Sin respuesta del Gobierno, la Iglesia profundiza una alianza con jueces para combatir el avance narco en los barrios

“El que venía al comedor ahora viene alcoholizado. El que jugaba al fútbol en la capilla hace dos años ahora lo ves drogándose”. “Hay niños que aceptan ser soldaditos para que el narco les pague las deudas que tienen en las apuestas online. O familias a las que les pagan las fiestas de 15”. Pinceladas así aportadas por curas villeros o de parroquias situadas en lugares de extrema vulnerabilidad dotaron de materia gris al documento de la Iglesia sobre el drama del narcotráfico que se conoció días atrás. “La retirada del Estado es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte”, firmó la Conferencia Episcopal a través de su titular, Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza, y sus laderos, Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, Cesar Daniel Fernández, obispo de Jujuy, y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro, en una fuerte declaración hacia el Gobierno.

La carta se publicó en línea con la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas –el 26 de junio–, pero buscó interpelar sobre la descomposición de la trama social en espacios suburbanos que –si bien no es nueva– se aceleró por las políticas de ajuste de Javier Milei. El movimiento de la Iglesia tiene, a su vez, una subtrama que conecta a referentes religiosos con funcionarios del Poder Judicial, además de movimientos sociales. No por nada el jueves pasado, mismo día de la efeméride mundial, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, compartió en el barrio porteño de Once una mesa con personas en situación de calle a la que se sentó el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Slokar, referente de la llamada Pastoral Judicial.

“Lo que vemos desde hace tiempo es una necesidad profunda de articular, porque cada vez la demanda de ayuda es mayor. Hay un abandono porque el Gobierno no tiene conocimiento de lo que se necesita. Y el pibe que no se recupera es cementerio o cárcel”, explicó un miembro del Episcopado sobre el gesto reciente de la Iglesia. “Nos dicen que hay plata, la única política antinarco del Gobierno es mandar la Gendarmería de Bullrich”, comentó otra fuente eclesiástica.

Se estima que unos 300.000 jóvenes en todo el país necesitan asistencia por su consumo problemático de drogas. Y desde que asumió Milei hay una baja considerable de programas de acompañamiento y de formación profesional, así como retrasos de pagos y recortes en la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar), que conduce Roberto Moro, quien ya ocupó el cargo en tiempos del macrismo. Desde el organismo, según supo elDiarioAR, buscan que los subsidios que se entregan a espacios de asistencia no se utilicen más para pagar el aporte de profesionales –psicólogos, por ejemplo– y que solo puedan rendirse la compra de alimentos o materiales.

Por eso la Iglesia, que tiene los centros barriales Hogares de Cristo para acompañar a personas con problemas de consumo, cuestionó desde el documento del Episcopado: “No se puede seguir esperando que quienes acompañan a los jóvenes más rotos lo hagan sin recursos. La entrega gratuita de tantos voluntarios es muy valiosa, pero debe ser complementada con equipos que puedan dedicarse a tiempo completo, y eso requiere financiamiento”.

Según datos de 2024 publicados por el diario Perfil tras un pedido de información pública, en solo ocho meses en la Sedronar se recortó cerca del 20% del personal –pasó de 655 empleados a 522– y se subejecutó el presupuesto de $37.342,54 millones que provenía de 2023, repartidos en programas de atención, acompañamiento y prevención. El ajuste total a septiembre del año pasado había sido del 46%. Y podría ser más este año: según el informe que presentó Guillermo Francos el jueves en el Senado, a junio 2025 los recursos de la Sedronar destinados para sus distintos programas alcanzaron $23.398.778.794,41.

Fiel a su estrategia, en la Casa Rosada evitaron responder las críticas de la Iglesia. “Nunca contestan. La relación es meramente institucional”, dijo una fuente a elDiarioAR. Hoy el vínculo formal es solo a través de la Secretaría de Culto, a cargo de Nahuel Sotelo. Allí prefirieron el silenzio stampa ante la consulta de este medio.

La malla de contención Iglesia-Justicia

El retroceso del Estado en las barriadas motivó a la Iglesia a expandir la red de Hogares de Cristo, que ya abarca a unos 300 espacios en todo el país, no solo en los grandes centros urbanos, sino también en lugares inhóspitos como la comunidad wichi de Ingeniero Juárez, en Formosa. El último que se abrió fue el jueves en Once, donde se reunieron García Cuerva y el juez Slokar, junto a otros funcionarios judiciales como la defensora general de la Ciudad, Marcela Millán; la fiscal Paloma Ochoa, el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Gabriel De Vedia, y la presidenta del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, Karina Yabor.

Antes de recorrer plaza Miserere y repartir de manera simbólica mate cocido y tortas fritas, en ese espacio bautizado “La mano de Dios” el arzobispo de Buenos Aires ofició una misa y pidió “no dejar en el camino a quienes se han caído”. García Cuerva ya había dicho en el Tedeum del 25 de mayo frente a Milei que “la Argentina sangra de inequidad”.

