La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) volvió a cruzar a varios periodistas que cuestionaron el accionar de Israel en el conflicto reciente de Medio Oriente. En concreto, apuntó contra varios integrantes de Radio Con Vos quienes calificaron como invasión las incursiones que las tropas israelíes realizaron en el Líbano y sostuvo que están “más cerca de la oscuridad de un túnel que de la única y verdadera democracia de Medio Oriente”. 

Si bien la entidad no mencionó los nombres de los periodistas, publicó en su cuenta de X un recorte del fuerte cruce que Romina Manguel tuvo con sus compañeros Reinaldo Sietecase, Alejandro Bercovich, Ernesto Tenembaum y Diego Iglesias. Allí, expresó su apoyo a Manguel por la “permanente lucha sionista contra quienes sostienen el mensaje equivocado en cuanto a quienes son las verdaderas víctimas del terrorismo”.

La publicación continúa: “Para ellos el lanzamiento de miles de cohetes asesinos que recibe el Estado de Israel no constituyen una invasión. Están más cerca de la oscuridad de un túnel que de la única y verdadera democracia de Medio Oriente”. Y concluye que los periodistas difunden “tergiversada información”.

Este martes Manguel mantuvo una fuerte discusión con sus compañeros de la radio, quienes son las principales figuras de la emisora y coinciden una vez por semana en una emisión especial para realizar una análisis de la actualidad, por el accionar de Israel en Medio Oriente. “Es ofensivo hablar de una invasión al Líbano”, se enojó la periodista cuando Sietecase sostuvo que sí se trataba de una invasión.

Esta no es la primera vez que la actual conducción de la DAIA busca desprestigiar a periodistas por sus opiniones. Ya lo había hecho con Alejandro Bercovich. En otra publicación en X el pasado 21 de julio, la entidad sostuvo que la opinión del periodista sobre el titular de la DAIA, Amos Linetzky, en el acto de la AMIA “constituye el mismo terrorismo que mató en la Argentina dos veces, en otros países y en el Estado de Israel el pasado 7 de octubre”.

La Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo manifestó su acompañamiento a la candidatura del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia mediante una carta dirigida al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

La entidad expresó su postura este martes sobre la postulación de Lijo para cubrir la vacante en la Corte que dejó hace años Elena Highton de Nolasco.

También la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) expresó su apoyo al magistrado.

En una carta con la firma de su titular, Estela de Carlotto, se sostuvo: “Esta asociación considera que resulta fundamental que los candidatos tengan una postura clara frente al proceso de Memoria, Verdad y Justicia y los estándares en la materia que han sido receptados en diversos antecedentes de la Corte Suprema de Justicia”.

En tanto, el titular de la DAIA, Jorge Knoblovits, sostuvo que Lijo reúne las aptitudes para sumarse al máximo tribunal. “Doy fe de su compromiso con los derechos humanos, la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho, como así también la dedicación puesta al servicio de la administración de justicia durante toda su trayectoria”, sostuvo en la misiva.

Knoblovits remarcó que el juez propuesto por el presidente Javier Milei cuenta con “una sólida formación académica y actividad docente en el ámbito universitario”. Y destacó que “ha demostrado en todos los ámbitos un desempeño destacado, compromiso y seriedad, a los que se suman sus cualidades personales y morales”.

Las dos cartas se refirieron solo a la candidatura de Lijo, en momentos en que el Gobierno también postuló al académico Manuel García Mansilla para integrar Corte, ya que a fin de año se abrirá una nueva vacante porque Juan Carlos Maqueda cumplirá 75 años, edad límite establecida por la Constitución Nacional. 

CRM con información de la agencia NA

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) rechazó el cierre del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) anunciado esta mañana por el vocero presidencial Manuel Adorni en su conferencia de prensa diaria.

“La decisión de cerrarlo atenta contra la protección del derecho a la igualdad y la convivencia pacífica de nuestra sociedad que es ejemplo a nivel mundial”, advirtieron desde la organización en su cuenta de X (ex Twitter).

La DAIA había impulsado junto a otras agrupaciones la creación del INADI hace alrededor de treinta años para prevenir y atender situaciones de discriminación a nivel nacional. El Instituto fue creado en 1995 en respuesta a los atentados a la embajada de Israel y la AMIA, llevados a cabo en 1992 y 1994, respectivamente.

De hecho, en el artículo 4 de la ley 24.515 que constituyó el organismo, se destaca como una de sus principales atribuciones “constatar prima facie la existencia en el territorio argentino de personas que durante la Segunda Guerra Mundial o que posteriormente a ella participaron en el exterminio de pueblos, o en la muerte y persecución de personas o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad u opinión política, y cuando corresponde, efectuar las denuncias ante las autoridades competentes”.

Esta mañana, Adorni explicó que el Gobierno busca avanzar con la eliminación de algunos organismos estatales en el marco de su plan de ajuste y achicamiento del gasto público. “(Estamos dando) los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada, son grandes cajas de la política o son, simplemente, lugares para generar empleo militante. Esto lleva un tiempo, pero el primero de ellos va a ser el INADI. Estamos empezando con su cierre definitivo”, informó.

De concretarse su eliminación ─que también generó críticas de varios dirigentes políticos de la oposición─, las funciones de la organización serán absorbidas por el Ministerio de Justicia. Según indicó la cartera encabezada por Mariano Cúneo Libarona en un comunicado, funcionarios ya han elaborado un “protocolo de actuación e investigación y el régimen de educación general y capacitación que establecen las normas”.

“Respetaremos y ordenaremos todo lo concerniente a un derecho tan importante como es la no discriminación”, aseguraron desde el Ministerio.

La DAIA no es la única organización que rechazó la decisión presidencial. Amnistía Internacional Argentina reivindicó al INADI y su trabajo en la atención de denuncias por discriminación. “Es deber del Estado garantizar que todas las personas podamos vivir libres de violencia, discriminación y miedo. Reafirmamos la necesidad de políticas públicas que promuevan la diversidad e igualdad. El INADI no puede ser disuelto por la voluntad unilateral del Poder Ejecutivo, pues fue creado por el Congreso para la protección y defensa de todas las personas que sufren discriminación”, expresaron en redes sociales.

Otra de las agrupaciones que salió a respaldar al INADI es la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) que, además, recordó que el principal motivo de discriminación en el país es la discapacidad. En 2023, el 22,47% de las denuncias recibidas por el organismo estatal fueron por esta razón.

“La discriminación por discapacidad en nuestro país en tan grande que es el colectivo que mayor número de denuncia ha realizado al INADI. ¿Dónde quedarán registrados los abusos y la discriminación hacia las personas con discapacidad si cierran el INADI?”, plantearon.

En la misma línea, Andrea Rivas, presidenta de la Asociación Familias Diversas de Argentina (AFDA) y miembro del Frente Orgullo y Lucha ─que reúne a decenas de organizaciones LGBTINB+─, resaltó la “gran discriminación” que todavía persisten sobre “muchos grupos vulnerados en Argentina” y defendió al INADI.

“Tiene un rol fundamental en la valoración del pluralismo social en el país y en la protección de los derechos de toda la población. Hay personas que son discriminadas todos los días por su color de piel, si son migrantes, su religión o su clase social”, explicó a Télam y agregó: “Esto es un retroceso que tiene un impacto directo en la gente”.

De igual modo, Manuel Mireles, cofundadora y secretaria del bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis, consideró que el cierre del INADI constituye un “atentado contra la democracia y la garantía de los derechos humanos”. “(La eliminación de INADI) muestra una postura que beneficia a los discursos de odio, muchos que se hacen desde la política”, afirmó.

Recordó también que su espacio trabajó con el organismo estatal para “brindar servicios a un montón de personas víctimas de discriminación, en particular por su identidad de género”.

ACM con información de Télam.

Sergio Pikholtz, el vicepresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) fue obligado a tomar una licencia luego de que expresara en su cuenta de la red social X respecto a la guerra en Israel que “no hay inocentes civiles en Gaza, tal vez los niños de menos de cuatro años”.

La frase generó gran incomodidad y desencadenó su desplazamiento a la vez que el dirigente eliminó su posteo y configuró su perfil como “privado”.

La medida fue informada a través de un comunicado que dice: “Ante las desafortunadas expresiones de nuestro vicepresidente 2do Sergio Pikholtz, la DAIA ha solicitado su licencia. La DAIA siempre es firme con cualquier hecho o persona de la sociedad argentina que se exprese equivocadamente, eso también corre dentro de la propia comunidad y esto es ejemplificador para todos. Las medidas a tomar se evaluarán el próximo lunes por el Consejo Directivo”.

Esto no fue todo. La instituación afiliada a la DAIA, Meretz Argentina, se sumó al repudio y, con una nota, señaló: “Esto constituye un paso más, totalmente inaceptable, en el camino hacia la destrucción de la confianza pública en la DAIA y, como consecuencia, una comunidad judía más vulnerable. Sostenemos que esta legitimidad pueda ser recuperada. Para esto, es necesario tomar acciones concretas”.

El 10 de julio de 1996, Rodolfo Barra renunció como ministro de Justicia del gabinete de Carlos Menem, acorralado por las denuncias sobre su pasado nazi. Envuelto en una fuerte pelea con el hombre fuerte de aquel gobierno, Domingo Cavallo, se había descubierto que en su juventud era un militante de la organización nacionalista y fascista Tacuara y se lo acusaba de haber participado del ataque a una sinagoga.

“Si fui nazi, me arrepiento”, dijo al explicar los motivos de su renuncia y recluirse en la actividad privada donde recaló como asesor de Aeropuertos 2000 Eduardo Eurnekian. Allí claro conoció a un joven que 27 años después lo devolvería a la vida pública, Javier Milei, quien lo designó como Procurador del Tesoro.

La DAIA, por entonces en manos de Rubén Beraja, “veía con grave preocupación que quienes sostienen posturas antisemitas sean designados para ocupar la función pública”. Faltaban días para que se cumpliera el segundo aniversario del atentado a la AMIA y Cavallo le reprochaba al ministro de Justicia los pocos avances en la investigación de ese ataque y del que dos años antes había sufrido la embajada de Israel.

Había también otra pelea de fondo. El ministro de Economía se negaba a pagar los juicios contra el Estado. Barra no tuvo mejor idea que acusar a su compañero de gabinete de ser un “nostálgico de la dictadura”. Se desató entonces una guerra de pasados y a los pocos días apareció una tapa de la revista Noticias que terminó `por empujar la salida de Barra. “Herr Ministro”, titula, con una foto de un joven Barra haciendo el saludo nazi.

El diario Página 12 también revelado que había participado en el ataque a una sinagoga.

