Juicio por YPF: la justicia de EE.UU. decide si el Estado argentino debe entregar el 51% de las acciones de la petrolera

Este martes, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York tendrá una definición clave en el juicio por la expropiación de YPF. El tribunal tendrá que decidir si acepta la conceder a la Argentina la medida cautelar que suspende el traspaso del 51 % de las acciones que el Estado argentino posee en la petrolera.

El juicio por la expropiación –ordenada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner– lleva más de 10 años y Argentina ya recibió un fallo en contra cuando el pasado 30 de junio la la jueza Loretta Preska ordenó al Estado argentino a pagar U$S 16.000 millones. Pero además, desde entonces corren los intereses impuestos por la magistrada con lo cual la deuda ya asciénde a U$S 18.000.

Mañana, el tribunal de apelaciones podrá decidir si niega la cautelar interpuesta por el Estado argentino, lo que habilitaría a la jueza Preska a ejecutar el traspaso. La tercera posibilidad es que la Cámara conceda la medida en suspenso, pero que entienda que pagar con acciones es casi imposible para la Argentina. En este caso puede definir que el Gobierno ponga a cambio otros activos que representen las acciones de YPF, por ejemplo bonos de mediano o largo plazo.

Si la Corte no concede la suspensión total, Argentina enfrentará dos alternativas: negociar con los acreedores o incumplir la orden. Este último escenario implicaría riesgo de desacato, con posibles embargos de reservas del Banco Central, trabas para acceder a los mercados internacionales o embargo de activos de YPF en el exterior.

Ya en septiembre de 2023 la jueza Preska había quedado firme la sentencia contra la Argentina, pero al mes siguiente el gobieno de Alberto Fernández la habia apelado. Cuando asumió la presidencia Javier Milei, el país debía presentar en enero de 2024 unas garantías para esa apelación, pero curiosamente no lo hizo.

Luego, en junio pasado, Preska ordenó al Estado argentino que entregue el 51% de YPF a los fondos ligitantes contra la reestatización de 2012, como forma de pago de la sentencia que lo condenó a pagar US$16.000 millones por la expropiación. Los denunciantes son los fondos de inversión que apuestan a litigios Burford Capital, de Reino Unido, y Eaton Park, de Estados Unidos.

El Estado argentino apeló la decisión de Preska y la Cámara resolvió una suspensión administrativa temporal de la transferencia de las acciones.

El caso comenzó a partir de la expropiación del 51% que tenía la española Repsol en YPF por parte del gobierno de Cristina Fernández, con apoyo del Congreso, incluida parte de la oposición. Pero el juicio no es por el 51% –Repsol terminó cobrando por un acuerdo con aquella administración en 2014– sino por el 25% con el que el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, se había quedado en 2007 por impulso del entonces presidente Néstor Kirchner. Los Eskenazi había hecho buenos negocios con él en Santa Cruz: se habían quedado con el banco provincial y con numerosas obras públicas. Y entraron a la petrolera sin pagarles nada a Repsol: el acuerdo implicaba que la abonarían con las futuras ganacias de la empresa. Era la llamada Argentinización de YPF.

YPF, cuyo control quedó en jaque tras el fallo de Preska, produce el 36% del petróleo nacional y el 29% del gas, más allá de que con Milei se desprendió de sus áreas en Santa Cruz y Chubut para concentrarse en la roca neuquina. Además, controla el 56% de la refinación local de combustibles. Todo eso podría quedar en manos de los fondos de inversión buitre Burford Capital, de Reino Unido, y Eaton Park, de EE UU, si los tribunales superiores estadounidenses ratifican a futuro las sentencias de Preska contra la nacionalización de YPF.