El último informe del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) reveló que, en diciembre de 2022, 574 personas del colectivo travesti trans trabajaban en el Poder Ejecutivo Nacional y sus organismos centralizados y descentralizados. Hace dos años, previo al Decreto 721/2020 que establece que una proporción no inferior al 1% de los cargos de personal en el sector público nacional deben ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero, solo habían 101 empleados del colectivo.

El incremento del 468,32% se dio de forma escalonada a lo largo del 2022: 235 trabajadores en diciembre de 2021; 293 en marzo del 2022; 427, en junio del 2022 y 480, en septiembre de 2022. La mayor presencia de travestis, transexuales y transgénero en organismos públicos atiende a la implementación de políticas de acceso al empleo formal para el colectivo tales como el Decreto 721/2020, la Ley de 27.463 de Identidad de Género y la Ley 27.636 de Promoción de Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins”.

En América Latina, el colectivo travesti trans está expuesto a situaciones de estigmatización, violencia y discriminación laboral, además de exclusión de parte de sus familias y comunidades. El investigador venezolano Javier Corrales advirtió, en su libro Politics of LGBTQ Rights Expansion in Latin America and the Caribbean, que la comunidad trans enfrenta barreras para acceder al empleo formal y puestos de trabajo acordes a su formación académica en la región.

Las medidas adoptadas para garantizar un cupo trans en Argentina, en este contexto, favorecieron la reducción de estos obstáculos. Las capacitaciones, asistencia técnica y talleres de sensibilización en materia de derechos del colectivo travesti trans para organismos y empresas públicas y privadas también han fortalecido su acceso y permanencia en el empleo formal.

“Es imperioso seguir fortaleciendo la permanencia laboral, en un trabajo mancomunado con todos los organismos para derribar las barreras que, ya sea por prejuicio o discriminación, ponen en riesgo la implementación de esta ley”, sostuvo Agustina Ponce, subsecretaria de Políticas de Diversidad.

El federalismo puede crear un entramado heterogéneo en el cumplimiento de los derechos de las personas travestis, transexuales y transgénero, tal como señala Corrales. Este es el caso de Argentina donde los puestos de trabajo para este colectivo se concentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (más del 60%). Ponce, sin embargo, destacó que desde el cuarto monitoreo, realizado en junio de 2022, se han realizado avances en materia de federalización de las políticas de inclusión laboral trans. Los datos del último informe revelan del MMGyD revelan que todas las jurisdicciones nacionales cuentan con, al menos, una persona travesti, transexual y/o transgénero en un organismo estatal. Las 23 provincias representan el 40,24% de los cargos ocupados por este colectivo mientras que la CABA continúa concentrando el 59.76%, pese a los avances hacia una mayor federalización.

ACM

Entre el polvo que el viento Chorillero levantó furioso entre miles de mujeres y disidencias, se inauguró hoy el 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, en San Luis. Pasadas las nueve de la mañana, autoridades de los pueblos originarios encendieron una fogata y le pidieron protección a la naturaleza . Después de la ceremonia ancestral, en el predio sobre la calle Raúl Ricardo Alfonsín se hizo el acto de apertura donde por primera vez fueron nombradas todas las identidades. 

“Nunca más a la invisibilización, el Encuentro es con todes”, se escuchó desde el escenario, donde una veintena de integrantes de la Comisión Organizadora leyó un documento. Este es el primer año en el que se cambia el nombre “Encuentro Nacional de Mujeres”  para enumerar a todas las identidades. “Siempre participamos de los Encuentros, pero nunca fuimos nombrades. A la clandestinidad o invisibilidad no volvemos nunca más. No es solo un nombre, es la potencia de las lucha de nuestros hermanes originarios”, agregaron también en referencia a la inclusión de “Plurinacional”. 

“Este cambio de nombre no implica borrar la historia, implica retomar la lucha y nombrar a quienes sostienen esas luchas. Hay una responsabilidad política de reconocer, es no quedarse en el feminismo racista y discriminador que no quiere nombrarnos”, continuó leyendo una mujer mientras al lado un joven replicaba el discurso con lenguaje de señas. Desde abajo del escenario, en el predio de tierra donde el sol matizaba el viento frío, se escucharon los cánticos: “con las disidencias, plurinacional”

Otro de los puntos sobresalientes fue el reclamo por la liberación de las mujeres mapuches presas tras la represión en Villa Mascardi, en la cercanías de Bariloche, algo que provocó la renuncia de la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. “Libertad, libertad a la presas por luchar”, cantaron miles que llegaron de todas las provincias. También hubo cantos contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, algo que también se criticó en el documento.“Fuera, fuera, fuera Fondo. Fuera”, entonaron.

El reclamo del colectivo travesti trans ocupó una parte importante de la lectura. Menos del 10% de las personas tienen un trabajo formal y gran parte ejerce la prostitución. La implementación efectiva de la Ley de Cupo Laboral Trans fue uno de los ejes de la Marcha contra los travesticidios y transfemicidios que comenzó horas más tarde, a las 19 horas, desde Plaza Del Carmen. Una columna de más de siete cuadras que mezcló el dolor por las personas del colectivo asesinadas con el orgullo de mostrarse, de ser visibilizadas. 

Detrás de una bandera de la diversidad sexual camina Natalia, desde lejos se la puede ver: es alta, rubia, usa flequillo, lleva labios pintados de fucsia y viste un short de jeans. Arenga a sus compañeras mientras camina. Trabaja en un merendero de La Carcova, en José León Suárez, y también es trabajadora sexual, el dinero no le alcanza. En la pandemia integró una red de cuidados para adultos mayores que aún sostienen desde el Movimiento Evita. “Laburo en el comendero, gracias a Dios”, dice. “Pero no puedo sostenerme, también soy una persona trabajadora sexual, pero sé que no es para toda la vida, todo tiene su momento de recaudo. No siempre se mantienen los mismos clientes, Tenemos que aprovechar y progresar, Hoy estamos acá para luchar por nuestros derechos y agradecer a la personas adultas mayores que lucharon por nosotros”, agrega. 

