Ahora que el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, consiguieron el respaldo del 40% de los argentinos que fueron a votar en una elección con abstencionismo récord, están dispuestos a ir por más con una serie de reformas, incluida una tributaria. No está claro su contenido, pero se habla de un súper IVA que reemplace Ingresos Brutos, una rebaja del impuesto a las ganancias a las empresas y a los empleados de altos sueldos que lo pagan, la modificación del monotributo y su reemplazo parcial por el régimen de autónomos, que tributan IVA y Ganancias, no se sabe si se cumplirá la vieja promesa de quitar el gravamen a las transferencias y las retenciones a la exportación.

Pero es posible otra reforma tributaria que también busque impulsar el crecimiento pero que no ahonde la desigualdad, con más IVA y menos Ganancias, sino que la reduzca. El problema es que parece poco probable, dada la futura composición del Congreso y que tampoco el peronismo la llevó adelante en los 18 años en que gobernó durante este siglo. De todos modos, hay quienes la sueña y por eso redactaron un documento llamado “Hay otro camino. Por un programa de reforma fiscal democrática”, que elaboró un amplio grupo de economistas y otros expertos del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), entre ellos Noelia Méndez Santolaria (de Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era, DAWN, por sus siglas en inglés), Malena Vivanco, Sofía Pasquini, Natán Spollansky y Alejandro Gaggero (de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ) y María Julia Eliosoff (de la Fundación Friedriech Ebert, FES, de la socialdemocracia alemana).

La propuesta incluye:

Aliviar la carga del impuesto a los débitos y créditos bancarios en la economía real y gravar más la renta financiera. A diferencia de Álvarez Agis, que propuso el tributo al efectivo para compensar la eliminación del de transferencias, ETFE sugiere “limitar la aplicación únicamente a grandes empresas, eximiendo a pequeños contribuyentes y pymes, y ampliar el alcance para gravar cuentas comitentes –las que se usan para invertir en acciones y bonos– y aumentar las alícuotas aplicables a billeteras de exchange de criptoactivos”.

AR

A horas de que Mercado Libre anunciara que desde el 8 de julio aumentará el costo de operación en las provincias en que tiene un mayor impacto el impuesto a los Ingresos Brutos (Córdoba, Santa Fe y Jujuy), el ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, denunció a la empresa que fundó Marcos Galperín de buscar “falsas excusas para hacer discriminación de precios a sus usuarios” y calificó como “paradójica esta situación, porque mientras Mercado Libre facilita indirectamente las transacciones de los narcos, el Estado de Santa Fe debe destinar recursos de Ingresos Brutos para financiar las políticas de seguridad y el accionar policial para combatir estas mismas actividades ilícitas”.

De acuerdo al funcionario del Gobierno que lidera Maximiliano Pullaro, “es falso que Santa Fe haya incrementado la carga tributaria a plataformas de venta on line. Estamos ante una maniobra donde la empresa busca falsas excusas para hacer discriminación de precios a sus usuarios”, apuntó Olivares.

Este martes, a través de un comunicado en sus redes sociales, Mercado Libre calificó al impuesto a los Ingresos Brutos como “distorsivo”, porque “afecta a vendedores y consumidores, encarece los productos y servicios, va en contra de la formalización, reduce la competitividad y genera mayores costos”. “Sube el costo de las soluciones que ofrecen las plataformas digitales y esto afecta a millones de consumidores y comercios que compran, venden y cobran con estas herramientas”, publicaron desde la plataforma, que además apuntaron a los gobiernos de Santa Fe, Córdoba y Jujuy.

Para el funcionario de Santa Fe, “este comunicado parece una represalia al reclamo que desde principio de año venimos haciendo a Mercado Libre para que realicen controles elementales a quienes les entrega dispositivos Point, dado que en muchos sitios o búnkeres donde se comercializa droga se secuestran dispositivos Point (lectores de tarjeta y QR) de MercadoPago”.

De acuerdo a Olivares, “las fotos de los allanamientos en la Provincia de Santa Fe muestran una escena cada vez más frecuente: armas, droga y dispositivos de MercadoPago. Resulta paradójica esta situación porque mientras Mercado Libre facilita indirectamente las transacciones de los narcos, el Estado de Santa Fe debe destinar recursos de Ingresos Brutos para financiar las políticas de seguridad y el accionar policial para combatir estas mismas actividades ilícitas”, disparó el ministro de Economía provincial a través de un posteo en X.

Mercado Libre anunció que desde el 8 de julio aumentará el costo de operación en las provincias en que tiene un mayor impacto el impuesto a los Ingresos Brutos.