Tras una reunión de Beraja con el ministro del Interior Carlos Corach, Barra tuvo que renunciar. Lo reemplazo Elías Jassam el secretario de Justicia, y de origen judío.

Pero en el medio dejó otra polémica. La llamada Ley Mordaza. El proyecto intenta poner un limite a la prensa aumentando las penas por calumnias e injurias, al mismo tiempo proponía que la ley anticorrupción prohibiera publicar las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios. Además también autorizaba a la policía a realizar requisas sin autorización judicial.

Barra, quien siempre se definió como hiper memenista, había llegado al gobierno en el primer gabinete, el de 1989, como viceministro de Obras Públicas, donde secundó a otro hombre clave de la futura administración libertaria, Roberto Dromi, el padre de las privatizaciones. En el puesto duro poco, hasta 1990, cuando fue nombrado para un cargo mucho más estratégico: juez de la Corte Suprema de Justicia. Desde allí se encargó de defender los intereses del Gobierno en cada una de las sentencias del máximo tribunal. Pero el puesto tuvo que quedar vacante en 1994, cuando paso a manos del radicalismo, parte del acuerdo entre Menem y Raúl Alfonsín por el Pacto de Olivos.

Casado con Lidia Barbieri, la madre de sus tres hijos y a quien conoció cuando era un joven militante de Tacuara, Barra es también un católico del Opus Dei.

MG

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) presentó un amparo pidiendo la suspensión de los dos shows que Roger Waters dará hoy y mañana en el estadio de River Plate. La DAIA acusa al músico de antisemita por la defensa que hizo del pueblo palestino.

“Se presentó ante la Justicia un amparo con pedido de medida cautelar solicitando la suspensión del recital de Roger Waters programado para realizarse en Buenos Aires en el día de hoy por sus expresiones y mensajes antisemitas durante su presentación en Montevideo, Uruguay, el pasado viernes 17 de noviembre”, dice el comunicado.

Allí enfatizan que como delegación “repudian, condenan y consideran peligrosos los mensajes antisemitas del ex líder de la banda Pink Floyd”.

Para la DAIA, Waters puso en duda la masacre terrorista perpetrada por Hamas el pasado 7 de octubre.

“Sin lugar a dudas, Roger Waters promueve discursos de odio y su conducta viola la Ley Antidiscriminatoria, una legislación valiosa que rige en la República Argentina y que fue promovida por la DAIA”, finaliza.

Esta mañana también se dio a conocer que la organización, que decidió mantener en resguardo la ubicación de su hospedaje en Buenos Aires, no permitirá fotógrafos ni cámaras de video durante el show.

El presidente Alberto Fernández recibió hoy a representantes de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), tras las críticas al Gobierno por haber condenado el bombardeo de las Fuerzas de Defensa del Estado de Israel al campo de refugiados de Jabalia, en la Franja de Gaza.

Días atrás Cancillería argentina había repudiado el ataque terrorista, pero había subrayado: “Nada justifica la violación del derecho institucional humanitario, y la obligación de proteger a la población en los conflictos armados, sin realizar ninguna distinción”. En este contexto, desde la colectividad judía respondieron que ratifican “el derecho a la defensa que tiene un Estado democrático ante el brutal ataque en el que fueron asesinadas más de 1400 personas, se hirieron a miles y se secuestraron a 239 seres humanos entre hombres, mujeres, ancianos y niños, de los cuales 21 son argentinos”.

Hoy, durante el encuentro, los representantes de la comunidad judía entregaron al Presidente un petitorio con más de 58.000 firmas (https://www.change.org/DevuelvanALosRehenes), que respaldan el pedido que elevaron para que el Estado nacional “instrumente todos los canales formales de los que dispone para lograr la inmediata liberación de las personas con ciudadanía argentina que permanecen secuestradas por el grupo terrorista Hamas, desde el 7 de octubre pasado”.

La reunión tuvo lugar en el despacho presidencial de Casa Rosada, y participaron además representantes del Congreso Judío Latinoamericano (CJL) y de la Organización Sionista Argentina (OSA), además del canciller, Santiago Cafiero, y el secretario de Culto, Guillermo Oliveri. Se concretó luego de que la Cancillería emitiera un comunicado alertando por la escalada de violencia en pleno conflicto entre Israel y Palestina, lo que generó críticas del su titular de la DAIA, Jorge Knoblovits, y de su secretario general, Alejandro Zuchowiki.

Por otro lado, desde los organismos insistieron en “su desacuerdo con los términos del comunicado emitido, el miércoles pasado, por la Cancillería, a través del cual el Gobierno cuestionó a Israel por una operación realizada en el norte de Gaza, como respuesta al ataque terrorista recibido, un mes atrás, y que dejó el doloroso saldo de más de 1.400 personas asesinadas y más de 200 secuestradas”.

MM con información de NA

El Gobierno argentino condenó hoy el ataque al campo de refugiados de Jabalia, en la Franja de Gaza, concretado por las Fuerzas de Defensa del Estado de Israel.  A través de un comunicado emitido por la cancillería a cargo de Santiago Cafiero, la administración de Alberto Fernández le reconoció a Israel “el derecho a su legítima defensa”, pero remarcó que “nada justifica la violación del Derecho Internacional Humanitario y la obligación de proteger a la población civil en los conflictos armados, sin realizar distinción alguna”.

Esto desencadenó una dura respuesta de la DAIA, que defendió a Israel y ratificó su derecho a “la defensa tras el ataque terrorista de Hamas, que asesinó a más de 1400 personas y tiene a 239 secuestrados entre hombres, mujeres, ancianos y niños, de los cuales 21 son argentinos”.

Como entidad representativa de la comunidad judía argentina, la DAIA comunicó que “es momento de diferenciarse de las posiciones pusilánimes de algunos países de la región que han decidido romper relaciones con Israel y condenar su legítimo derecho a la defensa” y agregó: “Es indispensable que Argentina, al igual que la comunidad internacional, eleve su voz y repudie explícitamente la violencia desencadenada por Hamas que pretende asesinar judíos y llevar nuevamente al Medio Oriente por el camino de la muerte y la destrucción”.

En esta línea, agregaron que “de manera urgente las autoridades argentinas deben dar muestras de su compromiso en utilizar todos los recursos a su alcance para obtener la libertad de los secuestrados y su pronto regreso a casa”.

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, participó este lunes de un encuentro organizado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) para expresarse “contra la barbarie terrorista y en apoyo al Estado de Israel”, donde reiteró que en caso de ser electo colocará a Hamas en la lista de “organizaciones terroristas”.

La reunión comenzó a las 18.30 en el Hotel Four Seasons porteño, ubicado en la calle Posadas 1086.

El ministro de Economía, en declaraciones a la prensa, indicó que si “el 10 de diciembre tengo la responsabilidad de gobernar la Argentina, vamos a incluir a Hamas en la lista de organizaciones terroristas porque estamos frente a un hecho terrorista”, en referencia al conflicto bélico que se desarrolla entre Israel y Hamas.

“Estamos frente a un contexto internacional muy complejo porque, de alguna manera, estamos marcados por un hecho que a partir de un acto de terrorismo de una organización cambió la geopolítica global y pone de vuelta en alerta a la comunidad, no solo a la comunidad judía en Argentina, sino a nivel internacional, frente al riesgo de la aparición del antisemitismo”, señaló Massa.

Estuvieron también en el encuentro la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, fue invitado al acto, y aunque no acudió a la cita referentes del espacio que sí se encontraban presentes, como la diputada electa Diana Mondino, no supieron dar razones de la ausencia.

Por su parte, Massa remarcó que “es muy importante que tengamos la tolerancia como valor central, el respeto por el otro como valor central en un país en el que pareciera que todo es agresión, en un contexto democrático en el que el descalificar al otro y agredir al otro pareciera que es la regla, y tratar de construir diálogo y construir el respeto a los derechos me parece que es muy importante”.

Y reiteró su llamado a distintos sectores de la oposición: “Voy a convocar un gobierno de unidad nacional y eso supone convocar a los mejores sin importar de dónde vienen”.

“Se trata de establecer que defendemos la educación pública, la gratuidad universitaria, el trabajo con derecho a la indemnización y a las vacaciones pagas, la industria nacional, una economía que fortalezca nuestra moneda a partir de aumentar nuestras exportaciones, el rol del Estado en la lucha contra la inseguridad, contra aquellos que plantean la libre portación de armas. Esos son los valores centrales que, de alguna manera, nos tienen que llamar a construir”, enumeró.

Durante el encuentro, hizo un pedido por los argentinos secuestrados en Israel, se hizo un minuto de silencio y prendieron velas por las personas que fallecieron en el ataque y se levantaron carteles con las imágenes de las personas que fueron víctimas de los ataques de Hamás.

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, dijo en diálogo con Télam que este fue un acto “contra el terror y a favor de Israel” y señaló que a 40 años de democracia en Argentina, “no hay posibilidad de democracia con terror”.

“Nosotros no tenemos dudas que el terror que comenzó en el mundo el 7 de octubre es solamente el principio. Y que si nosotros no apoyamos la lucha por la seguridad, la independencia y la diversidad, como sostiene el Estado de Israel, la situación del mundo va a ser mucho más peligrosa”, expresó Knoblovits.

Sobre la participación de dirigentes de diferentes partidos políticos del encuentro, destacó que “hay un mensaje, un hilo conductor y que en algo podemos estar de acuerdo. Sobre todo en un lugar como la República Argentina que tuvo dos episodios terroristas”.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti afirmó a esta agencia que “lo que estamos haciendo acá es pedir por los civiles, las personas que están secuestradas, realmente es un acto humanitario, no tiene ninguna consecuencia política ni definición de ese tipo”.

En tanto, el vicepresidente del máximo tribunal Carlos Rosenkratz pidió por la pronta “liberación de los secuestrados”.

Por su parte, la ex candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, en declaraciones a Télam indicó que respalda “la lucha contra el terrorismo y estamos pidiendo la liberación de los rehenes. Es fundamental terminar con el terrorismo y lograr que Israel sea defendida”.

Luego, se negó a dar declaraciones sobre la interna de Juntos por el Cambio, pero señaló que Gerardo Morales es alguien que “representaba al modelo continuista”.

La exministra de Seguridad estuvo en el hotel por unos minutos pero se retiró antes del comienzo del acto central.

Por su parte, Diana Mondino dijo a esta agencia que el ataque a Israel “es una tragedia para todos, no solamente para las personas que están en esta situación tan fría de secuestro, sino para toda la humanidad. Porque si no respetamos las normas básicas de convivencia, si hay terrorismo, no hay forma de que nadie pueda estar tranquilo”.