“Este es mi primer encuentro, gracias a Dios”, repite.  “La estoy pasando hermoso, siento una familia. Me enorgullece. Acá veo las necesidades y las luchas de cada provincia, lo que les falta. Estamos para ayudarnos entre pares. Con 29 años, agradezco a las personas adultas mayores que lucharon para que hoy estemos acá”, cierra. 

El trabajo también es la mayor preocupación para Luisana y Mía Paez, ambas de La Matanza. Luisana es enfermera y trabaja por un sueldo mínimo como cuidadora a domicilio y Mía tiene un plan social, integra una cooperativa, pero no le alcanza. Está cansada de buscar empleo y que la rechacen o directamente no le contesten. “Nuestra demanda es un trabajo decente, como cualquier otro. Por eso es un orgullo estar acá”, dice una y la otra asiente.

La presencia de las personas travestis y trans en los Encuentros previos siempre estuvo, pero nunca explicitada en el nombre. Eso festeja hoy en esta marcha Cecilia González, activista  trans de Mar del Plata y trabajadora del Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. “Sentimos un orgullo enorme de cómo venimos creciendo porque en la construcción colectiva nos empoderamos y es importante que estos debates estén en agenda”, dice.

“Nos merecemos que dejen de hablar por nosotras. Las palabras tienen peso, un peso político”, cierra y guiña el ojo rodeado de brillos verdes y violetas.

CDB

El Poder Ejecutivo reglamentó la Ley 27.636 de Promoción al Empleo para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero -sancionada en junio pasado por el Congreso Nacional- a través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial.

Se trata de la norma aprobada el 24 de junio pasado por el Poder Legislativo, promulgada a principios de julio por el Poder Ejecutivo, que establece que los tres poderes del Estado Nacional, los ministerios públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales y las empresas y sociedades del Estado deben ocupar en una proporción no inferior al 1 por ciento de la totalidad de su personal, puestos de trabajo con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes.

Entre otras disposiciones, la reglamentación de la norma publicada hoy en el Boletín Oficial determina que, en caso de “un empate de ofertas”, se dará “prioridad en las contrataciones del Estado” a aquellas empresas que “en su planta laboral posea a personas travestis, transexuales y transgénero”.

“En el caso de que varias de las empresas igualadas incluyan en su plantel a personas con dichas identidades, deberá priorizarse al oferente que posea el mayor porcentaje de personas travestis, transexuales y transgénero en sus puestos de trabajo. Con el fin de hacer valer esta preferencia, los oferentes deberán acreditar fehacientemente la relación laboral con el aludido personal y, en su caso, la cantidad mediante la presentación de la documentación que acredite el vínculo laboral”, indica la reglamentación elaborada por el Poder Ejecutivo.

Por otro lado, indica que serán puestos a disposición de los organismos “materiales de capacitación y lineamientos generales sobre sensibilización y capacitación con perspectiva de género y diversidad sexual que tengan como fin la efectiva integración de las personas travestis, transexuales y transgénero en los ámbitos laborales”.

La norma publicada en la edición de hoy del Boletín Oficial lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Juan Manzur; y de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

En el acto de promulgación de esta norma, en julio pasado, el presidente Alberto Fernández había resaltado que “hay quienes creen que dar derechos es un problema porque rompe el status quo, creen que es mejor un país con derechos para algunos”, y señalado que desde que el Frente de Todos llegó al Gobierno, se propuso la “ampliación” de los mismos.

“Una sociedad que descarta a su gente, es una horrible sociedad”, había postulado el mandatario, a la vez que había remarcado que, en cambio, “la mejor Argentina es la que da derechos”.

Con información de agencia Télam

AB

“Quisiera ganarle a Cristina. Que mi gobierno sea más progresista que el de ella, dar más derechos que los que ella dio”. El presidente Alberto Fernández lo dijo en ese tono en el que las cosas se dicen un poco en broma y otro poco en serio, justo después de asegurar que la primera presidencia de su actual vicepresidenta -y la líder política que lo postuló para el cargo que ahora ocupa- fue “la más progresista de la democracia en materia de dar derechos”.

Fue este miércoles al mediodía, en el Museo del Bicentenario, enclavado en las entrañas de la Casa Rosada: allí fue el acto oficial de promulgación de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, que lleva por número el 27.636 y que es conocida como “Ley Lohana Berkins - Diana Sacayán”, en reconocimiento a dos activistas históricas de ese colectivo que fueron víctimas de travesticidios. La ley, que entrará en vigencia este jueves, prevé que los tres poderes de la Administración Pública Nacional garanticen que al menos el 1% de las vacantes laborales sean otorgadas a personas del colectivo travesti trans.

“El primer gobierno de Cristina vino con la Asignación Universal por Hijo, la Ley de Matrimonio Igualitario, la de Muerte Digna, la de Identidad de Género: fue el más grande en términos de conquistar derechos. Yo quiero dar todavía más derechos”, se entusiasmó Fernández, escoltado por su secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, a quien señaló como su maestra “en estos temas”: “Durante su campaña para diputada, Vilma hablaba mucho del matrimonio igualitario, y en mi rol de jefe de campaña le pregunté si hacía falta hablar tanto de eso, que impactaba finalmente en una minoría. Vilma me dijo algo que todavía me acuerdo y que me hizo entender todo: 'Las minorías sólo tienen derechos si las mayorías les dan derechos'”, recordó el Presidente. Acababa de firmar el decreto de promulgación preparado por Ibarra frente a algunas diputadas y referentes del colectivo travesti trans.

