Cuatro años después de que el ultraderechista José Antonio Kast agradeciera a “Dios, las familias y a la Patria” su pase a la segunda vuelta de las presidenciales que perdió frente al progresista Gabriel Boric, esa misma fe, a la que sumó una campaña efectista sobre delincuencia, lo convertirá este miércoles en el primer pinochetista en portar la banda presidencial.

Entonces presentó un extenso programa en el que proponía eliminar el Ministerio de la Mujer o prohibir el aborto y se mostró contrario a la libre disposición de la pastilla del día después, pero ahora la gran promesa de Kast, ultraliberal en lo económico, es aplicar mano dura contra la delincuencia y la migración irregular.

“Tengo las mismas convicciones (…), pero hoy día los chilenos tienen otras urgencias”, admitió en campaña el líder del Partido Republicano, que él mismo fundó, tras ser preguntado por un discurso radical que no pareció cuajar en las dos presidenciales a las que concurrió en sus 16 años como diputado.

Legado pinochetista

Kast abrirá un nuevo capítulo en la historia chilena al ser el primer defensor de la dictadura de Pinochet (1973-1990) que se hace con la banda presidencial y buscará sostener el relato de la decadencia de Chile, que se entiende más por el sentimiento que por los datos, al tener el país uno de los mejores registros de la región tanto económicamente como en materia de seguridad.

Abogado ultracatólico, miembro del movimiento apostólico Schoenstatt, recorrió el país con la promesa de frenar la inmigración irregular, mejorar las cárceles y recortar 6.000 millones de dólares en 18 meses -sin detallar como lo hará-, y subido a la idea de que Chile necesitaba un cambio drástico para frenar “el comunismo”.

Superó al resto de derechas, aún cuando no partía como favorito, como la exministra Evelyn Matthei, líder de la derecha tradicional, o el también ultraderechista y vociferante líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Káiser, gracias a su estrategia de bajo perfil, con un discurso tranquilo y una imagen de persona templada y familiar, pero implacable con el delito.

Así, logró convertirse en el presidente electo con mayor número de votos en la historia de la democracia chilena -gracias a ser la primera elección presidencial con voto obligatorio- y comenzó una transición inédita, con injerencias en el Parlamento, giras internacionales y críticas a la Administración saliente, que le llevó a una ruptura jamás vista en la historia de la República.

Visitó a líderes ideológicamente cercanos a él, como el ultralibertario líder de Argentina, Javier Milei, que fue la primera parada internacional de Kast como presidente electo y al que lisonjeó e, incluso, se fotografió con una motosierra, símbolo de los recortes económicos del gobierno ultraliberal argentino.

Al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le pidió ayuda para “mejorar el sistema penitenciario”, aunque también se reunió con el progresista presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Familia nazi

Hijo de una próspera pareja de migrantes alemanes -su padre estuvo afiliado al partido nazi y participó en la II Guerra Mundial- y licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica, Kast fue diputado 16 años por el partido conservador Unión Demócrata Independiente (UDI), creado por la dictadura, que abandonó para postularse como independiente a las elecciones de 2017, en las que apenas obtuvo el 8% de los votos.

En 1989 defendió el sí en el referéndum sobre la continuidad en el poder del dictador Augusto Pinochet, con el que su familia siempre tuvo estrechos lazos: es hermano de Miguel Kast, el ministro y economista que fundó, junto a otros, el sistema ultraliberal en Chile, en base a los postulados de los 'Chicago Boys'.

En varias ocasiones, ha realizado declaraciones en favor de la dictadura, criticadas con dureza por las asociaciones de víctimas, e incluso dejó entrever que es favorable a liberar a los miembros del antiguo régimen que se encuentran en cárceles del Estado condenados por torturas, asesinatos, desapariciones y otras violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Por Víctor Castelló, para la agencia EFE

Cuando era niña y su padre volvía a casa, Analía Kalinec gateaba hasta colgarse de su pantalón. Él la levantaba en brazos, la besaba, la hacía cosquillas y se reían juntos en una típica escena en el seno de una familia conservadora argentina de los 80. Hoy estos son recuerdos que duelen y alivian al mismo tiempo, que se enmarañan con emociones contradictorias que Analía tardó en colocar para poder asumir que el hombre al que tanto quiso y al que tanto obedeció es el mismo que cumple pena de cárcel. Que ese hombre, además de su padre, había sido el Dr.K.

Conocido bajo ese apodo en sus años como miembro de la Policía Federal durante la dictadura militar en Argentina, Eduardo Kalinec lleva 18 años en prisión: “Mi papá cumple cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad”, resume Analía. Kalinec fue detenido en 2005, cuando ya era un comisario retirado, y fue condenado cinco años más tarde en el proceso que juzgó la actividad de los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo, que durante la dictadura sirvieron de espacios de detención, tortura y exterminio de personas, muchas de las cuales continúan desaparecidas.

“Al principio hubo mucho desconcierto, no entendía nada porque no sabía de su vinculación con la dictadura. Incluso pensaba que se trataba de un error”, explica la mujer, que entonces tenía 25 años y acababa de tener a su primer hijo. Sin embargo, entrar en contacto con el dolor del otro lado, el de quienes fueron represaliados, verlo de cerca y sentir lo actual que sigue siendo la cambió. Y a medida que fue conociendo a víctimas del “Dr. K” y familiares de desaparecidos terminó entendiendo que su padre era responsable: “Fue un desmoronamiento muy grande. Es la caída de ese padre tan querido e idealizado y es algo muy difícil de atravesar porque la imagen de padre genocida es casi un oxímoron, o sé es una cosa u otra. Sin embargo, asumir esa condición de mi papá fue duro pero necesario”.

Lo contrario, asegura, hubiera sido elegir el camino de “la hipocresía” y del “mirar para otro lado”. Porque Analía no es solo hija de un hombre condenado por participar en la represión, es también una hija desobediente, que se atrevió a denunciar públicamente las atrocidades cometidas por su padre y a posicionarse al lado de las víctimas. “Elegí conservar recuerdos con él que forman parte de mi historia, pero tuve la necesidad de explicarle al mundo que soy hija de Eduardo Kalinec pero repudio sus crímenes y no los convalido”, sentencia Analía, que contó su historia en el libro Llevaré su nombre (Marea Editorial).

Como ella, otros tantos hijos, hijas y familiares de victimarios vinculados fundamentalmente a las dictaduras latinoamericanas forman parte del colectivo Historias Desobedientes, que agrupa a quienes desde el interior de las familias decidieron romper el mandato de silencio y pelear por la verdad, la justicia y la reparación a pesar de los costos personales y las preguntas sin respuesta que quedan en el aire.

“¿Había humanidad en ti?”, “¿Alguna vez sentiste compasión?”, le cuestiona a su abuelo Loreto Urraca en el libro Entre hienas, que publicó la editorial Funambulista en 2018. A Loreto ningún amor la unía al padre de su padre, pero sí la sangre y el apellido. Lo primero que sintió cuando supo que era nieta de Pedro Urraca, el policía franquista dedicado a detener republicanos exiliados en la Francia ocupada por los nazis, fue vergüenza. “Me impresionó muchísimo saber la implicación tan grave que había tenido en la represión, fue tremendo ser consciente del daño que había hecho”, afirma.

Acercarse al dolor de las víctimas

Loreto se crió sin saber quién era su abuelo, que vivía en Bélgica y era un desconocido para ella. Lo vio por primera vez en Madrid en 1982, cuando cumplió 18 años, pero no fue hasta 2008 cuando supo que se trataba del cazador de rojos gracias a un reportaje de El País que contaba su verdadera identidad. Desde entonces, Loreto, investigó el pasado de su abuelo y decidió desafiliarse de su figura, como denomina a “separarme públicamente de él”: “Soy nieta de Pedro Urraca, pero no tengo nada que ver con sus ideas, no tengo esa lealtad familiar”.

Loreto, que participó en el reciente documental Urraca, Cazador de rojos, es la única representante en España del colectivo Historias Desobedientes, aunque sí tiene contacto con algunas personas descendientes de falangistas que no están dispuestas a hablar públicamente. “Hay miedo, que es algo de lo que yo me he salvado al tener un padre ausente y una madre ajena a esto, porque saben perfectamente que pueden recibir denuncias incluso por parte de sus familiares, que en algunos casos todavía se identifican con esa ideología. Además, viven en el medio rural, donde el encuentro y la cercanía es mayor”, esgrime la mujer, que pone a disposición de posibles desobedientes españoles la dirección historias.desobedientes.es@gmail.com.

Pedro Urraca, conocido como Unamuno, fue el agente de la Gestapo en Francia que detuvo al presidente de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, al que entregó a la autoridades franquistas antes de ser fusilado. Varias décadas después, Loreto conoció a su sobrina nieta, Mariona, con la que depositó un ramo de rosas blancas en el Castillo de Montjuic, donde fue asesinado. Y es que parte de su proceso fue también acercarse a los descendientes de las víctimas de su abuelo, al que siempre se refiere por su nombre de pila. “La distancia que tenía con Pedro Urraca ha hecho que no me haya sentido culpable, pero dentro de las posibilidades quiero contribuir a reparar el daño causado”, asume.

Abuelo nazi

Conocer a un hombre que había sido prisionero en los campos de concentración de Hitler fue para Ilka Vierkant (Múnich, 1964) un punto de inflexión. “Fue tremendo ver su dolor, que todavía estaba por todo su cuerpo, y que sufriera por algo en lo que mi abuelo estaba implicado. Me di cuenta de que estoy dentro de la Historia y no fuera”, explica la mujer, nieta de Werner Vierkant, que fue a principios de los 40 director de parte de la red de ferrocarriles y miembro del Partido Nazi. “Me di cuenta entonces de que Jon y mi abuelo estaban en el mismo espacio y tiempo. Él fue esclavo en Auschwitz trabajando en el levantamiento de raíles y mi abuelo tuvo que organizar la construcción”.

Werner, al que casi no conocía, murió cuando ella tenía entre seis y siete años. Su padre le había contado que era nazi, pero pasó el tiempo hasta que unió “las piezas del puzzle” y se decidió a alzar la voz: “Es importante que los descendientes de los verdugos hablemos. La mayoría no lo hace porque hay una ley del silencio, pero confrontar con el horror y mirarlo de frente puede contribuir a que no se repita”.

Cuando el vínculo de afecto se rompe

A diferencia de Loreto e Ilka, que no tenían vínculo afectivo con sus abuelos, ser desobediente tuvo para Analía Kalinec un profundo costo personal y familiar. “Fue durísimo porque éramos una familia muy tipo, muy unida”, explica la mujer, que tiene otras tres hermanas. Ello provocó su “expulsión literal de la familia” hasta el punto de que en 2022 tuvo que defenderse de una demanda interpuesta por Eduardo Kalinec y dos de sus hermanas para intentar excluirla de la herencia de su madre por “indigna”. “Son vínculos muy primarios que se truncaron. Tengo dos sobrinos que no conozco a quienes junto a mis hijos les dedico el libro para que crezcan y puedan conocer la historia de esa tía de la que seguramente no sepan mucho”, afirma.

La decisión trajo también consecuencias familiares para Lisette Orozco, que narra en el documental El pacto de Adriana, el camino que recorrió desde que su tía, Adriana Rivas, fuera detenida en 2007 por haber sido agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta del dictador chileno Augusto Pinochet, un organismo vinculado a casos de detenciones, torturas y asesinatos “financiado y amparado por EEEUU”, sostiene ella. “Mi familia decía que la habían confundido y que era inocente y yo creí eso al principio, no me podía imaginar que alguien tan humano a mis ojos, a quien admiraba tanto, había podido hacer cosas tan inhumanas”.

Se puso entonces manos a la obra, a buscar información para intentar ayudar a su tía, pero a medida que fue dándose cuenta de donde había estado involucrada “fue como si su figura se me empezara a oscurecer”. Adriana Rivas aprovechó en 2011 la libertad condicional para huir de Chile hasta que en 2018 la detuvieron en Australia y un par de años después aceptaron su extradición a su país. Desde entonces no sabe nada de ella y hay una parte de su familia “negacionista” que siempre defendió “una versión sesgada de la dictadura” y “justificó los crímenes de lesa humanidad” con la que no tiene contacto.

Sin embargo, hoy en día está orgullosa del camino recorrido, de haberse posicionado “contra las vulneraciones de derechos humanos” y a favor “del dolor de las víctimas” para contribuir a “liberar a mis futuras generaciones de la carga del trauma” que ella misma experimentó a través de la culpa o la vergüenza. Ella lo llama romper “el daño transgeneracional”. “La familia no se elige, pero sí elegimos nuestro camino y podemos elegir no acompañar el camino de otros cuando eso se trata de mentir o negar los hechos. Me parece esta una forma responsable de vivir”, reflexiona Lisette.

“Nunca va a dejar de ser mi papá”, dice Ana Laura Gutiérrez al otro lado del teléfono. Hija de Armando Gutiérrez, militar que ejerció en un centro de detención y tortura de la dictadura impuesta en Uruguay entre 1973 y 1985 en el que se terminaron encontrando los restos de dos desaparecidos. Aunque fue con 28 años cuando se enteró de su actividad, “desde muy temprano empecé a cuestionarlo por justificar la dictadura”, pero cree que haberse independizado joven hizo que el proceso sea más sencillo. “Hay personas que no lo han logrado y creo que tiene que ver con un fuerte peso del patriarcado. Aquí hay hijas abogadas que defienden a sus padres presos por delitos de lesa humanidad”, afirma.

Junto a su hermana, Ana Laura forma parte del colectivo Historias Desobedientes, que, reconoce, la ayudó a atravesar la vergüenza de “reconocer ser hija de quien soy” y dejar de cargar por ello “con una mochila que no es mía”. Armando falleció hace tres años y nunca dejó de ser alguien contradictorio para su hija. “Era mi papá, lo acompañe hasta el final porque estaba muy enfermo y me necesitaba, pero su persona me genera muchísima contradicción. Mi papá defendió ciegamente lo ocurrido y eso ya le hace parte. Además, el dolor es actual, no han dicho dónde están las 192 personas que en nuestro país aún están desaparecidas”.

Al silencio que mantiene su padre también se refiere Analía Kalinec como uno de los elementos que impiden su vínculo afectivo a día de hoy. “Tiene información sensible que podría aportar y colabora colaborar con sus víctimas y el hecho de que no lo haga y que siga eligiendo el silencio es una forma de reactualizar su crueldad que a mí me hace mal”, sostiene. Ese es el silencio que hace que padre e hija, a pesar de todo, no se puedan encontrar. Porque a pesar de todo, hay brechas que no se cerraron del todo. “Yo quisiera que él hablara por las víctimas y porque me ubicaría en otro lugar con él, hay algo del anhelo del encuentro que sigue vigente y de ahí el afán de que hable”.

MB

En el reciente y galardonado film El Conde el reconocido cineasta Pablo Larraín imagina aún entre nosotros a Augusto Pinochet como un vampiro inmortal, que sigue perturbando y viviendo a costa de los chilenos. Lejos de ser una artística metáfora, pareciera que el rechazo mayoritario del plebiscito del 17 de diciembre se ha vuelto una sensación tangible, donde los chilenos parecen condenados a vivir indefinidamente bajo la matriz constitucional pinochetista. 

El pasado domingo el pueblo trasandino votó por quinta vez para cambiar su Constitución (entre elecciones a convencionales y plebiscitos del último lustro), rechazando ahora en plebiscito al último proyecto reforma de inspiración conservadora que con ligeros cambios, pretendía meramente actualizar al texto vigente, sancionado hace más de 40 años en periodo de dictadura  y con fuerte inspiración de perpetuación del régimen dictatorial de entonces (signado por un esquema neoliberal, estratificación social de limitada movilidad y un estado mínimo y subsidiario).

En 2019 recorrió todo el largo y angosto país un clamor popular de reforma profunda del sistema vigente, en forma de estallido social que fue coronado por un acuerdo nacional para iniciar un proceso de renovación constitucional en Chile.

Tras décadas de retoques a la Carta Magna trasandina (las del presidente socialista Ricardo Lagos como insignia), en 2019 recorrió todo el largo y angosto país un clamor popular de reforma profunda del sistema vigente, en forma de estallido que fue coronado por un acuerdo nacional para iniciar un proceso de renovación constitucional.  