Los costos aumentarán para quienes operen en Córdoba, Santa Fe y Jujuy, donde el impuesto es más alto en comparación con el promedio del país, precisó la empresa en un comunicado.

En contrapartida disminuirán los cargos por vender en Corrientes, Río Negro, Santa Cruz, Formosa y Santiago del Estero. En el resto de las provincias no habrá cambios.

“El impuesto a los Ingresos Brutos sube el costo de las soluciones que ofrecen las plataformas digitales y esto afecta a millones de consumidores y comercios que compran, venden y cobran con estas herramientas”, señaló la empresa.

En un comunicado explicó que “hasta ahora, los cargos por vender en Mercado Libre y Mercado Pago eran iguales en todo el país, pero las diferencias cada vez mayores en las alícuotas de Ingresos Brutos entre provincias terminan perjudicando a quienes trabajan y compran en aquellas con menor carga impositiva”.

“Para transparentar el impacto de los impuestos locales, por primera vez Mercado Libre y Mercado Pago diferenciarán los cargos por vender en cada provincia”, afirmó la empresa.

La compañía enfatizó que “Ingresos Brutos es un impuesto distorsivo que afecta a vendedores y consumidores, encarece los productos y servicios, va en contra de la formalización, reduce la competitividad y genera mayores costos”.

La notificación cerró con el hashtag BastadeIngresosBrutos.

El comunicado completo

Mercado Libre y Mercado Pago diferenciarán sus cargos según los impuestos locales de cada provincia.

Para transparentar el impacto de los impuestos de cada provincia, se aplicarán cargos diferenciados que hasta hoy eran iguales en todo el país.

El impuesto a los Ingresos Brutos sube el costo de las soluciones que ofrecen las plataformas digitales y esto afecta a millones de consumidores y comercios que compran, venden y cobran con estas herramientas.

Hasta ahora, los cargos por vender en Mercado Libre y Mercado Pago eran iguales en todo el país, pero las diferencias cada vez mayores en las alícuotas de Ingresos Brutos entre provincias terminan perjudicando a quienes trabajan y compran en aquellas con menor carga impositiva.

Para transparentar el impacto de los impuestos locales, por primera vez Mercado Libre y Mercado Pago diferenciaran los cargos por vender en cada provincia.

Así, a partir del 8 de julio, los cambios serán los siguientes:

Ingresos Brutos es un impuesto distorsivo que afecta a vendedores y consumidores, encarece los productos y servicios, va en contra de la formalización, reduce la competitividad y genera mayores costos.

#BastadeIngresosBrutos

Con información de NA.

IG

Desde ahora, aquellos contribuyentes que tengan un Saldo a Favor (SAF) de Ingresos Brutos podrán usarlo para compensar deudas de Inmobiliario/ABL, Patentes o el mismo Ingresos Brutos, anunció el Gobierno porteño. Hoy hay más de 234.000 posibles beneficiarios que tienen saldos a favor de Ingresos Brutos.

“Acompañamos el esfuerzo de los que invierten, generan empleo y hacen crecer nuestra Ciudad. Menos burocracia es más tiempo, más plata y más oportunidades para los vecinos”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El procedimiento es automático y 100% online. Se accede con Clave Ciudad a la Nueva Cuenta Corriente Tributaria, donde el contribuyente debe seleccionar “Operaciones” y luego “Compensar Saldo”. Desde allí se puede elegir la deuda a cancelar y aplicar el saldo a favor disponible, sin límite de montos. El sistema procesa la operación automáticamente y el resultado impacta de forma instantánea.

Esta novedad se suma a la devolución exprés de SAF implementada en enero y que ya permitió que más de 10.000 contribuyentes recuperaran su dinero en un plazo promedio de 48 horas, cuando antes el mismo trámite demoraba hasta 3 meses. En total, hasta el momento se devolvieron más de $4.100 millones.

Tanto la devolución como la compensación de Saldos a Favor son parte de una serie de cambios impulsados por AGIP para simplificar trámites, agilizar tiempos y facilitar el cumplimiento fiscal, brindando respuestas más rápidas y eficaces a las necesidades de los contribuyentes.

De esta manera, el organismo dijo que sigue “avanzando hacia una gestión tributaria más moderna y accesible, con soluciones concretas pensadas para vecinos, comercios y PyMEs que impulsan el desarrollo productivo de la Ciudad”.

MM con información de la agencia NA.

