Alejandro Slokar, juez de Casación: “La reforma laboral es una remake absurda de la legislación de la dictadura”

Alejandro Slokar toma entre sus manos el plato donde hasta entonces descansaba su pocillo de café y recuerda una enseñanza que le transmitió alguna vez un profesor italiano: “El modelo de inclusión, que es el modelo de sustitución de importaciones, el que brinda trabajo, es el plato hondo en un sentido ordinario”, explica. Y, mientras da vuelta el plato, remata: “Pero la primarización exportadora significa que pocos quedan arriba y muchos se quedan afuera, se caen”. Juez de la Cámara Federal de Casación —a cargo de la comisión que aborda los crímenes de lesa humanidad— y referente de la llamada Pastoral Judicial —un espacio que reúne a integrantes del Poder Judicial y de la Iglesia en favor de una “justicia más humana”—, Slokar explica su “metáfora del plato hondo” y la imagen marca el pulso de la conversación con elDiarioAR.

En una entrevista profunda, que se extendió por más de una hora, al filo del fin de la feria judicial, traza un paralelismo explícito entre el rumbo del gobierno de Javier Milei y la lógica institucional, económica y represiva de la última dictadura cívico-militar. Expone los riesgos de vivir en una “democracia algoritmizada” y que alimenta una “ciudadanía perversa”. Pero también va al llano: cuestiona con dureza la actual conformación de la Corte Suprema que preside Horacio Rosatti, el estado de excepción de gobernar vía DNU, denuncia un modelo agotado de concentración de poder y anticipa un escenario de judicialización de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, atravesado —advierte— por la pasividad y las dilaciones del Poder Judicial.

–¿Cómo caracterizaría el momento político e institucional que atraviesa la Argentina?

—Nadie duda de la legitimidad de origen del Gobierno, pero el factor democrático no se agota en el voto. Salvo que asumas el concepto democrático como si fuese exclusivamente el rito formal de la urna y la boleta, es una democracia vacía de contenido. La urna es condición necesaria y nunca suficiente porque si no, no se explica que con gobiernos legítimos se produzcan regresiones tan profundas. La democracia requiere instituciones, controles, límites al poder, un Estado que garantice derechos. Y hoy hay una democracia vaciada, una democracia que funciona casi como un algoritmo. Al amparo de un nuevo mapa del poder planetario, de una nueva guerra fría, se restauran dispositivos que creíamos superados. No es casual. Como no es casual un paralelismo histórico con los años 70, justo cuando se cumplen 50 años del Golpe. Cuando se desregula todo, cuando el mercado pasa a ser el único ordenador, cuando el Estado se retira de la función social, lo que aparece es una democracia extremadamente frágil.

–¿Qué significa una democracia que funciona como un algoritmo?

–La democracia algoritmizada es cuando se vota, se cuentan votos, se procesan números, y con eso pareciera que alcanza. Pero la democracia no es un software. No es un procedimiento automático que legitima cualquier cosa que venga después. Se pierde la idea de derechos, de límites al poder, de controles institucionales. Se pierde la idea de ciudadanía como sujeto político. Eso no es nuevo en la historia. Lo vimos muchas veces. Pero hoy se potencia con la lógica algorítmica, con la idea de que todo se puede medir, todo se puede reducir a datos, todo se puede gobernar como si fuera una planilla de Excel. Y la democracia no funciona así: exige conflicto, exige deliberación, exige instituciones que pongan frenos, exige un Estado que garantice derechos. Cuando eso desaparece, lo que queda es una democracia meramente formal, extremadamente frágil. Por eso digo que estamos en un proceso de regresión democrática. No porque no haya elecciones, sino porque lo que se pierde es el contenido. Y cuando se pierde el contenido, lo que se abre es la puerta a cualquier cosa.

–Mencionó el hecho simbólico de los 50 años del Golpe de 1976. ¿Qué conexión encuentra con el presente?

–Hay una restauración de dispositivos jurídicos de la doctrina de seguridad nacional que creíamos desterrados. La dictadura no fue solo militar, fue cívico-militar. Hubo un rol civil muy fuerte. Y ese modelo implicó desindustrialización, endeudamiento, extranjerización de la economía. Todo eso hoy vuelve a aparecer bajo otros formatos, con otros discursos, pero con la misma lógica estructural. Y eso tiene consecuencias institucionales muy profundas.

–¿En qué elementos ve la restauración de la doctrina de seguridad nacional?