“Este es un día histórico para nuestro colectivo, estoy profundamente emocionada, con el corazón. Esta ley es una reivindicación de nuestro colectivo como sujeto político, una comprensión de las condiciones de desigualdad en las que vivimos y en las que morimos, un hecho histórico para Latinoamérica y el mundo, y una política concreta para modificar esa desigualdad estructural que implica que vivamos una vida precaria”, resumió Alba Rueda, activista trans y subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación: fue ella la funcionaria más aplaudida por quienes se acercaron al acto oficial a celebrar la promulgación de la ley. Su nombre lo celebraron las mismas que, apenas terminó la presentación de la norma, cantaron: “Lo dijo Lohana y Sacayán / Al calabozo no volvemos nunca más”.

“El 10 de diciembre de 2019, cuando asumimos el gobierno, sabíamos que estábamos en deuda y que había que llevar a leyes las banderas que nos trajeron hasta acá”, destacó Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. Según destacó, el decreto que Fernández firmó en septiembre por el cual el Poder Ejecutivo Nacional ya había quedado obligado a cumplir con el cupo travesti trans ya hizo que de 30 personas empleadas por el Estado nacional hasta ese mes, se pasara a un número actual de 220 trabajadoras y trabajadores de ese colectivo.

“A través de ese decreto abrimos un registro: ya tenemos perfiles de 4.300 aspirantes”, sostuvo la titular de la cartera de Mujeres, y agregó: “El hecho de que ahora haya una ley y no sólo un decreto implica que es una política de Estado, y no sólo de gobierno”. Para hacer hincapié en la lucha histórica del colectivo travesti trans, Gómez Alcorta recordó una frase de Lohana Berkins: “El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo”, dijo.

Ante la consulta de elDiarioAR sobre qué plazos estaban previstos para incorporar a esas 4.300 personas que se inscribieron en el registro a un trabajo formal, Gómez Alcorta respondió: “No hay plazos previstos y tampoco es la única vía de ingreso. La ley entra en vigencia mañana -por este jueves- y de esa manera hay dos poderes del Estado -el Legislativo y el Judicial- que tendrán que instrumentar las vías para incorporar a quienes estén en el registro”.

“Cada vez que ampliamos derechos somos una sociedad mejor. Las minorías tienen derechos que las mayorías deben reconocer, y hay que hacer un trabajo todos los días para que no haga falta una ley de cupo laboral trans: con las leyes estamos confrontando una cultura a la que le cuesta aceptar a este colectivo. Nunca vi que hiciera falta una ley de cupo para varones o para mujeres”, sostuvo el Presidente. Omitió, por ejemplo, la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, sancionada por el Congreso Nacional en 2017 y orientada a que las mujeres no estén subrepresentadas en el ámbito legislativo.

JR

El presidente Alberto Fernández firmó este miércoles el decreto de promulgación de la Ley 27.636 de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, y dijo que se trata de un “momento único para la vida de muchas personas”, al tiempo que aseguró que su Gobierno está “decidido a que se termine cualquier tipo de discriminación en Argentina”.

“Si no está la decisión de las mayorías de igualar a todos, es imposible hacerlo, porque las minorías no tienen esa fuerza para pedir la igualdad”, remarcó el mandatario en el acto que se desarrolló en el Museo del Bicentenario, acompañado por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la subsecretaria de Políticas de Diversidad, Alba Rueda; y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

Asimismo, el Presidente confesó haber tenido “una gran maestra en estos temas: Vilma Ibarra. Me acuerdo que estábamos enfrentando una campaña donde Vilma era candidata y lo hacía con el tema de matrimonio igualitario. Como jefe de campaña le pregunté si teníamos que hablar sobre el tema, y me contestó que las minorías tienen derechos si las mayorías les dan los derechos. A mí, me definió todo”, reflexionó.

Además, Fernández reveló haber celebrado “el primer gobierno de Cristina, que fue el más progresista a la hora de ampliar derechos”, y reconoció ser “consciente de todo lo que falta avanzar, y quisiera ganarle a Cristina y que este Gobierno sea más progresista que el de ella”.

Para el mandatario, desde que asumió la Presidencia en 2019, “nos pusimos una agenda de ampliación de derechos. A lo largo de la campaña repetía que la mejor Argentina es la que da derechos. Hay quienes creen que dar derechos es un problema, creen que es mejor un país con derechos para algunos. Y no se dan cuenta de que con esas lógicas están activando la cultura del descarte por cuestiones culturales, morales, éticas y están generando descarte en la sociedad. Y una sociedad que descarta a su gente es una horrible sociedad”, concluyó.

La ley

La ley contempla, entre otras reivindicaciones, que los tres poderes del Estado nacional, los ministerios públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales y las empresas y sociedades del Estado deben ocupar una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas de ese colectivo.

“La normativa, votada en el Congreso, convirtió en ley una política pública implementada por el presidente Fernández, quien a través del decreto 721/20 ya había establecido el Cupo Laboral Travesti-Trans en el Sector Público Nacional”, se indica en un comunicado oficial.

La misma lleva el nombre de “Diana Sacayán-Lohana Berkins” en conmemoración de sus impulsoras, junto con las organizaciones LGBTI+ y defensoras de los derechos humanos.

El pasado 24 de junio, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, durante una sesión en la que oficialismo y oposición respaldaron la propuesta de manera unificada al considerarla “reparadora de derechos”.

El proyecto obtuvo 55 votos a favor y 1 en contra, mientras seis legisladores decidieron abstenerse.

“Celebro la sanción de la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero Bandera transgénero”, expresó el Presidente desde su cuenta de Twitter, tras la sanción.

Añadió que “este logro es la continuación de los avances hechos con el decreto 721/2020 del Cupo Laboral Travesti Trans en el Sector Público Nacional”.

“Es el resultado de la lucha de un colectivo históricamente vulnerado. Era hora de que el Estado escuchara y atendiera su reclamo. Hoy somos un país más justo e igualitario que reconoce y celebra su diversidad”, reafirmó Fernández.

IG

Este miércoles, en el Museo del Bicentenario, se promulgará la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans: entrará en vigencia tras recibir la última media sanción en el Senado el 24 de junio, y obligará a la Administración Pública Nacional a destinar al menos el 1% de los puestos laborales a ese colectivo.

