Las consultas ambulatorias, las internaciones y los análisis clínicos y de diagnóstico por imágenes se desregulan en el sistema de copagos, lo que significa que a los precios de estos servicios incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO), que son los más usados por la gente, ahora los pondrá “el mercado” y no la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo que establecía los topes. Si se compara el listado de prestaciones fijadas en 2002 con el publicado ayer en elDiarioAR, se observa una reducción drástica de servicios que se mantienen regulados, decidida por el gobierno de Javier Milei a favor de las prepagas y en contra de los afiliados. Sólo quedan unos pocos relacionados con Oncología, Discapacidad y Salud Sexual y Reproductiva, entre otros.

El gobierno libertario tomó la decisión de quitar la referencia de la tabla de aranceles que estaba dentro del PMO y ahora cada empresa de medicina podrá fijar los montos. En la resolución 1926/2024 del Ministerio de Salud, que conduce Mario Russo, se especifica cuáles son los tratamientos que están exentos de la desregulación, una lista que se redujo considerablemente con respecto de lo establecido en 2002, cuando se aprobó el PMO de Emergencia, que establecía aranceles de prácticas y prestaciones, mientras que se declaraba exentas a otras.

Ya no están exentas, por ejemplo, las consultas, prácticas y estudios complementarios ambulatorios, diagnósticos y terapéuticos, que incluían también el material descartable y los medios de contraste. Tampoco quedaron las internaciones, ya sean institucionales, en hospitales de día o domiciliarias.

La resolución firmada por el ministro Russo modifica el Anexo I de la Resolución N° 201 de 2002 del Ministerio de Salud donde se detallaba una larga lista de prácticas. Ahora solo quedan algunas coberturas del nivel primario de atención: cánceres de cuello uterino y mama, odontología preventiva, salud sexual y reproductiva (Ley Nº 25.673), oncología, discapacidad, emergencias/código rojo, y prácticas de enfermería, atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia (la Ley 1.000 Días).

Tampoco serán desregulados los copagos de otras prestaciones que están dentro de las leyes de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis virales, otras Afecciones de Transmisión Sexual; y el Sistema de Protección Integral para Personas Trasplantadas y la de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. Se mantiene el Plan Materno Infantil (dará cobertura durante el embarazo y el parto a partir del momento del diagnóstico y hasta el primer mes luego del nacimiento y la atención del recién nacido hasta cumplir un año de edad).

Pero en el nuevo Anexo no hay nada sobre la Atención Secundaria establecida en 2002, como consultas médicas de control (tanto para infancias como para adultos), prácticas y estudios complementarios ambulatorios, diagnósticos y terapéuticos, que incluían también el material descartable y los medios de contraste como parte de la prestación. Tampoco quedaron las internaciones, ya sean institucionales, en hospitales de día o domiciliarias. Del listado del 2002 se eliminaron, las ecografías, los electrocardiogramas, las tomografías, ecodoppler y estudios de visión o genéticos, por ejemplo.

Tampoco serán regulados los copagos de los análisis clínicos: desde las más conocidos como colesterol total, glucemia o hierro hasta otros más específicos. En las manos del mercado también quedan las prestaciones relacionadas con las operaciones en huesos y articulaciones: prótesis de Ortopedia y Traumatología, yesos, vendajes y tracciones continuas. O los estudios de testificación de alergia, entre otros.

Los argumentos de la nueva decisión del gobierno de Milei están basados en la libre competencia y la resolución indica que el sector “requiere un mercado transparente en el que los consumidores puedan comparar directamente las ofertas disponibles, permitiéndoles tomar decisiones informadas al evaluar los planes ofrecidos y elegir la mejor opción”. Además, establece un plazo de 30 días para informar el precio de los coseguros.

“Deviene imperioso proceder a la eliminación de toda injerencia de la autoridad de aplicación en los valores de los coseguros tanto para los Agentes del Seguro de Salud como para las Entidades de Medicina Prepaga, permitiendo que aquellos sean fijados libremente, con el objetivo de garantizar una mayor competitividad y transparencia en el Subsistema de Salud”, concluye la nueva normativa. 

CDB/JJD

Las empresas de medicina prepaga volverán a aumentar lo que quieran a partir de julio, mes a partir del cual ya no deberán actualizar la cuota según la inflación, como se les ordenó. Por eso, a los afiliados les empezaron a llegar este jueves mails en los que anuncian subas del orden del 8%.

Las prepagas venían aumentando fuertemente las cuotas, por encima de la inflación, y el gobierno de Javier Milei, que a través de su megadecreto les había permitido aumentar la cuota lo que quisieran y cuando quisieran, al darse cuenta de que esto impactaba negativamente en el humor de la clase media, protestó contra estas actualizaciones, llevó el caso a la Justicia y se les ordenó ajustar los aranceles según el índice de inflación del Indec y devolver a los afiliados lo les cobraron demás. Pero lo harán en 12 cuotas.

Pero la obligación de subir según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec rige sólo hasta junio, y en julio estas empresas de servicios de salud volverán a poder subir la cuota lo que quieran.

Por eso, la prepaga Medicus, por ejemplo, esta mañana les mandó un mail a sus afiliados señalando: “El costo de su plan médico de julio se ajustará un 8,075%”. La cuota que deberá pagar el afiliado será el resultado de este aumento menos una cuota de las 12 en que partirán el reintegro por lo que cobraron demás en los primeros meses del gobierno de La Libertad Avanza.

Por ejemplo, si una prepaga debe devolverle a un afiliado un total de $180.000, le reintegrará $15.000 durante 12 meses. Pero a partir de julio empezará a regir esta suba del 8%. Y muy probablemente los meses siguientes se vengan más subas, que ya están descalzadas de la inflación del Indec.

Las empresas de medicina prepaga argumentan que el sector de la salud privada ha sufrido atrasos en los pagos a prestadores, sanatorios y profesionales debido a la inflación, lo que pone en riesgo la atención; que a pesar de la inflación registrada (aproximadamente un 15% en mayo y junio), las cuotas no se actualizaron en esos meses; que las prepagas han estado expuestas al control de precios, lo cual ha contribuido al retraso en la actualización de tarifas en comparación con el IPC; que el nuevo acuerdo paritario implica aumentos de costos que deben ser cubiertos con incrementos en los valores pagados a sanatorios y centros de diagnóstico para mantener la calidad del servicio, y que los aumentos ya implementados han sido destinados a la red de prestadores y no están disponibles para las empresas de medicina prepaga, lo que implica que estos fondos se utilizan directamente para mejorar los servicios médicos.

Creer o reventar.

