Eran las cinco de la madrugada del 13 de octubre de 2023 cuando Omar, un padre de familia que residía en la calle Yarmouk, en el norte de Gaza, se despertó por los bombardeos israelíes. “Salté de mi apartamento e intenté salir”, contó Omar a la organización Human Rights Watch (HRW), recordando cómo intentó escapar tras el impacto de dos bombas que sacudieron su edificio. Sin haber recibido ninguna orden de evacuación previa, Omar perdió a cuatro familiares, incluido su hijo de seis años.

Omar es uno de los muchos testimonios recogidos en el informe 'Desesperados, hambrientos y asediados: desplazamiento forzoso de palestinos en Gaza por Israel' que HRW publicó este jueves. La ONG acusa al Gobierno israelí de cometer crímenes de guerra por el desplazamiento masivo del 90% de la población gazatí: 1,9 millones de personas se encontraban desplazadas en octubre de 2024, según la ONU. “No existe ninguna razón militar imperativa plausible que justifique el desplazamiento masivo por parte de Israel de casi toda la población de Gaza, a menudo varias veces”, afirma HRW.

Órdenes de evacuación confusas

Desde el 8 de octubre de 2023, un día después del ataque de Hamas contra Israel, el Ejército israelí emitió al menos 184 órdenes de evacuación en Gaza, según HRW. Una de las órdenes más amplias se publicó el 13 de octubre, obligando a más de un millón de personas a abandonar sus hogares. A pesar de los bombardeos en la madrugada de ese día, HRW verificó que la orden de evacuación general no fue enviada hasta las 07:15 de la mañana, cuando el portavoz militar israelí, Avichay Adraee, la compartió en su cuenta de Facebook.

“La evacuación de civiles debe ser una medida de último recurso y debe ofrecer garantías de seguridad”, indica el informe de HRW, que cuestiona la efectividad de los protocolos de evacuación, describiéndolos como “confusos y contradictorios”. Los testimonios destacan que las comunicaciones eran inaccesibles para la mayoría de los civiles, quienes enfrentaron apagones deliberados de electricidad y cortes de internet. “No teníamos forma de saber qué hacer ni adónde ir”, recuerda Ghassan, residente de Yabalia, cuyo barrio fue bombardeado pocas horas después de que Israel lanzara panfletos de evacuación desde el aire.

“El sistema de evacuación de Israel ha perjudicado gravemente a la población y, a menudo, sólo ha servido para sembrar el miedo y la ansiedad”, afirma HRW en su nuevo informe. La ONG dice que ese sistemafue ineficaz, pese a que Israel sostuvo que las órdenes de evacuación buscan proteger a los civiles palestinos.

En primer lugar, el sistema presuponía que todos los gazatíes contaban con cobertura, señal y teléfonos con batería suficiente para recibir las alertas. Tan solo un día antes, el 12 de cotubre, el entonces ministro de Exteriores y actual ministro de Defensa, Israel Katz, decía: “No se activará ni un solo interruptor eléctrico, ni se abrirá una sola canilla y no entrará ni un solo camión de combustible hasta que los rehenes israelíes sean devueltos a casa”. 

La realidad es que, desde el 7 de octubre de 2023, los servicios telefónicos y de internet en Gaza sufrieron importantes interrupciones debido a los daños en la infraestructura de comunicaciones, cortes de electricidad, bloqueos de combustible y, aparentemente, apagones deliberados por parte de las autoridades israelíes. Además, HRW detalla que las órdenes de evacuación difundidas en internet eran a veces inexactas y cambiaban durante el día, lo que requería que las personas estuvieran constantemente conectadas y revisaran la información.

El Ejército de Israel también empleó la difusión de mapas que presentaban inexactitudes e incongruencias. La orden de evacuación general, emitida el 13 de octubre de 2023, contenía una instrucción principal para los residentes del norte de Gaza: dirigirse al sur. Los folletos lanzados desde el aire incluían un mapa rudimentario de Gaza en el que se indicaba adónde debían desplazarse los civiles. Pero, posteriormente, las órdenes de evacuación se volvieron más específicas. En ese momento, las autoridades israelíes “indicaban la evacuación de determinados barrios, a menudo con mapas y flechas que señalaban la dirección en la que debían huir. Sin embargo, debido al tamaño y la escala de los mapas compartidos, no siempre era posible para el lector saber si se encontraba en una zona prevista para la evacuación”, subraya HRW.

