Durante los mandatos presidenciales de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Lázaro Báez se transformó en el principal contratista de obra pública en la provincia de Santa Cruz. Tras dejar un cargo gerencial en el banco santacruceño del Grupo Petersen, Báez creó empresas, absorbió otras y multiplicó inversiones. Compró campos y depositó al menos US$ 25 millones en una entidad suiza, con sus hijos como beneficiarios finales. El análisis del cruce de fondos familiares entre paraísos fiscales requiere la asistencia de un experto en fraudes. Además de amigo de Néstor Kirchner, Báez mantuvo un vínculo comercial con la pareja presidencial. Al tiempo que su buque insignia, Austral Construcciones, ganaba licitaciones para obras públicas, otras de sus firmas compraban propiedades a los Kirchner y explotaban sus hoteles.

Hasta aquí, motivos más que suficientes para iniciar una investigación en fuero federal.  

Báez fue detenido el martes 5 de abril de 2016 en el marco de la causa bautizada por los zócalos de la televisión como “Ruta del dinero K”, paralela al expediente “Vialidad” que esta semana inició la etapa final de alegatos en el juicio oral, con el fiscal Diego Luciani en “actuación estelar”, “un duro”, autor de una presentación “histórica” y “contundente”, “Doctor No”, hombre “valiente” que le puso “límites a la política” y formuló una “acusación fulminante y fundamentada”, según el relato predominante. Es cierto que el elenco más conocido de Comodoro Py no ofrece muchas figuras edificantes para una épica republicana, pero acaso el cúmulo de elogios que se llevó la modesta presentación de Luciani haya sido un exceso.

Dos días antes de la detención de Báez en 2016, se había hecho pública la filtración global Panamá Papers, con el rostro de Mauricio Macri poblando los portales del mundo junto al selecto grupo de gobernantes y exgobernantes que ocultaban empresas y sellos en ese paraíso fiscal. Sorpresa: Macri no resultó ser el Mandela que describían. Nadie lo habría imaginado de un contratista con sus antecedentes. En una extraordinaria paradoja, los periodistas alemanes del diario Süddeutsche Zeitung que comandaron la investigación de los Panamá Papers narraron que sus colegas argentinos, obsesionados con hallar “la ruta del dinero K” en Panamá o en Delaware, se toparon con “la ruta del dinero M”.

Los mismos medios argentinos que habían tratado de ocultar el apellido Macri en la filtración global se abalanzaron, con similar torpeza, sobre el auto que transportaba a Báez con casco y chaleco antibalas ese 5 de abril. Fue el primero de los múltiples escarnios públicos en el prime time orquestados durante los cuatro años de Cambiemos en Casa Rosada. A ese show le siguió otro con el fiscal federal Guillermo Marijuan al mando de excavadoras en búsqueda de tesoros enterrados en estancias de Santa Cruz, sin éxito.

Arrepentidos en el living

Hay que reconocer que el programa de Jorge Lanata en Canal 13 no filmó a Leonardo Fariña, el pintoresco arrepentido contra Báez en las causas “Ruta del Dinero” y “Vialidad”, en el living de Elisa Carrió en Recoleta, como hizo en 2015 con un testigo falso que apuntó contra “la Morsa” —según el zócalo— Aníbal Fernández. Fariña fue grabado con cámara oculta por “Periodismo Para Todos” en otro living, dos años antes, con un testimonio pulido en el que él se dejó a salvo y enlodó a Báez. El entonces marido de Karina Jelineck se arrepintió (“Lanata quería ficción, le di ficción”), pero luego se arrepintió de haberse arrepentido. Ya con Macri en el Gobierno, Fariña se adhirió al programa de testigos protegidos, ejecutado bajo la directa supervisión del entonces ministro de Justicia, Germán Garavano. También cabe reconocer que no se sabe si a Fariña le montaron un hotel boutique en Mendoza a cambio de su arrepentimiento, como a Alejandro Vanderbroele, espada filosa utilizada contra Amado Boudou. Lo que sí ocurrió es que el exgestor de Lázaro Báez salió de la cárcel, se cortó el pelo, se mudó a una vivienda con amplias comodidades y pasó a tener Osde como prepaga, todo a cargo del Estado.