La información sobre la promulgación fue confirmada a elDiarioAR por fuentes del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que anticiparon que el presidente Alberto Fernández participará del acto oficial. Con la entrada en vigencia de la ley, que obliga al Estado nacional a dar trabajo al colectivo travesti trans, se establecerán también incentivos económicos para quienes incluyan a ese colectivo en empleos del sector privado: el beneficio será de un año en general, y de dos años en el caso de las pequeñas empresas.

Según lo previsto en la ley que será promulgada, “a los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo”. En ese mismo sentido, tampoco serán tenidos en cuenta los antecedentes contravencionales de quienes se postulen a las vacantes laborales que sean irrelevantes para acceder a ese puesto: se trata de amortiguar el impacto de una persecución policial histórica contra ese colectivo.

La ley que entrará en vigencia incluye a ministerios públicos, entes públicos no estatales, organismos descentralizados o autárquicos y empresas y sociedades del Estado. Hasta ahora el cupo estaba previsto en el Poder Ejecutivo, pero la obligatoriedad de dar empleo a personas travestis y trans ahora alcanzará a todos los poderes del Estado nacional.

En 2017, una investigación publicada por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires dio cuenta de que entre unas 200 mujeres trans y travestis consultadas, sólo el 9% estaba inserta en el mercado formal de trabajo. Un relevamiento de 2020 de Gestión Legislativa indicó que alrededor del 80% de ese colectivo no tiene empleo, y un alto porcentaje de esa población se encuentra en situación de prostitución.

Para recordar a dos referentes históricas, la ley que entrará en vigencia lleva los nombres de Diana Sacayán y Lohana Berkins, dos activistas durante décadas, víctimas de travesticidios.

BJ

“¿Qué pasará con la sociedad cuando las personas sean atendidas por médicas travestis, meseras, ingenieras?”, se preguntaba en una entrevista Lohana Berkins, activista por los derechos trans que murió en 2016. Su nombre está ahora, junto al de Diana Sacayán —asesinada en 2015 en un hecho que fue nombrado por primera vez por la Justicia como un travesticidio— en el título de la ley que la semana pasada impuso el cupo laboral trans en el Estado Nacional. La norma determina que se debe garantizar un mínimo del 1% de la planta para personas travestis, transexuales y transgénero y establece incentivos económicos para contrataciones en el sector privado.

Florencia Ugartemendia era incapaz de imaginar esa posibilidad algunas décadas atrás, cuando todavía no era abogada y su vida en la ciudad bonaerense de San Nicolás estaba marcada por el destrato y la dificultad para ganarse la vida. “Primero estudié peluquería, pero no podía hacer más que cortarle el pelo o hacerle la tintura a algún vecino o vecina —dice—. Si ibas a una peluquería y el que te atendía era gay todo bien, divino, las señoras coquetas lo amaban, pero no se dejaban tocar por una chica trans. Además en esos tiempos no se usaba ni siquiera esa palabra, eras ‘un travesti’: el pecado, lo peor que te podía pasar en la vida”. 

Así recuerda los años previos al momento en que decidió hacer las valijas y mudarse a Buenos Aires, en 2011. En San Nicolás solo había conseguido un trabajo estable como telefonista en una mensajería, cuando tenía poco más de 20 y su transición era todavía un proceso incipiente. Cuando ese local cerró limpió casas, atendió la barra de un boliche, cuidó personas mayores; las únicas posibilidades que surgían por fuera de lo que parecía el destino inexorable para ella y que se había prometido a evitar, la prostitución. 

“Me vine a Buenos Aires pensando en que me iban a dar trabajo en una peluquería y que iba a poder hacer castings para conseguir algo en el mundo artístico, que es mi verdadera vocación, y cuando llegué me pasó todo lo contrario”. Mientras las puertas se cerraban una detrás de otra y ella sentía que se le agotaba el tiempo y las opciones, Florencia se acercó a organizaciones sociales que le ofrecieron contención y le comentaron de una búsqueda laboral de personal de limpieza en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). 

“Era un trabajo en blanco, con aportes jubilatorios, obra social. Entré a trabajar y así fue cambiando mi vida para mejor. Pude pagar un lugar para vivir, tener una comida en la que podía elegir un poquito, empezar a comprarme alguna pilchita y así, con los meses, empecé a pensar en hacer algo más”, cuenta. Florencia se anotó en la carrera de Derecho de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo y en 2019 se recibió de abogada. Mientras avanzaba en la carrera pasó de trabajar en limpieza a administración, luego fue asesora de Asistencia a la Víctima y hace dos años trabaja en el área jurídica de Inadi.  

“A mí me dieron ese trabajo de limpieza y mirá todo lo que pude hacer. Entonces ¿qué faltaba acá? Oportunidades. Que la gente entendiera que somos seres humanos y merecemos los mismos derechos que cualquier persona”, dice Florencia desde su casa en Parque Chacabuco, donde por estos días trabaja en modalidad remota y espera la oportunidad de presentarse a audiciones para incursionar en el mundo artístico. 

Según la Campaña Nacional por el Cupo y la Inclusión Travesti Trans, las personas que integran el colectivo travesti trans tienen una expectativa de vida de entre 35 y 40 años. Son alrededor de 40 años menos que la media de la población, lo que se explica por “la vulneración sistemática de sus derechos fundamentales, comenzando por su exclusión estructural del mercado laboral formal”. 

De acuerdo con los últimos datos disponibles, 70% de las personas travestis y mujeres trans se dedica al trabajo sexual o está en situación de prostitución y el porcentaje es más elevado entre las más jóvenes. Casi el 90% de quienes tienen entre 18 y 29 años vive de la prostitución y el 75% se inició en la actividad cuando todavía era menor de edad. La encuesta revela, además, que el 87,2% elegiría dejar la prostitución si tuviera acceso a un empleo.