Constitución es consenso

En Chile toda reforma constitucional debe ser plebiscitada con la sociedad, que la legitima o no con su voto, y así ahorra experimentos sociales más costosos si las reformas son demasiado profundas o no. Constituciones efímeras como la de la República de Weimar en Alemania en 1919 o la peronista en la Argentina de 1949 demuestran que si no hay fuerte consenso cívico no puede imponerse un nuevo modelo social y político en forma prolongada.

En este punto, es dable reseñar que el ejercicio de diseño de una sociedad (poder constituyente) es una de las facetas más delicadas de lo político y de lo jurídico, e históricamente se ha debatido en la academia sobre la conveniencia de tipologías de estructuración democrática o tecnocrática, Por tanto tiempo, que casi podría decirse desde hace más de dos milenios, cuando nacía una dialéctica filosófica que impacta aún hoy en día en toda organización política. Mientras Aristóteles sostenía la conveniencia de un autoridad surgida entre iguales, su maestro Platón solo confiaba en una dirección elaborada por sabios, una elite técnica gobernante, y costó largos siglos llegar a una visión contractualista superadora, que sintetizara ambas por medio del diálogo y la interacción republicana y democrática. 

Una convención aristotélica a la izquierda (sin la derecha)

Tras los Andes, el primer intento de reforma reciente fue en formato de convención al modo artistotélico (confiando en una representación fidedigna del tejido social), que duró más de un año y tuvo una impronta fuertemente reformista, tras un avasallante triunfo de la izquierda en la elección a convencionales. Por mayo del 2022 fui invitado al trabajo de la Convenciòn y pude entrevistar a representantes de todo el espectro, pasando por representantes indígenas (fruto de un inédito cupo representativo), defensores ambientales y de acceso al agua (un gran problema en la nación vecina), enfermeros y educadores de a pie, militantes universitarios (como lo fue el propio presidente Boric), políticos profesionales y unos pocos representantes de la derecha. A partir de esa experiencia y del fruto normativo proyectado publiqué en elDiarioAR un análisis.

En “El Mundial de Chile: una crónica argentina del proceso constituyente trasandino” anticipaba la oportunidad histórica de poner fin a una etapa de conservadurismo arcaico que congelaba una sociedad desigual en acceso a derechos básicos como la salud y la educación, pero con la advertencia obvia de que un texto que había sido diseñado con total olvido de la derecha (ausente totalmente en el debate convencional y parte fundamental de la sociedad chilena) y por un cuerpo constituyente jaqueado por un proceso largo y engorroso se había deslegitimado frente al pueblo.

El texto repudiado en 2022 había sido diseñado con olvido de la derecha (ausente en el debate convencional pero parte fundamental de la sociedad chilena) por un cuerpo constituyente jaqueado por un proceso largo y engorroso, deslegitimado frente al pueblo

Ese progresismo extremo (sin el matiz que hubiese salido de una negociación con la derecha) asustó a los ciudadanos, y el resultado del plebiscito del 2022 fue de amplio rechazo, lo cual motivó el reinicio de un nuevo proceso más tradicional y con formato a lo platónico o de sabios. 

Un proceso platónico a la derecha (o la ultraderecha)

Durante este 2023, se transitó progresivamente por un acuerdo parlamentario de bases de 12 puntos (imprecisos y genéricos), luego trabajado por una comisión de expertos (con mayoría de juristas) y finalmente tratado por una Convención corta (con fuerte representación de la derecha), que ha derivado en un proyecto normativo algo insípido y bastante conservador que poco innova en reformas cruciales de diseño social que exigió fervorosamente la ciudadanía allá por el 2019 en materia de igualdad y presencia activa del Estado. Las críticas del rechazo (que ha ganado por 10 puntos) tildaban al proyecto como de ultraderecha, al lado del actual texto de derecha.  

El texto rechazado el 17 de diciembre de 2023 en el segundo plebiscito de la era Gabriel Boric había sido tildado por sus detractores como ultraderecha, es decir, como más extremista que el actual texto vigente de derecha pinochetista modelo 1980.

Pues bien, este nuevo rechazo plebiscitario ha coronado el proceso constitucional al menos durante el gobierno actual a palabras del propio presidente, por lo que al menos por unos años más continuará este estado de limbo constitucional, donde -como el Conde- Pinochet todavía influye en el diseño de una sociedad desigual (con fuertes restricciones a la salud y a la educación públicas), con un Estado mínimo y subsidiario, políticas de seguridad de contención, y el desarrollo económico de una elite conformada por familias tradicionales. 

Del status al contrato, de ganar una elección a plebiscitar una Constitución

En este contexto, vale el ejemplo de este proceso del país hermano para analizar contrapuntos propios de un mal de época: la futilidad de las grietas ideológicas para trazar políticas de largo plazo con olímpica elusión a la contraparte del espectro político. No hay posibilidad de grandes políticas sin grandes consensos previos.  Es que para avanzar se precisan “todas las voces, TODAS…” como reza la mítica “Canción con Todos”, un clásico latinoamericano inmortalizado por Mercedes Sosa. 

Y es por eso, si se trata de pactar un nuevo mapa social, de diseñar un nuevo horizonte para todo un país, pareciera fundamental la irrupción de posturas dialoguistas y renovadoras que tiendan puentes entre las orillas y permitan cumplirse buena parte de las demandas de cambio y renovación que la sociedad exige. Los extremos ideológicos y las vertientes antagónicas pueden ser buenas tácticas para ganar debates y hasta elecciones en el corto plazo, pero son pésimas estrategias para construir puentes firmes para el futuro de toda sociedad: es que después de la antítesis de Platón y Aristóteles, llegamos al contractualismo de Hobbes y de Rousseau que potenció las revoluciones democráticas modernas, y sintetiza la visión contemporánea sobre la evolución social. 

Y si, esto vale tanto para uno como para el otro lado de los Andes, es hora de alejar vampiros y fantasmas omnipotentes del pasado y volver a confiar en el diálogo y el consenso de los vivos y sufrientes. 

AGB

A 50 años de este acontecimiento, el historiador Marcelo Casals analiza en este episodio el contexto político del golpe, el bombardeo a la Casa de la Moneda y la muerte de Allende, el rechazo global al cambio de régimen, la dictadura de Pinochet (extendida hasta 1990) y la transición a la democracia con la continuación del modelo neoliberal impuesto desde mediados de los ’70.

Conducción: Gabriel Entin

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Shindell

HistoriAr es un podcast creado y producido por la Asociación Argentina de Investigadores en Historia (AsAIH). Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

AsAIH

A la primera “velatón” que el Estadio Nacional de Santiago de Chile acogió para rendir homenaje a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, una vez llegada la democracia a principios de los 90, los asistentes no superaban la treintena. Así lo recuerda Mabel Rodríguez, de 59 años, que la tarde de este lunes participó, como cada año, al acto de memoria por los 50 años del golpe de Estado celebrado en este recinto deportivo. “Hoy, más de tres décadas después, somos una multitud de gente”, dice a ElDiario.es. 

“Vengo siempre porque, aunque algunos quisieran tapar esa memoria, cada año se sana un poco más la herida”, añade Rodríguez, que en ese lugar recuerda el año de clandestinidad de su padre, sindicalista, a quien “solo podía ver de lejos para saber que estaba vivo”, o como con 9 años, el 11 de septiembre del 73, los militares sacaron a sus profesores de la clase “arrastrándolos por el pelo” y nunca más los volvió a ver.

El Estadio Nacional fue el mayor centro de detención y tortura que existió en Chile durante el régimen, por donde pasaron cerca de 20.000 prisioneros entre septiembre y noviembre de 1973. Hoy, pero, es uno de los sitios de memoria más icónicos de la capital. 

Cada año, la tarde del 11 de septiembre, miles de personas se acercan al lugar para encender una vela en memoria de los asesinados y desaparecidos. El espacio ofrece también música, conciertos de los principales grupos de música popular y performances de todo tipo. En esta edición, la conmemoración de los 50 años ha multiplicado la afluencia de gente que quiere recordar. Según los asiduos al evento, este es el año con más participación. La organización la cifró en 60.000 personas. 

“Este es un punto de reencuentro para la memoria, la lucha y para que se sepa lo que pasó, que muchos quieren esconder bajo la alfombra”, dice Constantino, de 56 años, que fue detenido por el régimen. 

Un acto oficial con la marca de Boric

Durante la mañana, en La Moneda tuvo lugar el acto principal del Gobierno, encabezado por el presidente, Gabriel Boric, y al que asistieron los expresidentes chilenos, varias autoridades e invitados internacionales como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; el de Colombia, Gustavo Petro; el boliviano Luis Arce; el uruguayo Luis Lacalle y el primer ministro de Portugal, António Costa. Desde España llegaron el expresidente Felipe González y el juez Baltasar Garzón, muy querido en Chile por impulsar la detención de Pinochet en Londres. 

“Que nunca más la violencia sustituya el debate democrático. Desde Chile, decimos hoy democracia siempre”, expresó Boric, el primer mandatario de la democracia que no vivió el golpe, en un emotivo discurso. En una clara alusión a la ultraderecha y a la derecha tradicional, que se ausentaron de la ceremonia tras varias semanas de polémicas por instalar su versión del pasado reciente, señaló: “La reconciliación no pasa por empatar la responsabilidad de víctimas y victimarios”. 

Antes de Boric, fue la senadora Isabel Allende, hija del expresidente, quien tomó la palabra. Visiblemente emocionada, recordó la “serenidad y sentido de dignidad” de su padre en su último día. “La memoria es el primer paso para llegar a la verdad, pero necesitamos mucho más para alcanzar la justicia y para asegurar la no repetición de ese día”, dijo. 

A las 11:52 llegó otro de los momentos más emocionantes: se guardó un minuto de silencio justo a la misma hora que medio siglo atrás había empezado el bombardeo contra La Moneda que acabó con el suicidio del exmandatario. “¡Compañero Salvador Allende! ¡Presente, ahora y siempre!”, gritaron algunos de los asistentes tras agotarse el tiempo.

El sello de Boric en la ceremonia se plasmó con un guiño particular a las mujeres y a los pueblos indígenas. El acto abrió con la interpretación de la “cueca sola”, una variante del baile nacional que se danza en pareja, pero interpretado por madres y hermanas de detenidos desaparecidos que bailaron solas con una foto de la persona ausente. También se escucharon unas palabras en mapudungún, idioma del pueblo mapuche, de la boca del poeta Elicura Chihuailaf (Premio Nacional de Literatura 2020).

Plan de búsqueda y compromisos democráticos

El presidente llevaba varias semanas trabajando con la vista puesta en el 11 de septiembre y su conmemoración. Primero anunció, para el Día Internacional del Detenido y Desaparecido, un inédito plan que por primera vez dejará en manos del Estado la búsqueda de los desaparecidos durante la dictadura. “El Estado los hizo desaparecer y el Estado debe hacerse cargo de saber dónde están”, insistió Boric durante la ceremonia. 

Según las últimas cifras oficiales, el régimen dejó más de 40.000 víctimas, entre ellas al menos 3.200 opositores asesinados, de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada. De éstas, hoy falta encontrar a más de mil.

Además, durante la semana pasada logró poner de acuerdo a los cuatro expresidentes chilenos vivos (Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, por parte de la centro-izquierda, y Sebastián Piñera, por la derecha) para firmar un compromiso por la democracia y los derechos humanos, en la antesala del aniversario. No tuvo la misma suerte con los partidos de oposición, que se negaron a suscribir un manifiesto simbólico que llamaba a “la democracia siempre” y al que sí se adhirieron Petro, López Obrador, Costa y otros mandatarios extranjeros que no estuvieron presentes en el acto, como el presidente español, Pedro Sánchez; Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil; o Guillermo Lasso de Ecuador.

“Ese compromiso puede parecer poco, pero para los tiempos que corren no lo es, es importante en la medida en que sea asumido transversalmente por quienes legítimamente pensamos distinto”, dijo Boric. “Sólo de esa manera podremos cuidar la democracia”, agregó. 

La conmemoración de los 50 años ha estado marcada por una fuerte polarización entre la clase política chilena, que se disputa el relato histórico de los hechos. Más allá de las ausencias a los actos oficiales, la polarización llevas meses expresándose en el Congreso. Este día 11 no fue la excepción: parlamentarios de derecha aprovecharon para criticar a Allende durante su homenaje en la Cámara de Diputados.

La novedad del 11 de septiembre de este año, más allá de los eventos oficiales y tradicionales, fue el acto del domingo en la noche en el que miles de mujeres rodearon La Moneda vestidas de negro, en silencio y con una vela. Contra todo pronóstico, la convocatoria de las organizaciones feministas y de derechos humanos fue masiva. En poco más de una hora las mujeres crearon una postal solemne y conmovedora bajo la consigna de “Nunca Más”: La Moneda en silencio y miles de luces encendidas a su alrededor. 

El presidente Alberto Fernández participó del acto en conmemoración por los 50 años del Golpe de Estado en Chile. Fue a través de un video donde rememoró el ataque encabezado por Augusto Pinochet contra el Gobierno de Salvador Allende, y aprovechó para hacer hincapié en “los discursos del odio y el resurgimiento de la mirada antidemocrática en el mundo”. 

“Estamos en otro tiempo donde afloran los discursos del odio y vuelve aflorar la mirada antidemocrática en el mundo. Es un tiempo que vivimos para preservar los mejores valores de la democracia”, expresó en un mensaje transmitido en la ceremonia organizada por el mandatario trasandino Gabriel Boric.

Sobre el cierre del mensaje, concluyó: “Quisiera estar allí, por Salvador Allende, por la democracia, por la libertad, por los derechos humanos violados por Pinochet. Lamentablemente no llego, pero estoy con ustedes. ¡Viva Chile!”.

Si bien el Presidente había confirmado su presencia luego de que su par chileno lo invitara a participar, se vio impedido a llegar a tiempo por cuestiones de agenda. Según explicaron desde Casa Rosada, el cierre de la Cumbre del G20 en Nueva Delhi, India, se extendió más de lo programado y con el extenso viaje de regreso, Fernández no pudo asistir a las ceremonias en Santiago de Chile.

“Aún recuerdo recuerdo perfectamente aquel 11 de noviembre de 1973 porque la Argentina se conmovió como lo hizo el mundo. Habíamos visto que más allá de la cordillera se había instalado un gobierno popular, que por primera vez estaba revisando las lógicas conservadora de una sociedad que se siente dueña de sus países”, recordó el Presidente.

En otro pasaje del video compartido por Boric en sus redes, el jefe de Estado aseveró: “Eran los días de Salvador Allende y todos lo mirábamos como un ejemplo, en una democracia que estaba produciendo una revolución en la sociedad chilena. Aquel 11 de septiembre todo se volvió oscuro, no sabíamos quién era Pinochet, pero si sabíamos lo que podía venir en Chile”.

Fernández recordó a las más de 40 mil personas perseguidas, asesinadas, torturadas, exiliadas, que tuvieron que escapar de Chile, así como a los más de mil chilenos aún desaparecidos.  

“El régimen totalitario y autoritario de Pinochet acabó con muchos, con la vida y con la tranquilidad de miles de chilenos y sirvió para que toda América Latina viera en él a un cruel dictador que definitivamente le hizo mucho daño a la democracia chilena”, sentenció. 

Además, señaló que “aún hoy, en Chile, perduran voces que defienden y recuerdan aquel día como un día de recuperación de Chile”, a las cuales calificó como “voces que no valoran la democracia y que lo único que valoran es seguir sintiéndose dueños de su patria”.

Por último, destacó la decisión de quitarle las condecoraciones de la Orden de Mayo y la del Libertador General San Martín a Pinochet. “Ya no va a poder invocar más en su currículum, ni él ni sus herederos, que la Argentina lo consideró digno de la Orden de Mayo ni del libertado general San Martín”, apuntó.

