El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, solicitó este jueves elevar a 12 años de prisión la condena de la expresidenta Cristina Fernandez de Kirchner a quien acusa de encabezar una asociación ilicita en la causa de Vialidad de la obra pública en Santa Cruz. La última palabra la tendrá de ahora en más la Corte Suprema de Justicia que deberá decidir si acepta el pedido del jefe de los fiscales,  mantiene la condena a 6 años de prisión o si da curso al pedido de la defensa que solicitó su absolución.

Casal aceptó el reclamo del fiscal general Mario Villar, quien había pedido agravar la actual condena de la Fernández de Kirchner de 6 años de prisión por administración fraudulenta. Para el Procurador, la ex presidente debe ser condena también por asociación ilícita en carácter de jefa y por esa razón pidió duplicar la pena.

Si la Corte, confirma la privación de la libertad sería inmediata, lo mismo que la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

“El fiscal general explicó, con toda razón, que no hay, en cambio, ninguna justificación para acudir a ese artificio cuando de lo que se trata aquí es de la adjudicación fraudulenta de cincuenta y un contratos de obra pública dentro de un esquema comprobado de corrupción”, escribió Casal en su escrito presentado ante la Corte.

El futuro de la expresidenta dependerá ahora de lo que decidan los tres jueces del máximo tribunal:  Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El expediente de Vialidad tuvo a Fernández de Kirchner como la principal acusada por favorecer al empresario Lázaro Báez —también condenado— en el reparto de la obra pública de la provincia de Santa Cruz durante sus dos mandatos. 

El pasado 13 de noviembre, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, confirmó la sentencia contra la expresidenta en el caso Vialidad. El fallo llegó casi dos años después de que la exmandataria fuera condenada a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública.

La decisión de Casación fue “condenar a Cristina Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Igual pena para Lázaro Báez.

Sin embargo, Casación descartó sumarle el delito de asociación ilícita, algo que habían pedido los fiscales Diego Luciani y Mario Villar. Ahora Casal vuelve a pedir a la Corte que Fernández de Kirchner sea condenada por ese delito.

Para Casal, los acusados “diseñaron y ejecutaron una estructura delictiva dentro del Estado, que tenía como objetivo desviar fondos públicos de forma sostenida a través de contratos de obra pública, principalmente en la provincia de Santa Cruz”.

El dictamen señala que  “el fiscal general –Villar– valoró, con argumentos concluyentes, que esa –la asociación ilícita– era la exacta característica de la organización conformada por los imputados”.

El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 al término de un juicio oral a la exvicepresidenta, ex funcionarios de su gobierno y al empresario Lázaro Báez iniciado en 2019 dio a conocer el fallo contra todos los imputados.

Eduardo Casal, el procurador general interino, se pronunció en favor de que la Corte Suprema de Justicia revisara la legitimidad de la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy, elaborada por el gobernador Gerardo Morales, y haga lugar a los reclamos del Gobierno Nacional. Fue a través de en un dictamen, firmado este viernes.

La decisión llega tras los reclamos a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para pedir que se declare la inconstitucionalidad de las reformas en la carta magna jujeña. “A mi modo de ver, en atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte”, determinó Casal.

En esa línea, remarcó que “en efecto, toda vez que el Estado Nacional, que tiene derecho al fuero federal (...), demanda a la provincia de Jujuy (...) entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esa instancia, cualquiera sea la materia del pleito”. 

De todos modos, el dictamen del procurador, de apenas tres páginas, no es vinculante. Esto significa que la Corte no está obligada a seguir ese criterio, y podría resolver en sentido contrario.

Tampoco avanza sobre el fondo del reclamo formulado por el Gobierno Nacional, respecto de la validez constitucional de los artículos objetados de la nueva carta magna provincial. El dictamen atribuye al tribunal supremo la “competencia originaria”, es decir, la intervención como tribunal de única instancia en el reclamo.

“En atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte”, sostuvo el procurador.

“Toda vez que el Estado Nacional —que tiene derecho al fuero federal—, demanda a la provincia de Jujuy -a quien le corresponde la competencia originaria de la Corte, de conformidad con el artículo 117 de la Constitución Nacional, entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esa instancia, cualquiera sea la materia del pleito”, explica el documento.

El Estado demandó a la provincia de Jujuy “a fin de obtener se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 67 inciso 4°, 94 y 95 de la Constitución de la provincia”. La presentación sostiene que esos artículos, que se refieren a la prohibición y criminalización de la protesta social y a los derechos de los pueblos originarios, “subvierten el orden institucional y los derechos y garantías constitucionales” de la Nación.

LC con información de agencia NA

El Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, dictaminó este viernes que es la Justicia porteña la que debe decidir sobre la precandidatura de Jorge Macri a jefe de Gobierno en las elecciones primarias del 13 de agosto, y no la Corte Suprema de Justicia, al pronunciarse sobre las impugnaciones presentadas a la postulación.

De esta manera, el jefe de los fiscales opinó sobre la competencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, el cual el martes pasado habilitó a que el exintendente de Vicente López sostenga su candidatura.

La precandidatura de Macri recibió dos impugnaciones: una por parte del exsenador nacional Eugenio “Nito” Artaza y otra de la la precandidata a jefa de gobierno Vanina Biasi del Frente de Izquierda. Ambos cuestionaron la postulación y ponían en duda las condiciones de domicilio y residencia para participar en los comicios, por no cumplir con el requisito de 5 años de residencia en la Ciudad.

Como argumento central de su pedido de inhabilitación, Biasi recordó que Macri fue reelecto en 2019 como intendente de Vicente López, por lo que resultaba imposible acreditar los cinco años de permanencia.

Ante ese cuestionamiento, el Tribunal Electoral porteño consideró que Macri cumplía con la residencia de 5 años, aunque no de manera continua e inmediata, pero que esa condición no está contemplada en los requisitos del artículo 97 de la Constitución porteña.

Por su parte, Casal recordó que el artículo 122 de la Constitución Nacional dispone que las provincias “se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas”, por lo que las mismas “eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del Gobierno federal”.

Para el procurador, el concepto de “Gobierno federal” también incluye a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, por tanto, debería abstenerse de intervenir en una decisión del sistema de justicia de la Ciudad.

“Por lo tanto, es mi parecer que corresponde a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expedirse al respecto, ya que el respeto del sistema federal y de las autonomías locales exige que sean los magistrados de esa índole los que intervengan en las causas en que se ventilen asuntos de aquella naturaleza”, concluyó su dictamen el procurador. Si bien su opinión no es vinculante, suele ser tomado por la Corte Suprema en sus fallos.

LC con información de agencia Télam

Eduardo Casal, procurador general de la Nación interino, rechazó la intervención de la Corte Suprema de Justicia como única instancia en la causa promovida contra la reelección de 24 intendentes de la provincia de Buenos Aires por exceder la cantidad de mandatos consecutivos permitidos por ley.

“Es mi parecer que corresponde a la justicia de la provincia de Buenos Aires expedirse al respecto, ya que el respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales, exige que sean los magistrados locales los que intervengan en las causas en que se ventilen asuntos de esa naturaleza”, dictaminó el procurador Casal.

La opinión del jefe de los fiscales, la cual no es vinculante, no excluye la intervención de la Corte Suprema, pero la supedita a una eventual revisión de los fallos de los juzgados provinciales bonaerenses que intervienen en los comicios para cargos electivos.

De hecho, Casal dejó a salvo que “las cuestiones de índole federal que también puedan comprender esos pleitos sean susceptibles de adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario”. Es decir que como última instancia, la Corte podría intervenir.

El dictamen va en línea con lo que el procurador ya opinó en los casos de las elecciones en San Juan, Tucumán y Formosa.

En la provincia de Buenos Aires, regía un decreto ley de 1958 que disponía que “el intendente y los concejales durarían cuatro años en sus funciones y podrían ser reelectos”, pero esa norma fue modificada por ley en 2016 y limitó los mandatos en esos cargos a dos períodos consecutivos.

El partido PAIS formuló la presentación sobre la base de qué se interpreta como “primer período”, ya que una modificación reciente de la normativa abrió una controversia sobre los cargos elegidos en 2017, 2019 y 2021.

“El pleito exige en forma ineludible interpretar varias cláusulas constitucionales y legales de la provincia de Buenos Aires vinculadas con el régimen establecido en relación con la posibilidad de los intendentes municipales de ser reelectos, asunto que concierne a su procedimiento jurídico político de organización, es decir, a un conjunto de actos que deben nacer, desarrollarse y tener cumplimiento dentro del ámbito estrictamente local”, sostuvo el procurador.

Según Casal, el planteo formulado por PAIS “no resulta exclusivamente federal, puesto que involucra no solo una cuestión federal sino otra de orden local, ya que sostienen que la norma cuya constitucionalidad discute es contrario, además a lo dispuesto por la Constitución Nacional”.

“Tal circunstancia, a mi modo de ver, impide la competencia originaria de la Corte en razón de la materia”, resumió el procurador interino de la Nación.

LC con información de agencia NA

La intención de Sergio Uñac de continuar al frente de la gobernación de San Juan volvió a tener este martes un nuevo revés. Esta vez fue el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, quien dictaminó en contra del intento reeleccionista del gobernador. Para Casal, si Uñac resulta ganador en las elecciones locales sumaría un cuarto mandato a cargo del ejecutivo provincial, algo que está prohibido en la Constitución sanjuanina.

“En el mecanismo de alternancia fijado por el constituyente local, si un ciudadano fue electo como gobernador o vicegobernador y luego reelegido inmediatamente para cualquiera de esos cargos, sólo podrá aspirar a una tercera y última reelección consecutiva adicional con la intención de desempeñarse en una de esas dos posiciones”, destacó Casal en su dictamen.

A lo largo de 22 páginas, el Procurador determinó como tope “la acumulación de los tres períodos, el ejercicio ininterrumpido de doce años en esos cargos de gobernador y vicegobernador de la provincia”.

El dictamen de Casal no es vinculante pero si es una recomendación para los miembros de la Corte Suprema de Justicia que deberán decidir si Uñac está o no habilitado.

El artículo 175 de la Constitución de San Juan establece que “el Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces”. El problema surge porque Uñac fue vicegobernador de 2011 a 2015 y gobernador entre 2015-2019 y el actual de 2019-2023.

Para Uñac no debe tomarse en cuenta el período en que ejerció vicegobernador.

Sin embargo, Casal replicó que “una vez que se advierte que la constitución local estableció, en el artículo 175, un límite de dos reelecciones como máximo para quienes ocupan indistintamente el cargo de gobernador y de vicegobernador, no cabe entender ese precepto de una manera que desvirtúe esa limitación”.

“Lo contrario –agregó- importaría admitir que una interpretación de aquella norma constitucional por los poderes constituidos locales sustituya la voluntad expresada por el poder constituyente provincial (en el caso, ejercido mediante el procedimiento de enmienda)”.

“De tal modo, y a raíz de las conclusiones expuestas, en mi opinión queda sellada la suerte adversa de la postulación del señor Uñac, quien fue elegido como vicegobernador y luego -en las dos contiendas electorales inmediatas siguientes- como gobernador, frente a lo cual su nueva postulación se sitúa fuera de la limitación establecida en el artículo 175 de la Constitución de San Juan”, precisó el procurador.

El pasado 9 de mayo la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió las elecciones en San Juan, previstas para el 14 de ese mes, haciendo lugar a la presentación de Sergio Vallejos, precandidato a gobernador de “Unidos por San Juan”. Ese mismo día también suspendió los comicios en Tucumán.

Casal había sostenido que la Corte Suprema no tenía competencia para resolver sobre cuestiones relativas a los comicios provinciales, pero advirtió que el máximo tribunal podía adoptar un criterio diferente.

Eso fue lo que pasó: “en su resolución del 9 de mayo de 2023, la Corte Suprema declaró su competencia originaria para entender en este proceso de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Constitución Nacional, sobre la base de considerar que es parte una provincia y que el actor ha planteado de manera seria una cuestión federal predominante”, subrayó Casal.

“En tales condiciones y en atención a los términos de la vista conferida el 16 de mayo de 2023, el dictamen de este Ministerio Público se ceñirá exclusivamente al examen de la cuestión de fondo planteada”, justificó su pronunciamiento.

Con información de NA

La Procuración General de la Nación opinó este viernes que la Corte Suprema de Justicia no debe intervenir en la discusión por la reelección del gobernador Gildo Insfrán en Formosa, mientras que la oposición provincial volvió a presentar una cautelar solicitando que se suspenda la elección prevista para el 25 de junio.

“Dada la índole taxativa de la competencia prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional y su imposibilidad de ser extendida por persona o poder alguno, opino que el proceso resulta ajeno al conocimiento del Tribunal”, resolvió el procurador interino Eduardo Casal.