En el encuentro participaron dirigentes como el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley; el Secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Waldo Wolff; los intendentes Julio Zamora (Tigre), Fernando Grey (Esteban Echeverría), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Gustavo Posee (San Isidro); el excandidato a Jefe de gobierno por LLA, Ramiro Marra; entre otros.

Con información de agencias.

IG

El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Knoblovits, afirmó este viernes que fueron reforzadas las medidas especiales de seguridad sobre los eventuales objetivos judíos locales, en medio de la guerra desatada por el ataque de Hamas a Israel, debido al “viernes de ira” decretado por esa organización terrorista.

“Desde el comienzo de esta situación hicimos una serie de recomendaciones en general y ahora se han reforzado las medidas, en coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado”, informó el directivo comunitario.

En ese sentido, Knoblovits reveló que la DAIA “se reunió el jueves con todas las fuerzas de seguridad del Estado y con referentes del Ministerio de Seguridad para garantizar la atención de todos los posibles objetivos”.

La organización Hamas hizo un llamado en las últimas horas para llevar a cabo este viernes un “Día de la Ira” y eventualmente atacar a judíos e israelíes de todo el mundo, por lo cual hay una virtual alerta máxima en todos los países.

Días pasados, apenas Hamas perpetró el ataque contra Israel, la DAIA emitió una serie de recomendaciones a la comunidad judía para estar alertas ante cualquier episodio local que pudiera registrarse derivado de los hechos de Medio Oriente.

En ese sentido, la DAIA aconsejó a la comunidad judía local que “continúe este domingo con sus actividades planificadas, siempre que se realicen en espacios controlados y propios”. “No vamos a dejar de hacer vida judía en ninguna parte del mundo, que sigue plena y con más intensidad. Estamos atentos pero no temerosos, defendiendo al Estado de Israel”, dijo Knoblovits.

MB con información de agencia de noticias Télam

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) repudió este viernes “la banalización del Holocausto” que realizó Martín Krause, el asesor en Educación del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei. Alertó también por “el uso indebido” del genocidio realizado por el régimen de la Alemania nazi.

“La DAIA condena la banalización del Holocausto por parte de Martín Krause, asesor en Educación de Javier Milei, y alerta sobre el uso indebido de la Shoá en el debate público”, difundió la entidad en un comunicado.

La Delegación detalló que “se comunicó” con el propio Milei para advertirle sobre el uso de la Shoá en el debate público. “No se puede ofender y agraviar la memoria de seis millones de personas asesinadas”, resaltó la DAIA.

Los dichos de Krause causaron tal impacto que hasta el propio candidato a jefe de Gobierno de la Libertad Avanza, Ramiro Marra, tuvo que salir a repudiar la frase. “Claro que repudiamos toda canalización del holocausto”, dijo al ser consultado en una entrevista en A24. Ofuscado por la pregunta y casi a los gritos continuó: “Ayer estuve en la DAIA, y la semana que viene voy a estar en la AMIA”, dijo Marra para responder las críticas por la frase de Krause.

“Eso es como decir que tenés un amigo judío”, le retrucó Fernando “Chino” Navarro, Secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete. Argentina. “Lo que tendrían que hacer es pedirle la renuncia”, siguió.

“¡El que tendrías que renunciar sos vos, por piquetero!”, le gritó Marra. La discusión terminó con Navarro secándose la cara con un pañuelo y pidiéndole a Marra que no lo escupiera más al hablar.

Más repudios

Además, los principales dirigentes del oficialismo y la oposición se sumaron al rechazo.

“En un minuto banalizó el holocausto y humilló al pueblo argentino. ¿No había una analogía mejor? Perverso y siniestro”, publicó el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente Agustín Rossi en su cuenta de X, al postear un video del encuentro en el que participó Krause junto a otros especialistas en educación en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

Quien también criticó al referente del libertario fue la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, a calificarlo como “un bárbaro”. “Javier Milei no puede proponer alguien así al frente de la educación de nuestros niños. Como decía Sarmiento: 'Civilización o barbarie'. Este es un bárbaro”, disparó.

En esa línea, Luis Petri, candidato a vicepresidente de ese espacio, advirtió que “hay límites que no pueden cruzarse. No se puede banalizar el Holocausto o negar la dictadura” y opinó que así “no se avanza, sólo se retrocede”.

La postulante del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), Myriam Bregman, apuntó que “la brutalidad de quien sería el secretario de educación de Milei elogiando 'la eficiencia' de la Gestapo, confirma que cuando les decimos negacionistas nos quedamos cortos”. “Lo que falta es que digan que la apropiación de casi medio millar de bebés en la Argentina fue poco eficiente”, remarcó.

Las declaraciones de este especialista de LLA se dieron en el marco de un seminario organizado por la UTDT, donde participaron también Germán Lodola; el secretario de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación, quien representó a Unión por la Patria y la investigadora Mónica Marquina, quien expuso las posturas de JxC.

Marquina afirmó en su cuenta de X su “total repudio a las afirmaciones de Martín Krause representante de Milei en el debate educativo de ayer en la UTDT” y sostuvo que: “Lamento no haber captado in situ su tremenda asociación ni que nadie lo haya hecho, y que puede advertirse al revisar el video. Es inadmisible”.

El repudio se conoce luego de que trascendieran los dichos de Krause, quien comparó: “¿Imagínense si la Gestapo hubieran sido argentinos? ¿No hubiera sido mucho mejor? En vez de en vez de matar seis millones de judíos, seguramente hubieran sido mucho menos porque hubiera habido ineficiencias de todo tipo”. También recurrió a las redes sociales para pedir disculpas.

LC con información de agencia Télam

Más de 200 publicaciones y tapas de libros vinculados al nazimo y varias impresoras que reproducían los materiales para su difusión y venta fueron secuestradas durante un allanamiento en una casa del partido bonaerense de San Isidro, cuyo dueño quedó a disposición de la justicia, informó este miércoles en una conferencia de prensa el jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), Juan Carlos Hernández.

“Estamos sorprendidos con la cantidad de material, es una verdadera imprenta de difusión y venta de simbología, libros y adoctrinamiento nazi”, afirmó Hernández, quien precisó que la investigación se inició en 2021 por una denuncia de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) que fue recibida por la Unidad de Investigaciones Terroristas de la PFA.

Carlos Villagra, jefe de la Unidad Antiterrorista de la PFA, detalló que ese departamento comenzó la investigación tras recibir la denuncia de una página web que difundía contenido antisemita y publicaciones nazis, que se vendían a través de Mercado Libre, por lo que dio intervención al Juzgado Federal 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado.

“Las investigaciones duraron casi dos años; inicialmente se contaba con un numero de usuario, pero se logró poner nombre y apellido, documento y llegar al domicilio de la persona donde se hacía la impresión del material”, sostuvo Villagra en la sede del Cuerpo de la Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo.

El material incautado contiene imágenes de cruces esvásticas, cruces de hierro, reichsadler (Águila Imperial del partido Nacional Socialista), SS (Schutzstaffel), totenkopf (calavera) y runas varias, indicó la PFA en un comunicado.

“La mera exhibición de este tipo de simbología configura infracción a la ley 23.592 (contra los actos discriminatorios) toda vez que con ello justifica, reivindica y hasta venera las atrocidades cometidas por el régimen nacional socialista nazi contra la comunidad judía”, añadió el texto.

Con información de agencias.

IG

El presidente Alberto Fernández encabezó un acto este martes en Casa Rosada, donde el Gobierno Nacional anunció que se canceló la condecoración de la Orden de Mayo al mérito al ya fallecido Maurice Papon (1910-2007). Fue otorgada en 1979, en plena dictadura, a un condenado en Francia por crímenes de lesa humanidad durante la ocupación nazi.

“Hemos decidido revocarle la condecoración que en 1979 se le dio a Maurice Papon, quien fue juzgado y condenado por la Justicia francesa y que conminó a 1.600 franceses a campos de concentración, entre ellos a 200 niños y niñas”, explicó el Presidente la medida, la cual será publicada mañana en el Boletín Oficial. Se le exigirá a los allegados a Papon la devolución de las insignias y la prohibición de su uso y exhibición, por “actos incompatibles con la dignidad de la Orden”.

En su discurso, Fernández afirmó que “esto es parte de nuestro compromiso por mantener vivo el reclamo por el Holocausto, de justicia a los que hicieron estas atrocidades, y para quedarnos en paz con nuestra consciencia de que no haya un genocida cargando en su pecho una condecoración argentina” y finalizó: “La humanidad tiene que tomar conciencia del oprobio que implicó el nazismo, por ese motivo es necesario preservar la memoria para lograr justicia”.

En la ceremonia en el Salón Eva Perón, participaron el canciller Santiago Cafiero; el presidente de la AMIA, Amos Linetzky, el titular de la DAIA, Jorge Knoblovits; el secretario de Culto, Guillermo Oliveri; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti. También dijeron presente el embajador de Israel en Buenos Aires, Eyal Sela y su homólogo de Francia, Claudia Scherer-Effosse, además de Gustavo Adrián Mehadeb Sakkal y Eliahu Hamra de la AMIA y Patricia Manusovich de la DAIA.

Papon recibió el reconocimiento por parte del Estado argentino el 23 de abril de 1979, otorgado por el dictador Jorge Rafael Videla, en lo que fue una visita oficial por parte del francés como ministro de Presupuesto. En 1998, fue condenado por su responsabilidad directa en la implementación de políticas antisemitas con el objeto de “desjudeizar” la región sureña de Bordeaux, durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial.

La sentencia estableció una condena de 10 años de cárcel por “complicidad en crímenes contra la humanidad”, aunque tres años después fue eximido de prisión por razones de salud.

En su calidad de vocero del encuentro, Daniel Filmus dijo que “no podía la Argentina permitirse que entre sus anales de historia haya una condecoración a quien haya participado en una de las peores atrocidades de la humanidad, lo que era completamente inaceptable, y esto es un acto de justicia en pos de la memoria”. Indicó que la cancelación de la condecoración fue “un pedido que el propio presidente Emmanuel Macron hizo en su momento, en reciprocidad a cuando Francia también derogó la condecoración al exmarino Ricardo Miguel Cavallo”, quien fue participante de los tristemente célebres vuelos de la muerte que los militares realizaban durante la dictadura.

Filmus agradeció la intervención del científico José Eduardo Wesfreid y de su esposa Sophie Thonon, abogada defensora de familiares de desaparecidos, quienes “rescataron de la historia y pusieron en evidencia esta situación, y les pidieron a los presidentes Alberto Fernández y Emmanuel Macron que pongan en marcha este proceso”. “Argentina tiene un compromiso en defensa de los derechos humanos y en contra de los crímenes de lesa humanidad. No hay crimen mayor en la humanidad que la Shoá y esta resolución del Presidente enorgullece a todos los argentinos porque coloca a la Argentina de cara a la vigencia de los derechos humanos como un concepto universal, no solo nacional”, remarcó el funcionario.