El 1 de diciembre de 2023, el Ejército israelí publicó un mapa en su sitio web, al que se podía acceder mediante un código QR desde un teléfono móvil, que dividía Gaza en una cuadrícula de 620 bloques numerados. A partir de ese momento, siguió publicando folletos y mensajes en las redes sociales en los que se indicaban los bloques que debían ser evacuados. Sin embargo, HRW denuncia que cerca de 31.000 personas en Jan Yunis “no recibieron una orden de evacuación completa debido a errores en los mapas”. Estos presentaban imprecisiones, como “resaltar parcialmente o incorrectamente las zonas de evacuación, lo que dificultaba saber quién debía evacuar”. En algunos casos, “las órdenes de evacuación contenían instrucciones contradictorias, por ejemplo, pedir a la gente que saliera de ciertas zonas mientras simultáneamente marcaban esas mismas zonas como destinos” seguros a los que podían dirigirse.

Por último, la organización denuncia que las órdenes de evacuación a menudo carecían de indicaciones de tiempo precisas. Sin saber cuándo empezarían los bombardeos, los civiles se veían obligados a huir bajo una presión extrema sin tiempo para actuar. “Las órdenes de evacuación han sido inconsistentes, inexactas y con frecuencia no se han comunicado a los civiles con tiempo suficiente para permitir las evacuaciones, o no se han comunicado en absoluto”, destaca HRW.

“No teníamos ni idea de adónde nos dirigíamos”, dice Ghazal, una niña de 14 años con parálisis cerebral. “Ese periodo fue el más duro por el que he pasado. Son recuerdos negros a los que no quiero aferrarme porque no quiero seguir pensando en ellos”, explica Ghazal, que había perdido sus dispositivos de asistencia en un ataque contra su casa el 11 de octubre de 2023 y que intentó seguir las órdenes de evacuación del 13 de octubre para huir hacia el sur. 

“Yo era una carga para [mi familia], una carga extra junto a sus pertenencias. No encontraba ningún medio de transporte. Incluso a las personas sin discapacidad les costaba caminar, así que puedes imaginar lo que era para alguien con discapacidad”. Ghazal relata que intentó esforzarse por hacer el camino a pie el mayor tiempo posible. “En ese momento sentí que la muerte estaba cerca. Me rendí y me senté en el suelo en medio de la carretera, llorando. Les dije que siguieran sin mí”. 

Limpieza étnica

El desplazamiento de la población de Gaza también ha llevado a algunos expertos a señalar posibles actos de limpieza étnica, que una comisión de la ONU define como “una política destinada a expulsar a un grupo étnico de un área determinada mediante la violencia o amenazas”. HRW argumenta que los desplazamientos en Gaza, motivados por ataques intensificados y el bloqueo, responden a una estrategia de desalojo de palestinos de ciertos territorios.

Sin ir más lejos, en una entrevista con elDiario.es, Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los derechos humanos en Palestina, aseguró que lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza es una “limpieza étnica a través de medios genocidas”.

HRW sostiene que las declaraciones de funcionarios de alto nivel israelíes evidencian una intención de despojar a la población de sus tierras mediante desplazamientos masivos y forzosos. “Israel no puede justificar estos desplazamientos citando la presencia de grupos armados, si no garantiza zonas seguras para los civiles desplazados”, añade el informe. Esas zonas han sido designadas por el Ejército en el sur y centro de Gaza, en Al Mawasi, pero la seguridad en ellas no esrá garantizada ya que han sido objetivo de ataques reiteradamente.

El derecho al retorno y la obligación de reparación

Frente a esta situación, el derecho al retorno de los palestinos desplazados se convierte en una demanda de justicia en medio de la crisis. HRW subraya este derecho –consagrado en el derecho internacional y en la Resolución 194 de Naciones Unidas–, que garantiza a los desplazados la posibilidad de regresar a sus hogares y recuperar sus propiedades, o recibir compensación si la restitución no es posible. “El derecho al retorno no solo representa una reivindicación histórica de los palestinos, sino también una demanda de reconocimiento del daño sufrido y de reparación adecuada”, reza el informe.

