Cualquier foto de una persona subida a redes sociales puede ser usada por un sistema de reconocimiento facial privado que adquirió recientemente el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires. El hecho despertó críticas de expertos en informática y asociaciones civiles, que denuncian la vulnerabilidad de datos personales sensibles.

El software bajo la lupa es propiedad de la compañía Clearview AI, que tuvo varios casos escandalosos en América del Norte y Europa –incluso con multas y penalidades de las autoridades gubernamentales–. Tras una licitación por U$S 27.588 durante 12 meses, el sistema ya está en utilización por parte del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del organismo del Poder Judicial porteño que conduce Juan Bautista Mahiques, según supo elDiarioAR a partir del análisis de documentos públicos y conversaciones con fuentes oficiales y ONGs.

El reconocimiento facial es un sistema que despierta inquietudes y preocupaciones por la utilización en ámbitos judiciales y de seguridad para la prevención de delitos o su posterior penalización. El punto que critican especialistas informáticos es que dichos softwares –supuestamente para ayudar al Estado a cotejar las imágenes de los sospechosos o imputados– utilizan bases de datos que violan la privacidad de las personas. Y eso, según los expertos, ocurre por la falta de controles gubernamentales.

Clearview en el país

Clearview fue fundada en 2017 por Hoan Ton-That y Richard Schwartz y, según su sitio web, tiene una base de más de 60 mil millones de imágenes facialmente identificables. Al ámbito porteño llegó meses atrás a partir de una licitación que se abrió el 11 de mayo pasado pero con la aclaración de que el distribuidor oficial y exclusivo del software es la empresa VEC S.R.L., una firma que ya tiene una decena de contratos con distintos ámbitos estatales. En agosto pasado también el municipio de Berazategui adquirió el software. La sospecha de los expertos es que el sistema desembarcó en el mercado local porque ya está penalizado en Europa y América del Norte.

Clearview AI estuvo bajo la lupa en países como Canadá, Estados Unidos, Italia y Países Bajos. Por mencionar algunos ejemplos, la Autoridad de Protección de Datos de los Países Bajos (conocida por sus siglas DPA) sancionó a Clearview AI en septiembre de 2024 con una multa de 30,5 millones de euros (aproximadamente USD 33,7 millones) por haber construido una base de datos “ilegal” con más de 30 mil millones de fotografías faciales sin consentimiento, violando la reglamentación de la Junta Europea de Protección de Datos.

Este organismo europeo, a su vez, emitió años atrás un informe en el que advirtió que el uso de Clearview AI por parte de la autoridad policial continental –conocida como Europol– “presenta riesgos elevados desde la perspectiva del cumplimiento normativo”. En 2021 aconsejó “no emplear ni promover la herramienta”, y enfatizó la necesidad de un enfoque mucho más estricto en la selección y evaluación de tecnologías externas que puedan involucrar datos personales sensibles.

En la licitación del Ministerio Público Fiscal porteño se lee que “CLEARVIEW PRO es una herramienta de reconocimiento facial que combina la inteligencia artificial con un potente motor de búsqueda en fuentes abiertas. Su tecnología permite cotejar una fotografía con una base de datos que contiene millones de imágenes provenientes de páginas web, fichas policiales, redes sociales públicas y otras bases de datos provenientes de fuentes abiertas”. Y se agrega: “...la solución ofrece recursos simplificados que agrupan imágenes vinculadas entre sí, creando perfiles detallados que pueden descargarse para futuras investigaciones o tareas asociadas. En este sentido, su capacidad de archivo es complementaria al sistema integrado de búsquedas referenciadas”.

elDiarioAR consultó al Ministerio Público Fiscal y la respuesta formal que recogió destaca que “se ha contratado por un período de 12 meses una de las herramientas que ofrece el mercado para agilizar el trabajo humano para rastrear en fuentes abiertas”. Voceros del organismo que conduce Mahiques se limitaron a agregar sobre Clearview: “La utilización no es con fines preventivos ni para tareas de inteligencia, sino que sólo se puede utilizar en el marco de una investigación penal bajo el estricto pedido de un Fiscal. Lo que la herramienta ofrece es acortar pasos para rastrear en imágenes públicas de internet, es decir que las imágenes ya fueron compartidas previamente por otro usuario y están disponibles de manera online”.

La magnitud de la base de datos y el uso “cerrado” que hace el software de esas imágenes son algunas de las preocupaciones de los expertos. “La empresa se apropia de las imágenes que están en internet como si fuera una base de datos propia. Se dice que son imágenes ya compartidas, pero uno no sube fotos a sus redes para que se utilicen en una base para comparar con posibles delincuentes”, advirtió Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del CELS. “El problema de fondo es la adopción de tecnología sin ningún tipo de salvaguarda, con el agregado que acá hay antecedentes públicos sobre las complicaciones de este sistema. Si la decisión del Ministerio Público es contratarla igual, deberían explicar por qué. Son tecnologías muy intrusivas que afectan derechos”.

“El principio general para el tratamiento de datos personales es el consentimiento de la persona. El problema es que Clearview trata los datos de todo el mundo”, alertó Tomas Pomar, abogado y referente del Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA).

El problema es que el software es privativo, el Estado no sabe cómo funciona el proceso

“El software tiene una estructura que se llama scraper, que es un robot digital que todo el tiempo hace una tarea sencilla: da vuelta por redes sociales y por internet en general reconociendo figuras antropométricas para buscar información de contexto. No es que visita Facebook o Instagram, sino que ya tiene esas bases de datos dentro de su sistema”, explicó Pomar. Esa base es la que se usa para cotejar una imagen de un sospechoso de un delito que no es identificable de manera fehaciente. 

“El problema es que el software es privativo, el Estado no sabe cómo funciona el proceso. Además, la investigación puede quedar a merced del sistema y señalar a alguien incorrecto”, subrayó Pomar. “Se aumenta la posibilidad de que haya falsos positivos. Clearview es un saqueo de todas las imágenes en el mundo digital: hay un problema de privacidad enorme”, complementó Trufó.

El CELS y ODIA tienen abierta aún una causa contra el uso del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) implementado por el Gobierno porteño. La Cámara de Apelaciones de la Ciudad confirmó la inconstitucionalidad del sistema porque se gestionó por fuera de la norma que lo regula y sin mecanismos de control.

El caso de Clearview alertó también a la red global conocida como INCLO (International Network of Civil Liberties Organizations, en inglés), que redactó una serie de principios para regular, restringir o incluso prohibir los sistemas de reconocimiento facial. Algunos de estos principios destacan que debería haber una ley que reglamente el uso de estos software, los procesos de adquisición deberían contar con evaluaciones de impacto tecnológico y que siempre haya un control externo. Ninguno de esos tres ítems se habrían cumplido, según los expertos, en la adquisición de Clearview por parte del Ministerio Público de la Ciudad.

MC

Un grupo hinchas del club Boca Juniors atacó a piedrazos y con pirotecnia esta mañana la sede del Ministerio Público Fiscal (MPF) porteño, y la Justicia señaló que ya fueron secuestrados los vehículos en los que circulaban y trabajan para individualizar a quienes realizaron el hecho.

“El proyectil más grande impactó en el piso donde está mi despacho y el de la fiscal Celsa Ramírez. Claramente es un acto intimidatorio en medio de una investigación que no vamos a abandonar”, expresó Juan Bautista Mahiques, fiscal general porteño.

Fuentes judiciales indicaron que el ataque ocurrió en la sede sobre la avenida Paseo Colón 1333, en el barrio porteño de San Telmo.

Según las primeras informaciones, en la previa del “Superclásico” con River Plate, un grupo de más de 50 hinchas de Boca que pasaba por el lugar a bordo de dos camiones comenzó a lanzar piedras sobre el edificio.

El ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad públicas y privadas, por lo que los investigadores ya identificaron y secuestraron los vehículos, y están trabajando para individualizar a quienes realizaron el ataque a la sede judicial.

En el edificio funciona la fiscalía especializada a cargo de Celsa Ramírez, fiscal que investiga una presunta asociación ilícita y reventa de entradas en el club, indicó el MPF en un breve comunicado.

También ahí estaban las oficinas del Fiscal General Mahiques, quien señaló que “milagrosamente no hubo heridos”, ya que “en esas oficinas suele haber mucha más gente pero los domingos los equipos son un poco más reducidos”.

“Podría haber habido un incendio, si uno de esos proyectiles prendía era un desastre”, indicó Mahiques, quien añadió que viene “denunciando sistemáticamente la violencia que se ejerce contra magistrados judiciales y fiscales puntualmente”. “Es inadmisible que debamos sufrir este tipo de atropellos cada vez que se investiga a asociaciones ilícitas y crimen organizado”, añadió.

Fuentes policiales informaron que, gracias a la información brindada por el Centro de Monitoreo, pudieron seguir la trayectoria de los vehículos hasta las adyacencias de la cancha de Boca, identificaron las patentes y los efectivos de la Comuna 4 interceptaron a los rodados estacionados.