LC con información de agencia NA

Los 15 años que había cumplido hacía ocho días no los celebré con una fiesta de amigos en casa como estaba previsto, sino en el salón de baile de la residencia del embajador argentino en Chile, durmiendo junto a mi numerosa familia en dos colchones en el suelo, durante dos semanas, y entre otros cientos de refugiados. Mi primer viaje en avión fue en el Hércules del Ejército Argentino que nos rescató del golpe militar contra el presidente Salvador Allende, del que ahora se cumplen 50 años, y nos llevó de vuelta desde Santiago a mi ciudad natal de Buenos Aires. Todavía humeaba La Moneda, la casa de Gobierno, por los bombardeos de la aviación chilena.

Era mi segundo exilio de niña, había llegado a Santiago a principios de los 70, dejando familia, amigos, colegio, identidad y una Argentina en ese momento en dictadura. La represión por la militancia de mis padres nos había llevado a un Chile alegre, participativo, en el que pudimos reconstruir de a poco nuestra vida mientras se estrenaba el primer gobierno socialista. Como novedad, en el colegio nos daban un kilo de leche en polvo al mes, porque en la campaña se había prometido medio litro diario para paliar la extendida desnutrición infantil. La burla contra las ayudas sociales ya existía entonces, la oposición decía que los pobres utilizaban el polvo blanco para marcar canchas de fútbol en los barrios.

Tiempo de alegría y aprendizaje

Enseguida pasé a la educación pública secundaria, al liceo. Esas aulas recibieron con fiesta de democracia a una preadolescente que por primera vez escuchaba hablar de un gobierno estudiantil elegido entre las candidaturas de las juventudes de cada partido político nacional. Los recreos eran un hervidero de discusiones, las asambleas se convocaban a menudo en la cafetería. Así te informabas sobre todo tipo de convocatorias, por ejemplo de trabajos voluntarios para descargar trenes que llegaban a la capital con sacos de alimentos que habían sido almacenados ilegalmente para presionar al gobierno. La oposición orquestaba desabastecimiento y descontento, llegó un momento en el que había una cola para comprar productos que escaseaban en cada calle de Santiago. Faltaba azúcar, café, papel higiénico, pasta de dientes, pan, combustible, faltaba todo menos los productos perecederos.

Los chicos volvíamos a casa exhaustos de la expedición a descargar trenes, pero contentos por formar parte de la vida más activa del país y con el cuerpo cubierto de azúcar porque alguna mínima parte de los sacos se había destinado a una especie de guerra de almohadas. No dejábamos de ser adolescentes, ni de estudiar, que conste. Ligábamos y ensayábamos nuestros primeros amores en las manifestaciones, en los trabajos voluntarios, en las tomas pacíficas del liceo, casi siempre en las calles y sin necesidad de discotecas.

Mi padre había conseguido trabajo como jefe de Promoción y Ventas de Quimantú, la gigantesca editorial chilena Zigzag que el Gobierno acababa de nacionalizar y rebautizar, mi madre trabajaba en el departamento de ediciones. En solo cinco meses de gestión pública, Quimantú había vendido un millón de libros a precios populares. En el desayuno, antes de salir a clases, los niños asistíamos en casa a la crónica de los furibundos debates políticos de la última noche de asamblea para decidir los títulos que iban a entrar en las diferentes colecciones.

Eso que para una preadolescente fue un tiempo de alegría y aprendizaje sin parangón, y que los analistas chilenos describen como el periodo de actividad más intenso de la vida colectiva del país en todos los aspectos, terminó en la temprana mañana de un 11 de septiembre de 1973.

“Baja, que hay golpe”

Ese martes salí de mi casa adosada, a los pies del Cerro San Cristóbal, hacia el liceo a las 7:30 horas. Cogí el autobús de todas las mañanas, que pasaba por el lateral de la sede del Gobierno, y me sorprendí al ver la Casa de la Moneda entera rodeada por tanques y camiones militares. Lo comenté con mis compañeros cuando entré en clase, minutos antes de que llegara el profesor. Hablamos sobre la amenaza de golpe de Estado, cualquier día ocurrirá y deberíamos estar preparados, concluimos tan sabihondos como nos sentíamos con esos pocos años. Media hora después un amigo gritó desde el patio: “Mirta, baja, que hay golpe”. Enseguida alguien entró al aula para suspender las clases.

Unos centenares de estudiantes nos quedamos “esperando instrucciones del Gobierno” para salir en su defensa, y así en cada instituto y universidad y centro de trabajo, escondiéndonos si pasaban helicópteros militares volando bajo. Cuando se acercaba el toque de queda a primera hora de la tarde ya sabíamos que el golpe había triunfado y que tocaba volver a casa. Como no me daba tiempo a volver a la mía, me quedé en la de un compañero de colegio. Con sus padres y otros amigos alojados seguimos atónitos por el televisor en blanco y negro los bandos militares. El toque se levantó a los dos días, cogí la misma línea de autobús y pasé otra vez por una Moneda esta vez coronada por un humo negro que se elevaba muy alto en el cielo a causa de los bombardeos del 11 de septiembre. El día anterior, en una corta interrupción de la prohibición de circular, había salido a avisar a mi familia de que estaba en una casa amiga.

La algarabía de esos años dio un giro abrupto a calles vacías y silenciosas, que apenas se pisaban apresuradamente en los intervalos de los toques de queda. Llegué a casa a tiempo para presenciar el allanamiento en busca de mi padre, que además de trabajar en la editorial dirigía el periódico socialista La aurora de Chile. Ese día aprendí que no todas las sirenas vienen a casa para salvarte, la cuadrilla del Ejército llegó en una ambulancia, porque seguramente escaseaban los vehículos militares ante la desaforada actividad represora de esos días. Vi desfilar hacia esa ambulancia una parte de los libros de nuestra biblioteca, los que los soldados desde su ignorancia consideraban sediciosos y los que les cabían en tan poco espacio. Por suerte mi padre no estaba en casa, desde el día del golpe no sabíamos nada de él.

Refugiados en la embajada

Esa tarde cerramos la puerta de nuestra casa como si nos fuésemos a dar un paseo y nos fuimos los cinco hermanos con mi madre a alojarnos con unos vecinos y unos días después a tentar suerte para poder entrar a la Embajada Argentina en Chile. Ante un portón custodiado por fuerzas de seguridad armadas que en una ocasión llegaron a matar a tiros a un chileno que intentaba exiliarse, como argentinos de origen dio resultado el argumento de que íbamos a hacer unos trámites. Eso más la complicidad y la solidaridad del personal de la embajada que por ese entonces ya representaba a un gobierno democrático. Así eran esos años en los países de América del Sur, un vaivén de dictaduras entre breves periodos de paz.

Después de atravesar un inmenso jardín y cruzar la puerta de la residencia, vimos de frente a mi padre, agachado y con los brazos abiertos para abrazarnos. Había estado en casa de un vecino que lo acompañó a su vez a la embajada unos días antes. Alguien le había avisado que íbamos a intentar entrar. Los siete ya estábamos por fin a salvo.

La alegre vida de niña que asomaba a la vida terminó bruscamente durmiendo en dos colchones en el suelo del salón de baile, junto a mi madre y mis cuatro hermanos, porque había lugar solo para mujeres y niños, y comiendo por turnos en la cocina de la embajada. Mi padre dormía de día, como el resto de los hombres, cuando quedaban libres los colchones o los sitios en las alfombras. La vida en un paréntesis de angustia e incertidumbre, pero en un silencio tronador, anestesiados por el shock. Un bolso con mi diario, un cuaderno con notas y poesías cursis, la libreta escolar y un botón del abrigo de un exnovio como toda pertenencia. Nunca recuperamos el resto de cosas de la casa, ni muebles, ni ropa, ni libros, ni nada. Nada.

Aterrizamos dos semanas después en Buenos Aires, gracias a los salvoconductos negociados por Acnur que nos permitieron partir en el primer contingente que salió de la embajada temprano rumbo al aeropuerto de Santiago. El golpe contra un gobierno democrático, con la muerte de su presidente el mismo día, habían generado un movimiento internacional que obligó a la junta militar a dejar salir de a poco a los miles de refugiados en diversas embajadas. El autobús que nos llevaba atravesó las calles vacías por el toque de queda, custodiado por vehículos militares que formaban una siniestra caravana.

Pisar las calles de Santiago nuevamente

Así terminó el primer intento democrático para cambiar a mejor la vida de la gente desde un gobierno legalmente formado. Así empezó un periodo de represión violenta que se fue replicando rápidamente en casi todos los países de la región, dando lugar a una época oscura de persecución, secuestros, muertes y debacle económica para la mayoría de la población.

Así nos quedamos los niños sin el televisor que llevábamos meses esperando. El fuerte incremento de la calidad de vida de la población había provocado tal aumento de demanda que no llegó a tiempo. Aunque hubiera llegado a tiempo, se hubiera perdido junto al resto de nuestra vida.

Parafraseando la canción de Pablo Milanés, he querido pisar “las calles de Santiago nuevamente” en este 50º aniversario, para rendir un homenaje íntimo a los que hicieron posible esos años de esperanza que hoy siguen ratificando que es posible una vida digna para todos si un gobierno legisla en consecuencia. 

He recorrido nuevamente los salones de la embajada que me acogió en esos días de miedo. Gracias a la comprensión del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, y de su equipo, he podido estar de pie por unos instantes en el mismo lugar en el que hace 50 años tuvimos que dormir seis personas en dos de los 90 colchones que se habían acomodado en el suelo. Desde hace unos años en la embajada luce una placa que conmemora esos días. El desgarro que por fin pude sentir en la piel al entrar nuevamente, lejos del shock que actuó hace 50 años como sedante del dolor, demuestra lo importante que es cualquier ejercicio de memoria histórica, para que los que fuimos víctimas podamos reparar y seguir adelante, para que todos podamos jurarnos que “nunca más”.

Estoy pisando nuevamente las calles de Santiago estos días con esos compañeros del Liceo Experimental Darío Salas con los que me asomé a la cultura, a la política social y a la vida, en todos los sentidos. En lugar de pasar en autobús sorprendida por el despliegue militar, caminé esta vez en torno a la Casa de la Moneda a la noche, junto a miles de mujeres con velas, en una manifestación simbólica para que jamás una casa de Gobierno pueda volver a verse rodeada por tanques y bombardeada.

He pisado nuevamente el frente de la que fue mi casa y por fin he podido llorar desconsolada por la vida que ahí se detuvo, por lo duro que fue volver a empezar.

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Mirta Drago, directora de Comunicación de Mediaset España durante 20 años y hasta hace unos pocos meses, trabajó también en Antena 3, El Mundo y El País. En 2017 produjo en colaboración con el comité español de ACNUR, 'La niña bonita', documental sobre la crisis de refugiados sirios dirigido por Julieta Cherep.

Pasaron cincuenta años desde que el bombardeo de los aviones caza de la Fuerza Aérea chilena al palacio gubernamental concitara la atención mundial. Las columnas de humo gris que emergían de La Moneda, el vuelo rasante de los Hawker Hunter, el épico discurso de “las grandes Alamedas” de Salvador Allende antes de suicidarse, el Estadio Nacional convertido en un gigantesco campo de concentración y la proclama aflautada del sangriento Augusto Pinochet constituirían un hito de la historia de Chile, que sigue determinando su presente. 

El 11 de septiembre de 1973 marcó el inicio de una dictadura que, a lo largo de 17 años, causaría 3.065 desaparecidos y muertos, y 40.018 represaliados entre presos y torturados. Desde aquel día, Chile se convertiría en un laboratorio de una política económica ultraliberal, con retiro del Estado a las mínimas funciones posibles, modelo que más tarde recorrería el mundo y encuentra hoy una vigorosa vitalidad.

Bajo el lema “Democracia es memoria y futuro”, el Gobierno de Gabriel Boric preparó una nutrida agenda de conmemoraciones que comenzó hace una semana y hoy culminará con un acto solemne en La Moneda. En paralelo, universidades, asociaciones culturales y grupos políticos desarrollaron decenas de actividades de homenaje a las víctimas y abordaje de las consecuencias del terror de Estado.

El mandatario de izquierda, que lleva un año y medio en el cargo, procuró reafirmar un “nunca más” institucional que, sin embargo, encuentra el acecho de una oposición de derecha volcada a un negacionismo indisimulado y una indiferencia desafiante de una parte de la población.

La agenda de Boric, acosada

Días atrás, Boric lanzó el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, que compromete al Estado a buscar e identificar desaparecidos. Además, el Gobierno presentó un programa de reparación para las víctimas, inauguró exposiciones culturales y realizó demarcaciones de centros clandestinos de detención. Aunque los cinco períodos de gobierno de la Concertación por la Democracia desde el fin de la dictadura, en marzo de 1990, también procuraron crear conciencia sobre las atrocidades del pinochetismo, nunca el Estado había sido tan explícito en su compromiso institucional y pedagógico con la memoria histórica.

El 11 de septiembre de 1973 marcó el inicio de una dictadura que a lo largo de 17 años causaría 3.065 desaparecidos y muertos, y 40.000 represaliados entre presos y torturados

En un tiempo en que la ultraderecha crece y es opción de gobierno en varios países de América Latina, mandatarios como el mexicano Andrés Manuel López Obrador, el colombiano Gustavo Petro, el argentino Alberto Fernández y el uruguayo Luis Lacalle Pou estarán presentes este lunes en La Moneda.

También participarán de la ceremonia el primer ministro portugués, António Costa, y el presidente alemán, Peter Tschentscher. A su vez, exjefes de gobierno, como Felipe González, el italiano Massimo D’Alema, los colombianos Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, y el uruguayo José Mujica, estarán presentes.

La agenda institucional no oculta las dificultades que enfrentó Boric en su objetivo de sentar una postura de Estado. “Ha recrudecido la posición más extrema de la derecha y ello hace que aparezca con mayor desparpajo la reivindicación del golpe de Pinochet”, dice Claudia Heiss, jefa de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Gobierno en la Universidad de Chile.

Negacionistas a la ofensiva

El miércoles pasado, parlamentarios de los partidos Republicano (ultraderecha) y Unión Demócrata Independiente (UDI, creado por las huestes de Pinochet en los ochenta) se negaron a rendir homenaje a tres legisladores (comunista, socialista y radical) que fueron detenidos y desaparecidos por el régimen militar. Esa actitud tuvo un correlato con expresiones abiertamente reivindicatorias del golpe de Estado por parte de políticos con alta circulación en redes y en los medios, como Jorge Alessandri. “Yo justifico el golpe militar. Íbamos por un camino peligroso para el país”, indicó el diputado de la UDI.

La falta de un acuerdo mínimo de la dirigencia política sobre el legado negativo del golpe contra Allende encuentra eco en la población. “Se han ultraderechizado las élites, pero eso no quiere decir que la población se volvió más pinochetista o se haya radicalizado en todos los temas”, advierte Heiss.

El resurgir extremista dialoga con un sector más joven particularmente “desafectado de la política y sensible a los cantos de sierna de una derecha autoritaria”, describe la analista.

Aunque la imagen negativa sobre Pinochet prevalece entre los chilenos, algunas señales denotan que la indiferencia o una crítica débil al dictador fallecido en 2006 ocupan un lugar relevante, en línea con lo marcado por Heiss. Una encuesta entre 1.076 chilenos realizada por la Fundación Activa indicó que el 56% dice no estar interesado en el 50 aniversario del golpe de Estado, y que un 32,8% está de acuerdo con el derrocamiento de Allende.

Durante los últimos meses, la mayor parte de la derecha buscó, al menos, equiparar responsabilidades entre Pinochet y el “Chicho”, sobrenombre del mandatario socialista. En ese aspecto, la avanzada negacionista parece tener más éxito, porque 39% de los chilenos atribuye a Allende haber forzado la interrupción de la democracia en 1973, porcentaje sólo un poco menor de quienes se la asignan a Pinochet y a los militares.

Vaivenes de Piñera

Sebastián Piñera, único presidente de derecha desde el retorno de la democracia (en dos períodos, 2010-2014 y 2018-2022), se desmarcó en varios momentos históricos de los dos partidos legados por Pinochet (Renovación Nacional y UDI), pero esta semana transitó el camino de los “dos demonios” al sostener en una entrevista televisiva que “la principal responsabilidad (del golpe) es del gobierno de la Unidad Popular, que con una minoría quiso imponer un modelo de sociedad marxista”.

La línea argumental expresada por Piñera sobre la “ilegitimidad” de los objetivos del gobernante socialista fue utilizada para dar el golpe.

