El triunfalismo que teatraliza la ultraderecha por la baja simultánea de la inflación, los dólares paralelos y el riesgo país convive con dudas profundas en el mundo corporativo que mantienen frenadas por el momento todas las inversiones concretas fuera de las islas de Vaca Muerta y la minería. Son interrogantes estructurales sobre una economía real que sigue catatónica y sobre la refinanciación de los vencimientos de deuda de 2025. Dudas que no empañan el fervor que volvió a envolver a los mercados esta semana pero que sí lo hacen especialmente volátil, porque no expresa confianza del establishment en el plan económico sino la certeza de que nadie está en condiciones de cuestionarlo, como volvió a probarlo el naufragio de la sesión en Diputados que podría haberle impedido a Javier Milei seguir gobernando por decreto. 

Es el momento más impune de la bacanal para quienes cierran un año fértil mientras los ingresos del grueso de la población siguen deprimidos y la actividad y el empleo no encuentran piso. La euforia de un carnaval donde el establishment no parece reparar siquiera en la contradicción que implica haber reclamado durante años respeto por la institucionalidad, la prensa y la división de poderes y ahora no solo callar al verlos ultrajados sino incluso festejarlo y financiarlo generosamente, como hicieron en el lanzamiento de la ultraderechista Fundación Faro empresarios de primer nivel como Marcelo Mindlin (Pampa), Martín Migoya (Globant), Claudio Belocopitt (Swiss Medical), José Urtubey (Celulosa), Sebastián Bagó (Bagó), Jorge O’Reilly (Eidico) y los hermanos Germán y Patricio Neuss.

En condiciones normales de presión y temperatura, tanto los US$25.000 por cubierto que pagaron los comensales del Yacht Club de Puerto Madero como los US$200.000 por mesa que pretendía cobrar inicialmente Francisco Caputo ―el hermano del ministro sin cartera que se puso al frente de la recaudación para la “batalla cultural” que emprenderá desde allí el homofóbico Agustín Laje― habrían despertado a algún fiscal interesado en el financiamiento de la política. Nadie teme eso en plena tregua entre los tribunales y el Gobierno. A lo que sí se arriesgaron es a cuestionamientos de accionistas u oficiales de compliance como los que suelen revisar sus balances.  

Tampoco es un riesgo tan alto. José Luis Manzano, otro de los que dijo presente en la gala del flamante faro neofascista, sabe por experiencia que nadie en la Comisión Nacional de Valores (CNV) revisa mucho los papeles de los amigos. En Edenor, que controla junto a sus socios Daniel Vila y Mauricio Filiberti a través de Edelcos SA (dueña del 51% de las acciones), nadie objetó un contrato de consultoría que les permite extraer de la distribuidora eléctrica más grande del país entre tres y cinco millones de dólares al año a cada uno de ellos. Es algo que los pone en ventaja frente a la ANSES (dueña del 27%) y de los accionistas minoritarios (otro 22%), que deben esperar para cobrar a que existan dividendos para repartir y a que así se decida al final del ejercicio.  

Si bien voceros de Edenor respondieron a la consulta de elDiarioAR que “nunca hubo una consultoría vinculada con Edelcos”, el contrato aparece en el último balance publicado por la CNV y detalla que el dinero (un 1,75% de la facturación bruta de la distribuidora) se paga a cambio de “servicios de asesoría técnica, especialmente en temas financieros”. En el ejercicio 2023 fueron $14.875 millones, un monto nada desdeñable frente a una ganancia neta de $48.371 millones. En el balance al 30 de septiembre último figura otro monto para Edelcos, bastante mayor: $28.059 millones. 

Con solo 8 empleados y apenas una oficina en el décimo piso de Avenida del Libertador 7270, cualquier accionista minoritario podría sospechar que Edelcos no puede proveerle a Edenor servicios tan valiosos. 

¿Puede pasarle acaso a alguno de ellos como a Santiago Bausili, quien se sobresaltó cuando la Casación revocó la falta de mérito que le había dictado la Cámara Federal cinco días antes de asumir en el Banco Central en la causa donde ya fue dos veces procesado por haber beneficiado a sus exempleadores del Deustche Bank en las emisiones de bonos de 2016 y 2017? ¿Reaccionarán en defensa propia los magistrados si finalmente Milei designa por decreto a los dos ministros de la Corte que quiere, tal como se adelantó en exclusiva en esta columna el 27 de octubre pasado? ¿Qué equilibrio hará la política ahora que Milei volvió a subir al ring a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Seguirá abierto el puente de diálogo que une a Wado De Pedro con Santiago Caputo? 

Lluvia de desinversiones

―Mauricio está hinchado las pelotas. No lo aguanta más.