Casal citó sus propios dictámenes en expedientes tramitados ante la Corte por conflictos en varias provincias en donde terminó concluyendo que no debe intervenir. Sin embargo, en el último párrafo de la sección resolutiva mencionó que el Tribunal, como “intérprete máximo” de la Constitución, podría “decidir la intervención procesal que considere pertinente”.

El procurador, quien asumió luego de la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó, mantuvo la misma postura que cuando fue convocado a emitir dictamen en casos similares en las provincias de Santiago del Estero y La Rioja, o recientemente sobre San Juan y Tucumán.

En cuanto a la oposición formoseña, el diputado nacional y candidato a gobernador Fernando Carbajal por el frente Juntos por Formosa Libre, volvió a presentar un amparo este viernes ante el máximo tribunal, pidiendo que se suspenda “el proceso eleccionario provincial, hasta tanto esta Corte se expida respecto de la cuestión de fondo”. Es decir, hasta que se resuelva sobre la constitucionalidad del artículo 132 de la carta magna provincial que permite la reelección indefinida del gobernador y el vice.

El lunes pasado, Carbajal había presentado un primer amparo, donde solicitó se declare la inconstitucionalidad del artículo 132, para lograr así que no compita el actual gobernador que ejerce el cargo desde 1995, el peronista Gildo Insfrán.

El artículo 132 establece que “el gobernador y el vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelectos”. Para la oposición, la redacción “constituye una clara contraposición al espíritu de la Constitución Nacional que, en sus artículos 1, 5 y 123 recepta para el pueblo de la Nación Argentina los principios Republicanos de Gobierno y temporalidad en el poder”.

Fernando Carbajal representa un frente de dirigentes del PRO, el radicalismo, peronistas disidentes y otros sectores encolumnados en el rechazo a la figura del gobernador. Antes de conocerse el amparo contra su reelección, Insfrán dijo que “nuestra Constitución dice que el mandato del gobernador y el del vice duran cuatro años y se pueden reelegir. En Formosa es el pueblo el que decide la alternancia”.

Para Insfrán, en los próximos comicios locales se libra “una lucha que es como la de unitarios contra federales” y anticipó que el oficialismo del Frente de Todos que encabeza en la provincia se impondrá.

Por otra parte, Stella Maris Zabala, fiscal de Estado de Formosa, pidió ayer jueves a los máximos magistrados que se “declare la incompetencia de esa Corte Suprema para intervenir en estos obrados y, en su caso, ordene su remisión a la justicia provincial”. La solicitud cuenta con el patrocinio del excortesano Rodolfo Barra.

“En subsidio de lo anterior, rechace, sin más trámite, la medida cautelar peticionada; con costas”, reclamó Zabala. En los fundamentos, señaló que se presenta ante la Corte Suprema de manera “de garantizar a mi representada (la provincia) el ejercicio del derecho a ser oído, comprendido en el derecho al debido proceso”.

LC con información de agencia Télam

La Corte Suprema de Justicia fue este miércoles objeto de los pasajes más duros del discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa que dio inicio a la actividad del Congreso. “Fueron sabiendo a lo que se exponían y permanecieron en sus asientos, en silencio, en representación de sus colegas de la Corte y de todo el poder Judicial”, respondió a elDiarioAR una alta fuente del máximo tribunal tras la finalización del acto.

En el acto institucional más importante del año, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, presidente y vicepresidente del máximo tribunal, se apersonaron en representación de la Corte, como es tradición cada año, para escuchar a Fernández acusarlos en tono enérgico y con el dedo, incluso con la mirada, entre silbidos, festejos y aplausos de los diputados y senadores oficialistas y gritos e insultos de los opositores. 

Fue el momento más tenso, agresivo y locuaz del discurso, o más bien el único. Sin menciones directas, Fernández terminó por señalar a su propio espacio político como co-responsable por no avanzar con las reformas del sistema judicial que envió como presidente al Congreso y que, según el mandatario, habrían evitado que el avance del narcotráfico en Rosario, Santa Fe, pasaje que le valió una mueca de fastidio del juez Rosatti, oriundo de esa provincia.

Mientras el oficialismo avanza a pedido del Presidente con una investigación por presunto mal desempeño contra los cuatro jueces de la Corte en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Rosatti y Rosenkrantz acudieron a la Asamblea en representación de todo el tribunal, ya que son sus principales autoridades. Los magistrados Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda no asistieron. Fue una decisión tomada este martes entre los cuatro jueces, afirmaron dos fuentes directas de la Corte.

Los jueces de la Corte debieron oír también las críticas de Fernández al tribunal que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner -sentada a su izquierda- por defraudación a la administración pública a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. No pronunció la palabra “proscripción”, que utilizó la expresidenta públicamente para referirse a la sentencia.

“Hace unos meses esta organización coronó su actuación con una condena en primera instancia a la vicepresidenta de la Nación. Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política”, dijo Fernández. 

“Los tribunales aún tienen tiempo de reponer el imperio del derecho y acabar con tantas tropelías cometidas invocando a la Justicia”, dijo en referencia a las apelaciones pendientes a la condena del caso Vialidad.

Fernández también acusó a los jueces del tribunal de “tomar por asalto” el Consejo de la Magistratura, el organismo en el oficialismo, oposición y poder Judicial se disputan el nombramiento de jueces para diseñar la Justicia a su imagen y semejanza.

A las ausencias de Lorenzetti y Maqueda, se sumó la de Eduardo Casal, procurador general de la Nación interino, el jefe de los fiscales del país. A diferencia de los jueces de la Corte, Casal no fue invitado por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa por primera vez desde la asunción de Fernández, confirmó una fuente directa del organismo a elDiarioAR. “Es la primera vez desde 1994, cuando se creó el Ministerio Público Fiscal, que el titular de la Procuración no es invitado al acto institucional más importante del año”, agregó la fuente.

Casal fue blanco de un intento de juicio político, también iniciado por el oficialismo pero que no prosperó en la comisión parlamentaria. El Gobierno no ha podido nombrar -al igual que la gestión de Cambiemos- a su propio procurador debido a que no cuenta con los dos tercios de los votos del Senado. Por estar en la línea de sucesión del organismo, Casal es procurador interino desde la salida de Alejandra Gils Carbó, enfrentada por el macrismo para forzar su renuncia y nombrar, también sin éxito, a su propia jefa de fiscales.

Dinero

Tras ingresar al recinto pocos minutos antes de Fernández, Rosatti y Rosenkrantz se sentaron en el espacio reservado siempre para los jueces supremos, junto al estrado de la presidencia de la cámara de Diputados, donde Fernández daría su discurso. 

Fernández acusó a la Corte de pretender manejar los recursos públicos del Estado, de intromisión en las funciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo y de favorecer a la Ciudad de Buenos Aires en detrimento de las provincias pobres. Todos argumentos rechazados por el tribunal. 

Con estilos y personalidades muy disímiles, Rosatti se mostró notablemente incómodo y molesto durante el discurso presidencial, mientras que Rosenkrantz esbozó miradas de desaprobación dirigidas al recinto, aunque se mostró inmutable en la mayor parte de los pasajes que le dedicó Fernández a la Corte.

“Los episodios recientes en la disputa por los recursos nacionales y su coparticipación con nuestras provincias hicieron evidente cuál es el bloque de intereses tradicionales que pretenden consolidar las enormes asimetrías que aún existen en la Argentina”, comenzó Fernández sus pasajes más críticos. 

“Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró de forma cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente. Les quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”, dijo el Presidente, sin censurar los silbidos provenientes del recinto ante la mención al máximo tribunal que le valieron un gesto de desaprobación de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sentado en el espacio reservado para los gobernadores.

El fallo de la Corte que en diciembre último otorgó de manera momentánea a la Ciudad una suba en la porción de impuestos nacionales que reparte el Estado Nacional entre todas las provincias y la Capital fue para financiar la policía porteña y no redujo el porcentaje que reciben los Estados provinciales sino la porción que le corresponde al Estado Nacional, de acuerdo con el fallo. Sin embargo, tanto el Gobierno como gobernadores oficialistas insisten en que la decisión del tribunal fue en detrimento del federalismo. Es que muchos de los recursos que le corresponden a Nación son luego girados a las provincias para obras públicas.

Este fallo fue la motivación del oficialismo para iniciar el proceso de juicio político contra los jueces de la Corte, un proceso que no tiene posibilidades de avanzar más allá de una investigación y un dictamen de acusación de la comisión parlamentaria, ya que el oficialismo no tiene los dos tercios de los votos en Diputados para formalizar la acusación ante el Senado, ni en entre los senadores para destituir a los jueces.

Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable, la Corte Suprema de Justicia aseguró de forma cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables

Alberto Fernández

“No hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia. Se solicita que se revise con todas las garantías y en las instancias que corresponde el desempeño de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dijo sobre el pedido de juicio político.

Con tono enérgico y ante los aplausos de pie y gritos de aprobación de los legisladores oficialistas, Fernández dijo: “La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible”.

Espionaje

Luego, el Presidente recordó sus pedidos para que avance su intento de reforma del sistema judicial, que ni siquiera fue apoyado por el oficialismo en Diputados. Resaltó un cambio central en los manejos del Ejecutivo con respecto a administraciones pasadas: 

“No existen operadores que en nombre del gobierno compran voluntades judiciales. Por impulso del Gobierno Nacional, no hay escuchas ni intromisiones en la privacidad de ningún ciudadano. El espionaje interno ya no existe”, pasaje que despertó reacciones de la oposición en el recinto, en medio de denuncias de hackeos y filtraciones de chats del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, cuyos responsables no han sido identificados.

Y se refirió a esas conversaciones filtradas: “Recientemente, tomó estado público lo que muchos describíamos y denunciábamos: la connivencia entre algunos magistrados, empresarios de medios de comunicación, ex agentes de inteligencia y políticos”.

La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible.

Alberto Fernández

Narcos

“Si aquella reforma de la Justicia Federal -la que envió Fernández en 2020 al Congreso y no se aprobó- hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio”, dijo Fernández.

Rosario necesita cinco jueces federales de distintas instancias. El Presidente acusó a la Corte, y en especial a Rosatti como presidente del Consejo de la Magistratura, porque desde hace un año el organismo no envía candidatos a jueces de Santa Fe, pero Fernández obvió decir que la provincia es una de las más afectadas por la falta de jueces y juezas federales desde hace años, incluso cuando su espacio político tenía mayor control del Consejo, y que el nombramiento de los jueces federales depende del acuerdo con el oficialismo y la oposición. 

ED

La Corte Suprema finaliza 2022 sin haber tratado un caso que fijará un antecedente clave para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: su sobreseimiento anticipado en el caso Dólar Futuro. La expresidenta debía atravesar un juicio oral y público por este caso de presunta administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública pero fue sobreseída de manera anticipada en abril de 2021.

Tras la queja del fiscal general Raúl Pleé, el caso llegó al máximo tribunal en junio de 2021 pero el expediente ni siquiera circuló por los despachos de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkranzt y Ricardo Lorenzetti, de acuerdo con los registros públicos del máximo tribunal y las consultas de elDiarioAR a fuentes directas de la Corte. 

¿Por qué es clave para la vicepresidenta? En primer término, por los plazos. ¿Cuánto tiempo se tomará eventualmente la Corte para analizar y dejar firme su condena en el caso Vialidad si aún no ha decidido sobre Dólar Futuro, que lleva dieciocho meses en el Palacio de Justicia?

En segundo lugar, si bien existen diferencias amplias entre Dólar Futuro y los casos del Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces, una decisión de la Corte podrá fijar precedentes sobre estos otros dos sobreseimientos anticipados que aún están pendientes de revisión. 

El caso Dólar Futuro se centró en una supuesta administración fraudulenta por los valores pactados por el Banco Central en contratos de dólar a término celebrados en 2015. Fernández de Kirchner no había sido denunciada pero el juez Claudio Bonadio la procesó y envió a juicio en la causa. 

En abril de 2021, tras varias idas y vueltas, la Sala I de la Cámara Federal de Casación -el máximo tribunal penal- sobreseyó por inexistencia de delito a la expresidenta y a los otros trece imputados, entre ellos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; y al titular del Banco Central, Miguel Pesce. 

El fiscal general Pleé solicitó entonces que la Corte revisara los sobreseimientos dictados por los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. 

La Corte no debe decidir sobre el fondo de la cuestión -si los acusados son inocentes o culpables de los delitos que se les imputaban- sino sobre si tiene competencia para revisar los sobreseimientos dictados a Fernández de Kirchner y los otros acusados y si entonces el juicio oral y público debe o no realizarse. Es decir: puede dejar firme el sobreseimiento de la vicepresidenta o revocarlo.

