El gobierno de Madrid rechaza recibir niños africanos que llegan a España y choca con la posición de su propio partido

La dirección del PP de Alberto Núñez Feijóo dejó sola a Isabel Díaz Ayuso en su intento de boicotear el reparto de un millar de menores migrantes que se encuentran en Canarias y que este lunes el Gobierno empezó a distribuir por centros pertenecientes al Estado ubicados en distintas comunidades autónomas. Génova 13 utiliza la decisión del Tribunal Supremo de ordenar al Gobierno central a hacerse cargo de esos niños y jóvenes como un elemento más de su permanente campaña de desprestigio, descrédito y ataque al Ejecutivo progresista, pero no para oponerse a su reparto por centros estatales como hizo Ayuso, maniobrando con el único objetivo de que ninguno de ellos llegue a Madrid.

A finales de julio, uno de los feudos más importantes del PP de Ayuso, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), ordenó el cierre del centro de refugiados de la ciudad precisamente por el rechazo del equipo de la presidenta de la Comunidad a la posibilidad de que dichas instalaciones pudieran ser el destino de algunos de los menores solicitantes de asilo tras la orden del Supremo al Gobierno central. Se trata de un centro de dependencia estatal pero el consistorio alegó que no dispone de licencia de uso residencial pese a que allí viven desde hace años casi 500 personas, la mayoría ucranianas, pero también latinoamericanas, acogidas por el Estado.

Ayuso y sus colegas de partido en Madrid no opusieron resistencia a que el mencionado centro acogiera a esas personas ucranianas, pero sí rechazan la llegada de los menores que ahora se encuentran en Canarias, que son de origen africano y que huyen de los conflictos bélicos y económicos en sus respectivos países.

En una actuación coordinada, además, el Ayuntamiento de la capital, también en manos del PP, busca seguir los pasos de Pozuelo respecto a otro centro de acogida estatal situado en el distrito de Carabanchel de Madrid. Y en Alcalá de Henares el ayuntamiento de PP y Vox aprobó en julio una iniciativa para tratar de cerrar otro centro de acogida estatal que desde hace meses lleva siendo el objetivo de ataque de grupos neonazis y de extrema derecha, todo ello con el apoyo de la propia Ayuso, que ha llegado a acusar al Gobierno de “castigar” a Madrid por atender a niños y jóvenes migrantes en centros situados en la Comunidad.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha insistido en las últimas semanas que el centro de Pozuelo que el PP madrileño quiere cerrar es un edificio de la Seguridad Social que se cedió a Migraciones en 2022 “para atender a la emergencia provocada por el estallido de diversas guerras, entre ellas la de Ucrania”. “Es un referente que en estos años ha atendido a más de 100.000 personas necesitadas de protección internacional y nunca ha habido ningún problema con el Ayuntamiento”, sostiene el equipo de Elma Saiz.

El PP gobierna en coalición en Canarias

Por todo ello, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, considera que la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo de cerrar el centro de acogida de la ciudad cuando estaban a punto de llegar esos jóvenes africanos es un ejercicio de “racismo preventivo”. “Nosotros pensamos en los individuos, en cómo solucionar los problemas de las personas”, le respondió Fátima Matute, la consejera de Sanidad del Gobierno de Ayuso, que defendió su intento por cerrar los centros de Pozuelo, Carabanchel o Alcalá al considerar que “no tienen las condiciones adecuadas para que habiten personas” aunque son residencias para migrantes desde hace años.

Aunque Feijóo, en su comparecencia de balance del curso político, sí apoyó la competencia del Ayuntamiento de Pozuelo para cerrar el mencionado centro, tanto él como su equipo se han distanciado del Gobierno de Ayuso sobre la acogida de niños y jóvenes migrantes en sus comunidades autónomas y defienden que esas administraciones en sus manos reciban a menores provenientes de Canarias en centros estatales, en cumplimiento del mandato del Supremo. Se da la circunstancia de que uno de los principales interesados en que se produzca ese reparto es el Gobierno de Canarias que preside Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, que gobierna precisamente en coalición con el PP.

“Yo no tengo toda la información, pero lo que he leído es que quien ha decidido no autorizar ese centro por incumplimiento de la legislación urbanística es el Ayuntamiento de Pozuelo, no la señora Ayuso. Por lo tanto, cada gobierno tendrá sus responsabilidades. Un alcalde, un concejal de urbanismo que acepte que se utilice un centro para una actividad que no está habilitado urbanísticamente, tiene que actuar. Lo que es sorprendente es que un gobierno quiera utilizar un centro que no cumple la normativa urbanística para hacer una actividad que está prohibida. Eso es lo que es sorprendente”, aseguró Feijóo, ciñéndose a considerar el cierre del centro de Pozuelo como un acto administrativo y sin tener en cuenta que esas mismas instalaciones acogen a migrantes ucranianos desde hace años.