“Israel ha violado descaradamente su obligación de garantizar que los palestinos puedan regresar a sus hogares, arrasando prácticamente todo en grandes zonas”, denuncia HRW, que en su informe recoge también la destrucción de amplias áreas de la Franja.

Sin embargo, la organización destaca que las autoridades israelíes no han ofrecido condiciones ni garantías para el retorno de los desplazados, mientras que las condiciones en los refugios temporales, donde se hacinan decenas de miles de personas, son insostenibles. “Estamos en una tienda de plástico; no hay agua ni comida. Y esto es lo que Israel llama zona segura”, explica Omar, quien ahora sobrevive en Jan Yunis.

En torno a 3.000 niños han sido víctimas de las detenciones masivas en El Salvador desde que el presidente Nayib Bukele inició hace dos años su ofensiva contra las pandillas, según un informe de Human Rights Watch. Entre ellos, hay niños de tan solo 12 años.

El informe de la ONG de derechos humanos se basa en una revisión de los expedientes y en casi 100 entrevistas a víctimas, policías y autoridades. En él, documenta la detención arbitraria de los niños y unos malos tratos que, en algunos casos, alcanzan la categoría de tortura.

Desde que comenzó el estado de excepción en marzo de 2022, las fuerzas de seguridad de El Salvador han detenido a más de 80.000 personas en redadas en barrios controlados por las pandillas y asolados por la violencia.

Dos bandas dominaban El Salvador desde la década de los 90: la Barrio 18 y la MS13. En un país de seis millones de habitantes, las pandillas sumaban un total de 60.000 miembros en 2015. Extorsionaban a la mayoría de los negocios y la tasa anual de homicidios llegaba a 103 por cada 100.000 habitantes.

Bukele metió entre rejas a más del 1% de la población, transformando el que era uno de los países más violentos de América Latina en uno de los más seguros. Según los datos oficiales, la tasa anual de homicidios cayó en 2023 hasta 2,4 por cada 100.000 habitantes.

Pero las organizaciones de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, y una vulneración generalizada de los procesos legales.

Sin vínculos con las pandillas

La investigación de Human Rights Watch (HRW) demuestra que muchos de los menores detenidos en esta ofensiva no tienen relación aparente con las pandillas ni con actividades criminales. En prisión, los menores sufren hacinamiento, mala alimentación, y una atención médica deficiente. También les niegan el acceso a abogados y a sus familiares.

En algunos casos, hubo niños recluidos junto a adultos durante sus primeros días de detención. Después los trasladaron a centros superpoblados de menores, descritos en el informe como “entornos peligrosos y deshumanizantes que no priorizan el bienestar y la reintegración de los niños”.

Más de 1.000 menores han sido condenados a penas de entre dos y 12 años de cárcel, a menudo con testimonios policiales no corroborados y por cargos amplios como la de asociación ilícita.

Muchos de los menores fueron coaccionados para que confesaran su pertenencia a las bandas con una combinación de malos tratos y de acuerdos abusivos.

Revisar los casos

El informe de HRW pide al Gobierno de El Salvador que revise los casos de las personas detenidas durante el estado de excepción, priorizando los de niños y de personas vulnerables.

La ONG también pide a los gobiernos de otros países, y a las instituciones financieras internacionales, que se abstengan de aprobar préstamos que beneficien a organismos directamente implicados en el abuso, como las fuerzas de seguridad, el sistema carcelario, y la oficina del fiscal general.

“La dureza con que el gobierno va contra los niños aumenta el riesgo de perpetuar el ciclo de violencia en El Salvador”, dice Juanita Goebertus Estrada, directora de Human Rights Watch para las Américas. “Los gobiernos extranjeros deben pedir al gobierno que termine con las violaciones de los derechos humanos y proteja la vida y el futuro de los niños”.

Pese a los bien documentados casos de abusos contra los derechos humanos durante la represión, la mejora en la seguridad ha contribuido a hacer de Bukele uno de los presidentes más populares de la región.

La Constitución de El Salvador prohíbe un segundo mandato consecutivo a los presidentes, pero los nuevos magistrados colocados en el Tribunal Constitucional por Bukele dictaminaron que podría presentarse de nuevo. La ventaja que sacó en febrero durante su segunda elección fue de tal calibre que El Salvador está a punto de convertirse en un país de partido único.