JJD

El Gobierno anunció que la mayoría de las empresas de medicina prepaga van a retrotraer los aumentos a valores de diciembre y devolverán lo que hayan cobrado por encima de la inflación. Las apuntadas por la secretaría de Industria y Comercio y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia son Galeno, Hospital Británico de Buenos Aires, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE.

Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa. “La Argentina de la avivada se terminó”, remarcó el portavoz del presidente Javier Milei.

De esta manera, el Gobierno confía en poder resolver un reclamo que afectaba principalmente a la clase media y que había generado un importante cruce con el rubro.

“Por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga que representa el 75% de los afiliados, van a retrotraer sus cuotas a diciembre del 2023, ajustadas por PIC a partir de allí. Además, deberán aplicar como máximo este índice apra ajustar las cuotas por los próximos 6 meses”, dijo Adorni.

Y detalló: “La superintendencia de Salud está presentando una medida cautelar para obligar a las empresas que concentran el 90% del mercado a retrotraer las cuotas y devolver el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre”.

Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, había asegurado que “las prepagas le están declarando la guerra a la clase media” con los aumentos desmedidos, por lo que había señalado que desde el Gobierno iban a hacer “todo lo que esté al alcance” para defender a ese sector de la población: incluso, se deslizó la posibilidad de recurrir a la Justicia.

No se devuelve el exceso que cobraron desde diciembre

Los asociados a empresas de medicina prepaga no recuperarán lo abonado en exceso durante los primeros meses del año y deberán aguardar una medida cautelar que presentará el Ministerio de Salud.

“La devolución de los aumentos no está dentro del ámbito de facultades de la Secretaría de Industria y Comercio”, aclararon desde la dependencia a cargo de Pablo Levigne.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que la Superintendencia de Salud presentará una medida cautelar ante la Justicia para obligar a las empresas a devolver a los afiliados el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre“.

Bajo este cuadro de situación, los afiliados a empresas de medicina prepaga no recuperarán lo cobrado en exceso, a menos que haya un fallo de la Justicia.

Tampoco hay ningún tipo de medida para el conjunto de afiliados que se dieron de baja, que se estimó en 500 mil personas.

Ante la andanada de aumentos que se acumuló en los últimos meses, el Gobierno decidió que las empresas puedan ajustar el valor de sus cuotas por inflación con base en los precios de diciembre 2023.

Cálculos de la Secretaría de Comercio estiman que la reducción de la cuota sería del orden del 33%. El tope de ajuste a partir de la inflación regirá por los próximos seis meses, según indicó Comercio.

No obstante, cabe apuntar que las empresas pueden apelar la medida, pero la sola presentación de la queja no es suficiente para que quede sin efecto la decisión oficial.

Qué dijo la Comisión nacional de Defensa de la Competencia

Medida preventiva para que las principales empresas de medicina prepaga recalculen los aumentos de sus planes de salud.

Con el objetivo evitar daños al régimen de competencia, el secretario de Industria y Comercio —a instancias de la CNDC— resolvió dictar una medida de tutela anticipada que ordena reajustar los valores de las cuotas de sus planes de salud según la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor.

En el marco de una investigación por presuntas conductas anticompetitivas iniciada a mediados de enero de este año, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) determinó que existen indicios múltiples de un acuerdo colusivo entre las principales empresas de medicina prepaga del país.

A raíz de lo anterior, la CNDC emitió un dictamen aconsejando al Secretario de Industria y Comercio del Ministerio de Economía la adopción de una medida de tutela anticipada en los términos del artículo 44 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC), para que un conjunto de empresas de medicina prepaga, la confederación que las agrupa y la persona humana que la presidía, cumplan con los requerimientos que se detallan a continuación.

En primer lugar, se dispuso que los valores de las cuotas de los planes de salud médico-asistenciales a ser cobradas no podrán superar el siguiente cálculo: la cuota del plan de salud médico asistencial del mes de diciembre de 2023 multiplicada por (1 + la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023). La medida aclara que, en el caso de los clientes dados de alta luego de diciembre de 2023, el ajuste debe realizarse teniendo como base un plan similar al contratado.

La medida preventiva ordena además cesar con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la Confederación Unión Argentina de Salud (UAS) o cualquier otro ámbito, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial.

Asimismo, las compañías de medicina prepaga deberán presentar información a la CNDC sobre precios nominales de cada plan de salud ofrecido, ingresos obtenidos por cada plan de salud y cantidad de afiliados en cada uno de los planes. Las empresas deberán aportar datos desde diciembre de 2023 en adelante, e informar su actualización con una frecuencia mensual. A su vez, las compañías y la UAS tienen la obligación de publicar, en el plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la notificación de la cautelar, el texto completo de la medida de tutela anticipada en sus respectivos sitios web.

Las personas investigadas por la CNDC y alcanzadas por la medida reseñada son Galeno Argentina S.A., Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil, Hospital Alemán Asociación Civil, Medifé Asociación Civil, Swiss Medical S.A., Omint S.A. de Servicios, OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios; la confederación que las agrupa, Unión Argentina de Salud (UAS); y el Sr. Claudio Fernando Belocopitt, en su carácter de actual presidente de la firma Swiss Medical S.A. y del entonces presidente de la UAS.

La apertura de la presente investigación, que se encuentra en curso, se realizó a partir de una denuncia ante la CNDC por cartelización en los términos del artículo 2, inciso a), de la LDC, en virtud del aumento coordinado de los precios de los planes de medicina prepaga de las empresas detalladas.

El artículo 44 de la LDC faculta a la autoridad de aplicación de la norma que, actualmente es la CNDC en conjunto con la Secretaría de Industria y Comercio, en cualquier etapa de una investigación, a imponer el cumplimiento de condiciones u ordenar el cese de conductas con el objetivo de evitar que se produzca un daño, o disminuir la magnitud del perjuicio, su continuación o agravamiento. La LDC prevé que estas medidas, si bien son recurribles por los sujetos alcanzados, deben cumplirse a partir de su dictado.

La CNDC recuerda que los acuerdos entre competidores o prácticas concertadas, comúnmente conocidos como carteles, constituyen una infracción grave a la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 30 % de la facturación de las empresas infractoras en Argentina.

En particular, el artículo 2 de la LDC clasifica a los cárteles de núcleo duro como prácticas absolutamente restrictivas de la competencia, los cuales consisten en el acuerdo entre dos o más competidores para fijar precios, restringir la oferta, repartirse el mercado o coordinar posturas en licitaciones, concursos o subastas.

Para conocer más sobre qué constituye una conducta anticompetitiva, se puede ver la siguiente infografía.