Allende ganó las elecciones de 1970 como primera minoría, con un 36,6% de los votos, apenas por encima del derechista Jorge Alessandri (Partido Nacional, derecha, 35,2%) y el demócrata-cristiano Radamiro Tomic (28,1%).

En un ambiente de extrema tensión, crisis de desabastecimiento y asedio de la CIA estadounidense, el mandatario socialista revalidó su popularidad en las elecciones legislativas de marzo de 1973, meses antes del golpe militar. La Unidad Popular alcanzó 44,2% frente a 55,5% de la Confederación de la Democracia, que agrupaba a todos los partidos del centro a la derecha.

Con apoyo significativo, pero no mayoritario, Allende fue acusado de intentar implantar un modelo socialista. Aunque ello fue objeto de intensas discusiones dentro de la Unidad Popular, en cualquier caso, el médico cirujano, con más de tres décadas en puestos de alto nivel en la política chilena, dueño de una retórica conmovedora, se apegó a las formas democráticas hasta último momento.  

En el marco de sus idas y vueltas, Piñera aceptó sumar su firma a una declaración rubricada por el demócrata cristiano Eduardo Frei y los socialistas Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, titulada “Compromiso: por la democracia, siempre”. La rúbrica de los cuatro más Boric tuvo lugar el jueves. “Cuidemos la memoria porque es el ancla del futuro democrático que demandan nuestros pueblos”, cerró el texto.

Fue lo máximo que pudo conceder el expresidente conservador y propietario de una de las principales fortunas de Chile. Piñera anunció que no participará de ningún acto conmemorativo este lunes, como tampoco lo harán los partidos de derecha.

Sobreinterpretación de la reacción

El debate sobre el pasado tiene notorias implicaciones sobre el presente y el futuro, en momentos en que gobierna Chile un joven de 37 años, que hasta pocos años atrás abrazó ideas claramente a la izquierda de la Concertación y encabeza una coalición que incluye al Partido Comunista.

Heiss marca que la reacción a las protestas masivas del Chile Despertó de 2019 y las victorias electorales en el rechazo a la Constitución redactada al calor del ascenso de Boric y la posterior elección, el 7 de mayo pasado, de una nueva convención constituyente llevaron a los partidos de derecha a “sobreintepretar” el apoyo con el que cuentan.

“La sintonía con el autoritarismo de la mano dura contra la delincuencia y el discurso contra los inmigrantes sí es perceptible, pero hay otra agenda, como la reivindicación del golpe o la avanzada contra el aborto y el retiro del Estado de funciones sociales, educativas, de las pensiones, que es propia de la dirigencia conservadora, pero no de muchos de sus votantes”, indica la docente en diálogo telefónico desde Washington.

Dicha sobreinterpretación lleva a que la suma de las derechas que domina la redacción de la Constitución a esbozar reformas que consoliden el modelo económico e implanten cláusulas todavía más retrógradas que las contenidas en la Constitución de 1980, sancionada por Pinochet.

El Partido Republicano que lidera José Antonio Kast, un ultraderechista que perdió el balotaje con Boric en 2021 y se perfila como presidenciable, apunta a incluir la garantía para que todos los presos de más de 75 cumplan prisión domiciliaria. Esa repentina preocupación humanitaria beneficiaría a unos 150 represores condenados.

De la impunidad a las sentencias

La transición orquestada por Pinochet garantizó casi total impunidad para los represores durante la década posterior a la recuperación de la democracia. La detención del dictador en Londres, el 16 de octubre de 1998, a instancias del juez Baltasar Garzón, bajo el precepto de jurisdicción universal, conmovió las estructuras de Chile. Hizo evidente ante el mundo que las víctimas del terrorismo de Estado chileno no encontraban justicia en su país.

Pinochet logró convencer a los jueces británicos de que su salud le impedía afrontar un proceso penal y regresó a Santiago en marzo de 2000. A partir de entonces, de a poco, los tribunales chilenos comenzaron a moverse.

El dictador murió en libertad en 2006 y fue despedido con honores por los suyos. Hacia 2015, cerca de 80 represores ya se encontraban en la cárcel. En la última década los procesos de aceleraron y los condenados fueron cientos. La última sentencia tuvo lugar el 28 de agosto pasado, cuando la Corte Suprema de Chile sentenció a siete militares a penas de hasta 25 años por el secuestro y asesinato del emblemático cantautor Víctor Jara.

La detención del dictador en Londres, el 16 de octubre de 1998, a instancias del juez Baltasar Garzón, conmovió las estructuras de Chile. Se hizo evidente ante el mundo que las víctimas del terrorismo de Estado chileno no encontraban justicia en su país

En el penal de Punta Peuco, considerado de lujo por sus condiciones de habitabilidad, unos 129 jerarcas de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia redimen delitos de lesa humanidad.

Aunque la sociedad chilena realizó grandes avances liberales en su vida social y su realidad política contiene una amplia diversidad, como demuestra el signo cambiante de los últimos gobiernos, el principal rasgo de continuidad de los 17 años de dictadura está dado por la inconmovible estructura económica.

Los límites del cambio

Boric llegó a La Moneda con la intención de dar por terminado un ciclo económico que inicio la dictadura a sangre y fuego, y continuaron, en ciertos aspectos matizados y, en otros, profundizados, las administraciones democráticas. En parte, la continuidad se explica porque los años de estabilidad y un modelo de economía abierta le dieron a Chile indicadores económicos entre los mejores de América Latina, a costa de una desigualdad que parece cristalizada. Pinochet legó un corset con ganadores y perdedores perpetuos.

Desde la década de 1980, Chile convive con un sistema de pensiones privatizado que excluye de jubilaciones dignas o directamente de cualquier haber a buena parte de los mayores. Los sistemas de salud y educación cuentan con oferta estatal, que termina siendo para los segmentos de la población que dejan de ser rentables para los privados.

Para la politóloga Heiss, Boric no tiene ninguna posibilidad de avanzar con reformas estructurales que se había planteado, dada la mayoría parlamentaria de una derecha que pasó a la ofensiva.

En el camino que queda hasta 2026, al presidente de la coalición Apruebo Dignidad le espera un acoso de las derechas, para el que pareció prepararse en los últimos meses, con la incorporación al gobierno de figuras del Partido Socialista que ensayaron una autocrítica por el papel desempeñado en la transición.

“Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo”, anunció Allende esa mañana del fin del invierno chileno ante su inminente derrocamiento. Ocupó su lugar en La Moneda un general que había simulado lealtad hasta días antes.

Ese mismo día, miles de chilenos, en su mayoría humildes, fueron arrancados de sus casas y trasladados al Estadio Nacional ubicado en el barrio de Ñuñoa y a otros centros clandestinos de detención.

Chile ingresaba a su peor horror, pero Allende avisó: “Se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor”.

Como un anuncio profético, el discurso del presidente de la Unidad Popular retumba cada noche en la conciencia de los negacionistas.

SL

El 11 de septiembre de 1973, hace exactamente medio siglo, Augusto Pinochet encabezó en Chile un golpe de Estado militar que sacó del poder al gobierno democrático del presidente Salvador Allende, quien lo había designado comandante en jefe del Ejército. El mandatario se suicidó el mismo día. El cuartelazo contó con el apoyo de Estados Unidos, que veía en Allende una amenaza marxista, en plena Guerra Fría. Pinochet asumió como presidente de la Junta Militar y gobernó el país durante 17 años. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), las víctimas de esa tiranía superan las 40.000 personas.

En 1975, la dictadura pinochetista llevó a cabo la llamada Operación Colombo, un montaje comunicacional de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de ese país, que tuvo como objetivo hacer creer a la opinión pública y al mundo que 119 militantes de diversas organizaciones sociales y políticas se habían matado entre ellos fuera de Chile, en Brasil y Argentina.

Sin embargo, según el Informe Rettig, como se conoce en Chile al informe de la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, publicado en 1991, un año después de la salida del poder de Pinochet por parte del gobierno democrático de Patricio Aylwin, estas personas no se habían matado entre ellas sino que fueron detenidas, torturadas, asesinadas y hechas desaparecer dentro del país.

Para hacer creer que se trató de un enfrentamiento entre facciones ajeno a la dictadura chilena, el montaje contó con el apoyo de un gobierno democrático de la región: el de María Estela Martínez de Perón.

La colaboración del gobierno de “Isabel” Perón fue a través del Ejército argentino y de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Además contó con el apoyo de parte de la prensa de la época, que se encargó de difundir falsas informaciones sobre las muertes de este centenar de personas.

Durante los meses de junio y julio de 1975, aparecieron los nombres de los 119 militantes en dos listas: una, de 59 personas, en el diario brasileño O’Dia de Curitiba, y la otra, en la revista argentina Lea, que incluyó 60 nombres. Ambos medios de comunicación circularon con estas únicas ediciones.

Prontamente, estas nóminas fueron reproducidas por la prensa chilena. Medios como El Mercurio y La Segunda difundieron esta desinformación con mayor agresividad. Esta fue una de las noticias falsas que inventó la dictadura de Augusto Pinochet. 

El plan tuvo como propósito convencer a la ciudadanía y al mundo que los 119 detenidos desaparecidos habían huido del país y que habían muerto en el extranjero producto de disputas al interior de las organizaciones políticas a las que pertenecían. 

Este montaje comunicacional fue también una forma de responder ante la presión internacional por las reiteradas denuncias de desapariciones forzadas ocurridas en Chile, desacreditar la idoneidad de la militancia marxista chilena, y humillar a los familiares de las víctimas que exigían justicia.

“Lo que hace es extender la represión más allá de los detenidos desaparecidos, sino que también a sus familiares y a todo aquel que se sienta opositor al gobierno. Extiende la violencia a la sociedad a un nivel simbólico y material”, explica Claudio Barrientos, director del Observatorio en Historia Reciente de Chile y América Latina de la Universidad Diego Portales (UDP).

¿Quiénes eran las víctimas? 

Según constata Londres 38, “la mayoría de las personas mencionadas en la lista de los 119 tenía menos de 25 años al momento de su detención, y diez de ellos eran menores de edad”. 

Además, entre las 20 mujeres estaba Jacqueline Drouilly, de 25 años, y tres meses de embarazo. Hasta hoy se desconoce si ese embarazo pudo llegar a término.

Casi todas las víctimas fueron dirigentes estudiantiles, sindicales, gremiales o militantes de diversas organizaciones sociales y políticas. 94 de ellas pertenecían al MIR, nueve al Partido Socialista, siete al Partido Comunista, uno al MAPU, y uno a la Liga Comunista. 

¿Se procesaron a los culpables? 

Ante la insistencia de los familiares, en 1979 se designó al juez Servando Jordan como ministro para esclarecer los casos de los detenidos desaparecidos. Sin embargo las causas fueron enviadas a la justicia militar donde permanecieron por años y luego se le aplicó la prescripción o la Ley de Amnistía. 

Según el Poder Judicial, recién en agosto de 2018 la sala penal de la Corte Suprema condenó a 22 ex agentes de la DINA por el secuestro calificado de alguna de las 119 víctimas de la Operación Colombo. Entre ellos se encuentran Miguel Krassnoff, Pedro Espinoza y Raúl Iturriaga con penas que van de los cuatro a los diez años de presidio. 

Augusto Pinochet fue sometido a procesos, sin embargo no pasó ni un solo día en la cárcel.

Este artículo fue producido y publicado originalmente por el sitio chileno Mala Espina, dedicado a luchar contra la desinformación.

JJD

El 11 de septiembre de 1973, las FFAA bombardearon el Palacio de la Moneda, derrocaron el gobierno democrático del presidente socialista Salvador Allende e impusieron el régimen encabezado por el general Augusto Pinochet, responsable de la desaparición de 1469 personas. Hasta ahora, solo 307 han sido halladas e identificadas.

Según investigaciones de diferentes instancias, al menos 3.200 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante esos 17 años. De ese total, se estima que las víctimas de desaparición forzada podrían ser unas 1.469 personas, de las cuales 1.092 corresponderían a detenidos desaparecidos y 377 a ejecutados políticos sin entrega de cuerpos, precisando que se ha llegado a estimar sin certeza esa cantidad de víctimas. 

Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia

“La justicia ha tardado demasiado”, declaró el primer mandatario en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que se conmemora el 30 de agosto, en la que firmó junto con el ministro de Justicia y DDHH, Luis Cordero,  el decreto presidencial que oficializa la instauración del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justica. “Esto no es un favor a las familias, es un deber con la sociedad entera en entregar la respuesta que el país merece y necesita”, agregó el presidente Boric.  Por su parte, el ministro Cordero reconoció que  “el Estado los apartó de sus familias y es el Estado el que se tiene que hacer responsable de la reparación, sancionar a los responsables y sostener la búsqueda”.

El decreto representa la primera vez desde el final del régimen de Pinochet que el gobierno chileno intenta encontrar a los desaparecidos, un esfuerzo que hasta ahora había recaído en gran medida en los familiares sobrevivientes, en su mayoría mujeres que protestaron, hicieron huelgas de hambre y llevaron sus casos a los tribunales. Solo a través de estos casos judiciales se han identificado algunos de los sitios de entierro.

 Otros países sudamericanos que fueron gobernados por regímenes militares en las décadas de 1970 y 1980 han tenido un éxito desigual en la recuperación de los restos de sus desaparecidos. Los equipos forenses de Argentina recuperaron más de 1400 cadáveres o restos e identificaron a 800 de ellos. En Brasil, los esfuerzos por encontrar a 210 personas desaparecidas han tenido escasos resultados. El organismo del Paraguay encargado de encontrar e identificar a sus 336 desaparecidos solo ha conseguido los restos de 34 personas

El plan centralizará y digitalizará los enormes volúmenes de expedientes  judiciales y otros archivos que están dispersos en organismos gubernamentales y organizaciones de DDHH, y utilizará un software especial para cruzar la información. También financiará la exploración de lugares donde puedan estar enterradas víctimas, o donde las excavaciones lleven años pendientes or falta de financiamiento.

Un oscuro día de justicia y las sombras largas de años de injusticia

Durante décadas, el sistema judicial chileno estuvo paralizado por la Ley de Amnistía de los años del régimen de Pinochet que impedía procesar a los responsables de abusos contra los DDHH cometidos entre 1973 y 1978.  En el 2000, bajo la presidencia de Ricardo Lagos, el Poder Judicial dejó de usarla para desestimar casos, y se nombraron jueces especiales para investigar estos crímenes. Hasta enero de 2023, la Corte Suprema de Justicia  ha dictado unas 640 sentencias, enviando a prisión a cientos de personas, y cuenta con 17 jueces dedicados exclusivamente a cerca de 1500 casos.

Las familias de las víctimas tardaron años en reconocer que los desaparecidos nunca volverían. “La idea de la muerte va entrando de a poco”, asegura María Luisa Ortíz, jefa de colecciones e investigación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) en la ciudad capital de Santiago. Su padre, Fernando Ortíz, profesor universitario de 50 años, fue secuestrado en 1976. Tras una redada, lo juntaron con otros dirigentes comunistas de Chile y lo enviaron a un centro de tortura tan secreto que durante tres décadas nadie supo de su existencia. En el 2012, 36 años después de su secuestro y desaparición, su familia recibió sus restos. Cinco fragmentos de huesos en una caja.

Límites y renovaciones, créditos y débitos, tráficos y descubrimientos

Las familias saben que las probabilidades de encontrar a los desaparecidos son escasas.Del  centro clandestino Simón Bolívar, una casona ubicada en una zona rural al este de la capital que estaba a cargo de la Dirección de Inteligencia Nacional del régimen (DINA) nadie salió vivo. No hubo testigos ni sobrevivientes que aclararan el destino de los detenidos. Durante décadas, solo hubo un silencio ensordecedor. No fue el único centro. La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura constató, en el llamado Informe Valech (por monseñor Sergio Valech, que la presidió), que hubo un total de 1.132 recintos usados como lugares de detención y tortura a lo largo de la loca geografía del país.

