tenemos 613 individuos plantados y otros 500 o 600 en vivero. Los primeros que instalamos en las parcelas tenían una supervivencia de un 88% a los cuatro años, y una altura promedio de 1,34 metros, pero con ejemplares que alcanzaban 1,80 metros”.

Con cantidades más modestas, también los Waidelich iniciaron un proceso semejante: “En un parque abierto plantamos una partida de ejemplares que ahora ya tienen entre uno y 1,5 metros de altura”, señala Ricardo Waidelich. A su vez, la Facultad de Ciencias Forestales de Misiones posee su propio programa de enriquecimiento en la Reserva de Usos Múltiples Guaraní, en el noroeste de la provincia.

El registro llevado a cabo en Arauco permite establecer un promedio de crecimiento relativamente lento de 31 centímetros al año, dependiente de las condiciones climáticas y la cantidad de lluvias de cada temporada, y confirma los estudios realizados en Brasil. En ellos se indica que el tronco de un palo rosa joven necesita de diez a quince años para alcanzar un diámetro de apenas cinco centímetros.

La intención del área de conservación de la empresa forestal afincada en el norte de Misiones, que además de San Jorge posee en la zona otros tres predios de bosque nativo, es ampliar la experiencia de enriquecimiento fuera de sus fincas: “Estamos en condiciones de generar entre 200 y 300 individuos por año. La idea es trabajar con los investigadores de CeIBA y replicar nuestra fórmula dentro del Parque Nacional Iguazú, siempre que la Administración de Parques Nacionales esté de acuerdo”, informa Cortez.

De uno u otro modo, el palo rosa se aferra a este tipo de iniciativas para mantenerse vivo y, quizás, recuperar su esplendor de antaño en un futuro que por ahora, lamentablemente, parece todavía lejano.

Nota: este artículo fue corregido el 31 de mayo de 2024 a las 13:14.

ED

A contramano de la política y los intereses económicos más poderosos de Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero, un equipo interdisciplinario de investigadores del Conicet y universidades públicas hicieron este lunes un llamado desesperado a las autoridades: el felino más grande de América ingresó en la etapa más crítica de su existencia en el Gran Chaco argentino, de acuerdo a la exposición que realizaron los expertos de Proyecto Yaguareté, una iniciativa de investigación y conservación del yaguareté que forma parte además de la Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA). 

El equipo está conformado por científicos de tres institutos diferentes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de tres universidades nacionales de Argentina: las de Río Cuarto, Córdoba y Misiones. 

En una conferencia organizada por Greenpeace, tres de los científicos presentaron la herramienta Paisaje Óptimo para la Conservación del Yaguareté (POCY Chaco), que desarrollaron tras analizar la información que vienen acumulando desde hace dos décadas para intentar salvar al tercer felino más grande del mundo y el depredador tope que regula como ningún otro mamífero al ecosistema que habita. Por esa razón, conservarlo es, por default, preservar al bosque nativo con el que se arrasa en pos de los grandes pooles de siempre, la ganadería extensiva y la industria taninera. 

Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace y moderador del encuentro, sostuvo que “los científicos especialistas en yaguareté destacan la necesidad de frenar la deforestación para que la especie pueda sobrevivir en la región chaqueña. El trabajo deja bien claro cuál es el territorio a proteger del avance de las topadoras. Esperemos que la Corte Suprema actúe rápido y pare este ecocidio”. 

La organización ambientalista presentará los resultados de este trabajo ante el máximo tribunal del país, donde los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti tienen pendiente analizar un amparo presentado hace más de cuatro años en nombre del yaguareté para frenar los desmontes en Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta, la región más crítica para este felino, que también se encuentra en la selva misionera y en las Yungas jujeñas. Además, ha sido introducido por Rewilding Argentina en el Iberá, Corrientes.

“Combinando la información de presencia de yaguareté de los últimos 20 años, con un exhaustivo análisis de las amenazas a la especie, e incluyendo las condiciones socioambientales de la región chaqueña, pudimos construir esta herramienta de planificación territorial y toma de decisiones, y así dar respuesta a una de las acciones prioritarias de los planes para conservar la especie”, afirmó la doctora Verónica Quiroga, investigadora del Instituto de Diversidad y Ecología Animal del Conicet y la Universidad Nacional de Córdoba.

“Nos pareció necesario y urgente presentar estos resultados ahora, debido, entre otras cosas, al recientemente aprobado Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia del Chaco que representa un serio retroceso en materia de conservación de los bosques”, expuso Quiroga. “Este nuevo mapa de OTBN, aprobado sin consenso de ambientalistas, pobladores y científicos, incluye la regresión ambiental de muchas hectáreas importantes para el yaguareté, ahora habilitadas para nuevos desmontes. Está claro que si la deforestación y la cacería siguen al ritmo actual en la región, en pocos años no tendremos más yaguaretés en los bosques chaqueños de argentina”, añadió.

Cercados por el poder económico

Las problemáticas que comprometen la existencia del yaguareté en el Gran Chaco argentino pueden reducirse actualmente a dos variables: la deforestación del bosque nativo para la extensión de la frontera agropecuaria y la producción de la industria taninera; y la cacería deportiva, explicó Quiroga. El territorio del yaguareté se ha reducido en un 50% en todo el continente, donde también se lo conoce como jaguar. Argentina es el país donde esa reducción de territorio caló más hondo. 

De este felino, Monumento Natural Nacional y monumento natural en las provincias donde arrasan con su hábitat, sólo quedan entre 15 y 20 ejemplares en el Gran Chaco argentino. En los últimos 20 años, aseguró Quiroga, los científicos sólo han podido registrar a una sola hembra con las cámaras trampa y registros de pobladores de los campos. El resto de los 135 registros han sido machos.

El doctor Carlos De Angelo, investigador del Conicet en el Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente (ICBIA), de la Universidad Nacional de Río Cuarto, sostuvo que la herramiento que desarrollaron construye un modelo preliminar de hábitat, localizando las zonas de bosque nativo que actualmente están conservadas en las condiciones óptimas para que el yaguareté pueda sobrevivir. Tomaron registros de los últimos 20 años -135 imágenes y localizaciones de ejemplares de este felino, casi todos machos- y buscaron determinar cuáles son las condiciones del hábitat en esos puntos: posibilidades de refugio, alimento y condiciones de traslado y del paisaje.

El yaguareté necesitan grandes extensiones de territorio de bosque nativo. Buscaron las zonas con ríos principales y sin cultivos. El resultado fue que al yaguareté le queda apenas el 3% del área estudiada en condiciones aptas para su supervivencia.

Este pequeño porcentaje, además, es de zonas muy separadas por monocultivos. Por eso, propusieron crear áreas aledañas a este 3% del territorio que estén protegidas y donde se pueda recuperar el bosque nativo y las condiciones para proteger al felino. Demandan acciones urgentes para que el yaguareté sobreviva.

El felino también es amenazado por los conflictos con el humano, que termina cazando al animal por miedo, cuestiones culturales o por la matanza de ganado. Los científicos de Proyecto Yaguareté trabajan con los lugareños para evitar estas cacerías. Pero solicitan a las autoridades que tomen cartas en el asunto con la caza deportiva, algo que no ha mermado en el último tiempo, explicaron.

El doctor Agustín Paviolo, investigador del Instituto de Biología Subtropical de Misiones (IBS) del Conicet y la Universidad Nacional de Misiones, que coordina Proyecto Yaguareté a nivel nacional, expresó: “El yaguareté no sólo es un Monumento Natural Nacional al que debemos preservar por su valor como especie, sino que por sus grandes requerimientos de hábitat es una especie que llamamos ‘paraguas’ y que nos ayuda a planear paisajes que pueden preservar un gran número de especies y al bosque en su totalidad”. Y agregó: “Tener un paisaje de conservación para el yaguareté en la región chaqueña es clave, este tipo de herramientas espacialmente explícitas es una forma muy simple y efectiva de transferir el conocimiento científico hacia los sectores de toma de decisiones”.

Nota: este artículo se corrigió por un error de tipeo el 21 de mayo de 2024 a las 11:19.

ED / NB

Greenpeace anunció que denunciará ante el máximo tribunal la ilegalidad de la nueva ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos sancionada por la legislatura chaqueña. La misma se realizó sin participación indígena y permitirá el desmonte de más de un millón de hectáreas. La organización señaló que la norma desprotege corredores de conservación de grandes mamíferos como el yaguareté y legaliza las recategorizaciones prediales otorgadas en forma irregular en la gestión de Peppo.

“A las 2.40 de la madrugada, y de espaldas al pueblo, la legislatura de Chaco votó una ley que reduce la protección de sus bosques y permitirá el avance de las topadoras sobre territorios de campesinos e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Llevaremos la denuncia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, alertó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. 

En noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su competencia para resolver un recurso de amparo presentado en 2019 por la asociación ambientalista Greenpeace a favor del yaguareté y en contra de las provincias de Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero por permitir la destrucción de su hábitat y violar lo establecido por la Ley de Bosques Nativos. 

La organización ecologista advirtió que incorporará a la causa la denuncia sobre la nueva normativa forestal de Chaco porque la misma “no respeta el principio de no regresión ambiental ya que permitirá el desmonte en zonas actualmente clasificadas en la Categoría II – amarillo, al pasarlas a Categoría III – verde, algo prohibido por la normativa nacional. Se trata de un área de corredores de conservación y de amortiguamiento del Parque Nacional Copo, la Reserva La Pirámide y la Reserva Provincial Loro Hablador. Esto pone en riesgo la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté. De esta forma no se cumple con los Criterios 1, 2, 3, 4 y 5 de Sustentabilidad Ambiental establecidos por la Ley Nacional de Bosques”. (1)

Por otra parte, Greenpeace destacó la falta de participación de pueblos originarios en la elaboración de la nueva zonificación: “no se realizaron talleres en sus territorios y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por Argentina. La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas”.

Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022 en la provincia de Chaco se desmontaron 485.162 hectáreas. El monitoreo satelital que realiza Greenpeace detectó la deforestación de 57.343 hectáreas sólo en 2023. Es importante destacar la ilegalidad de la totalidad de las hectáreas desmontadas durante 2021, 2022, 2023 y lo que va de 2024, ya que los desmontes se encuentran suspendidos por la justicia provincial, desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. (2)

La organización advirtió que el nuevo Ordenamiento “permitirá el desmonte legal de más de un millón hectáreas, una superficie sumamente excesiva teniendo en cuenta la alta deforestación que viene teniendo la provincia en las últimas tres décadas, y que Argentina firmó en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en el año 2022 un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030. Las actualizaciones de los OTBN de las provincias deberían ir en esa dirección”. (2)

AB con información de prensa www.greenpeace.org.