También se puede consultar una guía de buenas prácticas para cámaras y asociaciones empresarias y colegios de profesionales en el siguiente enlace.

Se puede denunciar una conducta anticompetitiva de manera virtual a través del sistema de Trámites a Distancia (TaD), tal como se describe aquí.

La comunicación oficial

La Secretaría de Industria y Comercio y la CNDC (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia), en el marco de una denuncia realizada y ante ciertos indicios de un acuerdo colusivo entre las prepagas, han decidido dictar una medida de tutela anticipada en el marco de la Ley de Defensa de la Competencia con el fin de evitar que se produzca un daño al régimen de competencia. La medida ha sido tomada en los inicios de una investigación en curso por una presunta cartelización.

La medida retrotrae los aumentos operados a diciembre del año pasado y faculta a las prepagas a aplicar, como máximo, el índice de precios al consumidor para el cálculo de cualquier aumento.

Además, prohíbe cualquier intercambio de información competitivamente sensible entre las empresas de medicina prepaga investigadas y la cámara que las aglutina. Adicionalmente, las empresas deberán presentar información sobre el cumplimiento.

¿Cómo se va a devolver la plata de los aumentos de estos meses y de qué meses serían?

La devolución de los aumentos no está dentro del ámbito de facultades de la Secretaría de Industria y Comercio. Eventualmente, puede impactar en el cálculo de la multa, de comprobarse que la práctica efectivamente se produjo.

¿A qué mes se retrotrae el aumento?

La medida retrotrae los aumentos operados a diciembre del año pasado y faculta a las prepagas a aplicar, como máximo, el índice de precios al consumidor para el cálculo de cualquier aumento.

¿Cómo van a ser los ajustes de ahora en adelante?

La medida retrotrae los aumentos operados desde diciembre del año pasado y faculta a las prepagas a aplicar, como máximo, el índice de precios al consumidor para el cálculo de cualquier aumento. Ese tope rige, en principio, durante los próximos seis meses.

¿Las empresas pueden apelar la medida?

Sí, pero es importante destacar que la medida entra en vigor de inmediato y no la suspende una eventual apelación.

¿Los clientes pueden recuperar el dinero cobrado en exceso?

La Ley de Defensa de la Competencia prevé la acción de daños y perjuicios contra las empresas que cometan prácticas anticompetitivas una vez que la sanción quede firme.

¿Cuál es el organismo que toma la medida y actúa en el caso?

La resolución la adopta la Secretaría de Industria y Comercio, por recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. La investigación la lleva adelante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

¿Cómo se aplica la multa?

Concluida la investigación y acreditada de manera independiente que la práctica colusiva denunciada se produjo, una infracción a la normativa de competencia puede importar una sanción de multa de hasta el 30% de la facturación de las empresas infractoras en Argentina, o hasta el doble del beneficio ilícitamente obtenido por la maniobra.

¿Qué evidencia encontró la Secretaría para hablar de presunción de cartelización?

La investigación se encuentra en curso, la prueba es aún preliminar, pero existen declaraciones, un paralelismo y simultaneidad de los aumentos aplicados y otros indicios de cartelización que el dictamen de la CNDC desarrolla en detalle.

Asumiendo que una inflación del 10% para abril, y tomando en cuenta que, en promedio, las cuotas de la medicina prepaga se incrementaron en un 151% desde diciembre, la medida logrará reducir la cuota de las empresas de medicina prepaga en un 33%.

Es decir, las empresas de medicina prepaga deberían cobrar una cuota en mayo que no fuera superior al 70% de la facturada en diciembre pasado.

Caputo felicitó a Pazo y Lavigne

Qué dijo Belocopitt, dueño de Swiss Medical

El encargado de dar la cara por las empresas de medicina prepaga fue Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y quien fue titular de la Unión Argentina de Salud (UAS) hasta el pasado lunes.

El empresario rechazó las acusaciones que recibió y se mostró ofendido por el hecho de que se haya revelado la cantidad de dinero que recibió de parte del Estado en concepto de ATP durante la pandemia de coronavirus: afirmó que el Gobierno del presidente Javier Milei le tiró “un balde de mierda” para desprestigiarlo.

Cuáles son las compañías investigadas por la CNDC

Qué dijo la Superintendencia de Servicios de Salud

El organismo presentó ante la justicia una acción de amparo que contiene una medida cautelar por abuso de precios, con el objetivo de retrotraer los aumentos de las cuotas de la medicina prepaga que estuvieron por encima de la inflación.

El comunicado completo: “Al iniciar la gestión, el Gobierno se encontró con un sistema de salud en decadencia y prácticamente quebrado. Esto es producto de años de falta de inversión, de congelamientos en los valores de las cuotas de la medicina prepaga y por ineficiencias de fiscalización y control.

Con este diagnóstico, a través del DNU 70/2023 y sus decretos reglamentarios, la Superintendencia de Servicios de Salud -organismo autárquico bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación- desreguló el sistema de salud con el objetivo que todos los beneficiarios puedan elegir libremente entre Obras Sociales y Prepagas y con el fin de impulsar la libre competencia entre los distintos actores.

Como encargado de fiscalizar a las empresas de medicina prepaga y de garantizar que haya competencia entre los integrantes del mercado, el organismo supervisó y analizó las conductas de las principales empresas durante los primeros cuatro meses del año y observó abusos en el aumento de los valores de las cuotas.

Por esta razón, la Superintendencia de Servicios de Salud presentó hoy una acción de amparo que contiene una medida cautelar en la justicia para retrotraer estos aumentos que, según lo que estudió, fueron abusivos producto de una posición dominante en el mercado. Asimismo, en una acción complementaria, la Secretaría de Comercio, ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, avanzó con una medida tutelar contra empresas del sector por cartelización.

El gobierno no permitirá y castigará fuertemente la cartelización y el abuso de precios ya que considera que una cosa es la libre competencia y otra, muy distinta, es ponerse de acuerdo para aumentar los precios casi el doble del índice de inflación.

Las empresas del sector tenían con el gobierno anterior un acuerdo de no aumentar la cuota a cambio de otros beneficios otorgados. Ahora, buscaron compensarlo atentando contra todos los argentinos y hasta destruyendo el propio sistema de salud del cual son parte.

Para el gobierno es fundamental tener un sistema de salud más solidario, equitativo y competitivo impulsando la libre competencia entre los distintos actores y la libertad de elección de los beneficiarios. El camino es ese, no que los argentinos paguen por el arreglo entre los empresarios y el gobierno anterior“.