Traducción de Francisco de Zárate

La organización Human Rights Watch advirtió hoy que Israel está utilizando fósforo blanco en sus operaciones militares en Gaza y el Líbano, lo cual podría conducir a lesiones graves y de larga duración entre los civiles. La ONG habría verificado videos recientes tomados en ambas regiones en donde quedaron registradas las múltiples ráfagas de esta sustancia disparadas con artillería sobre dos localidades rurales en la frontera entre Israel y el Líbano.

“Cada vez que se utiliza fósforo blanco en zonas civiles pobladas, se plantea un alto riesgo de quemaduras insoportables y sufrimiento de por vida”, explicó Lama Fakih, director de la ONG para Medio Oriente y Norte de África, en un comunicado publicado esta tarde desde Beirut.

La sustancia utilizada por Israel tiene la capacidad de generar incendios que queman gravemente a personas y objetos y destruyen estructuras y campos. En particular, el fósforo blanco puede quemar a las personas, térmica y químicamente, hasta los huesos, ya que es muy soluble en grasas y, por ende, en carne humana. Además, se corre el riesgo de que ingrese al torrente sanguíneo y pueda desencadenar una insuficiencia orgánica múltiple. “El trauma del ataque, el doloroso tratamiento que sigue y las cicatrices que cambian la apariencia provocan daño psicológico y exclusión social”, agregó.

El riesgo para los civiles mencionado se potencia en aquellas zonas densamente pobladas como lo es Gaza. Es por ello que, 2013, y en respuesta a una petición presentada al Tribunal Superior de Justicia de Israel sobre el uso de fósforo blanco en Gaza, el Ejército declaró que ya no lo usaría en este tipo de zonas.

A esto se suma que el uso de esta sustancia está prohibida por el derecho internacional humanitario. En particular, los ataques con armas incendiarias lanzadas desde el aire en zonas civiles están prohibidos en virtud del Protocolo III de la Convención sobre Armas Convencionales (CAC).

ACM con información de agencias.

La novia de Amani puso fin a la relación entre ambas en junio de 2021. Durante meses, sus padres habían estado “negándose a dejarla salir de casa” y “presionándola para que se casara con un hombre”. No era la primera vez, cuenta esta activista y escritora de Túnez de 27 años en un testimonio recogido por Human Rights Watch (HRW), que una mujer la dejaba por no ser un hombre, por no ser una pareja, dice, “lo suficientemente buena”.

Según explica a la organización, las mujeres queer que conoce “o bien han sido coaccionadas para casarse con un hombre o bien han roto con una novia que fue coaccionada para casarse con un hombre”. “Está en todas partes. Es el telón de fondo de nuestras vidas”, dice. Amani, denuncia HRW, corre el riesgo de sufrir violencia física, acoso sexual y detenciones arbitrarias por parte de la Policía tunecina. De hecho, ha pasado por las tres situaciones.

“La experiencia de Amani es múltiple: es objeto de ataques por ser homosexual y tener apariencia masculina; también corre el riesgo de sufrir amenazas y agresiones como activista lesbiana, y se encuentra en una situación de precariedad jurídica debido a las leyes contra el colectivo LGBT”, explica la ONG. “Además, corre el riesgo de ser detenida y acosada discriminatoriamente en la calle por ser mujer fuera de la ciudad natal de su familia, y de ser acusada reiteradamente por la policía de huir”.

Su caso sirve de introducción de un extenso informe publicado este martes por la organización especializada en derechos humanos, que documenta cómo las mujeres lesbianas, bisexuales y queer y las personas no binarias de todo el mundo “se enfrentan a la violencia de las fuerzas de seguridad, familiares y otros, junto con la discriminación generalizada que les impide construir relaciones, hogares y familias”.

En una investigación en más de 20 países, Human Rights Watch denuncia cómo los regímenes legales machistas y patriarcales –como la tutela masculina, las leyes de herencia desiguales y la discriminación contra las mujeres solteras– violan los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y queer y “las dejan en una situación de desventaja significativa en prácticamente todos los aspectos de sus vidas”. A ello se suma la discriminación en otras áreas, como el trabajo, los servicios de fertilidad, la migración o el acceso a la justicia.