“Yo no me quiero morir sin conocer lo que es el privilegio de estar sentada trabajando en un laburo formal, ese confort”. Eso fue lo que pensó Cecilia González cuando decidió terminar el secundario y estar preparada para lo que, confiaba, iba a ser una sociedad más abierta a las disidencia. Para ese entonces había pasado más de veinte años en la prostitución, una ocupación con la que sostuvo su hogar —y festejó cumpleaños y pagó viajes de egresados de sus hermanos— desde los 16 años. 

La transición de Cecilia sucedió temprano, cuando tenía 14 años, y su familia la acompañó. Cuando se iba a trabajar su mamá la abrazaba fuerte y le decía “Cuidate, hija”. Los domingos su casa se abría a todas las compañeras que quisieran ir a compartir lo poco o mucho que tuvieran en la mesa. Era la “casa travesti” de Mar del Plata, recuerda. Aún así, con el respaldo de su núcleo afectivo, Cecilia no encontró ninguna posibilidad de inserción laboral formal, ningún modelo al que mirar. 

Dejó la prostitución —algo que ella no considera un trabajo y no desea para otras personas— a los 37 años, cuando su pareja consiguió un mejor salario y pudo hacerse cargo económicamente del hogar que compartían. “Primero me puse a hacer un montón de emprendimientos sola, que se me cayeron todos. Si le das a elegir a cualquier persona si comprarle pan casero a una trava o a una mamá soltera y... ya sabemos cuál va a ser el resultado”. 

Después estudió organización de eventos, curso que terminó con el mejor promedio de su clase. “Fue otra frustración porque veía que le salía trabajo a todos mis compañeros o que quedaban después de una pasantía y a mí nunca me elegían”. Cecilia recuerda que las entrevistas laborales a las que iba eran siempre “en tono de burla” y ella en el fondo sabía que estaba perdiendo el tiempo. “Ya en la fila se me reían, me empezaban a violentar el resto de las personas que iban a buscar el mismo laburo que yo”, cuenta. 

Después de años de militancia por los derechos LGBTI+ y trabajo comunitario, en julio de 2020 ingresó a la Dirección de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense por la ley de cupo laboral trans, que en la provincia fue sancionada en 2015 y reglamentada en diciembre de 2019. “Soy una mera empleada administrativa, pero muy orgullosa de poder serlo. A los 45 años me asombro de lo que no tuve nunca”, dice desde su casa en Mar del Plata. Una de esas cosas que nunca tuvo y la asombran es una obra social.

Sus vecinos le preguntan de qué trabaja, dice que los descoloca ver a una travesti que no sale de noche, que no es esa figura monumental parada en las sombras de una esquina. “Cuando les respondo se sorprenden y hay un acercamiento.. como que me hace más humana”, explica. Y si bien la hace sentir bien, le parece injusto: “Hay tantas pibas que están en situación de prostitución que son buenas personas y se merecen el mismo respeto que cualquier trabajadora del Estado”. 

Lourdes Arias es pedagoga y enfermera y llegó a dedo a Buenos Aires desde Santa María, Catamarca. “Salí con un bolso super chiquito, huyendo de una sociedad muy machista y conservadora”, reconstruye. Sin embargo, le pasó lo mismo que a Florencia y a tantas otras mujeres trans que emigran a la capital con la ilusión de conseguir un trabajo. Instalada en una pensión de San Telmo empezó a peregrinar sin suerte con su currículum. 

“Todo me llevaba a pensar que para las mujeres trans la única forma de vivir era la prostitución. Lamentablemente tuve que hacerlo y es algo para lo que no estaba preparada. Fue un golpazo que hoy en día estoy tratando de superar”, cuenta. Pudo dejar la prostitución “de a poco”, en la medida que empezó a participar de organizaciones sociales que le ofrecieron algunas puertas de salida: un trabajo en una cooperativa de arte trans con la que hacían obras de teatro a la gorra, horas de docencia en el bachillerato popular travesti trans Mocha Celis.

Hace poco más de un año ingresó, por la ley de cupo, al Programa de Diversidad Sexual del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. “Claro que te mejora la calidad de vida. Puedo acceder a una obra social, alquilar algo mejor. Me casé, estoy construyendo mi casita en Catamarca y es la primera vez que puedo decir que tengo independencia económica, que es algo que me ayuda un montón a la autoestima”, dice Lourdes.

Florencia, Cecilia y Lourdes aclaran que su situación es una excepción, que el empleo formal al que accedieron todavía se vive como un privilegio, cuando debería ser un derecho. La situación general del colectivo es otra y en lo que va del año 40 personas travesti trans fueron asesinadas. Por eso la marcha del Orgullo llevó este año el lema de “basta de travesticidios, transfemicidios y transhomicidios”.

“Más allá del cupo, a muchas compañeras les va a costar ingresar porque el tejido social está dañado hace años. Es todo un proceso repararlo y adaptarse a horarios, órdenes de un jefe, a cumplir con el trabajo. Muchas compañeras no terminaron primaria o secundaria. Hay una camada nueva que está ingresando a la universidad, pero son las menos”, dice Lourdes. También hay casos de travestis y trans que acceden a un trabajo pero son recibidas por entornos hostiles que las someten a nuevas situaciones de discriminación.

Para Quimey Ramos, activista de la comunidad travesti trans y trabajadora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), todo trabajo requiere un período de adaptación y más en esos casos en que se incorporan personas a las que se siempre les fue negado un empleo registrado y tienen que aprender de cero a lidiar con la burocracia de la formalidad: horarios, trámites, cuentas bancarias. “La adaptación tiene que ser comprensiva para que la persona logre mantener ese trabajo —señala—. Porque una internaliza lo que sistemáticamente escucha del exterior, que es que no corresponde que estés ahí y es probable que ante las frustraciones o el fracaso quieras salir”.

DTC

Travas en las bancas de Callao y Rivadavia. Ahora que de integración laboral travesti - trans se trata; ahora que la casta político-partidaria de la Argentina dejó bien expuestas las vacantes legislativas para todo aquel que no sea tan “normaloide” como ella, la imaginación dirigencial pugna por listas electorales con representantes de la población a la que la flamante norma viene a asistir. 2021 será el año de la llegada al Poder Legislativo de la Nación de -por lo menos- alguna diputada trans. Por lo menos. Y el “una” y no el “une” obedece, claro, a la probabilidad, porque paradójicamente o no, en el país de Tehuel la ultrafeminización de las identidades disidentes manda.