Cómo presentar una denuncia por conductas anticompetitivas

Si sos persona física o jurídica, pública o privada (siempre y cuando DENUNCIANTE), y considerás que una empresa adopta conductas anticompetitivas, podés presentar la denuncia correspondiente ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

¿Qué se considera una conducta anticompetitiva?

Son prácticas realizadas por personas humanas o jurídicas que tienen por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado, o que constituyen abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general (Ley N° 27.442, art. 1).

El procedimiento de investigación se iniciará de oficio o por denuncia realizada por cualquier persona humana o jurídica, pública o privada (siempre y cuando se trate del denunciante).

Para mayor información sobre las conductas anticompetitivas: Infografía.

¿A quién está dirigido?

Cualquier persona humana o jurídica (pública o privada) denunciante que pretenda denunciar una infracción a la Ley de Defensa de la Competencia (Ley 27.442).

¿Qué necesito para realizar la denuncia?

Presentar un escrito con los siguientes datos:

Todas sus hojas, tanto las de la denuncia como las de la documentación adjunta, deben estar firmadas por quien la presente.

Una vez presentada, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia citará al presentante para que ratifique la misma y se labrará el acta correspondiente.

Para consultas respecto de la guía de “Abuso de Posición Dominante de Tipo exclusorio”, se solicita acceder al siguiente enlace.

¿Cómo hago?

1) Ingresá a la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) con tu CUIT y clave fiscal nivel 2. En el caso de una persona humana ingresar mediante el DNI o CUIT correspondiente a la persona que efectuará la denuncia. En el caso de persona jurídica, ingresa con el cuit de la persona jurídica denunciante.

2) Iniciá el trámite ingresando a “Presentación por Presunta Conducta Anticompetitiva” y validá tus datos.

3) Completá el formulario correspondiente.

4) Adjuntá la documentación que corresponda. En algunos casos la misma es obligatoria.

5) Seleccioná “Confirmar trámite''.

6) Una vez que el expediente se encuentre confirmado, en la solapa “Mis trámites” vas a poder verificar la creación del mismo y realizar su seguimiento del trámite.

En el caso de que desees realizar una presentación de manera presencial, deberás dirigirte a la Mesa de Entradas de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ubicada en Julio A. Roca 694, Planta Baja, Capital Federal.

Para cualquier consulta podrás remitir un mail a cndcfirma@produccion.gob.ar.

Podes consultar el Manual de TAD para efectuar la presentación de una presunta denuncia por conductas anticompetitivas en el siguiente Instructivo.

¿Cuál es el costo del trámite?

Gratuito

Con información de agencias y oficial.

IG

El asesor presidencial Federico Sturzenegger tomó distancia de los dichos del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, respecto a las subas de las prepagas al plantear que a pesar de los aumentos fueron “dolorosísimos, los precios se pisaron de una manera no sostenible”.

“Hay que confiar en el mercado”, pidió en una entrevista al canal LN+, luego de que Caputo cargara contra contra los dueños de las empresas de medicina prepaga acusándolos de haberle “declarando la guerra a la clase media”.

El extitular Banco Central de la República Argentina (BCRA) sostuvo que la situación “se tiene que ordenar relativamente rápido y con reglas del juego claras” y remarcó que la Argentina vive “una situación de reacomodamiento del desequilibrio”.

“El tema de las prepagas sé que ha sido dolorosísimo, pero si mirás el precio de las prepagas, lo que ocurrió en 2022 y 2023, ves que se pisaron de una manera que no era sostenible y, de hecho, el precio al cual se ha ajustado, en un contexto donde tenés una taza de inflación alta”, argumentó.

En la misma línea, subrayó: “Tampoco le podés echar la culpa a los que están intentado ordenar la situación y están haciendo que el sistema sea sustentable, pero en el año las prestaciones se dejaron de dar”.

Al respecto, el titular del Palacio de Hacienda alertó que a las empresas “se les recontra fue la mano” y remarcó a través de sus redes sociales que el Gobierno hará lo necesario “para defender a la clase media”.

En otro pasaje de la entrevista, Sturzenegger recibió con buenos ojos el proyecto de reforma laboral presentado por la Unión Cívica Radical (UCR) y especificó que “es un paso gigantesco que el radicalismo lo traiga”. “Me entusiasma muchísimo”, confesó.

“No es una reforma laboral light”, definió, y agregó: “Toma todo lo del DNU, pero va más profundo, porque elimina la obligación de cuota sindical”.

Entre los puntos incorporados por la UCR, el radicalismo propone eliminar y prohibir las contribuciones y aportes derivados de los convenios colectivos de trabajo. “A las obras sociales las obligamos a competir”, puntualizó el economista sobre el DNU.

Por último, criticó la nueva convocatoria de la Confederación General del Trabajo (CGT) a un nuevo paro general previsto para el jueves 9 de mayo.

“La Argentina cambió mucho. ¿A cuántos trabajadores representa la CGT? A muchos menos que antes”, afirmó, y concluyó: “La gente se levanta y trabaja. Gran parte de los privilegios sí son por el marco legal que existe y es lo que se pretende cambiar”.

Qué había dicho Caputo

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, apuntó a comienzos de esta semana contra las prepagas y aseguró que “le están declarando la guerra a la clase media”, luego de los aumentos que realizaron desde que asumió el Gobierno de Javier Milei.

“Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”, expresó el funcionario a través de su cuenta de X.

Nuevamente el Jefe del Palacio de Hacienda hace referencia a las prepagas. El viernes pasado en una entrevista en TN había expuesto que a las prepagas “se les fue la mano con los aumentos”.

Los aumentos tienen su origen en la desregulación del sector que a partir de la publicación del decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 desde el 20 de diciembre de 2023 que firmó el presidente Javier Milei y complementaba a la Ley Bases.

La misma derogó los artículos de la ley de prepagas que le daban a la Superintendencia de Servicios de Salud facultades para fiscalizar y garantizar “la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales”.

Lo cierto es que las declaraciones de Caputo implican una marcha atrás en la posición del Gobierno respecto de como debe regularse el precio de la medicina prepaga. El 22 de diciembre, apenas 12 días de asumido el presidente Milei, su vocero, Manuel Adorni, había justificado la liberación de los aranceles en el hecho de que la medida implicaba “un acercamiento a un sinceramiento de valores”, luego de la “discrecionalidad” en los precios “impuestos por el Gobierno anterior”.

El rol de monitoreo estuvo, a lo largo de diez años, a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. El DNU eliminó la supervisión y dio luz verde a las prepagas para disponer incrementos sin objeción. 