Por su parte, el titular de la AMIA evaluó que la medida presidencial les “parece un acto de corrección y de memoria y un acto de justicia” y agregó: “Agradecemos muchísimo en nombre de la comunidad argentina al Gobierno por este acto”. Linetzky enfatizó que esa condecoración “había sido otorgado por quien no tenía legitimidad para otorgarla, y no olvidemos que en el Proceso hubo un factor altamente antisemita, en el cual fueron secuestrados y desaparecidos 1.900 judíos, lo que muestra claramente una desproporción con el total de la población”.

En conferencia de prensa, Filmus explicó que la “condecoración que el gobierno de Videla le dio a este criminal de guerra fue en 1979 y en ese momento era ministro de Presupuesto de Francia porque Papon se había logrado mimetizar con la resistencia”. “Paradójicamente uno de los principales responsables de la deportación en Francia de tantos judíos y especialmente de chicos que terminaron asesinados en el campo de concentración de Auschwitz logró mimetizarse”, apuntó el ministro.

Filmus aclaró que esa condecoración “quedó en la historia y en realidad hay que agradecerle al argentino Wesfreid y a su mujer, que es la abogada francesa de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Sophie Tonon, quienes rescataron de la historia hace exactamente dos años esta situación y la pusieron en evidencia y le pidieron al presidente Macron y al presidente Fernández, que ponga en marcha este proceso”.

Además, recordó que en Francia “el juicio llevó mucho tiempo por esta capacidad que tuvo Papon, incluso de ser jefe de la Policía, y por eso es acusado del asesinato de 200 ciudadanos franceses en Argelia en la década de los '90, así que es una reivindicación universal”. Por último, Filmus precisó que -según establece el decreto- la familia debe “restituir al gobierno argentino la condecoración”.

Maurice Papon había sido condecorado en 1979 por la última dictadura cívico militar, en una visita al país cuando se desempeñaba como ministro de Presupuesto francés. En 1997, fue condenado a diez años de cárcel y al pago de 700.000 euros de multa por su participación en la deportación de judíos hacia los campos de exterminio nazis. En 1999 huyó a Suiza, pero fue detenido y encarcelado en la Santé de París y el 18 de septiembre de 2002, aunque el Tribunal de Apelaciones de París suspendió su pena de prisión por razones de salud. Murió el 17 de febrero de 2007.

Mediante el decreto, el presidente Fernández aprobó el “Acta del Consejo de la Orden de Mayo” suscripta el día 4 de enero de 2023, mediante la cual se canceló el derecho del ya fallecido Papon y sus allegados de usar las insignias de la Orden de Mayo al Mérito en el grado de Gran Cruz.

LC con información de agencia Télam

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) junto a las querellas, en representación de familiares de víctimas del atentado a la AMIA, le reclamaron hoy a la Cámara Federal de Casación revocar los sobreseimientos y avanzar a un juicio oral en la causa por la firma del Memorándum con Irán. En tanto, las defensas remarcaron que debe confirmarse el cierre del caso por la inexistencia de delito.

La sala I del máximo tribunal penal federal realizó este martes la primera de dos audiencias previstas, previo a resolver la confirmación de la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) 8, la cual en octubre de 2021 sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los demás imputados en el caso por “inexistencia de delito”.

La audiencia se desarrolló virtualmente a través de la plataforma Zoom, ante los jueces Diego Barroetaveña, Ana Maria Figueroa y Daniel Petrone, quienes estuvieron presentes en la sala de audiencias de los tribunales federales de Retiro. Entre las defensas, se conectó la de la Vicepresidenta, que presentará un memorial escrito en la segunda audiencia fijada por Casación, para el 24 de noviembre próximo.

La audiencia abrió pasadas las 10.30 de esta mañana con el abogado Juan José Avila, representante de dos familiares de víctimas del ataque terrorista del 18 de julio de 1994, Mario Averbuch y Luis Czyzewsky. El abogado reclamó la “revocación en todas sus partes del sobreseimiento prematuramente dictado” por el TOF 8, que preparaba el juicio oral en la causa que se inició por la denuncia en 2015 del fallecido fiscal Alberto Nisman.

El letrado remarcó que para llegar al sobreseimiento “se violaron derechos humanos, se privó a las víctimas de su derecho fundamental a ser oídas”. Ante la decisión de no realizar el juicio oral, dijo que “se las privó de conocer la verdad que puede ofrecer la cosa juzgada, que resulta de un proceso penal”, y sostuvo que “el debate no fue evitado, fue escamoteado”.

Después, fue el turno de Mario Averbuch por esa misma querella, quien pidió hablar ante los jueces Diego Barroetaveña, Ana Maria Figueroa y Daniel Petrone, como un “padre que perdió a su hija”. El familiar dijo ante los camaristas: “Hablo en calidad de padre, como siempre lo he dicho, soy el papá de Yanina Muriel, lo mismo en el caso de Czyzewsky, el papá de Paola, ambas asesinadas en el atentado a la AMIA. Acá solamente hay dolor y necesidad de respuestas”.

Tanto Averbuch como Czyzewsky se conectaron para participar de la audiencia de manera virtual. El primero sostuvo que este es “otro capítulo de cierre nefasto, teñido de injusticia e ilegalidad” y que “nadie pensó en darle justicia a los muertos”. Agregó: “Creo que hay traición a la sociedad toda, que quiere saber solamente qué pasó. Es una investigación que no se quiere hacer” y los abogados buscan que sus defendidos “puedan escapar del brazo de la Justicia. Nadie pensó en darle justicia a los muertos. Nosotros estamos luchando por saber por qué mataron a nuestros hijos y el Estado y la Justicia no nos contestan”.

Por su parte, Jorge Knoblovits de la DAIA iba a exponer oralmente en la audiencia, pero terminó presentando un escrito donde también reclamó que se revoquen los sobreseimientos “por inobservancia o errónea aplicación de la ley”. Para la ONG, resulta “evidente que el tribunal de juicio se ha apartado del debido proceso y ha violentado el derecho de defensa de las partes acusadoras”, de acuerdo al documento al que tuvo acceso Télam.

Luego de la intervención de las querellas, fue el turno de las tres defensas previstas para la primera audiencia: la del exvicecanciller y actual embajador en Rusia, Eduardo Zuain, y las de los actuales funcionarios nacionales Carlos Zannini y Juan Martín Mena. En este caso, los tres reclamaron a Casación que se rechacen los recursos de las querellas y confirmen los sobreseimientos por inexistencia de delito.

El abogado del embajador, Martín Arias Duval, remarcó que en la causa se incorporó nueva prueba enviada por Interpol, la cual demostró la imposibilidad del cese de las circulares rojas con pedidos de captura de ciudadanos iraníes por el atentado, a raíz de la firma del Memorándum en 2013. Ese cese había sido la base de la denuncia que en enero de 2015 presentó el fiscal Nisman contra la entonces Presidenta, parte de su Gabinete y otros imputados.

El abogado defensor remarcó que la nueva prueba se presentó en el Juzgado Federal 11, por entonces a cargo del luego fallecido juez Claudio Bonadio, y que tenía parte del caso en trámite luego del envío a juicio oral: “Este informe de Interpol de julio de 2020 fue el valorado por el Tribunal Oral para dictar la resolución que dictó” y que se trató de “información nueva”. Fue el “primero que sintetiza de manera ordenada y cronológica la actitud en relación a las circulares rojas y órdenes de captura”, destacó.

“Uno puede concluir sin temor a equivocarse”, sentenció el letrado, que la decisión “siempre fue mantener las órdenes de captura vigentes” y que esto sólo podía cambiar por orden del juez que llevaba la causa por el atentado. Además, recordó que el Memorandum fue declarado inconstitucional por la Justicia argentina.

También recordó que en 2013 el fallecido excanciller Héctor Timerman “hace saber a Interpol que de ninguna manera el Memorándum de Entendimiento afectaba la vigencia de las circulares rojas”, y explicó que esto ocurrió “un día después de que se notificó a Interpol del Memorándum”. Esta, según conclyó Arias Duval, es “prueba novedosa que echa por tierra de modo absoluto y contundente la posibilidad de pensar que quienes firmaron pensaban tener algún tipo de incidencia en la modificación de las circulares rojas de Interpol”.

Acto seguido, fue el turno del abogado Mariano Fragueiro Frías, por la defensa del procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini. “Me parece casi increíble estar en una audiencia de una causa que jamás debió haber llegado a esta instancia. La verdad que es una suerte de 'deja vu' extraño”, comentó. Fragueiro Frías hizo hincapié en lo “profundísimo” del sufrimiento de los familiares de las víctimas, pero destacó que en esta causa no se investiga el “atroz atentado que cobró las víctimas que todavía hoy lloramos”.

“Estamos en otro proceso y si algún distraído cree que se puede confundir este con el otro, esto es imposible”, advirtió el letrado. “La causa fue desistida, señores jueces, por el impulso de un fiscal valiente que entendió que no podía avanzarse sobre un proceso que nunca fue delito”, dijo en relación al fiscal ante Casación Javier De Luca, quien no mantuvo la apelación fiscal contra el cierre.

Sostuvo también que “el panorama es concluyente para terminar con este proceso”. “Le ruego, le imploro al Tribunal que no case y rechace los recursos de Casación porque este proceso pasó a cosa juzgada”, dijo. Fragueiro también detalló los informes de Interpol incorporados a la causa, que fueron tomados como nueva prueba luego de envío a juicio oral y remarcó que demostraron la inexistencia de delito.

En último lugar, expuso el abogado Marcos Aldazabal, defensor de Mena, el viceministro de Justicia, quien pidió también confirmar los sobreseimientos. “Escuché decir que parecía haber una urgencia por cerrar esta causa. Me gustaría recordar que esta causa lleva siete años en los que creo nadie pensó nunca que podía haber delito”, enfatizó. Dijo además que “se gastaron muchísimos recursos del Estado” en una causa “que siempre se supo que no respondía a ningún delito y que seguramente fue sólo producto de intencionalidades políticas”.

“Es evidente que no hay absolutamente nada que debatir aquí y sería un despendio inútil”, agregó en relación al mencionado informe de Interpol. Para Aldazabal, la firma del Memorándum “fue un acto en el que intervinieron el poder político, también el Legislativo y también el Judicial cuando lo declaró inconstitucional”. Concluyó: “Los pensamientos no se pueden penar y las resoluciones políticas no judiciales tampoco”, reclamando que se confirmen los sobreseimientos sin juicio oral.