El Grupo de los 6 (G6) pidió a provincias y municipios que avancen en una baja de la presión impositiva a través de la reducción de ingresos brutos y tasas municipales.

Este asociación empresaria afirmó que el incremento de estos tributos “se han convertido en un método de financiamiento local antes que en una contraprestación efectiva”.

El Grupo de los 6 (G6) lo integran la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

El G6 destacó que “resulta imposible avanzar con un desarrollo sostenible y federal, con creación de empleo de calidad y recuperación del consumo, si las provincias y municipios no acompañan el horizonte de reducción de la carga impositiva planteado por el Gobierno nacional”.

En este contexto, el G6 remarcó que si bien la alícuota de ingresos brutos está determinada por ley en 1.5%, su aplicación “en cascada” puede alcanzar entre el 3 y el 9%.

En cuanto a las tasas municipales el G6 advirtió que el principal problema es la falta de proporcionalidad y la ausencia de contraprestación individual.

Según informes de las entidades miembros del G6, solo la tasa de seguridad e higiene representa en promedio el 34% de los recursos municipales propios y que puede llegar a representar cerca del 2% del valor final de un producto. En tanto ingresos brutos y sellos explican el 84% de los ingresos impositivos de origen provincial.

El G6 concluyó que el funcionamiento de las administraciones provinciales y municipales no puede ser a costa de los sectores productivos y financieros.

El comunicado completo

Ingresos brutos y altas tasas municipales limitan el acceso a los servicios financieros. La alta carga de impuestos distorsivos que soporta la actividad financiera es uno de los elementos que explican, pese al repunte observado en el último año, el bajo y decreciente nivel de préstamos/PBI que muestra nuestra economía los últimos 25 años. Se destacan, entre otras cargas impositivas, los impuestos a los Ingresos Brutos (IIBB) provinciales y las tasas municipales exorbitantes en muchos municipios. A nivel nacional, desde 2001 existe el denominado Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios.

Las Asociaciones de bancos desde hace tiempo han expuesto este problema a través de la difusión de notas y estudios técnicos, así como mediante planteos administrativos y judiciales.  

Actualmente, tanto las tasas de IIBB provinciales como ciertas tasas municipales, se encuentran en niveles récord como consecuencia de los aumentos observados en los últimos tiempos y constituyen una seria limitante para la expansión del crédito y la sustentabilidad de la presencia de las sucursales bancarias.

Las personas y empresas tomadoras de crédito y usuarios de los servicios financieros son las que sufren las consecuencias de la alta presión impositiva. Es paradójico que sean las jurisdicciones provinciales y municipales las que dificulten el acceso y encarezcan los servicios financieros a sus vecinos.

Desde las Asociaciones exhortamos a los gobiernos provinciales y municipales a que lleven adelante medidas que estimulen el financiamiento de la producción y la generación de empleo en la Argentina, basados en impuestos razonables y no distorsivos.

El pedido de Mercado Libre

En las últimas horas, Mercado Libre rechazó la suba del impuesto a los ingresos brutos que se aplicó en distintas provincias porque aseguró que perjudica a consumidores y pymes.

En un comunicado de prensa, la empresa mencionó directamente a Santa Fe, pero luego englobó al resto de las provincias.

“La reciente suba del impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) en Santa Fe y otras provincias afecta a consumidores y PyMEs, encareciendo productos y servicios y poniendo en riesgo miles de negocios que sostienen la economía local”, señaló la empresa en el parte de prensa.

Mercado Libre consideró que “Este impuesto es injusto: grava el total facturado, no las ganancias, y genera un efecto cascada que aumenta los precios”.

“Además, su gestión impone costos administrativos innecesarios que frenan el crecimiento de los comercios”, añadió la compañía.

En ese mismo sentido, sostuvo que “en lugar de avanzar hacia un sistema impositivo más simple y justo, estas medidas perjudican a quienes producen, comercian y consumen”.

“Desde Mercado Libre creemos que es hora de reducir la carga impositiva y priorizar a las familias, PyMEs y productores para impulsar el desarrollo económico”, finalizó el comunicado.

El descontento de la empresa de Galperín se da después de que Santa Fe anunciara el aumento del 5 al 9% para Ingresos Brutos a las billeteras virtuales y generó el reclamo de Mercado Libre, que contó con el respaldo del CEO de Ualá, Pierpaolo Barbieri, en redes sociales: “Me parece absolutamente loco que haya provincias que SUBAN Ingresos Brutos para billeteras, como si quisieran desincentivar la digitalización e incentivar el trabajo en negro”, escribió en X el empresario.