Si los jueces hacen lugar a la queja y fallan a favor del fiscal, podrían revocar los sobreseimientos y ordenar la realización del juicio. O podrían rechazar el planteo de Pleé por cuestiones técnicas (si correspondía o no presentarlo).

Una fuente de la Corte informó a este diario que, a priori, los jueces no se reunirían durante la última semana del año para firmar fallos y que el último acuerdo del máximo tribunal fue el del miércoles, cuando los cuatro ministros ordenaron que el Gobierno nacional le pague al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipable. Ese mismo día, los jueces dictaron un total de 273 sentencias y resolvieron 524 causas.

El fallo a favor de la Ciudad, que demoró poco más de dos años, elevó todavía más la ya instalada tensión entre la Corte y el Ejecutivo: el presidente Alberto Fernández anunció este jueves por la noche que no acatará la orden del máximo tribunal.

A diferencia de la demanda de la Ciudad, el caso Dólar Futuro nunca estuvo entre las prioridades de la Corte durante 2022, afirmaron fuentes cercanas a los ministros del máximo tribunal. El estancamiento del expediente lo confirma. Además, el máximo tribunal no tiene plazos y maneja los tiempos de sus decisiones.

Durante el último año, los jueces del máximo tribunal resolvieron 21.366 causas con el dictado de 8.409 sentencias, según los últimos datos de la Corte. La mayoría de estos expedientes son previsionales (jubilaciones y pensiones).

Movimientos

Los sobreseimientos en Dólar Futuro llegaron a la Corte el 16 de junio de 2021, hace más de dieciocho meses y el caso ha tenido desde entonces escasos movimientos. De hecho, ninguno de los cuatro jueces del máximo tribunal han visto o revisado formalmente expediente, ya que éste no ha circulado entre sus despachos o vocalías, de acuerdo con los registros públicos del sitio web del Poder Judicial de la Nación en el que puede seguirse la ruta de los expedientes.

Unas 48 horas después de haber recibido la queja del fiscal Pleé, los jueces de la Corte decidieron enviar el caso a la Procuración General de la Nación para que Eduardo Casal, jefe de los fiscales, dictamine sobre el planteo realizado por Pleé. Este paso es opcional para los ministros de la Corte, quienes sí decidieron que el Procurador interino debía opinar. No le fijaron plazos, como sí dispusieron en otros casos. 

Casal presentó su posición sobre el incidente dieciséis meses más tarde, el 1° de noviembre último, según consta en los registros públicos y en el dictamen publicado por el sitio web del Ministerio Público Fiscal. “Es un plazo intermedio comparado con otros dictámenes que han llegado a la Corte”, dijo una fuente de la Procuración ante la consulta de elDiarioAR por el plazo del dictamen. 

La postura de Casal tampoco es vinculante para los jueces de la Corte, quienes pueden seguir o no la línea planteada por el jefe de los fiscales.

El Procurador interino sostuvo que la Corte debe admitir la queja de Pleé y revocar el fallo de los jueces Figueroa, Petrone y Barroetaveña que terminó los sobreseimientos de la vicepresidente y el resto de los involucrados en la causa. 

Desde que el expediente regresó a la Corte, hace 53 días, se encuentra en la secretaría número 3, encargada de los casos penales que llegan al máximo tribunal. Allí, el secretario penal de la Corte trabaja con otros secretarios letrados que se especializan en distintos campos del derecho penal y son quienes intervienen para realizar un informe con una propuesta de resolución ante los jueces del máximo tribunal. Este informe tampoco es vinculante y los ministros pueden obviarlo en su análisis. 

Antes de la Corte

¿Cómo llegó el caso Dólar Futuro a la Corte Suprema? El fallecido juez Claudio Bonadio envió a Fernández de Kirchner y al resto de los imputados en el caso a juicio oral y público. El debate debía ser realizado por el Tribunal Oral Federal número 1. Luego de que el expediente llegara a dicha instancia, la defensa de Pesce solicitó que se realizara una medida de prueba complementaria que Bonadio se había negado a hacer: una pericia contable.

El tribunal aceptó el pedido y se la encomendó al Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema. El resultado: las operaciones de dólar futuro celebradas durante el 2015 coinciden con los precios de dos mercados institucionales -el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y el Mercado a Término de Rosario SA (ROFEX), tal como lo exige el artículo 18, inc. a) de la Carta Orgánica del Banco Central.

Con esa carta, varias defensas interpretaron que se confirmaba su postura: los funcionarios no habían cometido ningún delito. Entonces solicitaron al tribunal los sobreseimientos anticipados en base a la nueva prueba, pero dos de los jueces del tribunal rechazaron el planteo y siguieron adelante con el juicio.

Las defensas fueron en queja para insistir con los sobreseimientos y la nulidad del juicio ante el tribunal inmediatamente superior al tribunal oral federal: Casación.

En abril de 2021, la Sala I de la Casación, integrada por Figueroa, Petrone y Barroetaveña dictaron los sobreseimientos y anularon la realización del juicio oral y público.

En su dictamen, Casal sostuvo que los planteos de las defensas que llegaron a Casación y terminaron con el sobreseimiento de los acusados nunca debió haberse tratado porque la decisión del tribunal oral de seguir adelante con el juicio oral y público no era equiparable a una sentencia definitiva -circunstancia que amerita la intervención de Casación- y porque no restringía los derechos de los imputados, ya que ninguno estaba privado de su libertad y todos tendrían un juicio acorde a las reglas, sostuvo el jefe de los fiscales.

El jefe de los fiscales también dijo que “la decisión de Casación fue contrario a la conocida doctrina” de la Corte. “Los magistrados apoyaron sus opiniones exclusivamente en la valoración fragmentaria y aislada del informe pericial que se llevó a cabo en la instrucción suplementaria, sin relacionarlo ni cotejarlo con los restantes elementos incorporados al expediente y que constituyeron el sustento del impulso que tuvieron las actuaciones hacia la etapa del juicio oral”, afirmó Casal.

ED

El procurador Eduardo Casal pidió seguir investigando a Cristina Fernández de Kirchner por la causa “dólar futuro” y dar marcha atrás con el sobreseimiento de la vicepresidenta, al dictaminar que se debe revocar el fallo de la Cámara de Casación que dio por concluido el caso sin hacer el juicio oral.

El caso había sido impulsado por el gobierno de Cambiemos que acusaba a la expresidenta Cristina Kirchner y al exministro de Economía Axel Kicillof, además de otros funcionarios como Alejandro Vanoli, Sebastián Andrés Aguilera y Miguel Ángel Pesce, de haber defraudado al Estado a través de las operatorias de venta de dólar futuro entre agosto y noviembre de 2015.

En 2021, la Sala I de la Cámara federal de Casación sobreseyó a Cristina Kirchner, Axel Kicillof y los otros 13 acusados en la causa por voto unánime de los tres jueces Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa. Los magistrados consideraron que había una inexistencia de delito en las maniobras investigadas.

Pero según indicó La Nación el fiscal ante la Casación, Raúl Pleé, presentó un recurso extraordinario contra esa sentencia, que le fue denegado, por lo que concurrió ante la Corte Suprema de Justicia para que se reabra la causa y se haga el juicio oral y público.

En ese marco, la Corte le pidió su opinión al procurador Eduardo Casal, que consideró que corresponde revocar el sobreseimiento.

“Corresponde declarar procedente la queja, hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto y revocar el fallo apelado, a fin de que, por intermedio de quien corresponda, se dicte uno nuevo de acuerdo a derecho”, dijo Casal en un dictamen que no es vinculante para la Corte.

Casal sostuvo no hubo una mirada de conjunto sobre toda la prueba. Si bien son los jueces del caso los que deben apreciar la prueba, “la Corte puede conocer en los casos cuyas particularidades hacen excepción a esa regla con base en la doctrina de la arbitrariedad, ya que con esta se procura asegurar las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso”.

“A mi modo de ver, el pronunciamiento apelado no cumple con esa elemental condición de validez”, indicó. Y señaló que los votos de los jueces de Casación “no fueron resultado de un análisis de toda la prueba según las reglas de la sana crítica racional”.

Por el contrario, sostuvo que “los magistrados apoyaron sus opiniones exclusivamente en la valoración fragmentaria y aislada del informe pericial que se llevó a cabo en la instrucción suplementaria, sin relacionarlo ni cotejarlo con los restantes elementos incorporados al expediente”.

“La afirmación en el sentido de que dicho informe [pericial] eliminaba todo margen de duda y tornaba innecesario el juicio oral, a mi modo de ver, contiene sólo una fundamentación aparente y es causal de arbitrariedad”, dijo el procurador.

Por último, Casal recalcó que el juicio oral es “el ámbito propicio para, con la mayor celeridad posible -y sin afectación de la garantía del plazo razonable, escuchar e interrogar personalmente a los testigos y a los peritos, analizar exhaustivamente las diversas pruebas en conjunto, de manera armónica, e inquirir -con el provecho que se obtiene de la inmediación y el contradictorio- sobre las diferencias que pudieran existir entre el informe [pericial] en cuestión y los elementos que hasta ese momento dieron sustento al impulso de las actuaciones hacia esa etapa del procedimiento”.

NB

El presidente Alberto Fernández le contestó a través de una carta pública al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien le envió una misiva el pasado jueves “a fin de poner en su conocimiento la profunda preocupación que desde el punto de vista institucional han provocado sus expresiones en el programa A Dos Voces, emitido por la señal TN en la noche de ayer, acerca de la actuación del doctor Diego Luciani, Fiscal General”.

En la carta que tuvo acceso elDiarioAR, el Presidente señala que sus declaraciones sobre una “persecusión judicial y mediática” contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “pueden ser interpretadas en el sentido de querer condicionar el accionar de un funcionario y ello queda claro toda vez que fueron vertidas cuando el Fiscal de la causa ya había finalizado su alegato en el proceso”. Sin embargo, remata: “No obstante, es oportuno señalar que el Poder Judicial y sus magistrados y funcionarios no están ni podrán estar exentos de críticas y opiniones de una sociedad democrática”.

Fernández toma el ejemplo de Brasil, “donde el dirigente político Inácio Lula da Silva fue condenado y encarcelado injustamente, y por lo tanto proscripto para participar en las elecciones presidenciales”. Este caso lo lleva a mencionar que “tal como concluyó el Supremo Tribunal Federal de Brasil y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, fue en verdad una persecusión judicial, mediática y política que tuvo como finalidad impedir que Lula fuera candidato a presidente y condujera los destinos del país por el voto popular.”

El proceso penal que había encarcelado a Lula fue declarado nulo, pero para ese entonces las elecciones ya habían ocurrido con uno de los principales candidatos en prisión y sin posibilidad de participar de la contienda electoral.

Alberto Fernández — Presidente de la Nación Argentina

El Presidente se defendió diciendo “me he expresado en el marco de la libertad de expresión garantizado en la Constitución Nacional y sin infringir los límites establecidos en el artículo 109”, resaltando que “resulta de suma importancia que las opiniones que alertan sobre los peligros que pueden acechar a las democracias sean formuladas a tiempo y en forma pública porque el Estado de derecho no exime de críticas a los miembros del Poder Judicial”. “Incluido el Presidente de la Nación puede dar voz de alerta cuando observa que algún magistrado o funcionario se desvía de su obligación constitucional”, añadió.

A las palabras del Procurador, quien dijo que las expresiones de Fernández representan “un menoscabo a la independencia y autonomía de este Ministerio Público Fiscal”, el mandatario contestó: “Lejos de importar un 'menoscabo' a la independencia y a la autonomía, o una injerencia indebida en el proceso, mis declaraciones constituyen una expresión de lo que se observa en gran parte de la ciudadanía: que, a la hora de actuar, muchos magistrados y funcionarios de la justicia federal prestan más atención a determinados intereses fácticos y/o políticos que a las normas vigentes”, en una clara referencia a los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani, a quienes apuntó también el miércoles pasado en el programa A Dos Voces.

En esta línea, Fernández acusa al Procurador, quien “expresa su preocupación por una supuesta injerencia por parte del Presidente de la Nación en un proceso penal, pero no ha preocupado, ni visto injerencia alguna cuando el ex Presidente Mauricio Macri, estando en ejercicio del cargo, recibió al imputado Luis Chocobar en la Casa Rosada y, mientras transcurría el juicio en el que este terminó condenado, publicó en su cuenta de Twitter que 'lo acompañamos y que confiamos en que la justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía'.”

Alberto Fernández continúa su carta remarcando “un pedido expreso de destitución de un juez que recién comenzaba una importante investigación sobre graves acciones de espionaje ilegal”, haciendo alusión al ex Presidente Macri, quien “directamente instruyera a su Ministro de Justicia para que iniciara un juicio político al juez Alejo Ramos Padilla”. Para Fernández, esto “tampoco llamó la atención del Sr. Procurador” Eduardo Casal.