Un ejemplo son los regímenes jurídicos que exigen que las mujeres obtengan el permiso de un tutor masculino para alquilar un apartamento, o que dan prioridad a los hijos varones en la herencia de tierras, a menudo significan que ninguna de las integrantes de una relación de personas lesbianas, bisexuales o queer puede alquilar, poseer o heredar una vivienda. Según datos del Banco Mundial citados en el informe, dos quintas partes de los países de todo el mundo limitan los derechos de propiedad de las mujeres, lo que representa “una barrera económica y legal a menudo insuperable” para las parejas de lesbianas, bisexuales y queer.

Erin Kilbride, investigadora de derechos LGTB y derechos de la mujer en HWR y autora del informe, explica en un comunicado que rara vez se documenta “la magnitud de la violencia brutal, la discriminación legal y el acoso sexualizado a los que se enfrentan” estas mujeres. La ONG remarca que hay una grave falta de investigación y políticas“ que se centren específicamente en los derechos de las personas lesbianas, bisexuales y queer, y también ve necesario apoyar el trabajo de las activistas.

Matrimonios forzados

Tras entrevistar a 66 activistas, investigadoras, abogadas y líderes de movimientos lesbianas, bisexuales y queer entre marzo y septiembre de 2022, Human Rights Watch concluye que el matrimonio forzado es una de las diez áreas clave de abusos contra los derechos humanos que más afectan a la vida de estas mujeres.

“La heterosexualidad obligatoria, la presión para casarse con hombres y las prácticas de matrimonio coercitivo fueron los abusos más frecuentemente denunciados experimentados por las entrevistadas, incluyendo en Canadá, Indonesia, Kenia, Kirguistán, Líbano, Malawi, México, Polonia, Sri Lanka, Tanzania, Túnez y Ucrania”, reza el informe de HRW.

Según recoge la ONG, la documentación sobre matrimonios heterosexuales forzados es escasa y cita un informe de 2019 de la organización OutRight que documentó varios casos en los que el matrimonio forzado fue la última forma de violencia infligida a una persona después de haber sido sometida a las llamadas “violaciones correctivas” (en un intento de cambiar su sexualidad).

HRW escuchó historias similares a las de Amani de otras personas de todo el mundo afectadas por matrimonios con hombres a los que no querían o que no pueden abandonar. En Malawi, Asante, lesbiana, ha sido agredida físicamente dos veces por el marido de su pareja bisexual, una mujer que quiere divorciarse pero no tiene dinero para conseguirlo. Liliya, de Kirguistán, fue obligada por sus padres a casarse con un hombre a los 19 años. “No hay camino hacia la libertad si no te casas [con un hombre]”, dice Lliliya, fundadora de una organización en defensa de los derechos del colectivo.

De acuerdo con HRW, las violaciones de los derechos de propiedad de las mujeres a menudo obligan a las lesbianas, bisexuales y queer a casarse con hombres para tener acceso a la tierra y a la propiedad, lo que contribuye a las prácticas matrimoniales coercitivas e impiden a quienes se divorcian de sus maridos o enviudan inicien nuevas relaciones no heterosexuales y económicamente viables más adelante.

Impunidad

Muchas entrevistadas explican que quienes, dentro de esta comunidad,, tienen apariencia masculina se enfrentan “a toda una vida de marginación económica, discriminación y acoso en el trabajo, maltrato psicológico, así como ataques de las fuerzas de seguridad y violencia física y sexual”. Activistas de Argentina, El Salvador y Kirguistán explican que estas personas “a menudo se ven obligadas a hacer trabajos precarios con prácticas laborales deficientes (trabajo agrícola, trabajo sexual y talleres de automóviles, respectivamente) o campos dominados por hombres, en los que sufren abusos físicos y sexuales”.

El informe también denuncia que la violencia policial se dirige a las personas de presentación masculina de manera diferente a sus contrapartes de apariencia femenina.

Las personas y parejas de aspecto más femenino sufren ataques en público que les obligan a limitar sus movimientos, denuncia el informe. La ONG ha recopilado relatos de nueve parejas “asesinadas o brutalmente atacadas en solo cinco países (Italia, México, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos) desde 2015”. Las entrevistadas afirman que estas agresiones les llevan a “autocontrolar” sus movimientos por miedo a salir de casa con su pareja.