–Un claro ejemplo ocurrió el 31 de diciembre: antes de chocar las copas y horas después de que haya concluido el período extraordinario de sesiones en el Congreso y sin ninguna necesidad, sin ninguna urgencia, nos enteramos que el Gobierno decide firmar un DNU para reformar la SIDE y darle poder de policía. Eso es gravísimo desde el punto de vista institucional. Primero porque no hay urgencia. Segundo porque se trata de materia penal, de inteligencia, de libertades individuales. En línea general se está rompiendo el trípode del consenso democrático.

–¿Cómo sería eso?

–La Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Inteligencia fueron una construcción deliberada después del terrorismo de Estado. Fue la manera que encontró la democracia para decir nunca más. Nunca más a las Fuerzas Armadas interviniendo en seguridad interior, nunca más a la inteligencia funcionando sin control civil, nunca más a la lógica del enemigo interno. Lo que estamos viendo hoy es el intento de desmontar ese trípode montado del ’83 para acá.

–Al reciente DNU de la SIDE se suma el de esta semana que habilitó la designación de militares en el Ministerio de Defensa, justo después del ascenso de Carlos Presti como funcionario.

–Por primera vez tenés, después de 40 años, al jefe de Estado Mayor a cargo del Ministerio de Defensa. Eso marca una remilitarización de la política. Pero hay algo peor todavía, que es la partidización de la Fuerza Armada. Porque una cosa es que las Fuerzas Armadas estén subordinadas al poder civil, y otra cosa muy distinta es que queden atrapadas en una lógica partidaria. Eso es muy peligroso. Porque las Fuerzas Armadas tienen que estar absolutamente despolitizadas, profesionalizadas y subordinadas al poder civil. Cuando eso se rompe, se rompe un equilibrio democrático muy delicado. Y esto se complementa con que rebautizaron el ahora llamado Ministerio de Seguridad Nacional, con una retórica bélica permanente, con la idea de guerra contra el delito, contra el enemigo, contra el otro. Todo eso construye un clima muy preocupante.

–¿Qué significa jurídicamente que el Gobierno actúe más por DNU que por leyes votadas en el Congreso?

–Hay una idea de excepcionalidad permanente. De emergencia permanente. Y cuando vos gobernás desde la emergencia, lo que hacés es suspender reglas. La emergencia siempre es el argumento para correr límites. Y el problema es que la emergencia deja de ser excepcional y se convierte en regla. Ahí entramos en un estado de excepción de hecho. Y el estado de excepción no es compatible con un Estado de derecho. Puede haber situaciones excepcionales, claro que sí, pero no pueden transformarse en la forma normal de gobierno.

–¿Pero hasta qué punto la situación actual es una excepción o regla? Porque, tras la dictadura, Menem, De la Rúa y Macri fueron continuadores de cierto modelo neoliberal ya en democracia. Luego de Alfonsín, podríamos decir que solo el kirchnerismo buscó ubicarse en la vereda de enfrente.

–Los gobiernos populares siempre fueron la excepción dentro de todo este modelo, porque el modelo nace al amparo de la dictadura y en definitiva, mantiene en términos de continuidad cierta estructura ósea y se repone periódicamente por vía del menemismo, por vía de Macri. En definitiva es ver de qué manera se dinamita el modelo de sustitución de importaciones para reponer el orden conservador, del modelo de la reprimarización económica, que en su momento habrá sido agroexportador, que después se puede tener en la soja, el petróleo, el gas, lo que sea. Ahora se asume de un modo ya descarado, sin ningún tapujo, ese destino de reprimarización. Eso configura la sociedad de tercios: un tercio adentro, dos afuera. Entonces el factor soberanía está en juego, porque la soberanía, no solo a nivel nacional sino también a nivel popular en sentido democrático, es el trabajo.

–¿Se inscribe entonces en ese esquema la reforma laboral del Gobierno?

–La reforma laboral es una remake absurda de lo que fue la legislación de la dictadura. Es exactamente lo mismo. No hay ninguna novedad conceptual. Lo que fue el desmonte, el desguace de la protección laboral en la Argentina nace exactamente en ese momento. Eso fue parte del programa económico de Martínez de Hoz. No fue un accidente. La reforma laboral fue la condición necesaria para la desindustrialización, para la precarización, para el disciplinamiento social. Y eso es lo que hoy vuelve a aparecer. Cuando vos reducís indemnizaciones, cuando debilitás la negociación colectiva, cuando fragmentás derechos, lo que estás haciendo es alterar la relación de fuerzas entre capital y trabajo. Y eso no es neutral. Tiene consecuencias sociales, políticas y democráticas muy profundas. Por eso digo que hay una continuidad histórica muy clara. Cambian los discursos, cambian las formas, pero el núcleo del modelo es el mismo.