La situación de los bosques del norte de la Argentina es crítica. Según un informe de Greenpeace, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, se estima que entre enero y septiembre de 2023 la deforestación en Chaco alcanzó las 41.848 hectáreas; en Santiago del Estero 30.828 hectáreas; en Formosa 12.498 hectáreas; y en Salta 5.582 hectáreas. Esto representa un total de 90.755 hectáreas y equivale a una superficie de 4,5 veces la ciudad de Buenos Aires. El problema es 21% más grave que en el 2022 y la mayoría de los desmontes son ilegales.

“Es muy preocupante este aumento de la deforestación y, sobre todo, que la mayoría sea ilegal. Resulta evidente que las multas económicas no son suficientes como sistema de disuasión. Cuando son bajas, los empresarios las incluyen como parte de los costos de producción; y cuando son altas ponen sus abogados para no pagarlas. Además, casi nunca se reforesta. Por otro lado, es claro que hay complicidad de muchos funcionarios en la violación de la Ley de Bosques”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

La principal causa de la pérdida de bosques, sobre todo en la región del Gran Chaco -el segundo ecosistema forestal más grande del continente- es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja que en gran medida se exportan a Asia y Europa, informaron desde el movimiento global por el medio ambiente.

“Es hora de terminar con la impunidad de arrasar con nuestros bosques. Convocamos a la gente a participar de la Consulta Popular para votar si está de acuerdo con penalizar a los responsables de desmontes ilegales e incendios forestales. La deforestación provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que nos obliga a actuar en consecuencia”, señaló Giardini. 

La consulta popular promovida por Greenpeace está disponible en www.votaporlosbosques.org hasta hoy inclusive y los resultados se presentarán en el Congreso de la Nación.

En estos días el gobierno de Chaco convoca a audiencias públicas para “adecuar” un mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos propuesto por su Ministerio de Producción. Esta convocatoria debe ser suspendida debido a que representa una nueva trampa a los procedimientos técnicos, participativos y administrativos establecidos por la Ley 26.331, por los motivos que se describen a continuación.

Primero, la propuesta de ordenamiento territorial de bosques nativos que el Ministerio de Producción planea presentar en las audiencias públicas viola los principios de la Ley de Protección de Bosques Nativos. ¿Por qué? Porque su elaboración no cumplió con los procedimientos técnicos establecidos y el mapa resultante es regresivo. ¿Qué significa? Significa que bosques con alto valor de conservación son categorizados como de bajo valor de conservación para permitir su desmonte total y favorecer a las empresas agropecuarias y forestales que presionan al gobierno para flexibilizar las regulaciones.

Segundo, no se cumplen las condiciones para consultar a la población sobre asuntos ambientales, las cuales están establecidas en acuerdos internacionales (Escazú) adheridos por Argentina. ¿Por qué? Por un lado, porque no se informó previamente a la población sobre qué materia se le va a pedir su opinión, ya que el “nuevo” mapa no fue presentado públicamente. Por otro lado, porque los espacios de consulta no son espacios públicos y seguros, ya que se convoca a audiencias públicas en las sedes de asociaciones empresarias forestales, las mismas que presionan al gobierno para que les habiliten más desmontes y que han amenazado a funcionarios, científicos y ciudadanos. 

Tercero, este mapa y convocatoria ilegales tienen lugar en el marco de un proceso de actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos de Chaco absolutamente nulo. ¿Por qué? Porque varios pasos administrativos previos no han sido cumplidos. Por un lado, el intento previo del gobernador Capitanich de actualizar el ordenamiento territorial por decreto requería una ratificación por el Poder Legislativo que nunca ocurrió. Por otro lado, este nuevo intento de actualización apurado e ilegal es promovido en forma unilateral por la cartera de producción, sin participación de la cartera de ambiente, la cual junto con el primero forman el Consejo Provincial de Ambiente que es el ámbito creado por el gobernador para administrar el uso de los bosques del Chaco. 

Por estas y otras razones debe suspenderse de inmediato esta nueva avanzada del gobierno del Chaco para violar las leyes que protegen los últimos bosques nativos de la provincia y del país. El gobernador Capitanich se empeña en darle curso a procedimientos viciados de nulidad mientras la falta de claridad política y legal es aprovechada por transnacionales tanineras, pooles de siembra extra-provinciales y entregadores locales para desmontar ilegalmente. Ya van más de 250.000 hectáreas desmontadas ilegalmente en los 13 años de Ley de Bosques en Chaco (30.000 hectáreas sólo en el último año). ¿Hasta cuando la dirigencia política del Chaco seguirá habilitando el saqueo de los bosques nativos?

El gobernador Capitanich dio algunas señales en favor de la protección de los bosques al aumentar el monto de las multas a quiénes realizan desmontes ilegales, pero a la vez avaló cambios arbitrarios y regresivos en el único mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos que tuvo sustento técnico, permitiendo la expansión de la frontera agropecuaria sobre los últimos bosques del Impenetrable Chaqueño. En el contexto de calentamiento global y colapso de la biodiversidad que vivimos no hay tiempo para políticas duales de protección de nuestros últimos pulmones verdes y refugios de vida silvestre. 

Con una política de Estado de protección de los bosques nativos que aún conserva, la provincia del Chaco podría convertirse en un modelo de desarrollo sustentable para la región. Sin embargo, la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco donde se aloja la corrupción que ha permitido la aceleración de los desmontes ilegales sobrevive impune a los gobiernos tanto radicales como peronistas. Es hora de que la dirigencia política del Chaco realmente escuche a la población, no en tramposas audiencias públicas, sino en el reclamo masivo en favor de un ambiente sano para nuestra generación y las futuras. 

La conservación de la selva no sólo es vital, sino que puede generar un gran beneficio económico a la Amazonia brasileña: 7.400 millones de euros extra para el PIB de 2050 respecto al escenario de referencia y 312.000 empleos más de los actuales.

Así de contundente es la conclusión del último estudio del World Resources Institute (WRI) Brasil titulado 'Nueva Economía para la Amazonia'. La conservación de la selva no sólo permitiría a Brasil cumplir con los Acuerdos de París sobre el calentamiento global, sino que provocaría crecimiento económico.

El estudio describe qué ocurriría en 2050 si se conservara la selva Amazónica brasileña y se recuperara parte del bosque degradado: se evitaría, entre otras cosas, la deforestación de 59 millones de hectáreas y las emisiones de carbono caerían un 94%.

De esta manera, se esquivaría el punto de no retorno de la Amazonia, que los científicos fijan en 2029. Si no se hace nada por remediarlo, en esa fecha la selva no conseguirá garantizar las lluvias necesarias para su propia existencia, hecho de consecuencias desastrosas para todo el planeta.

La bioeconomía

El estudio de WRI se centra en una actividad pujante que no había sido tenida en cuenta hasta ahora y denominada bioeconomía. El cultivo de azaí, una fruta energética que se exporta a todo el mundo, es un buen ejemplo: “La bioeconomía no se define por el producto, sino por el proceso. El azaí producido con monocultivo es una commodity [materia prima]. El azaí producido en sistemas agroforestales, diseminado en tierras con otros usos y rica en selva, es bioeconomia”, asegura a elDiario.es Fernando Barbieri, economista de WRI Brasil, uno de los coordinadores del informe.

Las prácticas de la Cooperativa Agrícola de Tome Açu (C.A.M.T.A), en el estado de Pará, visibilizan el funcionamiento de la bioeconomía. “Tenemos recetas para que el agricultor tenga cosecha continua. Cupuazú durante seis meses. Después se comienza a producir cacao. Luego, pimienta negra. Se acaba el año con azaí”, afirmaba Alberto Oppata, presidente de C.A.M.T.A, al programa televisivo Globo Reporter.

Además, la bioecomomía no es incompatible con la agropecuaria: “El agricultor es bienvenido en la Amazonia siempre que no deforeste y que trabaje en áreas infra aprovechadas”, señalaba al mismo programa Beto Veríssimo, cofundador del Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon).

La economía indígena tiene especial peso en la bioeconomía: del cultivo de alimentos a la distribución de hierbas medicinales, pasando por productos textiles o artesanales, el estudio contempla una economía “indígena basada en elementos comunitarios y en el reparto de los beneficios”.

Una economía que suele estar organizada en asociaciones, cooperativas, grupos de productores o iniciativas familiares y está usualmente liderada por mujeres. “La economía tradicional no reconoce nuestra forma de trabajar. Nuestros procesos tienen una escala menor, diferentes a los de la producción industrial”, afirma la antropóloga indígena Braulina Baniwá, una de las autoras del estudio.

Para Baniwá, el territorio pertenece tanto a los humanos como a los otros seres vivos y su biodiversidad merece respeto. “Necesitamos urgentemente que las personas se curen del deseo financiero y cuiden a quien cuida de la selva”, asevera.

Necesitamos urgentemente que las personas se curen del deseo financiero y cuiden a quien cuida de la selva

En el estudio se apunta otro problema: la balanza comercial. La Amazonia brasileña tiene un déficit de 20.934 millones de euros (exporta 65.200 millones e importa 86.125 millones). A pesar de que el 75% de población amazónica vive en ciudades, la región cuenta con poca capacidad industrial, con la excepción de la Zona Franca de Manaos.

Muchos de los productos amazónicos se empaquetan en ciudades del sur y sudeste de Brasil. “Aumentar la capacidad de industrializar sus propios productos sería revolucionario. Provocaría la generación de riqueza para la región sin necesidad de deforestación”, reconoce Barbieri.

Por otro lado, el estudio de WRI revela que las demandas del resto de Brasil y el comercio internacional son responsables del 83% de la deforestación de la Amazonia legal (un territorio que excede a la Amazonia selvática).

La transición energética es otra de las recomendaciones del informe de WRI. “Los paneles fotovoltaicos, ya sea en sistemas flotantes sobre hidroeléctricas existentes o en pastos degradados, generarían el 55% de la electricidad de la región en 2050. Si los subsidios a los combustibles fósiles de Brasil en la última década se redireccionaran para las energías limpias, estas financiarían el 60% de la transición energética”, asegura Caroline Rocha, gerente de clima del WRI Brasil.

Inversiones para salvar la Amazonia

Pero para que el escenario del informe sea una realidad en 2050, se necesita una inversión equivalente al 1,8% del PIB de Brasil, frente al 1% en la actualidad. De los 470.000 millones de euros adicionales que se calcula que harían falta, 274.00 millones irían destinados a la mejora de la infraestructura (transporte fluvial y conexión a internet principalmente); 217.000 millones a la bioeconomía y a la restauración de la selva (22 millones de hectáreas); 81.200 millones a la agricultura y pecuaria de baja emisión de carbono y 75.300 millones a la transición energética.

