Cristina Kirchner profundiza su ofensiva para lo que entiende será una inminente orden de detención por parte de la Corte Suprema de Justicia. Luego de autocalificarse anoche “una fusilada que vive” en la sede del PJ por el acto homenaje a los fusilados de José León Suárez bajo la dictadura de Aramburu, este martes la expresidenta busca reafirmar su red de defensa política: tiene en agenda una reunión con senadores nacionales de Unión por la Patria y también una cumbre con Sergio Massa, socio en el panperonismo con las acciones del Frente Renovador. En paralelo, ya se activó el armado de una resistencia callejera encabezada por organizaciones políticas y sociales de base si finalmente el máximo tribunal falla en su contra y envía a la Policía Federal a encarcelarla. Y se comenzó un derrotero por tribunales internacionales.

La agenda de Cristina contempla este martes antes del mediodía un encuentro con los integrantes de la bancada kirchnerista en la Cámara alta. El epicentro será otra vez la sede del PJ, en la calle Matheu. El temario incluye analizar la situación judicial de la titular del partido, pero también avanzar en la sanción definitiva de proyectos legislativos que el gobierno de Javier Milei rechaza.

El aumento jubilatorio, moratoria previsional y emergencia en discapacidad tuvieron la semana pasada media sanción en Diputados y ahora resta la aprobación del Senado para convertirse en ley. En ese caso, la Casa Rosada ya afirmó su voluntad de vetarlos, pese al costo político que podría infringir en medio de la carrera electoral.

“Se analizará los proyectos aprobados por diputados, el endeudamiento y la situación que estamos atravesando en estos días con la Corte”, apuntaron fuentes de UP ante la reunión de Cristina con la bancada que conducen José Mayans (Formosa), Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y Anabel Fernández Sagasti (Mendoza). La convocatoria a la reunión se hizo el fin de semana, supo elDiarioAR, en medio del nerviosismo que generó la detención de Juan Grabois en el desalojo al Instituto Perón. La jefa del PJ está convencida que la Corte puede enviarle la Federal a ella en las próximas horas y por eso apuró la cumbre política para este martes. “Tuvimos que cancelar toda la agenda que teníamos para hoy”, anticiparon en un despacho del Senado.

Sin embargo, fuentes con acceso al mundo judicial aseguraron a este medio que no se prevé que el máximo tribunal ratifique la condena en la causa Vialidad esta misma semana. Incluso pese a la reunión de acuerdos prevista para este martes en los Tribunales de Talcahuano y a que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti recibieron un informe interno que recomienda rechazar los recursos de queja de Cristina y dejar firme la pena de seis años e inhabilitación para cargos públicos. Todo podría definirse la semana que viene, tras un viaje al exterior del supremo Rosenkratz.

Massa

Luego de encontrarse con sus senadores en el PJ, Cristina podría recibir ahí mismo a Massa, quien técnicamente es líder de su propio partido Frente Renovador. De hecho el tigrense no estuvo ayer en el acto por el “Día de la Resistencia Peronista”, aunque sí el gobernador Axel Kicillof. La cumbre trascendió en las últimas horas y la confirmó una fuente a elDiarioAR que ayer estuvo cara a cara con la líder del PJ.

Cristina y Massa tienen para conversar la ofensiva política de la expresidenta ante la posibilidad de que vaya presa. De hecho hay un hilo que ya los conecta: los asesores de campaña de Lula da Silva –que ganó las elecciones en Brasil luego de estar preso– le armaron la campaña presidencial a Massa y ahora están detrás de la candidatura de CFK.

En ese marco, el deseo de CFK es que el jefe del FR sea un candidato espejo en las elecciones bonaerenses: si ella encabeza la lista por la Tercera Sección –el sur del conurbano–, que Massa vaya en la Primera Sección –los municipios del norte–. Claro está que si la Corte inhabilita a Cristina, quedaría fuera del juego electoral.

Resistencia callejera y en La Haya

Otro eslabón que conecta a CFK con Lula es el operativo de resistencia que se está montando si ordenan detenerla. El actual presidente de Brasil resistió un día en la sede del PT en 2018 –al frente de una enorme movilización– cuando fue condenado por corrupción. “Creo que va a pasar como lo de Lula”, comentó ayer a este medio un diputado nacional que está en las conversaciones. Por eso La Cámpora, el Patria Grande de Juan Grabois y el Movimiento Evita, además de ATE y otros gremios, mantendrán reuniones hoy sobre cómo activar manifestaciones callejeras para evitar que la Federal la arreste. “Hay reuniones de organización de actividades y acciones por si la meten en cana”, apuntó otra fuente involucrada.

Hoy desde las 16 habrá una “reunión de urgencia” de sindicalistas en el SMATA. Estarán al frente Ricardo Pignanelli y “Paco” Manrique con Sergio Palazzo (La Bancaria); Abel Furlán (UOM); Hugo Yasky (CTA), entre otros. Se aventura la posibilidad de un llamado a un paro general -del que aún resta la adhesión de la CGT- si la Justicia avanza sobre Cristina.

Para completar el cuadro, el abogado de CFK Gregorio Dalbón reveló hoy que se encuentra camino a Ámsterdam para apelar ante organismos internacionales la posible condena de la Corte Suprema argentina. En La Haya, Países Bajos, se encuentra la Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano judicial de las Naciones Unidas.

“Si la Justicia va a ser un instrumento de poder del Estado, estamos saliendo de la democracia para ir a un totalitarismo, y esto es lo que tratamos de explicar frente a los organismos internacionales para que hagan una investigación preliminar y un dictamen en post de tratar de informar también”, contó Dalbón en radio Splendid este martes.