Además, el mandatario le recordó a Casal que “fue convocado por el Congreso Nacional por su complacencia con un fiscal que le permitió mantenerse en rebeldía por casi nueve meses y que luego resultó procesado en varias instancias”, referenciando pero sin mencionar al fiscal Carlos Stornelli, imputado en la causa por presunta asociación ilícita y extorsión a cargo del juez federal interino de Dolores, Martín Bava. Sí menciona a “el rol que tuvo el prófugo ”Pepín“ Rodríguez Simón y otros ex funcionarios en la llamada 'Mesa Judicial'”.

Teniendo en cuenta esto, Fernández dice que “el celo que muestra en su carta el Sr. Procurador Adjunto respecto del cuidado de los procesos penales hubiera sido importante, para la salud democrática de nuestro país, que se plasmara también en impulsar investigaciones transparentes”. Destaca “esta doble vara para medir hechos institucionales y esta sistemática asimetría en las posturas adoptadas por parte de algunos importantes magistrados y funcionarios de la Justicia Federal e incluso del Sr. Procurador Adjunto frente a los distintos actores políticos”.

El Presidente de la Nación concluyó su carta al Procurador General diciendo: “La democracia se nutre y se fortalece con las opiniones críticas, las que deben ser defendidas aún en fuerte disidencia. Nadie exige que se compartan esas opiniones, pero sí que puedan expresarse con libertad. Esta situación permitirá que no repitamos experiencias tan dolorosas como la que vivió el querido pueblo brasileño y que, en cambio, podamos vivir en libertad en el marco de una democracia fuerte y sana.”-

LC

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, jefe interino de los fiscales del país, envió este jueves una carta al presidente Alberto Fernández “a fin de poner en su conocimiento la profunda preocupación que desde el punto de vista institucional han provocado sus expresiones en el programa A Dos Voces, emitido por la señal TN en la noche de ayer, acerca de la actuación del doctor Diego Luciani, Fiscal General, al pronunciar su alegato ante el Tribunal Oral Federal n° 2” y también “en relación con el comunicado oficial de su gobierno del 22 de agosto último”, según el texto al que accedió elDiarioAR.

“Más allá del derecho a expresarse libremente de cada ciudadano en un ámbito de respeto y sin que esto implique una opinión sobre el fondo de la cuestión, es mi deber constitucional e institucional advertir que la vinculación que usted realiza entre ‘una persecución judicial y mediática’ y el debido cumplimiento de la representación que en nombre de este Ministerio Público ejerce por mandato legal el señor fiscal, implica una clara perturbación en el ejercicio de sus funciones”, afirmó Casal. 

Luego Casal escribió que, a su entender, esa “clara perturbación” también “se ve incluso agravada por las referencias peyorativas con que ha calificado su condición profesional”. 

Durante la presidente de Mauricio Macri, la fiscal general Gabriela Boquin había sido blanco de declaraciones, entrevistas y críticas de similar tenor por parte del entonces mandatario y de miembros de su gabinete de ministros frente a las acusaciones en la causa Correo Argentino SA. Pero esta es la primera vez que Casal envía una misiva de estas características al jefe de Estado, en clara señal de tensión entre los poderes. El propio Procurador ha sido objeto de denuncias del kirchnerismo y pedidos de juicio político, que no han prosperado.

El jefe interino de los fiscales aseguró en la carta a Fernández: “Corresponde exclusivamente al tribunal interviniente, al momento de dictar sentencia, juzgar acerca de la procedencia de la pretensión acusatoria por lo que, además, esas expresiones no sólo importan un menoscabo a la independencia y autonomía de este Ministerio Público Fiscal, sino que constituyen una injerencia indebida en el trámite de un proceso por cuya legalidad esta misma Institución también debe velar” y que “al mismo tiempo afecta el principio republicano de división y respeto de poderes”. 

Casal afirmó estar “convencido” de que “la adecuada ponderación” del contenido de su misiva al Presidente “contribuirá al fortalecimiento de las instituciones que rigen nuestra vida en sociedad”.

Luciani solicitó el lunes que Cristina Fernández De Kirchner sea condenada a doce años de prisión e inhabilitación perpetua al acusarla de haber sido la jefa de una asociación ilícita organizada para defraudar al Estado nacional a través del direccionamiento de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, que fueron adjudicadas entre 2003 y 2015 al empresario Lázaro Báez de manera irregular, siendo éste socio de la familia Kirchner.

Durante la entrevista del miércoles, el jefe de Estado dijo: “Le recomendaría (a Luciani) leer tratados de derecho penal. Por mucho que grite justicia o corrupción, lo único que hizo fue decir un sinfín de disparates”.

Y continuó: “Realmente alentar que le pueda pasar lo que le pasó a Nisman...hasta acá, lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani”.

Luego, subrayó nuevamente que lo hecho por Luciani le “pareció de una debilidad jurídica asombrosa”, al mismo tiempo que añadió: “Espero que la Justicia encause esta situación”.

“Es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un presidente de la Nación o el ministro de Seguridad, que deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos. No deben olvidarse de que representan a toda la ciudadanía”, dijo Luciani a elDiarioAR este jueves tras las declaraciones del Presidente. En medio de la tensión con el ejecutivo, el fiscal se encontraba este jueves al mediodía reunido con el jefe de los fiscales del país, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, y con su colega Sergio Mola, quien se sumó a su equipo para llevar adelante un alegato de nueve audiencias en el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner y otros doce acusado por presunta asociación ilícita y defraudación a la Administración pública.

Fernández de Kirchner siempre ha sostenido que se trata de “una causa fraguada” y que no ha cometido delitos.

ED

Luigi Ciotti es sacerdote, italiano, fundador y presidente de la organización Libera, una red de asociaciones de la sociedad civil italiana que lucha contra las mafias en su país. Francesco Menditto es fiscal de la República de Tívoli, Italia. La semana pasada, ambos llegaron a Buenos Aires para promover el Proyecto Bien Restituido, una iniciativa que busca sistematizar en Argentina el castigo económico a las organizaciones criminales, basado en el modelo italiano. Un modelo que tanto Ciotti como Menditto admiten que no es perfecto, que es producto de un arduo proceso que aún no culmina y que, si bien no ha logrado erradicar a las familias mafiosas, la corrupción y el narcotráfico en Italia, tiene en su haber la incautación de 4.000 millones de euros sólo en efectivo, acciones y valores generados por el crimen organizado.

El modelo se completa con la reutilización social de los bienes incautados: una vez secuestrados a los acusados, inmediatamente se destinan a un uso social sin esperar una condena. Si el acusado es encontrado inocente luego del avance del juicio, el bien le es restituido sin pérdidas para su dueño original, gracias a que fue reutilizado y puesto en valor, aseguró Menditto, quien además de ser fiscal penal, integra el Consejo Directivo de la Agencia Nacional para los Bienes Incautados y Decomisados, el organismo creado en Italia para poner orden y sistematizar la administración y entrega de los bienes incautados a mafiosos y corruptos.

Esta agencia es una de las bases del modelo italiano y no nació de la iniciativa de las autoridades sino de Libera. Se creó por ley en 2010, integrado por representantes de los ministerios de Justicia -en este caso es Menditto-, Economía, Interior y Políticas Sociales, y de la Fiscalía Nacional Antimafia. Tiene un consejo consultivo con miembros de la sociedad civil, los municipios, sindicatos y entidades empresarias.

A los mafiosos, el castigo económico les duele más que la cárcel, aseguran Ciotti y Menditto. “Un bien reutilizado con fines sociales es más importante que una comisaría. La policía es importante. Pero cuando los jóvenes pueden trabajar y ganar honestamente y bien por su trabajo y a través de actividades sociales en el territorio, allí se respira la legalidad y se respira la presencia del Estado”, aseguró Menditto en una entrevista con elDiarioAR.

El fiscal también asegura que la experiencia italiana demuestra que el castigo económico pega más en las mafias que la cárcel. “Estamos convencidos de que la prisión es muy importante, pero si les quitamos el dinero, se vuelven débiles y temerosos”. “La prueba es que en los procesos patrimoniales que se realizan para quitarles el dinero, la mafia pone muy buenos abogados defensores que hacen de todo para evitar el decomiso porque para ellos el decomiso es un daño enorme, mientras que la prisión es temporal, salvo excepciones”.

“El poder de la mafia está fuera de la mafia: en segmentos de la política que hacen negocios y tienen intereses juntos por consenso, los profesionales, abogados, contadores, financistas que colaboran con la mafia”, afirmó Ciotti a este medio “Hoy, en Italia, la mafia mata menos, dispara menos, pero eso no significa que la mafia sea más débil”, aseguró el sacerdote y dirigente social. Ahora, dice, son “gerentes” de sus negocios.

Cómo funciona

En Argentina, Bien Restituido es impulsado por Libera junto a tres organizaciones locales (Fundación Multipolar, el Circolo Giuridico de Argentina y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ); es financiado por la Delegación de la Unión Europea en Argentina; y busca que la incautación y reasignación social de los bienes del narcotráfico, la trata de personas, la corrupción y otros delitos del crimen organizado se realice de manera inmediata y sistematizada. En Argentina, actualmente, esa asignación queda a discrecionalidad de cada juez.

Es un camino arduo, afirman los italianos, pero es posible si existe el consenso de las fuerzas políticas y de los distintos poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Requiere además, una ley y una reforma que permita la creación de una policía judicial que respondan a los fiscales que investigan.

De unos 30.000 departamentos y terrenos confiscados y con sentencia firme, 20.000 ya están destinados a fines sociales en Italia. Otros 30.000 departamentos, terrenos y villas están en proceso de incautación, explicó Menditto. Se suman unos 12.000 vehículos (automóviles, aviones, veleros, barcos, motos, Ferrari y Porsche) confiscados definitivamente y otros 20.000 incautados en proceso. Además, Italia confiscó de manera permanente unas 3.000 empresas -de bares y supermercados constructoras, inmobiliarias, y hasta una cadena de servicio de limpieza y una compañía portuaria con bienes valuados en 250 millones de euros-, afirmó el fiscal. A la calculadora, se suman los 4.000 millones de euros en efectivo, acciones y valores.

Esos números sonaron como música para los oídos de algunos funcionarios, legisladores e intendentes que escucharon a Ciotti y Menditto durante la última semana. Ambos italianos fueron recibidos por Sergio Massa, Gustavo Béliz y Martín Soria hasta Cristian Ritondo y otros diputados de la oposición-; por el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal; y las Abuelas de Plaza de Mayo. Menditto explicó cómo funciona la agencia que administra la incautación de los bienes y su entrega con fines sociales.

¿Qué tipo de uso social se le da a los bienes?

Por ejemplo, recientemente hemos destinado propiedades inmuebles a mujeres víctimas de trata. En Italia, el número de teléfono nacional para que las mujeres víctimas de violencia pidan ayuda es gestionado por una asociación que tiene su sede en una propiedad confiscada. Y nos dimos cuenta de que, por ejemplo, los municipios usan mucho estos bienes confiscados incluso para personas que no tienen vivienda. El Municipio también puede arrendar estos bienes por un período y tener una renta. Pero hay que reutilizar ese resultado económico con fines sociales. También podemos asignar el bien, y esto es muy reciente, directamente a las asociaciones civiles. Y por tanto hay una convocatoria transparente en la que participan.

¿Cómo garantizan que la administración de estos bienes sea transparente y no caiga en la discrecionalidad?

En 2017, hemos establecido de forma clara y transparente cómo la Agencia debe asignar los activos. Así que tenemos reglas muy claras. Primero se consulta a los municipios. Si el municipio donde se encuentra o se incautó el bien lo quiere y tiene un proyecto de uso social del inmueble, se le asigna al municipio. Si no, a la Provincia o al Estado. 

A pesar de los avances, el miedo no ha dejado de ser una variable de la ecuación. “Uno de los problemas que tenemos es que los municipios no siempre quieren los bienes decomisados -explicó Menditto- porque a veces no hay disponibilidad, porque a veces hay zonas de infiltración mafiosa particular donde no hay voluntad de pedir los bienes. Hubo una serie de actos vandálicos contra los bienes. Sin embargo, la sociedad civil y las asociaciones que reutilizan los bienes decomisados, son centinelas del territorio y nunca se rinden, nos han ayudado mucho en esto. Libera no solo nos dio la ley sobre la reutilización de los bienes decomisados, sino que también nos permitió concretarla”, sostuvo el fiscal.