En este sentido, la entidad denuncia que la impunidad de los crímenes violentos contra lesbianas, bisexuales y queer es “rampante”. Pone como ejemplo el caso de Sheila Adhiambo Lumumba, lesbiana no binaria de 25 años, que en abril de 2022 fue hallada desnuda y asesinada en su dormitorio al norte de Nairobi. “Durante las semanas posteriores al asesinato, la Policía keniana no investigó adecuadamente el caso, dejando a los amigos y familiares de Sheila la tarea de recoger pruebas y grabaciones de las cámaras de seguridad”.

HRW exige a las autoridades gubernamentales que investiguen exhaustivamente y de manera transparente las denuncias de violencia y que elaboren leyes, políticas y protocolos que protejan explícitamente los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y queer y las personas no binarias. También piden “reformar los sistemas patriarcales de control, incluidas las leyes, políticas y prácticas de tutela masculina, así como las leyes discriminatorias.

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Human Rights Watch entrevistó a 60 personas en 20 países: Argentina, Canadá, Egipto, El Salvador, Estados Unidos, Hungría, Indonesia, Japón, Kenia, Kirguistán, Líbano, Malawi, México, Polonia, Sri Lanka, Suecia, Tanzania, Túnez, Ucrania y Uganda.

Hizo otras seis entrevistas a activistas de Austria, Bulgaria, Alemania, Italia, Rusia y España en la Conferencia EuroCentralAsian Lesbian celebrada en Budapest del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2022.

La organización Human Rights Watch destacó en su informe anual publicado hoy que en Argentina que las reformas judiciales impulsadas por el gobierno del presidente Alberto Fernández “podrían socavar la independencia de los tribunales y de los fiscales” y añade que el mandatario, “la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y miembros del Gobierno han empleado una retórica hostil contra el poder judicial, el Ministerio Público y la prensa independiente”.

Aunque la mayor parte del informe se centra en la actual gestión del Gobierno, también tiene una mención a Mauricio Macri relacionada a la libertad de expresión por la causa sobre espionaje ilegal durante su presidencia. Así, señala que “un tribunal federal continuó la investigación de un exdirector y una exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia por cargos de conspiración en relación con el espionaje ilegal de periodistas, sindicalistas y políticos durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri”.

HRW señala además otros problemas de derechos humanos en Argentina como “el abuso policial, condiciones carcelarias deficientes y violencia endémica contra las mujeres”. “La prolongada crisis económica en el país afecta especialmente a las personas que viven en situación de pobreza”, subraya en el informe.

En el apartado “Independencia judicial y del Ministerio Público Fiscal”, el texto señala: “Autoridades de alto nivel han utilizado una retórica hostil contra jueces y fiscales que deciden en contra del gobierno o investigan la presunta participación de la vicepresidenta en hechos de corrupción”.

“El gobierno de Fernández y sus aliados introdujeron varias reformas al sistema de justicia que podrían socavar la independencia de los tribunales y de los fiscales”, sostiene.

“En septiembre, legisladores oficialistas y de otros partidos aprobaron un proyecto de ley en el Senado que amplía la Corte Suprema de 5 a 15 magistrados, una medida que gobiernos anteriores han utilizado para cooptar la Corte”, añade.

En cuanto a la violencia endémica contra las mujeres, el documento señala que “a pesar de una ley de 2009 que dispone medidas exhaustivas para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres, la impunidad por homicidios de mujeres sigue siendo un problema grave. En 2021, el Registro Nacional de Femicidios reportó 231 femicidios (es decir, homicidios de mujeres debido a su género) y apenas 6 condenas”.

Por otra parte, hace hincapié en que la crisis económica se profundizó durante la pandemia de Covid-19, lo que “afecta de manera desproporcionada a las personas de bajos ingresos y limita severamente la capacidad de las personas de ejercer sus derechos económicos”.

El informe destaca que el 36,5% de la población vive debajo de la línea de pobreza pero que la situación económica es sobre todo más agresiva con la población infantil: “Los niños y las niñas se vieron particularmente afectados: más de la mitad de los niños menores de 14 años vivían en la pobreza y más de uno de cada diez en la indigencia”.

En diciembre pasado, el informe de pobreza de la Universidad Católica Argentina (UCA) indicó que el índice de personas que viven en esta situación se ubica en torno al 43,1% de la población y afecta a 17 millones de argentinos.

También critica lo que llama “retórica hostil contra periodistas y medios independientes” empleada por funcionarios de alto nivel, incluido el presidente.