Y agregó: “El sistema de la Justicia argentina para Cristina no funciona y por eso estamos recorriendo los organismos internacionales para tratar de poner una luz sobre Lorenzetti, sobre Rosatti, sobre Rosenkrantz, para que entiendan que van a ser los Moros de lo que viene”, dijo sobre el juez Sergio Moro que investigó a Lula en Brasil y terminó muy desprestigiado. El abogado de CFK diseña además circulares para enviar a distintos diarios del mundo con intención de difundir la condena contra la jefa del PJ.

MC

La Corte Internacional de Justicia, que investiga la demanda por genocidio contra Israel presentada por Sudáfrica, emitió hace tres semanas sus nuevas medidas cautelares exigiendo la entrada de ayuda humanitaria suficiente en la Franja de Gaza y, para ello, el fin de la ofensiva contra Rafah. Para garantizar el cumplimiento de esas órdenes del Tribunal de La Haya, los Estados miembros de Naciones Unidas deben dar pasos específicos. Por eso se esperaban movimientos en la sede de la ONU para aprobar una resolución que exigiera a Israel el cumplimiento de esas nuevas medidas que Tel Aviv desobedece.

Dos días después de la emisión de esas órdenes, Israel las ignoró lanzando un bombardeo contra Rafah en el que murieron 45 personas, incluidos niños. El 28 de mayo, oficiales de EEUU dijeron que dicho ataque no violaba las líneas rojas del presidente Biden. El revuelo en los circuitos internacionales de derechos humanos es incesante, ante la falta de respeto al derecho internacional no solo por Israel, sino también por parte de Washington, que además ha sacado adelante una ley con la que se podría sancionar al Tribunal Penal Internacional, después de que el fiscal jefe de dicha Corte solicitara órdenes de arresto contra Netanyahu y su ministro de Defensa.

Luis Moreno Ocampo, exfiscal jefe fundador del Tribunal Penal Internacional, se preguntaba hace unos días: “¿Por qué las líneas rojas de EEUU no son consistentes con la orden de la Corte Internacional de Justicia de 'suspender inmediatamente su ofensiva militar'?”

Cómo las órdenes de la Corte siguen aparcadas

En ese contexto, en el que se esperaba una reacción en la ONU para garantizar el cumplimiento de las medidas de la Corte de La Haya, EEUU entró en escena, impulsando una resolución con una propuesta “de un plan de paz” que propone tres fases para un alto el fuego, con intercambio de rehenes. Washington afirmó que la idea de ese plan de paz procedía de Israel. El sarcasmo en alguna prensa y en redes sociales no tardó en emerger, cuando el Gobierno israelí dejó claro que pretende seguir con la guerra “hasta destruir a Hamás”. De hecho, varios medios israelíes señalaron que el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, transmitió a su homóloga estadounidense su oposición al plan. El propio Netanyahu afirmó que cualquier alto el fuego permanente sería “infructuoso” sin la destrucción previa “de las capacidades militares y de Gobierno de Hamás”.

Poco después, el Ejército israelí lanzó varios ataques contra el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja, que provocaron 274 muertos, el 40% de ellos menores y mujeres. El Gobierno de Netanyahu justificó semejante matanza situándola en el marco de una operación de rescate de cuatro rehenes israelíes. Estados Unidos dio “la bienvenida al rescate de 4 rehenes que, tras 8 meses de cautiverio, han podido reunirse finalmente con sus familias en Israel”, sin dedicar ni una sola palabra a la muerte de los 274 palestinos.

No se ha impulsado una resolución en la ONU que exija a Israel el cumplimiento inmediato de las órdenes de la Corte

Por su parte, la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, indicó que “Israel ha utilizado rehenes para legitimar matar, herir, mutilar, matar de hambre y traumatizar a palestinos en Gaza. Israel podría haber liberado a todos los rehenes, vivos e intactos, hace ocho meses, cuando se puso sobre la mesa el primer alto el fuego e intercambio de rehenes. Sin embargo, Israel se negó, para seguir destruyendo Gaza y a los palestinos como pueblo. Esta es una intención genocida convertida en acción”.

En ocho meses de ofensiva Israel solo ha logrado liberar a siete rehenes y ha matado a al menos 37.000 personas. Con acuerdos, a través del intercambio de prisioneros, Israel obtuvo la puesta en libertad de 105 rehenes en noviembre, lo que muestra desde hace mucho que su prioridad no son las personas secuestradas. Además, un número indeterminado de rehenes han muerto por los propios bombardeos israelíes, y tres fueron asesinados por disparos directos de soldados israelíes, a pesar de que ondeaban banderas blancas.

En 8 meses Israel ha matado a 37.000 personas y liberado a 7 rehenes. Con acuerdos, obtuvo la puesta en libertad de 105

Un plan de paz que Israel rechaza de momento

Dos días después de ese ataque contra Nuseirat, el pasado lunes, la resolución planteada por EEUU con el plan de paz salió adelante, con los votos a favor de catorce de los quince integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU y con la abstención de Rusia. De ese modo, la exigencia del cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte Internacional de Justicia ha quedado olvidada por el momento, mientras corren ríos de tinta sobre el plan de paz, del que la propia resolución redactada por Estados Unidos afirma categóricamente que Israel lo acepta, aunque no sea así, al menos de momento.