El código procesal argentino establece que el imputado debe permanecer detenido sólo si existe “peligro de fuga” o riesgo de “entorpecimiento del proceso”, o en función de la gravedad del hecho (por ejemplo, homicidio o violación). En principio, Báez debió haber aguardado la sentencia definitiva en libertad, pero ese principio del derecho no rigió durante el Gobierno de Cambiemos. Las prisiones preventivas contra Báez se fueron solapando y permaneció en la cárcel hasta septiembre de 2020. Desde entonces, el dueño de Austral Construcciones se encuentra en régimen domiciliario.

Durante su larga detención, el “inminente arrepentimiento” del dueño de Austral Construcciones para revelar su vínculo secreto con los Kirchner fue anunciado media docena de veces. No ocurrió. En julio pasado, dos jueces de Casación rechazaron su excarcelación. Uno de ellos, Gustavo Hornos, era uno de los habitués de Macri en la Casa Rosada y en Olivos días antes de fallar en causas sensibles, según lo revelado por El Destape.

Se podría abundar sobre las cámaras de apelaciones tijeretadas por la mesa judicial, la duplicidad de causas o los traslados de jueces partidarios a dedo, pero lo mencionado basta para considerar que la denuncia de Cristina Fernández de Kirchner sobre la existencia del lawfare tiene asidero.

Al enemigo, doctrina Irurzun y relato de Fariña

Así las cosas, el sistema institucional argentino se encuentra ante una encerrona recurrente. La fundada presunción de que durante el kirchnerismo existieron prácticas sistemáticas de corrupción choca con un montaje de justicia que no garantiza, e incluso bloquea, la posibilidad de investigar en serio. En una práctica que hasta ahora no mereció ninguna revisión de parte de los nuevos liderazgos de Juntos por el Cambio (JxC) —por el contrario, la experiencia de Horacio Rodríguez Larreta en CABA parece reproducirla—, el macrismo potenció vicios hasta niveles desconocidos en democracia, con un doble fin: al enemigo, doctrina Irurzun para las prisiones preventivas, tribunales conformados a dedo, peritos que copian del rincón del vago y fariñas; a los propios, aspiradora de causas desde Comodoro Py para garantizar impunidad ante la presunción de corrupción sistémica también fundada. Y todo, bajo la estricta supervisión de la Corte Suprema.

No es el objetivo de esta nota transitar el detalle de los argumentos del fiscal Luciani, abordados en la cobertura de Emilia Delfino en elDiarioAR.

Al enemigo, doctrina Irurzun para las prisiones preventivas, tribunales conformados a dedo, peritos que copian del rincón del vago y fariñas; a los propios, aspiradora de causas desde Comodoro Py para garantizar impunidad

Como observación general, cabe consignar que la acusación parece más solvente cuando describe controles deficientes y cierta promiscuidad de gestión entre los encargados de la empresa y quienes debían controlarlos, o la aceleración de pagos, o el armado de licitaciones ficticias para que ganara casi siempre el mismo. Una típica cartelización de la obra pública en cualquiera de las provincias argentinas que merece ser investigada.

El énfasis del fiscal no subsana la necesidad de certeza de que efectivamente haya habido sobreprecios en las 52 obras encargadas a Báez en Santa Cruz, o de algún registro que lleve a dilucidar una coima. La “actuación estelar” se vuelve directamente vidriosa en la medida en que Luciani incrementa los decibeles y regala títulos para aseverar que Báez y Cristina son la misma entidad. Esa aspiración de máxima choca con que la causa paralela “Ruta del dinero K”, hasta ahora, no halló ninguna cuenta K en un paraíso offshore.

En el marco del juicio oral en la causa “Vialidad”, Luciani tuvo la oportunidad de preguntar a Fariña en diciembre pasado. El testigo protegido repitió una teoría extraña, que el fiscal haría bien en olvidar si procura una condena: “Austral tenía una particularidad que era que hacía (lavaba) negro el (dinero) blanco”. Es decir, según el colaborador, Báez y Néstor Kirchner lavaban dinero al revés, enviando a Suiza millones de dólares declarados para transformarlos en ilegales, con el fin de evadir impuestos.