La historia de la militancia travesti - trans es frondosa. Los nombres, muchos. Las pérdidas, incontables. Las posibles candidatas, varias. ¿El peligro? La opción farandulesca: apostar por alguna “Amalia Granata trans”. Si los aparatos partidarios se limitan a repasar la nómina de las mujeres no cis que han encontrado en el circo cierta chance de desarrollo y se preparan para extraer de su fama la rimbombancia de un nombre por todes conocido, la estrategia será propia de un extractivismo travesti. Y lo que es aún más grave, el trabajo histórico de decenas de notables dirigentes de marcada trayectoria habrá sido declinado en favor de una esteleridad que tranquilice a las mayorías. 

El trabajo histórico de decenas de notables dirigentes de marcada trayectoria habrá sido declinado en favor de una esteleridad que tranquilice a las mayorías

Un riesgo semejante encuentra antecedentes obvios en la promoción política de muchas mujeres televisadas: Irma Roy en el peronismo, Pinky en el PRO, las especialistas en jubilaciones y columnistas de noticieros María América González y Mirta Tundis (porque a la “clase pasiva” mejor que se le hable con la “dulzura de las mujeres”) y la candidatura finalmente testimonial de Nacha Guevara en 2009. Ahora, Cinthia Fernández. ¿Con qué fines? La marquesina distrae y ahorra explicaciones. La fama colma el espacio y es el territorio por default de “las distintas”, figuras de excepción en una regla de machos al volante y cuadros políticos femeninos que costaría décadas imponer. Con las personas travestis y trans se suma, además, la culpa: la historia partidaria y gremialista local está colmada de asados varoneros en los que “cogerse al travelo” fue (y es) el chiste, la acusación o el desenlace más frencuente. Nadie resiste archivo y el archivo, ahora, se manda a destruir. 

A la vez, claro, la devaluación de la palabra: cuando une famose diserta o reclama, la imagen anula al discurso. Y el discurso es absorbido como palabrerío tributario del batifodo del espectáculo. La lógica del sketch y el caso Miguel del Sel: termina mal o muy mal. Para actores y actrices, es una salida laboral transitoria. Para líderes políticos, un reconocimiento explícito de sus deficiencias. 

 Por eso, hacia el interior de las organizaciones LGBTTIQ+, el objetivo es que en nombre de la representación institucional lleguen a la Cámara de Diputados de la Nación y también a los concejos deliberantes y las legislaturas provinciales, referentes verdaderamente comprometidas. Sin vidriera y con militancia. Y a diferencia de la experiencia de la activista Paula Arraigada en 2019 -décima en la lista del Frente de Todos para aspirantes a la cámara baja por CABA-, la garantía de acceso esté bastante dada. Como con los puestos de trabajo, los tipos de contratos y las tareas asignadas, en las listas sábana se trata de que a travestis y trans no se las confine al Camino de Cintura. 

Responsable de la agrupación La Nelly Omar, con sede en Parque Chacabuco, Arraigada contó hace días en una entrevista con el periodista Gustavo Pecoraro en la red de podcasts El Vahído que habló con Máximo Kirchner al respecto. Derramar presencias trans y que nadie más hable en nombre de elles. ¿Qué hará la oposición? ¿A quiénes intentarán tentar las otras fuerzas políticas? ¿O concentradas en su electorado ni siquiera harán el esfuerzo? Interpelar sectores minozarizados ¿es sólo una cuestión de sensibilidad y táctica electoral? ¿Qué cambios esperables producirían les desobedientes en las instancias decisoras del Estado?

 La sociedad de la política y el espectáculo murió. O mutó. Los modos de farandulizar el poder ya no apuestan por la relocalización del escenario y que Moisés Ikonicoff alterne entre la Casa Rosada y un show de Jorge Corona, pese a que Macri aún cree que sí y convocó a Alfredo Casero. Si bien los últimos quince años popularizaron expresiones del tipo “actores militantes”, lo cierto es que esos actores y actrices, en su abrumadora mayoría, no ocupan cargos ni entran en las listas. Un ejemplo pavoroso acude al servicio de este viraje: el de Marcelo Tinelli. De la AFA a la Mesa del Hambre y del sueño presidencial al apagón. Como supo expresar alguna vez Charly García cuando le preguntaron si se dedicaría a la política: “No, porque ahora está hecha por especialistas”. 

Que no sea entonces justo a la hora histórica de las travestis y trans que la ocasión no candidatee especialistas y se incline por emergentes de Corrientes esquina Glamour. La sangre derramada no puede ser negociada como en una de Sofovich. 

   FT

El Senado de la Nación convirtió en Ley el proyecto de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, que establece que el Estado deberá contratar al menos el 1 por ciento de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes.

También incluye a ministerios públicos, entes públicos no estatales, organismos descentralizados o autárquicos y empresas y sociedades del Estado.

La iniciativa, que lleva como nombre Diana Sacayán y Lohana Berkins, en homenaje a dos activistas del colectivo víctimas de travesticidios, recibió 55 votos afirmativos, uno negativo y seis abstenciones. 

El cupo laboral trans ya rige en el Poder Ejecutivo y ahora se extenderá ese piso de derechos a los demás poderes del Estado, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de esta minoría en relación al mercado de trabajo, producto de la histórica marginación social a la que es sometida.

En la apertura del debate, la presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, declaró que la ley “produce una hermosa y estupenda sensación” ya que “después de tantos años nuestro país tendrá una ley que beneficia al colectivo de gays, lesbianas, travestis, trans y otra identidades de género”.