“Israel informa a EEUU de que se opone a una resolución de la ONU liderada por EEUU que expresa apoyo a la propuesta de alto el fuego de Israel”, escribía el periodista estadounidense Prem Thakker. “Si analizamos esta resolución del alto el fuego en Gaza, el artículo 1 dice que es una propuesta ”que Israel aceptó“, pero el artículo 2 (b) dice que supondrá 'un fin permanente a las hostilidades' que, ejem, Netanyahu se ha negado explícitamente a aceptar. Así que el artículo 1 es mentira”, ha señalado el periodista Mehdi Hasan.

Esta resolución, que llega tras ocho meses en los que EEUU ha vetado un alto el fuego en tres ocasiones -así como el reconocimiento del Estado palestino-, logra aparcar de nuevo la aplicación inmediata del derecho internacional en Gaza, sustituyéndola por un quizá. Los catorce países votantes a favor de la misma, así como los que no están en el Consejo de Seguridad de la ONU pero también la apoyan, tienen la esperanza de que sirva como empuje a Israel para que implemente el acuerdo. Portavoces de Hamás han indicado que aceptarían esta hoja de ruta si cuenta con un alto el fuego permanente y con el compromiso de Israel para su retirada integral de Gaza.

Las medidas para exigir el cumplimiento de las órdenes de la Corte Internacional han sido aparcadas en favor de un quizá

Diplomacia 'del gato muerto'

Pero el plan de paz sigue sin ponerse en marcha. El analista Aaron David Miller, exasesor de seis secretarios de Estado de EEUU en negociaciones palestino-israelíes, ha señalado que “cuanto más se desarrolla esto, más se parece a lo que mi exjefe James Baker llamó diplomacia del gato muerto. El objetivo no es llegar a un acuerdo, sino garantizar que, si fracasa, el gato muerto esté en la puerta del otro. Incluso si se llega a un acuerdo, es probable que no pase de la fase uno por ese motivo”.

Israel continúa lanzando ataques contra Gaza, que han provocado más muertos civiles en estos últimos días, y Washington no presiona, mientras aumenta el número de niños palestinos fallecidos por desnutrición. Una vez más, el Gobierno de Netanyahu logra comprar tiempo para continuar con su ofensiva militar, que se ha cobrado ya la vida de al menos 37.200 palestinos.

Los malabarismos diplomáticos de EEUU evitan sanciones a Israel y permiten que el tiempo avance sin un alto el fuego

Las torturas contra civiles palestinos en el Abu Ghraib israelí

También en Cisjordania prosigue la represión. Este pasado viernes, en tan solo una hora, francotiradores israelíes mataron a siete civiles palestinos, “a pesar de que las calles estaban tranquilas y los soldados no tenían motivos para abrir fuego”, escribe el diario israelí Haaretz. En los últimos días varios palestinos capturados en cárceles israelíes sin cargos ni juicio han sido puestos en libertad. Su aspecto mostraba deterioro físico -con pérdida de peso notable- y, en algunos casos, signos de maltrato y tortura.

La base militar de Sde Teiman es uno de los lugares denunciados por maltrato. The New York Times, The Guardian o la CNN han mostrado en los últimos días investigaciones que desvelan torturas a civiles palestinos capturados sin cargos y secuestrados durante semanas, a pesar de su inocencia. Este tipo de arrestos, sin cargos ni juicio, son habituales desde hace años, a través de la ley de “detención administrativa” israelí.

Los asesinatos, discriminación y maltrato de población palestina siguen sin provocar escándalo suficiente para forzar medidas de presión, intercambio de rehenes y negociación para la paz. Esta paz solo se alcanzará cuando se aborde el nudo gordiano: la ocupación ilegal y el régimen de apartheid que Israel aplica en los territorios palestinos que domina. Hasta el momento no hay grandes movimientos en la comunidad internacional para desatascar esta cuestión. Brasil y Chile han solicitado ante el Tribunal Penal Internacional una investigación de crímenes en los territorios ocupados palestinos, y noventa y tres Estados de la ONU, incluida España, han solicitado respeto a dicha Corte.

Otros esfuerzos son los desplegados por organizaciones internacionales de derechos humanos, que esta semana han presentado una demanda en los tribunales de Reino Unido para exigir un embargo de armas con Israel, o la decisión del secretario general de la ONU de incluir al Ejército israelí en la lista de grupos que violan los derechos de los niños en conflictos armados. En Estados Unidos el Centro por los Derechos Constitucionales ha apelado ante un tribunal de California para demandar al presidente Biden por su complicidad en las masacres israelíes.

Se ha facilitado un contexto que debilita el derecho internacional y asienta bases para la ley del más fuerte

La normalización de los asesinatos masivos

El debate sobre las necesidades para la paz sigue sin ser franco. Las piruetas y malabarismos políticos y diplomáticos de Washington y de varios aliados europeos han evitado sanciones y presiones eficaces a Israel y han permitido que el tiempo siga avanzando sin alto el fuego inmediato en Gaza, con nuevos paquetes estadounidenses de ayuda militar a Tel Aviv y con protección a Israel a través de los vetos de la Administración Biden. Así se ha facilitado un contexto que ha debilitado las líneas rojas del derecho internacional y sentado las bases para dinámicas más desprendidas del “orden basado en reglas” y centradas en la ley del más fuerte.