Después procedieron al secuestro de los vehículos por instrucción de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°35, a cargo de Celsa Ramírez, quien además inició actuaciones por el delito de daño.

A través de un comunicado oficial, el MPF expresó un “enérgico repudio” por el ataque perpetrado durante este domingo. “Manifestamos nuestro rechazo rotundo a la violencia proveniente de verdaderas organizaciones criminales que usufructúan la pasión por el fútbol para cometer delitos y desafiar la vigencia del Estado de derecho”, indicaron.

“Hacemos saber que realizaremos los mayores esfuerzos con el objetivo de esclarecer este hecho gravísimo, que representa un atentado contra la seguridad de los magistrados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, y una afrenta a las instituciones públicas y al sistema democrático. Los responsables serán identificados y sancionados con las penas previstas en el Código Penal y en la ley 24.192, relativa a la Prevención y Represión de la Violencia en Espectáculos Deportivos”, concluyeron.

La investigación de Celsa Ramírez

En agosto, allanó el predio deportivo de Ezeiza a raíz de una investigación por una presunta venta de entradas falsas y asociación ilícita en el cuadro de la Ribera. Los operativos incluyeron la casa de Cristian Riquelme, hermano del vicepresidente de Boca, quien, aparentemente, estaría implicado en el caso y en aquella ocasión se retuvieron elementos tecnológicos.

Tiempo atrás, la fiscal había resuelto clausurar la Tribuna Superior Sur de La Bombonera después de viralizarse unos videos en las redes sociales en los que la estructura del estadio parecía endeble al movimiento masivo de la hinchada.

Juan Román Riquelme enfrentó varias veces a Ramírez de manera pública. Deslizó que “esa señora” tenía algún tipo de “problema personal” con su familia. “Con todo el respeto que se merece le pido que devuelva la computadora que se llevó de mi hermano porque es la computadora de su hija de tres años que usa para mirar los videitos, para bailar. No sé si esta señora tiene hijos pero que lo entienda y le devuelva la computadora porque la nena ahora no tiene con qué jugar”, afirmó.

MB con información de agencias

El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la elevación a juicio oral y público de la causa que investiga la Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA), que operaba en el barrio porteño de Villa Crespo. El expediente tiene a 17 personas procesadas por los delitos de asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos.

Mediante un escrito de más de 600 carillas, los fiscales a cargo de la Procuraduría de Trata de Personas y Explotación Sexual (PROTEX), Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, junto al titular de la fiscalía federal 4 Carlos Stornelli, recordaron que aún falta resolver la situación procesal de otros imputados que estuvieron prófugos.

Señalaron también que resta avanzar con nuevas imputaciones formuladas por los fiscales por delitos autónomos a los investigados hasta el momento, como el ejercicio ilegal de la medicina, la venta sin autorización sanitaria de medicamentos que requieren receta para su comercialización, y la falsificación de documentos, cometidos en la “clínica” ilegal de la organización que funcionaba en Almagro, según fuentes judiciales.

El pedido de elevación a juicio fue presentado el pasado viernes 4 de agosto ante el juez federal Ariel Lijo, quien ya corrió vista a las partes para que se expresen sobre el asunto. Será el magistrado el que decida el destino de la causa.

La organización, formada bajo una fachada filosófica del yoga, se organizaba verticalmente en jerarquías que iban del 4 al 7, donde número tenía un significado: 4) “el ser humano filosóficamente equilibrado”; 5) “el genio”; 6) “el santo” y 7) “el ángel”.

En la cúspide de la jerarquía estaba Juan Percowicz, llamado “el ángel”, “maestro” o “papi”, sobre quien los testigos declararon en la causa que “llegaba Juan al edificio y era como si llegara el mismísimo dios, todos acudían a él, había abrazos, besos, toqueteos”.

Para los investigadores, el sistema de jerarquías y la supuesta “evolución” para que los cooptados pudieran convertirse en “ángel” era la fachada del verdadero objetivo de los imputados: alcanzar el mil millón de dólares. Quienes debían recaudar el dinero también eran sus víctimas, según el expediente.

De la documentación contable de la organización, se deprende que los imputados lograron acumular un patrimonio de 50 millones de dólares conformado por alrededor de 15 millones depositados en cuentas bancarias en el extranjero, entre otras recaudaciones.

Además, durante los allanamientos fueron secuestrados más de un millón de dólares en domicilios vinculados a los tres líderes de la organización: Percowicz, Marcela Sorkin y Susana Barneix; monto que no pueden justificar según el patrimonio y la actividad declarada ante la AFIP.

Para lograr este objetivo multimillonario, Percowicz y sus socios en el plan dispusieron dicha organización jerárquica con división de funciones y control de los objetivos propuestos. Los registros contables de la organización y documentos donde se transcriben sus dichos dan cuenta de que su principal fuente de ingresos era la explotación sexual de sus víctimas.

Entre las víctimas, hubo personas que fueron prostituidas con personajes millonarios pero que terminaron endeudadas o en “rojo” con la organización, como también haber sufrido perjuicios en sus vidas personales producto de la explotación a la que fueron sometidas.

De acuerdo con las fuentes, los fiscales consideraron que el caso “no se trata ni de filosofía, ni de yoga, ni de literatura. Se trata de cómo se organizó y se llevó adelante un sistema a través del cual se obtuvieron cuantiosas sumas económicas a partir de la explotación sexual de mujeres en Argentina y en Estados Unidos, a lo que se agregaron posteriormente otras maniobras ilícitas que tuvo esta asociación y que pueden ser atribuidas a los miembros de la organización que aquí requerimos que enfrenten un juicio oral”.

La EYBA, concluyeron los fiscales del caso, fue el “vehículo que encontraron el líder y quienes lo secundaban para, a través de la explotación de sus víctimas y la puesta en marcha de distintos negocios ilícitos, lograr su propósito de constituirse en millonarios”.

LC con información de agencia Télam

La sustancia que se utilizó para cortar la cocaína supuestamente adulterada que le costó la vida a 24 personas sería carfentanilo, informó la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires en un comunicado. El resultado surgió en dos estudios periciales independientes realizados por la Policía Científica Bonaerense y el laboratorio de la Procuración provincial.

El carfentanilo, también conocido como carfentanil, es un fuerte opioide y suele utilizarse en veterinaria como anestesia. En 2018, la Revista Chilena de Anestesia -que publica la Sociedad de Anestesiología de Chile- informó en un artículo científico titulado: “Carfentanil, el opioide que los anestesistas deberíamos conocer”, en el que afirmó que esta sustancia “es un opioide sintético derivado del fentanilo” y que “su potencia es 10.000 veces mayor a la morfina y 30 veces mayor al fentanilo”. Su potencia también es mayor a la heroína.

“Actualmente su uso se limita a animales o, en dosis pequeñas, para investigación, pero su uso como droga ilícita ha ido en aumento en el mundo en los últimos años”, explicó el artículo. “Es un analgésico y sedante potente, con un índice terapéutico grande, pero dosis letales pequeñas”, sostuvieron los autores del informe, Nicole Bloch, Lucas Oberpaur y Francisca Elgueta.

“El cuadro de intoxicación por carfentanil es similar a cualquier síndrome tóxico por opioides, siendo los síntomas más frecuentes el compromiso de conciencia y la depresión respiratoria. Su antídoto es la naloxona, al igual que el resto de los opioides, pero pudiendo ser necesario el uso de múltiples dosis para tratar intoxicaciones”, agregaron.

Actualmente su uso se limita a animales o, en dosis pequeñas, para investigación, pero su uso como droga ilícita ha ido en aumento en el mundo en los últimos años.

Revista Chilena de Anestesia.

Durante los últimos días, las autoridades creían que la sustancia de corte que terminó provocando las muertes e intoxicaciones de quienes habían consumido la cocaína era el fentanilo, otro opioide potente que se extendió en los Estados Unidos como sustituto de la heroína y se convirtió en una epidemia en ese país.

La sospecha surgió porque los médicos de los hospitales de la provincia de Buenos Aires detectaron que algunos de los pacientes que ingresaron respondieron de manera positiva a un medicamento que se utiliza para tratar la intoxicación o sobredosis por fentanilo y otros opiáceos. 

“En los casos de depresión respiratoria se hizo una prueba terapéutica con Naloxona y revirtieron los síntomas”, informó una fuente del Ministerio de Salud bonaerense ante la consulta. “Se optó por esta conducta porque los casos tenían depresión respiratoria y miosis, signos muy característicos de los opiáceos. Es manejo de urgencia”, agregó la fuente.

Los autores del artículo en Chile también sostenían ya en 2018: “El carfentanil fue reconocido por primera vez como un aditivo a otras drogas de abuso a mediados de 2016 en Estados Unidos y en Canadá, donde fue reportada la intoxicación y convulsiones causadas” por esta droga.