Con información de agencias.

IG

Mercado Libre rechazó la suba del impuesto a los ingresos brutos que se aplicó en distintas provincias porque aseguró que perjudica a consumidores y pymes.

En un comunicado de prensa, la empresa mencionó directamente a la provincia de Santa Fe, pero luego englobó al resto de los estados subnacionales.  

“La reciente suba del impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) en Santa Fe y otras provincias afecta a consumidores y PyMEs, encareciendo productos y servicios y poniendo en riesgo miles de negocios que sostienen la economía local”, señaló la empresa en el parte de prensa.

Mercado Libre consideró que “Este impuesto es injusto: grava el total facturado, no las ganancias, y genera un efecto cascada que aumenta los precios”.

“Además, su gestión impone costos administrativos innecesarios que frenan el crecimiento de los comercios”, añadió la compañía.

En ese mismo sentido, sostuvo que “en lugar de avanzar hacia un sistema impositivo más simple y justo, estas medidas perjudican a quienes producen, comercian y consumen”.

“Desde Mercado Libre creemos que es hora de reducir la carga impositiva y priorizar a las familias, PyMEs y productores para impulsar el desarrollo económico”, finalizó el comunicado.

El descontento de la empresa de Galperín se da después de que Santa Fe anunciara el aumento del 5 al 9% para Ingresos Brutos a las billeteras virtuales y generó el reclamo de Mercado Libre, que contó con el respaldo del CEO de Ualá, Pierpaolo Barbieri, en redes sociales: “Me parece absolutamente loco que haya provincias que SUBAN Ingresos Brutos para billeteras, como si quisieran desincentivar la digitalización e incentivar el trabajo en negro”, escribió en X el empresario.

Santa Fe es el que tiene más alta la alícuota del tributo y la siguen las provincias de Jujuy (7%) y Córdoba (6,75%).

Con información de agencias.

IG

La Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) disminuyó en un 60% el stock de saldos a favor de Ingresos Brutos desde el inicio de la gestión de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo que representó un beneficio de casi $190.000 millones para pymes, comercios y cuentapropistas.

En declaraciones periodísticas, el director ejecutivo de ese organismo, Cristian Girard, aseguró que al momento de asumir, en diciembre de 2019, pusieron “en marcha una reforma integral en Ingresos Brutos que disminuyó retenciones, aceleró la devolución de saldos a favor acumulados, brindó facilidades para regularizar deudas y promovió un régimen simplificado que favoreció a más de 830 mil monotributistas”.

Las medidas de administración tributaria aplicadas sobre Ingresos Brutos permitieron reducir gradualmente el stock de saldos a favor que tenían los contribuyentes, lo que en la práctica significó una cesión de recursos desde el Estado hacia el sector privado, en particular las micro, pequeñas y medianas empresas, comercios y emprendimientos productivos.

Al respecto, Girard subrayó que se ha logrado “devolver de manera directa más de $48.000 millones de saldos a favor retenidos, a partir de la creación de un sistema de compensación que se gestiona vía web y permite usar saldos retenidos para el pago de otros tributos”.

La acumulación de saldos a favor se produce cuando el fisco, a través de la graduación de los regímenes de recaudación, recauda por anticipado el impuesto que deben pagar las empresas en concepto de Ingresos Brutos. En ese sentido, Girard explicó que la gestión tributaria provincial que heredaron “tenía una graduación muy agresiva de los regímenes de recaudación, con alícuotas muy altas que hacía que los adelantos superasen los impuestos a pagar, con el agravante de darse en un marco de caída de las ventas”.

A pedido del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, el oficialismo porteño en la Legislatura aprobó este jueves un paquete de proyectos de “alivio impositivo” vinculados con los alquileres, iniciativas que no fue acompañada por la oposición que tildaron a las mismas como “medidas electorales” que tendrán “impacto cero” en la población.

Durante la sesión ordinaria, fueron sancionados los expedientes remitidos en las últimas semanas desde el Gobierno porteño por 36 votos a favor provenientes de Juntos por el Cambio (JXC), acompañados por la Libertad Avanza; y 21 en contra del Frente de Todos (FDT) y el Frente de Izquierda.

En primera instancia, convirtieron en ley los proyectos relacionados a proceso de alquiler que tienen como beneficiarios a los dueños de los inmuebles a partir de la eximición temporal del pago del ABL y una más amplia a la vigente de Ingresos Brutos a partir de una suba del tope de $75.000 y a $220.000.