Estos ocho meses de matanzas, así como la ocupación y usurpación de derechos a los palestinos durante años, allanan el camino a nuevas impunidades. Como ha indicado Craig Mokhiber, abogado de derechos humanos y exdiplomático de la ONU, “si todavía apoyas a Israel, debes conocer las reglas globales que estás estableciendo. A menos que seas un racista que piense que esto solo está permitido para los palestinos, estás diciendo que también puede estar bien matar a decenas de miles de británicos, estadounidenses o israelíes, destruir sus viviendas, iglesias, sinagogas, hospitales, asediarlos, matarlos de hambre, torturarlos, arrojarlos a mazmorras. Estas son las acciones que justificas. Este es el futuro que estás defendiendo. Este es el futuro que estás construyendo”.

DM

La presidenta de la Asociación para las Naciones Unidas en España (ANUE) y vocal de la sección de derecho penal internacional del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Eulàlia Pascual, ve “complicada” la labor que tiene la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ante una de sus resoluciones más trascendentes de los últimos tiempos y que comunicará este viernes: decidir si, como le ha pedido Sudáfrica, ordena a Israel un alto el fuego en Gaza.

La jurista aporta las claves para ayudar a entender qué elementos valorará el tribunal para emitir su fallo.

–¿Qué valora la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para decidir si ordena a Israel un alto el fuego en Gaza?

–La CIJ escuchó la presentación de la demanda de Sudáfrica y la respuesta de Israel. Ahora la Corte tiene sobre la mesa los elementos objetivos que Sudáfrica presentó como genocidio, y la clave será en si determina si hay que ordenar a Israel un cese en el uso de fuerza militar, o si, por contra, persiste una amenaza por parte de Hamas que impide acordar la medida cautelar contra Israel.

–¿Cuáles son esos elementos objetivos de un genocidio?

–Creo que es el punto fuerte de la demanda de Sudáfrica, que fundamenta bien varios elementos objetivos del genocidio alegados en base a la Convención del Genocidio: desplazamiento forzado de personas, condiciones extremas que hacen difícil la supervivencia, falta de alimentos, agua, y atención médica en Gaza, destrucción total de infraestructuras….

–¿Solo con estos elementos, que vemos en las noticias a diario, la CIJ puede ordenar a Israel un alto el fuego en Gaza?

–No. Para tomar su decisión, además de los elementos objetivos y valorar la amenaza que supone Hamas, la CIJ también tiene que entrar a valorar si, como dice Sudáfrica, es plausible que Israel cometa o sea cómplice de un genocidio en Gaza, es decir, si hay una intención genocida. Y esto creo que es mucho más complicado de valorar para un tribunal. Es una cuestión muy compleja, pero muy interesante a nivel de derecho penal internacional.

–¿Por qué?

–Porque supone entrar a valorar un elemento subjetivo e intencional, que es que Israel tenga la voluntad de destruir al pueblo palestino en su conjunto, no solo, como alega, a Hamas, que, recordemos, fue responsable del ataque a Israel del 7 de octubre.

La decisión de la Corte puede marcar un nuevo precedente en materia de genocidio

–“Los conflictos armados son brutales y cuestan vidas, pero no todos los conflictos son genocidios”, dijo el abogado que representa a Israel, Malcolm Shaw. ¿Dónde se pone la línea roja que separa a una cosa de la otra?

–Esta es la tarea, complicada, que tiene la Corte. Además de la intencionalidad de Israel, otra de las cuestiones a valorar es la proporcionalidad de la respuesta israelí, que es justamente el concepto detrás de la alegación de Israel de que tiene derecho a defenderse de los ataques de Hamas y recuperar a los rehenes. En cualquier caso, es una decisión muy importante porque puede marcar un nuevo precedente en materia de genocidio, y también afectar a otras masacres de las que el mundo parece haberse olvidado, como la de Azerbaiyán en Artsaj.

–Sudáfrica ha puesto como ejemplo de la “intención genocida” de Israel las declaraciones de sus líderes políticos que “deshumanizan” a los palestinos de Gaza. ¿La Corte las tendrá en cuenta?

–Es verdad que ha habido declaraciones imprudentes, pero el lenguaje ha sido destructivo por parte de los dos lados, solo hay que ver los comunicados de Hamas. La teoría nos dice que un jefe de Estado debe guardar la cabeza fría, y es verdad que cualquier declaración incendiaria, venga de donde venga, no ayuda y es un problema. Pero la defensa de Israel intenta contener el alegato diciendo que sus líderes se refieren a Hamas, no al conjunto de población palestina.

–La Corte podría ordenar un cese de la guerra en Gaza, como pide Sudáfrica, pero el tribunal no tiene medios propios para hacer cumplir sus resoluciones.

Es cierto, pero es que una fuerza coercitiva que obligara a cumplir las resoluciones iría en contra del espíritu de las Naciones Unidas.

Se podría llevar este incumplimiento al Consejo de Seguridad de ONU, pero ya se ha visto que Estados Unidos impone su derecho a veto. ¿Cualquier resolución de la Corte que ordene a Israel poner fin a la guerra tiene el riesgo de convertirse en papel mojado?

No tiene por qué ser así. Cualquier nueva actuación tras la decisión de la CIJ y su sentencia se vehicula a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Quiero pensar que a Netanyahu le importan un poco más que a Putin las decisiones de los tribunales internacionales, aunque Israel no haya ratificado el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional (CPI).

–¿Se podría ver un juicio internacional a Netanyahu por la respuesta de Israel a los ataques de Hamas?