“Las inversiones necesitan de dinero público (ya sea en forma de créditos o de subsidios), bancos de desarrollo, bancos privados, filantropía... El desafío es que ese capital llegue a las comunidades locales. Por otro lado, el coste de no hacer la transición puede ser mucho más alto, más del doble que las inversiones sugeridas”, alerta Carolina Rocha.

El coste de no hacer la transición puede ser mucho más alto, más del doble que las inversiones sugeridas

También se necesita el capital internacional para salvar la Amazonia. Por ese motivo, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, está intentando reclamar el dinero prometido por el G7 en la COP celebrada en Dinamarca en 2019 por un monto de 100.000 millones de dólares.

Al mismo, tiempo el mandatario ha resucitado el Fundo Amazonia, programa estatal que antes de ser congelado por el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro destinaba capital internacional a proyectos de conservación.

La diplomacia verde de Lula ha conseguido que los financiadores históricos vuelvan a apoyar el fondo (Noruega y Alemania) y que se sumen nuevos países (Estados Unidos y China, entre otros). Sin embargo, a día de hoy, el Fundo Amazonia es insuficiente.

“Los recursos necesarios para la transición son cien veces mayores que la financiación del Fundo Amazonia. No obstante, es revolucionario. Por un lado, el fondo financia proyectos de conservación, restauración, fortalecimiento comunitario, investigación y desarrollo. Por otro lado, actúa como señal de lo que debe ser hecho para la transición, funcionando como un seed money [dinero semilla] que consigue más inversiones públicas y privadas”, asegura el economista Barbieri.

Sin ir más lejos, Francia, Reino Unido y España ya han mostrado interés en el Fondo Amazonia.

¿Explotar el petróleo de la selva?

El petróleo y su explotación es una de las amenazas para la Amazonia. Recientemente, el propio Lula declaró que quiere seguir “soñando” con la explotación de petróleo amazónico. La aparición de importantes yacimientos en la desembocadura del río Amazonas ha colocado al Gobierno brasileño frente a sus contradicciones.

Sin embargo, el gubernamental Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) negó a la empresa pública de petróleo Petrobras la licencia ambiental para la perforación del primer pozo cerca de la desembocadura del Amazonas, pero la petrolera ha recurrido la decisión.

Mientras Marina Silva, ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, se opone a la extracción, un sector poderoso del Gobierno (ministerio de Minas y Energías y el súper ministerio de la Casa Civil) ha defendido públicamente la explotación de este recurso.

En los diálogos Amazónicos que tuvieron lugar durante la Cumbre de la Amazonia, celebrada en Brasil, grupos de la sociedad civil pidieron el fin de la explotación petrolífera. La declaración que salió de esa cumbre, firmada por los ocho países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), eludió mencionar el petróleo y de los dirigentes de esos Estados, el colombiano Gustavo Petro fue el único que propuso el fin de la explotación petrolífera.

Un punto de inflexión para la región podría llegar tras el referéndum de este domingo en Ecuador sobre la explotación petrolífera en la reserva natural de Yasuní, en plena Amazonia. La victoria del 'Sí' significaría aparcar la explotación del petróleo de Yasuní, hogar de pueblos indígenas aislados y del ecosistema más diverso del planeta (601 especies de aves, 140 de anfibios, 83 de reptiles y 20 de mamíferos).

En 2007, el entonces presidente ecuatoriano, Rafael Correa, propuso la creación de un fondo internacional para compensar a Ecuador la no explotación del Yasuní. La compensación fue cifrada en 3.600 millones de dólares (más de 3.300 millones de euros), pero la comunidad internacional acusó a Correa de chantaje y el presidente enterró su propuesta en 2013, afirmando que el mundo no había estado a la altura.

“En el primer Gobierno de Correa se trató de llevar adelante. Luego, el propio Gobierno boicoteó la propuesta porque había intereses petroleros que presionaron fuertemente”, explica a elDiario.es Juanma Crespo, coordinador de investigaciones de la alianza de organizaciones indígenas Cuencas Sagradas Amazónicas.

El gran reto de la década será parar el petróleo en la Amazonia

“El referéndum del 20 de agosto es consecuencia de que Correa decidiera finalmente explotar el Yasuní. Se trata de una movilización ciudadana que podría lograr algo sin precedentes en el mundo: mantener el petróleo bajo tierra por voluntad popular”, afirma el ecuatoriano. “El gran reto de la década será parar el petróleo en la Amazonia”, agrega.

La sociedad civil, de la que había surgido la iniciativa de una compensación económica, lleva meses preparando la campaña del 'Sí' de cara al referéndum del 20 de agosto, día en el que los ecuatorianos están llamados a las urnas para votar en las elecciones presidenciales y legislativas extraordinarias.

El resultado del referéndum podría alterar la postura de otros gobiernos de los países amazónicos, divididos entre los que están a favor y en contra de explotar el petróleo, y todos profundamente dependientes de él.

Greenpeace Argentina detectó que durante el primer semestre del año en el norte del país se deforestaron 51.600 hectáreas, un 25% más que en el mismo período de 2022 (41.332 hectáreas). La situación más grave se da en Chaco y Santiago del Estero, donde la mayoría de los desmontes son ilegales. La organización ecologista volvió a convocar a la ciudadanía para votar sobre su posible penalización.

“Es preocupante el aumento de la deforestación y, sobre todo, que la mayoría sea ilegal. En Santiago del Estero el gobierno viola la Ley Nacional de Bosques al autorizar desmontes para ganadería donde no está permitido. Mientras que en Chaco la justicia provincial suspendió los desmontes a fines de 2020, pero las topadoras avanzan cada vez más. El gobierno controla poco y es evidente que las multas no son suficientes para terminar con este ecocidio. Penalizar los desmontes ilegales parece la única solución”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

El relevamiento de la organización ecologista, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, estima que entre enero y junio de 2023 la deforestación en Chaco alcanzó las 24.522 hectáreas; en Santiago del Estero 19.040 hectáreas; en Formosa 5.804 hectáreas; y en Salta 2.234 hectáreas; totalizando 51.600 hectáreas.

La principal causa de la pérdida de bosques es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja que en gran medida se exporta a Asia y Europa, sobre todo en la región del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande del continente.

“La deforestación provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que nos obliga a actuar en consecuencia. Es hora de terminar con la impunidad. Convocamos a la gente a participar de la Consulta Popular para decidir si está de acuerdo con penalizar la destrucción ilegal de bosques nativos”, señaló Giardini.

En www.votaporlosbosques.org se puede participar de la Consulta Popular promovida por Greenpeace. La misma estará habilitada hasta el 10 de octubre y los resultados se presentarán en el Congreso de la Nación.

Con información de Greenpeace.

IG

A finales de junio entró en vigor la nueva legislación europea que prohíbe la importación de materias primas asociadas a la deforestación y las violaciones de los derechos humanos, y que podría afectar significativamente a los países dependientes de la agricultura del Mercosur, el bloque comercial formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

La normativa se centra en la producción y las cadenas de suministro de aceite de palma, soja, ganado, madera, cacao, café y caucho, así como derivados como muebles, chocolate y papel. Estas materias primas representan la mayor parte de la deforestación implicada en las importaciones de la Unión Europea (UE). Sin la nueva ley, según informa la propia UE, este tipo de importaciones podrían causar la pérdida de más de 248.000 hectáreas de bosque cada año, una superficie casi del tamaño de Luxemburgo.

La ley europea contra la deforestación se aplica a todos los países con los que el bloque mantiene relaciones comerciales, pero podría tener un impacto particular en los del Mercosur, que cuenta con la UE como su mayor socio comercial y de inversión y el segundo en el comercio de bienes, solo por detrás de China. En 2021, las importaciones de la UE procedentes de los cuatro países del Mercosur ascendieron a 43.000 millones de euros (48.000 millones de dólares), el 20% de los cuales fueron productos vegetales como la soja y el café.

Expertos consultados por Diálogo Chino creen que estas regulaciones comerciales más estrictas ayudarán a sanear las cadenas de suministro latinoamericanas, usualmente afectadas por impactos socioambientales negativos. Sin embargo, advierten que la ley podría crear nuevos problemas, como la migración de daños a biomas no cubiertos por la ley. Sectores del agronegocio y gobiernos del Mercosur, por su parte, han calificado la norma como proteccionista.

Cómo funciona la ley de deforestación de la UE: las empresas en el centro

Según la nueva legislación, las empresas que exporten a la UE tendrán que proporcionar información “concluyente y verificable” de que sus productos están libres de deforestación y cumplen con la legislación local de los países exportadores. Esto exigirá la trazabilidad de todos sus proveedores, con geolocalización de cada establecimiento por el que hayan pasado los productos. 

La ley envía una “señal clara” de que el mercado sudamericano necesita actuar, afirma André Vasconcelos, responsable de participación global de Trase, una plataforma que se dedica a monitorear cadenas de suministro. “Algunas empresas ya tienen sus propios procesos de verificación, pero esto necesita ganar escala y ser más transparente”, agregó. 

Un reciente análisis de Global Canopy, la organización impulsora de la iniciativa Trase, demostró que las empresas que más deforestación provocan en las zonas tropicales no están preparadas para aplicar la nueva legislación, ya que más de tres cuartas partes de ellas no tienen un compromiso fuerte con la trazabilidad.

“Se trata de un ámbito en el que la UE puede y debe contribuir con recursos financieros, para que haya un reparto equitativo de los costos a lo largo de las cadenas”, afirma Vasconcelos. Las empresas tendrán 18 meses para adaptarse, a partir de la entrada en vigor de la ley a finales de junio, y las más pequeñas dispondrán de hasta dos años para prepararse, un proceso en el que, según la normativa, la UE prestará asistencia técnica. 

Luciana Téllez, investigadora de Human Rights Watch que ha seguido el desarrollo de la nueva ley, señala que “su aspecto más fuerte es prohibir cualquier tipo de importación vinculada a la deforestación”, independientemente de que sea legal o ilegal. Esto, dice, impide que un país ajuste sus normas para legalizar más deforestación, además de facilitar su aplicación.

La ley también ayudará a combatir las continuas violaciones de los derechos humanos vinculadas a la producción agrícola en Sudamérica, afirma Téllez: “Proporciona un mayor apoyo a los pueblos indígenas que reclaman sus derechos sobre la tierra y a la hora de exigir responsabilidades a las empresas que violan sus derechos”. Sin embargo, añade la investigadora, aún existen dudas sobre el reglamento que servirá de base para el seguimiento de estos casos.