Hay whatsapps y whatsapps

El fiscal logró impacto al poner sobre la mesa diálogos extraídos del celular de José López, el secretario de Obras Públicas de los 12 años de los Kirchner que una madrugada revoleó US$ 9 millones, saltó un muro de un convento, encontró el infierno de la deshonra internacional y finalmente fue rescatado por Comodoro Py y el Gobierno de Macri que lo transformaron en testigo protegido. Raro, pero no tanto. Al fin y al cabo, Iecsa, la empresa de obras públicas que pertenecía a los Macri, recibió contratos de las manos de López como pocas.

Los chats del exsecretario corrupto, que demostrarían que allegados a Cristina y Máximo Kirchner participaban de tratativas sobre la liquidación final de Austral Construcciones y sugieren contacto de ambos con Báez, antes de la asunción de Macri, causaron éxtasis en JxC y los medios de su sector. En cambio, los chats de Darío Nieto, el secretario del expresidente conservador, que demostrarían que apretaba por whatsapp para que bancos públicos de Ciudad y Nación dieran préstamos sin control a la agroexportadora Vicentín, principal aportante de campaña de JxC —lo que, en efecto, ocurrió—, no sólo pasaron inadvertidos para la gran prensa; Comodoro Py ya se ocupó de aspirar y enterrar la causa.

Si las garantías procesales contra Cristina, exfuncionarios y empresarios allegados no se cumplieron, ello debería determinar su inocencia en tribunales, pero no exime a la vicepresidenta de una respuesta al pueblo que representa

En febrero de 2021, Báez fue condenado a 12 años de prisión por haber orquestado el lavado de US$ 55 millones, mientras sus cuatro hijos y otros cómplices recibieron penas menores en la “ruta del dinero K”. Sebastián Casanello, aquel juez federal de instrucción que mandó a detener a Báez en el otoño de 2016, le dictó falta de mérito a Cristina. El magistrado se enfrentó a fuertes presiones: el Grupo Clarín, que lo llamaba “tortuga” porque no avanzaba sobre la expresidenta; la Cámara Federal, que lo obligó a citar a indagatoria a Cristina sin pruebas directas en su contra; y un sector del espionaje estatal, que le plantó dos falsos testigos —ya condenados— que aseguraron que el juez visitaba la residencia de Olivos.

¿Cómo hizo?

En diciembre de 2019, a días de asumir la vicepresidencia, Cristina habló en el juicio oral que estaría por llegar a su fin. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso se hundieron en sus asientos cuando los apuntó con el dedo y los acusó de que tenían “la condena escrita”. Es probable. Una vía de entrada a una sentencia en su contra podría ser que en el expediente de la “ruta”, Báez fue condenado por haber lavado dinero que provendría —según dos de los tres jueces, en coincidencia con Fariña— de sobreprecios en la obra pública en Santa Cruz y no sólo de la evasión impositiva.

Hay que poner mucha voluntad para dar crédito a los cantos de sirena sobre la honestidad y las instituciones republicanas que provienen de la derecha argentina, sus medios y Comodoro Py. Si las garantías procesales contra Cristina, exfuncionarios y empresarios allegados —varios de ellos, en efecto, corruptos— no se cumplieron, ello debería determinar su inocencia en tribunales, pero no exime a la vicepresidenta de una respuesta que debe, no a los jueces, sino al pueblo que representa.

¿Cómo hizo un empresario surgido de la nada, amigo y socio de Néstor Kirchner, para acumular y fugar durante más de una década decenas de millones de dólares obtenidos de contratos de obra pública que pagaron todos los argentinos? 

SL

La Cámara Federal porteña revocó este martes los procesamientos a los extitulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por supuesta “asociación ilícita” en la causa que investiga maniobras de espionaje ilegal en el Gobierno de Mauricio Macri, que habían sido dictados por la Justicia Federal de Lomas de Zamora.

En su fallo, el Tribunal de Apelaciones dejó procesada a Majdalani por presunto “incumplimiento de deberes” a raíz de no haber controlado la actividad de un grupo de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia procesados por presunto espionaje ilegal, según resoluciones a las que tuvo acceso Télam.