En Buenos Aires

Ciotti y Menditto también disertaron ante jueces y fiscales federales; representantes de sindicatos; cámaras empresarias; la Conferencia Episcopal; Caritas; miembros de las comunidades judía y musulmana; y ONGs. Los acompañó la jueza italiana Paola Di Nicola, de la Casación en Roma, y especialista en el rol de las mujeres en la lucha contra las mafias. En Argentina, los recibió el juez federal Sebastián Casanello.

Ciotti es activista social en Italia desde los 17, incluso antes de ordenarse sacerdote. En 1995 fundó Libera, una red de asociaciones de la sociedad civil que impulsó la ley que finalmente sancionó el Parlamento italiano en 2007 y permitió incautar y dar uso social a los bienes de la mafia de forma inmediata.

Entre las distintas estrategias de Libera en la pelea por el territorio copados por el delito organizado, Ciotti contó que su organización lleva a los jóvenes a las audiencias de los juicios y condenas de los mafiosos para que escuchen y vean de primera mano cómo terminan esos capítulos en los que pierde el crimen organizado.

¿Cómo se convence a una persona de desoír el llamado del crimen organizado cuando nació en la pobreza y ni siquiera un trabajo le garantiza la superación económica? Es lo que se preguntan desde hace años los especialistas en Rosario, Santa Fe, a medida que el narco y la violencia se come la calle y capta a los más jóvenes. Una de las formas centrales que encontró Libera es la reutilización social del patrimonio de la mafia, explicó Ciotti.   

En unos campos confiscados a la mafia en el sur de Italia, la asociación formó cooperativas de trabajo. Tras años de ensayo, prueba y error, hoy producen y venden en los supermercados sus productos con una marca propia reconocida por los italianos: vino, galletas, pastas, mozzarella de búfala. “Este año, la mozzarella de búfala de una de las cooperativas de esta red fue premiada como la mejor en superventas italianas. Entonces son los hechos, la concreción que habla. Necesitamos inundar nuestros territorios con confianza y esperanza. La gente necesita encontrar cosas concretas. De palabras, está cansada”, aseguró Ciotti.

La pandemia trajo otro fenómeno: ante la crisis económica que provocó el Covid-19, la mafia comenzó a comprar hoteles y pizzerías que cerraban porque no podían sostenerse, afirmó el presidente de Libera.

¿Cómo fue el encuentro con los diputados y funcionarios argentinos?

Fui directo. Les dije que hicieran un movimiento, que es urgente abordar estos problemas, que deben asumir sus responsabilidades. Debemos quietarles los bienes a los que están ejerciendo la violencia y actuando ilegalmente, a los que explotan a los demás. Deben ser devueltos al uso social, deben volver al bien del pueblo. Si no, son solo palabras.

Italia también tiene un interés en fomentar el decomiso sistematizado y ordenado en países como Argentina. Menditto contó: “Tenemos escuchas telefónicas donde los líderes de la mafia hablan entre ellos y dicen muy claro que temen las confiscaciones en Italia y que por eso se van al extranjero porque las confiscaciones no se hacen en el extranjero. Y los líderes de la Ndrangheta hoy están por toda Europa, están en varios países extranjeros. Si bien no podemos hablar de investigaciones en curso, buena parte del lavado de dinero de la Ndrangheta y la mafia se está dando en América Latina”.

La Iglesia también se está reorganizando para dar señales fuertes. A los grandes jefes no les importa la excomunión.

Luigi Ciotti.

El Papa

Jorge Bergoglio, quien envió una carta en apoyo al Proyecto Bien Restituido, que se leyó el martes último en la Facultad de Derecho frente a actores de todos los poderes: “Reconozco la importancia de este encuentro y me alegra verlos reunidos para buscar soluciones prácticas que ayuden a reparar el daño que el crimen organizado produce en la sociedad”, dijo el Papa Francisco a los jueces, fiscales y funcionarios reunidos para escuchas a los italianos. Ciotti tiene una excelente relación con el Sumo Pontífice.

¿En qué ha ayudado el Papa en esta lucha?

Su ayuda ha sido excelente. Unos meses después de que el Papa fuera elegido, le pregunté si estaba dispuesto a conocer a mil familiares de las víctimas inocentes de la violencia criminal en las calles. Y el Papa me dijo: “Voy”. Francisco se reunió con ellos y los escuchó. Les agradeció porque muchos de ellos van a las cárceles a llevar la palabra y ocuparse. Transformaron su dolor en compromiso, en testimonio. Después, Francisco se dirigió a los grandes ausentes, a los hombres y mujeres de la mafia: “Arrepiéntanse y cambien. Si no lo hacen, esto se convierte en un infierno”. El fin de la Iglesia es que todos se puedan convertir.

Muchos hombres de la mafia son hombres en apariencia religiosos. ¿Alguna vez evaluó la Iglesia excomulgarlos como un mensaje a toda la sociedad italiana? ¿Qué opina de eso?

No, la excomunión debe tener una función médica, debe ayudar a ser un estímulo, debe ser el último recurso. En el mensaje que el Papa ha enviado para estos días habla de justicia restaurativa. La Iglesia también se está reorganizando para dar señales fuertes. A los grandes jefes no les importa la excomunión. Tienen la idolatría del dinero, se sienten del lado correcto. Se ha creado un grupo de trabajo para proponer que en el derecho canónico, en la doctrina social de la Iglesia, en el catecismo, se explique qué son estos juegos criminales porque no hay nada escrito. Siempre con el fin de trabajar por la conversión.

ED

Eduardo Casal “no tiene la legitimidad y la fuerza que tendría un procurador o una procuradora elegida como indica la Constitución”. El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, habla de su jefe, el procurador general interino de la Nación, superior de todos los fiscales del país. 

No suele dar entrevistas ni generar polémicas y cultivó siempre un perfil bajo en los medios, pero en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, instaurado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 9 de diciembre, recibe a elDiarioAR en la sede de su fiscalía, en el barrio de Once. 

Su rol es poco conocido pero es central. Desde 2014, Rodríguez está a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), una unidad del Ministerio Público Fiscal especializada en irregularidades y delitos contra la Administración Pública y pensada para asistir a los fiscales en sus investigaciones contra funcionarios del Ejecutivo nacional.

La PIA es la única fiscalía que puede intervenir en todas las instancias y en todo el país, desde la instrucción hasta la Corte Suprema, y por eso tiene el poder de apelar el cierre de una causa de presunta corrupción hasta el final, siempre y cuando le hayan dado intervención en el caso. 

Rodríguez dice lo que piensan muchos fiscales: que el poder político está jugando con una figura clave. Desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó, a finales de 2017, el cargo de procurador quedó vacante y ni el gobierno de Mauricio Macri ni el de Alberto Fernández han podido pasar los filtros del Senado para lograr el nombramiento de sus candidatos. Fernández ni siquiera logra consenso con el kirchnerismo para nombrar al juez Daniel Rafecas para la función. 

El fiscal afirma que la matriz común de corrupción en los distintos gobiernos es entregarle los grandes negocios a los amigos y reclama la aplicación “urgente” del sistema acusatorio en el fuero federal penal de todo el país para que los fiscales lideren las investigaciones y los jueces sólo juzguen.

Mientras la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner logró sobreseimientos anticipados y tres de sus juicios pendientes fueron anulados, Rodríguez -quien fue propuesto para el cargo que ocupa por la entonces presidenta- sostiene que si una causa llegó a la etapa de juicio oral y público ese proceso debe realizarse. Habla del caso de los cuadernos, del vacunatorio VIP y de los sobreseimientos a Horacio Rodríguez Larreta y a exfuncionarios de Mauricio Macri en la causa Paseo del Bajo; de la grieta en los tribunales; de las presiones; y de la Oficina Anticorrupción. “En la práctica, en la PIA somos el organismo de control más eficiente del Poder Ejecutivo, aunque seamos fiscales”, afirma.

No habla sólo de los políticos. Asegura que “el poder económico es el verdadero poder” y que influye sobre la Justicia. 

¿La corrupción prevalece porque hay leyes ineficaces o inadecuadas y falta de recursos para investigar o tiene que ver con cómo los jueces y fiscales interpretan o aplican esas leyes?

Para mí claramente tiene que ver con la opción dos. Sabemos que la corrupción es un fenómeno que afecta a cualquier tipo de sociedad y es transversal, globalizado, transnacional. La diferencia entre los distintos países es el grado de impunidad de esos hechos. La estructura legislativa que tenemos en la Argentina alcanzaría como para tener un sistema eficaz en la lucha contra la corrupción, si bien siempre hay que modificarlo, complementarlo. Tenemos la herramienta del colaborador eficaz (“arrepentidos), que es una ley muy discutida desde el punto de vista ético, moral, pero muy necesaria. Pero todavía no tenemos una ley de protección para denunciantes de corrupción. Generalmente, cuando se esclarece un hecho de corrupción es porque alguien que no estaba en el mapa sale a hablar.

¿Qué otros cambios se necesitan?

En diciembre de 2014 se sancionó un sistema acusatorio que siete años después no está en vigencia, solamente funciona en dos provincias. Esto no puede suceder. Yo comprendo que es difícil, que hay que hacerlo gradualmente y que se necesitan recursos. Pero se tomó la decisión política de instrumentar un sistema acusatorio, en consonancia con la tendencia mundial, para que seamos los fiscales los que desarrollemos la investigación, oral, rápida, con inmediatez, y que el juez sea el que le dé garantía a ese sistema, solamente escuchando y resolviendo...

Un juez que no investiga y que actúa como alguien imparcial frente a las pruebas...

Pero es lógico. El sistema que tenemos ahora nació mal y sus resultados no fueron lo eficiente que debieran haber sido. Probar el hecho es un problema del fiscal, no del juez. Necesitamos ya tener vigente el sistema acusatorio.

El sistema que tenemos ahora nació mal y sus resultados no fueron lo eficiente que debieran haber sido. Probar el hecho es un problema del fiscal, no del juez. Necesitamos ya tener vigente el sistema acusatorio.

¿Hay falta de voluntad política para hacer esta reforma en todo el país?

Es probable. No lo puedo asegurar, pero no tengo muchas opciones para pensar. Puedo pensar en una falta de recursos. Lo que sucede es que la falta de recursos también obedece a los niveles de prioridad que se le da a un tema. Si nosotros tenemos sancionado un Código Procesal Penal Acusatorio desde diciembre de 2014 y luego sacamos un decreto suspendiendo la aplicación de la ley y nunca más vuelven sobre el tema, ¿por qué no se implementa?, ¿a quién no le conviene? Puede hablarse de corporaciones, puede hablarse de que los jueces no quieren perder el poder. Para mí no pasa por ahí porque el juez tiene el rol de juez y lo va a seguir teniendo siempre. Así que si me preguntás, es probable que sea por falta de voluntad política y me parece que es algo transversal a distintos gobiernos porque desde que se sancionó el código ya pasaron tres gobiernos.

¿Los fiscales argentinos están preparados para asumir esa responsabilidad?

Yo creo que sí, y si no, nos deberemos preparar. De hecho, muchos de nosotros nos estamos preparando ya hace unos cuantos años, haciendo cursos, leyendo, viendo legislación comparada, viendo cómo funciona en otros países. Si uno no está preparado hay dos caminos: se va o se prepara. Es como en todas las profesiones, hay fiscales buenos, malos y regulares, pero en líneas generales yo creo que tenemos muy buenos y muy buenas fiscales en la Argentina.

El Procurador General de la Nación es el jefe de los fiscales y quien dirige la política del Ministerio Público Fiscal. El kirchnerismo quiere sacar al jefe interino, Casal, y cambiar la ley que rige su designación, la duración del cargo -que no sea vitalicio- y el mecanismo para su destitución. ¿Está de acuerdo con esas modificaciones de la ley?

No sé si estoy de acuerdo con esa ley, pero sí estaría de acuerdo totalmente con que el Procurador General de la Nación tenga un mandato no vitalicio, es decir, temporal, como sucede en la mayoría de los países. Hasta me parecería sano que su mandato temporal sea renovable por un segundo período, pero no vitalicio. El fiscal sí necesita esa estabilidad, esa tranquilidad para tomar las decisiones que corresponde, sabiendo que no va a afectar su autonomía, su estabilidad. Sí considero que (el procurador), por la jerarquía del cargo, tiene que ser un candidato de consenso, que si bien sea designado por el titular del Poder Ejecutivo, cuente con el aval de la mayoría del Senado. Y ni que hablar para tratar una eventual destitución. Lo que sí no se puede sostener más es que no tengamos un procurador o una procuradora elegida de acuerdo a lo que indica la Constitución Nacional. 

¿Por qué?