La evaluación del nivel de riesgo crea un incentivo para que los países adopten reformas y limpien sus cadenas de producción

Luciana Téllez — Human Rights Watch

Paralelamente, la UE llevará a cabo una evaluación de riesgos de los países exportadores antes de 2025, teniendo en cuenta datos como las tasas de deforestación y expansión agrícola, las tendencias de la producción y las violaciones de los derechos humanos, de acuerdo con “pruebas científicas y fuentes reconocidas a nivel mundial”, según el texto de la ley. 

A partir de ahí, el bloque debe enumerar el grado de riesgo ―bajo, estándar o alto― de cada país exportador. “Esta evaluación crea un incentivo para que los países adopten reformas y limpien sus cadenas de producción, porque en el futuro la Comisión [de la UE] puede revisar y rebajar el índice de riesgo”, afirma Téllez. 

El grado de riesgo impondrá más o menos rigidez en la vigilancia, por lo que algunos países ya han dejado claro que van a reaccionar si se los considera de alto riesgo. “La Comisión recibirá muchas presiones políticas de sus socios para que baje los riesgos de algunos mercados”, afirma Téllez. 

Brasil: ¿un nuevo rumbo para la ganadería?

Brasil es uno de los países que “probablemente” comenzaría con una calificación de alto riesgo, según declaró a la prensa en abril Christophe Hansen, miembro del Parlamento Europeo (MEP) y ponente de la legislación.

La agroindustria, encabezada por la producción de soja y carne vacuna, es el motor de las exportaciones brasileñas, y la UE es su segundo mayor cliente, solo superado por China. Pero este mismo sector también impulsa la destrucción medioambiental: en 2022, la agroindustria impulsó el 95,7% de la deforestación del país, casi toda ilegal, según MapBiomas.

La deforestación afecta a varias cadenas de suministro en Brasil, pero la ganadería es la más problemática, según los especialistas. Parte de la dificultad se debe al tamaño de esta industria, compuesta por 2,5 millones de propiedades diferentes, y a la complejidad de la cadena de suministro, que se divide en varias etapas: algunas granjas se especializan en la cría de ganado, mientras que otras lo sacrifican y exportan. Así, es habitual que un animal pase por varias propiedades diferentes antes de llegar al mercado.

225 millones es el número de cabezas de ganado vacuno en Brasil es mayor que la población humana del país ―de 203 millones― y supone un reto importante para los esfuerzos de trazabilidad

En el seguimiento de la cadena de suministro, el mayor cuello de botella es el rastreo de las propiedades encargadas de las primeras etapas de la cría de los animales, explica Pedro Burnier, agrónomo y responsable del programa de cría de ganado de Amigos de la Tierra en Brasil. “Lo más difícil de controlar hoy en día es cuando quienes se dedican a engordar el ganado le compran a quienes lo crían, que a su vez también le compran al criador de terneros”, afirma. Además de su tamaño y extensión, la cadena de suministro de la ganadería también carece de transparencia. Las autoridades controlan el sector mediante documentos oficiales completados por los propietarios rurales. La información es autodeclaratoria y, por lo tanto, depende de la buena fe del ganadero. Los mataderos también tienen sus propios sistemas de seguimiento, pero no divulgan sus datos

Estas fallas en el seguimiento pueden dar lugar al llamado “blanqueo de ganado”, es decir, cuando un ganadero multado por delitos socioambientales vende su producción a otra explotación, que luego se encarga de la mercancía con aparente legalidad.  

Una serie de investigaciones, elaboradas por organizaciones ecologistas y medios de comunicación en los últimos años, ha demostrado que el ganado que venden los grandes mataderos procede a menudo de zonas deforestadas ilegalmente. 

Las empresas ya han firmado compromisos para cambiar su conducta con autoridades como, por ejemplo, el Ministerio Público Federal del estado de Pará, en el norte de Brasil. “Hemos visto que se establecen compromisos, pero no se avanza”, afirma Thaís Bannwart, de la campaña Amazonía de Greenpeace Brasil.

El ministro de Agricultura de Brasil, Carlos Fávaro, declaró recientemente que la trazabilidad total es un “camino inevitable”, porque “los pocos que cometen delitos ambientales contaminan todo el sistema”. En la actualidad, alrededor del 80% de la deforestación del país está asociada a los grandes ganaderos en las últimas fases de la cadena de producción.

Frente a las presiones nacionales e internacionales, el sector muestra lentamente signos de estar avanzando. La Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA) propuso un sistema voluntario para rastrear cada uno de los 225 millones de cabezas de ganado de Brasil, más que la población humana del país, de 203 millones.

Actualmente, según Burnier, la identificación individual sólo cubre el 2% del rebaño. No en vano, la CNA calcula que la adaptación llevará al menos ocho años, cinco veces más que el plazo fijado por la legislación europea. Además, los datos permanecerían bajo el control de la organización y no se harían públicos.

Desde su toma de posesión en enero, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha dejado claro que quiere situar al país en una senda medioambiental más positiva. Su gobierno ha puesto en marcha un plan para alcanzar la deforestación cero en la Amazonía en 2030, y está trabajando para concluir este año planes para los demás biomas del país. En sus primeros seis meses de mandato, la deforestación se redujo un 34% en la Amazonía, pero creció un 21% en el Cerrado, en comparación con 2022.

Sobre las relaciones de Brasil y el Mercosur con la UE, Lula ha apelado a la “confianza mutua, no a la desconfianza y las sanciones”. Tras reunirse en junio con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, el presidente afirmó que una ley cuyos efectos trascienden el territorio europeo traerá consigo “potenciales restricciones a las exportaciones agrícolas e industriales brasileñas”.

Argentina: programa piloto contra la deforestación

En otros países del Mercosur, los retos para cumplir la legislación europea son similares. En Argentina, la producción de carne vacuna y soja, destinada en gran parte a la exportación, fue la principal responsable de la pérdida de 7 millones de hectáreas de bosques en las dos últimas décadas. 

La soja es el principal producto básico de exportación de Argentina, la mayor parte en forma de harina de soja, y sus principales compradores son India, China y los Países Bajos. Europa es el principal destino de la carne vacuna refrigerada del país, aunque China es el mayor comprador de carne vacuna congelada. 

Patricia Bergero, subdirectora de estudios económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), explica que el 87% de la producción de soja del país se exporta, por lo que la legislación europea “no es poca cosa.”  

“Sin dudas habrá cambios para los productores, especialmente con la identificación o georreferenciación de la propiedad de origen del grano”, dice Bergero. “Esto atravesará toda la cadena de valor de las oleaginosas”.

Sin dudas habrá cambios para los productores, especialmente con la identificación o georreferenciación de la propiedad de origen del grano

Patricia Bergero — Bolsa de Comercio de Rosario

En cuanto a la carne vacuna, Fernando Storni, presidente de la Mesa Argentina de Carne Sustentable (MACS), añade que el país “necesita una mejora decisiva del actual sistema de trazabilidad”. Pide, por ejemplo, el uso obligatorio de la identificación electrónica de los animales.

Desde 2020, la provincia de Santa Fe está probando un programa piloto en este sentido. Hasta la fecha, 108 de los 26.000 ganaderos de la región se han apuntado al seguimiento, con imágenes por satélite disponibles en una plataforma digital.  

“Algunos productores no están preparados, por eso trabajamos con ellos en la capacitación”, dice Pablo Fiore, director de producción pecuaria y avícola de Santa Fe. “Por ahora, el programa es voluntario, pero los que no se sumen tendrán menos posibilidades de exportar”.

Juan Carlos Cotella es director de Aapresid, una asociación de productores de soja, y miembro de VISEC, una plataforma que certifica a los productores del Gran Chaco, un bioma muy afectado por el avance de la deforestación.

En el Chaco se produce el 13% de la soja argentina, pero pocos agricultores adoptan la trazabilidad, señala Cotella. “Queda mucho trabajo por delante y no está claro cómo se llevará a cabo en el territorio”, añade. 

Paraguay: impactos inciertos

Paraguay es el país del Mercosur que menos productos agrícolas exporta a la UE, pero sigue siendo un proveedor importante. En 2020, Paraguay envió al bloque europeo el 6% de toda su producción agrícola, incluida la soja y la carne.

Guillermo Achucarro, investigador paraguayo sobre cambio climático de Base Investigaciones Sociales (Base-IS), celebra la aprobación de la ley antideforestación, pero teme que tenga poco efecto en un país que se enfrenta a un lobby “agroindustrial avasallador” y a un intercambio comercial relativamente bajo con la UE.

En las dos últimas décadas, Paraguay ha perdido 6 millones de hectáreas de bosque, el 93% de ellas asociadas a la producción de soja, carne y madera. Pero esta pérdida se ha ralentizado en la última década, según datos del Instituto Nacional Forestal del país. 

El ministro de Agricultura de Paraguay, Moisés Bertoni, afirma que el país, al igual que otras naciones de la región, ya cuenta con su normativa interna para garantizar que el comercio de alimentos se desvincule de la deforestación.

“Tenemos partes del país con deforestación cero desde 2005, mientras que en otras, cada productor protege el 50% de su superficie”, dice Bertoni. “Nos preocupa cómo se aplicará la reglamentación y que acabe excluyendo a los pequeños productores”.

Nos preocupa cómo se aplicará la reglamentación y que acabe excluyendo a los pequeños productores

Moisés Bertoni — Ministro de Agricultura de Paraguay

Fabio Villalba es un pequeño productor de hortalizas y carne de la comunidad de Yacare, en el departamento de Cordillera, al este de la capital, Asunción. Desde 2011 forma parte de una asociación de productores agroecológicos. “Ya no hay árboles, el 90% de nuestro país ya está total o parcialmente deforestado”, denuncia Villalba. “No creo que esto cambie mucho con la nueva ley europea”. A pesar de su sensación de degradación medioambiental casi total, los datos de Global Forest Watch indican que Paraguay ha perdido el 28% de su cubierta forestal desde el año 2000. 

Uruguay: un ejemplo de monitoreo

Luciana Téllez considera que Uruguay es el país sudamericano más preparado para cumplir las exigencias de la legislación contra la deforestación. Según ella, su sistema de trazabilidad del rebaño bovino ya es obligatorio, además de “transparente y bien regulado”. 

Desde 1998, el programa de trazabilidad del país está reconocido por la UE. Y en 2004, el país inició el seguimiento individual de bovinos, que más tarde se convirtió en el Sistema Nacional de Información Ganadera. 