“Esta ley viene a compensar tanto dolor y tanto desamparo sufrido durante décadas y tantas vidas truncas”, sostuvo Durango, y añadió que los senadores tienen hoy “la oportunidad de revertir una realidad de discriminación y violencia que somete a las personas travestis, trans y transgéneros”.

Durango señaló que se busca con la norma “establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral para una igualdad real de oportunidades en todo el territorio nacional”. También subrayó que se discute “algo más que el cupo laboral” y afirmó que es un debate sobre “derechos humanos”.

Durango marcó que las personas de este colectivo “continúan recibiendo restricciones par acceder al trabajo y dificultades para vivir en condiciones dignas” y recordó que la expectativa de vida es de entre 35 y 40 años.

Gómez Alcorta: “El cupo laboral travesti trans es Ley por la fuerza de los movimientos de la diversidad”

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo que “es un día histórico. El cupo laboral travesti trans era una deuda del Estado y hoy es Ley, por la fuerza de los movimientos de la diversidad que nunca bajaron sus banderas y que siguen impulsando transformaciones imprescindibles para revertir desigualdades estructurales e injustas”.

La ministra agregó que “garantizar los derechos de travestis y trans es una prioridad del gobierno nacional y por eso, desde septiembre de 2020 lo implementamos por Decreto en la Administración Pública Nacional, convencidxs de que se trata de una medida fundamental para profundizar el camino hacia la igualdad iniciado por la Ley de Identidad de género en nuestro país”.

Alcorta concluyó manifestando que “esta Ley viene a reparar una cadena de exclusiones que muchas veces se inicia en la niñez. No es admisible que en Argentina haya personas cuya esperanza de vida no supere los 40 años simplemente por su deseo de vivir según su identidad autopercibida”.

La subsecretaría de Políticas de Diversidad del MMGYD, Alba Rueda, dijo que: “esta Ley significa el acceso a un empleo formal, a los aportes jubilatorios, obra social, vacaciones pagas, la oportunidad de acceder a la terminalidad educativa y de poder poner en valor su capacidad laboral”.

DA

Con las exposiciones sobre la ley de acceso al empleo para personas travestis y trans, las últimas horas del jueves revelaron una vez más la holgadez con la que la clase política puede ignorar. Y lo hace. Beneficiarios de instituciones orgullosamente ancladas en el siglo XIX -salvo por el Zoom, que la mayoría usa como quien transmite en vivo y en directo desde ese siglo-, diputados de todas las adscripciones partidarias ostentan una desinformación que explica per se por qué el Estado masacra a a las identidades ajenas a sus productos “estrella”. 

A modo de ejemplo, alcanza con remitirse a la discusión anterior de esa misma jornada: la prórroga por diez años del Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas. Como buen tema “macho”, tema duro, tema central, tema de infraestuctura, tema ingenieril, los integrantes de la Cámara Baja -por algo está abajo, aunque la que está arriba queda muy abajo también- alardean con saberes sobre energía, hogares, negociados, clima, provincias. Encienden sus posturas, ganan vehemencia y ponen cara de situación. Como la hidrovía, el petróleo y como ese conglomerado de sentidos cruzados que cierta Argentina decide simplificar con la expresión “el campo”, argumentar sobre el gas importa. Por el contrario, sobre quienes (casi) nunca tuvieron gas ni vida propia -sujetos de la discusión que sigue en el orden del día- no tanto. O casi nada.  

Así, la discurseada sobre travestis y trans fue misericordiosa. Se iba a legislar sobre androides, sin el encanto de la ciencia ficción. La sensación era que empezaba una parte de la sesión destinada a las “imperfecciones” arrastradas por el aparato represivo del Estado-nación, un monstruo que no pudo (todavía) matar a todas -ni con la policía ni con las palabras- y que ahora intentará “reparar”. De hecho, el concepto mobiliario de “reparación” y la insistencia autómata en que era una noche “histórica”dominó casi todas las alocuciones. Con la tranquilizadora certeza del genitalismo cívico -en el Congreso Nacional sólo legislan cuerpos con penes que “hacen de varones” y cuerpos con vaginas que “hacen de mujeres”- si no hubiera sido por la presencia en el recinto de numerosos activistas, la ignomia hubiese sido aún mayor. 

Con la tranquilizadora certeza del genitalismo cívico -en el Congreso Nacional sólo legislan cuerpos con penes que “hacen de varones” y cuerpos con vaginas que “hacen de mujeres”-

A saber, la diputada por Tierra del Fuego Mabel Caparrós (Frente de Todos) alertó sobre la posibilidad de que entre la población referida pueda haber “mentes brillantes” y una “madre maravillosa”. El diputado tucumano Carlos Cisneros (Frente de Todos) no dudó en citar a un obispo fallecido (por más consustanciado con la causa que haya estado el referido, Cisneros apeló a la “autoridad” de un funcionario de la institución que subvencionada por el Estado, más concentrada está en el exterminio LGBTTIQ+). Acto seguido, se refirió a “un travesti” y a “este travesti”, masculinizando su aporte. Como a esa altura hacía falta, el diputado socialista por Santa Fe Enrique Estévez recordó que “estamos hablando de personas” y otro tanto hizo la catamarqueña Lucía Corpacci, del Frente de Todos: “Son por sobre todas las cosas personas”, aseguró. A cada rato, misterios semánticos del tipo “La perspectiva de género que decide cada quien” entenebrecían aun más la medianoche. 

 Caparrós también afirmó que “La medicina debe avanzar”: por si no había alcanzado con la iglesia católica, apareció el otro yugo, el aparato médico. Y mención aparte merecen los diputados por la ciudad de Buenos Aires Alejandro García y Carmen Polledo, ambos del PRO. El primero optó por enmarañarse en la lectura y apelar ni más ni menos que al Código Penal para intentar, sin ningún éxito, borrar del curso asesino de la historia la criminalización de las travestis y trans. Que las redes del narcomenudeo lo juzguen. Y la segunda, Polledo, se ahogó en el miasma de la lógica del “cupo” y la autodiscriminación que implica a su criterio elaborar un registro de aspirantes a empleos formales. Mareo, confusión e irracionalidad a cielo abierto y cúpula cerrada.