El empresario amigo del expresidente, tan íntimo como para acompañarlo a reuniones políticas secretas, explica a su manera a elDiarioAR por qué Macri sigue prestándole a la ultraderecha los votos de sus diputados sin pedir casi nada a cambio. Exhibe un gráfico del índice Merval y señala dos fechas clave que dispararon sendos rallies alcistas: el 11 de septiembre y el 10 de octubre. La primera, cuando Diputados fracasó en su intento de insistir con la ley de actualización jubilatoria que proponía aumentar $15.000 el haber mínimo y que Milei vetó. La segunda, cuando pasó lo mismo con la Ley de Financiamiento Universitario. 

La euforia volvió este martes al mercado cuando se cayó la sesión donde la oposición procuraba restringir el alcance de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), regidos por una concesiva ley de 2006, más kirchnerista que el busto de Néstor que retiraron de la sede de la ANSES. También empujaron el dato de inflación y los guiños cruzados con Donald Trump (incluso versiones de que volverá a habilitar dinero fresco del FMI, como sugirió un estratega de BlackRock en una charla privada). Pero la clave, para la fuente, fue otra vez la demostración de fuerza política. La garantía de gobernabilidad que le exigían los inversores. 

―¿Y por qué le da los votos Macri para algo así, que encima contradice lo que siempre predicó sobre la división de poderes y hasta lo que dice el nombre de su partido? ―repreguntó este diario. 

―¡Pero cómo no lo va a apoyar si está haciendo con el déficit fiscal lo que él quería y encima hace subir el valor de las empresas!―respondió el empresario. 

―¿Eso quiere decir que se vienen inversiones extranjeras? ¿Compras de compañías locales, al menos?

―Para nada. Al revés. Ahora que subieron los precios y ya no estamos “in distress” sino en “intermediate price”. Puede que se sigan yendo algunas ―completó.

Ya pasó con Procter&Gamble, Clorox, Falabella, Walmart y hasta el HSBC. Todas vendidas a empresarios locales que aprovecharon el piso de precios de los activos y ahora disfrutan de la disparada de todas las cotizaciones, incluso de los inmuebles. Pero no son solo los extranjeros los que desinvierten en la economía real y podrían apurar el paso ahora que todo subió. El Citi tiene un mandato de Compañía General de Combustibles (CGC), brazo energético de Corporación América, para buscarle comprador a su participación en Transportadora Gas del Norte (TGN), que controla junto al grupo Techint. Como la Ley del Gas prohíbe que un productor petrolero maneje una empresa regulada del sector, Paolo Rocca está en principio afuera de la puja. Salvo, claro, que algún adalid de la desregulación retoque esa ley por decreto. 

Letras chicas y números rojos

La supervivencia del pacto de Acasusso, que Macri lamenta no haber cobrado por adelantado, obedece a esas razones metálicas y a una letra chica judicial que tampoco llegó a redactarse muy puntillosamente. Por estos días el expresidente está muy concentrado en los 161 juzgados federales vacantes que el mundillo político cree que el consigliere Caputo intentará empezar a ocupar mientras se lleva la marca con la discusión de los jueces supremos. En Tribunales creen que antes de fin de año irán al Senado tres o cuatro tandas de pliegos para agudizar las contradicciones en la oposición. Cada juez que se designa es objeto de negociaciones a varias bandas, por el poder futuro que cristaliza, y puede ser muy útil en el toma y daca parlamentario.  

Los estudios de abogados de las grandes empresas están especialmente interesados en los cuatro juzgados vacantes en el fuero Penal Económico. Macri, en el Contencioso Administrativo. Ahí todavía se tramita la causa del Correo. Pero ese fuero también está en la mira del Gobierno, porque en él terminan todos los reclamos contra el poder de turno. Dos decisiones pendientes allí, por ejemplo, son las relativas a quién audita a la UBA y a si les corresponde pagar Ganancias a los diplomáticos y al personal de la Auditoría. Otro foco de conflicto entre el fundador de PRO y el joven asesor de Milei aficionado al tiro.  

Ajena a esos pasamanos y contorsiones, con la ñata contra el vidrio de la fiesta de los mercados, la economía real languidece. El viernes, mientras el mercado celebraba otra caída de los dólares paralelos, la consultora Scentia publicó que en octubre las ventas en supermercados de cadena y proximidad fueron 20,4% inferiores en volumen a las de un año atrás. No es atribuible a los subsidios de la campaña ni a las ‘promos’ que negociaba Sergio Massa con sus amigos supermercadistas, porque en los ‘chinos’ (que no tenían esos precios pisados) el desplome fue aún mayor: 24,4% en el área metropolitana. 