También, aprobaron una ley de Co-Vivienda, que permite a los dueños de terrenos ceder el derecho de uso a “organizaciones”; y finalmente la eximición del abono del impuesto conocido como “plusvalía urbana” a los desarrollos inmobiliarios destinados a vivienda individual en 19 barrios porteños, en su mayoría, localizados en la zona sur porteña.

La oposición, en contra

Al respecto, la legisladora del FdT Claudia Neira había anticipado el voto en contra de los proyectos del oficialismo. “Son medidas electorales que van a tener cero impacto” frente a un “problema acuciante como es el de los alquileres”, dijo Neira, tras lo cual agregó que queda pendiente “una discusión profunda” por la problemática habitacional en el distrito.

También el opositor porteño, Manuel Socías, por su parte, advirtió que “es la primera vez que discutimos el problema de la vivienda en tres años y medio del segundo mandato de Larreta” y consideró que “en la Ciudad de Buenos Aires se construyen metros cuadrados dolarizados, no viviendas”.

Mercedes de Mendieta, de la Izquierda Socialista, sostuvo que “el gobierno de Larreta nuevamente está haciendo marketing porque son leyes que favorecen a los propietarios y a las constructoras”; al tiempo que Gabriel Solano, del Frente de Izquierda-Partido Obrero, coincidió en que son medidas que “defienden los intereses de la gran patria inmobiliaria”.

Javier Andrade, del FdT, cuestionó que las propuestas “aparezcan después de gobernar la Ciudad de Buenos Aires por más de 15 años” y los atribuyó a una “cuestión electoral”, no obstante consignó que existió una baja en el presupuesto destinado al Instituto de la Vivienda de la Ciudad, el organismo encargado de la gestión en materia habitacional.

“El fracaso” de la ley nacional de alquileres

Diego García Vilas, del bloque oficialista porteño, llamó a “discutir evitando el cinismo y reconocer lo que se hizo mal y lo que se puede mejorar”, denunció “el fracaso de la ley de alquileres” sancionada en el Congreso nacional y defendió el proyecto sobre la plusvalía en 19 barrios “para provocar mayor incentivo de la construcción en la zona sur”.

Según datos oficiales de la Ciudad, encontrar una vivienda para alquilar demora hasta cuatro meses en promedio y el costo de la renta representa entre un 40% y un 50% del ingreso de los inquilinos.

Por otra parte, en la actualidad hay más de 1.400.000 propiedades en el distrito porteño, de las cuales cerca de 200 mil permanecen vacías.

Con información de agencias.

IG

Los contribuyentes en Argentina están alcanzados por múltiples impuestos nacionales y provinciales. A nivel subnacional, se aplica el impuesto a la propiedad inmobiliario y automotor con vencimiento anual (generalmente en febrero pero varía según la jurisdicción) y descuentos para quienes abonen al contado o con débito automático y pagan al día. En algunas jurisdicciones también se paga Ingresos Brutos por actividad, como en la Provincia de Buenos Aires, un régimen simplificado para monotributistas y tasas municipales.

A continuación, una guía de los principales impuestos nacionales para este 2023:

Monotributo

El Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes consiste en una cuota fija mensual que varía según la categoría correspondiente a la facturación anual de los contribuyentes. Vence el día 20 de cada mes o el día hábil siguiente.

 En enero de cada año se actualizan los aportes y los límites de facturación por categoría en base al índice de movilidad previsional del año anterior. Desde 2021, también hay una actualización de las escalas a mediados de año para que los valores no queden atrasados con respecto a la inflación. Es necesario, entonces, revisar si se debe realizar una recategorización, es decir, si la facturación de los últimos 12 meses no coincide con los parámetros de la categoría vigente y debe pasarse a una escala superior o inferior. En caso de tener que cambiar de categoría, los vencimientos son el 20 de enero y el 20 de julio.

Se puede abonar el monotributo mediante débito automático o tarjeta de crédito. También se puede pagar por cajero o homebanking con un volante electrónico de pago (VEP).

Todos los monotributistas, excepto los sociales, deben emitir comprobantes electrónicos que se pueden generar mediante el sitio web de la AFIP, el Facturador Móvil de un celular o con un servicio contratado.

Desde 2022, aquellas personas que superen los parámetros del Monotributo y se inscriban de forma voluntaria en IVA y Ganancias tendrán beneficios durante un determinado plazo.