–Creo que es un escenario muy improbable. Ante la Corte Penal Internacional (CPI) solo pueden acudir países que hayan ratificado el Convenio de Roma, pero hay una excepción que permite al Consejo de Seguridad Naciones Unidas llevar un caso ante la CPI. Aunque parezca que nunca pase nada, quiero recordar que la CPI imputó y tiene en vigor una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, por crímenes de guerra en relación con la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia. Cualquier país que ha ratificado el Convenio de Roma puede detener a un imputado si pisa su país, y eso ha limitado los movimientos de Putin. A lo mejor no tiene consecuencias muy vistosas, pero tiene consecuencias.

Es muy triste, pero creo que hoy no se hubiera firmado la Declaración de Derechos Humanos"

–¿Que sea Sudáfrica y no ningún país europeo el que haya llevado a Israel ante el Corte Internacional de Justicia deja a los países europeos sin la autoridad moral de defensa de derechos humanos que se han arrogado?

–Parte de Europa ha asumido que Israel tiene derecho a defenderse y ha decidido no meterse, lamentando, eso sí, las víctimas palestinas, pero ha priorizado el derecho a defenderse de Israel y constatar que es Hamas quien inició la guerra. Pero Sudáfrica tampoco está sola en su demanda, la apoyan países como Colombia.

–¿Es viable la solución de los dos estados? ¿Ve posible que la decisión judicial empuje a una negociación para una resolución del conflicto a largo plazo?

–¿Qué otra solución hay si no es la de los dos estados? ¿La destrucción mutua? Eso sería horrible. No se puede aceptar ni que Israel tenga que desaparecer ni que los ciudadanos palestinos tengan que desaparecer. Una negociación es factible en función de la voluntad de las partes de llegar a un acuerdo. Y para ello hay que ser consciente de que, en una negociación, no se lograrán todos los objetivos y cada parte tendrá que ceder en algo. ¿Hay esa voluntad de negociar una solución a largo plazo? Me temo que no. El actual es un escenario completamente distinto al de las negociaciones de paz de hace años, tanto por los actores del conflicto, en especial Hamas, como por el contexto internacional. Y al final esto creo que cada vez afecta más a la población civil de Palestina, que está atrapada entre Hamas e Israel y viviendo una masacre.

–¿Qué papel ha tenido la ONU en este conflicto? Sus llamadas para una desescalada del conflicto no parecen escucharse

–Naciones Unidas ha reclamado, a los dos bandos en conflicto, corredores humanitarios y un alto el fuego. No puede hacer otra cosa y tiene que seguir insistiendo en ello porque es lo que dice la Convención de Ginebra. Se ha pedido a Hamas liberar a los rehenes como un intento de que luego Israel cese las hostilidades, pero no ha habido muchos avances. Aunque esto ya es una cuestión geopolítica, además de derecho penal internacional. 

Hace poco celebramos el 75 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos y, aunque es muy triste, creo que hoy no se hubiera firmado. Que el mundo no haga caso a la ONU, más allá de cuestiones geopolíticas, también creo que es porque desde ciertos sectores se ha fomentado una visión de Naciones Unidas como un club de blancos ricos, cuando no es así. Algunos políticos han captado rápidamente esa desafección hacia Naciones Unidas, que hace que no hacerle caso no tenga consecuencias a nivel electoral. Como toda gran estructura, la ONU tiene defectos, pero si no hubiera Naciones Unidas, sería el caos.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas con sede en La Haya, pidió a Israel que tome medidas para limitar las muertes y el sufrimiento de los palestinos, y evitar “actos de genocidio” en la guerra que está librando en Gaza, en respuesta a las medidas cautelares solicitadas por Sudáfrica, que presentó una demanda contra ese país por lo que calificó de “patrón de conducta de intención genocida” en su ofensiva contra la Franja de Gaza –en la que han muerto más de 26.000 personas desde el pasado 7 de octubre–.

La decisión ha sido tomada por 15 votos a favor y dos en contra, de los 17 jueces encargados de la demanda presentada por Sudáfrica a finales de diciembre, en la que alega violaciones de la Convención sobre el Genocidio por parte de Israel contra los palestinos. La presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, ha dicho en la apertura de la sesión de este viernes que el tribunal “está preocupado por la pérdida de vidas [humanas] y el sufrimiento en Gaza” y ha señalado que la ofensiva Israelí “ha causado muertes, una gran destrucción y el desplazamiento masivo” de los habitantes de la Franja, basándose en las declaraciones de varios altos representantes de la ONU, incluido el comisionado general de la Agencia para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini.

Ante todo, la CIJ dictaminó que tiene jurisdicción para juzgar este caso y, además, que los palestinos de Gaza representan un grupo que tiene derecho a ser protegido ante un posible genocidio. Para evitar que eso ocurra, el tribunal emitió una serie de “órdenes de emergencia” para proteger a los gazatíes, pero no ordenó un alto el fuego en la Franja.

Pidió a Israel “tomar todas las medidas que están en su poder para evitar actos” que se incluyen en la Convención contra el Genocidio y que son: “asesinar a miembros del grupo” protegido, “causar daño físico o mental grave a miembros del grupo”, “imponer al grupo condiciones de vida que conlleven su destrucción física, en parte o en total” e “imponer medidas que eviten nacimientos dentro del grupo”. En su fallo, la CIJ detalla que “el Estado de Israel debe garantizar que sus militares no cometen ningún acto de los descritos arriba” y tiene que “evitar y castigar cualquier incitación directa y pública a cometer genocidio de los palestinos en Gaza”. De cara a la desesperada situación humanitaria, el tribunal exige a Israel “proveer urgentemente de servicios básicos y asistencia humanitaria” a los gazatíes.