No obstante, ya hubo varios fallos judiciales contra el DNU y la liberación de precios pero para casos particulares de la persona que llevó a cabo la demanda.

“Estamos viendo cosas que se pueden hacer. Voy a tener una charla con ellos, por lo menos para entender, me van a tener que explicar, de alguna manera habrá que hacerlos competir o entender que esto es parte de un cambio cultural, y el cambio cultural implica todo. La competencia no es tan fácil como en el comercio, que se abre y compiten. Es una tarea”, profundizó.

El enojo de Caputo se fundamenta en que la medicina privada registra este mes su cuarto aumento consecutivo por encima de los dos dígitos. Según la empresa, el aumento de abril es entre 16 y 19%. Esta suba se agrega a la de 40% de enero, 27% de febrero y 20% en marzo. Más del 100% desde que arrancó el año.

La decisión del Gobierno provocó múltiples reacciones de los afiliados. Un gran número acudió a los organismos de Defensa del Consumidor y un alto porcentaje, presentó amparos y pedidos de inconstitucionalidad contra el DNU en todas las jurisdicciones del país. Así, ya se dictaron medidas cautelares frenando aumentos en Chaco, Mendoza, Salta, Chubut, Rosario, Paraná, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Solamente en el fuero Contencioso Administrativo Federal de San Martín se otorgaron 11 amparos para casos individuales donde se ordenó a las empresas de medicina privada que se abstengan de aplicar subas en las cuotas. Y, en algunos fallos, se dispuso que sólo “podrán recargar un 8,5% mensual”, aludiendo a una vieja normativa del 2022 del Ministerio de Salud del gobierno de Alberto Fernández. 

Los amparos que pusieron límites a las subas alcanzaron a las empresas más pequeñas, pero también a las de mayor cantidad de afiliados. Así hubo cautelares contra Swiss Medical, Galeno, Omnit, Medife, Hospital Italiano, Osde, Simeco y Medicus. 

La última cautelar se conoció el pasado 28 de marzo, cuando el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava dictó una nueva medida que frena los aumentos a la empresa Medicus S.A. y dispuso “dejar sin efecto los aumentos sobre el valor de la cuota mensual que abona previstos para los meses de enero y febrero del corriente año”.

En ese lapso, el valor de la cuota no quedará congelado, sino que se ajustará por los porcentajes “que resulten de aplicarle el 'Índice de salarios registrados' que publica en INDEC, durante el tiempo que insuma la tramitación del presente amparo, hasta el dictado de sentencia definitiva”.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno nacional oficializó este miércoles el decreto que desregula las obras sociales para los trabajadores que están en relación de dependencia tanto del sector público como del privado, sindicalizados, monotributistas, entre otros, con su publicación en el Boletín Oficial.

El Decreto 170/2024 lleva la firma del presidente Javier Milei; del jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y del responsable de la cartera sanitaria, Mario Antonio Russo.

La norma establece “el derecho a la libre elección podrá ser ejercido por los afiliados titulares de los Agentes del Seguro de Salud comprendidos en el artículo 1° de la Ley N° 23.660, entre cualesquiera de las entidades incluidas en dicha norma, con la excepción prevista en el artículo 9°”.

La libre elección podrá ejercerse por el pazo que determine la autoridad de aplicación y se hará efectivo a partir del primer día del mes siguiente a la formalización de la solicitud, dice el decreto.

Además, especifica: “El plazo mínimo de permanencia no resultará aplicable para aquellos beneficiarios que, encontrándose afiliados a un Agente del Seguro de Salud, hayan elegido a una entidad de medicina prepaga como prestadora de su cobertura médica y esta se encuentre inscripta en los Registros establecidos en el inciso b) del artículo 5° de la Ley Nº 26.682 y en el artículo 6° de la Ley Nº 23.660. En este último supuesto podrán ejercer el derecho a la libre elección hacia esa misma entidad de medicina prepaga”.

El decreto instruye a la Administración de Federal de Ingresos Públicos y a la Superintendencia de Servicios de Salud a adoptar las medidas complementarias y deroga los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 9 del 7 de enero de 1993, el Decreto 638 del 11 de julio de 1997 y la Resolución Conjunta 170 del exministerio de Salud y Acción Social, así como el Decreto 334 del exministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, y el 241 del exministerio de Trabajo y Seguridad Social, del 18 de marzo de 1998.

“El presente decreto comenzará a regir el primer día del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial”, concluye la norma.

Otro de los puntos a resaltar que se indican en el decreto es que los beneficiarios podrán elegir una vez al año su obra social, en el momento que lo desee, desde que haya comenzado su relación laboral.

Con información de agencias.

IG

La Defensoría del Pueblo de la Nación expresó hoy su preocupación ante los últimos aumentos en la medicina prepaga. Según indicaron, los incrementos impuestos de manera coordinada por las empresas de salud ponen “en riesgo el acceso a la atención médica”, en especial para jubilados. “Con una jubilación insuficiente y sin posibilidad de elegir otra alternativa prestacional, están siendo indirectamente obligados a salir del sistema”, señalaron.

Desde el organismo público subrayaron que, de continuar esta situación, se podría dejar desprotegidos a aquellos que más necesitan de la atención médica “pues, por lo general, todos requerimos ese auxilio en el nacimiento/niñez y en la última etapa de la vida”. Como contrapartida, “durante la mayor parte de la vida el sistema es poco requerido y consecuentemente no le ocasiona gastos al prestado, tan solo los administrativos para percibir la mensualidad que debe hacerse indefectiblemente”, plantearon.

“Si cuando generalmente se requieren los servicios médicos en esa adultez se aumenta el valor de la cuota por la sola voluntad unilateral del prestador y ante un público cautivo o por ingresar el usuario en aquella franja etaria, cabe concluir que los anteriores pagos sin requerir servicio alguno o mínimos ─efectuados además sobre el mayor período de su vida─ serían pagos sin causa”, agregaron.

Las principales compañías del sector anunciaron aumentos muy elevados y coordinados en enero y febrero. Ante las subas, sus afiliados realizaron quejas por los incrementos monetarios que no se traducen en una mejor calidad en la atención: así, por ejemplo, persisten las demoras en las concesiones de turnos médicos y los profesionales de la salud aún reclaman por los bajos honorarios que perciben por sus prestaciones.

En lugar de atender a las demandas de sus usuarios, las compañías de medicina prepaga continúan en su tesitura e, incluso, algunos de sus directivos han reconocido que prefieren continuar con los incrementos aunque muchas personas se vean obligadas a prescindir de su cobertura médica.

