El Gobierno dispuso en las últimas horas la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) como organismo descentralizado del Ministerio de Salud, con el objetivo de centralizar las gestiones de hospitales nacionales.

En ese sentido, la ANES “unifica la gestión administrativa, financiera y jurídica de cinco hospitales nacionales: Baldomero Sommer, Alejandro Posadas, Ramón Carrillo, Laura Bonaparte e INAREPS”.

Asimismo, se aclaró que “cada hospital mantiene su especialidad médica, estructura asistencial y conducción profesional” y “se mejora la trazabilidad del gasto, se ordenan procesos de compra y licitación, y se profesionaliza la gestión hospitalaria”.

“No se crean nuevas estructuras: se unifican cinco estructuras existentes bajo una sola administración”, remarcó el Gobierno.

“La medida responde a irregularidades detectadas en auditorías del Plan de Eficiencia de Hospitales Nacionales y la transformación abarca a más de 7.500 trabajadores y un presupuesto anual superior a los 267 mil millones de pesos”, precisaron.

Además, se aclaró que este cambio “no afecta a los hospitales SAMIC, cuya gestión es compartida con otras jurisdicciones”.

Este cambio se da en el marco de un “profundo reordenamiento en el sistema sanitario”, en el que se explicó que “se reorganizan estructuras jurídicas, administrativas y de gestión, para garantizar mayor eficiencia, control del gasto público y articulación real con las provincias”.

“Muchas de las estructuras que se eliminan o transforman carecían de operatividad o duplicaban funciones con otras dependencias consolidadas”, añadió la cartera sanitaria que encabeza Mario Lugones.

“Salud da de baja un organismo que sólo existía en los papeles”

El Ministerio de Salud decidió “disolver el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, creado por ley en 2015 pero nunca implementado”.

“Durante más de ocho años, el organismo existió solo en los papeles, sin estructura, personal ni presupuesto. A pesar de ello, su existencia nominal suponía una carga administrativa y normativa innecesaria, que contribuía a la fragmentación institucional y al desorden del sistema de salud”, remarcó la cartera sanitaria.

En otro orden, “se oficializó la transformación del Instituto Nacional del Cáncer (INC) en una unidad organizativa interna del propio Ministerio de Salud, integrando sus funciones a la estructura de la Secretaría de Gestión Sanitaria”.

“Con esta decisión, el Estado Nacional refuerza la capacidad técnica del Ministerio en materia oncológica, evitando duplicaciones administrativas y permitiendo una mayor articulación entre las estrategias de prevención, tratamiento, investigación y acceso a medicamentos para el cáncer, todo bajo un mismo mando. El INC ya venía funcionando con personal, presupuesto y líneas de trabajo operativas dentro del Ministerio”, precisó la cartera.

Y añadió: “La medida no afecta la continuidad de los programas ni del equipo profesional que los lleva adelante, sino que simplifica su encuadre organizativo para mejorar la gestión”.

“Esta transformación había sido anticipada públicamente en abril de este año y forma parte del proceso de modernización institucional en curso. La nueva estructura garantizará una conducción técnica más ordenada, con objetivos concretos y seguimiento permanente desde el nivel central”, indicó el Ministerio de Salud.

Con información de agencias.

IG

La ex presidenta y actual titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández de Kirchner, fue la oradora principal del acto central del 11° Encuentro Nacional de Salud, realizado este miércoles en Rosario. El evento se llevó a cabo en el Complejo La Siberia, en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Más tarde, la dirigente tiene previsto reunirse con trabajadores despedidos de la empresa química Dow, que recientemente anunció el cierre de su planta en el Gran Rosario.

El encuentro, bajo el lema “¡La salud es un derecho y debe garantizarse a lo largo y ancho del país!”, reunió a alrededor de 5.000 personas, entre las que destacaron referentes del kirchnerismo santafesino, 150 dirigentes locales y funcionarios vinculados al peronismo, como el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien abrió la jornada con su intervención.

En su discurso, Cristina Fernández de Kirchner destacó la necesidad de fortalecer el sistema sanitario y trazó comparaciones entre las políticas implementadas durante sus mandatos y las actuales medidas del gobierno de Javier Milei. “Venimos a hablar aquí frente a trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario argentino con la autoridad de los hechos y de lo hecho”, afirmó la líder del PJ.

CFK criticó la situación actual del sector de la salud, al que describió como “despedazado”, y apuntó contra la desregulación de las prepagas médicas, una medida que, según sostuvo, perjudica a las familias argentinas. “Nosotros sancionamos la ley para que las prepagas no pudieran fijar unilateralmente las cuotas. Mientras estuvimos nosotros, las cuotas eran justas, no como ahora que te arrancan la cabeza”, aseguró.