Por mayoría y con la disidencia del juez Eduardo Farah, los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi confirmaron también la falta de mérito en la causa para el secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto.

Macri no está imputado en este expediente. El fallo de mayoría de la Cámara favorece la postura de su defensa en la causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de tripulantes del Ara San Juan, en la que el expresidente quedó procesado junto a la cúpula de la AFI de su gobierno. Al descartar una supuesta asociación ilícita y adjudicar las supuestas tareas de inteligencia ilegal a un grupo de espías con presuntos intereses particulares, los camaristas están rechazando que la AFI macrista haya ordenado oficialmente el espionaje ilegal y no lo reconoce como una política del gobierno de Macri, como plantea el juez Martin Bava en Dolores.

La querellas pueden presentarse ante la Cámara Federal de Casación. También las defensas, en el caso de los que quedaron procesados parcialmente, como Majdalani.

En cuanto a Arribas, los jueces dictaron su falta de mérito y revocaron el embargo y medidas cautelares que había establecido el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé.

Lo mismo hicieron para con otra veintena de imputados en la causa, al considerar no probada aún la existencia de una asociación ilícita.

En el caso de Majdalani, se redujo el embargo en su contra a 4 millones de pesos al dejarla procesada por presunto incumplimiento de deberes pero con falta de mérito en relación al delito de “asociación ilícita”.

El Tribunal de Apelaciones confirmó los procesamientos de un grupo de ex agentes de la AFI por infracción a la Ley de Inteligencia 25520, en relación a maniobras de espionaje ilegal.

Se trata de Alan Ruiz, Diego Dalmau Pereyra, Jorge Horacio Sáez, Facundo Melo, Leandro César Araque, Emiliano Federico Matta, Juan Carlos Silveira y Cristian Lionel Suriano y María Andrea Fermani.

En la causa intervino la Cámara Federal con sede en Comodoro Py 2002 debido a que Casación Penal resolvió que el caso pase de los tribunales de Lomas de Zamora al fuero federal porteño.

Con información de Télam.

IG

En 2007 hacía campaña en favor de Mauricio Macri por los pasillos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Previsiblemente, no tuvo éxito. Su invitación a combatir el populismo no generaba demasiados adeptos entre los alumnos de “Ramos”. Así se le dice a la sede de la Universidad de Buenos Aires ubicada en la calle Ramos Mejía 847, a metros del Parque Centenario. Darío Nieto estudiaba la carrera de Ciencia Política. Si bien lo militaba con desparpajo, ni soñaba con la posibilidad de que Macri llegara a la presidencia. Y mucho menos con la perspectiva de convertirse en la sombra de Mauricio en el poder, y después también en el despoder. 

Un excompañero de Nieto en Sociales recuerda que una vez lo corrieron de una asamblea. Y asegura que el actual asistente del jefe del PRO se enfurecía cuando los cuadernillos que vendía el centro de apuntes incluían la leyenda “fuera Macri”. Bicho raro en la universidad pública, lo volvió a ser cuando entró al team comunicacional del PRO. Era uno de los pocos que había estudiado en la UBA y no en una privada. 

Su arribo al mundo Macri se dio desde la periferia al centro: empezó en 2008 en el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, un organismo descentralizado del gobierno porteño. Hasta que conoció a Francisco Quintana, exlegislador y actual integrante del Consejo de la Magistratura de la Capital. Quintana es un dirigente cercano a Daniel “El Tano” Angelici. De trabajar para Quintana, Nieto pasó a la escudería de Marcos Peña en 2013. Ese año coordinó la campaña para diputado nacional por La Pampa de Carlos Mac Allister. En Córdoba colaboró con Oscar Aguad. Y ya en 2015 se encargó de la comunicación de Gabriela Michetti, quien resultaría electa vice de Macri. 