“La trazabilidad del ganado vacuno en Uruguay permite seguir la trayectoria del animal desde su nacimiento hasta el sacrificio, aportando datos como la fecha y lugar de nacimiento, sexo, raza, movimientos y cambios de propietario”, explica Jorge Acosta, ingeniero agrónomo del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En este proceso, cada bovino recibe una especie de aro o pendiente, que identifica su numeración, y un radiotransmisor, que almacena información del animal y sus movimientos en una base de datos.

Desde 2007, todos los productores uruguayos también han adoptado un sistema que controla a los animales en cada etapa de la cadena y en los mercados nacionales o internacionales. 

La carne vacuna es el principal producto de exportación de Uruguay. En 2022, la UE compró el 12% de la producción, todavía muy por debajo de la parte destinada a China, del 58%. La soja uruguaya, por su parte, aunque ha aumentado su mercado de exportación, ha ido abandonando las góndolas de la UE: el bloque redujo sus compras al país en un 93% en la última década.

Por lo tanto, la nueva legislación debería introducir menos cambios en las cadenas de producción uruguayas. Otro factor que reduce su influencia en el país es que los pastizales, su bioma predominante, no están cubiertos por la regulación europea. 

“Su énfasis está claramente en la Amazonía brasileña, así que aún veremos qué ocurre con otros bosques”, afirma Eduardo Gudynas, del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES). 

Gudynas explica que, aunque en Uruguay la tasa de deforestación de la vegetación autóctona se mantiene estable, los bosques del país están degradados y sufren la entrada de especies invasoras. “La mayor presión se origina en la conversión de bosques nativos en plantaciones para fábricas de celulosa”, comenta el investigador.

De las 2 millones de hectáreas de bosque que quedan en Uruguay, más de la mitad son en realidad de especies plantadas, como el eucalipto.

Temor a la migración por deforestación

La ley contra la deforestación acaba de entrar en vigor, pero ya está recibiendo peticiones de revisión. Una de las mayores preocupaciones está en los ecosistemas que excluye, que, sin protección, podrían convertirse en objetivos de la expansión agrícola.

Esperamos que las revisiones reconozcan la gran importancia ecológica de las sabanas arbóreas, los pastizales y las llanuras aluviales

André Vasconcelos — Trase

“Esperamos que las revisiones reconozcan la gran importancia ecológica de las sabanas arbóreas, los pastizales y las llanuras aluviales”, afirma Vasconcelos, de Trase, que ha analizado la vulnerabilidad de los ecosistemas no cubiertospor la nueva normativa de la UE.  

Con las nuevas exigencias europeas y la legislación similar que se está estudiando en Estados Unidos, la atención también se dirige a China, que desde 2018 es el principal socio comercial de materias primas del Mercosur, con la excepción de Paraguay. Se teme que el flujo de exportaciones se desplace hacia mercados menos estrictos. “Las exportaciones de soja y carne de Sudamérica a China y otros países asiáticos seguirán provocando deforestación”, afirma Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina.

En el caso de China, las empresas vinculadas a la Asociación China de la Carne ya han declarado que invertirán en la sostenibilidad de sus cadenas. El compromiso no tiene el peso de una ley, pero también prevé “mejorar la trazabilidad y la transparencia” del sector.  

“Por los criterios de la asociación, nos damos cuenta de que los chinos están muy preocupados por la huella de carbono en su cadena y por la seguridad alimentaria, en aspectos como la mejora de los pastos y la reducción de la deforestación”, afirma Eduardo Caldas, coordinador de la organización Tropical Forest Alliance (TFA) en Brasil. 

TFA coordina la iniciativa The Beef Alliance, que trabaja con empresas del sector tanto en Brasil como en China para mejorar la trazabilidad y la transparencia. 

A finales de abril, los gobiernos de Brasil y China también publicaron una declaración conjunta en la que manifestaban su interés por ampliar “la cooperación en ámbitos como la agricultura sostenible y con bajas emisiones de carbono”.

“Todavía me cuesta ver cómo se establecerán realmente estos compromisos”, afirma Thaís Bannwart. “No hemos visto nada innovador, pero esperamos que China se inspire en estas nuevas iniciativas y haga propuestas pertinentes, ya que es el mayor consumidor de carne y soja de Brasil”.

Información adicional proporcionada por Yedan Li.

Este artículo fue originalmente publicado en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/

Durante esta semana, del 6 al 8 de julio, se desarrolló en Leticia, Colombia, la reunión denominada Camino a la Cumbre Amazónica 2023. La cumbre reunió a delegados de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, junto con el presidente del país anfitrión, Gustavo Petro, y el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dos de los jefes de Estado que más interés están mostrando en proteger estos bosques tropicales, considerados la selva más grande del planeta, y donde viven más de un millón de indígenas.

La reunión de Colombia, que reúne a representantes de gobiernos, sector privado, academia y sociedad civil, espera concluir con una serie de propuestas y compromisos al 2025 y 2030, que se tendrían que firmar en la Cumbre Amazónica de Presidentes que se llevará a cabo en la ciudad brasileña de Bélem de Pará durante los primeros días de agosto.

Entre las cuestiones que probablemente ocuparán un lugar destacado en la agenda del evento figura el bienestar de los aproximadamente 400 pueblos indígenas que viven en la Amazonía y que se enfrentan a continuas amenazas a sus tierras y modos de vida, en gran parte relacionadas con intereses económicos externos que pretenden explotar los recursos naturales.

“Esta podría ser nuestra última oportunidad para revertir la destrucción del Amazonas, y requerimos acciones ambiciosas, coordinadas y a gran escala a lo largo de los países de la región”, dijo hace unas semanas Juan Bello, Director Regional y Representante para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Para mostrar el panorama actual, reunimos algunos sucesos que resumen la vulnerabilidad de los pueblos amazónicos, quienes están exigiendo que los tomen en cuenta en la reunión en Belém de Pará.

Perú: leyes que protejan

En todos los países amazónicos existen marcos legales que promueven la protección del medioambiente, de los bosques y por ende de las poblaciones. A pesar de ello, “sufrimos persecución, nos denuncian, y pretenden promover normas que promoverían en genocidio de los pueblos indígenas en aislamiento”, dijo Julio Cusurichi, dirigente indígena de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a los pueblos indígenas en Perú, y que exige el cumplimiento de las leyes y normas que protegen a sus poblaciones.

Un ejemplo de ello, fue la tensión que vivieron los representantes indígenas durante los últimos días de junio en Perú. En el Congreso de este país se debatió el Proyecto de Ley 3518, que pretendía quitar funciones al Ministerio de Cultura ―que protege a las poblaciones indígenas― y entregárselas a los gobiernos regionales que buscan promover actividades económicas y construcción de infraestructura en reservas indígenas y en territorio protegido para los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI). Luego de muchos pedidos para evitar esta ley, incluidos los de la activista Greta Thunberg y el actor que interpreta a Hulk, Mark Ruffalo, la misma fue archivada, pero las organizaciones indígenas aseguran que las presiones no se detendrán.

Colombia: víctimas de violencia

2022 fue el año donde más violencia se registró contra las comunidades indígenas en Colombia. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), se reportaron 453.018 víctimas de confinamiento (vinculado a conflictos armados en curso), desplazamiento, afectaciones a territorios, amenazas y muertes. A estas cifras, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), añade que en ese mismo año 42 líderes indígenas fueron asesinados.

A pesar de estos números y los discursos pro Amazonía de Gustavo Petro, la situación se sigue agravando en este año. En las últimas semanas, cinco mil indígenas awá han sido desplazados de sus territorios al suroeste de Colombia debido a la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), agrupación que se disolvió formalmente tras un acuerdo de paz en 2017. En medio de esta violenta situación, las poblaciones indígenas son de las más afectadas: 19% de las víctimas del conflicto armado son indígenas.

Ecuador: lucha por hidrocarburos

El próximo 20 de agosto se llevará a cabo la consulta popular en Ecuador para decidir si se continúa con la explotación de las reservas de petróleo del Parque Nacional Yasuní o se paralizan. Este es el área natural protegida más grande de Ecuador y a su vez uno de los lugares con mayor biodiversidad en el planeta.

Este tema ha sido durante mucho tiempo motivo de controversia y conflicto en Ecuador. Representantes indígenas denuncian que las empresas petroleras están dividiendo a las comunidades que se ven impactadas por los trabajos en el Bloque 43-ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini), que representa el 11% de la producción nacional.

Hasta el momento se sabe que dos de las siete comunidades están a favor. “Nos ha dado desarrollo, salud y educación”, dijo a la agencia EFE hace unas semanas Lauro Papa, representante de la comunidad Boca Tiputini, que junto con la comunidad de Kawymeno quieren que la actividad se mantenga.

Por otro lado, Juan Bay, presidente de la Nación Waorani y a favor de la paralización de la actividad petrolera, se mostró preocupado por “la mala costumbre de la industria petrolera al dividir (a las comunidades). Llamamos a la unidad de los pueblos”, sostuvo, reafirmando que “el Yasuní es un estandarte de la biodiversidad amazónica y tierra de pueblos en aislamiento voluntario”.

Bolivia: contaminación alarmante

Un reciente estudio en Bolivia ha demostrado que existe población indígena contaminadas por mercurio debido a la minería de oro en la Amazonía de La Paz. La investigación, organizada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) y desarrollada por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), analizó a 302 personas de las etnias Esse Ejjas, T´simanes, Tacanas, Mosetenes, Lecos y Uchupiamonas, impactadas por la actividad minera. Al 74,5% de las personas les detectaron cantidades de mercurio encima de lo aceptable.

“Urge tomar medidas sanitarias que ayuden a controlar estos efectos”, declaró el líder del CPILAP, Gonzalo Oliver, que además pidió ayuda para revertir esta situación y exigió al gobierno “luchar contra la minería ilegal y destructiva”.

A esto se suma otro estudio recién publicado en la revista Environmental Research: Health, que destacó que las poblaciones indígenas amazónicas tienen el doble de probabilidad de morir de forma prematura a causa de los incendios forestales que en otras zonas de Sudamérica. Según los investigadores, las partículas del humo generadas por estos eventos son responsables de dos muertes prematuras por cada 100.000 personas al año en Sudamérica. Cifra que se duplica en las comunidades indígenas.

Brasil: infraestructura polémica

En Brasil, los pueblos indígenas están preocupados por la posible construcción del Ferrogrão, un proyecto de ferrocarril que transportaría principalmente granos de soja y maíz, uniendo a Mato Grosso con el puerto de Miritituba, cruzando por el estado de Pará. Estos mil kilómetros cruzarán territorios indígenas y además impactará en el Parque Nacional Jamanxim.

Es considerado uno de los proyectos antiambientalistas de Lula, que meses atrás dijo que “vamos a demostrar una vez más que es posible generar riqueza sin destruir el medioambiente”.