En 1978, se descubrieron los restos de 15 desaparecidos en una mina cal abandonada en el sector de Lonquén, al poniente de la Región Metropolitana. Se trataba de los restos de 15 hombres fusilados el 7 de octubre de 1973, por ocho carabineros de la Tenencia Isla de Maipo. Pese a que los hechos y las identidades tardarían años en ser acreditados, el descubrimiento signó  al régimen militar: en el país se estaban violando los DDHH y quienes estaban a cargo, en la mayoría de los casos, eran agentes del Estado.

El general Pinochet ordenó a los militares exhumar a cientos de víctimas enterradas en secreto por todo el país y deshacerse de ellas definitivamente. Los cuerpos fueron arrojados al océano o a los volcanes. Otros fueron explotados o incinerados. La mayor parte de lo que se ha descubierto son fragmentos de huesos, dientes y jirones o pedazos de ropa.

El Plan Nacional en marcha: crímenes sin olvido, ni perdón, ¿ni castigo?

Los expertos forenses han empezado a excavar nuevos sitios. El poder judicial ha empezado a digitalizar sus archivos de DDHH. Marisol Prado, la nueva directora del Servicio Médico Legal (SML) de Chile, que conserva 896 muestras de ADN de los familiares de los desaparecidos, espera revertir la negligencia del pasado.

A mediados de la década de los ’90  la morgue identificó erróneamente 48 de los 96 restos descubiertos en fosas comunes de Santiago y admitió el error una década después. Por otra parte, no fue sino hasta este año que las familias de las víctimas se enteraron de que 89 cajas de cartón con restos recuperados en las excavaciones de 2001 llevaban más de dos décadas escondidas en el sótano de la Universidad de Chile, sin ser analizadas. Este año, informó el ministro Cordero, las cajas se organizaron y clasificaron, y parte de su contenido se ha enviado a laboratorios extranjeros.

Aún con la importancia histórica que reviste el  proyecto de Boric no se logrado hasta el momento la  información de las FFAA o de los militares que cumplen condena. Solo unos pocos agentes condenados, que enfrentan enfermedades terminales o están en su lecho de muerte han proporcionado nuevos datos, informó  Cordero.

 “El plan nos tiene que permitir tener información sobre los responsables” reclama  la diputada Lorena Pizarro, hija de un dirigente comunista secuestrado en 1976 y expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. “¿Y quién tiene la información? Tenemos que hacernos cargo de que en las Fuerzas Armadas está la información, y ya está bueno de decir que no existe”.

Las FFAA nunca han entregado sus archivos de la época de la dictadura que aseguran que ya no existen. Algunos, convertidos a microfilm en la década de 197O fueron incinerados en el 2000. Los militares solo proporcionan datos específicos a los tribunales cuando se les solicita, pero no se ha tomado ninguna medida para recuperar todos sus archivos. Nelson Caucoto, un abogado de DDHH que ha trabajado en cientos de casos, cree que la clave está en acercarse a antiguos agentes de bajo rango, reclutas y colaboradores civiles. Es posible que no sepan los nombres de las personas que mataron, dice, pero sí pueden recordar dónde las enterraron.

Muchas millas que marchar antes de dormir

El proceso de búsqueda e identificación de las víctimas ha de llevar llevar muchos años, según nada invita a descreer. En 2001, el Ejército chileno reveló información que condujo a excavaciones en pozo de una mina en Cuesta Barriga, una zona montañosa al oeste de la capital. Las excavaciones que duraron 90 días permitieron encontrar fragmentos de restos.

En 2006, un guardia de la DINA del cuartel Simón Bolívar reveló la existencia del centro clandestino y describió las torturas que allí sufrieron los prisioneros y cómo los restos eran arrojados a Cuesta Barriga o desde helicópteros al océano. Pasaron 12 años hasta que se identificaron los casi 200 fragmentos óseos y pedacitos de ropa encontrados en Cuesta Barriga. El proceso judicial tardó aún más. En junio, 47 años después de las desapariciones, la Corte Suprema de Chile emitió su fallo definitivo: hasta 20 años de prisión para 37 agentes del cuartel Simón Bolívar.

AGB

Según declara la presidenta de Hijos y Madres del Silencio (HMS), podrían ser hasta 50 mil las adopciones internacionales pactadas durante los 17 años de la dictadura cívico-militar presidida por el general Augusto Pinochet que 50 años atrás derrocó en Chile al gobierno de la Unidad Popular (UP). La Justicia chilena investiga un procedimiento legal de entrega en adopción de menores con ciudadanía chilena a familias en el extranjero usado entre 1950 y 2000. Sin embargo, “el 98% de los casos” corresponde al período 1973-1990, los años de Pinochet en el poder. “Hay más de mil denuncias”, precisa Marisol Rodríguez, vocera de HMS. El número consensuado, y conservador, de total de menores que “salieron del país” es de 20 mil, combinando números de procesos judiciales, de registros civiles y notariales extranjeros, de investigaciones de instituciones internacionales y de movimientos de DDHH y de recuperación de la memoria histórica.

Las adopciones propugnadas por el Estado chileno eran, en apariencia, legales

Las familias adoptantes, en apariencia, adoptaban, no apropiaban, y es dudosa su mala fe; el destino europeo de los menores era, por lo general, países europeos con gobiernos de centro-izquierda que recibían al exilio político chileno; los bebés no nacían de madres militantes o en cautiverio o desaparecidas, sino de madres solteras pobres.

La institución de derecho privado de la adopción internacional, en los términos en que se la planteaba, buscaba mejorar la relación pública entre el Estado chileno y los Estados receptores. El cuidado por los menores, ‘que no tenían nada que ver con la situación política nacional’, quería ser interpretado como un signo de buena voluntad, de humanitarismo, de rostro humano de una dictadura: como un terreno de entendimiento, como un paso, en definitiva, hacia la democracia. Hasta qué punto fue exitosa esta operación, es un punto que empieza a debatirse.

El común horror y compartidas tipificaciones penales pueden nublar la percepción de las diferencias, sin embargo nítidas, entre los crímenes de lesa humanidad que involucra el sistema de adopción internacional chileno y el plan sistemático de apropiación de bebés que guió a la dictadura cívico-militar argentina del Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). Además de las dificultades y reluctancias mayores de los gobiernos democráticos pospinochetistas para enfrentar el pasado, se suma el intrincado legalismo chileno, e internacional, que debe atravesarse para buscar una verdad elusiva, pero nunca ausente.

Dictadura, política doméstica: en una sociedad de propietarios no hay lugar para los desposeídos

En su única intervención personal y directa en la campaña del plebiscito de 1988, que perdió, el capitán general y presidente Augusto Pinochet invitó al electorado a pronunciarse por un nuevo SÍ a la Constitución de 1980. Perdió, pero esa Carta Magna de elaboración a la medida de su gusto personal por una comisión de expertos había sido plebiscitada afirmativamente en 1981, y es todavía la Ley Fundamental vigente en Chile. El argumento que expuso Pinochet en aquel último spot televisivo era simple: si él seguía otros siete años al frente del país, se consumaría una sociedad de familias propietarias, no proletarias, expresó con juego de palabras. Una sociedad de familias con vivienda propia, jubilación propia, pleno empleo.

Uno de los extremos por los cuales había buscado su gobierno cumplir ese cometido había sido el implacable neoliberalismo de sus variados programas económicos: crecimiento, riqueza, y familias ricas.

El otro extremo, menos confesable en estos términos había sido el sistema de adopciones internacionales. En un Estado que consagraba su propia subsidiariedad en el texto constitucional, y que justificaba su eclipse como reverencia debida a la superioridad reguladora del Mercado, las adopciones contribuían a limar todo déficit, evitaban al gobierno gastar para aliviar la indigencia y pobreza extremas. Era desaparecer a las familias pobres, que afeaban las estadísticas. Y, se sugería a las familias, a la sociedad, a las madres renuentes a entregar a su prole en adopción, ¿no les esperaba un mejor destino en el extranjero próspero? ¿No era egoísmo retener en Chile a las criaturas, donde vivirían existencias más duras, más estrechas? Las madres eran, muchas veces, la mayoría, solteras, o adolescentes, o campesinas, o empleadas domésticas, o calificaban en todas esas condiciones, y siempre eran pobres. Los consentimientos, casi nunca por completo ausentes, nunca pueden presumirse plenamente voluntarios.

Las adopciones liberaban de lastres, según esta visión de costos y beneficios del Estado pinochetista, a las familias en su ruta hacia la autosustentación. Insistían en el modelo de familia pequeña, de cónyuges casados ante la ley: requisito para beneficiarse con las asignaciones de viviendas construidas en barrios populares nuevos. Y funcionaban también, bajo esta mirada, como mecanismo de regulación demográfica estamental: si había menos pobres, habría menos pobreza, si había menos menores, menor la desnutrición, en este cálculo de persecución de objetivos traducibles a proporciones en diagramas de torta.

La familia bien constituida estaba en el corazón de la doctrina pinochestista del crecimiento económico y de la lucha contra la desigualdad social. La diferencia era combatida para así obtener igualdad promedio. Corresponde a este encuadre “la implementación de una política de la infancia, cuyo objetivo era la promoción y el aumento de las adopciones”: así lo explica la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile. “Fue parte de una trama, coordinación entre distintos actores e instituciones y alianza entre jueces”, especifica la historiadora Karen Alfaro.

Dictadura, política exterior: los únicos privilegiados son los niños

Durante el pinochetismo, las reglas de la adopción se volvieron menos exigentes. No por efecto de una general laxitud o transgresión de las normas, sino que su deliberada formulación se modificó para que las conductas laxas nunca resultaran - salvo venalidad o mala fe o falsificación documental o violencias encubiertas, invisibles prima facie- de por sí ilegales. El caso más frecuente de adopción internaciomal parecía encerrar un antagonismo. El país que entregaba en adopción y los países adoptantes estaban en los extremos más irreconciliables de la polarización política e ideológica. De un un lado, la dictadura chilena de Pinochet, del otro, democracias occidentales, con gobiernos que habían aplaudido al suicidado presidente derrocado Salvador Alllende.

Naciones europeas y occidentales con gobiernos socialistas, con sólida representación parlamentaria de la centro-izquierda, o nuevas administraciones menos distraídas a las violaciones de DDHH, fueron receptoras comprometidas del exilio político chileno y fueron también grandes adoptantes de menores venidos de Chile. Así ocurrió en la década de 1970 con Suecia, Italia, Dinamarca, Holanda, y aun la Gran Bretaña laborista y los EEUU del demócrata Jimmy Carter, y en la de 1980 con Francia, cuyo primer presidente socialista, François Mitterrand, cuando sólo era aspirante al Eliseo, había viajado a Chile en 1971 para fotografiarse junto a un Fidel Castro de visita, y a Allende. Estos países fueron los receptores, para consumar la adopción, del mayor número de menores que entregó la dictadura chilena. Menores que les llegaban desde Chile, y que con demasiada frecuencia cruzaban las fronteras y “entraban sin padres o varios a cargo de una azafata”, detalla la presidenta de Hijos y Madres del Silencio (HMS).

Para la dictadura chilena, las adopciones mejoraban las relaciones internacionales en un tiempo en que debían resignarse a mantenerlas plenas sólo con otras dictaduras derechistas, como las cívico-militares del Cono Sur (aliadas por el Plan Cóndor, aunque divididas por el conflicto del límites con la Argentina), las de Taiwán o Corea del Sur, y la Sudáfrica del Apartheid. Nuevo cálculo de rentabilidad, esta vez en el plano global. El sistema de adopción se promocionaba en las embajadas occidentales en Santiago de Chile, donde empezaba a enlazarse una red que las favorecía. Para los países receptores, para sus gobiernos de entonces, y para las familias que adoptaban, la decisión, al revés, era vista como un gesto contra Pinochet: se salvaba a un menor de la dictadura latinoamericana, y crecería en una democracia occidental.

Otra autoridad internacional también buscaba congraciarse, y congració, la dictadura chilena con su programa de adopciones internacionales a ultranza. Era la Iglesia Católica del pontífice polaco anticomunista Juan Pablo II, férreo militante pro vida y anti-abortista. El papa que en 1978 había llegado desde Cracovia al trono de Roma para combatir a la izquierda que Pinochet había vencido en 1973 había designado a la madre Teresa de Calcuta su embajadora global y vocera de la pontificia política de natalidad. El lema de campaña del catolicismo de entonces era 'Combatir el aborto con la adopción'. Era lo que la dictadura chiena decía hacer. La bendición vaticana, además, era tanto más conveniente para el gobierno golpista de Santiago, cuando la Iglesia chilena, a través de la Vicaría de la Solidaridad, y de otras instituciones amparadas en las iglesias, llevaba adelante una militancia de DDHH activa, y abiertamente opositora a los vencedores de 1973. En el plano interno, las adopciones presentadas como lucha por la vida y batalla ganada día a día al aborto, contribuyó a fortalecer la alianza que Pinochet sembró y cultivó con las iglesias evangélicas, de cuyos frutos espera nuevas cosechas en votos, como los ha cosechado en las presidenciales de 2021, el candidato derechista José Antonio Kast, líder de facto de la oposición al gobierno de Gabriel Boric.

La Argentina, espejo que modela, pero desfigura

Los robos de bebés de la dictadura argentina han sido hasta ahora más y mejor conocidos. La finalidad de las entregas, ventas y apropiaciones ocurridas durante el Proceso de Reorganización Nacional, sus circunstancias, origen, y práctica, se guiaron según muy otras condiciones y orientaciones. En la Argentina, los menores traficados habían nacido en centros clandestinos de detención, o habían llegado a manos de la represión por hallarse con sus familias al momento de una detención y secuestro ilegal. Eran entregados, o vendidos, a familias connacionales, argentinas, en su abrumadora mayoría. Entregadores y apropiadores conocían, y después callaban, la ilegalidad originaria de sus acciones. En no escasas ocasiones, la apropiación era disfrazada bajo el manto de la filiación legítima, por vía de la inscripción falsa de una identidad mentida. Las Abuelas de Plaza de Mayo han logrado restituir la identidad de más de 130 personas y estiman que falta encontrar al menos a unas 300 más.

En la Argentina, el hecho de los crímenes de lesa humanidad hayan sido cometidos en el territorio nacional a la vez facilita y dificulta el trabajo de las Abuelas. En Chile, la aparente legalidad de los actos, la aparente buena fe de las familias adoptantes al momento de la adopción, y la extraterritorialidad del destino de las adopciones, generan desafíos particulares a la investigación y demandas judiciales, y en prospectiva, gastos e inversiones importantes de recursos. “Necesitamos verdad, justicia y reparación. Este es un hecho tremendo. Son miles de familias afectadas, que necesitan contención y apoyo. Nosotros llevamos 300 reencuentros, pero la mayoría son online, porque los hijos y las madres no tienen la capacidad de viajar”, dice la presidenta de HMS.

De las adopciones de Pinochet a las esterilizaciones de Fujimori

Un paralelo más ajustado que el argentino para el programa de adopciones forzadas de la dictadura de Augusto Pinochet parece hallarse en el plan de esterilizaciones forzosas llevado adelante en las regiones serranas más pobres del Perú durante la presidencia de Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo número se eleva a decenas de miles. Son comunes los rasgos definititorios de estas dos políticas del golpista chileno y del autogolpista peruano, común la violenta orientación neoliberal impuesta a sendas economías nacionales, comunes los fines presupuestarios perseguidos, común la indefensa condición de las poblaciones que fueron víctimas de la acción sistemática del Estado.

Desde el punto de vista de la política interior, el plan peruano buscaba reducir la pobreza extrema. Es decir, como en el caso de la dictadura chilena, antes que la promoción social de las familias pobrres, su desaparición y decrecmiento, con el consiguiente alivio del Presupuesto y del Tesoro. En particular, limitar el gasto social debido a la atención de madres solteras, mujeres índígenas, campesinas, analfabetas, habitantes de la región andina peruana que el régimen fujimorista se jactaba de haber reconquistado a la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso y recuperado para el control territorial efectivo de las autoridades de Lima.

Desde el punto de vista de las relaciones exteriores peruana, el programa de esterilizaciones era presentado como una estrategia moderna, científica, llevado adelante, decía la propaganda, con la cooperación voluntaria de los habitantes de las sierras. Aquí la Iglesia Católica local estuvo entre los denunciantes. Pero el programa de la Fujicracia llegó a recibir el beneplácito y aun la felicitación de los organismos de la ONU dedicados a la planificación familiar y el control demográfico.