–Siendo una reforma que ya en el debate se ve muy discutida, ¿qué futuro podría tener en el ámbito de la Justicia? 

–Ya el trámite hace ruido desde el punto de vista constitucional: la reforma incluye la materia tributaria y por lo tal no puede ingresar por el Senado. Debería ir por la Cámara de Diputados. Ese es un límite que impone la Constitución. Por otra parte, la clave es la reducción de los montos indemnizatorios y eso significa mayor concentración de riqueza. Eso es la anti justicia social, que es letra de nuestro texto constitucional: artículo 75, inciso 19. El problema es que si para un sector la justicia social es el pecado y propio de parásitos, mientras que para el otro es una virtud, estamos frente a un choque de planetas, de la visión del mundo, de la sociedad. ¿Cómo hacer síntesis frente a eso?

–¿Está el Poder Judicial a la altura de la circunstancia?

–Bueno, hay que ver de qué modo el rol de una enorme parte del Poder Judicial, partiendo de la cabeza, lo que hace es convalidar el recorte de derechos y, en definitiva, el saqueo. Porque hay una transferencia de ingresos enorme en este tiempo en la Argentina. Es lo que ocurrió en el ‘76 y nunca se repuso. En definitiva, si la democracia no es solo un factor formal y su contenido tiene que ser social, el Poder Judicial tiene que ser el garante del modelo sustancial de la Constitución. Los anticuerpos del judicial deberían ser mucho más eficaces, pero algo lleva a pensar que muchos integrantes del poder reportan a otro linaje. Entonces, tenés un problema.

–¿Necesita entonces también la Justicia una reforma? Hoy la Corte sigue con tres miembros y hay decenas de vacantes en los juzgados.

–La reingeniería institucional argentina no puede ser la del siglo pasado. Es insostenible. No tenemos Poder Judicial en sentido pleno, en la medida en que nuestro sistema judicial hoy no garantiza funciones básicas. 

–¿Se debe ampliar la Corte?

–No sé si ampliar la Corte... lo que está claro es que hay un modelo agotado de concentración de poder: hay tres personas que concentran las decisiones. Eso no funciona. Tres personas que concentran toda la facultad administrativa e inclusive preside el Consejo de la Magistratura. El modelo Luis XIV está agotado en cualquier esfera pública. Esto es un adefesio desde el punto de vista institucional.

–Más allá de la ampliación sí o no, ¿de qué otra manera habría que reformar el Judicial?

–En la Corte no hay una mujer, cuando se reclama la feminización de la justicia. Es otra mirada, es otra empatía. Y no existe la distribución por especialidades. Diría que nuestro sistema judicial hoy no garantiza tres cuestiones básicas. Primero, no tenemos un control de constitucionalidad eficaz, que llegue a término y que de algún modo zanje las controversias. En segundo lugar, no tenemos un verdadero control de casación, es decir, una interpretación uniforme de las normas para todo el país. Y, en última instancia, tampoco se cumple adecuadamente la función de dirimir conflictos, que es propia del Poder Judicial.

–Usted ya señaló sobre la Corte el año pasado, cuando confirmó la condena a Cristina Kirchner en un año electoral. Lo llamó proscripción y lo marcó como una exigencia del FMI.

–En los tribunales esto lo llaman cronoterapia, o sea, cómo se aceleran los tiempos o se dilatan en la medida o en función de ciertas condiciones. Por definición, el Poder Judicial en Argentina, por lo menos desde el Golpe del 30 hasta el día de hoy, fue legitimador del poder. A veces del poder formal, a veces del poder fáctico, lo que es más lamentable. Salvo rarísimas excepciones donde hizo valer el imperio de la Constitución sobre el diktat de la política. Entonces, cuidado. Cinco cautelares se promovieron ante el fuero contencioso en el mes de enero contra el DNU de inteligencia y ninguna procedió. No le dieron trámite de feria, no habilitaron días y horas hábiles a algo que es suficientemente grave como para atenderlo de inmediato. Mientras tanto, el espionaje ilegal de la SIDE sigue vigente. 

–En esa “cronoterapia” que ensaya la Corte o la justicia en general, ¿qué podría esperarse entonces si la reforma laboral se judicializa?

–La Corte todavía no se pronunció sobre el capítulo laboral del DNU 70/23. La Corte ensaya, por lo menos extraoficialmente, el discurso de que primero tenía que agotarse el tiempo de la política. Pero que la política sea la que lo resuelva no es el imperio de la Constitución, es invertir el orden normativo. Si algo repugna abiertamente a la Constitución, no pierdas tanto tiempo porque, en el mientras tanto, esa normativa, sin perjuicio de cautelares, como se dieron en algún caso, sigue produciendo efectos.