Además, Israel tendrá que presentar a la CIJ un informe con todas las medidas adoptadas para aplicar las órdenes, en un plazo de un mes a partir de este viernes.

Israel no cumplirá las órdenes

La ministra de Exteriores sudafricana, Naledi Pandor, a la salida de la vista en La Haya, lamentó que la CIJ no haya incluido un cese de las hostilidades en su fallo y afirmó que, para cumplir con las órdenes del tribunal, es necesario un alto el fuego. “La corte ha mandado una clara señal a Israel”,agregó, al mismo tiempo que ha advertido que no cumplir las órdenes de emergencia dictadas este viernes sentaría un “precedente peligroso”.

El jueves, el Gobierno israelí adelantó que no tenía intención de acatar las medidas cautelares, si estas incluían un alto el fuego, porque “no tiene fundamento”, afirmó su portavoz, Eylon Levy. También se mostró confiado en que la CIJ fallaría a favor de Israel: “Esperamos que la CIJ desestime estas acusaciones espurias y engañosas”. Las decisiones del máximo tribunal de Naciones Unidas son vinculantes y no pueden ser apeladas, pero de facto no dispone de ninguna forma para imponer sus decisiones y que estas se apliquen.

Tras conocerse el fallo, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho que la acusación de genocidio contra Israel “no sólo es falsa, es escandalosa”, aunque se ha mostrado satisfecho con que el tribunal no ordenara el cese inmediato de las hostilidades. “Como todo país, Israel tiene el derecho básico a la autodefensa. El tribunal de La Haya rechazó con razón la escandalosa exigencia de privarnos de este derecho”, ha afirmado.

Por su parte, el grupo islamista Hamas afirmó anoche que acataría la decisión de la CIJ si Israel también lo hacía y si cumplía con el alto el fuego que se esperaba que ordenara el tribunal. También aseguró que pondría en libertad a los rehenes que secuestró el día 7 de octubre y que siguen en sus manos y de otras milicias palestinas, si Israel excarcela a los presos palestinos que están recluidos en ese país.

Precisamente, la defensa que Israel presentó ante la CIJ el pasado día 12 se basa en los ataques de Hamas del 7 de octubre, que dejaron cerca de 1.200 muertos, buena parte de ellos residentes de las comunidades judías cercanas a la Franja de Gaza. Esos ataques no forman parte central de la acusación sudafricana e Israel alega que es el elemento clave que justifica su derecho a la legítima defensa. Aún así, ante la posibilidad de que el tribunal emitiera una decisión en su contra, Israel –por primera vez en su historia– ha decidido defenderse y, de esta forma, reconocer la legitimidad de la CIJ.

Documentos desclasificados

El periódico The New York Times informó ayer de que Israel ha desclasificado más de 30 documentos secretos con órdenes del Gobierno y de los líderes militares para tratar de rebatir las acusaciones de Sudáfrica, en concreto, su “intención genocida”. Esas órdenes muestran que Israel hizo “esfuerzos” para no causar muchas muertes entre los civiles palestinos, según el diario, que ha revisado una copia de los documentos presentados a la CIJ. La defensa de Israel trata de probar que, aunque dirigentes políticos israelíes, incluidos ministros, han hecho llamamientos a expulsar a todos los palestinos de Gaza o matarlos, las órdenes oficiales del Ejecutivo y del Ejército no apuntaban en ese sentido.

Precisamente, Sudáfrica incluyó en su demanda de 84 páginas declaraciones oficiales de altos cargos políticos y mandos militares, así como lo que dicen los propios soldados en vídeos grabados por ellos mismos en Gaza, en los que prometen venganza contra los palestinos, expresan su desprecio y odio hacia ellos, o se ríen del sufrimiento que les están causando. Según uno de los abogados del equipo sudafricano, la “intención genocida” está “arraigada en la creencia de que el enemigo está incrustado en la vida civil palestina de Gaza, no solo en el brazo militar de Hamas”.

El propio presidente de Israel, Isaac Herzog, responsabilizó a todos los palestinos del ataque perpetrado por Hamas. Mientras, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, calificó a los gazatíes de “animales humanos” para justificar la decisión de cortar por completo el suministro de agua, luz y combustible a la Franja –suministro que aún no ha sido restablecido y que, entre otras cosas, está causando la propagación de enfermedades debido al consumo de agua contaminada y respiratorias por la quema de todo tipo de residuos para cocinar y calentarse–. La presidenta del CIJ citó esas declaraciones y otras de ambos dirigentes en la sesión de este viernes.

Según The New York Times, los documentos desclasificados no incluyen las órdenes emitidas en los primeros diez días de ofensiva contra Gaza, cuando Israel cerró el grifo del agua y la electricidad, y limitó las entregas de combustible y otros suministros básicos a la Franja.

Rusia no se presentó este lunes al juicio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el que Ucrania ha demandado a Moscú por violar presuntamente la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la invasión iniciada el pasado 24 de febrero.

“El tribunal lamenta la no comparecencia de la Federación Rusa en este juicio oral”, dijo la jueza presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, al inicio del juicio.

El representante de Ucrania, Anton Korynevych, también lamentó la no presencia de la delegación de Moscú en el Palacio de la Paz, la sede del tribunal en La Haya.

“El hecho de que los asientos de Rusia estén vacíos habla por sí mismo. No están aquí en este tribunal de justicia, están en un campo de batalla librando una agresiva guerra”, añadió Korynevych.