En las pericias oficiales también colaboraron el Laboratorio de la cátedra de química orgánica y del Instituto UNYFORM de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA

ED

A pesar de su peso pluma, Judith König dejó huellas profundas. Nació en Buenos Aires, en abril de 1964, y se despidió de este mundo a los 57, el último sábado de enero. Contadora y licenciada en Economía (UBA), de bajo perfil -también era magister en Derecho Tributario por la Universidad de Barcelona-, cumplió un rol central en un sinnúmero de investigaciones que marcaron la historia judicial de las últimas décadas. 

Trabajó en el Juicio a las Juntas Militares en 1985; asesoró a fiscales de todo el país; intervino en causas icónicas, desde el enriquecimiento ilícito de María Julia Alsogaray hasta el juicio de la Tragedia de Once y Hotesur. Además, realizó el cálculo que demostró que el acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y Correo Argentina SA le costaría $4.000 millones al Estado Nacional en intereses no percibidos; y desentrañó secretos contables del poder económico, como cuando analizó los libros contables de Loma Negra y descubrió la correlación entre la desaparición de uno de los abogados laboralistas en 1977 y la reducción en la previsión de gastos en indemnizaciones laborales en el 72%. 

En los tribunales, es toda una proeza ser persona entrañable. Entre grietas, conflictos de intereses, competencias y recelos, a veces el afecto es cosa de pocos o entre pocos. Pero König tiene un doble mérito: no sólo se ganó el respeto de los tribunales, también se robó el corazón de muchos en el Ministerio Público Fiscal. Su trabajo consistía en asistir a los fiscales para encontrar las pruebas contables, financieras y económicas en delitos complejos y crimen organizado. 

Su último cargo fue el de directora de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal, una división clave en la asistencia a las fiscalías de todo el país que ella misma creó. Pero su trayectoría en la Procuración General de la Nación comenzó en 1982, en el edificio de la calle Guido. 

Su primera gran colaboración llegaría tres años después al participar de los preparativos del Juicio a las Juntas Militares. Tenía apenas 20 años, cuando Luis Moreno Ocampo le preguntó si quería integrar el equipo de la fiscalía de Julio Strassera, ad honorem y después de horario. König aceptó de inmediato. 

Le asignaron la producción y logística de todos los testimonios del megajuicio, recuerda Carlos “Maco” Somigliana, quien la conoció como parte del equipo, en diciembre de 1984, y fue desde entonces su amigo entrañable. “Judith era una persona muy práctica, así que le asignaron contactar a cada uno de los testigos, que estaban en distintas partes del país, para coordinar con ellos su llegada a Buenos Aires, sus pasajes, el hospedaje. Era mucho trabajo -la tarea continuó durante toda la etapa de audiencias- y los testigos venían con mucho miedo, pero con su vitalidad y calidez, ella lo hacía muy bien”, afirmó Somigliana en diálogo con elDiarioAR.

Fue muy valiente en el caso Correo y no se equivocó en nada. La vamos a extrañar.

Gabriela Boquin — Fiscal general ante la Cámara Comercial.

Al estar pegada al teléfono, König era también la receptora de las amenazas para el fiscal Strassera, casi siempre, amenazas de bomba. Somigliana recuerda lo que su amiga les contestaba: “Para amenazas tiene que llamar en otro horario”. Llevaba siempre puestos el buen humor y la sonrisa. 

Cálida y humilde, son otras dos palabras que surgen instantáneamente ante la pregunta: ¿cómo era más allá de lo profesional? Lo resaltaron cada uno de los entrevistados. También su valentía, afirmó la fiscal general Gabriela Boquin.

En base al cálculo de König, a finales de 2016, Boquin estableció que el acuerdo entre el gobierno de Macri y la empresa de su familia -Correo- era “abusivo” y “en detrimento para el Estado”; y la fiscal frenó así lo planificado desde el Ejecutivo. “La conocí cuando la convocamos a la fiscalía para pedirle colaboración. La DAFI era la más preparada para hacer las pericias en materia comercial y siempre estuvo solícita, no sólo a brindar la colaboración, sino a explicarle a los integrantes de mi fiscalía y a mí cuestiones que exceden el conocimiento de un abogado”, contó Boquin a elDiarioAR. 

Le asignaron contactar a cada uno de los testigos del Juicio a las Juntas, que estaban en distintas partes del país, para coordinar con ellos su llegada a Buenos Aires, sus pasajes, el hospedaje.

Carlos "Maco" Somigliana — Equipo Argentino de Antropología Forense, amigo y excompañero del equipo.

“Me pareció siempre una persona sumamente íntegra y honesta, que aún ante casos hipersensibles para la opinión pública, trabajó con convicción y brindando lo mejor de su conocimiento. Era una mujer muy sana, muy humilde, a pesar de sus conocimientos y experiencia”, aseguró Boquin.

Otra característica de König que resaltó la fiscal general y repitieron algunos de sus colegas consultados para esta nota es que “siempre estaba dispuesta a considerar la opinión del otro y a reconsiderar lo que ella pensaba”. “Fue muy valiente en el caso Correo y no se equivocó en nada. La vamos a extrañar”, dijo Boquin.

El fiscal Carlos Rívolo resaltó otras cualidades de König ante la consulta de elDiarioAR: “Después de que se recibió de contadora, a medida que desarrollaba un expertise en investigaciones patrimoniales, contables y financieras se fue haciendo su lugar. Judith fue perito oficial -por el Ministerio Público Fiscal- en causas relevantes de corrupción de todos los gobiernos democráticos”. 

“Era clara y contundente”, agregó Rívolo y destacó cómo fue gestando las distintas oficinas especializadas en criminalidad económica hasta lograr la creación de la DAFI. ¿Cómo era como asesora de los fiscales? “Proponía lo razonablemente probable y no se iba por las ramas”, afirmó el fiscal y titular de la Asociación de Fiscales, organización en la que König fue tesorera hasta que enfermó de cáncer y donde ayudó a que los fiscales tuvieran su propio edificio como sede de la asociación. “Se fue una amiga, filosa y aguda, en todo sentido. Demasiado temprano e innecesariamente”, afirmó Rívolo.

Una historia de amor

En 1994, el ahora fiscal Pablo Parenti era un joven meritorio de la fiscalía de Gabriel Cavallo. En un encuentro de empleados judiciales en la casa de Manuel Garrido vio por primera vez a Judith König y fue amor a primera vista. Ella ni lo registró. Era unos años mayor que Parenti, estaba en pareja y tenía un hijo, Juan. Pasaron unos tres años hasta que volvieron a reencontrarse en los tribunales. Almuerzos de por medio, con amigos en común, terminaron concretando una historia de amor de 25 años. Tuvieron dos hijas, Morena y Julieta.

“Ella siempre fue del aquí y ahora, fue una persona muy libre. También pasaba muchas horas sentada en la silla, trabajando en la computadora. Yo le reclamaba que no trabajara los domingos -recuerda Parenti ante la consulta de elDiarioAR-. En diciembre de 2020, le diagnosticaron cáncer de ovario. Pasó por una cirugía y un tratamiento que duró hasta julio de 2021. Entonces se reintegró al trabajo pero con otro equilibrio, más consciente de que la vida es mucho más. Fueron unos meses super felices, hermosos, salíamos a caminar, se juntaba más con sus amigos, viajamos a Villa La Angostura y a Ushuaia. Judith se sentía bien, yo la vi más luminosa, más serena”, contó Parenti.

Pero en diciembre último, volvió a sentirse mal. 

En diálogo con este medio, un funcionario de un organismo de control contó que hace casi un año, König le dijo que estaba “con energía para dar pelea” al cáncer. “La vida te sorprende, ahora me tocó esto”, le dijo por chat. Meses más tarde, en junio de 2021, le respondió: “El tratamiento se hace largo”.

“Palabra santa”

Tras el Juicio a las Juntas Militares, Moreno Ocampo montó un equipo para colaborar en causas de criminalidad económica y sumó a König. También fue la primera contadora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Fue docente y autora de publicaciones.

Cuando llegó el menemismo hacía años que trabajaba en la Justicia federal realizando investigaciones de delitos económicos y su trabajo no era sólo hallar las pruebas contables, económicas y financieras sino presentarlas de forma tal que los jueces y fiscales las comprendieran.

Entre otros tantos cargos, trabajó como secretaria del juzgado de Martín Irurzun. En 1993, descubrió una serie de supuestas irregularidades en la contabilidad de la empresa Torno, que realizaba las obras de limpieza del río Matanza y que fueron clave para que el juez procesara al entonces embajador en Brasil, Alieto Guadagni, publicó Clarín el 7 de agosto de ese año. 

Se fue una amiga, filosa y aguda, en todo sentido. Demasiado temprano e innecesariamente.

Carlos Rívolo — Fiscal federal y titular de la Asociación de Fiscales.