Recuento de la causa por el Memorándum con Irán

El 7 de octubre de 2021, antes de celebrar el debate, el Tribunal Oral sobreseyó en un fallo unánime por inexistencia de delito a todos los imputados, pero esa decisión fue apelada por las querellas y está bajo estudio del máximo tribunal penal federal del país. Los jueces del TOF 8 Daniel Obligado, José Michilini y María Gabriela López Iñiguez descartaron el delito de “encubrimiento agravado”, dando por concluidos los preparativos para juzgar el caso, enviado a juicio por el Bonadio en marzo de 2018.

Los sobreseimientos alcanzaron a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner; a Carlos Zannini; al senador Oscar Parrilli; a Juan Martín Mena y al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, entre otros.

En su denuncia en 2015, el fiscal Nisman sostuvo que la firma del memorándum con Irán buscaba “hacer caer” las circulares rojas de captura internacional pedidas por la Justicia argentina contra ciudadanos iraníes, las cuales siguen vigentes en la actualidad.

LC con información de agencias

“Como hombres y mujeres creyentes de nuestro país, queremos expresar nuestro sentido dolor y nuestra preocupación por el atentado contra la señora vicepresidenta de la Nación, a quien le hacemos llegar por este medio nuestra solidaridad en estas horas difíciles”, expresó el comunicado conjunto de la DAIA, el Centro Islámico Argentino, la Conferencia Episcopal Argentina y el Instituto de Diálogo Interreligioso.

El texto, firmado por el monseñor Oscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal; Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA; Aníbal Bakir, presidente el Centro Islámico; y el padre Guillermo Marcó, el rabino Daniel Goldman y Omar Abboud, del Instituto de Diálogo Interreligioso, dice: “Creemos firmemente en el valor inalienable de la vida y rechazamos cualquier forma de violencia e incitación a ella”. Asimismo, pidieron el “pronto esclarecimiento de los hechos que nos permitan conocer la verdad de lo sucedido, serenar los ánimos y profundizar en nuestra convivencia democrática”.

“Mientras renovamos nuestra oración insistente suplicando que brille en todos los corazones la sabiduría y la paz que proceden de Dios; reiteramos nuestra invitación a construir juntos una patria de hermanos, sin exclusiones ni discriminaciones, poniendo lo mejor de nosotros mismos al servicio del bien común”, concluyó el texto.

El Estado de Israel, a través de su Embajada en la Argentina, también expresó su enérgico rechazo contra lo sucedido en la noche del jueves. “Manifestamos nuestro más enérgico rechazo hacia el ataque sufrido en el día de ayer por la vicepresidenta Cristina Kirchner”. La embajada agregó: “Acompañamos a la Argentina la defensa de los valores democráticos y en el repudio hacia toda forma de violencia”.

Además, B'nai B'rith Internacional, la organización judía humanitaria de derechos humanos y de servicio más antigua del mundo, condenó el atentado a través de Twitter: “Condenamos enérgicamente el aparente intento de asesinato de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner”.

“No hay lugar para la violencia como medio para hacer un ‘punto político’. Nunca es aceptable socavar los valores democráticos recurriendo a la violencia y la incitación», agregó la organización humanitaria.

B'nai B'rith Argentina también se manifestó en un comunicado: “El odio, alimentado irresponsablemente, provocó un hecho gravísimo. Ha llegado la hora de renovar el pacto que ha dado origen a nuestra nación, contribuyendo todos los sectores políticos, sociales y religiosos a actuar con sensatez y respeto por el otro.”

LC con información de agencias

Después de la difusión del informe del Mossad, el servicio de inteligencia de Israel, en el que se revelan detalles hasta ahora desconocidos de los ataques terroristas llevados a cabo a la Embajada de Israel (1992) y a la AMIA (1994) en Argentina, la Mutual Israelita y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) emitieron este lunes un comunicado conjunto en el que destacan que las investigaciones judiciales realizadas en la Argentina revelaron la participación activa de Irán en el ataque terrorista perpetrado en el país en 1994.

En el escrito, ambas instituciones aseguran que la AMIA y DAIA, “organizaciones centrales de la comunidad judía argentina, ponen de manifiesto y recuerdan que la causa judicial que se lleva adelante en nuestro país por el atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de Pasteur 633, determinó la responsabilidad de Irán, de ex funcionarios de ese país y de Hezbollah en el planeamiento y en la ejecución de la masacre, que dejó el doloroso saldo de 85 personas asesinadas y más de 300 heridas.

“El expediente judicial acredita múltiples pruebas y contiene numerosas evidencias que, derivadas y constatadas a través de diversas fuentes, permitieron establecer el rol de Irán y su activa participación en la decisión, organización y financiamiento del ataque terrorista, del que ya se cumplieron 28 años”, afirman.

Para AMIA y DAIA, “resulta fundamental respetar y dar continuidad a los elementos de prueba que figuran en la causa y a las conclusiones a las que arribó la Justicia argentina, que luego fueron confirmadas por Interpol con la emisión de sus alertas rojas, de modo que permanezcan vigentes las órdenes internacionales de captura que pesan sobre los acusados, para que puedan ser juzgados en nuestro país con las debidas garantías constitucionales.

Según las conclusiones del reporte, publicado en The New York Times, los ataques fueron realizados por una célula de Hezbollah sin ayuda de funcionarios argentinos o agentes iraníes en Buenos Aires.

Si bien enfatiza que la inteligencia israelí aún cree que Irán, aprobó y financió los ataques y proporcionó capacitación y equipo, los hallazgos contradicen las afirmaciones de larga data de Israel, Argentina y Estados Unidos de que Teherán tuvo un papel operativo en el terreno. También contrarrestaron las sospechas en Argentina de que los funcionarios locales y los ciudadanos habían sido cómplices. Por otro lado, cuenta de manera minuciosa cómo se planearon los atentados: indica que los ataques terroristas perpetrados en Buenos Aires fueron organizados por una célula de Hezbollah sin ayuda de funcionarios argentinos o agentes iraníes. 

Horas después, el director del Centro Nacional de Diplomacia Pública de Israel, Lior Haiat, confirmó la autenticidad del informe del Mossad difundido por The New York Times que reveló cómo una célula de Hezbollah atentó contra la embajada de ese país y la AMIA en Buenos Aires sin asistencia de argentinos ni funcionarios iraníes en el territorio, pero remarcó que Irán “está detrás” de los ataques y que esos datos “ya los conocen los que están involucrados en la investigación”.

También afirmó que el informe no morigera la responsabilidad de los ex funcionarios de la embajada de Irán en Buenos Aires y de jerarcas de la nación persa sobre los que pesan circulares rojas de Interpol para ser detenidos por esos ataques terroristas de 1992 y 1994.

Para AMIA y DAIA, “la presencia de Irán en nuestra región desde la década del 90, a través de integrantes de Hezbollah activos en diferentes países, ha sido sobradamente documentada y, en la actualidad, sigue despertando gran preocupación. La difusión de extractos de un informe que no ha sido aportado al expediente judicial no modifica en absoluto lo que las instituciones comunitarias vienen sosteniendo hace 28 años y que consta en la causa”.

Asimismo, consideran que la Fiscalía que tiene a su cargo la investigación “debe continuar procurando todas las pruebas que pudieran llegar a conocerse para que pueda finalmente alcanzarse la justicia. A días de haberse conmemorado el 28° aniversario del peor atentado terrorista que sufrió nuestro país, AMIA y DAIA expresan, una vez más, su compromiso permanente e indeclinable para lograr que los responsables intelectuales y materiales del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 sean juzgados y cumplan sus condenas por el atroz crimen de lesa humanidad que cometieron”, concluyen.

El comunicado de AMIA y DAIA

La causa judicial determinó la responsabilidad de Irán

AMIA y DAIA, organizaciones centrales de la comunidad judía argentina, ponen de manifiesto y recuerdan que la causa judicial que se lleva adelante en nuestro país por el atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de Pasteur 633, determinó la responsabilidad de Irán, de ex funcionarios de ese país y de Hezbollah en el planeamiento y en la ejecución de la masacre, que dejó el doloroso saldo de 85 personas asesinadas y más de 300 heridas.

El expediente judicial acredita múltiples pruebas y contiene numerosas evidencias que, derivadas y constatadas a través de diversas fuentes, permitieron establecer el rol de Irán y su activa participación en la decisión, organización y financiamiento del ataque terrorista, del que ya se cumplieron 28 años.

Resulta fundamental respetar y dar continuidad a los elementos de prueba que figuran en la causa y a las conclusiones a las que arribó la Justicia argentina, que luego fueron confirmadas por Interpol con la emisión de sus alertas rojas, de modo que permanezcan vigentes las órdenes internacionales de captura que pesan sobre los acusados, para que puedan ser juzgados en nuestro país con las debidas garantías constitucionales.

Más allá de informes de inteligencia y publicaciones periodísticas que puedan trascender, cabe reiterar que la causa judicial tramitada en la Argentina siempre sostuvo que el atentado contra la sede de Pasteur 633 fue ejecutado por miembros de Hezbollah, brazo armado y ejecutor de Irán.

Ya sea por interés o por desconocimiento, intentar hacer diferenciaciones entre Irán y Hezbollah solo lleva a provocar confusión en la opinión pública. No hay dudas de que ambos forman parte de la misma matriz terrorista.

La presencia de Irán en nuestra región desde la década del 90, a través de integrantes de Hezbollah activos en diferentes países, ha sido sobradamente documentada y, en la actualidad, sigue despertando gran preocupación.

La difusión de extractos de un informe que no ha sido aportado al expediente judicial no modifica en absoluto lo que las instituciones comunitarias vienen sosteniendo hace 28 años y que consta en la causa. La Fiscalía que tiene a su cargo la investigación debe continuar procurando todas las pruebas que pudieran llegar a conocerse para que pueda finalmente alcanzarse la justicia.

A días de haberse conmemorado el 28° aniversario del peor atentado terrorista que sufrió nuestro país, AMIA y DAIA expresan, una vez más, su compromiso permanente e indeclinable para lograr que los responsables intelectuales y materiales del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 sean juzgados y cumplan sus condenas por el atroz crimen de lesa humanidad que cometieron.

Con información de agencias.

IG

Dos cajas negras, una notebook, un pendrive, una tablet y documentación son los elementos hallados en el Boeing 747 de bandera venezolana y secuestrados la madrugada del viernes por orden del juez federal Federico Villena, informó a elDiarioAR una fuente con acceso directo a la investigación que tiene a los diecinueve tripulantes iraníes y venezolanos impedidos de salir del país.

Este viernes por la mañana, personal de la Policía Federal Argentina (PFA) finalizó el allanamiento a la aeronave que iba a ser llevado adelante el miércoles hasta que el procedimiento se filtró en los medios y el juez ordenó fajar la aeronave y suspenderlo por 24 horas. El ejecutivo Miguel Medina estuvo presente como representante de Boeing en Argentina.