Impuesto a las Ganancias

Las obligaciones de este impuesto dependen de la situación laboral y la fuente de ingresos del contribuyente:

1. Empleados en relación de dependencia o jubilado: el agente de retención (empleador o ANSES) va descontando el impuesto de los haberes mensuales. Con el sueldo de abril del año siguiente, se liquida anualmente el Impuesto a las Ganancias. En 2023, los asalariados con sueldos brutos superiores a $404.062 por mes deberán pagar este impuesto. Si cobran entre ese monto y $466.017 tendrán una deducción especial incrementada.

Cada trabajador debe informar sus deducciones, pagos a cuenta (retenciones y percepciones) e ingresos de otros empleos a través del Siradig habilitado desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo del año siguiente. Hasta marzo de 2023 se podrán cargar los datos correspondientes a 2022 y ya se puede ir completando también la información de este año.

2. Percepciones de dólar: se debe informar el 35% o 5% abonado en compras de dólar ahorro o gastos con tarjeta como pago a cuenta.

3. Autónomos: realizan una declaración jurada anual para liquidar y pagar el impuesto. Se pagan anticipos durante el año. El vencimiento es el 30 de junio de 2023, con datos del 2022.

4. Alquileres, dividendos y otras rentas: quienes perciban ingresos por esta vía deberán presentar una declaración jurada anual. Rige el mismo vencimiento que para autónomos.

Renta financiera

El impuesto comenzó a regir en 2018 y a pagarse en 2019, pero diversas modificaciones lo dejaron prácticamente inexistente en la práctica. En 2021, se pagaba este impuesto por la compraventa de ADRs y títulos públicos extranjeros (excepto Brasil y Bolivia), la enajenación de obligaciones negociables en Argentina (en pesos o dólares sin oferta pública), Obligaciones Negociables en el exterior y monedas digitales.

Para el año fiscal 2022, los vencimientos empiezan el 19 de junio de 2023.

Bienes Personales

El impuesto se aplica sobre un patrimonio que supere un mínimo no imponible fijado por la AFIP que, para el año fiscal 2022 es de $11.282.141,08. La casa habitación queda exenta del pago hasta $56.410.705,4 y se abona el excedente si corresponde. Los contribuyentes tienen tiempo para presentar la declaración jurada de 2022 y pagar o adherir a un plan de pagos hasta el 12, 13 o 14 de junio de este año, dependiendo del CUIT.

El monto a pagar va desde el 0,5% hasta el 1,75% para bienes nacionales y asciende hasta un 2,25% para bienes del exterior.

Impuestos y percepciones sobre el dólar

La compra de dólares, los consumos en moneda extranjera con tarjeta y los viajes en el exterior deben pagar diversos tributos:

1. Impuesto PAIS: 30% (8% para servicios como Netflix que también tributan IVA, impuesto para el que se debe presentar una declaración jurada mensual)

2. Percepción del 35% para el caso del dólar ahorro o 45% para el resto de las operaciones a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

3. Percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales: aplica para consumos con tarjeta superiores a los 300 dólares por persona por mes y para viajes o servicios turísticos.

Ambas percepciones, para 2022, se pueden recuperar a partir de enero de este año:

1. No contribuyentes de Ganancias o Bienes Personales: mediante la “Devolución de Percepciones” de la AFIP.

2. Empleados o jubilados con retenciones de Ganancias: mediante Siradig, hasta el 31 de marzo de 2023. Para la percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales se debe utilizar la “Devolución de Percepciones” de la AFIP.

3. Contribuyentes de Ganancias y Bienes personales por declaración jurada: incluyen las percepciones de 2022 en la presentación anual con vencimiento en junio de 2023.

Blanqueo inmobiliario

Desde agosto de 2022 hasta el 17 de agosto de 2023 se pueden declarar divisas dirigidas a la construcción a un fondo que invierta en proyectos inmobiliarios. Este año se incorporó como posible destino del dinero la compra de inmuebles usados para vivienda propia o alquiler no menor a 10 años.

ACM con información de Mi Presupuesto Familiar

El Gobierno porteño y bonaerense prevén para este año subas por debajo de la inflación en los impuestos como patentes e ingresos brutos. Ambos distritos incluyeron esta medida en sus Presupuesto 2023.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, la Legislatura bonaerense sancionó, a principios de diciembre, la Ley Impositiva, que prevé subas inferiores al índice de precios. Esta ley prevé una reducción en términos reales de los impuestos patrimoniales para el 90% de los contribuyentes, al establecer para el próximo año topes menores al 60% anual.

De esta manera, el Gobierno bonaerense podrá aumentar hasta 60% los impuesto provinciales en 2023.