Ante el avance del caso, en el gobierno de Carlos Menem redactaron un decreto para desplazarla del cargo y nombrarla como defensora oficial en otro juzgado, pero König tenía una amiga que era empleada en la Casa Rosada, quien vio el borrador del decreto y avisó a sus superiores a tiempo: era contadora, no abogada. No le encontraron otro cargo y el decreto nunca se firmó.

“Sufrió situaciones de maltrato, de injusticia, de chocarse con la incompetencia de otros, de ver cómo se intentaron muchas veces forzar pruebas, y eso la amargaba mucho”, contó a elDiarioAR una persona de su máxima confianza. “Pero tenía sus estrategias para protegerse a ella misma y a su equipo. Siempre dejaban un dictamen escrito con su posición”, agregó.

El influyente Alberto Binder, abogado especializado en derecho procesal y proceso penal, recuerda que König “fue siempre una de las personas que estaba presente en la ardua tarea de construir herramientas más eficaces contra la corrupción y la criminalidad financiera. Cumplió un papel importante en el fortalecimiento de la capacidad de investigación en los delitos economicos. No tenemos mucha gente así”, afirmó Binder ante la consulta de este medio.

Ella siempre fue del aquí y ahora, fue una persona muy libre. También pasaba muchas horas sentada en la silla, trabajando en la computadora.

Fiscal Pablo Parenti — Esposo.

“Una de sus innovaciones fue que los fiscales pudieran tener sus propios peritos contables”, resaltó Parenti, quien actualmente lidera la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE).

El fiscal general Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dijo a elDiarioAR: “Tengo una tristeza enorme porque la pérdida de Judith es una pérdida tremenda. Todos los que la conocíamos realmente estamos muy tristes y todavía estamos buscando explicaciones. Son las injusticias de la vida”. 

“Creo que Judith conoce el Ministerio Público Fiscal como pocos y sin dudas que la institución ha perdido una gran baluarte. Un informe de Judith en una causa penal era palabra santa para todos, para las partes, para los jueces. El rigor con el que conjugaba su lado contable, su lado económico y su lado del derecho”, añadió Rodríguez. “Maravillosa, cálida y con mucho carácter, con firmeza. Si tenía que decirte algo que le parecía mal, no dudaba en hacerlo”. Rodríguez también la va a extrañar, aseguró. 

Generaciones

La vida de König tiene otro costado más: los y las más jóvenes del ámbito de fiscalías, ONGs, centros de estudios y universidades la valoran como referente y recuerdan su generosidad y capacidad docente. Los periodistas también conocimos esa faceta suya, cuando nos ahogábamos en informes contables y financieros y recurríamos a la pitonisa de la DAFI para desentrañar la historia detrás del tecnicismo. 

La fiscal federal Alejandra Mángano también trabajó con König en varios casos de corrupción económica. “Fue una mujer solidaria, sorora, divertida y buena compañera. Su importante trayectoria la hizo también una gran docente y formadora profesional para muchos fiscales, entre quienes me incluyo. La vamos a extrañar mucho”, dijo a este medio la fiscal y cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Un informe de Judith en una causa penal era palabra santa para todos, para las partes, para los jueces.

Sergio Rodríguez — Fiscal general y titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

“Brillante e inteligente, siempre se anticipaba a los acontecimientos”, afirmó la economista y contadora Magdalena Rúa. “Sabía más de derecho procesal penal que cualquier abogado. Ella era la directora de la DAFI pero nos presentaba siempre como compañeros de trabajo”, agregó.

Martina Cirimele, exdirectora ejecutiva del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), también resaltó la generosidad de König y su predisposición a compartir sus conocimientos y su tiempo. “Es una referenta en investigación financiera y patrimonial -contó la joven la especialista-. Cuando inauguramos el grupo de género en el CIPCE, ella se reunió con el equipo para aportar todas sus ideas y sus ganas para la incorporación de esta perspectiva al estudio de la criminalidad económica. Siempre con mucho entusiasmo”. 

“No sé si Judith se consideraba feminista, pero lo era”, contó a elDiarioAR una de sus colaboradoras en la DAFI.

“Una pionera en la investigación financiera que dejó una huella en sus colaboradores, siempre luchando por los intereses de los que menos tienen y pueden”, afirmó Magalí Bausset, una de sus colaboradoras en la DAFI. En marzo de 2021, König dejó uno de sus puntos de vista en Twitter, algo que no solía hacer con frecuencia. “No importa qué tributos progresivos quieran imponer los legisladores, siempre va a haber un juez conservador dispuesto a salir en defensa de los ricos que no quieran pagar impuestos. Así se mantiene la regresividad tributaria y los pobres siguen pagando el IVA”, escribió.

Fue una mujer solidaria, sorora, divertida y buena compañera.

Alejandra Mángano — Fiscal federal y cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Un funcionario de un organismo de control que compartió con König diversos casos de investigación en los años ‘90 y 2000, recuerda a la experta pronunciando reiteradamente el nombre “Morena”, su primera hija con Parenti. “La tenía siempre presente”. Más tarde, nació Julieta, su segunda niña. 

Sebastián Narvaja, fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Santa Fe, recalcó que en su provincia, König “fue incondicional colaboradora para capacitar investigadores”. El abogado Pedro Biscay recordó el aporte de la experta en “el cómputo del perjuicio del caso Greco”.

“Habíamos conseguido la detención de un prófugo y eso le costó una apuesta. La llamé contento y me dijo: ‘Prisión preventiva consigue cualquiera. El tema es que esté preso con condena’ -contó a este medio otro investigador del Ministerio Público Fiscal-. Igualmente pagó el almuerzo por la apuesta en un prestigioso club de la Ciudad de Buenos Aires. ‘Acá están todos los que investigás, te traje sólo para que veas que el trabajo termina cuando tengamos condena’. La condena del prófugo llegó en 2019 y me replicó: ‘Aún falta, tiene que estar firme’. Incansable motivadora”, concluyó.

Su esposo, Parenti, recordó una de sus últimas huellas: “Cuando se enfermó y después, en los últimos días, me dijo que ella estaba tranquila, serena. Estaba conforme con su vida y sonreía mucho. La vi con mucha paz, tenía ganas de vivir pero estaba tranquila. Me dijo: ‘Hice todo, tuve una vida hermosa’”.

Este artículo se corrigió a las 15:08. Donde decía Juana debía decir Julieta. König falleció el sábado 29 de enero de 2022 debido a un cáncer de ovario. También se debió quitar un testimonio en on the record a pedido de la autora del testimonio posterior a la publicación.

ED

Oficialismo y oposición coinciden actualmente en muy pocas cosas pero una excepción clara es que ambos sectores están de acuerdo en que la reforma judicial impulsada por el presidente Alberto Fernández en 2020 no será ley, al menos, dicen, por los próximos dos años, de acuerdo con las consultas realizadas por elDiarioAR a legisladores de ambas fuerzas. Un segundo proyecto clave, la nueva Ley del Ministerio Público Fiscal, principal apuesta del kirchnerismo puro contra el Poder Judicial, también retrocedió en el Congreso: volvió a foja cero en Diputados y Argentina está más lejos de tener un jefe o jefa de los fiscales, cargo vacante desde hace cuatro años. El dictamen de comisión que había logrado el kirchnerismo cayó con la renovación legislativa y será muy difícil para el oficialismo volver a conseguir esos números que tanto les costó en 2021.

Si bien ninguno de los dos proyectos de ley perdieron estado parlamentario, su supervivencia en el Congreso hoy sería testimonial. Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica (Juntos por el Cambio) explicó a este medio que “al tener media sanción del Senado, para ambos proyectos se prorroga el estado parlamentario por un año más” pero confirma que la oposición está a años luz de apoyar ese proyecto en las circunstancias actuales.

“En el caso del proyecto de ley de reforma del Ministerio Público Fiscal, conseguir los votos para el dictamen de comisión fue difícil para el oficialismo ya en 2021. Con la nueva composición en la Cámara, será todavía más difícil volver a conseguir esos números”, agregó López. “Si los proyectos no son aprobados en 2022, entonces sí ambos perderán estado parlamentario en 2023”, aseguró, y entonces quedarán definitivamente fuera de agenda.

“Si nos ajustamos al reglamento de la Cámara, el dictamen de comisión caería a finales de febrero, principios de marzo, cuando se defina la conformación de las comisiones legislativas de Justicia y Asuntos Constitucionales”, se limitó a responder el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), expresidente de la primera de esas comisiones. 

En el oficialismo, sin embargo, reconocen que la “tradición” en Diputados es que los dictámenes caigan en diciembre. Hay una ventana clave: el kirchnerismo tiene tiempo hasta finales de diciembre para forzar el tratamiento del proyecto en el recinto, con la extensión de las sesiones ordinaria. “Pero eso no va a suceder”, aclaró una fuente del bloque. No existe ni la remota posibilidad de consenso para lograr la ley en los próximos días y la prioridad es la agenda económica, afirman.