El caso continuaba por cuarto día bajo secreto de sumario y sin imputados, según pudo confirmar elDiarioAR de dos fuentes directas de la investigación. 

La investigación comenzó la semana pasada con una denuncia realizada por un abogado contactado por Emtrasur. Rafael Resnick Brenner -exfuncionario de AFIP condenado por el caso Ciccone- se presentó ante el juez de turno, Villena, en nombre de los catorce venezolanos y los cinco iraníes para solicitar que se ordene a las tres petroleras que operan en Ezeiza (YPF, Shell/Raízen y Axion) que abastezcan de combustible al avión y que las autoridades devuelvan los pasaportes a los afectados para poder regresar a Caracas. Se abrió así un expediente denominado “Resnick Brenner, Rafael sobre Habeas Corpus”.

El ministro de Interior de Paraguay, Federico González, dijo a radio ABC Color que su servicio de inteligencia alertó a Uruguay y Argentina sobre la supuesta conexión del avión y la tripulación con la Guardía Revolucionaria Islámica en Irán y las brigadas Al-Quds, consideradas terroristas por los Estados Unidos -aunque no por Argentina-. El alerta fue el 6 de junio, razón por la cual el avión no fue abastecido por las petroleras en Ezeiza ni pudo ingresar a Uruguay y Paraguay.

A su vez, González dijo que la información provino de la inteligencia estadounidense. Su país ya venía investigando a Emtrasur y el avión por un viaje realizado a mediados de mayo a Ciudad del Este. 

En aquella oportunidad, el avión ingresó, permaneció y salió de Paraguay sin problemas, pero la investigación surgió después, tras la revelación de la periodista Mabel Rehnfeldt. La aeronave había partido de Ciudad del Este con un cargamento de cigarrillos de la empresa Tabesa, propiedad del denunciado expresidente Horacio Cartes. Este viernes, el ministro de inteligencia de Paraguay, Esteban Aquino, afirmó a la emisora ABC: “De acuerdo a lo que nosotros sabemos, y nos confirmaron agencias aliadas, se trata de una persona vinculada a Al-Quds”, dijo sobre el piloto del avión varado.

El lunes último los tripulantes pasaron de denunciantes a denunciados tras dos presentaciones ante el juzgado realizadas por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) -en base a artículos periodísticos, según surge del documento- y diputados de la oposición -también basada en notas de medios-. 

La fiscal federal Cecilia Incardona ordenó abrir un nuevo expediente con la carátula “NN/sobre averiguación de delito”, informaron ambas fuentes. Los tripulantes no han tenido acceso a la causa. No están acusados de ningún delito y no son parte, pero están siendo investigados y tienen prohibido salir del país hasta que el juez Villena tenga en su poder los resultados de las pericias informáticas de los teléfonos, notebook y laptops secuestradas. No se encuentran detenidos y pueden circular dentro del país, aunque no tienen documentos que acrediten su identidad.

Las claves

La causa depende ahora de los resultados de tres medidas centrales: la identificación por huellas digitales que se les tomaron a los tripulantes y se enviaron a los Estados Unidos con el fin de determinar si algunos de los iraníes está vinculado a organizaciones terroristas; las pericias de los dispositivos informáticos secuestrados en el hotel y el avión; y el análisis de las cajas negras de la aeronave.

Las pericias informáticas se están realizando en tiempo récord, dijo una de las fuentes consultadas. Las copias forenses de los dispositivos secuestrados a los tripulantes el martes por la madrugada, durante el allanamiento al hotel donde se hospedan, ya fueron culminadas y se espera que este fin de semana haya resultados para aportar al juzgado, pero es una presunción.

Por cuestiones de acceso a tecnología específica, los teléfonos Iphone están siendo analizados por la Federal mientras que los de otros sistemas operativos quedaron en manos de la Policía porteña.

La causa avanzará o se cerrará de acuerdo a las evidencias o carencia de pruebas para retener a los tripulantes después de los resultados de las pericias y de la identificación o no de las huellas digitales.

Días de ocio

Durante el allanamiento en el hotel, tanto los tripulantes venezolanos como los iraníes sostuvieron la misma versión ante la Policía Federal: vinieron a Argentina a entregar un cargamento de autopartes que se cargó en México. 

Los diecinueve habían sido seguidos y vigilados durante todo el fin de semana del 11 y 12 de junio por orden del juzgado. En el interín, cambiaron de hotel: del Holiday Inn al Plaza Central Canning. Las tareas estuvieron a cargo de la Unidad Antiterrorismo de la Federal, la Agencia Federal de Inteligencia y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). 

Los iraníes hablan poco inglés, son de extremo bajo perfil y se movieron con menor frecuencia que los venezolanos, quienes salieron el viernes por la noche a un bar muy cercano al hotel, contó una fuente del caso a este medio. 

Podrían haber dejado el país en un vuelo de línea, pero se quedaron supuestamente a la espera de que el avión pudiera cargar combustible. La aeronave acumula unos US$40.000 de cánon por su estadía en la pista, según informó una fuente del sector aeronáutico. 

Una mujer integra la tripulación y tendría un cargo en la empresa Emtrasur, al igual que otros de sus compañeros de vuelo. Uno de ellos es ejecutivo del área de Finanzas, por ejemplo. Al menos dos de ellos tienen domicilios legales en Estados Unidos y España y varios tienen pasado militar. No tienen actividad en redes sociales.

Los venezolanos también mostraron a la policía durante el allanamiento sus tarjetas del banco Bi-National Bank, una entidad creada por Venezuela e Irán.

Tras las declaraciones del flamante jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, quien refirió que creía que los iraníes estaban instruyendo a los venezolanos sobre cómo pilotear el avión, los venezolanos redactaron un texto para presentar eventualmente ante el juez Villena con su descargo, pero hasta este miércoles no lo habían presentado. Allí explicaban que el motivo de que la tripulación estuviera integrada por personal civil y de ambas nacionalidades se debía justamente a eso: una fuente directa del caso explicó a elDiarioAR que los venezolanos sostienen que los iraníes estaban capacitando a los venezolanos sobre el manejo de Boeing 747-300, no porque los pilotos de Caracas no supieran volar sino porque se trata de un avión fabricado en 1986 -es muy viejo- y se requieren conocimiento específicos -según la versión de los tripulantes latinos- desde mecánica hasta mantenimiento.

Como el avión perteneció hasta el año pasado a la iraní Mahan Air y comenzó a volar con Emtrasur a finales de enero de este año, se supone que aún están en proceso de adecuación técnica.

elDiarioAR revisó las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump en las que se basaron las petroleras que operan en Ezeiza para no cargar combustible al avión, varado desde el 8 de junio en el aeropuerto internacional. 

Estados Unidos mantiene sanciones contra Mahan Air, Conviasa (dueña de Emtrasur, según un decreto de Nicolás Maduro) y el avión con matrícula iraní (EP-MND) pero no con su actual matrícula venezolana (YV3531). También pesan sobre la empresa aérea de carga Qeshm Fars Air, pero no hay ningún nexo público de esa compañía con los iraníes. 

Conviasa hace vuelos regulares a Ezeiza y hasta el momento no había tenido impedimentos en Argentina.

El piloto

Hasta el momento, los únicos datos fehacientes sobre el piloto en dominio público son su nombre completo, su fecha de nacimiento y número de pasaporte -se filtró la foto de su pasaporte-, nacionalidad y un antecedente laboral: es sindicado como CEO de una compañía aérea iraní. Hasta al menos 2016, era CEO de Iranian Naft Airlines, según la agenda online de la cumbre de finanzas en aeronavegación iraní de ese año, en la que participaron decenas de autoridades del área de ese país. 

Iranian Naft Airlines cambió su nombre al año siguiente por Karun Airlines. Ninguna de las dos figura en la lista de sancionados de los Estados Unidos, según las búsquedas online en el Departamento del Tesoro de ese país. En algunos medios de comunicación se le ha adjudicado un cargo administrativo en otra aerolínea iraní que sí está sancionada por los Estados Unidos, Qeshm Fars Air, pero ni la DAIA -que lo incluyó en su denuncia- ni quienes lo publicaron explicaron de dónde surge ese dato o cuál es la fuente.

En un comunicado, la embajada de Israel en Argentina sostuvo que su país está “particularmente preocupado por la actividad Mahan Air y Qeshm Fars Air en América latina, empresas que se dedican al tráfico de armamento y al traslado de personas y equipos que operan para la Fuerza Quds, las cuales están sancionadas por Estados Unidos por estar involucradas en actividades terroristas”. No hizo mención al piloto. 

ED

La impunidad del atentado a la AMIA, la caldeada Triple Frontera y las internas internacionales, la falta de transparencia en las comunicaciones oficiales y la desconfianza naturalizada sobre los organismos de seguridad y control en Argentina desencadenaron el nuevo escándalo nacional: el ingreso al país de un avión de cargo de la empresa pública Emtrasur, de Venezuela, en la mira de las autoridades de los Estados Unidos por su relación con Irán y el gobierno de Nicolás Maduro; y la investigación que ahora pesa sobre la tripulación integrada por cinco iraníes y catorce venezolanos. 

La oposición insiste con que fallaron los controles y el Gobierno respondió que actuaron correctamente porque las alertas llegaron cuando el avión ya estaba en Ezeiza ¿Qué está confirmado hasta el momento sobre el caso? elDiarioAR analizó en los últimos dos días documentos presentados por los organismos oficiales de aviación y denunciantes ante la Justicia, resoluciones judiciales, comunicados de los Estados Unidos y declaraciones de funcionarios de Uruguay, Paraguay y Argentina, información aportada por fuentes del caso y datos abiertos en la web para responder algunas de las preguntas del caso.

El origen

La causa judicial se originó en Lomas de Zamora la semana última por una presentación de habeas corpus del abogado argentino Rafael Resnick Brenner, exfuncionario de AFIP condenado por el caso Ciccone y quien siempre negó las acusaciones. El letrado fue contactado por Emtrasur para presentar los habeas corpus de los diecinueve integrantes de la tripulación. En un escrito, denunció ante el juez federal Federico Villena que las autoridades argentinas tenían retenidos sus pasaportes.

Los catorce venezolanos y los cinco iraníes podían podían salir del país en un vuelo de línea, pero no en su avión, debido a que las proveedoras de combustible del aeropuerto de Ezeiza se negaban a abastecer al avión de bandera venezolana.