Como notables excepciones, la solidez de la diputada por la provincia de Buenos Aires María Cristina Álvarez Rodríguez (Frente de Todos), las palabras de Leonardo Grosso (misma jurisdicción y fuerza política); el discurso del diputado por CABA Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica-ARI), original en citas y tradición de lucha; el énfasis de Mónica Schlotthauer (Frente de Izquierda, CABA), genuinamente preocupada por el cumplimiento posterior de la norma y la emotiva intervención de Mara Brawer (Frente de todos, CABA). Y ya que Brawer citó a la escritora travesti Camila Sosa Villada, estas líneas harán lo mismo. Alguna vez Sosa Villada propuso la creación de un impuesto mensual que se descuente automáticamente de los haberes de cada ciudadano cis (o no trans). Sólo así el escarmiento. Sólo así, decía, la generación de conciencia sobre la muerte industrializada. 

Que el Poder Legislativo se dedique a señalar que hay personas que también son personas repone escenas de los debates sobre al aborto: durante las primeros minutos del viernes, las ideas de muchos diputados fueron tan “proVida” como acaso ellos mismos desearían que no fuesen jamás. ¿Por qué? Por la concepción de persona sellada a fuego en sus verba: se es persona desde la concepción, o cuando la cámara baja te embaraza con su criterio moral. 

La Doctora en Filosofía Laura Belli, especialista en bioética, repasa en sus trabajos las tres líneas dominantes en la noción de persona. En primer lugar, una idea biologicista de persona -persona es quien nace y muere con el mismo cuerpo-; luego, en línea con el pensamiento del filósofo inglés John Locke, persona es quien puede recordar sus actos. Por último, persona es quien tiene identidad narrativa. Identidad forjada en el reconocimiento de su comunidad.

Si de diputados se trata, queda claro entonces que todos nacen y mueren con el mismo cuerpo. Sin embargo, no todos recuerdan sus actos. Y muy pocos alcanzan el reconocimiento de su comunidad. 

FT

La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este viernes por amplia mayoría y envió al Senado, el proyecto de ley de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, donde se establece que el Estado deberá contratar al menos el 1 por ciento de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes.

La iniciativa, aprobada a la 1.20 de este viernes, se debatió durante tres horas y sumó 207 votos a favor; 11 en contra y 7 abstenciones; éstas dos últimas expresiones correspondientes a diputados de Juntos por el Cambio, en su mayoría del PRO.

En el inicio del debate, la presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidades, Mónica Macha, destacó: “Hoy estamos poniendo en el centro de la conversación política que no somos varón o mujer, que no somos lo que nuestros genitales nos obligan, que no somos la cárcel de un cuerpo”.

“Esta Ley ataca al patriarcado, ataca el biologicismo. Estamos poniendo en agenda los mandatos biológicos y desmontando el binarismo”, agregó.

Su compañera de bloque, la cordobesa Gabriela Estévez, expresó: “Hoy seguimos transitando ese camino a la reparación que comenzó en el 2004, cuando Diana Sacayan decía, 'hasta que no podamos ponernos en la piel del otro, no vamos a poder pensarnos como sujetos transformadores de la realidad'. Y éste proyecto se trata de eso. Es un paso más”.

En uno de los discursos más emotivos de la noche, enfatizó: “El propósito de esta Ley es que las travestis y mujeres trans puedan desarrollar sus proyectos de vida sin verse obligadas a migrar hacia las grandes ciudades para prostituirse, que los pibes trans no tengan que vivir sus identidades en la clandestinidad para acceder cuanto mucho a trabajos precarizados”.

En ese sentido, añadió: “Especialmente, que las infancias trans de todo el país, y sobre todo del interior profundo, puedan tener un presente y un futuro rodeadas de mucho amor y con pleno goce de su ciudadanía”.

Por el radicalismo, Brenda Austin dijo que “en los procesos de reparación, de transformación cultural, cada voto cuenta, y cada acción de acompañamiento es un esfuerzo más en acelerar esa transformación que es innegable”.

“Es claro que cuando hablamos del colectivo trans en Argentina y el mundo estamos hablando de un colectivo, que es quizás el que se encuentra en la mayor situación de vulneración de derechos”, agregó.

Su correligionaria Roxana Reyes dijo, en tanto, que “es un día histórico, de reconocimiento de derechos. Y siempre que se trata de reconocimiento de derechos acompañamos, y vamos a reivindicar tanto tiempo de silencio, de discriminación, olvido, abuso”.

Por la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro destacó la importancia de que se apruebe el proyecto al considerar que “es sólo una parte de lo que el Estado hace años le debe reconocer al colectivo”.

“Debe reconocer reparando el pasado de ausencia de ese Estado, los distintos tipos de violencia emanadas desde ese Estado, la encarnizada discriminación y estigmatización a las que miles de personas de este colectivo fueron expuestas con exclusión, cárcel y muerte”, agregó.

Mara Brawer, del Frente de Todos, expresó: “Este congreso tiene pendiente la Ley de Reparación Histórica para las personas trans de más de 40 años: es una manera de dar respuesta desde el Estado a quienes tienen su salud dañada, un pronóstico de vida corto y que ni con esta ley van a alcanzar un trabajo”

Además del cupo mencionado, el proyecto dice también que “a los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo en los términos de la presente Ley”.

También considera que se entiende por “personas travestis, transexuales y transgénero a todas aquellas que se autoperciben con una identidad de género que no se corresponde con el sexo asignado al nacer”.

Otro de los puntos dice que “los organismos comprendidos en la presente ley deben promover acciones tendientes a la sensibilización con perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales, con el fin de una efectiva integración de las personas travestis, transexuales y transgénero en los puestos de trabajo”.

El proyecto además contempla que las “contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la presente Ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales” y ese beneficio se extiende a un año y a dos en el caso de las pequeñas empresas.

AB con información de Agencia Télam.