El informe destaca además que “hubo 233 presuntos casos de tortura o maltrato en cárceles federales durante 2021, y 117 casos entre enero y junio de 2022” y que “el Ministerio Público reportó la muerte de 43 personas detenidas en cárceles federales durante 2021, incluidas 9 muertes violentas y 9 muertes ocasionadas por Covid-19”.

“Las fuerzas de seguridad en ocasiones incurren en abusos y uso excesivo de la fuerza. En junio, una mujer murió en una dependencia policial en la localidad de Laprida, provincia de Buenos Aires. Cinco policías fueron detenidos por presuntamente haber asesinado a la mujer y presentado su muerte como un suicidio”, señala en referencia al caso de Daiana Abregú.

Entre los logros del país, destaca que continúan los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura - “desde 2006 y hasta septiembre de 2022, se registraban 3.631 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad, incluyendo 1.088 condenadas y 165 absueltas”- y la sanción en el 2020 de la ley que legalizó el aborto hasta la semana 14 de gestación.

CRM

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva necesita “implementar inmediatamente” un plan contra “la destrucción desenfrenada” de la Amazonía brasileña, tras cuatro años en los que Jair Bolsonaro debilitó “severamente” la fiscalización ambiental, afirmó este jueves Human Rights Watch (HRW) en su informe anual.

La organización de derechos humanos pidió al presidente brasileño restablecer la capacidad operativa de las agencias de protección medioambiental, proteger los derechos de los pueblos originarios y reanudar la demarcación de nuevos territorios indígenas.

“Los defensores de la selva amazónica continuaron sufriendo amenazas y ataques”, denunció HRW al citar el asesinato de “más de 60 personas” por conflictos de tierras y recursos naturales en la región entre enero de 2020 y julio de 2022, según asociaciones locales.

Asimismo, la Amazonía brasileña perdió 10.267 kilómetros cuadrados de vegetación en 2022, un nivel récord que coincidió con el último año de Bolsonaro en el poder y que supone un incremento de casi el 25 % con respecto a 2021, según datos oficiales preliminares.

“En áreas deforestadas, los grupos criminales a menudo prenden fuego a la vegetación restante después de extraer madera valiosa, con objeto de preparar la tierra para el pastoreo o la especulación de tierras”, advirtió HRW.

El número de incendios en la Amazonía brasileña en los 9 primeros meses de 2022 superó el registrado en todo 2021.

“El Gobierno de Bolsonaro debilitó severamente la fiscalización ambiental, fomentando en la práctica redes criminales que impulsan la deforestación y que han utilizado amenazas y violencia contra los defensores de los bosques”, apuntó la organización.

También criticó que la Administración del líder ultraderechista (2019-2022) adoptó “políticas que facilitaron la invasión de tierras indígenas y apartó a funcionarios con experiencia” de cargos importantes en los órganos estatales de protección de los pueblos originarios.

Por otro lado, HRW alertó que, hasta octubre pasado, el Parlamento brasileño “analizaba proyectos de ley que flexibilizan” la concesión de licencias medioambientales, permiten la minería en las reservas indígenas“ y ”ofrecen una amnistía“ a los invasores de tierras.

Por todo ello, considera que el Gobierno de Lula, que asumió el poder el pasado 1 de enero, necesita “fortalecer el programa de protección de los defensores de derechos humanos y ambientalistas”, y trabajar de forma conjunta con los Gobiernos locales y la Fiscalía para responsabilizar a los involucrados en los casos de violencia e intimidación.

EFE.

IG

La ONG Human Rights Watch ha señalado este lunes que la ejecución de dos manifestantes por parte de las autoridades iraníes en relación con las protestas antigubernamentales es “un grave error judicial y una escalada peligrosa”.

“Los juicios de quienes enfrentan cargos de pena capital relacionados con las protestas han sido una parodia total de la justicia”, ha afirmado Tara Sepehri Far, investigadora de Irán de HRW.

“Privar a quienes se enfrentan a cargos de pena capital del acceso a un abogado de su elección es una medida coordinada para acelerar la campaña de juicios falsos de las autoridades iraníes que pretende sembrar el miedo y proyectar poder”, ha explicado Sepehri.

La organización ha denunciado que los cargos contra los manifestantes son delitos “vagamente redactados”, que incluyen cargos de seguridad nacional como enemistad contra dios, corrupción en la tierra o rebelión armada. Además, los procedimientos judiciales en los que no tienen permiso de participación abogados de la elección de los acusados “parecen no cumplir con las normas internacionales”.