En un tramo de su discurso, la dirigente lanzó críticas directas hacia el presidente Javier Milei, desafiándolo a implementar medidas que favorezcan la reducción de costos en el sistema sanitario. “Estos desregulan a favor de poquitos muy poderosos, el de los remedios. A ver, Milei, ya que sos tan guapo: desregula los medicamentos para que podamos tener genéricos importados y bajar los costos de los presupuestos sanitarios. A ver si te animás”, expresó.

DM

A principios de 2020, cuando el confinamiento por la pandemia de Covid-19 se impuso en la Argentina, el aplauso público a los profesionales de la salud se convirtió en parte de una rutina colectiva. Sorteado el momento más álgido de la crisis, el reconocimiento volvió a sus niveles regulares y en 2022 quienes estuvieron en la primera línea de atención durante la emergencia, los y las residentes médicos, debieron incluso salir a la calle para exigir por sus condiciones de trabajo. 

Ahora el Gobierno incluyó en los 72 puntos del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso un proyecto de Ley del Sistema Nacional de Residencias, que busca reemplazar la normativa vigente que habilita situaciones de precarización y es una herencia de la última dictadura militar.  

El nuevo marco pretende mejorar la circunstancia de los residentes y, al mismo tiempo, incentivar a los médicos y médicas recién recibidos a optar por ese camino de formación, que no es obligatorio. Según fuentes del Ministerio de Salud, las residencias configuran el “mejor sistema de posgrado para la formación en competencias vinculadas con diversas disciplinas de la salud, al tiempo que se realiza una práctica intensiva en escenarios de trabajo”.

“Se entiende que hoy nadie quiera hacerla porque sigue siendo de un nivel irrisorio de precarización y vulneración de los derechos laborales”, dice a elDiarioAR Delfina Rimoldi, residente de infectología en el hospital Presidente Perón de Avellaneda. Suelen trabajar jornadas de más de 12 horas diarias, además de cumplir con la obligación de hacer guardias de 24 horas. 

A ese escenario se le sumó en los últimos años el estrés adicional que significó el cambio de modalidad del examen único de residencia, que pasó de ser presencial a virtual, con varias fallas. Ese examen, para el que las personas se preparan durante meses, arroja un puntaje y determina las posibilidades y condiciones de inserción en el sistema.  

La iniciativa de un nuevo régimen fue impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación y debatida en el marco del Consejo Federal de Salud (COFESA) con las carteras sanitarias de las 24 jurisdicciones y universidades nacionales. Que se trate o no en el Congreso en las próximas semanas dependerá de que se reanude la posibilidad de diálogo entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos en el Congreso, paralizada por el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia hecho por el Gobierno. 

“La intención del oficialismo es avanzar con todo el temario de extraordinarias, incluido este punto, pero hay que ver si se llega al número para sesión”, explican en las oficinas de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau. 

Las residencias médicas estuvieron en la agenda de 2022, sobre todo en la última parte del año, cuando estalló el conflicto entre estos profesionales y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que incluyó semanas de paro y manifestaciones en la calle. Culminó a mediados de noviembre, con la definición de un aumento salarial, que pasó a ser de $200.000 netos a partir del primer año. En cambio, quedaron pendientes los reclamos de los “concurrentes”: profesionales de la salud que realizan las mismas tareas que los residentes pero que no obtienen ninguna remuneración a cambio y que tampoco están contemplados en este proyecto de ley.  

Independientemente de las leyes y reglamentos jurisdiccionales, hoy sigue vigente la Ley 22.127 para el Sistema Nacional de Residencias sancionada por la dictadura en 1979, bajo una realidad, contexto y necesidades socioculturales que –según los argumentos del proyecto– no corresponden a los problemas sanitarios actuales, ni al compromiso democrático alcanzado desde hace casi ya 40 años.

De acuerdo con el ministerio que conduce Carla Vizzotti, la ley actual contiene definiciones que han permitido sostener un funcionamiento coercitivo y despojado de derechos laborales, académicos y sin lugar para denuncias sobre violencias o aspectos relativos a la diversidad, inclusión y género. Además, establece la figura de “beca anual” en lugar del salario, favoreciendo la precarización laboral y el abuso en la cantidad de horas de trabajo. En la misma línea, la antigua normativa permite el acceso a las residencias únicamente a graduados que tengan no más de cinco años de recibidos, mientras que la nueva ley elimina esta limitación.

Los 10 puntos centrales del proyecto de Ley del Sistema Nacional de Residencia:

DT/MG

Vencido el congelamiento de precios de medicamentos firmado en noviembre pasado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, el Gobierno publicó una nueva norma que establece “precios de referencia” para 85 principios activos utilizados en tratamientos de patologías crónicas.