Mientras los proyectos se estancan en Diputados, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner logró sus propios triunfos personales en los tribunales federales. En lo que va de 2021, obtuvo tres sobreseimientos anticipados, previos a los juicios orales y públicos previstos en los casos Dólar Futuro, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. En este último también iba a ser juzgado Máximo Kirchner, titular del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja.

Un/una jefe para los fiscales

El oficialismo tenía hasta el 10 de diciembre para conseguir el quórum en la Cámara de Diputados y tratar en el recinto el dictamen de las comisiones legislativas de Justicia y Asuntos Constitucionales. Desde finales de 2017, Argentina no tiene un Procurador General de la Nación, cargo central en la vida democrática de un país: un jefe o jefa de los fiscales federales y nacionales que lleve adelante la política criminal y judicial del Ministerio Público Fiscal, que active los concursos para nombrar nuevos fiscales y que encabece la aplicación en todo el país del sistema acusatorio, a tono con lo que sucede en el resto del continente, donde los fiscales investigan y los jueces sólo juzgan.

Para conseguir su procurador, el Ejecutivo requiere que los dos tercios del Senado apruebe a su candidato. El proyecto, impulsado por el sector más afín a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, busca flexibilizar las condiciones para nombrar y desplazar al Procurador General de la Nación.

Conseguir la sanción de este proyecto era la “prioridad” de Martín Soria cuando asumió como ministro de Justicia, a finales de marzo. El entonces diputado se incorporó al Gabinete tras el desplazamiento de Marcela Losardo, a quien el kirchnerismo le adjudicaba el fracaso del avance de este proyecto y el de la reforma judicial.

El principal punto del proyecto es que el procurador o el jefe de los fiscales pueda ser elegido por mayoría absoluta en el Senado (el voto de más de la mitad de los presentes), en lugar de los dos tercios exigidos actualmente. También contempla que en Diputados alcance con una mayoría de la mitad más uno de los miembros presentes para iniciar el juicio político y buscar la destitución del procurador. Antes de las elecciones legislativas de noviembre, este proyecto hubiese permitido al Gobierno nombrar a su candidato sin un acuerdo con parte de la oposición. 

El candidato del Presidente para ocupar este cargo central es el juez federal Daniel Rafecas pero, a excepción de Elisa Carrió, tanto la oposición como el kirchnerismo se negaron a impulsar su pliego en el Senado, según reconocen opositores y oficialistas. El juez, además, se opuso públicamente a asumir si se lograba modificar las mayorías para elegirlo. La Procuración está a cargo de Eduardo Casal de manera interina. El funcionario es procurador ante la Corte Suprema y estaba en la línea de sucesión cuando Alejandra Gils Carbó presentó su renuncia, ante el embate del macrismo y un sector de los tribunales federales, en 2017.

La reforma que no será

Con este proyecto para intentar nombrar un Procurador con nuevas condiciones, el kirchnerismo puro desplazó como prioridad de la agenda legislativa al de reforma judicial del presidente Fernández, para el que el mandatario había convocado a una comisión de juristas que lo asesorara.

La reforma judicial también tiene media sanción del Senado pero nunca se trató en comisión de Diputados por lo que ni siquiera estaba en condiciones de pasar al recinto para su tratamiento como ley. 

Fernández propuso un reordenamiento de la Justicia federal en todo el país y en cuanto a los tribunales de Comodoro Py 2002, donde se investigan los casos de presunta corrupción del poder político, propuso fusionar el fuero con Penal Económico -que investiga casos de lavado, tributario y contrabando-, obligando a los jueces y fiscales federales a compartir su cuota de poder con los colegas de la sede de la calle Inmigrantes. Además, los juzgados a cargo de las causas contra el Gobierno pasarían de 12 jueces a 46 (los 12 penales, 12 penales económicos y otros 24 nuevos cargos).

ED

Rodolfo D’Onofrio, Sergio Rapisarda y los miembros de las comisiones directivas de ambos clubes (River y Vélez) fueron imputados por incumplimiento de medidas dispuestas contra la pandemia Covid-19 y por resistencia a la autoridad, según los artículos 205 y 239, informó el Ministerio Público Fiscal porteño.

Asimismo, en este momento personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, está allanando la sede del club Vélez Sarsfield con el objetivo de secuestrar una copia de las grabaciones efectuadas por las cámaras de seguridad, así como de los registros del sistema informático y otros elementos que resulten útiles para determinar la cantidad de personas que ingresaron al estadio el día sábado para ver el partido contra Independiente.

La Fiscalía PCyF 35 de la Ciudad, especializada en eventos masivos, a cargo de la Dra. Celsa Ramírez, inició la investigación tras los partidos disputados el fin de semana en los estadios Monumental y Amalfitani por incumplimiento de la capacidad de personas dentro de las canchas.

Este martes, la fiscalía junto al Cuerpo de Investigaciones realizó un allanamiento en River en busca de cámaras de seguridad y otros elementos útiles para la investigación. En tal sentido, el Fiscal General de la Ciudad, Dr. Juan Bautista Mahiques aseguró que se va a auditar todo el sistema informático del club de Núñez para revisar si hubieron alteraciones o desviaciones en los permisos de acceso al estadio.

Cabe destacar que según el último decreto presidencial, el aforo permitido para este tipo de espectáculos es del 50 por ciento, y que su cumplimiento es responsabilidad de los clubes.

Por otro lado, la fiscalía informó que durante el clásico del domingo hubieron tres detenidos por falsificación de entradas, y se labraron actas contravencionales a dos personas por aparente reventa de entradas y a una persona que estaba organizando a los hinchas para hacer espacio en la tribuna. También se labraron actas a más de 40 “trapitos” que estaban en las inmediaciones del Monumental.

Los allanamientos de Vélez y River fueron otorgados por los Juzgados PCyF 7, a cargo del Dr. Javier Buján, y PCyF 30, a cargo del Dr. Juan José Cavallari, respectivamente mientras que la causa continúa en investigación.

AB

Los hinchas de River Plate vivieron una jornada de plena fiesta por el triunfo 2 a 1 ante Boca Juniors de vuelta al Monumental por la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol, en su regreso a las canchas.

Desde temprano, el público concurrió bajo el sol y desde las 14.17 se fue acomodando en sus respectivos asientos luego de los requisitos solicitados por el Gobierno y la AFA pero de a poco, el Monumental dejó pocos claros en sus butacas y dio la impresión que hubo un aforo mayor al del 50% establecido, con más de 36 mil socios.

Según pudo saber elDiarioAR, el Ministerio Público Fiscal porteño “va a investigar si se incumplió con el aforo en los partidos de River y Vélez”. Quien llevará adelante la investigación es la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos a cargo de Celsa Ramirez.

Por otro lado, “hay detenidos por venta de entradas falsificadas, hay actas a trapitos y contravenciones”.

Con público en las tribunas, el partido de Vélez se jugó en el estadio José Amalfitani, del barrio porteño de Liniers, situado en el límite oeste de la Ciudad de Buenos Aires, donde recibió a Independiente. “El rojo” tenía la victoria casi asegurada con una ventaja de dos goles en los minutos finales, pero Vélez Sarsfield, remontó y alcanzó el empate 3 a 3, en un partido por la fecha 14 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

El Superclásico entre River y Boca por la 14ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol se jugó con público en el Monumental después de 30 partidos.

AB

La nueva Ley del Ministerio Público Fiscal, principal apuesta del kirchnerismo contra el Poder Judicial, tiene una carrera contrarreloj para no quedar un año más en la nada. Si el oficialismo no consigue el quórum en la Cámara de Diputados antes del 10 de diciembre, el dictamen de las comisiones legislativas de Justicia y Asuntos Constitucionales que tanto trabajo costó al kirchnerismo caerá y el tratamiento del proyecto deberá volver a foja cero en la Cámara baja, confirmaron diputados oficialistas y opositores a elDiarioAR.

El objetivo de esta ley, impulsada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su sector político más afín, es flexibilizar las condiciones para nombrar y desplazar al Procurador General de la Nación, jefe de los fiscales y clave en el funcionamiento de los tribunales. Sólo una victoria holgada en las elecciones legislativas podrá reacomodar las fichas a favor del oficialismo.

Conseguir la sanción de este proyecto era la “prioridad” de Martín Soria cuando asumió como ministro de Justicia, a finales de marzo. El entonces diputado se incorporó al gabinete del presidente Alberto Fernández tras el desplazamiento de Marcela Losardo, a quien el kirchnerismo le adjudicaba la falta de militancia del proyecto de ley y por ende, su escaso avance en Diputados.

El principal punto del proyecto es que el Procurador General de la Nación, el jefe de los fiscales, pueda ser elegido por mayoría absoluta en el Senado (el voto de más de la mitad de los presentes). También, que en Diputados alcance con una mayoría de la mitad más uno de los miembros presentes para iniciar el juicio político y buscar la destitución del procurador. Eso permitiría al Gobierno nombrar a su candidato sin un acuerdo con parte de la oposición. 