El avión es un Boeing 747, que según los documentos oficiales argentinos consultados por elDiarioAR tiene matrícula venezolana (YV3531), no iraní. Pertenece a la compañía venezolana pública Emtrasur, línea de cargo vinculada a Conviasa, línea aérea oficial de Venezuela. En el pasado perteneció a Air France hasta que fue adquirido por Mahan Air, de Irán, en 2007, según el sitio Airfleets. Desde enero de 2022, figura como avión de Emtrasur.

Antes de que la oposición y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) presentara sus denuncias por el caso, el avión y su tripulación ya estaban en problemas. Las tres compañías que proveen combustible a los aviones en Ezeiza (YPF, Shell/Raízen y Axion) se negaron a abastecer a la aeronave, confirmaron las tres compañías ante la consulta de este medio.  

La información nosotros la teníamos el día lunes (6 de junio) por la tarde y el avión ya estaba en Ezeiza, con lo cual no es que nosotros tuvimos una información de la cual no hicimos utilización del tema.

Aníbal Fernández — Ministro de Seguridad.

Sanciones

Tanto Mahan Air como Conviasa están en las listas negras de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), que depende del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En ambos casos, las medidas fueron tomadas por el gobierno de Donald Trump.

La línea aérea iraní fue sancionada por las autoridades estadounidenses por supuestamente colaborar con el traslado de personas, fondos y armamento de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en el conflicto de Siria y con el gobierno de Venezuela, según un comunicado del Tesoro de los Estados Unidos. Compañías y personas que prestaron colaboración con Mahan Air también han sufrido sanciones de ese país, según confirma el comunicado.

“No podemos abastecer combustible a aeronaves de países con restricciones”, informaron fuentes de Raízen sobre las razones de la decisión.

elDiarioAR se contactó con la embajada de Irán en Argentina pero aún no ha recibido respuesta sobre su posición frente a las sanciones. El avión fue vendido a una empresa venezolana hace un año, dijo Amir Hossein Zol-Anvari, gerente de la oficina de relaciones públicas de Mahan, a la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA). “La detención del avión cuya propiedad fue transferida hace un año obedece a objetivos políticos -agregó- y la tripulación ha estado trabajando para la empresa venezolana y el tema no tiene relación con Mahan Air”.

En la misma línea se manifestó el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Said Khatibzadeh: “Las últimas semanas están llenas de propaganda, operaciones psicológicas, guerra de palabras para provocar un sentimiento de inseguridad (en Irán) y este caso forma parte de ello”, según reflejó DW.

“Se interpreta que las empresas petroleras no pueden proveerle combustible al avión por temor a sanciones del gobierno norteamericano, por ser una aeronave de matrícula venezolana y tripulación iraní”, explicó una fuente del sector aeronáutico.

En 2020, Steven T. Mnuchin, secretario del Tesoro de la administración de Trump, afirmó que “el régimen iraní utiliza Mahan Air como una herramienta para difundir su agenda desestabilizadora en todo el mundo, incluidos los regímenes corruptos de Siria y Venezuela, así como los grupos terroristas en todo el Medio Oriente” y alertó que Estados Unidos tomaría medidas contra quienes “apoyen a esta aerolínea”. De hecho, sancionó, por ejemplo, a las empresas Parthia Cargo and Delta Parts Supply FZC por “apoyo material” a Mahan Air, según un comunicado del Tesoro.

En el caso de Conviasa, la sanción fue impuesta en febrero de 2020. “El régimen ilegítimo de Maduro depende de la aerolínea estatal venezolana Conviasa para transportar a funcionarios corruptos del régimen por todo el mundo para impulsar el apoyo a sus esfuerzos antidemocráticos”, dijo entonces Mnuchin.

En el sitio web de la aerolínea venezolana se pueden adquirir pasajes para Buenos Aires-Caracas para el 28 de junio, saliendo de Ezeiza, y regresar a Argentina el 11 de julio. La línea aérea realiza viajes a países aliados de Maduro: tiene vuelos a La Habana, Moscú, Viru Viru, Teherán y Managua. También a Cancún e incluso a Lima, Santiago de Chile, Quito, Madrid, Panamá, Guayaquil, Santa Lucía y San Vicente.

Conviasa no ha hecho declaraciones sobre el caso del avión hasta el momento. El 11 de junio mientras el abogado de la compañía solicitaba los habeas corpus, la cuenta oficial de la empresa en Twitter republicó a Maduro: “¡Tremenda Noticia! A partir del #18Jul, se abrirá el vuelo Caracas–Teherán, con el fin de promover el turismo y la unión entre ambos países, a través de paquetes que nos permitan compartir turistas. Sin duda, las relaciones entre Irán y Venezuela, se fortalecen y expanden”.

El arribo a Ezeiza

El avión de Emtrasur aterrizó en Argentina el 6 de junio a las 12.12 del mediodía. Llegó desde México, previa escala en Caracas, de acuerdo con un reporte de la estatal Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) que consta en el expediente. 

La aeronave fue contratada para transportar autopartes fabricadas en la ciudad mexicana de Querétaro y adquiridas por la empresa privada argentina SAS Automotriz SA, proveedora de la automotriz Volkswagen. 

El lunes, SAS Automotriz SA y Volskswagen desconocieron cualquier nexo con la contratación del avión en distintos comunicados. La automotriz informó que encargó las autopartes a SAS Automotriz y la proveedora sostuvo que “la contratación se realizó para el transporte de componentes destinados a la producción de paneles de instrumento y asientos para el modelo Taos” y responsabilizó al forwarder: Fracht, una compañía estadounidense con oficinas en Buenos Aires.

En un tercer comunicado, Fracht sostuvo: “Con la única intención de mover la carga aérea desde México para su cliente, Fracht contrató a la empresa Aerocharter México, quien asumió la completa responsabilidad sobre este vuelo”. Aerocharter México aún no se ha pronunciado sobre el caso.

Aquel 6 de junio, el avión no pudo aterrizar por la intensa niebla en Ezeiza y solicitó descender en Córdoba, según el documento oficial. Más tarde, a las 14.35, cuando las condiciones meteorológicas mejoraron, partió hacia Ezeiza. En las siguientes 48 horas, el avión presentaría cuatro planes de vuelo distintos. 

Planes de vuelo

Al día siguiente, la tripulación presentó un plan de vuelo de regreso, con destino al aeropuerto de Maiquetía, Caracas. A lo largo del día debió modificarlo y solicitó dos extensiones de vuelo. Las autoridades no informan las razones de la demora. Ese día no pudo despegar.

El avión partió (de Ciudad del Este) para Aruba con un cargamento de cigarrillos de Tabesa (empresa del expresidente Horacio Cartes).

Federico González, sobre el viaje de mayo a Paraguay. — Ministro de Interior de Paraguay.

El miércoles 8, el avión fue revisado. Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Policía Federal (PFA) y Aduana participaron de la revisión de la carga “restante” -se entiende que no es la original destinada a la automotriz, que informó que se despachó el cargamento con todos los controles aduaneros- con perros, escáneres y rayos X para detectar explosivos o drogas. “Todos los procedimientos realizados dieron resultado negativo”, comunicaron en un documento al juzgado. 

Ese mismo día, el avión presentó un nuevo plan de vuelo con destino al aeropuerto de Montevideo, Uruguay. Partió de Ezeiza a las 14.45, pero cuando estaba por ingresar al espacio aéreo uruguayo, las autoridades de ese país le denegaron el permiso para aterrizar. Debió regresar a Buenos Aires, donde está varado desde entonces. “Este país no lo acepta por no tener las autorizaciones de sobrevuelo para Uruguay”, dice el documento de EANA. No menciona cuestiones relativas a sanciones internacionales.

El ministro de Defensa uruguayo, Javier García, dijo el lunes a la prensa que dio la orden de que el avión no ingresara por información recibida de “agencias extranjeras”. Paraguay, más tarde, se atribuyó esa información. 

Medidas judiciales

La causa dio un giro de 180 grados este lunes, cuando los iraníes de la tripulación pasaron de denunciantes a denunciados. El juez Villena ordenó retener durante 72 horas sus pasaportes y solicitó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que “que informe sobre cualquier movimiento” del avión. Por la tarde, la fiscal federal Cecilia Incardona abrió formalmente una causa y solicitó el secreto de sumario. Por la noche y durante toda la madrugada y parte de la mañana del martes, la división antiterrorismo de la Federal allanó el hotel donde se encuentra hospedada la tripulación y secuestró documentos y dispositivos electrónicos. 

Villena dio la orden luego de la presentación de la DAIA para que se investigue si los tripulantes iraníes pertenecen a las fuerzas Al-Quds, declaradas como terroristas por los Estados Unidos. La brigada responde a la Guardia Revolucionaria Islámica, rama de las Fuerzas Armadas de Irán. Argentina no tiene a esta organización en su lista de sospechosos de terrorismo aunque exautoridades y dirigentes de ese país están acusados en Argentina de haber ordenado el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.

Ese mismo lunes, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó a radio Perfil que uno de los cinco ciudadanos iraníes sería homónimo de un integrante de Al-Quds. Fernández también aseguró que Argentina permitió que la tripulación ingresara al país porque no pesa sobre ellos ninguna alerta o restricción.

Cuando ingresaron a Buenos Aires por Ezeiza, las autoridades les dieron una estadía provisoria, “so pretexto de definir la situación de la aeronave” y se les impuso que sólo podían salir del país mediante avión de línea, lo que los obligaba a dejar “abandonada” la aeronave, según el escrito de su primer abogado. elDiarioAR no ha podido contactar a sus nuevos defensores por el momento.

Las alertas

El ministro Fernández dijo el lunes que el avión había realizado sólo dos vuelos en América Latina. El primero fue el 13 de mayo, cuando aterrizó en el Aeropuerto Guaraní, en Ciudad del Este, Triple Frontera, Paraguay, afirmó ese mismo día el ministro de Interior paraguayo, Federico González. 

Todos los procedimientos realizados dieron resultado negativo.

Informe de los organismos y fuerzas de control de Ezeiza sobre la inspección al avión el 8 de junio.

En declaraciones a la radio ABC Color, el funcionario guaraní dijo que en aquel vuelo la tripulación estaba integrada por dieciocho personas (seis iraníes y doce venezolanos) y que parte de ellos coincide con los tripulantes que se encuentran en Argentina. 

Los iraníes que ingresaron el mes último al Paraguay serían “miembros de la unidad Al-Quds, que forma parte de la Guardía Revolucionaria (Islámica) de Irán”, aseguró González y detalló que la fuente del gobierno de Asunción fue “un servicio de Inteligencia extranjero”. En la misma entrevista, aclaró poco después que se trata de los Estados Unidos.

En mayo, la aeronave permaneció en ese país durante el fin de semana del 13 al 16. Desde allí, el avión “partió para Aruba con un cargamento de cigarrillos de Tabesa”, dijo el funcionario. Se trata de una tabacalera del expresidente paraguayo Horacio Cartes. “Los dieciocho tripulantes partieron en esa fecha en el avión”, agregó.