Ante este escenario, la dependencia nacional planteó la posibilidad de instrumentar una posible solución para evitar que un gran número de personas se caigan del sistema de medicina prepaga. “Este panorama pone en riesgo el acceso a la atención médica, un derecho fundamental que debería garantizarse a todos los habitantes, especialmente a aquellos quienes han contratado este tipo de seguros”, manifestó la Defensoría en un comunicado.

Así, la entidad sugirió una solución intermedia que proteja el acceso a la atención médica de las personas mayores a la vez que garantice la “autonomía de la voluntad para contratar” La propuesta consiste en “mantener el régimen vigente ─antes de los últimos aumentos aplicados por las empresas─ con aprobación de la Superintendencia de Servicios de Salud para los sectores ya inscriptos en el subsistema o el de los adultos mayores; y el de la plena libertad de contratación para los nuevos afiliados quienes tendrán más libertad para aceptar, rechazar o requerir modificaciones al contrato”.

ACM con información de agencias.

La Justicia Federal de San Martín ordenó a una empresa de medicina prepaga dejar sin efecto los aumentos aplicados a uno de sus afiliados al amparo de las disposiciones que estableció al respecto el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 del 20 de diciembre del año pasado, al que cuestiona por su “absoluta inconstitucionalidad”.

El fallo hacer lugar a la medida cautelar solicitada por Luis Alberto Millet, un jubilado atendido por la prepaga Galeno Argentina S.A., que deberá limitarse a “efectuar los aumentos autorizados por la autoridad de aplicación en los términos del art. 17 (no sustituido) de la Ley 26.682 hasta tanto se dicte sentencia definitiva”.

La decisión del juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto se suma a la conocida días atrás por parte de la jueza federal de San Martín Martina Forns, quien también dictó una medida cautelar a través de la cual ordenó a la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires readecuar las cuotas de su plan de salud, dejando sin efecto los aumentos realizados en aplicación del DNU.

Portocarrero señaló en su fallo que el demandante pasó de pagar una factura de $ 81.403,22 en diciembre de 2023 a una de $ 151.405,23 en enero de este año, “lo que significó un aumento mayor al 85% de un mes al otro, sin aviso alguno”.

“Por otra parte, el pasado 4 de enero del corriente, recibió una nueva comunicación, informando otro aumento para el mes de febrero de 28,5%”, prosiguió, de lo que se desprende que “durante el último mes, se aplicó un aumento que supera el 100%, siendo que conforme a las constancias adjuntadas sus haberes previsionales resultan por un total de $240.511,67, por lo cual le resulta imposible afrontar dicho pago”.

Asimismo, se hace saber que el demandante “padece diabetes tipo 1 desde los 11 años y además comenzó a usar una bomba de insulina hace 35 años”.

El juez consideró que los aumentos basados en el DNU colocan a Millet “en un completo estado de incertidumbre causándole, además, como consumidora, un daño actual a sus derechos, el acceso a la salud, a la vida y a la propiedad privada garantizados por los artículos 17, 42 y 75 inc. 22 y 23 de la Constitución Nacional”.

En ese sentido, cuestionó “la absoluta inconstitucionalidad del DNU 70/2023 que modificó el marco regulatorio de la medicina prepaga y de las obras sociales, toda vez que no se cumplió con el mecanismo constitucional propio de la excepción y trasgredió, por tanto, lo dispuesto en el artículo 99 inciso 3” de la Carta Magna.

Al respecto, sostuvo que el decreto “resulta una norma que ha modificado el marco regulatorio de las empresas de medicina prepaga y de las obras sociales (Ley 26.682) derogando mediante el artículo 267 los artículos 5 incisos G y M y sustituyendo mediante el artículo 269 la redacción del artículo 17”.

“De este modo, se han derogado las funciones de la Autoridad de Aplicación quien fiscalizaba el cumplimiento de las prestaciones del PMO, los contratos y planes y fundamentalmente en el artículo 17 (sustituido) debía fiscalizar y garantizar la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales”, abundó.

Además, el juez advirtió que la Autoridad de Aplicación “debía autorizar el aumento 'cuando el mismo este fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos'”.

Con información de agencias.

IG

El vocero presidencial, Manuel Adroni, sostuvo este viernes que los aumentos en las cuotas de los planes de medicina prepaga que anunciaron empresas del sector representan “un acercamiento a un sinceramiento de valores”, luego de la “discrecionalidad” en los precios “impuestos por el Gobierno anterior”.

En su habitual conferencia matutina en la Casa Rosada, Adorni advirtió que “el sistema de salud en general y las prepagas en particular se encuentran en una situación crítica” en virtud de “esta discrecionalidad en los valores”, derivados de los incrementos administrados en la gestión del expresidente Alberto Fernández.

Las declaraciones del portavoz presidencial se dieron a conocer un día después de que el presidente de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, señalara que el sistema de medicina prepaga, como venía funcionando, “iba a chocar contra una montaña”.

En ese sentido, expresó su apoyo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incluye modificaciones a la operatoria de este sector, y recordó que en enero entrará en vigencia un aumento de entre 40% y 50% para los afiliados de prepagas.

“Los costos iban por el ascensor y las actualizaciones (de las cuotas) por la escalera, lo que generaba un deterioro descomunal”, señaló el empresario en diálogo con Radio con Vos, luego de asegurar que la fórmula de ajuste de las cuotas “fue armada para una inflación del 3% mensual y no para una del 25% o 30%” como sucede en la actualidad.

Si bien manifestó no estar “contento en tomar estas medidas”, indicó que la industria farmacéutica “viene con aumentos del 100% o 120% en los medicamentos y nosotros no podemos decirles que paramos de comprarles”.

El directivo calculó que la cuota debió haber aumentado en el año un 137% para no quedar rezagada con la suba de costos.

Con información de agencias.

IG

Empresas de medicina prepaga comenzaron a informar este viernes a sus asociados aumentos del orden del 40% en el valor de sus cuotas a partir de enero próximo, a la luz de las decisiones contenidas en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 del Gobierno nacional.

“Atento a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y contenida en el DNU Nro. 70/2023 publicado en el Boletín Oficial el día 20 de diciembre del corriente, corresponde informarle que a través del mismo se posibilita la recomposición de los precios de los planes vigentes a los fines de cubrir los desfasajes de costos producidos fundamentalmente en los últimos meses como consecuencia de diversos factores”, indica una comunicación de Swiss Medical distribuida esta mañana a sus afiliados.

Allí, se señala que “se procederá a incrementar el valor de las cuotas del mes de enero del 2024 en un 40 % calculado sobre el valor de la cuota del mes de diciembre de 2023, prorrogando la fecha de vencimiento de la cuota para el día 22 de enero 2024”.