A partir de esta disposición, el Impuesto Inmobiliario, tanto Rural como Urbano, tendrán incrementos menores al 60%, mientras que para el Impuesto Automotor (Patentes) se estableció un tope del 40%.

En tanto, para los Ingresos Brutos se mantiene el universo de pequeñas y medianas empresas (pymes) beneficiadas por la alícuota diferenciada, a través del la suba del 95% del monto máximo de facturación.

Cuánto habrá que pagar en 2023 en CABA

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prevé para el primer mes del próximo año una suba del 6,2% en el ABL. Según estableció la administración porteña, se tomará en cuenta la inflación de cinco meses atrás, que en agosto fue del 6,2 en la Ciudad.

Sin embargo, para el resto del 2023, se seguirá actualizando el valor del tributo de manera mensual y progresiva, a diferencia de anterior metodología, que se aplicaba el incremento total directamente en la primera cuota.

En cuanto a las patentes, desde hace varios años, la alícuota es fija y no sufrirá modificaciones para el próximo año.

De esta manera, los porcentajes impositivos vigentes son:

En relación a esto, en el Presupuesto porteño para el 2023 se dejó en claro que “con la idea de atenuar el impacto de posibles incrementos en las valuaciones del parque automotor, para el 2023 se implementará un tope al impuesto, teniendo como referencia la inflación registrada durante el período noviembre 2021-octubre 2022 por el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad (IPCBA)”.

Máximo Kirchner entró al recinto pidiendo disculpas por la tardanza. Detrás suyo, justo para dar quórum, lo hicieron los también oficialistas Eduardo Valdés y Eugenia Alianello, que se ligaron un reto de la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, por la tardanza. Así, con los necesarios 129 votos –gracias a aliados circunstanciales de bloques minoritarios de la oposición– el Frente de Todos tuvo luz verde para comenzar una larga sesión que se esperaba terminara a la madrugada, con el plato fuerte de la prórroga de impuestos como bienes personales y el del cheque.

Al caer la tarde del jueves, el oficialismo consiguió sancionar el Consenso Fiscal 2022, aprobado por el Senado hace un mes, y que da el visto bueno al acuerdo firmado entre el Gobierno y 21 gobernadores –menos la Ciudad de Buenos Aires, San Luis y La Pampa–, en diciembre del año pasado. Fueron 136 votos a favor y 108 en contra, y 4 abstenciones.

En su corazón, el pacto fiscal permite a las provincias aumentar –con topes máximos– impuestos locales como Ingresos Brutos y Sellos. Pese a que en parte de Juntos por el Cambio había libertad de acción para acompañar o no la iniciativa, sobre todo aquellos legisladores provinciales cuyos gobernadores lo aprobaron, como el jujeño Gerardo Morales y el correntino Gustavo Valdés. Pese a eso, al inicio de la sesión la bancada opositora no dio quórum y vació la mitad del recinto.

“Este Consenso Fiscal es un nuevo clavo en el ataúd del desastre fiscal y tributario de la Argentina”, cuestionó al momento de hablar en la sesión el santafesino Luciano Laspina, espada económica del macrismo, sobre todo bajo el ala de Patricia Bullrich. 

“Venimos acá a defender al gobernador de la provincia y a votar este tipo de Consensos que le rompe la cabeza al contribuyente para que las políticas en las provincias sigan financiando una fiesta del despilfarro del gasto como nunca se vio antes en la Argentina en los últimos 20 años que ha sido un verdadero descontrol”, señaló. Y completó: “Acá venimos a defender a los contribuyentes, no a los gobernadores”. Recordó el Consenso Fiscal de 2017 de Mauricio Macri, al que calificó de “histórico” porque “por primera vez reducía impuestos en la Nación y en las provincias”, como el gravamen a los ingresos brutos“.

Es posición unificada de todo el PRO no avalar cualquier aumento de impuestos, aunque no estaban en la misma situación los legisladores radicales. En una reunión de la UCR de esta semana, el bloque liderado por Mario Negri dio “libertad de acción”. 

Milei, a los gritos

Un momento de tensión se vivió en el recinto cuando le tocó la palabra al libertario Javier Milei. “En el fondo todo este Consenso Fiscal es un aumento de la presión tributaria que va a haber efectivamente y en ningún lado de la economía razonable se dice que se crece con más impuestos porque, en general los impuestos en vez de generar crecimiento, producen decrecimiento”, criticó el diputado la iniciativa. Luego se levantó para abandonar el hemiciclo, molesto por el temario de la sesión, y le salió al cruce a viva voz el kirchnerista misionero Héctor “Cacho” Bárbaro. 