También conocido como EF-170, viene siendo impulsado hace muchos años y por distintos gobiernos. En 2016 se propuso durante el gobierno de Dilma Rousseff, pero no salió adelante. Jair Bolsonaro tampoco pudo avanzar con ello. Y ahora el gobierno de Lula, que busca apoyar al sector agrario, también está intentando hacerlo realidad.

“Mi impresión es que la Corte Suprema aprobará el avance de este proyecto, pero, aunque este se destrabe dentro del gobierno, enfrentará temas complejos”, dijo Luis Baldez, presidente de la asociación de transporte de carga ANUT, que además confirmó que este proyecto ha dividido a sectores dentro del gobierno por el impacto que ocasionaría en la Amazonía y su población.

Para Márcio Astrini, del Observatorio del Clima, Ferrogrão “es una contradicción porque sucede en un gobierno que dice tener una agenda ambiental diferente, que pretende ser líder en esta materia”.

Este artículo se publicó originalmente en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/

Según una nueva investigación, en sólo seis años se han talado más de 800 millones de árboles en la selva amazónica para alimentar el apetito mundial por la carne vacuna brasileña, a pesar de las graves advertencias sobre la importancia de la selva en la lucha contra la crisis climática.

Una investigación basada en datos realizada por la Oficina de Periodismo de Investigación (TBIJ), The Guardian, Repórter Brasil y Forbidden Stories muestra la enorme pérdida de bosques vinculada a la ganadería.

La industria de la carne vacuna en Brasil se ha comprometido sistemáticamente a evitar las explotaciones vinculadas a la deforestación. Sin embargo, los datos sugieren que se han destruido 1,7 millones de hectáreas de la Amazonia cerca de plantas cárnicas que exportan carne vacuna a todo el mundo. La investigación forma parte del proyecto Bruno y Dom de Forbidden Stories. Continúa el trabajo de Bruno Pereira, experto en pueblos indígenas, y Dom Phillips, periodista que colaboró durante mucho tiempo con The Guardian. Ambos fueron asesinados en el Amazonas el año pasado.

La deforestación en todo Brasil se disparó entre 2019 y 2022 bajo el mandato del entonces presidente, Jair Bolsonaro, por estar estrechamente vinculada a la ganadería. El nuevo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha prometido frenar la destrucción. Los investigadores de la consultora Aid Environment utilizaron imágenes por satélite, registros de movimientos de ganado y otros datos para calcular la pérdida forestal estimada a lo largo de seis años, entre 2017 y 2022, en miles de chacras cercanas a más de 20 mataderos. Todos los mataderos eran propiedad de los tres grandes operadores y exportadores de carne vacuna de Brasil: JBS, Marfrig y Minerva.

Para encontrar las explotaciones con más probabilidades de haber abastecido a cada matadero, los investigadores se fijaron en las “zonas de compra”, áreas basadas en las conexiones de transporte y otros factores, incluida la verificación mediante entrevistas con representantes de las plantas. Todas las plantas cárnicas exportan ampliamente, incluso a la UE, el Reino Unido y China, el mayor comprador mundial de carne vacuna brasileña.

La investigación se centró en los mataderos de los estados de Mato Grosso, Pará y Rondônia, importantes fronteras de la deforestación asociada a la ganadería. Es probable que la cifra global de deforestación en las explotaciones que abastecen a JBS, Marfrig y Minerva sea mayor, ya que estas empresas gestionan otras plantas en otros lugares de la Amazonia. Las tres empresas afirman que aplican estrictos procedimientos de cumplimiento, de forma abierta y honesta, para asegurarse de alcanzar sus objetivos sostenibles.

Nestlé y la empresa cárnica alemana Tönnies, que había suministrado a Lidl y Aldi, estaban entre las que aparentemente habían comprado carne de las plantas mencionadas en el estudio. Decenas de compradores mayoristas de varios países de la UE, algunos de los cuales abastecen a empresas de catering que sirven a escuelas y hospitales, también aparecían en la lista de compradores.

Nestlé declaró que dos de los envasadores de carne no formaban parte actualmente de su cadena de suministro, y añadió: “Es posible que examinemos las relaciones comerciales con aquellos proveedores que no estén dispuestos o sean incapaces de subsanar las deficiencias en el cumplimiento de nuestras normas.” Tönnies dijo: “Estas empresas brasileñas procesan muchos miles de animales al año para la exportación”, y afirmó que no estaba claro si la empresa era destinataria de productos procedentes de plantas vinculadas a la deforestación. Lidl y Aldi esgrimieron que dejarían de vender carne vacuna brasileña en 2021 y 2022, respectivamente.

Parte de la carne enviada a la UE podría estar en infracción de las nuevas leyes destinadas a combatir la deforestación en las cadenas de suministro. La normativa, aprobada en abril, prohíbe vincular los productos introducidos en la UE a deforestaciones posteriores a diciembre de 2020. Alex Wijeratna, director de la organización de defensa de los derechos humanos Mighty Earth, señaló: “La Amazonia está muy cerca de la extinción y de un punto de inflexión, así que este tipo de cifras son muy alarmantes porque no se puede permitir estar perdiendo esta cantidad de árboles”.

La eurodiputada Delara Burkhardt aseguró que los resultados refuerzan la necesidad de una mayor legislación a nivel mundial para hacer frente a la deforestación: “La destrucción de la Amazonia no es sólo un asunto brasileño; también es un asunto de otras partes del mundo, como la UE, el Reino Unido o China, que importan deforestación amazónica. Por eso los países consumidores deberían promulgar leyes sobre la cadena de suministro para asegurarse de que la carne que importan se produce sin inducir la deforestación. Espero que la nueva ley de la UE contra la deforestación importada sea un modelo a seguir por otros grandes importadores como China.”

Aid Environment descubrió que 13 plantas cárnicas propiedad de JBS estaban vinculadas a haciendas en las que se habían realizado talas, desmontes o quemas de bosques. En el caso de Marfrig y Minerva, había seis y tres plantas, respectivamente.

Según otro análisis de The Guardian para el proyecto Bruno y Dom, los mataderos amazónicos pertenecientes a estas empresas procesaron ganado por valor de más de 5.000 millones de dólares (4.000 millones de libras esterlinas) mientras seguían en Brasil en 2022: se añadirá más valor a lo largo de la compleja cadena de suministro y, por un margen abrumador, el valor económico de esta industria se está generando fuera de Brasil, en los platos de restaurantes de Pekín y Nueva York. En la última década se les ha criticado repetidamente por la deforestación en sus cadenas de suministro.

También se sabe que otras empresas se abastecen de ganado en las mismas zonas de compra.

En los casos en los que se pudo cartografiar toda la cadena de suministro de carne vacuna, el estudio estimó que desde 2017 se habían producido más de 100 casos de pérdida de bosques en granjas que abastecían directamente a las plantas de las empresas.

Más de 2.000 hectáreas de bosque fueron aparentemente destruidas en una sola hacienda entre 2018 y 2021 -la hacienda São Pedro do Guaporé, en Pontes e Lacerda, estado de Mato Grosso- que vendió cerca de 500 reses a JBS, aunque la compañía dijo que la hacienda fue “bloqueada” cuando la auditoría interna identificó irregularidades con ellas. La planta cárnica de JBS que procesó este ganado vendió carne vacuna al Reino Unido y a otros países en los últimos años.

La granja también estaba relacionada con el suministro indirecto de más de 18.000 animales a través de los tres empacadores de carne entre 2018 y 2019, según Aid Environment. Las tres empresas dijeron que actualmente no estaban siendo abastecidas por ella. Más de 250 casos de deforestación fueron atribuibles a proveedores indirectos: granjas que crían o engordan ganado pero lo envían a otros sitios antes del sacrificio (algunas granjas actúan como proveedores directos e indirectos a la vez).

Las empresas cárnicas afirman desde hace tiempo que controlar los movimientos entre ganaderías en sus complejas cadenas de suministro es demasiado difícil. Los críticos sostienen que esto permite el “blanqueo de ganado”, en el que los animales de una granja “sucia” (deforestadora) son transportados en camión a una granja supuestamente “limpia” antes de su sacrificio, ocultando así su origen. Una explotación limpia es aquella que no tiene antecedentes de multas o sanciones por deforestación, aunque su propietario haya deforestado en otras explotaciones.

TBIJ y Repórter Brasil colaboraron con Dom Phillips y The Guardian para informar sobre un ejemplo de blanqueo de ganado en 2020. Entonces, el equipo apareció mostrando que las vacas de una granja bajo sanciones por deforestación ilegal habían sido trasladadas en camiones de JBS a una segunda granja “limpia”. Tras la publicación del reportaje, JBS dejó de comprar al propietario de ambas granjas.

Sin embargo, nuestra investigación ha descubierto que el propietario suministra ahora a Marfrig, otro de los tres grandes envasadores de carne de Brasil. Una de sus granjas, Estrela do Aripuanã, en el estado de Mato Grosso, sigue bajo sanciones, pero continúa formando parte de la cadena internacional de suministro de carne de vacuno.

Los registros parecen mostrar que entre 2021 y 2022, casi 500 animales fueron trasladados a lo largo de la ruta exacta que TBIJ investigó en 2020. El ganado terminó en la misma segunda granja “limpia”, Estrela do Sangue, que no tiene embargos ni otras sanciones ambientales. Documentos separados parecen mostrar docenas de animales moviéndose desde la granja Estrela do Sangue a la planta de carne de Marfrig en Tangará da Serra.

El año pasado, otra investigación de TBIJ vinculó la planta de Tangará da Serra con la invasión del territorio indígena Menku en Brasnorte. Según los registros de envío, la planta ha vendido productos cárnicos por valor de más de 1.000 millones de libras esterlinas desde 2014 a China, Alemania, España, Italia, Países Bajos y Reino Unido.

En un comunicado, Marfrig confirmó que había recibido ganado del propietario: “En cada transacción que realiza, Marfrig comprueba la situación de las propiedades proveedoras de ganado. En el momento del sacrificio, la explotación en cuestión cumplía los criterios socioambientales de Marfrig, lo que significa que la propiedad no estaba situada en una zona con deforestación, embargo o trabajo forzado, ni en una unidad de conservación o en tierras indígenas”. Y añadía: “Marfrig condena la práctica denominada 'blanqueo de ganado' y cualquier otra irregularidad. Todos los proveedores aprobados por la empresa son controlados regularmente y deben cumplir los criterios socioambientales obligatorios descritos en la política actual de la empresa.”