Cuándo fue la alerta

El avión de Emtrasur intentó volver a aterrizar en Paraguay dos oportunidades más pero las autoridades de ese país se lo prohibieron, según González. Sostuvo que la última vez fue el 8 de junio, el mismo día en que Uruguay denegó el sobrevuelo en su territorio.

“El Servicio de Inteligencia del Paraguay fue el que alertó a los otros servicios de Inteligencia de la Región sobre la situación de esa aeronave y de la empresa que fue sancionada por el Tesoro de los Estados Unidos”, aseguró González. 

El funcionario no precisó en qué fecha alertó a Argentina en la entrevista con ABC Color. Aún no ha respondido las consultas de elDiarioAR, pero Fernández dijo este martes que fue el mismo 6 de junio y que cuando Argentina fue notificada el avión ya estaba en Ezeiza.

Este último punto es el más confuso, hasta el momento.

“La información nosotros la teníamos el día lunes por la tarde y el avión ya estaba en Ezeiza, con lo cual no es que nosotros tuvimos una información de la cual no hicimos utilización del tema”, afirmó el ministro de Seguridad.

Mientras tanto, el Gobierno paraguayo enfrenta actualmente su propio frente por el ingreso del avión a Ciudad del Este.

*Este artículo se actualizó el 14 de junio de 2022 para corregir el modelo del avión definido en un documento de la ANAC. El documento se refiere a un “Boeing 747 Dreamliner” pero el nombre del modelo es “Boeing 747-300” y se lo conoce como Dreamlifter.

ED

El Gobierno lleva adelante una investigación para conocer si uno de los tripulantes del avión venezolano que está retenido en el país tiene vínculos con el terrorismo. El procedimiento fue confirmado hoy por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ya que especificó que uno de los pasajeros del vuelo corresponde a “un homónimo” de la Guardia Revolucionaria de Irán y de las Fuerzas Quds, organizaciones marcadas como terroristas por Estados Unidos. 

El apuntado en la investigación es Gholamreza Ghasemi, uno de los cinco iraníes que viajaban en el avión de bandera venezolana. Esta mañana, el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena le ordenó a Migraciones que retenga por las próximas 72 horas el pasaporte tanto de Ghasemi como del resto de los iraníes que estaban en el vuelo: Mohammad Koswaviaragh, Mahdi Mouseli, Saeid Vali Zadeh y Abdolbaset Mohammadi.

La tripulación viajaba en el avión Boeing 747 Dreamliner de la empresa de carga Emtrasur, con matrícula venezolana YV3531, que encendió las alertas de seguridad en el país luego de llegar a Ezeiza proveniente de Córdoba, donde tuvo que aterrizar la semana pasada por la niebla. La aeronave tenía previsto seguir viaje hacia Uruguay, donde el gobierno de ese país impidió su maniobra, para finalmente volver a Venezuela.

Aníbal Fernández aseguró que con posterioridad al ingreso al país de la aeronave –que traía autopartes– “se recibe información de organismos extranjeros que advertían sobre la pertenencia de parte de la tripulación a empresas relacionadas con las Fuerzas Quds”. Ello determinó el procedimiento de Migraciones y la apertura de una causa en la Justicia, que ordenó que se le tomen las huellas digitales.

“El nombre de uno de los tripulantes coincide con el de un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán”, planteó el ministro de Seguridad en diálogo con TN. 

​​“Se informó que la aeronave había sido operada por una compañía aérea relacionada con esta organización militar de Irán. Los miembros y las empresas de la fuerza Quds fueron marcadas como terroristas por el departamento del tesoro de los Estados Unidos en octubre de 2007”, explicó Fernández, aunque agregó que ninguno de los tripulantes tenía alerta roja ni prohibición para ingresar al país a partir del atentado a la AMIA.

De hecho, en su causa, el juez Villena además aceptó tener “como parte querellante” al titular de la DAIA, Jorge Knoblovits. El jefe de las fuerzas Quds en 1994 tiene pedido de búsqueda y captura internacional por el atentado a la mutual judía.

Además de los cinco iraníes, la tripulación del Boeing 747 estaba completada por catorce venezolanos, cuyos pasaportes no fueron retenidos. Si bien el avión tenía bandera de ese país, había pertenecido a Mahan Air, empresa sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus vínculos con la Guardia Revolucionaria y las fuerzas Quds.

Según la DAIA en su pedido de sumarse a la causa judicial como querellante, “los ciudadanos originarios de Irán tendrían vínculos con las fuerzas Quds, perteneciente a la Guardia Revolucionaria Islámica, declarada como grupo terrorista por los Estados Unidos”.

“Al dejar entrar a este avión se puso en riesgo no solo la seguridad de todo nuestro país, sino de América del Sur. Dejar ir a los tripulantes sin haberlos indagado al respecto sería una oportunidad perdida de poder ayudar a combatir el terrorismo internacional”, exigió la organización de la comunidad judía.

Agustín Rossi: “No apareció ninguna alerta que nos permitiese activar el protocolo de la AFI”

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, aclaró que la impugnación de Estados Unidos a la aerolínea Coviasa “no está vinculado a terrorismo sino a una caracterización política” sobre el gobierno de Maduro.

En declaraciones a Todo este Ruido, por Radio Provincia, explicó que en la tripulación del avión “no había nadie que tuviera pedido de captura ni ninguna alerta formulada por alguna agencia de inteligencia internacional. No apareció ninguna alerta que nos permitiese activar el protocolo de la AFI”, agregó.

El ex ministro de Defensa de la Nación informó que “el avión transportaba a ciudadanos iraníes y venezolanos y una carga que tenía como destinatario a una empresa argentina”. Seguido, dijo que “a esa carga se le dieron todos los permisos desde la Aduana y fue entregada a la empresa que la solicitó”.

Y, en ese marco, resaltó que “la matrícula del avión no está informada por Estados Unidos. Lo que sí está dentro de la base de datos de Estados Unidos es una condena a (la aerolínea venezolana) Coviasa. Es una condena de carácter político y por eso está la prohibición de cargar combustible porque considera que esa empresa traslada a ‘funcionarios del régimen corrupto de Maduro’”. Por lo tanto, sintetizó: “La impugnación que se hace en Estados Unidos no está vinculada a terrorismo sino a una caracterización política”.

Rossi destacó que “todas las agencias del Estado funcionaron adecuadamente a partir de los hechos que fueron sucediendo”. Además, lamentó las especulaciones y pidió “tomar las cosas con más responsabilidad y, en ese marco, está actuando la justicia argentina y las agencias que tienen responsabilidades”

MC

La Justicia avanza en la causa que investiga a un grupo de iraníes que aterrizaron en el país en un avión venezolano, y que está retenido en el aeropuerto de Ezeiza.

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena le ordenó hoy a Migraciones que retenga por las próximas 72 horas los pasaportes de los cinco ciudadanos iraníes y aceptó a la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) como querellante en la causa. En el mismo vuelo también viajaban 14 ciudadanos venezolanos, que no requerían visa para entrar a la Argentina por ser parte del Mercosur.

Esta mañana más temprano, el canciller Santiago Cafiero había transmitido la postura oficial, al afirmar que el Gobierno iba a esperar que el juzgado determine “el procedimiento a seguir”.

El magistrado tomó la decisión en una resolución que se conoció esta mañana, en la que pidió retener la documentación de los iraníes

Mohammad Koswaviaragh, Gholamreza Ghasemi, Mahdi Mouseli, Saeid Vali Zadeh y Abdolbaset Mohammadi, según consignó la agencia Télam de fuentes judiciales.

En el mismo acto, el magistrado también le pidió al director ejecutivo del Centro de Análisis, Comando y Control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, comisionado mayor Maximiliano Lencina, que “él y/o personal que designe a tal efecto, informe cualquier movimiento que se produzca sobre la aeronave”. Ya la aeronave, al aterrizar en Ezeiza y encender las alertas de seguridad, fue sometida a un exhaustivo control por parte de la PSA, personal de la Dirección General de Aduana (DGA), Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y de la Policía Federal Argentina (PFA).

Un vuelo que encendió las alertas

El vuelo del avión Boeing 747 Dreamliner de la empresa Emtrasur, con matrícula venezolana YV3531 encendió las alertas de seguridad en el país, luego de aterrizar en Córdoba –por la niebla de la semana pasada–, y que había estado en Paraguay. La aeronave tenía previsto seguir viaje hacia Uruguay, donde el gobierno de ese país impidió su maniobra, para finalmente volver a Venezuela.

“Paró en Córdoba esos días de mucha niebla que los aviones no podían bajar en Ezeiza. En ese contexto, bajó a Córdoba y luego fue a Ezeiza”, detalló Cafiero ante radio Urbana Play. “Las fuerzas de seguridad argentinas lo retuvieron”, señaló el funcionario, luego de que el domingo el juez federal Villena determinara que Migraciones “actuó en el marco de sus facultades” y rechazara un pedido de hábeas corpus presentado por el abogado de la tripulación.

La situación del avión venezolano con pasajeros iraníes se da en medio del histórico reclamo argentino contra Irán por la investigación sobre el atentado a la AMIA.

El juez Villena además aceptó tener “como parte querellante” al titular de la DAIA, Jorge Knoblovits. “Ello en su carácter de representante de la comunidad judía argentina que sufriera el atentado a la AMIA- DAIA como víctima directa perpetrado el día 18 de julio de 1994, lo cual le genera un interés legítimo para que se investiguen los hechos denunciados”, añadió el magistrado en la resolución.

“Este tema por supuesto que activa todas las sensibilidades y es algo totalmente razonable. Queremos ser muy cautos y separar las cosas. Nosotros seguimos con nuestros reclamos al gobierno iraní de que exista colaboración para la investigación de fondo en la causa AMIA y es algo que vamos a seguir permanentemente reclamando”, subrayó Cafiero.

Señaló que en la causa “se renovaron las alertas rojas” de Interpol y denunció que siempre hay trabas “por parte del gobierno iraní que no acepta colaborar con la justicia argentina”.

Según dijo Cafiero, el caso del avión con los iraníes no tuvo repercusión en la relación con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, quien justo está en Irán en visita de Estado, y en paralelo a la reanudación de las conversaciones entre Caracas y Buenos Aires, ya que es inminente la designación de nuevos embajadores entre ambos países, luego del distanciamiento en tiempos de Mauricio Macri. “No tenemos ningún tipo de requerimiento diplomático de Venezuela. Es estrictamente una cuestión de seguridad”, aseguró el canciller y uno de los funcionarios de mayor confianza de Alberto Fernández.

MC