“En tal supuesto, dicho incremento incluirá el que le fuese informado en el mes de noviembre próximo pasado”, agrega.

Del mismo modo, la prepaga Omint comunicó a sus afiliados un aumento de 40,80% que se aplicará para las cuotas con vencimiento en enero.

El incremento -justificaron- se fundamenta en la “importante devaluación del peso respecto al dólar transcurrida durante el último mes que se reflejó en insumos, medicamentos y prótesis, entre otros; el aumento paritario suscripto entre las Cámaras que representan a los efectores y el sindicato que nuclea a los empleados de sanidad”, y “el gran desfasaje que se ha producido entre los aumentos de cuota autorizados por el Índice de Costos de Salud y la inflación real reflejada entre otros indicadores por el Índice de Precios al Consumidor”.

Omint aclaró que “los valores de los reintegros y copagos” también serán “adecuados en la misma proporción”.

Al igual que Swiss Medical, la firma respaldó el aumento en del DNU 70/23.

Ayer, tras la publicación del decreto en el Boletín Oficial -cuyo contenido fue anunciado la noche del miércoles por el presidente Javier Milei por cadena nacional- el presidente de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, señaló que el sistema de medicina prepaga, como venía funcionando, “iba a chocar contra una montaña”, y recordó que en enero entrará en vigencia un aumento de entre 40% y 50% para los afiliados de prepagas.

“Los costos iban por el ascensor y las actualizaciones (de las cuotas) por la escalera, lo que generaba un deterioro descomunal. En la Unión Argentina de Salud (UAS) vamos a hacer una reunión en las próximas horas donde nos vamos a juntar para, primero, definir prácticas para salir de una situación que es extremadamente alarmante”, señaló ayer el empresario.

Además, sostuvo que “el aumento promedio de atraso para amortiguar parcialmente los impactos va a estar entre 40% y 50% en enero”, y consignó que “esa fórmula fue armada para una inflación del 3% mensual y no para una del 25% o 30%” como sucede en la actualidad.

Con información de agencias.

IG

Las empresas de medicina prepaga y los laboratorios integran el sector de los grandes ganadores del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que dictó el presidente Javier Milei y que incluye un total de 366 medidas sin pasar por el control del Congreso.

A través de la modificación de diversas leyes, las empresas de salud privada consiguieron beneficios que les permiten aumentar las cuotas sin ningún tipo de control e ingresar al régimen de las obras sociales para ampliar su mercado.

Esto tendrá impacto directo en el bolsillo de los afiliados y, con el tiempo, también en el sistema público de salud, que recibirá a las personas que ya no puedan pagar sus cuotas. Además, el DNU suspende la producción pública de medicamentos, una industria que ofrecía productos más baratos o completaba aquellos que no eran realizados por las compañías farmacéuticas privadas.

El DNU libera las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga, al derogar el decreto 743 de 2022, que aunque indexó las subas significaba un límite, para que no pudieran subir la cuota lo que quisieran y, así, perjudicar a los afiliados.

Además, elimina artículos de la Ley N° 26.682 como el que habilitaba a la Superintendencia de Servicios de Salud a revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones. También quita el artículo 25 que establece que la autoridad de aplicación debe fijar los aranceles mínimos obligatorios que aseguren el desempeño eficiente de los prestadores públicos y privados. Y agrega uno nuevo que da lugar a las prepagas a establecer precios diferenciales según franjas etarias con una variación máxima de tres veces entre el precio de la primera y la última franja etaria. En resumen, las prepagas pueden hacer lo que quieran con los precios de las cuotas.

El dueño de Swiss Medical dijo que las cuotas pueden aumentar un 50% extra

El dueño de Swiss Medical Group y presidente de la Unión Argentina de Entidades de la Salud (UAS), Claudio Belocopitt, confirmó que habrá incrementos en las cuotas que pueden llegar al 50%. Aunque advirtió que no se debe al DNU sino a la actualización decretada por el gobierno anterior.

Representantes de distintas prepagas nucleadas en UAS mantuvieron una reunión para analizar con detalle la normativa y la evaluaron como “un gran paso a la libertad de comercio y competencia en un escenario muy grave” que viene padeciendo el sector desde hace 10 años cuando se incluyeron prestaciones en el Plan Médico Obligatorio (PMO).

Ahora evalúan cómo serán los aumentos. Según sus cálculos, hay un 70% de desfasaje entre el 130% de aumento anual de la medicina prepaga y el 200% de inflación. Además, plantean un 80% de incremento mensual entre medicamentos e insumos. En ese contexto, estiman que en enero las empresas incrementarán entre un 35% y 42% sus cuotas y delinearán un aumento gradual de la cuota para que no se caiga la cartera de afiliados.

“El DNU se basa en los principios de la desregulación del mercado en el ámbito de la salud”, sostuvo el abogado y Magíster en Bioética y Derecho por la Universidad de Barcelona Oscar Ernesto Garay. “No se explica en qué consiste la crisis del sistema de salud que argumenta las modificaciones. Busca lograr reducciones contundentes en los costos de las prestaciones y es contradictoria con la libertad que se le otorga a la medicina prepaga para liberar las restricciones de precios, para que puedan incrementar las cuotas de acuerdo a su libre albedrío”, agregó el especialista en Prepagas y Obras sociales.

Otro de los beneficios para las prepagas tiene que ver con la modificación de la Ley N° 23.660 de regulación de las obras sociales que les permite el ingreso a ese sistema. Esto implica que ahora las empresas tienen capacidad de afiliar directamente a los trabajadores sin la intermediación de una obra social.

Hasta el momento, las y los trabajadores en relación de dependencia derivan una parte de su sueldo a la obra social y pagaban un dinero extra para tener una prepaga. Esto implica un impacto directo a los sindicatos que poseen obras sociales por lo que será uno de los temas a tratar por la cúpula de la CGT. elDiarioAR consultó con distintos gremios sobre las consecuencias de esta medida y los pasos a seguir pero indicaron que van a analizar en profundidad el texto antes de dar declaraciones. 

“Esto habilita a que las prepagas fundan a las pequeñas obras sociales”, afirmó Edgardo Knopoff, director de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires y vocero de la Asociación de Médicos Municipales. “Atenta directamente contra las obras sociales. Contra todas, las buenas, las malas, sin discriminación. Va a permitir que las prepagas, que tienen mucha más espalda comercial, se vayan comiendo a los pequeños competidores. Es bastante probable que una empresa salga con planes subsidiados al principio para lograr eliminar la competencia”, dijo en diálogo con elDiarioAr. 