Hasta la identidad siempre

El próximo paso de HMS es ante la ONU: en Ginebra, para exponer situación y necesidades al Comité contra las Desapariciones Forzadas. Y en la isla de Cerdeña, Italia, se celebrará el Congreso II de Adoptados Chilenos en Europa. Tienen esperanzas en el gobierno de Gabriel Boric. A juzgar por las medidas firmes adoptadas ya sobre estos temas, por primera vez en Chile, acaso sean también las más firmes que hayan conocido en los 50 años vividos a la sombra de Pinochet. 

AGB

Los ojos abiertos y fijos de cientos de cadáveres amontonados en la morgue de Santiago a partir del 11 de septiembre de 1973 quedaron grabados en la memoria de Héctor Herrera. “¿Esos ojos, vieron quién le disparó?”, se pregunta hasta hoy, justo 50 años después, tras la condena a los militares que asesinaron a Víctor Jara.

Herrera era un joven de 23 años, funcionario del Registro Civil e Identificación, especializado en el servicio de dactiloscopia, cuando “le sorprendió” el golpe de Estado de Augusto Pinochet, que dio paso a 17 años de una cruel dictadura en Chile. “Desde nuestra oficina, vimos los aviones pasar cuando bombardearon el Palacio de La Moneda”, recuerda a elDiario.es en una conversación telefónica desde Francia, donde se exilió.

Después de cuatro días de toque de queda, encerrado en su casa, el 15 de septiembre se presentó a su lugar de trabajo, pero los militares, que entonces ya habían asumido la jefatura del Servicio, lo trasladaron al Instituto Médico Legal (IML) –la morgue– para apoyar en la toma de huellas de los primeros asesinados por el régimen. “Había cientos y cientos de cuerpos por todas partes de personas que murieron la primera semana del golpe y se necesitaban más funcionarios”, recuerda.

“Herrera era una persona muy querida dentro del Registro Civil, tenía buenos amigos y, además, era un reconocido izquierdista, miembro simpatizante de la Unidad Popular [de Salvador Allende], así que el riesgo que corría era aún mayor si alguien llegaba a delatarlo en estos primeros días de la dictadura”, dice el periodista Freddy Stock, que acaba de publicar 5 minutos. La vida eterna de Víctor Jara, que recoge la historia del exfuncionario.

Si de promedio los trabajadores de la morgue recibían menos de 10 cadáveres al día, solo entre el 11 y el 30 de septiembre llegaron 588 cuerpos. De ellos, 397 eran muertos por herida de bala, según recoge la investigación Burocracia de la muerte, de Archivos Chile. “Llegaban los camiones militares y descargaban los cuerpos como sacos de papas. Los funcionarios los colocaban delicadamente en unas camillas, los ordenaban uno al lado de otro y nosotros pasábamos a tomarles la huella”, cuenta Herrera. “Fue un trabajo horrible. En esos tres días que estuve ahí viví en infierno”.

“Es él. No hay ninguna duda”

“¡Tenemos a un compañero aquí!”, avisó a Héctor Herrera un colega del trabajo su segundo día en la morgue. “Es Víctor Jara”, añadió, antes de mostrarle el cadáver. “Estaba semioscuro y el cuerpo tenía mucha tierra que se mezclaba con la sangre de las heridas”, recuerda Herrera.

Estampó su huella en la ficha –“tenía unas manos grandes, muy bien empuñadas”, dice– y de su marca obtuvo el número de protocolo 2547. Pidió a su colega guardar el secreto hasta comprobar los datos y, en caso de confirmarlos, avisar a la familia para retirar el cuerpo y evitar que fuese enterrado en una fosa común. “Me planteé que, a través de Víctor Jara, en cierta forma, iba a enterrar a todas esas personas; a mí nadie me podría decir después '¿Y tú, no hiciste nada?' Sentía una mezcla muy rara de sentimientos, mucho dolor”, rememora. Saber que Víctor Jara estaba ahí “representaba un shock muy grande” para quienes lo admiraban y respetaban, apunta Stock.

A la hora del café del 17 de septiembre, Herrera acudió a una amiga para que corroborara los datos. Ella se los confirmó: “Es él. No hay ninguna duda”, le dijo sin mencionar el nombre del músico. Entonces, supo que se llamaba Víctor Lidio Jara Martínez.

“Le di la peor noticia”

Héctor buscó en el registro y descubrió que estaba casado con una inglesa llamada Joan Turner. Memorizó su nombre y dirección y al día siguiente, 18 de septiembre, festivo nacional, llegó a su casa con el primer bus de la mañana. Cruzó toda la ciudad hasta pisar el barrio alto y encontrar la casa de los Jara Turner. La mujer tenía dos niñas. “Se notaba que no había dormido. Me puse muy nervioso y le mostré mi acreditación del Registro Civil y mi carné de identidad”, dice Herrera. “¿Y tú, conoces a mi papá?”, le preguntó la menor de las hijas al verle. Una amiga, que también estaba en casa, apartó a las pequeñas de la conversación: “Ahí le di la peor noticia”. Ella tomó sus manos y en sus palmas lloró, recuerda: “No sé por cuánto tiempo, pero fue uno de los momentos más largos que he vivido”.

Juntos fueron a la morgue. En pleno festivo, eran pocos los funcionarios trabajando. Héctor recordaba que el día anterior había visto una docena de cuerpos desnudos y rapados a los que le prohibieron tomar las huellas. Eran extranjeros. Esa tarde le pasó por la cabeza que Joan podía terminar igual, por eso no quería dejarla sola. En la sala de autopsias, entre muchos cuerpos, encontraron el de Jara. “De rodillas y con sus propias lágrimas le limpió su rostro, en un gesto de amor y de despedida delante de mí”, rememora Herrera.

Sin saber el día con exactitud, registraron el fallecimiento el 14 de septiembre (fecha que también se escribió en su tumba). Sin embargo, luego se consideró que había ocurrido más tarde porque los cuerpos fueron encontrados junto al muro exterior del Cementerio Metropolitano el día 16, día que finalmente se fijó para conmemorar oficialmente su asesinato.

“Te lo entrego enterito”

El periplo de los trámites burocráticos siguió con la compra de un ataúd y un nicho en el Cementerio General, donde debían trasladarse los cuerpos, según establecía una nueva orden militar. Cuando estuvo todo listo, Héctor fue a buscar el cuerpo del cantautor y, entonces, por primera vez y única, lo vio desnudo: “Fui testigo del número increíble de balas por todas partes. Tenía una ráfaga de hoyitos y una gran herida al lado del estómago, como una gran quemada”. La primera autopsia reveló que recibió 44 disparos.

“Te lo entrego enterito”, le dijo el funcionario a Herrera cuando recogió el cuerpo. “No abrieron el cuerpo para hacerle la autopsia”, dice. Según el testimonio de uno de los asesores jurídicos del Instituto Médico Legal recogido en el reportaje Dentro del Instituto Médico Legal (II): Autopsias sucintas, de Archivo Chile, “si por el examen externo del cadáver se podía deducir la causa de muerte, el examen se detenía en el reconocimiento externo, porque no había suficiente personal para cubrir la demanda de autopsias”.

“Lo vamos a recordar cantando”

Con la ayuda de un sepulturero, Herrera y Turner colocaron el ataúd en el nicho, “en la tercera o cuarta fila”, de una zona ubicada al final del cementerio. Estaban solos los dos. “En ese momento me quebré y cuando Joan me vio, me dijo: ‘No nos vamos a acordar de Víctor por eso, lo vamos a recordar cantando’”. Desde ese día no se vieron más hasta muchos años después en Francia.

“Gracias a Héctor Herrera, Víctor Jara no es hoy un detenido desaparecido”, dice Freddy Stock.

Herrera, que hoy tiene 73 años, partió al exilio cuando supo que los militares andaban buscando a la persona que había enterrado a Víctor Jara, el único sepultado el festivo del 18 de septiembre. “Guardé todo eso en una caja muy escondida en mi memoria y no la saqué hasta mucho tiempo después”, dice Herrera. Fue cuando Joan –que entonces ya era Joan Jara– lo buscó en Francia para pedirle su testimonio ante la justicia. Héctor Herrera declaró ante el juez en 2009. Joan siempre guardó su mayor secreto: haber salvado a Víctor Jara de convertirse en un caso más de desaparición durante la dictadura.

El presidente Alberto Fernández retirará la “Orden de Mérito” y “Orden del Libertador San Martín” que se había otorgado décadas atrás al dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte, según indicó hoy la portavoz presidencial en la Casa Rosada.

“Pinochet no es merecedor de la gratitud de la Nación Argentina, pues es alguien que ejecutó políticas que avasallaron la vida y degradaron la condición humana, que su accionar ofende los valores y principios rectores de nuestros próceres, resultando incompatibles con dichas condecoraciones”, explicó Gabriela Cerruti.

La decisión, que se oficializará con el Decreto 455 a publicar este jueves, responde a la próxima conmemoración de los 40 años de democracia en Argentina y se anunció esta tarde en el marco del 50° aniversario del golpe militar contra el gobierno constitucional el socialista Salvador Allende del 11 de septiembre e 1973.

“La Argentina ocupa un lugar central en el concierto de las naciones en el reconocimiento de la verdad, la justicia y la memoria, como los pilares para la construcción del orden democrático. En ese contexto y con la lucha de los organismos de derechos humanos siempre como baluarte para toda nuestra sociedad, tenemos que seguir luchando contra el negacionismo, contra el olvido y contra los intentos de impunidad”, señaló la portavoz.

El decreto firmado por Alberto Fernández, el jefe de gabinete Agustín Rossi y el canciller Santiago Cafiero subraya las políticas de persecución y violación de derechos humanos cometidas por Pinochet y los múltiples asesinatos a opositores y militantes políticos. Además, indica que ideó e impulsó de manera conjunta el Plan Cóndor que desarrolló un sistema de cooperación clandestina para perseguir a opositores en toda América Latina.

“Por todo esto, los consejos de Orden de Mayo y del Libertador San Martín dispusieron que por haber sido transgredidos tanto los ideales de Mayo, como el general San Martín, y ser responsable Pinochet de actos incompatibles de los principios sanmartinianos de dichas órdenes, no puede ser acreedor de tan alto honor y quedan las condecoraciones retiradas para él y sus derechohabientes”, agregó Cerruti.

Luego del golpe del 11 de septiembre, Pinochet se mantuvo en el poder hasta el 11 de marzo de 1990, cuando fue sucedido por el gobierno democrático de Patricia Aylwin. Ocho años más tarde, fue detenido en Londres donde permaneció encerrado por delitos de lesa humanidad hasta el 2 de marzo de 2000 por orden del juez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón. Sin embargo, el ministro del Interior británico, Jack Straw terminó disponiendo su liberación porque consideró que no estaba en condiciones de salud adecuadas para ser juzgado.

Ese mismo marzo de 2000, Pinochet perdió el cargo de senador vitalicio que se había creado cuando gobernó Chile, pero logró evitar los juicios que debía afrontar por los crímenes cometidos. La Justicia chilena incluso llegó a denegar un pedido de arresto emitido por la jueza argentina María Servini por el caso Prats.

En 2006, falleció a los 91 años en Santiago de Chile.

ACM con información de agencias.

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al fisco chileno que pague una indemnización millonaria por “crímenes de lesa humanidad” a 20 funcionarios y estudiantes detenidos en septiembre de 1973 en la entonces Universidad Técnica del Estado (UTE) y torturados en distintos recintos inmediatamente después del golpe de estado encabezado por Augusto Pinochet.

El Estado deberá pagar 1.615 millones de pesos chilenos ─equivalente a alrededor de 2 millones de dólares─ en concepto de daño moral a 20 víctimas por la “obligación de reparación íntegra” que tiene frente a casos de violaciones de derechos humanos.

Las personas indemnizadas son Sergio Muñoz Cáceres, Luis Cifuentes Seves, Héctor Peña Soto, Carlos Vega Pizarro, Gregorio Suárez Bustos, Emilio Daroch Fernández, María Geraldina Lisham Guerrero, Carlos Galaz Muños, Eduardo Nallar Abud, Mario Navarro Cortés, Fedora Demsky Verdugo, Érica Osorio Araya, Sergio Moscoso Bustamente, Aldo Leal Lacrín, Marcela Lizana Fuentes, Rimski Reyes Ramírez, Álvaro Palacios González, Eduardo Tourrel Navarrete, Iris Aceiton Venegas y Juan Martínez Amigorena. Cada uno de ellos, recibirá montos que oscilan entre los 40 y 90 millones de pesos según su caso particular.

Los informes de la Comisión de Verdad y Reconciliación, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech) revelaron que, durante la dictadura de Pinochet, un total de 31.686 personas sufrieron violaciones a los derechos humanos. De ellos, 28.459 corresponden a casos de tortura, mientras que los 3.227 restantes refieren a ejecuciones o desapariciones forzadas.

Este año se cumplen 50 años desde el golpe del 11 de septiembre de 1973 contra el presidente constitucional Salvador Allende. Por el aniversario, el gobierno planificó una agenda con distintas actividades conmemorativas a nivel nacional e internacional en rechazo a cualquier acción que busque atentar contra el sistema democrático. Se impulsaron, además, proyectos de ley e iniciativas para investigar el destino de los desaparecidos como es el caso del Plan Nacional de Búsqueda anunciado por el presidente Gabriel Boric.

ACM con información de agencias.

El 11 de septiembre se cumplirán 50 años del Golpe de Estado de Pinochet al Gobierno de Salvador Allende. Un hecho que sigue marcando al país, que hace pocos días veía como, por fin, se condenaba a los militares que asesinaron, pocos días después, al cantautor Víctor Jara. Pinochet, sin embargo, y como otros dictadores como Franco, nunca tuvo un juicio. Murió en plena impunidad. Esa impunidad, ese morir tranquilo en la cama ―aunque el juez Garzón intentara juzgarle antes de morir―, provocan un halo de eternidad que se queda pegado a los huesos de sus ciudadanos. Cuando un dictador no es condenado, cuando no es sentenciado públicamente delante de la gente, se le seguirá otorgando una legitimidad falsa, a pesar de los asesinatos y crímenes que hayan cometido.

Desde ese punto de partida, tan interesante como triste –por lo cerca que nos toca– es desde donde construye Pablo Larraín su nueva película donde, por primera vez en su filmografía, Augusto Pinochet se convierte en carne. Aunque las referencias al dictador estuvieron presentes en todo su cine (desde No, de forma evidente, hasta El club), siempre lo hizo de dos formas; o como fantasma que sobrevuela la historia y las heridas del país; o como palabra, como simple verbo nunca encarnado por ningún actor. 

¿Cómo dramatizar y recrear lo terrible, lo que tanto nos marcó? Parece preguntarse constantemente Larraín con sus películas (las rodadas en Chile); y en El conde, su nuevo filme presentado en el Festival de Venecia ―antes de estrenarse en Netflix el 15 de septiembre―, donde compite por el León de Oro, parece haber encontrado la respuesta. Solo había una forma de hacer a Pinochet un personaje de ficción, y era convertirlo en un vampiro que sigue aterrorizando al Chile actual. Vuela por la noche, come corazones de jóvenes y se mantiene vivo aunque nadie lo sepa. En la realidad paralela creada por el director, Pinochet fingió su propia muerte y es un ser de la noche aislado en una casona en un paraje desértico donde vive con su mujer y su fiel criado, un ruso que se vengó del comunismo matando a cientos de personas en la dictadura chilena.

La metáfora es clara. Pinochet sigue vivo en el Chile actual. Está vivo porque nunca se le juzgó, porque nunca hubo un buen ejercicio de memoria histórica, y el cine viene a mostrar los errores. A hacerlo desde la sátira, desde el género y desde la exageración. Esa idea es la columna vertebral de El conde, y es una idea tan potente, tan brillante y tan suicida que a la película se le acaban perdonando sus errores. Le cuesta coger el tono, a veces no es tan divertida como debiera, y sin embargo está plagada de mala baba, de fogonazos de genio y de perlas políticas que se convierten en los mejores gags.