Minerva dijo que “rastrea la condición de las haciendas, garantizando que el ganado adquirido por Minerva Foods no provenga de propiedades con áreas deforestadas ilegalmente y que las granjas no posean embargos ambientales o se superpongan a tierras indígenas y/o comunidades tradicionales y unidades de conservación.” JBS cuestionó la metodología de “zonas de compra” utilizada en la investigación, afirmando que “la estimación determina la zona de compra máxima potencial y no necesariamente la zona de compra efectiva.” También dijo que bloqueó la explotación de São Pedro do Guaporé “en cuanto se identificó cualquier irregularidad”. Cuando se le preguntó, no especificó la fecha.

Juan Cabandié recibe en su despacho con remera blanca. Uniforme para enfrentar la ola de calor agravada por la crisis climática, más allá de que le funciona el aire acondicionado. Llegó a su cargo de ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible hace tres años y medio sin conocimientos de la materia pero con dotes para la conciliación, necesarias en una área que divide aguas. Venía de unir a Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner. Una alianza malherida. Ahora Cabandié domina el tema de su cartera, pero el calentamiento global y local exige medidas urgentes.

Como ministro de Ambiente, ¿cómo evalúa la ola de calor?

La ola de calor prolongada es un síntoma de de varios factores. Hay un factor que tiene que ver con un fenómeno natural, que es La Niña, que es la sequía, que junto a la ola de calor es el período prolongado más extenso que haya habido. Que haya sido tan extendido es un síntoma de calentamiento global. En los últimos 20 años se registran aumentos consecutivos de la temperatura promedio en Argentina. A eso se le llama calentamiento global, crisis climática, donde los registros que se toman dentro de la Convención Marco del Cambio Climático de Naciones Unidas indican que hemos alcanzado el 1,15 grados por arriba del promedio. El objetivo que tenemos los países y que hemos acordado dentro del Acuerdo de París, que fue en 2015, es no superar el 1,5 en 2030 y estamos cada vez más cerca. De hecho, los registros locales del Servicio Nacional Meteorológico indican que estamos en 1,3 en los últimos 20 años.

Ante esta situación, ¿qué hace Argentina?

Tenemos que hacer lo que estamos haciendo y acelerarlo. Pero nuestro aporte de gases de efecto invernadero que produce el calentamiento global es menor al 0,9%. Estados Unidos es el 15%. Europa es el 12. China, el 25. Siempre reclamamos que se cumpla lo que se estableció en 2009 en Estocolmo, en un encuentro internacional de cambio climático, donde los países centrales se comprometieron a financiar a los países en desarrollo y a los de renta baja, es decir, África, Latinoamérica y países del sudeste asiático en desarrollo, unos 100.000 millones de dólares por año, asumiendo la responsabilidad diferenciada.

Por eso en la última COP (sigla en inglés de Conferencia de las Partes), la COP 27, en Egipto, se discutió eso.

En la anteúltima COP en Glasgow, los países centrales y la ONU nos pidieron a varios países que firmemos un acuerdo de carbono y cuidado de bosques. Hace un año hubo otra reunión, en Egipto. Nos dijeron que ese acuerdo ya no estaba más. “Ahora tenemos un nuevo acuerdo para que firmen.” Entonces es un nunca acabar. Es una tomada de pelo. Ante esa situación, uno se pregunta si los países centrales quieren realmente solucionar los problemas. ¿Están dispuestos a modificar los métodos productivos? Porque si Europa, Estados Unidos, China tienen aspiraciones de seguir creciendo a tasas de 5%, entonces es en vano. Argentina crea más parques nacionales, ya tenemos tres en esta gestión. En el Congreso hay dos con media sanción a punto de ser tratados. Aumentamos la cantidad de recursos para combatir los incendios forestales y triplicamos la cantidad de bases, duplicamos la cantidad de gente, nuevos aviones, alquilamos aviones como nunca antes habíamos alquilado, compramos ropa con equipamiento, transferimos a las provincias y construimos plantas de tratamiento de residuos para que los plásticos no lleguen al mar, para tratar bien los residuos, porque los basurales a cielo abierto también son emisores de los gases de efecto invernadero. Tiene que tener un rol la matriz energética, su modificación, los beneficios para que los países en desarrollo que tenemos dificultades en el acceso a las divisas tengamos una vía accesible para modificar matriz energética.

Sin ese financiamiento, ¿qué puede hacer Argentina hoy para reducir emisiones? Porque el país está tratando de explorar en el mar petróleo, que es uno de los causantes del calentamiento global, está haciendo el oleoducto de Vaca Muerta. Además Greenpeace acusa al gobierno de Chaco de permitir deforestar lugares donde antes no estaba permitido. Y en paralelo hay escuelas y casas que se quedan sin luz ante la ola de calor. ¿Habría que reforzar el sistema energético para que no colapse ante una demanda que aumenta? ¿O habría que mejorar las escuelas para que haya ventiladores o aire acondicionado?

Hoy el desarrollo humano no ha logrado reemplazar en un 100% ni el gas ni el petróleo. Ahora el gas y petróleo reemplazan al carbón sin reemplazar el carbono. Para que los países que utilizan carbón para producir energía dejen de usarlo, se necesitan inversiones. ¿Cuáles son los países que usan carbón? Alemania y China, entre otros. Hoy, Alemania usa más carbón que hace cinco años. China intenta ir reduciendo el uso del carbón y por eso sale a comprar todo el hidrocarburo que se produce en Rusia. Ahora, si nosotros tenemos gas, que es un combustible de transición, según está determinado por la Unión Europea, y con ese gas no solamente nos evitamos importar energía y utilizar dólares, sino que, al contrario, reemplazamos 7.000 millones de dólares anuales, y al mismo tiempo el excedente de nuestro gas se exporta a Alemania o China para que dejen de usar carbón, la verdad es que no veo nada contrario a tener ese gas y utilizarlo en el marco de la transición ecológica. Ahora, si el mundo no desarrolla y no innova con el hidrógeno verde y no reemplaza ese gas con molinos eólicos, paneles solares, estamos en la misma.

El gas es energía de transición, pero el petróleo no. Sin embargo, el Gobierno le pone fichas al petróleo. ¿No es contradictorio seguir apostando por ampliar la producción petrolera cuando en realidad deberías recortarla?

Vos tenés una ventana de diez años donde todavía vas a seguir utilizándolo. A vos eso te permite, en vez de utilizar dólares para importarlo, producirlo vos y además tener un excedente exportable. Va a llegar un momento en que Naciones Unidas va a decir “hasta acá, señores”.

¿Usar ese petróleo no va a dificultar que la Argentina llegue a los objetivos que se comprometió en el Acuerdo de París?

No, no, no. Hay diez años de margen.

¿Qué pasa con los bosques?

La Argentina tiene diversas estrategias. En estos tres años hemos incrementado 15% la cantidad de áreas protegidas. Por otro lado, en el 2009 se votó una ley de bosques. Esa ley ha bajado la curva de desmontes, pero no sin dudas que es perfectible. Hay una presión hacia el desmonte del lado de la ganadería y de la agricultura, en menor medida de la industria forestal. Es más, la industria forestal planificada es algo que incluso genera renovación. Existen tres categorías, tres zonas: una es la roja, que no se toca, otra es la amarilla y otra, la verde. Yo estoy del lado de pensar que que con lo que tenemos, no podemos avanzar un kilómetro más sobre la frontera agropecuaria. Hay que darle valor al bosque nativo para que la presión productiva no se lo lleve puesto. Hace falta financiamiento. Ahí existen varias estrategias. Una que es muy incipiente y que estamos conversando incluso con varios países, entidades, incluso empresas, es la de crear un mercado de servicios ecosistémicos, que sería un tokenización de territorio, sin poner en duda la soberanía. De tal manera, el dueño de la tierra puede tener un incentivo para no desmontar. Nosotros tuvimos una iniciativa en el ministerio de intentar modificar la ley de bosques para eliminar la categoría verde y muchas ONG que son prestigiosas estaban en contra.

¿Con qué argumento?

Que la ley de bosques no se toca.

¿Y de lo que hizo la provincia del Chaco tiene alguna opinión?

No estoy al tanto de la reglamentación. Sí puedo decir que que yo veo un compromiso. En los últimos seis años, Chaco otorgó tierras para los nuevos parques nacionales, tanto El Impenetrable como Laguna del Palmar, que es el que tiene media sanción. Chaco tiene un 20% de su territorio protegido. Un 40% de la provincia del Chaco es bosque nativo.

¿Entonces qué está haciendo hoy la Argentina contra la crisis climática que agrava la ola de calor?

¿Qué puede hacer Argentina hoy? Argentina no puede permitir más deforestación. Número uno. Tenemos que terminar con los basurales a cielo abierto y tratar mejor los residuos. Número dos. Tenemos que modificar nuestra matriz energética. Número tres. Seguir modificándola. Tenemos que modificar el combustible de medios de transporte público. Esas son las cuatro principales tareas.

Y de esas cuatro, ¿en qué está avanzada y en qué está más atrasada?

En la que más estamos atrasados es en modificar el combustible de medios de transporte público. Hay proyectos piloto. Hay entidades avanzando mucho en camiones con GNC, Hay muchos municipios que tiene condonación de algunos impuestos ante el caso particular de comprar vehículos eléctricos o híbridos. Nosotros hemos incrementado sustancialmente el presupuesto de bosques para las provincias. No obstante, el fondo de bosques está establecido en la ley 27, pero no se cumple. Nunca se cumplió. Cuando más nos acercamos fue en este período.

Hay una ley que dice que en 2025 el 20% de la matriz eléctrica debe ser con energías renovables y está difícil que se cumpla. Hoy son el 14%...

Estamos junto a la Secretaría de Energía y otro ministerio trabajando en pos de la generación distribuida. ¿Esto que significa? Si vos ponés parque solares en las regiones de consumo de máximo consumo, evitás la inversión de la línea y de las subestaciones para traer la energía de zonas alejadas y ahí ahorras un montón de dinero. Así emplazás más rápido el parque solar y con eso te ahorrás varios problemas, como, por ejemplo, cortes.

¿Y sobre basurales que se están haciendo?

Ya tenemos inauguradas dos plantas de tratamiento en Formosa y Concordia, pero no lo hicimos formalmente. Vamos a ir seguramente con el Presidente en los próximos días a Concordia. Ahí eliminamos un basural que tenía 25 años. Este año vamos a inaugurar seis plantas más. Son inversiones de entre 8 y 12 millones de dólares cada planta.

¿Cuántos basurales quedan todavía en la Argentina?