La Encuesta Coyuntural del Observatorio Pyme, que preside Federico Poli y auspician el grupo Techint y la Universidad de Bologna, también arrojó números de catástrofe para el tercer trimestre. La producción se contrajo 13% interanual y fue el sexto trimestre de caída consecutiva. El derrape de la ocupación (7%) fue el mayor desde que empezó a medirse, en 2016. Al empresariado Pyme no le va igual de bien que a quienes pagan US$25.000 el cubierto para aplaudir insultos contra las Madres de Plaza de Mayo. Mientras el 90% de las empresas vio subir sus costos, solo la mitad de las empresas pudo aumentar sus precios. La rentabilidad se comprime aceleradamente. 

El ‘uno a uno sin dólares’ de Milei y Luis Caputo no solo es de dudosa sustentabilidad macroeconómica, como advierten economistas de todo el espectro teórico (por lo general en voz baja para evitar represalias). Tampoco exhibe la potencialidad transformadora del menemismo originario, al que permanentemente Milei procura emular desde lo simbólico. La estricta ancla cambiaria blindada por el cepo consiguió bajar la tasa de inflación mensual a mínimos en 3 años pero no atrajo el flujo de inversiones de los 90, el volumen de crédito privado de aquella época ni mucho menos su salto en la productividad. Por ahora solo parece en condiciones de copiarle el salto en el desempleo, el subsidio al turismo internacional, las relaciones carnales con Estados Unidos y la presencia estelar de Yuyito González.  

AB/DTC

El juez federal Emiliano Canicoba citó a declaración indagatoria a los empresarios Marcelo y Damián Mindlin y a otros doce exdirectivos de Edenor por presunta evasión y defraudación a través del uso de facturas falsas, de acuerdo al documento al que accedió elDiarioAR.

El magistrado de San Martín indagará también a otros cinco empresarios y ejecutivos que habrían colaborado en la supuesta maniobra aportando las facturas apócrifas, confirmó una fuente judicial con acceso directo al expediente.

La investigación judicial se inició en 2017, pero estas son las primeras citaciones a los responsables de Edenor y de sus proveedores. Hasta el momento, la causa sólo tiene procesada a una contadora que trabajaba para algunos de estos proveedores investigados, informó una fuente judicial y quien siempre negó las acusaciones.

Canicoba sostuvo en la citación que Edenor habría utilizado facturas truchas de algunos de sus proveedores de tareas de mantenimiento para evadir impuesto a las Ganancias por casi $73,4 millones y evitar también el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por más de $51,2 millones entre 2017 y 2018.

La denuncia fue presentada hace cinco años por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), como ya informó elDiarioAR en 2020. El organismo sostuvo entonces que la maniobra habría sido mucho mayor y que, entre 2015 y 2019, un grupo de pequeñas y medianas empresas que oficiaban como proveedores de tres eléctricas habrían presentado facturas truchas a Edenor, Edea y Edelap por servicios con supuestos sobreprecios.

Una de las hipótesis de la investigación es que este circuito serviría para evadir impuestos y fugar divisas del país, una acusación que han negado tanto Edenor como Edelap y Edea.

Algunos de estos proveedores de las eléctricas fueron ingresadas en el registro de firmas apócrifas de la AFIP, lo que para el fisco significa que estas sociedades anónimas emitieron facturación falsa y no tienen la capacidad de brindar los servicios que facturaron a Edenor, Edelap y Edea. Sin embargo, Edelap y Edea no serían más objeto de la investigación, según informó a este medio una fuente de ambas compañías.

Otros de estos proveedores investigados están catalogados por el fisco como “usinas mixtas” de facturas falsas, según el expediente. Se trataría de empresas reales, pero que además de prestar servicios de obras y mantenimiento, tienen otro nicho: facturar con sobreprecios o inflar costos para permitir “la evasión o fuga de divisas”, explicó uno de los investigadores del caso. 

En 2019, los investigadores de la AFIP buscaban establecer si parte del dinero negro que generaban estas proveedoras con las facturas apócrifas regresaba en negro al cliente, es decir a las eléctricas.

Las compañías niegan las acusaciones y apuntan a sus proveedores —principalmente, prestadoras de mantenimiento y obras— como los supuestos responsables de “inflar costos” a través de la facturación apócrifa, según consta en la causa. 

“Esta causa surge por compra de facturas apócrifas hecha por una sola de las más de 1.000 empresas contratistas que le brindaban servicios a Edenor y son ajenas a la misma dado que la responsabilidad legal y tributaria corresponde a cada una de ellas. Es de destacar que con Edenor no hubieron irregularidades y se encuentran absolutamente al día habiendo cumplido el total de sus obligaciones tributarias. Los ex directores de Edenor niegan rotundamente cualquier evasión impositiva por parte de la empresa y se han puesto a disposición del juez para colaborar con el proceso”, respondieron allegados a los ex directores de Edenor.