La foto García Cuerva-Slokar es una síntesis de la malla de contención sociopolítica y con carácter institucional que desde el año pasado se está tejiendo ante la profundización del ajuste de Milei. El camarista denunció semanas atrás que la detención de Cristina Kirchner “obedece a la presión del Fondo Monetario Internacional”. El jueves, el magistrado apuntó en la mesa ante personas en situación de calle: “Desde la justicia llegamos tarde. La verdadera reforma judicial es que el poder funcione para las comunidades olvidadas, que la justicia sea un puente y no una barrera”. Solo en la ciudad de Buenos Aires, según datos oficiales, a fines de 2024 más de 10.500 personas vivían en las calles.

La conformación de la Pastoral Judicial cuenta con una corta historia pero con episodios interesantes y varias figuras vinculadas incluso a Cristina Kirchner o Juan Grabois, al calor de la crisis social profundizada por Milei. Si bien nació en la combinación de la Justicia con las agrupaciones populares, la Iglesia se sumó por un apoyo a la distancia del papa Francisco en el último año de su vida, supo este medio. “La fe, la justicia y los movimientos sociales son mundos que existen y había que encontrarlos para charlar, nunca lo habían hecho”, contó una fuente muy al tanto de la iniciativa. El puntapié formal fue en mayo de 2024 en la parroquia Santa María Madre del Pueblo en la exvilla 1-11-14. Allí estuvieron Gustavo Carrara –hoy arzobispo de La Plata–, al secretario de la UTEP, Alejandro Gramajo, pasando por dirigentes sindicales como Julio Piumato (titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y con un pie en la CGT) y Vanesa Siley (secretaria de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales y parte del anillo de CFK).

El segundo encuentro fue en junio en el Hogar del padre Cajade, en los suburbios de La Plata, donde destacaron figuras que le aportaron otro volumen: Gildo Onorato, del Movimiento Evita y funcionario de Axel Kicillof; Fernanda Miño, extitular de la Secretaría de Integración Sociourbana y dirigente del círculo íntimo de Juan Grabois; Alejo Ramos Padilla, juez con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, y Hernán “el Negro” Gómez, el fiscal de Estado bonaerense.

El tercer encuentro fue el más significativo y se dio en agosto en la parroquia San José de la diócesis de San Justo, en Puerta de Hierro, La Matanza, donde oficia el Padre “Tano” Angelotti, de fuerte vínculo con CFK. Ahí participaron por la Iglesia –además de Carrara– Oscar Ojea, entonces obispo emérito de San Isidro, y Pablo Vidal, secretario de Desarrollo Humano de Cáritas y referente de Hogares de Cristo. Y por el mundo judicial asistieron Julio Conte-Grand, procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, y Facundo Tignanelli, el alfil de Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados de PBA y vice del Consejo de la Magistratura provincial. Sobrevoló en la previa la posibilidad de que asista hasta el juez federal Ariel Lijo, entonces candidato de Milei para la Corte Suprema.

El último encuentro del 2024 fue en noviembre en Moreno, municipio gobernado por Mariel Fernández –también muy ligada a CFK y a la UTEP–. Fue la primera presencia pública de Carrara como flamante arzobispo de La Plata, cargo al que había sido designado por Francisco apenas un día antes.

Ahora la trama de la Pastoral Judicial se extendió recientemente a Santiago del Estero, adonde viajó el camarista Slokar hace una semana para acompañar al padre Pepe Di Paola para la apertura de dos nuevos centros de Hogares de Cristo. La actividad contó con la presencia del Obispo de Santiago del Estero –sede primada de Argentina–, Vicente Bokalic Iglic, y hasta del gobernador local, Gerardo Zamora. Justo el lunes pasado el mandatario –que cree que se está llegando a un límite en la tolerancia social del ajuste mileísta– firmó un proyecto de ley con el resto de los gobernadores para exigirle a la Casa Rosada la coparticipación de los ATN.

A la última actividad del jueves en Once podría seguir una próxima en la UCA a partir de una invitación de García Cuerva a Slokar, según supo elDiarioAR. El espíritu de la encíclica de Francisco “Fratelli tutti” rige la organización, que suele tener reuniones a mitad de semana en una oficina eclesiástica en el centro porteño: ya participaron más de 50 nombres del mundo judicial con algunos resultados concretos.

Conte-Grand firmó con el obispo de San Justo, monseñor Eduardo García, y el padre “Tano” Angelotti un convenio para instalar una oficina de fiscales en una parroquia de La Matanza para recibir denuncias sobre el narcotráfico. Hasta se abrieron las puertas de la Corte Suprema, con la curiosidad de que fue justo al borde de la condena a Cristina Kirchner: el 3 de junio Horacio Rosatti acordó con el padre Pepe para que Hogares de Cristo participe en la reinserción social de los presos.

“No se puede gestionar por formularios. Se necesita humanidad. Y saber que es un trabajo en conjunto entre Estado y comunidad”, plantea Pablo Vidal. “Hay una conciencia del riesgo jurídico de los jóvenes frente al avance del narco y la cultura del descarte”, dicen en la Pastoral Judicial. El desafío es complejo ante la avanzada de la crisis, que da rienda suelta al narcotráfico, como comentó a elDiarioaR un sacerdote que conoce los territorios: “Nosotros podemos derrumbar un montón de búnkeres, pero si no se refuerza la comunidad, el narco va a volver a entrar”.

MCMG