Eduardo Casal es actualmente el procurador interino, de acuerdo a la ley. No es que lo metieron ahí o es un usurpador, sino que por la antigüedad y por la vigencia de la ley del Ministerio Público corresponde que él esté en el cargo. Además, es un hombre de muchos años en la Justicia de gran valor técnico. Yo lo respeto. Pero es claro que no tiene la legitimidad y la fuerza que tendría un procurador o una procuradora elegida como lo indica la Constitución Nacional. El Ministerio Público Fiscal podría estar muchísimo mejor de lo que está actualmente. No se puede demorar más en la designación de un procurador general y la instauración del sistema acusatorio. Es la llave para empezar a cambiar y a mejorar cuestiones, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción.

El procurador, por la jerarquía del cargo, tiene que ser un candidato de consenso, que si bien sea designado por el titular del Poder Ejecutivo, cuente con el aval de la mayoría del Senado. Y ni que hablar para tratar una eventual destitución.

¿Qué podría cambiar con un procurador o una procuradora elegido con el aval del Senado? 

Por ejemplo, coordinación entre distintos fiscales y procuradurías. Es como que cada dependencia está funcionando por el impulso propio que le da el fiscal titular. Pero esto no alcanza. No alcanza porque el Ministerio Público Fiscal es único, es indivisible, es una parte en el proceso. Al imputado no le interesa si está Sergio Rodríguez u otro fiscal, es el Ministerio Público Fiscal. Desde la Procuración, tenemos que ver por qué  no avanza el sistema acusatorio, qué recursos faltan. Cuando se implementó en Salta y en Jujuy, la Procuración hizo un buen trabajo y en esas provincias está funcionando muy bien. Hay que replicaron en todo el país de manera urgente. Alguien tiene que ejercer esa representación directa ante las autoridades legislativas y del Ejecutivo y exigir lo que la ley manda. Por otro lado, tenemos casi el 40% de las fiscalías vacantes, un sistema así no puede funcionar. Estar interino en un cargo, sin saber hasta cuándo estoy, también ofrece una debilidad institucional. No es lo mismo estar sentado en esta Procuraduría sabiendo que fue por concurso, y que para removerme tienen que acreditar que cometí un delito o que desempeñe mal mis funciones. Las leyes y los remedios están, hay que ejecutarlos.

¿Cree que Casal no tiene esa impronta? ¿No puede?

Claro, pero no Casal, cualquiera. Si yo fuese procurador interino tampoco la tendría porque se necesita de todas las herramientas que te da la legitimidad de haber sido designado como corresponde, con el consenso de la mayoría del arco político que representa a la mayoría de la sociedad, oposición y oficialismo. El procurador ya lleva cuatro años de interino. ¿Y hasta cuándo? Yo me pongo en el lugar del procurador interino. El sistema tal cual como está no deja de ser un sistema débil, desde mi punto de vista.

Pero si el procurador interino ejerce su cargo legalmente, ¿no debería sentirse con el poder suficiente como para avanzar con los concursos y los cambios?

No sé, yo me remito a los hechos. ¿Por qué hay tantas vacantes y no hay concursos? Porque para avanzar se necesita voluntad política que excede al procurador. En esta posición intermedia es complicado. Por ejemplo, si tengo pensado elevar al procurador un proyecto de planta de personal, de estructura de la PIA totalmente distinto a lo que es ahora, y... no lo hago porque sé que le voy a presentar algo a alguien que no lo va a poder resolver.

¿Tiene preferencia por algún candidato o candidata?

No corresponde, y si me preguntas por (el juez Daniel) Rafecas, creo que tranquilamente puede ser el procurador, tiene todas las condiciones para hacerlo, pero pueden serlo muchos. Hay varios. El tema es tener uno.

El tema está trabado en el Senado. ¿Cree que la política podrá nombrar a un nuevo jefe o jefa de fiscales?

Soy pesimista, al menos por los próximos dos años. Tiene que ver con una cuestión de negociación del poder que uno no comprende. Nuestras cabezas, al menos la mía, no está seteada como para entender esos juegos de poder de la política. Pero todo me hace pensar que es muy difícil que se llegue a un acuerdo. 

El juez Daniel Rafecas tranquilamente puede ser el procurador, tiene todas las condiciones para hacerlo, pero pueden serlo muchos. Hay varios. El tema es tener uno.

Dijo que se tienen que mantener la exigencia de los dos tercios del Senado para aprobar al candidato del Presidente en lugar de la mayoría absoluta que quiere imponer el kirchnerismo (el voto de más de la mitad de los presentes)...

La aprobación de los dos tercios de los senadores también me parece una garantía de consenso, que es lo que no estamos pudiendo tener desde hace muchísimos años. Esa es la garantía que hasta ahora le vino dando a los distintos procuradores esa entidad o independencia. Y por supuesto, es evidente que algún problema hay y yo hoy lo ubicaría más del lado de la clase política. Pero es un problema que hay que superar porque afecta directamente la institucionalidad de uno de los poderes del Estado.

¿Qué cree que se disputan los políticos en la elección del procurador?

Puede haber un poco de todo, pero decir que el que “controla” al procurador controla a los fiscales es no comprender cómo funciona el sistema. El procurador general no puede bajar instrucciones específicas de un caso a un fiscal y esto no sucede en la práctica.

Sin embargo, distintos procuradores han sido señalados por supuestas presiones o persecuciones a fiscales que investigaban al poder de turno. ¿Realmente este sistema garantiza la independencia de los fiscales o termina dependiendo de la voluntad de cada uno?

Hay un poco de las dos cosas. Estos son lugares sensibles porque investigamos el poder y las presiones existen. Lo que debería ocurrir es que el sistema blinde al fiscal de esas prisiones lo más que se pueda. Siempre, en última instancia, está la fortaleza y la independencia del propio funcionario, que es el centro de todas las cuestiones. Todo depende de la tranquilidad de conciencia que tenga uno. Las presiones se superan siempre que uno haga lo que corresponda. Y además de eso, están los resortes institucionales para protegerlo a uno, como la Asociación de Fiscales. En el ámbito provincial, tenemos casos de narcotráfico, donde hay amenazas muy fuertes a los fiscales. También existen ataques velados de corporaciones políticas y económicas. Y ahí la Procuración también tiene que ser fuerte en respaldar a sus fiscales. 

A usted lo propuso para este cargo la entonces presidenta Fernández de Kirchner en 2014. Había ganado por concurso y asumió con acuerdo del Senado. Gils Carbó era la jefa de los fiscales. ¿Cómo influye la grieta en los tribunales?

Cuando yo asumí advertía algún tipo de prejuicio. Lo más importante es que el candidato que el Presidente o la Presidenta elija tuvo que haber ganado un concurso. Es decir, es imposible estar en este lugar que coyunturalmente ocupo yo, sin estar preparado para el cargo. Yo lo que me propuse era ganar la confianza de mis colegas con mi trabajo, y a lo largo de estos siete años puedo decir que el objetivo se está cumpliendo, porque te aseguro que nos están pidiendo colaboración todos los fiscales federales, los de Comodoro Py y los del interior. Nuestra principal fuente de trabajo son las colaboraciones que nos piden nuestros colegas.

¿Hay un abismo entre la realidad que enfrentan los fiscales de Comodoro Py con los fiscales federales de las provincias a la hora de investigar la corrupción?

Necesitamos colaborar con ellos. Yo soy Sergio Rodríguez y no me conoce nadie, más allá de alguien que esté en el sistema. Al fiscal federal de una provincia lo conoce todo el mundo. Se interrelaciona con todos los ámbitos de poder político, económico y a veces tomar una decisión en un caso importante le es sumamente complejo. Es un desafío mucho más grande para ellos por su situación demográfica. 

La matriz (de corrupción) que más observamos es los temas importantes, de mayor involucramiento de dinero, es el favorecimiento a los amigos y los direccionamiento de contrataciones a determinados grupos.

La Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) son dos organismos de control clave en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, desde que asumió Alberto Fernández renunciaron a querellar en las causas contra la vicepresidenta o en casos clave de presunta corrupción. ¿Deberían haber continuado?

Yo lo veo como perfiles que el titular le quiere dar al organismo y esto quedó claro en las distintas gestiones que tuvo la OA. Participé de la etapa fundadora del organismo. Nació como un organismo de control del Poder Ejecutivo y funciona en la medida en que el Poder Ejecutivo quiera ser controlado. Y ahí es donde falla la Oficina Anticorrupción. Tampoco debería ser tan discrecional la designación y remoción de su titular. En la práctica, en la PIA somos el organismo de control más eficiente del Poder Ejecutivo, si bien nosotros somos fiscales e integramos el Ministerio Público Fiscal. Retirarse de los juicios, de las querellas (tras el cambio de gobierno) siempre ocurrió. Laura Alonso dijo que no querellaba en las causas contra el gobierno que la designó para que no la acusen de encubridora. Félix Crous dice que para llevar adelante la acusación están los fiscales y tiene razón. Y lo cierto es que la Oficina Anticorrupción tiene la facultad para ser querellante cuando está en juego el patrimonio del Estado. Pueden utilizarla o no. No es una obligación. Para mí lo más valioso de la OA son las atribuciones que tiene en el ámbito de la transparencia, el estudio de los conflictos de intereses, de las incompatibilidades, el nombramiento y análisis de las declaraciones juradas patrimoniales de todos los funcionarios. 

¿Cada espacio político o gobierno tiene su propia matriz de corrupción?

Sí, puede ser, pero en los hechos que investigamos nosotros, generalmente, la cuestión siempre pasa por el tema económico. Hace casi 7 años que estoy en este lugar y la matriz que más observamos es los temas importantes, de mayor involucramiento de dinero, es el favorecimiento a los amigos y los direccionamiento de contrataciones a determinados grupos. 

Han intervenido en casos como Ciccone (kirchnerismo) Paseo del Bajo y Correo Argentino SA (macrismo), Vacunatorio VIP (gobierno actual) y Odebrecht, que atraviesa al poder económico y distintos espacios políticos. ¿Por qué no investigaron Hotesur, Cuadernos o Autopistas?

En principio nosotros para intervenir esperamos que el fiscal del caso nos pida ayuda, colaboración. En el 99% por ciento de nuestros casos, intervenimos por pedidos de colaboración de los fiscales. ¿En qué otros casos nos metemos? En casos que hemos hecho una investigación preliminar, como el caso del vacunatorio. En el caso Cuadernos nadie nos pidió colaboración. La Procuración en su momento armó un equipo de trabajo con Carlos Rívolo, Fabiana León y Carlos Stornelli. Nosotros no fuimos convocados y no nos podemos meter en una causa que no conocemos y si no nos dan participación. Sí hicimos algunos aportes cuando teníamos hallazgos en otras causas que estábamos investigando y se lo dirigimos a Stornelli por si le servía a su causa. Nosotros no queremos entorpecer la estrategia de investigación del fiscal sino colaborar. 

En el caso del Vacunatorio VIP la PIA apeló el cierre del expediente...

Hicimos una investigación preliminar y le ofrecimos colaborar al fiscal (Eduardo) Taiano y trabajamos muy bien. Nos sorprendió una resolución de la jueza (María Eugenia Capuchetti) que puso fin a la investigación con criterios atendibles y lógicos. Nosotros respetamos mucho el trabajo de la jueza, pero no coincidimos porque estimamos que aún faltaban desarrollar medidas probatorias importantes para determinar si era un problema ético no punible, como planteó. Y para nosotros todavía no está claro. Por eso es que decidimos que había que continuar. En su momento el fiscal Taiano estuvo de acuerdo con el criterio de la jueza. Yo hablé con Taiano y nos pareció bien que la PIA recurra esa resolución. Así lo hicimos. La Cámara resolvió de acuerdo a nuestro criterio y ahora estamos trabajando a la par con el fiscal. 

Creo que el verdadero poder es el económico, las corporaciones económicas. El poder económico influye directamente sobre la clase política, sobre la clase gobernante, sobre los operadores judiciales.

La PIA también apeló, junto con la fiscal Alejandra Mángano, los sobreseimientos de Rodríguez Larreta y exfuncionarios de Macri por la licitación de la obra del Paseo del Bajo por considerar que fueron “prematuros”. Ahora están esperando una decisión de la Cámara Federal de Casación para ver si se reabre la causa...

También fue una causa que se inició aquí por una denuncia que hizo la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí desarrollamos toda la estrategia junto a la fiscal Mángano. Bonadío cerró el expediente sin hacer la mayoría de las medidas de pruebas que nosotros proponíamos. Apelamos conjuntamente con Mángano pero la Cámara Federal confirmó los sobreseimientos. Allí empieza a intervenir el fiscal ante la Cámara, José Agüero Iturbe, quien también apoyó la reapertura de la causa, al igual que el fiscal de la Casación Mario Villar. En este caso, el Ministerio Público Fiscal tuve siempre el mismo criterio.