Tenés estimaciones de que hay 5.000 basurales. Un municipio de los más complicados en términos de basurales y falta de tratamiento es Quilmes. En mayo inauguramos la planta. En Moreno, en junio. Luján, que tiene el basural a cielo abierto más grande del país, en noviembre. Este año también, Chascomús, Villa María y Valle de Uco. Vamos este año a licitar ocho o nueve plantas más.

AR

Para el oficialismo, tener garantizado los 16 votos de sus diputados en la comisión de Juicio Político para avanzar el jueves con la investigación contra los cuatro jueces de la Corte Suprema no fue un cálculo automático. Durante los últimos días, elDiarioAR pudo reconstruir la existencia de presiones externas a la cámara de Diputados pero provenientes del kirchnerismo, negociaciones y acuerdos que tuvieron lugar durante las últimas semanas. El punto que generó fisuras dentro del oficialismo fue el hecho de que ciertos dirigentes del Frente de Todos (FdT) se oponen a que los legisladores avancen con la investigación propuesta por la Coalición Cívica (CC) contra el juez Ricardo Lorenzetti, confirmaron fuentes parlamentarias a este medio. 

Uno de los hombres más activos en esas negociaciones fue el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de acuerdo con las fuentes consultadas. El mandatario provincial fue uno de los más duros y decididos a acompañar el pedido de juicio político presentado por el presidente Alberto Fernández contra los cuatro jueces de la Corte. 

Además, Zamora presentó una denuncia penal contra Silvio Robles, vocero y mano derecha de Horacio Rosatti -presidente del máximo tribunal-, y hasta solicitó a un juez federal de su provincia que secuestre los teléfonos del asesor de la Corte para peritarlos, en el marco de la filtración de chats entre Robles y el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro. 

El poder en la Corte está dividido en dos bloques desde 2018: la mayoría o el trío (integrado Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz) y un unitario (Lorenzetti), quien supo ser el poderoso presidente del tribunal entre 2007 y 2018, cuando perdió el cargo en manos de Rosenkrantz pero por una movida política atribuida a Rosatti.

El jueves último, tras la primera reunión de acuerdo del año, los jueces dejaron trascender a través de sus voceros un mensaje de unidad interna ante el embate en su contra. Sin embargo, Zamora participó en conversaciones con diputados del Frente de Todos para manifestar su desacuerdo con que la comisión de Juicio Político avance con las denuncias presentadas por los diputados Juan Manuel López y Paula Oliveto, aliados de Elisa Carrió, contra Lorenzetti, basadas en argumentos muy diferentes a los que alegaron Fernández y el propio Zamora en su pedido de juicio político contra los integrantes del tribunal. 

El gobernador de Santiago del Estero les comunicó a integrantes del oficialismo que el voto de su diputado en la comisión, Ricardo Daives, estaba en duda debido al desacuerdo de Zamora con la estrategia de los diputados oficialistas contra Lorenzetti. Agregó, contaron las fuentes consultadas, que la comisión debía concentrarse en avanzar contra el juez Rosatti.

Leopoldo Moreau, uno de los diputados al tanto de las conversaciones con Zamora, le informó al gobernador que sus pretensiones no eran posibles y que el oficialismo debía avanzar contra los cuatro integrantes de la Corte. Ante la insistencia de Zamora, las conversaciones continuaron hacia arriba. Llegaron a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de acuerdo a las fuentes consultadas. Se acordó postergar, en la medida de lo posible, la avanzada contra Lorenzetti en la comisión.

Tanto el Gobierno como Zamora y el Frente de Todos saben que no cuentan con los votos para avanzar con el juicio político más allá de la comisión, pero apuestan a esmerilar a los integrantes del máximo tribunal a través de la investigación en la comisión y ese efecto podría potenciarse sobre Lorenzetti si los diputados avanzan de lleno con las acusaciones de la Coalición Cívica.

Los proyectos defendidos por los diputados López y Oliveto que preocupan a los aliados de Lorenzetti y al propio juez supremo, de aceitada relación con gobernadores y ministros del oficialismo, no apuntan a sus fallos, como el que ordenó aumentar el porcentaje de impuestos coparticipables a favor de la Ciudad de Buenos Aires, sino al manejo de fondos multimillonarios durante sus presidencias en el máximo tribunal, contrataciones en el ámbito de la Corte, su patrimonio y sus negocios particulares. Son estos puntos los que preocupan a los aliados y defensores de Lorenzetti en el poder. Los pedidos de juicio político de los diputados “lilitos” no fueron apoyados ni votados por los diputados de Juntos por el Cambio, el interbloque opositor que ellos mismos integran.

“Estamos hartos del apriete de Lorenzetti”, dijo la diputada Oliveto (Coalición Cívica), tras pedir la palabra durante la reunión de la comisión el jueves último, cuando se votaron los informes de admisibilidad de los juicios políticos contra los jueces. El ministro de la Corte ha rechazado siempre las acusaciones del bloque de los “lilitos” y ha iniciado acciones civiles contra sus acusadores, dijo Oliveto.

elDiarioAR se comunicó con la vocera de Lorenzetti y con voceros y allegados al gobernador Zamora para conocer su versión de los hechos pero no obtuvo respuesta. Santiago del Estero tiene en la Corte una demanda en su contra desde 2019 que iba a ser prioridad del tribunal en 2022, pero luego quedó fuera de su agenda.

En 2022, Rosatti, como presidente de la Corte, había anunciado que el máximo tribunal daría tratamiento especial a la demanda de la organización ambientalista Greenpeace contra cuatro provincias (Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero) por el avance de los desmontes y la deforestación en el Gran Chaco argentino, el segundo ecosistema boscoso más grande de Sudamérica, después de la Amazonía.

En un documento, la Corte comunicó que durante 2022 realizaría una audiencia pública para exponer la problemática ambientalista que se profundiza año a año ante el avance de la frontera agrícola y ganadera en el norte del país. La demanda de Greenpeace se presentó ante la Corte en nombre del yaguareté, el felino más grande de América y el tercero del planeta, en peligro de extinción por la cacería y la destrucción de su hábitat.

A mediados del año pasado, la demanda que exponía a los gobernadores de las cuatro provincias salió de la agenda de la Corte, como reveló entonces elDiarioAR. 

El jueves último, tras la primera reunión de acuerdo del máximo tribunal, los jueces decidieron que la demanda tampoco estará entre las prioridades de 2023. En su lugar, voceros de la Corte confirmaron a este medio que el tribunal realizará una audiencia pública por otro caso ambiental, también de alta gravedad y urgencia: la explotación petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua, en la provincia de Jujuy, donde gobierna el radical Gerardo Morales, opositor al kirchnerismo y en contra del juicio político a la Corte. El caso involucra a la Administración de Parques Nacionales, que depende del Ejecutivo Nacional e indirectamente a la petrolera estatal YPF, que desde hace décadas no tiene vínculos con los pozos denunciados, explicó la empresa a elDiarioAR. Pero además, la demanda apunta a la supuesta responsabilidad de petroleras privadas y autoridades provinciales y municipales: la unión transitoria de empresas Petróleos Sudamericanos SA, Necon SA; Pluspetrol SA; JHP International Petroleum Engineering Ltda.; Jujuy Energía y Minería S.E. (J.E.M. S.E.); Felipe Frognier y el Municipio de Yuto.

Ante las consultas de elDiarioAR, voceros del tribunal afirmaron, a mediados de 2022 y ante una segunda consulta a finales del año pasado, que la decisión de postergar la audiencia pública y el fallo de la Corte sobre el avance de la deforestación en Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta se debió a que el caso de la explotación de hidrocarburos en la reserva natural de Jujuy tiene “mayor interés jurídico” para la Corte, que el daño ambiental en el lugar es inminente y que el caso del yaguareté afecta la economía de cuatro provincias. Los desmontes se producen para criar ganado para la exportación.

Testigos VIP 

Los gobernadores también acordaron entre sí que no estarán entre los primeros testigos citados a declarar en la comisión de Juicio Político, a pesar de haber sido activos promotores del jury contra los jueces de la Corte por el fallo del tribunal a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reparto de fondos coparticipables de impuestos nacionales.

Zamora fue uno de los mandatarios que propuso a sus pares posponer sus declaraciones en el Parlamento, informaron a elDiarioAR testigos de esas conversaciones. Los gobernadores lo comunicaron al bloque del Frente de Todos a través de sus diputados en la comisión. 

No todos estaban de acuerdo: ni en el bloque oficialista en Diputados ni entre los mandatarios provinciales. Jorge Capitanich, gobernador de Chaco y, como Zamora, de los más activos en promover el juicio político contra la Corte, hizo saber a los diputados que quería acudir a declarar ante la comisión parlamentaria, pero tras conversaciones con otros gobernadores, unos días más tarde, se plegó a la iniciativa promovida por Zamora. Ganaron los postergadores, de acuerdo a dos fuentes con conocimiento directo de las negociaciones. Esas señales incomodan a algunos diputados del Frente de Todos.

Hubo otras señales que alimentaron suspicacias en el Frente de Todos. Una de ellas fue la citación que el saliente jefe de Gabinete, Juan Manzur, hizo al diputado de su provincia Mario Leito (Tucumán) el jueves 26 de enero a las 10.30 en la Casa Rosada, a sabiendas de que el legislador debía presentarse a la primera reunión de la comisión de Juicio Político ese mismo día a las 11 en el Congreso.

Finalmente, un sector de Diputados del oficialismo promovió internamente que el informe de admisibilidad que se votó el jueves para iniciar la investigación e intentar avanzar con el juicio político incluyera los dos proyectos presentados por la Coalición Cívica.

Miércoles de frenesí

El miércoles último también fue una jornada de negociaciones, discusiones y desacuerdos por el caso de Lorenzetti, confirmaron fuentes parlamentarias. Sin embargo, el oficialismo llegó a la reunión del jueves con los 16 votos asegurados para avanzar con la investigación contra los cuatro jueces y un sector del Frente de Todos logró que se incluyeran los hechos denunciados por la Coalición Cívica, pero deberán juntar paciencia.

La investigación en la comisión de Juicio Político implica la citación de testigos, la producción de medidas de prueba y la obtención de documentos. Una vez finalizada la investigación, deberá votarse en comisión el dictamen de acusación para definir si el proceso da un nuevo avance crucial: pasar al recinto de la cámara de Diputados, encargada de actuar como acusadora de los sometidos a juicio político.

Una vez en el recinto, las posibilidades de avanzar con el proceso son pocas. El Frente de Todos no cuenta con los votos necesarios para aprobar la acusación: necesita los dos tercios de los votos para que esta  se formalice y pase al Senado, encargado del juzgamiento. En la Cámara alta, además, tampoco cuenta con los dos tercios necesarios para la destitución de los jueces.

ED