La resolución 27/2022, que se publicó este lunes en el Boletín Oficial y empalma con el fin del congelamiento de los precios de los medicamentos, especifica que los precios de referencia se renovarán mensualmente. Para calcularlos, se tomará un promedio de los precios de venta al público ponderados por las cantidades demandadas de cada producto, en base a los datos del último semestre disponible.

La nueva disposición tiene un esquema diferente al acuerdo anunciado el 10 de noviembre, que retrotrajo los precios de todos los medicamentos (no solo una canasta) al inicio del mes y obligó a dejarlos fijos hasta el 7 de enero. Algo similar ocurrió con el programa Precios Cuidados, que también venció a comienzos de este mes y será renovado esta semana con un esquema de ajuste de precios distinto al que tenía.

Un punto central de la nueva resolución es que se cambia la forma en que las prepagas y obras sociales aplican descuentos a sus afiliados en la compra de medicamentos. Establece que la cobertura será del 70% sobre el precio de referencia del medicamento. Así, si el paciente opta por comprar la misma droga en una presentación más cara, o solo encuentra en la farmacia presentaciones más caras, deberá pagar la diferencia. 

Por ejemplo, si el precio de referencia de un medicamento es $100 y se vende al público a $100, la prepaga paga $70 y el afiliado, $30. Pero si ese medicamento se vende a $120, la prepaga de todos modos pagará $70 (y no $84, el 70% sobre ese valor) y el afiliado desembolsará $50. 

La modificación, que lleva solo la firma de la ministra de Salud, puede interpretarse como un guiño para el subsistema privado, que recientemente advirtió sobre una suba de costos. Hubo incluso cortocircuitos entre prepagas y prestadores de servicios médicos que dispararon la posibilidad de que instaurar un copago del 9% para los pacientes. 

El primer listado de precios de referencia, correspondiente a enero de 2022, incluye 1.200 presentaciones farmacéuticas. El listado se actualizará todos los meses en el sitio web del Ministerio de Salud, conforme la metodología establecida en la propia norma.

La medida alcanza inicialmente a los agentes del seguro de salud inscriptos en el Registro Nacional de Obras Sociales (RNOS) y a las entidades inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) pero podrán adherir otros agentes de salud y organismos de la seguridad social, como las obras sociales provinciales, mutuales o cooperativas.

El Ministerio de Salud precisó que todos los principios activos destinados a tratamientos de patologías crónicas prevalentes contenidos en el anexo de la resolución podrán ser prescriptos en cantidad suficiente para cubrir hasta un máximo de tres meses de tratamiento, según la indicación del profesional. La resolución también dispone que los agentes del seguro de salud deberán cubrir todas las presentaciones comerciales incluidas en el Vademécum Nacional de Medicamentos publicado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Además, señala que “los subsistemas de salud, privado y de la seguridad social, nacionales o provinciales, deberán propiciar la incorporación progresiva de farmacias a fin de garantizar la disponibilidad de medicamentos a cada beneficiario y beneficiaria en establecimientos cercanos a sus respectivos lugares de residencia, sin limitaciones económicas ni financieras de ningún tipo”.

La resolución instruye a la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras a que establezca un modelo único de receta de uso obligatorio para la prescripción de medicamentos, tanto en formato papel, electrónico y digital que incluya como contenidos mínimos la identificación unívoca del paciente y del medicamento prescripto por nombre genérico, la fecha de confección y la de inicio de vigencia de la misma.

DT

La Superintendencia de Servicios de Salud aprobó este lunes un giro de $4.500 millones a las obras sociales, en concepto de adelanto de fondos del Sistema Único de Reintegros (SUR), que se financia con un porcentaje de aportes y contribuciones de los asalariados y se redistribuye entre obras sociales para financiar el gasto en tratamientos prolongados y costosos. 

En lo que va del año los adelantos autorizados a través del programa SUR suman $30.364 millones, un 27% más que en 2020, en el que esas transferencias fueron de $23.855 millones. 

Según se desprende del anexo de la resolución 2163/2021, las obras sociales que percibieron mayores montos en esta última partida son: 

Según se argumenta en el texto publicado, que lleva la firma del titular del superintendente Daniel Alejandro López, “la profunda crisis económica y financiera por la que atraviesa el sector torna necesario mantener la continuidad del sostenimiento y fortalecimiento del Sistema Nacional del Seguro de Salud”. 

El adelanto de fondos se da en el mismo momento en que La Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) informó que, a partir del 1 de enero, los prestadores de salud (hospitales, clínicas sanatorios, servicios de emergencias médicas, geriátricos, psiquiátricos, centros de atención odontológica, etcétera) cobrarán un copago de 9% del valor de cada prestación médica a los pacientes de empresas de medicina prepaga y obras sociales de dirección, como consecuencia de la crítica situación financiera del sector.