Ucrania asegura que Rusia está malinterpretando la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, un tratado de 1948 firmado por ambos países, debido a que Moscú ha justificado la invasión en base a un presunto genocidio de la población rusoparlante en las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk.

“Es una mentira horrible”, explicó el representante de Kiev, pues “no es Ucrania quien comete genocidio, sino Rusia y su liderazgo político y personal militar los que cometen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”, dijo Korynevych.

El representante de Kiev recordó el más de millón y medio de refugiados que han abandonado el país desde el pasado 24 de febrero y las miles de personas que se esconcen en los refugios de la capital.

“Hay bebés que están naciendo en el metro y en túneles mientras los hospitales están siendo bombardeados. Todo esto es una realidad terrible a la que el pueblo de Ucrania se enfrenta ahora mismo”, añadió Korynevych.

Kiev ha reclamado al tribunal que le exija a Moscú “que no tome medidas que puedan agravar o extender la disputa” y que Rusia proporcione a la corte informes periódicos sobre las eventuales medidas cautelares impuestas por los jueces.

Con información de EFE.

IG

El fiscal general de la la Corte Penal Internacional (CPI), el jurista británico Karim Khan, subrayó este viernes su falta de jurisdicción sobre el crimen de agresión en este conflicto, y advirtió a “todas las partes que llevan a cabo hostilidades” que sí pueden ser procesados si cometen cualquier otro crimen internacional. Esto se debe a la complicada relación formal de Ucrania con el Estatuto fundacional de Roma, que fundó a la CPI, y reglamenta sus funciones y jurisdicción.

La CPI tiene jurisdicción desde 2002 sobre los “crímenes de guerra”, de “lesa humanidad” y de “genocidio”, pero también sobre el “crimen de agresión” (como es la invasión y ocupación militar), aunque este solo se activó en 2018 y bajo condiciones más estrictas que los otros tres: no se aplica a actos de agresión cometidos en países que no han ratificado el Estatuto como Rusia y Ucrania.

La CPI tiene jurisdicción desde 2002 sobre "crímenes de guerra", de "lesa humanidad" y de "genocidio". También sobre el "crimen de agresión" (invasión y ocupación militar) pero no aplica a países que no hayan ratificado el Estatuto, como Rusia y Ucrania.

Solo si Kiev ratifica ahora el estatuto constitutivo en esa versión enmendada de 2018, la CPI podría juzgar a los ucranianos prorusos sospechosos de una agresión. Para los agresores de nacionalidad rusa, Moscú tendría que también ratificar el Estatuto, lo que de momento no está en su agenda.

Por ello, los expertos presionan a Ucrania para que resuelva su relación con la CPI.

Desde Parlamentarios para la Acción Global (PGA), Frederika Schweighoferova explicó a la agencia española EFE que “las condiciones de la jurisdicción sobre el crimen de agresión no dejan ninguna esperanza a que Rusia pueda ser procesada bajo la CPI por este crimen” y señaló que “requiere lamentablemente que ambos Estados sean partes” del Estatuto. “Incluso si Ucrania ratifica el Estatuto de Roma en la versión enmendada que incluye ese crimen de agresión, Rusia nunca lo haría”, añade.

Rusia firmó el estatuto en el 2000, pero nunca llegó a ratificarlo, y en 2016 retiró su firma, un día después de que la CPI publicara un informe que consideraba, en un gesto simbólico, la anexión rusa de Crimea como una “ocupación”.

No es tampoco viable que el Consejo de Seguridad de la ONU le remita la situación a la CPI: Moscú tiene derecho a veto y lo previsible es que lo use para evitar un juicio a sus oficiales. “Esto deja una agresión cometida por Rusia completamente fuera de la jurisdicción de la CPI”, analiza.

Organismos como el PGA y el Centro para las Libertades Civiles (CCL) piden al presidente Volodímir Zelenski enviar el expediente de ratificación al Parlamento ucraniano y firmar la ley correspondiente, para que Kiev pueda comprometerse de forma definitiva, subrayan, con “la prevención y el procesamiento de los crímenes internacionales más graves”.

Ucrania se comprometió a ratificar el Estatuto tras la firma en 2014 del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (UE) y ya enmendó su última Constitución para aceptar la jurisdicción de la CPI desde 2019, pero aún no ha tomado las medidas en este sentido por la “preocupación política de que esto desencadene descontento social” ante el “miedo a que la CPI persiga judicialmente a sus soldados y héroes de guerra”, señala Schweighoferova. Estas preocupaciones, clarifica, no tienen fundamento porque Ucrania ya aceptó la jurisdicción de la CPI con las dos declaraciones, y “solo juzgará a los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto”.

AGB

Abogados indígenas de Brasil denunciaron este lunes por genocidio de los pueblos originarios al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ante la Corte Penal Internacional de La Haya, en el marco de una escalada inédita desde el fin de la dictadura militar, en 1985, iniciada luego de la asunción del mandatario, en enero de 2019.

La denuncia que en caso de ser aceptada puede llevar a Bolsonaro ante los tribunales internacionales de la ONU acusa al presidente de los siguientes delitos: invasiones y ataques de mafias agrícolas a las tierras indígenas, deforestación, quema de pastizales y destrucción del ambiente, minería ilegal y apoyo a mafias de la minería ilegal en tierras indígenas y propagación de la pandemia de Covid-19 en las tierras indígenas.

Es la tercera denuncia presentada ante la CPI contra Bolsonaro, pero por primera vez su autoría es de abogados indígenas, reunidos por la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), que representan a casi 1 millón de personas de los pueblos originarios.