“¿Qué hacés sentado acá si no sos político? ¿Qué sos?”, le preguntó a los gritos. “Vengo a pelear con el status quo desde adentro, porque tengo las pelotas para hacerlo”, respondió Milei, también a los gritos. “¡Ñoqui!”, le retrucó el oficialista, y le espetó: “Otra vez la ‘gran Milei’: habla y se va”.

La defensa oficial la encabezó el economista Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda. Fue quien abrió el debate y aseguró que “de ninguna manera” este pacto tiene “el objetivo de subir impuestos”. Justificó el Consenso como “una política y una administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones”, y apuntó: “No está atravesado por la idea de aumentar impuestos, sino de implementar instrumentos que procuren que la distribución de la carga impositiva, para lo cual se prevé que tenga mayor incidencia en los impuestos patrimoniales, históricamente débiles en muchas provincias, y de esa forma poder compensar la eventual reducción en la recaudación de impuestos sobre las actividades productivas y el consumo”.

Una larga jornada parlamentaria

La maratónica jornada parlamentaria, además del Consenso Fiscal, tenía como plato fuerte la prórroga de impuestos por cinco años. Se negociaba entre el oficialismo y la oposición hasta último momento, ya que era un tema que originalmente no estaba contemplado en el temario hasta el miércoles. 

La iniciativa busca extender hasta el 31 de diciembre de 2027 la vigencia del impuesto a las Ganancias, el impuesto sobre los Bienes Personales, el impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria –al cheque–, el impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos, los impuestos del régimen de monotributo, y el de Capital de Cooperativas. Además, se prorrogan las asignaciones específicas del IVA. 

Pero el Gobierno era una votación clave ya que esos tributos representan casi el 32% de la recaudación, justo cuando Sergio Massa se disponía a enviar el Presupuesto 2023.

Sin tensión política, la agenda de Diputados buscaba votar un proyecto que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales, según corresponda, y el aval a un acuerdo por el cual se crea la Fundación Internacional Uealc. 

​​También querían aprobar el proyecto que da marco profesional a la Enfermería. La ley proveerá de “recursos a instituciones formadoras de enfermería y se establecerá un sistema de becas a estudiantes de instituciones públicas y privadas de todo el país”. 

Completaba el temario prorrogar el programa de entrega voluntaria de armas, que ya cuenta con su aprobación por parte del Senado. Se busca establecer su prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023.

CC

La Legislatura porteña aprobó ayer dos leyes propuestas por el Gobierno porteño que establecen exenciones impositivas a favor del sector privado de salud y en beneficio de comercios del rubro gastronómico. Se fundamentan en las consecuencias de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus y en el marco de las últimas restricciones dispuestas por el Gobierno Nacional. 

Una de ellas exime del pago de Ingresos Brutos a los comercios dedicados a la venta de bebidas y comidas, ya sea con servicios de mesa, al mostrador o al paso, se trata de una exención por los meses de mayo, junio y julio.

Con autoría de los diputados Sergio Abrevaya (GEN) y Marcelo Guouman (UCR/Evolución), la medida surge para aliviar al sector gastronómico tras la implementación del Decreto Nacional 241/2021 “que dispone que los bares, restaurantes y locales comerciales en general deberán cerrar las puertas a las diecinueve horas, afectando seriamente su demanda y equilibrio económico”.

Qué sectores del rubro gastronómico se verán beneficiados por la baja de impuestos

Baja impositiva para la salud privada en CABA

La segunda ley votada, con autoría de la legisladora Ana María Bou Pérez (Vamos Juntos), establece que las clínicas y sanatorios de la Ciudad no tendrán la obligación de pagar las cuotas correspondientes a mayo y junio 2021 del impuesto de Ingresos Brutos por los servicios de internación. 

El proyecto explica que dado el incremento de casos de coronavirus “resulta imprescindible colaborar con el mencionado sector y brindar alivio fiscal a los contribuyentes que desarrollan dichas actividades para que puedan seguir combatiendo y paliando los efectos adversos de la actual emergencia sanitaria”.

La medida, que fue apoyada casi por la totalidad de los legisladores porteños, alcanza a las actividades comprendidas como “Servicios de internación excepto instituciones relacionadas con la salud mental”, y apunta a “evitar un deterioro en la calidad de sus prestaciones y la saturación del sistema de atención médica y sanitaria por pacientes afectados por el denominado aludido Covid-19”.

NB