La trama avanza con la llegada de los hijos del dictador con la noticia de no querer seguir viviendo y ante el horizonte de poder repartirse todo lo que robó durante décadas. Sus hijos, tan víboras como él, herederos de una fortuna manchada de sangre y que vivieron en impunidad. A pesar de ello quieren más, como le pasaba a su padre. Como su madre, una Lady Macbeth en la sombra. Parte de los gags se los lleva algo real, lo mucho que fastidiaba a Pinochet que le acusaran de ladrón. Le daba igual que dijeran lo que había matado. “A usted le gustaba robar, a mí matar”; le dice su ayudante en El conde, a lo que el Pinochet vampiro contesta sin dudar: “No, a mí también me gustaba matar”. Pocas veces se metió tanto el dedo en la llaga a la dictadura chilena. Ni se hizo con tanta gracia.

A España le toca su parte. Por supuesto hay mención a Garzón, ese “juez español pesado” que le quiso juzgar cuando estaba mayor según su familia; y nuestra dictadura, otra sin juzgar, se lleva la mejor frase de la función. Aparece en el interrogatorio que una monja hace a los hijos para ver cuánto dinero hay escondido en los sótanos de la casa. Una de sus hijas habla de su educación, que fue “en un colegio tan católico que tres monjas se suicidaron cuando se murió Franco”.

Pinceladas del humor más político. Memoria histórica desde la sátira y el terror. Es, El conde, una película sangrienta y bestia, a veces incluso puede que demasiado. La cabeza de una mujer aplastada en los primeros compases suena a excesiva cuando esa misma salvajada se puede sugerir y no mostrar.

A Larraín le cuesta mantener la brillantez, y la película desbarra en ocasiones, aunque todo está rodado con un gusto impecable, con una puesta en escena inteligente y con ecos del expresionismo alemán, una dirección artística lóbrega (esa casa en descomposición) y con una fotografía en blanco y negro que solo se rompe en un epílogo final que vuelve a demostrar el genio y riesgo de Larraín. Llega tras un giro que conviene no desvelar y que apunta a que los dictadores ni se crean ni se destruyen, solo se transforman y en ocasiones hasta se les considera demócratas.

Víctor Jara escribió su último poema dos horas antes de ser asesinado. Tomó una libreta, un lápiz y empezó a garabatear con rapidez: “La sangre para ellos son medallas. La matanza es un acto de heroísmo ¿Es este el mundo que creaste, dios mío?”. Tras el punto final, un soldado del ejército de Pinochet le agarró del brazo con violencia y se lo llevó al que fue su último destino. Finalmente, después de torturarle durante horas, el cuerpo del cantante fue encontrado el 16 de septiembre de 1973 con 44 balazos, varios dedos rotos, la lengua cortada y quemaduras de cigarrillos. La “voz del pueblo” fue silenciada para siempre.

El cantautor chileno fue militante del Partido Comunista de Chile y, a su vez, un referente internacional reconocido por apoyar la causa de Salvador Allende, que en 1970 se convirtió en el primer presidente marxista elegido democráticamente. Su mandato, sin embargo, solo duraría tres años: terminó con el golpe de Estado de Augusto Pinochet, el cual también fue apoyado por el gobierno de Estados Unidos, por entonces presidido por Richard Nixon.

Pero la sangre y la barbarie del ejército golpista continúa despertando interrogantes casi medio siglo después. ¿Quién apretó el gatillo contra Víctor Jara? ¿A quién hay que señalar por las atrocidades realizadas en aquel recinto? Es precisamente lo que responde el cuarto episodio de la serie documental de Netflix ReMastered: masacre en el estadio, que indaga sobre las causas de la muerte del músico que se atrevió a utilizar sus canciones para desafiar a las balas.

“Ya basta de música que no nos dice nada, que nos entretiene un momento y nos deja tan huecos como siempre”, decía el músico. Apostaba entonces por temas que resumieran el estado que atravesaba Chile en aquellos momentos. Que reflejaran los problemas de clase, el sudor y los sueños de los trabajadores que cada día se soñaban con un país exento de desigualdad.

Es justo lo que se puede escuchar en el tema Plegaria a un labrador: “Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil”. De esta manera, Jara se convirtió en uno de los pilares fundamentales que acabaron con la elección de Allende como presidente. “El mundo se había vuelto del revés. Se produjo un cambio radical en las relaciones humanas, y hubo cambio porque por primera vez la clase obrera de Chile se hacía notar”, afirma en el documental Joan Jara, esposa del cantautor.

La ofensiva de la derecha: un golpe de Estado

No obstante, el nuevo régimen no trajo la calma. Chile se convirtió en una región dividida entre los simpatizantes del gobierno socialista y aquellos a los que atemorizaba la creación de lo que llamaban “otra Cuba”. “La mitad de la población que apoyábamos a Allende fuimos considerados delincuentes, sospechosos. Tenías que demostrar tu inocencia”, recuerda en el reportaje José Seves, integrante del popular grupo musical chileno Inti-Illimani.

De hecho, Eduardo Carrasco, otro compositor local, rememora cómo Víctor Jara fue a un colegio para tocar una canción que criticaba a un ministro culpable de permitir la muerte de muchas personas en el país. Sin embargo, todo se torció: entre los niños se encontraba el hijo del político, el cual empezó a gritar y a lanzar piedras al cantautor. Es solo una anécdota, pero evidencia el tenso clima que se vivía y que terminó de estallar el 11 de septiembre de 1973.

Ese día, el general Pinochet decidió poner fin al gobierno elegido en las urnas bombardeando con aviones y tanques el Palacio de La Moneda, sede de la presidencia. Pero no fue el único frente. También irrumpieron en la Universidad, donde Víctor Jara se encargaba del departamento de comunicaciones y extensiones. “Llegaron con los cañones, con los fusiles y sin decir absolutamente nada comenzaron a ametrallar la casa central”, denuncian Boris Navia Pérez y Osiel Nunez Quevedo, ambos presos políticos.

Posteriormente, sacaron a todos los profesores y alumnos con las manos en la nuca y decidieron llevarlos en autobuses hasta el Estadio Chile. “Me revisaron y me toquetearon todo. Allí pasaron muchas cosas. Mataron a un joven que tendría entre 12 o 13 años”, lamenta Erica Osorio, una de las supervivientes del secuestro. No tuvo la misma suerte Víctor Jara, al que rápidamente detectaron entre las filas para someterlo a toda clase de horrores. “Víctor no fue fusilado. A Víctor no se le colocó una pistola en la sien y se le disparó. No, fue asesinado de la peor manera: bajo tortura”, recrimina Nunez.

Un genocidio sin perdón

Pinochet fue detenido el 16 de octubre de 1998 en Londres gracias a una orden internacional emitida por el juez español Baltasar Garzón. Se le acusaba de tortura y genocidio, siendo este un punto de inflexión en la historia de Chile para romper con la impunidad y empezar a reabrir investigaciones sobre las víctimas. Entre ellas, Víctor Jara. En este punto, el documental deja el contexto sobre lo sucedido en el Estadio Chile y avanza hasta el presente, con una Joan Jara que lucha por hacer justicia de los crímenes pasados.

La Junta Militar chilena acabó asesinando a más de 3.000 personas, pero no se quedaron ahí: más de 27.000 fueron torturadas. Sin embargo, muchos culpables permanecían (y permanecen) impunes, ya que cuando comprobaron que la dictadura se acababa decidieron escapar a EEUU y hacerse con la nacionalidad norteamericana.

Es el caso de Pedro Pablo Barrientos, declarado culpable por el asesinato de Víctor Jara y condenado a pagar 28 millones de dólares a la familia. A pesar de ello, sigue defendiendo su inocencia: “Mi hermana me dijo: 'Estás saliendo en televisión porque dicen que tú mataste a Víctor Jara'. Y mi pregunta fue: '¿Y quién es Víctor Jara?' Todo lo que dicen es mentira, me quieren en Chile como un trofeo político”, recrimina el exoficial en el reportaje.

Llegados a la parte final, Barrientos confiesa que aceptó participar en el documental con la condición de someterse al polígrafo para, de esta manera, verificar su inocencia ante todo el mundo. ¿Los resultados? Mejor que lo descubra el propio espectador.

Así, mientras Barrientos pasea como un hombre libre por Florida, cada año en Santiago de Chile se celebra el festival Mil Guitarras para Victor Jara para conmemorar su vida y su música. Además, en 2003 el Estadio Chile cambió de nombre por otro radicalmente diferente: Estadio Víctor Jara.

El 16 de septiembre de 1973, cinco días después del golpe de Estado contra Salvador Allende que desembocó en 17 años de dictadura de Augusto Pinochet, los militares sublevados asesinaron de hasta 44 balazos, según reveló la autopsia, al cantautor Víctor Jara. Le habían apresado el mismo día del levantamiento.

Lo mataron tras múltiples torturas y como a otros miles de retenidos en uno de los vestidores del que entonces se llamaba Estadio Chile y desde 2003 lleva su nombre. Su cuerpo fue sepultado casi en la clandestinidad junto a otros cientos, y pudo ser exhumado para ser enterrado dignamente por su viuda e hijos en 2009.

Jara se convirtió en un símbolo de la represión en Chile de un régimen que dejó 3.200 muertos y desaparecidos, unos 30.000 torturados y decenas de miles de exiliados. A menudo se equipara el significado de su figura con el de la de Federico García Lorca en España. En el verano de 2018 se condenó a nueve miembros del Ejército por su crimen, a ocho de ellos a 15 años de cárcel.

Jara cantaba a la lucha obrera y a la revolución, y apoyaba a Allende. Sus canciones, como sus declaraciones públicas e implicación política –fue militante del Partido Comunista–, fueron motivo primero de que lo apresaran y luego del especial ensañamiento y crueldad contra él, y el modo en el que hoy se le recuerda.

Te recuerdo Amanda

Te recuerdo Amanda es seguramente la canción más rememorada de Víctor Jara. Publicada en 1969 dentro del disco Pongo en tus manos abiertas, cuenta la historia de amor de una mujer (Amanda) y un hombre (Manuel) obreros que apenas tienen tiempo para verse, absorbidos por la explotación laboral. Finalmente, esa precariedad acaba con la vida del chico.

“La mujer no es una esclava: es igual al hombre y tiene los mismos derechos. Pedirle a la mujer pureza y dedicación al hogar y al hombre no, es ser esclavista. El hombre no es nada sin la mujer”, decía en una entrevista del año en el que se publicó. Nace de la preocupación del cantautor por la situación del proletariado y también por su hija Amanda, de tres años, que cayó enferma mientras él estaba en Londres. Debido a una huelga del Correo de Inglaterra, a la niña no le llegaban las cartas que le enviaba. 

Manifiesto

Forma parte de un albúm lanzado de manera póstuma en el año 1974. Jara estaba preparando un disco en el año 1973 que se iba a llamar Tiempos que cambian. Tenía lista incluso la carátula.

Un periodista de la televisión sueca entrevistó a la esposa de Jara, Joan Jara, una semana después del hallazgo del cuerpo, que se produjo el 19 de septiembre del 73. Le propuso sacar las cintas grabadas de Chile como parte de su equipo técnico. Joan llevó el material al estudio Abbey Road, donde grabaron The Beatles, para su edición. Así, Tiempos que cambian vio la luz, ya convertido en Manifiesto.

El derecho de vivir en paz

Pertenece al disco de 1971 con el mismo nombre, El derecho a vivir en paz, aunque ha sido reeditado en muchas ocasiones como Levántate y mira a la montaña. La canción está dedicada a Ho Chi Min y al pueblo de Vietnam, escrita durante la guerra: “Ningún cañón borrará/ el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz”.

A desalambrar

Jara es el principal exponente, junto a Violeta Parra, de los orígenes de la canción protesta, y concretamente de lo que luego se conoció como Nueva Canción Chilena. Es el género musical que se enfrentó a la élite conservadora del país, y que tras el golpe de Estado le costó la vida.

En la obra de Jara, la lucha por los derechos de los hombres y mujeres trabajadores es recurrente. A desalambrar, dentro también de Pongo en tus manos abiertas, es otro ejemplo. “Yo pregunto a los presentes/ Si no se han puesto a pensar/ Que esta tierra es de nosotros/ Y no del que tenga más”, comienza.

Juan Sin Tierra

También forma parte de Pongo en tus manos abiertas y también habla de la revolución; esta vez de la mexicana y de uno de sus líderes campesinos, Emiliano Zapata, “un hombre que fue a la guerra/ que anduvo en la sierra herido/ para conquistar su tierra”. La letra, en realidad, no era de Jara. Se trata de una versión de Jorge Saldaña, que la grabó en 1966 junto a Los Folkloristas y a la que Jara le cambió y eliminó algunos versos.

Bonus Track: El Cigarrito

El Cigarrito fue una de las primeras canciones conocidas de Víctor Jara como solista, tras una década en el grupo Cuncumén. Data de 1966, de su debut, a cuyo título se le refiere tanto por su nombre homónimo como por Geografía. Fue lanzado originalmente como single, producido por Camilo Fernández, y ha sido versionado por muchos artistas, entre ellos Joan Manuel Serrat. 

En esa época, 1966, en el diario El Siglo, Jara declaraba: “Cada vez me conmueve más lo que sucede a mi alrededor. La pobreza de mi propio país, de América Latina y de otros países del mundo. He visto la huella del horror de una matanza de judíos en Varsovia, el pánico de la Bomba (atómica), el golpe mortal causado por la guerra que desintegra al hombre y todo lo que de él surge y nace. En fin, tantos otros desastres que cansa enumerar”.

“Pero también he visto”, continuaba, “lo que el amor puede hacer, lo que la verdadera libertad puede hacer, lo que la fuerza y el poderío del hombre feliz pueden hacer. Por todo esto y porque anhelo la paz, es que la madera y las cuerdas de una guitarra me hacen falta para desahogar algo triste o alegre. Alguna estrofa que abra el corazón como una herida, o algún verso que quisiera nos diera vuelta de dentro hacia fuera para ver el mundo con ojos nuevos”.

La Corte Suprema de Chile condenó este lunes a siete militares retirados a penas de hasta 25 años de prisión por el secuestro y el asesinato del cantautor Víctor Jara, según informó el Poder Judicial en un comunicado. El hecho ocurrió pocos días después de la instauración de la dictadura del general Augusto Pinochet, el 11 de septiembre de 1973.

El fallo impuso 15 años de condena por los homicidios de Jara y del exdirector de Prisiones, Littré Quiroga Carvajal, y 10 años por los secuestros de ambos a los oficiales retirados del Ejército Raúl Jofré, Edwin Dimter, Nelson Haase, Ernesto Bethke, Juan Jara y Hernán Chacón, y ocho años para Rolando Melo como encubridor.

Todos los condenados tienen entre 73 y 85 años y están en libertad.

El mes pasado, se informó que el teniente retirado Pedro Barrientos, uno de los sindicados como asesinos de Víctor Lidio Jara Martínez -tal su nombre completo- perdió su nacionalidad estadounidense por estar implicado en el asesinato del cantautor ocurrido durante la última dictadura trasandina.

La Corte resolvió rechazar “los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por las defensas de los sentenciados”, según el diario La Tercera, la radio Biobío y las agencias de noticias AFP y Sputnik.

El Tesoro Público va a indemnizar con 150 millones de pesos chilenos (175.500 dólares) a la viuda e hijos de Jara. También deberá compensar a cada uno de los demandantes, cónyuge e hijos de Quiroga con 150 millones de pesos chilenos, mientras que a sus hermanos se los indemnizará con 80 millones (93.600 dólares).

La noticia se dio a conocer en coincidencia con un acto encabezado por el presidente Gabriel Boric en la Universidad de Santiago de Chile (USACH). En esa casa de estudios, el 11 de septiembre de 1973 se iba a realizar la exposición fotográfica denominada “Por la vida… ¡Siempre!”, con la presencia del mandatario derrocado ese mismo día, Salvador Allende.

El golpe de Estado postergó 50 años la inauguración de la muestra, la cual abrió este mes en el marco de sus conmemoraciones.

Encuentran muerto a uno de los siete condenados

El brigadier del Ejército chileno en retiro Hernán Carlos Chacón Soto, uno de los siete oficiales condenados, fue hallado muerto este martes, instantes antes de que fuera a ser detenido y trasladado a la cárcel de Punta Peuco, donde hubiera comenzado a cumplir su pena.