La vieja gestión de Edenor sostuvo en 2020 ante la consulta de este medio: “Todos nuestros proveedores también están sometidos a los mismos estándares de registro y auditoría que Edenor utiliza en todas sus operaciones. Estándares nacionales e internacionales exigidos como compañía que cotiza en Bolsa tanto en Argentina como en Nueva York”, agregó entonces Edenor. En febrero de 2020, luego de haber sido allanada por orden del juez de San Martín, dijo a Perfil que dio de baja a algunos de los proveedores investigados.

Edenor cambió de dueños a finales de 2020, cuando los empresarios Mindlin vendieron las acciones de Pampa Energía a los empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano, Mauricio Filiberti y un grupo de inversores. Es la distribuidora de electricidad en el área metropolitana norte de Buenos Aires.

ED

El consorcio de José Luis Manzano, Daniel Vila y Marcelo Filiberti espera recibir en las próximas horas el dictamen del Ente Regulador de Energía Eléctrica que autorice el ingreso de los nuevos dueños a Edenor, la distribuidora más grande de la Argentina. Casi seis meses después de la firma del acuerdo de confidencialidad que Manzano firmó con Marcelo Mindlin para quedarse con la compañía que abastece a tres millones de usuarios residenciales, el organismo de control que dirige Soledad Manin y conducía hasta hace unos meses el subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo decidió autorizar, al filo de los plazos legales, una operación resonante que insinúa un cambio de época. La información fue confirmada a elDiarioAR por dos fuentes del sector privado que están al tanto del trámite. Consultados en el gobierno nacional, confirmaron que se estaba ante el deadline para la aprobación porque vencía el contrato de compra venta firmado en diciembre. Después vendrá el pronunciamiento de Defensa de la Competencia, que puede demorar meses pero no impide el desembarco de los nuevos concesionarios. Desde hace tiempo, en el gobierno admitían que el ingreso de Manzano y compañía no podía demorarse más porque Mindlin no pensaba invertir un peso más en Edenor y era necesario iniciar una nueva etapa.

El cambio de época tiene varias caras, aunque Manzano es la más destacada. Con las tarifas pisadas por el gobierno y Martín Guzmán derrotado en la interna del Frente de Todos, Manzano y sus socios ingresan a una empresa que compraron barata pero saben que no tendrán aumentos en el corto plazo: apuestan a una recuperación económica pasadas las elecciones, cuando el gobierno firme un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las compañías eléctricas comiencen a recuperar rentabilidad. Accionista principal de la distribuidora mendocina Edemsa, con los 200 millones de dólares que dice haber puesto para adquirir la firma, el ex ministro del Interior se convierte en un jugador fundamental del negocio eléctrico en Argentina. Tres décadas después de haber abandonado la política consumido por el fuego del menemismo, el mendocino da un salto fabuloso con el Frente de Todos en el gobierno. En el mercado, ya se habla de una nueva gerencia en la que podrían estar el ex director de Asuntos Corporativos de Edenor -y ex funcionario de María Eugenia Vidal- Edgardo Volosin y el animador Fabian Doman.

Para Mindlin, que buscaba despegar del rubro. Tras haber sido uno de los grandes beneficiarios de la fenomenal transferencia de ingresos de tarifazo y haberle comprado la empresa del clan Macri al primo del ex presidente Angelo Calcaterra -una jugada por la que todavía debe plata, tal como reveló elDiarioAR- también se cierra un ciclo: ahora busca concentrarse en Vaca Muerta, apalancado por el Plan Gas y la apuesta del shale.  

Por último, pese a la pandemia, la deuda y la crisis, con la operación Edenor se inaugura también un tiempo en el que el peronismo kirchnerista parece cambiar de interlocutores en el establishment. Tras el sueño fallido de la burguesía nacional y la promoción de empresarios que estaban asociados al proyecto del Frente para la Victoria, el gobierno de los Fernández autoriza una venta que le pone alfombra roja a un grupo de empresarios que exhiben trayectorias muy distintas. Criado en el peronismo, Manzano conoce a Cristina Fernández de Kirchner desde hace 30 años, tiene llegada directa al renovador clase B Sergio Massa y sabe entenderse con la plana mayor de La Cámpora. Su ingreso a la distribuidora de luz más grande de la Argentina es un hito en un camino largo, que está lejos de concluir. En un plazo de entre 30 y 60 días, según dicen a su lado, quiere quedarse con el diario El Cronista, propiedad de Francisco de Narvaez.

DG