El juez federal Daniel Rafecas es el elegido por Fernández para asumir como Procurador pero, a excepción de Elisa Carrió, tanto la oposición como el kirchnerismo demostraron su falta de voluntad para impulsar el pliego de Rafecas en el Senado, según reconocen opositores y oficialistas. El juez, además, se opuso públicamente a asumir si se lograba modificar las mayorías para elegirlo.

A cuatro meses de su asunción, Soria movió algunos casilleros para sumar número y lograr el quórum, logró los apoyos de algunos indecisos, como el diputado mendocino José Luis Ramón, pero los números para el quórum siguen siendo insuficientes. Las definiciones sobre candidaturas para este año, los heridos en las negociaciones por las listas y la resistencia de los diputados cordobeses -cuatro aliados del gobernador Juan Schiaretti- hicieron que Soria postergara la pelea, reconocieron dos fuentes oficialistas. 

Sin quórum

El proyecto de ley tiene media sanción en el Senado desde noviembre de 2020. Durante lo que va de 2021, el oficialismo logró votar un dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones en mayo pero el tratamiento de la ley en el recinto de Diputados nunca fue posible. El kirchnerismo no consigue la cantidad necesaria de aliados que garanticen el quórum, según reconocen en el Frente de Todos. 

“Los dictámenes de comisiones parlamentarias se caen ante el recambio legislativo y eso es lo que sucederá en este caso el 10 de diciembre si el proyecto no se trata antes en el recinto”, explicó el diputado Juan Manuel López, presidente del bloque Coalición Cívica, que integra el interbloque de JuntosxelCambio. 

Entonces, el oficialismo deberá esperar a que se conformen las nuevas comisiones -que tendrán nuevos integrantes tras los resultados de las elecciones legislativas- para volver a analizar el proyecto y buscar un nuevo dictamen.

Vamos a estar muy atentos a cómo tratan de introducir este proyecto para su tratamiento.

Juan Manuel López — Diputados (Coalición Cívica).

“Seguimos trabajando sobre el número para alcanzar el quórum pero supongo que la campaña electoral va a complicar todavía más esto porque los diputados están en su provincias”, afirmó el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), presidente de la comisión de Justicia, quien admitió que no ve posible que el proyecto sea tratado en el recinto.

“El dictamen cae el 10 de diciembre. Entre el 1° y 9 de diciembre, podrían intentar tratarlo en extraordinarias, cuando el dictamen actual todavía esté vigente. Después del 10, necesitan los dos tercios de los votos o volver a sacar dictamen y eso es muy difícil que suceda”, explicó López. 

El resultado electoral podrá cambiar la relación entre las fuerzas incluso antes del recambio de diciembre. “Están complicados pero no están tan lejos. Si ganan bien esta elección, la ley tiene más posibilidades de sancionarse antes del 10 de diciembre”, agregó el diputado López, en referencia a los acuerdos y el reacomodamiento de algunos diputados que una victoria electoral le garantizará inmediatamente al oficialismo. “Vamos a estar muy atentos a cómo tratan de introducir este proyecto para su tratamiento”, concluyó el opositor.

La otra reforma

El proyecto de ley que impulsó el kirchnerismo puro en el Congreso desplazó al de reforma judicial del presidente Fernández como prioridad legislativa en materia judicial. El anunciado proyecto del mandatario, para el que convocó a una comisión de juristas que lo asesorara, también tiene media sanción del Senado pero ni siquiera tiene dictamen de comisión en Diputados, confirmó una fuente oficialista en la cámara alta. 

Fernández propuso un reordenamiento de la Justicia federal en todo el país y en cuanto a los tribunales de Comodoro Py 2002, donde se investigan los casos de presunta corrupción del poder político, propuso fusionar el fuero con Penal Económico -que investiga casos de lavado, tributario y contrabando-, obligando a los jueces y fiscales federales a compartir su cuota de poder con los colegas de la sede de la calle Inmigrantes. Además, los juzgados a cargo de las causas contra el Gobierno pasarían de 12 jueces a 46 (los 12 penales, 12 penales económicos y otros 24 nuevos cargos). 

Las causas que importan

Los tribunales retoman este lunes la actividad, tras el final de la feria judicial de invierno, pero, en general, la agenda de los jueces y fiscales federales ya no sintoniza con la de los medios de comunicación o de la política. “Estamos muy cómodos”, fue la respuesta de uno de los magistrados más influyentes de Comodoro Py cuando elDiarioAR le preguntó cómo se sentía estar corrido de la tapa de los diarios, portales y medios audiovisuales.

El dictamen cae el 10 de diciembre. Entre el 1° y 9 de diciembre, podrían intentar tratarlo en extraordinarias, cuando el dictamen actual todavía esté vigente.

Juan Manuel López. — Diputado (Coalición Cívica).

Lejos de la vorágine que desataron jueces como Claudio Bonadio en 2014 o el fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, la pandemia y el cambio de gobierno modificaron por completo la dinámica de los tribunales. No son las causas contra Fernández de Kirchner las que dominan el escenario sino Fernández de Kirchner con su objetivo de frenar los juicios en su contra, argumentando que llegaron hasta esa instancia debido a la supuesta arbitrariedad de jueces y fiscales que actuaron en connivencia con el gobierno de Mauricio Macri.

En 2021, logró ser sobreseída de manera anticipada en la causa Dólar Futuro y apuesta a lo mismo en la causa del Memorándum con Irán. Está siendo juzgada por el caso Vialidad por presunta corrupción en la obra pública en Santa Cruz y tiene pendiente juicios por Hotesur y Los Sauces, y el caso de los cuadernos.

En ese punto está puesta también la atención del ministro de Justicia, quien monitorea que los jueces y fiscales de Comodoro Py avancen en las causas contra el expresidente Mauricio Macri, la “mesa judicial” y los jueces que supuestamente actuaron contra Fernández de Kirchner en consonancia con el gobierno de Cambiemos, contó un allegado a la cartera de Justicia. 

Seguimos trabajando sobre el número para alcanzar el quórum pero supongo que la campaña electoral va a complicar todavía más esto.

Rodolfo Tailhade — Diputado (Frente de Todos).

Soria sigue de cerca procesos y denuncias, y busca que la propia Justicia federal presente las pruebas que podrían desarmar las acusaciones contra la vicepresidenta pendientes de juicio oral y público.

Este miércoles 4, será la segunda audiencia en el pre-juicio por el Memorándum con Irán. Luego de la exposición de la vicepresidenta, esta semana será el turno del Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, además de otros tres de los acusados que también piden la nulidad del expediente y sus sobreseimientos antes del juicio.

Tanto Fernández de Kirchner como otros imputados por el presunto encubrimiento a los acusados del atentado a la AMIA de 1994 plantearon la nulidad de la causa. El 16 de julio, la funcionaria planteó que el juicio en su contra debe ser anulado ante la posible parcialidad de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, los jueces de la Casación que ordenaron reabrir la investigación en 2016.

El pedido de Fernández de Kirchner se basa en la reciente aparición de Borinsky y Hornos en los registros de visitas al expresidente Macri en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos poco antes de ordenar la reapertura de la causa ese año. En los despachos de ambos jueces rechazan los planteos de supuesta parcialidad. Estas visitas están siendo investigadas en Comodoro Py, tras una denuncia del diputado Tailhade.

ED

Desde marzo, el fiscal anticorrupción guatemalteco Juan Francisco Sandoval insistía en que su país estaba en riesgo de una “dictadura” por el irrespeto a las resoluciones judiciales. Hoy es ex fiscal, y dice lo mismo, pero ya desde fuera de Guatemala. Abandonó su patria después de su destitución del cargo en la Fiscalía Especial que dirigía, y lo hizo, declaró, por temores a su integridad física. En las calles, el lunes un paro nacional -iniciativa de protesta social no sin analogías con el relanzado en Colombia-, se manifestó en la capital y en los bloqueos de carreteras reclamando la renuncia del presidente derechista Alejandro Giammattei . Las comunidades indígenas exigieron la restitución de Sandoval a su cargo.

La figura caída del fiscal se vuelve heroica ahora gracias a la espectacularidad de su derrumbe y sacrificio. Aunque ya antes Sandoval fuera Héroe Oficial por la vía de los honores: había sido premiado en Washington con el galardón “Héroes anticorrupción” de la diplomacia estadounidense. El Fiscal Especial es la última víctima política, y la de mayor relieve institucional, entre las de quienes buscaron investigar, procesar, juzgar y condenar judicialmente a la corrupción de funcionarios estatales y a quienes trataron con el Estado para hacer negocios. Puerta de entrada obligada de las caravanas de migrantes que ingresan a México para golpear o sortear el muro de la Frontera Sur de EEUU, Guatemala es el país más poblado de Centroamérica, con más de 16 millones de habitantes. Su capital Guatemala es también el área metropolitana centroamericana mayor, con más de 5 millones de habitantes. Demografía y urbanismo firmes, en vez de debilidad y ruralidad, habían contribuido a que organismos regionales, internacionales, y EEUU vieran al país como una cabecera de puente para una reconstrucción institucional de los gobiernos en el Triángulo Norte que forma Guatemala con Honduras y El Salvador, origen de un flujo migratorio sin pausa, y contención virtuosa para las derivas, toleradas pero indeseadas por quienes contribuían con programas y dinero a la cruzada anticorrupción, de Nicaragua y aun Belice, y por fuera Venezuela y Cuba.