La presentación, anunciada por los abogados, coincide con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas establecido el 9 de agosto por la ONU.

Desde que asumió, Bolsonaro busca cambiar una ley para permitir la minería artesanal e industrial dentro de las reservas indígenas, cuya creación considera un error porque, según afirma, “obstaculiza” el desarrollo económico.

El excapitán defendió que durante su gestión no habrá más demarcaciones de tierras ancestrales para indígenas, y promueve la siembra de soja entre las tribus, para convertirlas en proveedores del agronegocio plantando en las tierras reconocidas por el Estado.

“Después de la redemocratización, sin dudas, es el peor presidente para los pueblos indígenas”, dijo Dinaman Tuxá, director de APIB y uno de los firmantes del pedido, basado también en el concepto de genocidio utilizado por la CPI en sus sentencias más determinantes, referidas a la guerra de desintegración de la exYugoslavia y a Ruanda.

El rol de Bolsonaro en el marco de la pandemia de coronavirus, que provocó la muerte de 1.100 indígenas, está incluido en el pedido, sobre todo por reducir el accionar de los organismos públicos de protección a las comunidades originarias.

“Creemos que hay hechos en curso en Brasil que constituyen crímenes de lesa humanidad, genocidio y ecocidio. Ante la incapacidad del sistema de justicia en Brasil para investigar y juzgar estas conductas, las denunciamos ante la comunidad internacional, a través de la Corte Penal Internacional ”, destacó Eloy Terena, coordinador legal de Apib.

Según un extracto del pedido “el desmantelamiento de las estructuras públicas de protección social y ambiental, y también de las destinadas a proteger a los Pueblos Indígenas, resultó en la escalada de invasiones en Tierras Indígenas, deforestación e incendios en biomas brasileños, y también en el aumento de la minería ilegal en los territorios”.

Para APIB, los ataques contra los pueblos indígenas y sus territorios fueron alentados por Bolsonaro en varias ocasiones a lo largo de su mandato.

“APIB continuará defendiendo el derecho de los pueblos indígenas a existir en su diversidad. Somos pueblos originarios y no nos rendiremos al exterminio ”, enfatizo Terena.

Para Sonia Guajara, líder de APIB, “las soluciones para este mundo enfermo provienen de los pueblos indígenas, y nunca nos quedaremos callados ante la violencia que estamos sufriendo. Enviamos este comunicado a la Corte Penal Internacional porque no podemos dejar de denunciar la política anti-indígena de Bolsonaro. Tiene que pagar por toda la violencia y la destrucción que está liderando”.

El exterminio indígena fue puesto de relieve en Brasil el 24 de julio pasado durante una manifestación nacional pidiendo la renuncia de Bolsonaro en San Pablo.

Durante la marcha, manifestantes incendiaron una estatua del conquistador bandeirante paulista Borba Gato, que formaba parte de los colonizadores que tomaban tierras y esclavizaban indígenas en el siglo XVII.

Por haber quemado neumáticos en torno de la estatua, el líder sindical de los repartidores de comida por aplicaciones digitales, Paulo Galo, se encuentra detenido y con prisión preventiva.

Según informó la APIB en un comunicado enviado a Télam, entre los argumentos enviados a La Haya se encuentra “la descripción de las principales consecuencias de la destrucción de la infraestructura pública para garantizar los derechos indígenas y socioambientales: la invasión y despojo de tierras indígenas; la deforestación; la minería ilegal en los territorios y el impacto de la pandemia Covid-19”.

Con información de Télam.

IG

Trascendió este miércoles que la Argentina retiró su apoyo a la demanda contra Nicolás Maduro que tramita en la Corte Penal Internacional en La Haya. Según el gobierno argentino, la quita del respaldo se oficializó al día siguiente de la salida del país del Grupo de Lima.

El gobierno de Alberto Fernández envió una carta a la sede de la CPI en La Haya explicando la situación el 25 de marzo. La demanda contra Maduro contiene acusaciones por crímenes de lesa humanidad.

Al día siguiente de ese anuncio del 24 de marzo, la embajada argentina ante los Países Bajos, que conduce el diplomático Mario Oyarzábal, envió una carta a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda. Le pidió el retiro de todas las gestiones iniciadas por la Argentina contra Venezuela.

“En el día de la fecha, la República Argentina formalizó su retiro del denominado Grupo de Lima, al considerar que las acciones que ha venido impulsando el Grupo en el plano internacional, buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada”, subrayó Cancillería.

En un comunicado, el ministerio de Relaciones Exteriores continuó: “Una vez más, reiteramos que la mejor manera de ayudar a los venezolanos es facilitando que haya un diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular, pero sí a lograr elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional”.

“Es claro que no pueden las autoridades venezolanas desconocer, sin embargo, que producir las condiciones para un diálogo que resulte productivo es primordialmente su responsabilidad”, expresó la Argentina.

Al comunicar la decisión de retirarse del bloque, Cancillería concluyó: “Con este espíritu, la Argentina continuará sosteniendo su compromiso con la estabilidad en la región, y buscará encaminar soluciones pacíficas, democráticas y respetuosas de la soberanía y de los asuntos internos de cada Estado”.

El Grupo de Lima está integrado por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina había tenido fuerte protagonismo en el grupo, ya que la postura de Juntos por el Cambio fue aceptar a (el líder opositor de Venezuela Juan) Guaidó como presidente de Venezuela, algo que se modificó con la llegada al poder de Alberto Fernández.

DA