En diciembre de 2015, fue designado secretario privado de Macri en La Rosada. En 2017, ascendió a subsecretario de Asuntos Presidenciales. Le organizaba la agenda, planificando detalles de sus viejas nacionales e internacionales. A partir de 2017, tuvo a su cargo la Dirección de logística, la de ceremonial, la de audiencias y la unidad médica presidencial. Desde la administración de helicópteros y aviones para el traslado presidencial, hasta la catalogación de las cartas que le llegaban a Macri figuraban bajo su organigrama. Llegó a tener 125 personas a cargo. Acompañó a Macri a giras y cumbres por Alemania, Japón, Chile, Brasil, China y Estados Unidos.

Tras la caída electoral cambiemita, Nieto mantuvo a su empleador. Sigue siendo el secretario de Macri. Haber sido señalado como un articulador entre el expresidente y el submundo del espionaje ilegal de la AFI no lo perjudicó. Al contrario, esa acusación le subió las acciones ante los ojos de Macri. 

Ahora, tras haber quedado enredado en la investigación por el espionaje ilegal amarillo (causa en la que le dictaron falta de mérito), está a punto de salir definitivamente de las bambalinas de la política. Nieto está decidido a levantar el perfil. A institucionalizarse. Con un discurso antipopulista calcado al que el expresidente predica en sus redes, en los foros de líderes conservadores a los que asiste y en las entrevistas que dosifica, Nieto tiene enormes chances de ser candidato a legislador porteño del PRO. Para entrar en esa boleta, este politólogo de 36 años y anteojos de aumento generoso cuenta con la venia del expresidente. Al igual que Patricia Bullrich en la Capital y Gustavo Santos en Córdoba, Nieto es uno de las apadrinados por Macri para ser candidato en las próximas legislativas. Cerca de Horacio Rodríguez Larreta ya dan por hecho, con el entusiasmo en punto neutro, que Nieto ocupará un lugar expectante en la boleta capitalina.

El 6 de abril pasado, Nieto escribió una nota de opinión en el diario La Nación. Pronosticaba que el gobierno de Alberto Fernández marchaba hacia una “autocracia -concentración del poder en una sola persona que se encuentra por encima de las leyes- o una democradura, definida como un régimen político que combina las apariencias democráticas con un ejercicio autoritario del poder y elimina la posibilidad de alternancia en el gobierno por las vías del voto popular”. En el artículo establecía uno de los paralelos favoritos del fundador del PRO: el de la política con el deporte. El básquet, en esta oportunidad. Nieto apelaba a The Last Dance, la serie que relata la historia del último anillo de campeón de los Chicago Bulls de la NBA, para sugerir que que el de Fernández será el último ciclo “populista”.

Nieto tiene una oficina propia, pegada a la de Macri, en un tercer piso con vista a la avenida Libertador. Ahí, en un edificio ubicado a tres cuadras de la quinta de Olivos, Macri montó una base operativa desde la que bendice candidatos y mantiene reuniones con empresarios, aliados potenciales y exfuncionarios. Es su Instituto Patria al revés. Nieto le maneja la agenda y lo acompaña en sus giras político-literarias. En esos tours por el interior del país, como la reciente visita que ambos realizaron a Córdoba, Macri aprovecha para presentar su (algo alicaído en ventas) libro Primer Tiempo.

“Macri jamás mandó a espiar a nadie”, aseguró ante LN+. Pese al pedido de los querellantes de la causa sobre espionaje, Nieto no está procesado. Los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en cambio, sí lo están junto a los exdirectivos del Servicio Penitenciario Federal. “Decían que una banda de espías me pasaban cosas a mí y yo se las pasaba a Mauricio Macri. Es falso”, juró Nieto sobre la denuncia en su contra.

Si bien la investigación se inició en el juzgado de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Pablo Augé, en abril pasado el expediente fue mudado a Comodoro Py. Así lo ordenó la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Ahora la causa está en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, la última en arribar a los tribunales de Retiro. 

Cerca de Nieto presumen que ya se acabó la sombra de duda sobre su performance y sus contactos con la inteligencia para-estatal que efectivamente existió durante la gestión de Arribas y Majdalani. Se trata de un alivio para el politólogo de la UBA e inminente candidato a legislador porteño. También lo es para Macri, quien está molesto por la jugada de Fabián Pepín Rodríguez Simón de autoexiliarse en Uruguay. 

AF