Según explica la resolución, debido a las restricciones y medidas especiales según las distintas jurisdicciones del país que se han ido adoptando desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, a la fecha persiste la imposibilidad del organismo de dar cumplimiento a los procedimientos administrativos regulados para el tratamiento de las solicitudes de recupero de fondos presentadas por los Agentes del Seguro de Salud, en virtud de la ausencia de recursos humanos suficientes para llevar adelante la tarea asignada y la imposibilidad de realizar el análisis y evaluación de expedientes físicos.

En este marco, se considera oportuno que la SSS “continúe adoptando medidas con el objeto de garantizar, por vía de la distribución de recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, una adecuada cobertura médico-asistencial de los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud”. 

MT

Lo intentó dos veces seriamente a lo largo de sus 90 años de edad. En ambas oportunidades, los proyectos de reforma e integración del sistema de salud argentino quedaron truncos. La primera vez fue durante la tercera presidencia de Juan Perón. Ahí, el médico Aldo Neri colabró en la elaboración del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), ideado por Domingo Liotta, secretario de Salud peronista. El proyecto fue aprobado, pero el golpe de Estado de 1976 lo desactivó. Con Raúl Alfonsín en la Rosada, Neri ya fue un protagonista entusiasta del ensayo de cambio. Él había empezado militar en la UCR cuando Alfonsín fundó el Movimiento de Renovación y Cambio. El presidente radical lo nombró Ministro de Salud y Bienestar Social. Desde ese puesto, Neri diseñó un sistema que pretendía unificar los servicios de salud en base a una fuerte presencia y control público. La oposición peronista y la CGT se opusieron, y la iniciativa volvió a naufragar. A los 90 años, Neri repasa con lucidez esos intentos y opina sobre la agenda reformista que impulsa Cristina Kirchner. 

¿Está a favor de integrar los tres subsistemas de salud, el público, el privado y el manejado por las obras sociales sindicales?

Siempre se tuvo la idea de integrar el sistema de salud. Un sistema segmentado induce a desigualdades que con los años se van profundizando. Yo pienso que la educación y la salud son responsabilidad del Estado, los ultraliberales del siglo XIX promulgaron la ley 1420 en educación. Pero esto no tuvo igual consideración en la salud. 

La vicepresidente planteó la necesidad de integrar el sistema de salud. ¿Cómo ve la idea? 

La vicepresidenta no hizo nada por modificar o integrar el sistema de salud durante sus dos periodos de gobierno. Nuestro sistema de salud se parece mas al norteamericano que al europeo, a partir del gobierno de Carlos Menem.

¿Cómo ve el papel que cumplen dos actores claves de la salud: las prepagas manejadas con criterios empresariales y las obras sociales administradas por los sindicatos?

Las obras sociales sindicales deberían modificar su papel. Y los servicios privados y públicos también deberían hacerlo, si no no hay reforma posible.  

¿Qué dice de la Argentina nuestro sistema de salud?

El sistema de salud es una evidencia de la cultura de un pueblo o sociedad, entendiendo cultura no la mera escolaridad sino el conjunto de valores y pautas de organización. Gran Bretaña hizo después de la segunda Guerra Mundial un cambio estatizante de su sistema de salud y era un país netamente capitalista. Canadá estructuró un sistema de salud tendiendo a la igualdad. Hoy mundialmente hay una tendencia a sistemas menos igualitarios y un aumento de la privatización.

Usted participó en dos intentos de reforma, uno como colaborador bajo la presidencia de Perón y otro como protagonista durante la gestión de Alfonsín. ¿Qué enseñanza le dejaron esas dos experiencias?

El Sistema integrado de Salud, el SNIS, y el Seguro nacional de Salud, el SNS, con Alfonsín, fueron dos intentos de reforma del sistema diferentes. Ambos me permitieron entender que el poder sindical era más fuerte que el político, tanto en un gobierno peronista como en el de otro signo político como el radicalismo. Si bien en el origen el SNIS integraba en los servicios públicos la atención, esto fue variando y se acordó que las obras sociales entraran por convenio individual limitando la integración. El SNS integraba de alguna manera a los prestadores, pero tampoco fue viable.

La pandemia puso a prueba el sistema de salud en la Argentina y el mundo. ¿Qué lectura hace de lo que pasó hasta ahora?

La pandemia mostró y continúa mostrando la fragilidad del sistema tan segmentado de salud del país.

La puja por las vacunas contra el Covid-19 reabrió el debate sobre la necesidad de liberar patentes. ¿Coincide con ese planteo?

Respecto a la liberación de patentes el radicalismo tuvo una posición muy clara con las dos leyes de medicamentos sancionadas durante el gobierno de Illia y conocida como la ley Oñativia. Ésta fue modificada parcialmente durante el gobierno de Menem y allí se incorporó el patentamiento. Coincido con el planteo de que se debe liberar el patentamiento .

AF