Después de siete años investigando la relación entre el poder político y el poder económico. ¿Cómo es el rol de cada uno en la matriz de corrupción de la Argentina?

Creo que el verdadero poder es el económico, las corporaciones económicas. El poder económico influye directamente sobre la clase política, sobre la clase gobernante, sobre los operadores judiciales, y lo difícil en la corrupción es mitigar el poder, y el poder no sólo es el político. Por eso es que necesitamos estas herramientas legislativas, como la figura del colaborador eficaz y la protección del denunciante de hechos de corrupción. 

ED

Aunque está curtido por los años, Alberto Binder permanece todavía en estado de incredulidad. El sobreseimiento de Paolo Rocca y los directivos de Techint Luis Betnaza y Héctor Zabaleta que firmó el juez federal Julián Ercolini en la causa Cuadernos superó todos los antecedentes en la materia y confirmó que al poder económico no lo tocan las generales de la ley. Hace casi un mes, Ercolini benefició a la cúpula de la multinacional siderúrgica, todos arrepentidos confesos de haber pagado coimas durante el kirchnerismo. Lo hizo en el mismo fallo que confirmó el procesamiento del ex funcionario Roberto Baratta, con el argumento de que hicieron los pagos ilegales bajo “estado de necesidad” y con el objetivo de que el gobierno del Frente para la Victoria hiciera gestiones ante la Venezuela de Hugo Chávez en medio del proceso de expropiación de Sidor.

Profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal en la UBA y asesor técnico en los procesos de reforma judicial en Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala y República Dominicana, Binder prepara una presentación contra el fallo de Ercolini por considerarlo “cosa juzgada irrita”, producto del prevaricato. “Es una decisión totalmente inválida, nula, porque se dicta a sabiendas de que es una medida irregular”, dice. El presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) no sólo cuestiona al juez sino también a una serie de actores que avalaron a Ercolini: primero, el fiscal Carlos Stornelli y el ministerio Público Fiscal que sigue a cargo de Eduardo Casal porque no apelaron la medida; después, a la Unidad de Información Financiera, de Carlos Cruz, que lo hizo tarde y en forma incorrecta; finalmente, a los grandes medios de comunicación y a la oposición que suelen tener el tema de la corrupción como prioridad y en este caso hicieron un silencio abrumador.

Reapareció Paolo Rocca en el Día de la Industria planteando que la salida de la Argentina no es con planes ni con empleo público. ¿Qué impresión le genera?

Es muy sintomático. El empresariado argentino no tiene vergüenza en hablar de la decadencia pero muy rara vez se le va a escuchar una autocrítica por haberse aprovechado de un Estado prebendario. Se trata de una participación muy consciente y cómplice en un esquema de corrupción muy profundo. Más allá de que los Cuadernos fue una operación de inteligencia, por virtud, por negocio o por miedo decenas de los empresarios más poderosos de la Argentina han confesado ser parte de este esquema de la peor de las corrupciones. La Constitución de 1994 considera ese tipo de corrupción como un grave atentado a la democracia en su artículo 36. Rocca, Betnaza y Zabaleta estaban imputados por formar parte de una asociación ilícita.  ¿Qué significa esto? Que es un esquema organizado, no un acto puntual. Rocca es solamente una manifestación más de este problema estructural y yo creo que ha salido a la luz una pequeña porción de esta matriz corrupta del Estado. Con este empresariado que no tiene ningún pudor, no hay ninguna garantía de que esto no se vaya a repetir. 

¿Por qué piensa que Ercolini decide el sobreseimiento de Rocca, Betnaza y Zabaleta en el mismo fallo que confirma el procesamiento de Baratta?

Es posible que lo haya hecho porque nuestros jueces no toman decisiones fundadas en una interpretación razonada del Derecho sino en una arquitectura político-comunicacional. Hay un prevaricato muy claro, eso está pensado y es el resultado no solo de abogados sino de operadores político-judiciales. 

Usted sostiene que Rocca no podía no estar al tanto del pago de coimas.

No, por la magnitud de los negocios que tenía en Venezuela. Cuando Bonadio procesa a Rocca, a Betnaza y a Zabaleta, lo hace -a diferencia de otros casos- sin prisión preventiva. Al resto de los empresarios, los procesaba con prisión preventiva y eso forzaba mayores confesiones, después negociaban las prisiones preventivas como parte del esquema extorsivo que el mismo Stornelli había montado. A Rocca lo procesan sin prisión preventiva y Stornelli y Rívolo apelan en diciembre de 2018 y dicen que Rocca tenía que estar preso, que conocía todo, que los hechos estaban probados y que eran gravísimos. Ahora Ercolini procesa a Baratta y los exculpa a ellos con el argumento del estado de necesidad. Es increíble.

¿Por qué Ercolini falla de esa manera a favor de Techint? ¿Comodoro Py intenta dejar en claro su compromiso político con el poder económico? 

Hace años que vengo cuestionando a los jueces de instrucción de Comodoro Py. Comodoro Py se está reconfigurando para continuar con el mismo juego político. Hoy el comando de operaciones no está en la inteligencia pero los operadores siguen dando vueltas por ahí. La operación política sobre el poder judicial se ha restablecido. 

Se murió Bonadio, se murió Oyarbide, se jubiló Canicoba Corral y de la generación de jueces del menemismo sólo queda Servini...

Si, pero quedan los Ercolini, los Lijo y tantos otros impresentables.

Muchos de ellos son los jueces que nombró el primer kirchnerismo.

Va más allá de los gobiernos. Se van aggiornando. Pero en este caso cometieron el error de pretender salvar con un barniz académico, muy a lo Ercolini, una decisión escandalosa. El modelo Stiuso era potente porque era eficaz y poco pretencioso en sus formas. Esta segunda generación primero no es tan inteligente, segundo no tiene las habilidades del poder y tercero no maneja los resortes de inteligencia, pronto va a quedar muy claro el grotesco. Es una decisión obscena y torpe, muestra que han perdido la noción de realidad.

Van a hacer una presentación judicial contra el fallo de Ercolini. ¿Por qué hablan de cosa juzgada írrita? 

Porque se trata de una absolución que es nula porque está precedida de una conducta de prevaricato. Buscamos revertir la cosa juzgada de estos sobreseimientos, que son totalmente inválidos, nulos. Es una decisión que se dicta a sabiendas de que es una medida irregular.

¿Cómo lo decidieron?

La cosa juzgada es algo que hay que cuidar mucho. Yo no soy de los que piensan que cuando un caso no nos gusta tenemos que reabrirlo porque eso termina debilitando al poder judicial que queremos fortalecer. Pero existe la figura, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho uso y hay casos reconocidos en el derecho internacional y el derecho comparado cuando una decisión es producto de prevaricato, es decir, de dejar de lado dolosamente la ley con intención, entonces no se puede convalidar la cosa juzgada. Si vos sobornaste a una persona, esa persona por dar favores toma una decisión y produce cosa juzgada y ya no la podes tocar más, la cosa juzgada misma se vuelve un chiste. 

¿Cuándo van a hacer esa presentación?

Es inminente pero invitamos a sumarse a todos los que cuestionan el fallo. Lo primero que hay que hacer es restablecer los plazos de tal manera que vuelvan a apelar otras personas que no sean las que dejaron correr a propósito los plazos. Lo de Stornelli fue un silencio ruidoso. La UIF lo dejó pasar no se sabe si por descuido y después quiso hacer una jugarreta muy tonta porque va en contra de cualquier manual de Derecho Procesal Penal. Lo hizo para producir un efecto en la prensa pero la Cámara Federal tardó 30 segundos en desestimarla. 

Desde la UIF de Carlos Cruz sostienen que ellos hicieron una apelación.

Eso no es así. Ellos dejaron pasar el plazo. Acá hay cuatro decisiones distintas. Una lo procesa a Baratta, otra lo sobresee a Rocca, otra lo sobresee a Betnaza y otra a Zabaleta. Cada una de esas decisiones debe ser impugnada. Sin embargo, ninguno de los tres sobreseimientos fue impugnado por ninguno de los acusadores, ni la UIF ni Stornelli ni el ministerio Público Fiscal de Eduardo Casal. Obviamente el defensor de Baratta impugnó y pidió la revisión de su procesamiento. Lo único que hizo la UIF fue adherir al recurso del defensor de Baratta pero eso no servía para revocar el sobreseimiento de Rocca y los demás directivos de Techint. Eso que hizo la UIF, si un estudiante de Derecho te lo plantea, lo tenés que reprobar. La UIF tenía que apelar el sobreseimiento. 

Es difícil pensar que hubo ingenuidad en eso. Si no se apeló en tiempo y forma es porque la decisión de la UIF era convalidar el sobreseimiento de Ercolini.

No lo sé. Yo creo que hay desorientación porque se cree que la causa Cuadernos es solo una cuestión contra Cristina. Piensan que convalidar la impunidad para 40 empresarios corruptos es un mal menor frente a la necesidad de sacar la nulidad para Cristina, porque ni siquiera piensan en los otros funcionarios. Ese es el modo como razonan. 

Hace tres años, Cuadernos tuvo un grandísimo impacto porque no sólo involucraba al kirchnerismo sino a gran parte del establishment que había permanecido siempre intocable. Mirado desde hoy ¿Qué fue lo que se buscó con la causa? ¿Qué quedó?

La causa Cuadernos es información guardada en inteligencia, toscamente judicializable. Vino a confirmar algo que muchas veces denunciamos: estaban los servicios de inteligencia autonomizados y lo judicializaron de un modo muy torpe. Entregar cuadernos, quemarlos, armar una causa con fotocopias. Ahora por fuera de eso, que es una barbaridad, se montó una arquitectura para salvar a los empresarios. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas ha desaparecido, nadie sabe dónde está. Comenzó un operativo sofisticado de impunidad que va a tener el aval de los medios y de un sector importante de la Justicia, de los dos sectores porque quedaron embarrados profundamente para que queden liberados también los funcionarios y los políticos, salvo la entrega que va haber de unos poquitos al estilo María Julia. 

¿Qué falló en el diseño original para que aparecieran los empresarios involucrados en esta causa?  

Eso se vincula con otra cosa a nivel regional, que tiene que ver con el movimiento Odebrecht, que repartía tipo capo de la mafia a pequeñas y medianas empresas. En el caso de la Argentina no se dejó que una empresa hiciera lo mismo porque lo hacía el Estado. Esa cartelización de los negocios más rentables impedía que otras multinacionales entraran.

En Brasil, Marcelo Odebrecht estuvo preso dos años y medio. Ustedes cuestionan la impunidad de los empresarios corruptos. ¿Qué tipo de consecuencias tiene ese criterio?

Los que dominan la cartelización son los funcionarios públicos. Si el sistema económico quiere corromper la política, tiene posibilidades inmensas de hacerlo una y otra vez. Si naturalizamos el financiamiento ilegal de la política, no estamos atacando a la causa principal del problema: estamos atacando a los gerentes de turno. Se puede pensar que en el kirchnerismo hubo gerentes muy hábiles pero hay un problema estructural. El gobierno macrista también quiso gerenciar la corrupción. Los funcionarios pasan, el poder económico queda.

¿Cómo se explica el silencio general en un país donde la corrupción es un tema muchas veces central de la agenda?

Hagamos la lista. ¿Habló Carrió de esto? ¿Habló Ocaña? ¿Habló Olivetto? ¿Hablo Sabsay? Me refiero a las voces que se pasean en forma habitual por los medios. ¿Cuántos periodistas han hablado de esto? Dos o tres nada más. Esto es el poder económico. Alguna vez vamos a entender que atrás de todo esto hay un problema de plata. No hay ideología, no hay política, no hay nada, hay plata. Lo grave es el silencio general ante la impunidad de los empresarios corruptos. 

¿Por qué dice que el financiamiento de la política es el problema principal?

Hay tres tipos de corrupción: la de la policía, la del funcionario que junta plata para ponerse una empresita y la gran maquinaria que hay que atacar, donde se hace política y se gestiona el Estado, se ganan elecciones, se hacen alianzas. El financiamiento de la política no es solamente que llegó el día de la campaña y te pasan unos bolsos negros. Es todo un modelo donde se va gestionando el Estado y por eso todo es una gran caja de favores. La política se ha convertido en una especie de bazar donde se entregan cosas, vos me ayudas a que yo gane, vos me ayudas a que haga la alianza con este y hay empresarios que se mueven, Techint, Cristóbal López, Mindlin, el mismo Macri, que viene de eso. La Justicia forma parte de este esquema de favores porque ahí adentro también se hace lo mismo. Te asciendo, asciendo a los miembros de tu tribu, ¿Por qué duran años los concursos en el Consejo de la Magistratura? Ya llevamos un año desde la decisión de urgencia institucional de las vacantes de Bruglia y Bertuzzi. Pero no alcanza con la indignación sino con una acción como la que queremos hacer. 