Según la prensa local, unidades de la sección de derechos humanos de las fuerzas de Seguridad chilenas se presentaron esta mañana en su domicilio en la comuna capitalina de Las Condes para proceder a su arresto, momento en el que el oficial, de 86 años, pidió tomar una medicina y habría aprovechado el instante para quitarse la vida, informa EFE.

Uno de los casos chilenos pendientes más relevantes

El de Jara, militante del Partido Comunista y colaborador del Gobierno de la Unidad Popular del expresidente socialista Salvador Allende (1970-1973), era uno de los casos más relevantes que la justicia chilena tenía pendiente de cerrar. El mandato de Allende solo duraría tres años: terminó con el golpe de Estado de Pinochet, el cual también fue apoyado por el gobierno de Estados Unidos, por entonces presidido por Richard Nixon.

El artista —referente de la “Nueva canción chilena”— fue detenido en la Universidad Técnica del Estado (actual USACH), donde ejercía como profesor, tras el inicio del Régimen Militar chileno. Fue trasladado y torturado en el Estadio Nacional, donde encerraron a más de 5.000 prisioneros, y su cuerpo fue encontrado cerca del Cementerio Metropolitano el 16 de septiembre. Tenía 44 balazos, varios dedos rotos, la lengua cortada y quemaduras de cigarrillos.

El director del Servicio de Prisiones de la época, Littré Quiroga, fue detenido el 11 de septiembre de 1973, cuando se fue a presentar voluntariamente al regimiento Blindado n°2. Fue trasladado hasta el Estadio dos días más tarde. Tenía 33 años y su cuerpo fue encontrado en las cercanías del Cementerio Metropolitano junto a Jara y otras tres personas.

La sentencia definitiva llega apenas 15 días antes de la conmemoración en Chile de los 50 años del Golpe de Estado, en medio de una fuerte polarización social por el relato oficial sobre los hechos del 11 de septiembre de 1973 y los años posteriores de la dictadura. Luis Cordero, ministro de Justicia, señaló que la sentencia es “reparadora” para los familiares: “Son procesos que han durado muchísimo tiempo, pero en algún sentido, las sentencias judiciales tienen también un rol reparador en la medida, no solo cuando se condenan los culpables, sino que también cuando se encuentra la historia de las víctimas”, recogió el periódico El Mercurio.

El régimen del general Augusto Pinochet (1973-1990) duró 17 años. Dejó más de 28.000 personas torturadas, 3.227 fueron asesinadas y unas 200.000 fueron obligadas al exilio, según cifras oficiales.

Actualizado el 29/8 a las con el fallecimiento de Hernán Chacón.

LC con información de agencia Télam

En el otoño de 1971, un joven y ambicioso ingeniero chileno llegó al Athenaeum, un exclusivo club en el centro de Londres, para encontrarse con el excéntrico Stafford Beer, un experto al que admiraba desde hacía tiempo.

Criado en Talca, en el centro de Chile, Fernando Flores había sido nombrado con solo 26 años director de la Corporación de Fomento de la Producción de Chile por Salvador Allende. Lleno de entusiasmo por los proyectos del presidente socialista, quería presentarle a Beer, que vivía en Surrey, en Inglaterra, sus planes para un modelo económico dirigido por el Estado y sostenido por la tecnología.

Beer era un pionero en los “principios de gestión cibernética”, la ciencia de la organización eficaz que había inspirado a Flores. Frustrado por el escaso interés que sus ideas estaban generando en Reino Unido, no tardó en aceptar su propuesta.

El encuentro dio lugar a una trepidante etapa de colaboración y experimentación en el Chile de Allende, donde América Latina libró una de las batallas más cruentas de la guerra fría. Fruto de esa colaboración nació el Proyecto Cybersyn, un plan futurista para una economía socialista moderna basado en una red de máquinas de télex que conectaban a las más de 80 fábricas de la corporación pública con una sala de operaciones en Santiago, la capital del país.

La sala estaba revestida con paneles de madera y tenía siete asientos dispuestos en círculo. Allí los responsables de la toma de decisiones en el Gobierno de Allende podrían supervisar la producción en tiempo real. En los reposabrazos de los asientos había botones de diseño futurista, un cenicero para puros y un espacio para el vaso de whisky.

Los Santiago Boys

A punto de cumplirse el 50 aniversario del sangriento golpe de Estado que en 1973 lideró el general Augusto Pinochet para derrocar a Allende, esta historia es la protagonista de The Santiago Boys, un nuevo podcast documental compuesto por nueve capítulos presentados, escritos y producidos por el escritor especializado en tecnología Evgeny Morozov.

“En el Chile de los 60 había un programa verdaderamente innovador en materia de industrialización y de tecnología, y una ideología coherente que estaba empezando a aplicarse”, dice Morozov. Tras el golpe de Pinochet, los llamados Chicago Boys llevaron rápidamente a Chile los ideales neoliberales de Milton Friedman, el mentor bajo el que se habían formado en la escuela de economía de la Universidad de Chicago.

“La figura de esta camarilla de economistas ha ocupado un lugar predominante en la historiografía y suelen ser considerados como los 'verdaderos' innovadores”, dice Morozov. “Pero en mi versión de la historia, son los Santiago Boys los que aparecen primero, y los Chicago Boys son la reacción violenta, sangrienta y no tan creativa que vino después”.

En su podcast, Morozov llama “tecnología oscura” a la que se usa “para cumplir con una agenda política: hacer propaganda, vigilar y perseguir a tus enemigos”. También repasa la turbulenta relación que en medio de la guerra fría tuvo América Latina con el polémico grupo empresarial estadounidense ITT.

Después de que Allende nacionalizara su holding Chiltelco al asumir la presidencia, ITT se dedicó a fomentar el sentimiento anti-Allende. Según comunicaciones diplomáticas que han dejado de ser confidenciales, en los meses previos al golpe de Estado ITT también financió a opositores del Gobierno de Allende en Chile.

La serie también habla de otros usos siniestros que en ese período se hicieron de la tecnología como parte de la Operación Cóndor, una red de regímenes latinoamericanos de derechas que contaban con el respaldo de Estados Unidos para compartir información de inteligencia y perseguir a los disidentes de izquierda.

Entre los años 1975 y 1989, la Operación Cóndor terminó con la vida de 60.000 personas. Algunas estimaciones cifran el número de presos políticos en 400.000. En parte, la operación fue orquestada desde un centro de operaciones situado en el barrio de la Recoleta de Buenos Aires, y para compartir la información de inteligencia se usaba la misma tecnología de télex que había sido empleada por el Proyecto Cybersyn de Flores y Beer.

“Sus ideas todavía se discuten”

Beer, un hombre carismático y a veces irascible, había sido educado en colegios privados de élite y conducía un Rolls-Royce. Cuando vivía en Surrey estuvo en contacto con Robert Maxwell, magnate de los medios que luego caería en desgracia.

Tras el derrocamiento de Allende, el inglés nunca regresó a Chile. Se dejó crecer la barba, se puso a dar clases de yoga tántrico, escribir poesía y pintar en Gales y en Canadá, donde vivía con unas pocas posesiones materiales. Como dijo el filósofo Humberto Maturana, Beer había llegado a Chile como un hombre de negocios y se había ido como un hippy.

Beer, que vio su carrera universitaria interrumpida por el servicio militar, murió en 2002. Tras dos años investigando su obra y legado, Morozov cree que no ha tenido credibilidad dentro de los círculos intelectuales por su falta de educación académica formal, por los vínculos explícitos con Allende, y por una excentricidad que “no era del tipo apropiado”. “Se convirtió en un tipo de la contracultura antes que en un pensador serio”, dice Morozov.

Fernando Flores estuvo encarcelado en un campo de prisioneros del sur de Chile hasta su liberación en 1976. Se mudó después a Silicon Valley, donde desarrolló una exitosa carrera como empresario, y regresó a Chile para ser elegido senador.

El general Pinochet fue arrestado en 1998 en Londres por una orden internacional de detención de Baltasar Garzón. Antes de su arresto, el antiguo dictador se alojaba en el Athenaeum, el mismo club en el que Beer y Flores se habían conocido.

En la década de los 70, la cibernética a la que Beer estaba tan estrechamente vinculado pasó en gran medida a un segundo plano, relegada por el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial.

“Las ideas de Beer todavía se discuten porque él quería que la fuerza coordinadora fuera la tecnología de la información, y no el mercado”, dice Morozov. “Por eso creo que el legado de Stafford Beer y del Proyecto Cybersyn es un camino muy prometedor para reinventar lo que debería ser el socialismo del siglo XXI”.

Traducción de Francisco de Zárate.

El compromiso por retratar la realidad y trabajar con los hechos, lo llevó a mantener firme la cámara y continuar con la toma, en medio de una rebelión militar que se desarrollaba en pleno centro de Santiago de Chile, donde encontró su propia muerte, mientras filmaba al asesino de uniforme que le disparó a quemaropa. Así terminó medio siglo atrás la vida del camarógrafo argentino Leonardo Henrichsen, en plena cobertura informativa del “Tanquetazo”, un intento de golpe de Estado llevado a cabo por efectivos del Ejército chileno contra el gobierno de Salvador Allende y que sería el preludio del derrocamiento que semanas más más tarde lideraría Augusto Pinochet. Aunque hoy el crimen de Leonardo sigue impune, sus familiares impulsan la reapertura de una investigación ante el sistema interamericano de Justica.   

A los 33 años, Leonardo era en 1973 un experimentado cameraman que trabaja para la televisión pública de Suecia en la cobertura de la realidad latinoamericana. Estaba casado y tenía tres hijos muy chicos cuando realizó su última cobertura en las calles de Santiago. Había iniciado su carrera en el noticiaron “Sucesos Argentinos”, donde se destacó rápidamente por su profesionalismo y los riesgos que tomaba cada vez que salía con la cámara en mano a cubrir las escenas de la realidad.

Tomó imágenes de la rebelión militar de Azules y Colorados a principios de los ’60 en Argentina, retrató a presos Tupamaros en Montevideo y supo trabajar en Bolivia cuando Ernesto “Che” Guevara cayó en combate y se destacó particularmente durante la cobertura del “Cordobazo”. 

Por todos estos trabajos, su sensibilidad y el manejo fluido del idioma inglés que poseía le permitieron ingresar a trabajar para la televisión sueca a principios de los años ’70. Además, se desempeñaba como camarógrafo de Canal 13, donde trabajo en el registro de telenovelas filmando escenas de exteriores y otros programas, además de procesar el material que registraba. 

En junio de 1973 se trasladó a Chile con un equipo de la TV sueca que tenía la información que “algo podía pasar” en medio del asedio que soportaba el gobierno de Allende por parte de la derecha y los sectores económicos concentrados. El 29 de junio de ese año, el teniente coronel Roberto Souper se ponía al frente de una división de tanques y blindados que avanzó sobre el palacio presidencial de la Moneda para derrocar al gobierno constitucional.

El centro de Santiago se llenó de tanques patrullas militares insurrectas que amenazaban a una multitud que era dispersada en ese viernes invernal. Un camión con soldados se detuvo en la calle Agustinas. Uno de ellos bajó del camión con una pistola en la mano y apuntó en dirección a Leonardo. Los otros soldados también abrieron fuego. El camarógrafo cayó gravemente herido pero la secuencia del ataque que sufrió quedó documentada. Un soldado de la patrulla se acercó a Leonardo y le quitó de sus manos la cámara que llevaba. “Milicos de mierda, no me toquen”, alcanzó a gritarles a sus agresores, que arrojaron el equipo a una alcantarilla en la esquina de Morandé y Agustinas.

El periodista Eduardo Labarca presenció la escena del descarte y alertó a las tropas leales sobre el lugar en el cual había sido descartada la cámara. La rebelión resultó finalmente sofocada por el general Carlos Prats –asesinado un año después en Buenos Aires en el marco del Plan Cóndor— y un Pinochet que aún se mantenía subordinado al orden constitucional. Henrichsen moría poco después en un hospital de la capital chilena. Labarca fue citado a la residencia presidencial, donde Allende tomó conocimiento de la existencia del registro de los hechos en los cuales había sido asesinado Leonardo. 

El Presidente ordenó que se revelara el contenido de la cinta, pero como no existía la tecnología disponible para hacerlo y el material se trasladó a Buenos Aires. El 23 de julio de 1973, el noticiero cinematográfico Chile Films lo exhibió en los cines del país, pero inmediatamente, un juez militar ordenó su secuestro porque la difusión de esas imágenes entorpecía la instrucción del sumario que se seguía a los militares que habían participado en la intentona golpista. Pero la película del crimen recorrió el mundo y la noticia del camarógrafo que retrató su propia muerte adquirió fama internacional. 

El 11 de septiembre de 1973, Allende fue derrocado y murió en medio de un golpe de Estado que lideró Pinochet. Se inició así una prolongada dictadura que se extendió hasta 1990. Once días después de la asonada, todos los involucrados en el “Tanquetazo” fueron sobreseídos por la justicia militar y del asesino de Henrichsen, retratado en esas imágenes quedó resguardado en anonimato y el olvido forzado por régimen feroz que dejó miles de muertos, desaparecidos, encarcelados y exilados.

El realizador trasandino Patricio Guzmán dedicó su documental “La Batalla de Chile” a Henrichsen y compiló en esa obra las imágenes que Leonardo tomó el día de su muerte.  

El periodista Ernesto Carmona se propuso muchos años después dar cuanta de la vida y legado de todos los trabajadores de prensa que habían sido víctimas de la dictadura de Pinochet en el libro “Morir es la Noticia”. En ese trabajo publicado en 1997, periodistas evocaban a sus compañeros, víctimas del régimen militar.

El nombre de Leonardo aparecía en esas páginas, Carmona y quienes participaron en las investigaciones de ese libro notaron que nada se sabía de los autores de su asesinato. La identidad del militar que disparó ante la cámara era un misterio. Recién en 2005, el autor logró acceder a los expedientes del juicio militar por el “Tanquetazo”, y allí, en ese fárrago de papeles pudo hallar al autor de varios de los disparos que se hicieron ese 29 de junio en la calle Agustinas. El cabo Héctor Hernán Bustamante Gómez era el nombre de quien aparece apuntando a cámara y disparó en dirección a Henrichsen. Era ese suboficial que estaba al frente de esa patrulla que buscó dispersó a la multitud y cometió el asesinato.

Con este dato, los hijos del camarógrafo se presentaron ante la Justicia chilena para que el caso sea reabierto, pero la magistrada Romy Grace Rutherford Parentti declaró que el crimen estaba prescripto. Bustamante Gómez fue reconocido, su domicilio identificado y los organismos de derechos humanos lo escracharon ante sus vecinos. En diciembre de 2007, el suboficial del Ejército chileno murió de cáncer, en un hospital militar. El reclamo ante instancias internacionales para que Chile asuma acciones de reparación por este crimen impune sigue abierto en instancias internacionales. “Tenemos identificados a quienes dieron órdenes y a otra de las personas que disparó y vamos a seguir reclamando para que la causa se reabra”, aseguró a elDiarioAR Josephine Henrichsen, hija de Leonardo que sigue en la lucha por lograr Justicia.   

Al otro lado de la cordillera, en su país natal, documentalistas e investigadores se encargaron de mantener vivo su legado. “Haciendo un trabajo sobre Sucesos Argentinos me encontré con una película de 16 milímetros que era una copia de esas últimas imágenes que había tomado Leonardo. Así fue como empezamos a investigar y colaborar con Carmona para dar con la identidad de Bustamante Gómez”, señaló a este medio Andrés Habegger, director del documental “Imagen Final”, en el cual se narra la historia de esa imagen y las indagaciones que se llevaron a cabo para identificar al autor de esos disparos que silenciaron la vida de Leonardo.

Desde 1989, todos los 29 de junio se conmemora en Argentina el día del camarógrafo, en homenaje a Leonardo Henrichsen. En Santiago, una placa lo recuerda en el lugar donde cayó baleado. Las imágenes que tomó en ese frío Santiago constituyen un testimonio vivo de la historia y un alegato contra el olvido.

LC/MG