–¿El Poder Judicial es cómplice de la situación actual, de la gobernanza por DNU, por ejemplo?

–El DNU es una herramienta excepcional, implica una degradación del sistema republicano. Cuando se convierte en regla, el Congreso queda vaciado y el Poder Judicial mira para otro lado. Eso rompe el equilibrio entre poderes. Y cuando se rompe ese equilibrio, lo que queda es una concentración de poder muy peligrosa para la democracia. No se trata de una discusión técnica. Se trata de si aceptamos vivir en un régimen donde las reglas se suspenden permanentemente o no.

–Además de la reforma laboral el Gobierno también impulsa una reforma penal y bajar la edad de imputabilidad. ¿Lo lee dentro del mismo esquema de regresión democrática?

–Claro que va en ese sentido, porque aspira a una mayor representación bélica de la emergencia securitizante. No es bueno el uso de cualquier terminología que tenga que ver con la guerra. Cuando vos hablás de guerra, hablás de enemigos, hablás de eliminación, no hablás de derechos. La baja de la edad de imputabilidad se inscribe en esa lógica. No hay evidencia empírica seria que demuestre que bajar la edad de imputabilidad reduce el delito. Lo que sí hay es evidencia de que aumenta la criminalización de la pobreza y de las infancias vulnerables. Además, la Argentina tiene compromisos internacionales muy claros, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que el sistema penal debe ser la última ratio, especialmente en el caso de niños, niñas y adolescentes. Acá lo que se propone es exactamente lo contrario: un Estado que aparece primero para castigar.

–Un Estado punitivista.

–El Estado solo aparece al tiempo de castigar. Antes no aparece. No aparece para garantizar derechos sociales, no aparece para prevenir, no aparece para incluir. Aparece únicamente en su faz punitiva. Eso construye una ciudadanía perversa, una ciudadanía basada en el miedo, en la amenaza, en la exclusión. Y eso es incompatible con una democracia sustantiva. Una democracia no puede sostenerse solo sobre el castigo.

–¿Cómo es esa idea de ciudadanía perversa?

–La ciudadanía perversa funciona cuando te dicen que sos ciudadano pero solo al momento de castigarte. Antes no sos ciudadano para garantizarte derechos, para garantizarte educación, salud, vivienda, trabajo. Sos ciudadano solo cuando hay que penarte. Hay una política rota si se cree que solo el mercado va a ordenar la vida social. Y ahí el Poder Judicial tiene una responsabilidad enorme. Porque si el Poder Judicial cree que su función es solamente aplicar castigo, entonces lo que hace es profundizar esa ruptura. El castigo no reemplaza a la política social. Nunca la reemplazó. Y cuando se intenta que la reemplace, lo único que se genera es más violencia, más exclusión, más resentimiento. El sistema penal no está pensado para resolver problemas sociales. Está pensado para intervenir de manera excepcional. Cuando se lo convierte en la principal herramienta del Estado, lo que tenés es un Estado que fracasó en todas las demás dimensiones. Entonces ahí aparece esta idea de ciudadanía perversa. Sos objeto de abandono. Y eso es muy grave, porque rompe cualquier idea de contrato social. No hay contrato posible cuando una de las partes solo aparece para sancionar. Por eso digo que hay una crisis muy profunda entre política y sociedad. Y mientras eso no se repare, cualquier salida va a ser extremadamente frágil.

–Como conclusión, ¿qué ve hacia futuro? ¿Ve posibilidad de que este modelo se revierta?

–Es inevitable. Porque la tensión es inevitable y va a dar lugar a algún tipo de reacción o no reacción. Todo tiene un equilibrio. Entonces es indudable que va a ser así. Podrá llegar más temprano o después. La historia argentina muestra ciclos muy claros. Ningún modelo de estas características se sostuvo indefinidamente sin generar resistencias. El problema es el costo social que se paga en el mientras tanto. Pero la tensión entre ajuste, exclusión y democracia siempre termina produciendo algún tipo de respuesta. No es lineal, no es automático, pero es inevitable.

–Ante semejante panorama, ¿queda institucionalmente algún anticuerpo?

–Sin duda el voto, insisto, es un factor. Pero no es suficiente. Nunca. Hay una demanda fuerte dirigida a un poder del Estado que es el judicial. El judicial es el último refugio. La justicia es el último timbre, la última trinchera. Más allá de que está en crisis, es de esperar que allí, en el plano del deber ser, algún resorte se active y el anticuerpo aparezca.

MC