¿Hay antecedentes de una presentación de este tipo?

Si hay varios. En el caso Skanska, se reabrió la causa. El gobierno anterior lo quería hacer y yo me opuse porque vuelvo a decir: creo que hay que ser prudente. Si no te abre la puerta a la persecución política permanente. Las cárceles del país están llenas de gente que está presa por razones reales de estado de necesidad. Vos sos pobre y le quisiste dar lo básico a tus hijos y te meten preso si tuviste un antecedente. Es un insulto que estos tipos hipermillonarios hablen de estado de necesidad y digan que tuvieron que salir a coimear a funcionarios de tercer nivel para que les arreglaran sus negocios en Venezuela. No sé cómo Ercolini puede durar un minuto después de un fallo así. Tendrían que hacerle un juicio académico además en la universidad. Dirige una maestría y es gente que no tiene aptitud moral para enseñar a los jóvenes abogados. Mientras el Consejo de Beliz lanza una discusión sobre la ética de la abogacía se permite y se guarda silencio sobre los casos más elementales de inmoralidad judicial. Nadie sale a decir nada. Ni la Asociación de Magistrados ni la asociación de fiscales. 

DG/WC

Eduardo Ezequiel Casal ingresó a la Justicia penal como empleado en 1977. En 1982, poco antes de recibirse de abogado, comenzó a trabajar en el juzgado de Julio Strassera hasta que en 1987 asumió como secretario letrado en la Procuración General de la Nación, organismo en el que se desempeña desde hace 34 años, según su curriculum. 

Entre 1992 y finales de 2017, cumplió la misma función: procurador fiscal ante la Corte Suprema, hasta que los designios de la política lo catapultaron como el jefe interino de los fiscales del país, aquellos que tienen el poder de impulsar o desestimar los expedientes judiciales que alcanzan desde la política y el poder económico hasta la vida y los derechos de millones. 

Hasta esa fecha, su función era dictaminar ante el máximo tribunal sobre los casos penales de menor relevancia política. Los casos de peso son reservados para la firma del o la titular del organismo, quien entonces era Alejandra Gils Carbó. Pero a finales de 2017, el gobierno de Mauricio Macri forzó la renuncia de su jefa y Casal asumió su cargo transitoriamente y por reglamento. Estaba en la línea de sucesión. Ese interinato terminó batiendo récord: supera los tres años y medio. 

Actualmente, de aquel hombre de extremado bajo perfil y clásica rutina judicial queda poco: se convirtió en el blanco del kirchnerismo en el Congreso, donde el sector del oficialismo encolumnado detrás de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner lo acusa de haber articulado las políticas del Ministerio Público Fiscal con los intereses del macrismo, y de haber presionado y sancionado a fiscales que intervenían en causas directamente relacionadas con Macri o los intereses de su gobierno.

Tanto la permanencia como la salida de Casal plantean una encerrona para el oficialismo, mientras no logren los votos necesarios para tratar la nueva Ley del Ministerio Público Fiscal que le permitiría al kirchnerismo nombrar un procurador con mayoría absoluta del Senado y sin los dos tercios que hoy exige la ley. 

Macrista: ¿si o no?

Casal no es un hombre de la política, sostiene un hombre que lo conoce desde hace años y ha trabajado a su lado. Es un judicial puro, que oscilaba entre la academia, la burocracia y los expedientes, de bajo perfil e ideología conservadora, coinciden oficialistas, opositores, funcionarios de la Procuración y fiscales consultados por elDiarioAR. 

“Casal no es obediente ni responde al macrismo. Dictamina como él considera que debe hacerlo y su intención no es quedarse con el cargo de Procurador”, afirma ese hombre cercano al funcionario. La figura del interino no está pensada para durar tanto tiempo, resaltó la misma fuente, que prefiere el anonimato. 

Con Alberto Fernández en el poder, Casal dictaminó ante la Corte a favor de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y contradijo al oficialismo sobre los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Esas son algunas de las decisiones que el kirchnerismo le reprocha. 

También sus jugadas alrededor del caso Correo Argentino SA: trasladó al fiscal Juan Pedro Zoni luego de que imputó a Macri y la fiscal Gabriela Boquin, quien también tomó decisiones clave en el caso que involucra a la familia del expresidente, declaró ante el Congreso que Casal le armó un sumario administrativo para presionarla. 

Mientras sea un órgano extra poder, la Procuración implica un límite a los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero eso cambiaría si se convierte en un apéndice del Ejecutivo o un Ministerio de Justicia bis.

Andrés Gil Domínguez — Jurista.

La creación de una unidad antiterrorista -que en la Procuración destacan que fue apoyada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- y su cordial relación con la embajada de Estados Unidos son otras de las razones evocadas por el kirchnerismo para pedir su renuncia. 

Lo señalan, además, de haber apoyado al fiscal Carlos Stornelli cuando se resistió a ser indagado en la causa de supuesto espionaje ilegal en Dolores y quedó en rebeldía. En otros casos de fiscales denunciados la actitud fue diferente, sostuvieron legisladores oficialistas en la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal.

Elisa Carrió y Pino Solanas llegaron incluso a pedirle por carta que defendiera al fiscal Federico Delgado, como trascendió en los medios durante 2018, mientras el entonces jefe de la AFI, Gustavo Arribas, avanzaba en la Justicia contra el fiscal. Algunos fiscales sostienen que defendió sólo al sector más puro de Comodoro Py.

El método del desgaste

“Mientras sea un órgano extra poder, la Procuración implica un límite a los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero sobre todo al Ejecutivo, pero eso cambiaría si se convierte en un apéndice del Ejecutivo o un Ministerio de Justicia bis”, explicó el jurista Andrés Gil Domínguez en diálogo con elDiarioAR. Domínguez integró el Consejo Consultivo que convocó el presidente Fernández para la reforma judicial.

Casal tiene doce pedidos de juicio político y la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público escruta cada una de las decisiones que tomó en los últimos tres años y medio. “Sí, es desgastante”, admiten cerca del procurador interino, pero aseguran que no renunciará ni se jubilará, al menos no por el momento. “Vivimos contestando informes y aclaraciones a la Bicameral”. 

“Se siente fuerte porque tiene el apoyo pleno de Juntos por el Cambio y de Clarín, La Nación e Infobae. Se va a ir el día que cambiemos la ley para designar al Procurador”, afirmó en diálogo con este medio el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), uno de sus principales críticos en el Congreso. Tailhade expuso el patrimonio del procurador interino en la comisión bicameral y provocó que Casal se denunciara a sí mismo ante la Justicia federal para que investiguen el origen de sus bienes. 

Los argentinos tenemos que agradecerle a Casal porque a pesar de los ataques ha decidido estar al frente de la Procuración para garantizar la independencia del Ministerio Público Fiscal.

Graciela Ocaña — Diputada (PRO).

“Un importante diputado de Juntos por el Cambio me dijo que Macri les había encomendado dos objetivos en 2020: que no salga la reforma judicial (impulsada por el presidente Fernández) y que Casal siga en el cargo”, afirmó Tailhade. “Su continuidad es central para Macri”, agregó. 

“Para el kirchnerismo es importante tener un procurador político, que la Procuración dependa más de la política. No sólo tiene que ver con garantizar la impunidad y la revancha contra Comodoro Py. Es filosófico”, sostuvo ante este medio Juan Manuel López (Coalición Cívica) ante la consulta. “Casal es lógico y razonable, por eso lo defendemos, pero no me parece sano que siga en el cargo”, afirmó el aliado de Elisa Carrió, quien ha manifestado también sus críticas a la oposición por la falta de voluntad para nombrar a un nuevo procurador.

“Los argentinos tenemos que agradecerle a Casal porque a pesar de los ataques ha decidido estar al frente de la Procuración para garantizar la independencia del Ministerio Público Fiscal”, opinó Graciela Ocaña, diputada por el PRO. 

Línea de sucesión

Casal es el segundo en la línea de sucesión por ser el procurador fiscal ante la Corte más antiguo en el cargo. Por eso quedó al mando tras la salida de Gils Carbó, quien le tenía confianza y le guarda aprecio, reconoce un excolaborador de la exjefe de los fiscales. Cada vez que ella debía ausentarse, dejaba a Casal a cargo del organismo. 

Tras su salida, el interino dijo ante varios presentes en la Procuración que se limitaría a mantener la casa en orden hasta la llegada de un nuevo Procurador titular. Sin embargo, varias de sus decisiones implicaron un giro que sorprendió a los colaboradores más cercanos a Gils Carbó. Se rodeó de hombres alineados con el sector más típico de los tribunales de Comodoro Py y con judiciales con buen diálogo con el gobierno de Macri. elDiarioAR pidió la opinión de Casal sobre su situación pero no obtuvo respuesta.

“La renuncia de Casal no traerá la solución. Mientras no tengan los votos para convocar a una sesión en Diputados y sancionar la Ley del Ministerio Público o no se pongan de acuerdo entre ellos con un nuevo candidato, la salida de Casal sólo extenderá el interinato”, aseguran en Comodoro Py.

Casal es lógico y razonable, por eso lo defendemos, pero no me parece sano que siga en el cargo.

Juan Manuel López — Diputado (Coalición Cívica).

En la línea de sucesión, se encuentra Laura Monti, la segunda Procuradora Fiscal ante la Corte más antigua, después de Casal. “Definitivamente no es aliada del kirchnerismo”, la definen en la Procuración.

El tercero en la línea de sucesión es Víctor Abramovich, también Procurador Fiscal ante la Corte desde 2015 y especializado en Derechos Humanos. Llegó por concurso y acuerdo del Senado, fue director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. 

Algunos miembros de la oposición consultados sostienen que Abramovich encajaría más con el perfil de un procurador interino más cómodo para el oficialismo, pero ninguno de los oficialistas consultados lo menciona como opción. 

Un importante diputado de Juntos por el Cambio me dijo que Macri les había encomendado dos objetivos en 2020: que no salga la reforma judicial y que Casal siga en el cargo.

Rodolfo Tailhade — Diputado (Frente de Todos).

Para algunos de los principales legisladores del oficialismo en el Senado y Diputados tampoco es una opción el candidato de Alberto Fernández para la Procuración, el juez Daniel Rafecas. Su pliego duerme hace 14 meses en la cámara alta. 

La única opción para el kirchnerismo sería la nueva ley, explicaron Tailhade y otros representantes de las comisiones de ambas cámaras que se encargan del caso. 

El proyecto de ley del Ministerio Público Fiscal tiene media sanción en el Senado y dictamen de comisión en Diputados pero el oficialismo aún no pudo reunir los cantidad necesaria de diputados para tratarlo en el recinto. “Si logramos el quórum en Diputados, la ley sale”, se confía un legislador oficialista. 

Para lograr el quórum, el kirchnerismo necesita que 129 diputados se siente en el recinto y hoy no tiene los números suficientes a favor. Por eso, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, les dijo a los diputados que esta ley “se vota con el culo”, según graficó un miembro de la bancada opositora. 

“No están tan lejos, son cuatro o cinco votos para lograr el quórum”, sostiene otro diputado opositor ante la consulta. La esperanza oficialista está puesta en sumar bancas en las próximas elecciones legislativas.

Un organismo en disputa permanente

“Los dos tercios para nombrar y remover al Procurador no se cuestionaron durante distintos gobiernos, como los de Carlos Menem y Cristina Kirchner. Esta discusión la abrió Juntos por el Cambio”, afirmó Domínguez. 

El jurista se refiere al proyecto de ley presentado en 2017 por el entonces presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Cambiemos). Al igual que el kirchnerismo, el macrismo y el radicalismo buscaban eliminar la duración vitalicia del Procurador; un límite de cinco años para ejercer en el cargo, con la posibilidad de una reelección, por única vez, para continuar por dos años más.

El proyecto, al igual que el actual, buscaba imponer dos de los puntos más polémicos: eliminar el requisitos de los dos tercios del Senado y poder designar al jefe de los fiscales con mayoría absoluta (la mitad más uno); y removerlo del cargo con el consenso de la mitad más uno de diputados y senadores. Como el proyecto no se aprobó y el Ejecutivo no tenía los dos tercios de los votos, Macri no pudo reemplazar a Casal con su candidata a la Procuración: la jueza Inés Weimberg de Roca.

“El interinato también tiene que instrumentarse con otro mecanismo -opinó Gil Domínguez-. Casal no pasó por ningún filtro para asumir en ese cargo, prolongado en el tiempo, sin acuerdo de los poderes Legislativo y Ejecutivo”.

ED