Esto habilita a que las prepagas fundan a las pequeñas obras sociales

Edgardo Knopoff — director de Salud Pública de la UBA y vocero de la Asociación de Médicos Municipales

En el sistema actual, las obras sociales que no pueden dar alguna prestación médica realizan convenios con prepagas para brindar esa cobertura a sus afiliados. Algo que podría terminar con la asociación directa. Esta medida, que afecta directamente al sustento económico de los sindicatos, debe ser leída en diálogo con otras disposiciones del DNU que atentan contra la base de los gremios a través de la reforma laboral. 

Producción pública de medicamentos

Otro de los puntos centrales del apartado salud tiene que ver con la eliminación de la producción pública de medicamentos. El DNU derogó la Ley N° 27.113 que declaraba “de interés nacional y estratégica” la actividad de los laboratorios públicos dedicados a la investigación y producción pública de medicamentos y materias primas para la producción de remedios, vacunas, insumos y productos médicos.

Esto es considerado como una medida en favor de los grandes laboratorios privados  ya que elimina la competencia. De esta manera, por ejemplo, se dejará de producir Fierritas, un complemento nutricional de hierro, zinc y vitamina A para niñas y niños entre los 6 y 24 meses con anemia, en escasez no solo en Argentina sino en el mundo. Como no existía empresa que lo realizara en nuestro país, el Estado Nacional ordenó la producción a través del laboratorio PROFRASE.

La disolución de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que hasta ayer coordinaba y promovía la producción pública de medicamentos, también impactará, por ejemplo, en la fabricación de misoprostol para garantizar el aborto legal o la en productos para enfermedades desatendidas por el mercado porque no son rentables como jarabes especiales para niños y niñas con VIH. “Son cosas puntuales que van a estar afectadas y vamos a tener que buscarlas afuera”, explicó la exsecretaria de Acceso a la Salud de la Nación Sandra Tirado a este diario. “Hay un tema de intereses de algunos laboratorios porque está muy especificado en querer sacar la producción pública, de quitar el apoyo del Estado y así sacás a un competidor que es grande o chico, pero que es un competidor”, agregó.

La exfuncionaria del gobierno de Alberto Fernández también explicó el impacto comercial que esta medida tendrá. “Actualmente hay un grupo de becarios trabajando en varios proyectos. Hay producciones de medicamentos a partir del Remediar (el programa que da cobertura de medicamentos esenciales de manera directa en centros de salud). Eso se hizo a través de convenios intra administrativos logrando muy buenos precios, se consiguieron productos de producción pública comprados al 18% precios del valor del mercado. Eso ya no va a existir”, agregó Tirado. 

Otro de los puntos polémicos tiene que ver con la comercialización de medicamentos de venta libre en comercios que no sean farmacias. Algo que generó el rechazo del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), que ya anticipó que hará presentaciones legales para frenar la medida.

Ahora, los remedios se podrán ofrecer en góndola y las farmacias podrán funcionar sin profesionales farmacéuticos. También se habilita la venta directa de las droguerías al público. “En la práctica, se fomentaría así la venta desde los laboratorios elaboradores a través de determinadas droguerías, lo que causaría distorsiones en la distribución, a la vez que no permitiría la libre elección por parte de los pacientes para acceder a sus medicamentos”, indicaron desde Ceprofar a través de un comunicado. “Esto genera el riesgo de la dispensa, el farmacéutico no es solo quien cobra el medicamento, a veces explica la forma de administración y los efectos colaterales. Es un acto que forma parte del acto médico”, explicó Tirado. 

Entre las normas modificadas también está la Ley N° 26.906 de Trazabilidad y Verificación de Aptitud Técnica de Productos Médicos Activos de Salud, que el gobierno modificó “para reducir la burocracia asociada a la implementación de equipamiento médico”. En los hechos esto significa menor control de los equipos que se utilizan para hacer estudios, una desregulación total del control de calidad de la maquinaria que ingresa al país para controles médicos. 

Los médicos podrán recetar remedios en papel hasta julio, después tiene que ser digital

Por último, cambia las leyes 27.553, de Recetas electrónicas o digitales, y 25.649, de Utilización de medicamentos por su nombre genérico. En estas, las modificaciones no son tan gravosas. La primera establece que la prescripción de medicamentos solo puede ser redactada y firmada a través de plataformas electrónicas. Es decir, se elimina la receta de puño y letra. “El Poder Ejecutivo Nacional establece los plazos necesarios para alcanzar la digitalización total en prescripción y dispensación de medicamentos y toda otra prescripción, el cual no podrá superar el 1° de julio de 2024”, dice el DNU.

En la segunda, le da continuidad a la venta de medicamentos genéricos, pero cambia el diseño de la receta. Hasta ahora, el médico indicaba el nombre de la droga y una marca comercial en caso de que el paciente quisiera comprarla. Con la nueva ley ya no se pone la recomendación de la marca comercial.

Algunos especialistas alertan sobre el impacto que estas medidas tendrán en el sistema de salud público que recibirá las demandas de la población que ya no pueda acceder al sistema privado. “ Va a caer la actividad laboral en relación de dependencia, con lo cual gran parte de la gente que hoy se atiende por sistema de seguridad social va a volcarse al hospital público. Y nadie está pensando en aumentar los recursos del sistema público, si no que parece que será lo contrario, con lo cual va aumentar la carga de trabajo y la demanda en lugares que no tienen suficiente oferta”, explicó Knopoff, que también es jefe del área programática del Hospital Piñero. 

Esta tarde, los directivos de todos los hospitales porteños se reunieron para evaluar las repercusiones que estas medidas pueden tener en sus trabajos. “Los dos aspectos más críticos del sistema público de salud es la falta de recurso humano, que está pasando, y la falta de tecnología. Con esto, ni vamos a actualizar tecnología y, si al mismo recurso que tenemos le agregamos más demanda, va a hacer mucho más ineficaz el servicio”, alertó el médico.

Por último, también las asociaciones de consumidores llamaron la atención sobre el impacto económico de estas disposiciones y anticiparon que harán presentaciones judiciales. El presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, afirmó que el DNU viola el artículo 42 de la de la Constitución Nacional. “Esto busca reventar a todos los consumidores y empujarlos a la salud pública. Es lo peor que pueden haber hecho porque destruyen la salud. Todo el sistema va a confluir en una libertad que va a perjudicar al consumidor negándole salud y atención médica. Va a significar un golpe al bolsillo y a la salud pública porque las personas que no los puedan pagar van a terminar en los hospitales”, explicó Bassano.

CDB/JJD