A renglón seguido, en cambio, Feijóo pedía al Gobierno que iniciara el reparto en otros centros. “Cumplir la ley es lo correcto. Incumplirla desde el gobierno es absolutamente sorprendente”, aseguró. “El Gobierno tiene desde hace semanas una sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a tutelar a los menores que han pedido asilo, que son más de 1.000. Y el Gobierno sigue incumpliendo las sentencias del Tribunal Supremo”, afirmó, antes de matizar: “Lo que no podemos es tutelar a menores cuando no tenemos ni herramientas, ni medios, ni capacidades para cumplir la ley del menor”.

Este lunes, el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, se limitaba a criticar al Ejecutivo porque, según él, “parece que habla de paquetes cuando habla del reparto”. “Son personas y en este caso menores. Yo creo que debería tener una sensibilidad especial”, añadía. “El Gobierno ni tiene política migratoria ni tiene política de respuesta”, apuntaba, antes de matizar que el Ejecutivo “tiene que dar respuesta a lo que ha dicho el Tribunal Supremo”, sin referirse a la postura de Ayuso.

La semana pasada, el secretario general del PP, Miguel Tellado, recordó que “ha sido el Tribunal Supremo el que le ha dicho al Gobierno de España que se tiene que hacer cargo con sus propios medios de la atención de estos menores”. “Esa es la prioridad en estos momentos: comprobar que efectivamente el Gobierno de España, el Gobierno de Sánchez, atiende a sus propias responsabilidades y a sus propias competencias”, apuntó, defendiendo el reparto ordenado por el alto tribunal.

“Tenemos un Gobierno incompetente, muy dado a la demagogia, pero que desde luego está fuera de toda realidad y, por lo tanto, nosotros lamentamos la falta de información por parte del Gobierno que no le ha explicado a nadie cómo pretende resolver estos traslados de menores, que es la prioridad en estos momentos”, añadió, limitándose a pedir más información al Ejecutivo, pero sin oponerse al reparto de los menores, como hace el Gobierno de Ayuso.

“Nosotros tenemos una posición tremendamente clara con respecto a esta cuestión. Estamos a favor de la inmigración legal y estamos en contra de la ilegal. Lamentablemente en España tenemos un Gobierno que carece de política migratoria y esta posición es la más inhumana que pueda adoptar cualquier gobierno fuera de los consensos comunitarios, fuera de los consensos internacionales. Tenemos un gobierno irresponsable y se puede encontrar más responsabilidad en la oposición que en sí mismos”, agregó Tellado, defendiendo a sus propias administraciones.

El Gobierno de Ayuso habla de “macrocampamentos”

En cambio, el Gobierno de Ayuso se ha desmarcado de ese cumplimiento por el resto de las administraciones del PP. En su última comparecencia pública, el portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, pedía el “cierre inmediato” de los que denominaba como “tres macrocampamentos”, en alusión a los ya citados centros de acogida de Alcalá de Henares, Carabanchel y Pozuelo. El portavoz de Ayuso criticó que “la única medida de política migratoria que ponga en marcha” el Ejecutivo central sea “repartir en las distintas comunidades autónomas a personas”. “Lo único que saben es echar balones fuera y tratar de criticar y de cuestionar las decisiones que toman otras administraciones públicas”, remarcó.

Ayuso y su equipo no han escatimado en palabras en las últimas semanas para tratar de vincular a migrantes con delincuencia, en una estrategia idéntica a la extrema derecha de Vox y de otros partidos ultras del resto del mundo. En julio, la propia presidenta dijo que la llegada de “migrantes” es un “problema” que ha sido “provocado y está perfectamente medido por el Gobierno para crear problemas de convivencia, saturar los servicios públicos y reventar el país”. Y en los últimos meses ella ha llegado a equiparar los problemas de la heroína en los años 80 con la llegada de menores migrantes.

Su gobierno mantiene además sendos recursos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto 658/2025 con el que el Gobierno reguló el reparto de menores migrantes a las comunidades autónomas en casos de saturación de los territorios habituales de acogida, como Canarias, Ceuta o Melilla. Este rechazo sí es compartido por la dirección del PP y por otras comunidades autónomas, que también han presentado sus propios recursos.

Con todo, el Gobierno inició este lunes el traslado de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo. Por el momento se ha desplazado tan solo a diez y Migraciones ha explicado que esos traslados se irán sucediendo de forma semanal y prioritariamente a recursos pequeños, de titularidad estatal, a lo largo de todo el territorio, aunque ante lo ocurrido con el cierre del centro de Pozuelo el Ejecutivo no tiene previsto incluir a Madrid en este primer reparto.

El Ejecutivo recuerda que los menores solicitantes de asilo presentan un perfil “altamente vulnerable”, ya que muchos de ellos se encuentran solos huyendo de guerras y que casi el 90% de las personas que están entrando en este procedimiento son malienses.