PRESUNTA EVASIÓN Y DEFRAUDACIÓN AL FISCO

La UIF pidió a la Justicia investigar por presunto lavado a Edenor

Marcelo Mindlin

La Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del poder Ejecutivo, solicitó que se investigue por presunto lavado de dinero a las compañías eléctricas Edenor, Edelap y Edea, según un comunicado oficial del organismo. Las empresas son blanco de un expediente por presunta evasión y defraudación al fisco por el supuesto uso de facturas falsas, que está a cargo del juez federal de San Martín Emiliano Canicoba, confirmó una fuente judicial con acceso directo al expediente.

La paz precaria de diciembre

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La investigación judicial se inició en 2017. Las compañías niegan las acusaciones y apuntan a sus proveedores —principalmente, prestadoras de mantenimiento y obras— como los supuestos responsables de “inflar costos” a través de la facturación apócrifa, según consta en la causa. Ante la consulta periodística, la compañía negó ser parte de la maniobra investigada por la Justicia federal de San Martín.

"Edenor recibe servicios y productos de mas de 1.000 proveedores anualmente y en todos los casos la realización de trabajos y prestación de servicios cumple con la legislación vigente. Tales contrataciones están, siempre, debidamente registradas y auditadas y a disposición de las autoridades competentes", comunicó la empresa a este medio. "Todos nuestros proveedores también están sometidos a los mismos estándares de registro y auditoría que Edenor utiliza en todas sus operaciones. Estándares nacionales e internacionales exigidos como compañía que cotiza en Bolsa tanto en Argentina como en Nueva York", agregó Edenor. En febrero, luego de haber sido allanada por orden del juez de San Martín, dijo a Perfil que dio de baja a algunos de los proveedores investigados.

Edenor, distribuidora de electricidad en el área metropolitana norte de Buenos Aires, forma parte del grupo Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, un empresario que expandió sus activos en la primera década del siglo, y se potenció como uno de los principales actores del sector energético durante el gobierno de Mauricio Macri. Su vínculo con la familia del expresidente creció a partir de la compra, en 2017, de la firma IECSA, una de las principales contratistas del Estado que los Macri habían cedido a Angelo Calcaterra —primo del exmandatario— en 2007.

La empresa de distribución eléctrica de Mindlin es un objetivo por estos días del expolítico y empresario José Luis Manzano, quien se encuentra en tratativas para adquirirla, como informó elDiarioAR este domingo.

Todos nuestros proveedores también están sometidos a los mismos estándares de registro y auditoría que Edenor utiliza en todas sus operaciones.

Edelap y Edea prestan servicio en la provincia de Buenos Aires y pertenecen al Grupo DESA, de Rogelio Pagano, exdirectivo de Pampa Energía. En el grupo dijeron al elDiarioAR que “la investigación es sobre proveedores contratados por las distribuidoras cuando eran controladas por el accionista anterior, Disvol, entre 2015 y comienzos de 2017” y que “los proveedores investigados fueron dados de baja cuando el Grupo DESA asumió el control de las distribuidoras, de acuerdo a sus prácticas e implementación de nuevos procesos de gestión y control de contrataciones”. “Sólo uno de los proveedores mencionados (en la causa) continuó prestando servicio de cuadrillas”, agregó la empresa de Pagano.

“Desde el comienzo de la investigación, Grupo DESA prestó total colaboración con el personal de la AFIP, poniendo a su disposición toda la información con la que se contaba de los exproveedores”, argumentó.

La exaccionista señalada, Disvol, era entonces de Alejandro MacFarlane. El empresario no había contestado la consulta de este medio al cierre de esta nota.

Coincidentemente, las tres compañías están siendo investigadas por utilizar los mismos proveedores sospechados, confirmaron fuentes de la causa. A su vez, los accionistas y exaccionistas de las tres eléctricas estuvieron vinculados, ya que en 2012, Macfarlane dejó de ser accionista de Edenor y adquirió Edelap y Edea. En 2017, vendió ambas empresas a Pagano, que había sido accionista de Pampa. 

La hipótesis de lavado

El organismo antilavado, a cargo de Carlos Cruz, un abogado y académico de confianza del presidente Alberto Fernández, informó este lunes que solicitó al juez de San Martín ser aceptado como querellante para aportar información. Si el magistrado aprueba su pedido, la UIF podrá acceder a la causa y proponer medidas de prueba. 

La UIF quiere “promover una investigación por lavado de activos con el fin de indagar sobre supuestas evasiones tributarias y fondos no declarados, profundizando la búsqueda respecto de bienes adquiridos con dinero ilícitamente obtenido”, dijo el comunicado.

La causa está caratulada como presunta “defraudación e infracción a la ley penal tributaria”. El juez Canicoba encargó a principios de 2019 un peritaje informático a la Policía Federal para analizar una serie de dispositivos, computadoras, teléfonos y discos rígidos secuestrados durante una serie de allanamientos a los contadores y empresas dedicados a la elaboración de las supuestas facturas truchas, y a las propias eléctricas, afirmó una fuente con acceso al expediente. El juzgado estima que los resultados estarán alrededor de marzo, agregó.

En su presentación ante el juzgado, la UIF solicitó “que se formen los legajos patrimoniales de las personas investigadas a fin de que se pesquise la exteriorización de bienes relacionados con el dinero ilícitamente obtenido”.  

“Según las estimaciones de la AFIP, la trama investigada ascendería a un total de ventas netas de $1.553.163.035”, al menos entre 2015 y 2016, dice el comunicado. El perjuicio fiscal se encuentra aún indeterminado, pero en un informe preliminar, la AFIP lo había estimado en al menos $900 millones, según dos fuentes independientes entre sí con acceso al expediente judicial. 

La causa

Según un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incorporado a la causa, entre 2015 y 2019, un grupo de pequeñas y medianas empresas que oficiaban como proveedores de estas tres eléctricas habrían presentado facturas truchas a Edenor, Edea y Edelap por servicios con supuestos sobreprecios.

Una de las hipótesis de la investigación es que este circuito serviría para evadir impuestos y fugar divisas del país, extremo engado por Edenor, Edelap y Edea.

Algunas de estas proveedoras incluso fueron ingresadas en el registro de firmas apócrifas de la AFIP, lo que para el fisco significa que estas sociedades anónimas emitieron facturación falsa y no tienen la capacidad de brindar los servicios que facturaron a Edenor, Edelap y Edea. Otras están catalogadas por el fisco como “usinas mixtas” de facturas falsas, según el expediente. Se trataría de empresas reales, pero que además de prestar servicios de obras y mantenimiento, tienen otro nicho: facturar con sobreprecios o inflar costos para permitir "la evasión o fuga de divisas", explicó uno de los investigadores del caso. 

En 2019, los investigadores de la AFIP buscaban establecer si parte del dinero negro que generaban estas proveedoras con las facturas apócrifas regresaba en negro al cliente, es decir a las eléctricas.

En la causa, hasta el momento, la única persona procesada es una contadora que trabajaba para algunos de estos proveedores investigados, informó una fuente judicial. La contadora siempre negó las acusaciones.

ED

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