El Fiscal, de 38 años, intervino como pieza clave para la lucha anticorrupción en Guatemala. Entre 2014 y 2019 junto con Thelma Aldana, en ese momento jefa del Ministerio Público (MP), y el director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el abogado colombiano Iván Velásquez, destaparon docenas de casos de corrupción estatal, imputando a más de 200 personas entre ministros, funcionarios, empresarios, e incluso también a los expresidentes Otto Pérez Molina (2012-2015) y Álvaro Colom Caballeros (2008-2012). La CICIG, a medida que avanzaron sus investigaciones y se confirmaron vínculos de estas estructuras ilegales con “núcleos de poder político, económico y social del país”, estos optaron por “pactar con cualquier actor que les garantizara impunidad, incluyendo grupos criminales”. A raíz de estos hallazgos comenzó una intensa acción en su contra “financiada por grupos de poder” para sabotear y detener sus investigaciones. Jimmy Morales elegido en 2015 tras una campaña electoral anticorrupción, fue investigado y en consecuencia, en 2018 decidió no extender el mandato de la CICIG. Aun a principios de 2021, el fiscal Sandoval, ya sin Aldana y Velásquez, podía decir que no estaba solo contra la impunidad en Guatemala porque cuenta con el apoyo de “la sociedad y la comunidad internacional”.

Sandoval fue destituido en Guatemala por Consuelo Porras, la actual fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP). La Fiscal aseguró en un comunicado de prensa que la decisión se basó en supuestos “constantes abusos y frecuentes atropellos” a la institucionalidad del MP, además de “el irrespeto que como mujer, funcionaria y profesional” ha sido víctima ella misma.

Sandoval ocupaba el cargo principal en la Fiscalía Especial contra la Impunidad. La FECI tuvo por anterior acrónimo UEFAC. Porque la Unidad Especial de Fiscalía adscrita a la CICIG fue establecida en el marco del acuerdo de creación de la propia CICIG suscrito por el Secretario General de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala el 12 de diciembre 2006 en la ciudad de Nueva York, ratificado por el Convenio de Cooperación Bilateral suscrito entre el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala el 27 de febrero de 2008.

La FECI investiga e investigó más de 119 casos. Entre los de más alto perfil se cuentan el caso Granja Modelo de Rehabilitación Penal Pavón, el caso del alcalde de Antigua Guatemala, los casos Migración y Maskana, el caso Militares cuyo proceso comenzó en junio. Estas y otras investigaciones que concluyeron en elevaciones a juicios han sido catalogados como 'de alto impacto' para la sociedad guatemalteca. La Fiscalía embestía contra de organizaciones y clientelismos, algunos de larga data, otros más recientes, todos poderosos, con capacidad de generar impunidad y desestabilizar con sus acciones el régimen político legal vigente. El propósito de CICIG era apoyar al Ministerio Público en la desarticulación de esas estructuras criminales, y, desde luego, el propósito del MP debía ser el de desarticularlas antes que, como la sociedad civil denuncia hoy, el de protegerlas o aliviarlas de los embates de los héroes anti-corrupción.

En reemplazo de Sandoval fue nombrada Clara Isidra Valenzuela. La diputada de oposición Andrea Villagrán criticó en redes sociales la decisión de Porras, al igual que otros congresistas. Samuel Pérez, del partido Semilla, también manifestó su voz en contra de la destitución del fiscal, al calificar a Porras como “complaciente”. “Llego la hora de que todos se vayan. Es momento de cambiarlo todo”, añadió.

La destitución de Sandoval ha provocado las críticas de la comunidad internacional que había promovido las labores anti-corrupción de su Fiscalía pero también manifestaciones en las calles contra el presidente. “Giammattei es la muestra de todos los del cuellito blanco que nos han hecho pedazos”, gritaba una de las manifestantes que participó en la concentración que tuvo lugar el sábado en el centro de la capital del país. El secretario de Estado norteamericano condenó debidamente la destitución del fiscal anticorrupción, aparentemente por orden del presidente guatemalteco que en junio había sido el anfitrión elegido en el país elegido como 'santuario seguro' por Kamala Harris en su gira centroamericana. Era el primer viaje al exterior, en misión encomendada por el propio presidente Joe Biden, de la ex senadora demócrata por California, hoy vicepresidenta. La destitución de Sandoval, fue deplorada por Blinken como una  medida que, a su juicio, fortalece la “impunidad” en el país centroamericano.

Según una investigación del diario vespertino La Hora, la decisión de remover a Sandoval fue un pedido del presidente guatemalteco, a la Fiscal general, por posibles investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en contra de él. Alejandro Giammattei, fundador del partido Vamos, gobierna desde enero de 2020. Conservador de derecha, el presidente ha sido consistente con su plataforma social de campaña y con mantener una posición contraria al aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, en favor de la pena de muerte y el uso de la fuerza militar (las tropas del Ejército) en la seguridad ciudadana. Según El periódico, el detonante de la destitución habrían sido las declaraciones del abogado Marco Aurelio Alveño Hernández, vertidas en una testimonial del 13 de julio ante la FECI, donde había sido citado, y filtrada al Ejecutivo. De los ilícitos presuntos sobre los que el letrado responde, o de sus respuestas, surgen datos, pistas, posibles pruebas, y líneas de investigación que llevan a reconstruir 'el mecanismo' según el cual el propio MP recibía favores y pagos regulares, del Gobierno o de terceros. En otras palabras, se cerraba un círculo, donde la lucha contra la corrupción vivía de la corrupción que investigaba, y de recursos tanto más necesarios cuanto que faltan al Estado en los renglones mayores de una cuenta corriente sin remedios económicos para la recesión, la pandemia, la crisis migratoria y las catástrofes climáticas.

AGB

Eduardo Ezequiel Casal ingresó a la Justicia penal como empleado en 1977. En 1982, poco antes de recibirse de abogado, comenzó a trabajar en el juzgado de Julio Strassera hasta que en 1987 asumió como secretario letrado en la Procuración General de la Nación, organismo en el que se desempeña desde hace 34 años, según su curriculum. 

Entre 1992 y finales de 2017, cumplió la misma función: procurador fiscal ante la Corte Suprema, hasta que los designios de la política lo catapultaron como el jefe interino de los fiscales del país, aquellos que tienen el poder de impulsar o desestimar los expedientes judiciales que alcanzan desde la política y el poder económico hasta la vida y los derechos de millones. 

Hasta esa fecha, su función era dictaminar ante el máximo tribunal sobre los casos penales de menor relevancia política. Los casos de peso son reservados para la firma del o la titular del organismo, quien entonces era Alejandra Gils Carbó. Pero a finales de 2017, el gobierno de Mauricio Macri forzó la renuncia de su jefa y Casal asumió su cargo transitoriamente y por reglamento. Estaba en la línea de sucesión. Ese interinato terminó batiendo récord: supera los tres años y medio. 

Actualmente, de aquel hombre de extremado bajo perfil y clásica rutina judicial queda poco: se convirtió en el blanco del kirchnerismo en el Congreso, donde el sector del oficialismo encolumnado detrás de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner lo acusa de haber articulado las políticas del Ministerio Público Fiscal con los intereses del macrismo, y de haber presionado y sancionado a fiscales que intervenían en causas directamente relacionadas con Macri o los intereses de su gobierno.

Tanto la permanencia como la salida de Casal plantean una encerrona para el oficialismo, mientras no logren los votos necesarios para tratar la nueva Ley del Ministerio Público Fiscal que le permitiría al kirchnerismo nombrar un procurador con mayoría absoluta del Senado y sin los dos tercios que hoy exige la ley. 

Macrista: ¿si o no?

Casal no es un hombre de la política, sostiene un hombre que lo conoce desde hace años y ha trabajado a su lado. Es un judicial puro, que oscilaba entre la academia, la burocracia y los expedientes, de bajo perfil e ideología conservadora, coinciden oficialistas, opositores, funcionarios de la Procuración y fiscales consultados por elDiarioAR. 

“Casal no es obediente ni responde al macrismo. Dictamina como él considera que debe hacerlo y su intención no es quedarse con el cargo de Procurador”, afirma ese hombre cercano al funcionario. La figura del interino no está pensada para durar tanto tiempo, resaltó la misma fuente, que prefiere el anonimato. 

Con Alberto Fernández en el poder, Casal dictaminó ante la Corte a favor de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y contradijo al oficialismo sobre los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Esas son algunas de las decisiones que el kirchnerismo le reprocha. 

También sus jugadas alrededor del caso Correo Argentino SA: trasladó al fiscal Juan Pedro Zoni luego de que imputó a Macri y la fiscal Gabriela Boquin, quien también tomó decisiones clave en el caso que involucra a la familia del expresidente, declaró ante el Congreso que Casal le armó un sumario administrativo para presionarla. 

Mientras sea un órgano extra poder, la Procuración implica un límite a los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero eso cambiaría si se convierte en un apéndice del Ejecutivo o un Ministerio de Justicia bis.

Andrés Gil Domínguez — Jurista.

La creación de una unidad antiterrorista -que en la Procuración destacan que fue apoyada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- y su cordial relación con la embajada de Estados Unidos son otras de las razones evocadas por el kirchnerismo para pedir su renuncia. 

Lo señalan, además, de haber apoyado al fiscal Carlos Stornelli cuando se resistió a ser indagado en la causa de supuesto espionaje ilegal en Dolores y quedó en rebeldía. En otros casos de fiscales denunciados la actitud fue diferente, sostuvieron legisladores oficialistas en la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal.

Elisa Carrió y Pino Solanas llegaron incluso a pedirle por carta que defendiera al fiscal Federico Delgado, como trascendió en los medios durante 2018, mientras el entonces jefe de la AFI, Gustavo Arribas, avanzaba en la Justicia contra el fiscal. Algunos fiscales sostienen que defendió sólo al sector más puro de Comodoro Py.

El método del desgaste

“Mientras sea un órgano extra poder, la Procuración implica un límite a los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero sobre todo al Ejecutivo, pero eso cambiaría si se convierte en un apéndice del Ejecutivo o un Ministerio de Justicia bis”, explicó el jurista Andrés Gil Domínguez en diálogo con elDiarioAR. Domínguez integró el Consejo Consultivo que convocó el presidente Fernández para la reforma judicial.

Casal tiene doce pedidos de juicio político y la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público escruta cada una de las decisiones que tomó en los últimos tres años y medio. “Sí, es desgastante”, admiten cerca del procurador interino, pero aseguran que no renunciará ni se jubilará, al menos no por el momento. “Vivimos contestando informes y aclaraciones a la Bicameral”. 

“Se siente fuerte porque tiene el apoyo pleno de Juntos por el Cambio y de Clarín, La Nación e Infobae. Se va a ir el día que cambiemos la ley para designar al Procurador”, afirmó en diálogo con este medio el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), uno de sus principales críticos en el Congreso. Tailhade expuso el patrimonio del procurador interino en la comisión bicameral y provocó que Casal se denunciara a sí mismo ante la Justicia federal para que investiguen el origen de sus bienes. 

Los argentinos tenemos que agradecerle a Casal porque a pesar de los ataques ha decidido estar al frente de la Procuración para garantizar la independencia del Ministerio Público Fiscal.

Graciela Ocaña — Diputada (PRO).

“Un importante diputado de Juntos por el Cambio me dijo que Macri les había encomendado dos objetivos en 2020: que no salga la reforma judicial (impulsada por el presidente Fernández) y que Casal siga en el cargo”, afirmó Tailhade. “Su continuidad es central para Macri”, agregó. 

“Para el kirchnerismo es importante tener un procurador político, que la Procuración dependa más de la política. No sólo tiene que ver con garantizar la impunidad y la revancha contra Comodoro Py. Es filosófico”, sostuvo ante este medio Juan Manuel López (Coalición Cívica) ante la consulta. “Casal es lógico y razonable, por eso lo defendemos, pero no me parece sano que siga en el cargo”, afirmó el aliado de Elisa Carrió, quien ha manifestado también sus críticas a la oposición por la falta de voluntad para nombrar a un nuevo procurador.

“Los argentinos tenemos que agradecerle a Casal porque a pesar de los ataques ha decidido estar al frente de la Procuración para garantizar la independencia del Ministerio Público Fiscal”, opinó Graciela Ocaña, diputada por el PRO. 

Línea de sucesión

Casal es el segundo en la línea de sucesión por ser el procurador fiscal ante la Corte más antiguo en el cargo. Por eso quedó al mando tras la salida de Gils Carbó, quien le tenía confianza y le guarda aprecio, reconoce un excolaborador de la exjefe de los fiscales. Cada vez que ella debía ausentarse, dejaba a Casal a cargo del organismo. 

Tras su salida, el interino dijo ante varios presentes en la Procuración que se limitaría a mantener la casa en orden hasta la llegada de un nuevo Procurador titular. Sin embargo, varias de sus decisiones implicaron un giro que sorprendió a los colaboradores más cercanos a Gils Carbó. Se rodeó de hombres alineados con el sector más típico de los tribunales de Comodoro Py y con judiciales con buen diálogo con el gobierno de Macri. elDiarioAR pidió la opinión de Casal sobre su situación pero no obtuvo respuesta.

“La renuncia de Casal no traerá la solución. Mientras no tengan los votos para convocar a una sesión en Diputados y sancionar la Ley del Ministerio Público o no se pongan de acuerdo entre ellos con un nuevo candidato, la salida de Casal sólo extenderá el interinato”, aseguran en Comodoro Py.

Casal es lógico y razonable, por eso lo defendemos, pero no me parece sano que siga en el cargo.

Juan Manuel López — Diputado (Coalición Cívica).

En la línea de sucesión, se encuentra Laura Monti, la segunda Procuradora Fiscal ante la Corte más antigua, después de Casal. “Definitivamente no es aliada del kirchnerismo”, la definen en la Procuración.

El tercero en la línea de sucesión es Víctor Abramovich, también Procurador Fiscal ante la Corte desde 2015 y especializado en Derechos Humanos. Llegó por concurso y acuerdo del Senado, fue director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. 

Algunos miembros de la oposición consultados sostienen que Abramovich encajaría más con el perfil de un procurador interino más cómodo para el oficialismo, pero ninguno de los oficialistas consultados lo menciona como opción. 

Un importante diputado de Juntos por el Cambio me dijo que Macri les había encomendado dos objetivos en 2020: que no salga la reforma judicial y que Casal siga en el cargo.

Rodolfo Tailhade — Diputado (Frente de Todos).

Para algunos de los principales legisladores del oficialismo en el Senado y Diputados tampoco es una opción el candidato de Alberto Fernández para la Procuración, el juez Daniel Rafecas. Su pliego duerme hace 14 meses en la cámara alta. 

La única opción para el kirchnerismo sería la nueva ley, explicaron Tailhade y otros representantes de las comisiones de ambas cámaras que se encargan del caso. 

El proyecto de ley del Ministerio Público Fiscal tiene media sanción en el Senado y dictamen de comisión en Diputados pero el oficialismo aún no pudo reunir los cantidad necesaria de diputados para tratarlo en el recinto. “Si logramos el quórum en Diputados, la ley sale”, se confía un legislador oficialista. 

Para lograr el quórum, el kirchnerismo necesita que 129 diputados se siente en el recinto y hoy no tiene los números suficientes a favor. Por eso, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, les dijo a los diputados que esta ley “se vota con el culo”, según graficó un miembro de la bancada opositora. 

“No están tan lejos, son cuatro o cinco votos para lograr el quórum”, sostiene otro diputado opositor ante la consulta. La esperanza oficialista está puesta en sumar bancas en las próximas elecciones legislativas.

Un organismo en disputa permanente

“Los dos tercios para nombrar y remover al Procurador no se cuestionaron durante distintos gobiernos, como los de Carlos Menem y Cristina Kirchner. Esta discusión la abrió Juntos por el Cambio”, afirmó Domínguez. 

El jurista se refiere al proyecto de ley presentado en 2017 por el entonces presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Cambiemos). Al igual que el kirchnerismo, el macrismo y el radicalismo buscaban eliminar la duración vitalicia del Procurador; un límite de cinco años para ejercer en el cargo, con la posibilidad de una reelección, por única vez, para continuar por dos años más.

El proyecto, al igual que el actual, buscaba imponer dos de los puntos más polémicos: eliminar el requisitos de los dos tercios del Senado y poder designar al jefe de los fiscales con mayoría absoluta (la mitad más uno); y removerlo del cargo con el consenso de la mitad más uno de diputados y senadores. Como el proyecto no se aprobó y el Ejecutivo no tenía los dos tercios de los votos, Macri no pudo reemplazar a Casal con su candidata a la Procuración: la jueza Inés Weimberg de Roca.

“El interinato también tiene que instrumentarse con otro mecanismo -opinó Gil Domínguez-. Casal no pasó por ningún filtro para asumir en ese cargo, prolongado en el tiempo, sin acuerdo de los poderes Legislativo y Ejecutivo”.

ED