“Se informa de que los acusados son torturados para que confiesen, se les priva de acceso a los abogados de su elección y se les apresura a pasar por procedimientos judiciales que eluden las salvaguardias del propio código penal y la ley de procedimiento penal de Irán”, ha agregado la ONG en su misiva.

Además, los tribunales revolucionarios han emitido al menos otras once sentencias de muerte y se espera que juzguen a decenas de personas más, incluidos menores de edad, por cargos que pueden conllevar la pena de muerte, denuncian grupos de Derechos Humanos.

Así, Human Rights Watch ha afirmado que se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias y en todos los países porque es “intrínsecamente cruel e irreversible”.

“Las autoridades iraníes deben detener de inmediato estos juicios y anular las sentencias de muerte”, reza el comunicado de la ONG.

Este lunes los medios iraníes informaron de que las autoridades habían ejecutado en público a Majid Reza Rahnavard, de 23 años, por el presunto asesinato de dos policías.

El acusado ha sido ejecutado 13 días después de que comenzara el juicio, motivo por el cual HRW critica que “no está claro cómo avanzó el proceso de apelación a ese ritmo”.

Además, el jueves los medios anunciaron la primera ejecución de un participante de las protestas en Irán, Mohsen Shekari, de 23 años, investigado por herir a un agente de Policía y bloquear una carretera.

Las autoridades han emitido al menos 1.680 imputaciones en todo el país en relación con las protestas, según comunicados oficiales, mientras que grupos de Derechos Humanos estiman que más de 18.000 personas han sido arrestadas en el marco de las manifestaciones sociales.

Irán es uno de los países que utiliza la pena capital con mayor frecuencia, las cifras de organizaciones de Derechos Humanos estiman que más de 300 los ciudadanos ejecutados entre el 21 de marzo y el 12 de septiembre, recoge HRW.

Europa Press.

IG

Milagro Sala lleva unos seis años presa, ya atravesó seis juicios orales y públicos y tiene dos condenas en sus espaldas y aunque el presidente Alberto Fernández solicitó a la Corte Suprema de Justicia que “imprima urgencia” al tratamiento de su situación, en el máximo tribunal dicen no tener “en agenda” de corto plazo el caso de la dirigente de la Agrupación Túpac Amaru, informó una fuente de la Corte a elDiarioAR. “La feria judicial está cerca -comienza la segunda quincena de julio- y ese tema sólo está en la agenda política”, agregó la fuente consultada en el Palacio de Justicia.

La Corte podría devolverle la libertad a Sala -actualmente, con prisión domiciliaria-, detenida por una condena que recibió en 2019 a trece años de prisión por los delitos de asociación ilícita, extorsión y fraude a la administración pública. El máximo tribunal está en condiciones de fallar. La queja de la defensa se presentó en marzo de 2020 y el expediente ya circuló por las cuatro vocalías durante varias oportunidades en los últimos dos años. 

El caso ya tiene dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien presentó su posición en febrero último: dictaminó contra el pedido de la defensa de Sala. Los abogados de la dirigente plantean que la Corte debe revisar la condena confirmada por la Justicia de Jujuy por la valoración arbitraria de la prueba, por la indeterminación de los hechos por los que Sala y sus coacusados fueron llevados a juicio y por la modificación de esos hechos a lo largo del proceso, entre otras supuestas irregularidades que habrían afectado el derecho de defensa de Sala.

Con el dictamen de Casal contra Sala, el expediente regresó a la Corte en marzo último y desde entonces permanece en la vocalía del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, según el registro público del tribunal. 

La causa nació en 2016 con la denuncia espontánea de nueve cooperativistas que refirieron haber sido obligados a facturar obras al Estado que generalmente no hacían y desviar los cobros a Sala y otros dirigentes de la Túpac. Se conoce como el caso “Pibes Villeros”.

Sala fue juzgada junto a otras doce personas y las defraudaciones habrían sido cometidas entre 2013 y 2015 con fondos provenientes de un acuerdo suscripto entre el Instituto de Vivienda y Urbanismo de la provincia de Jujuy (IVUJ) y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación para la financiación de mejoras habitacionales en San Salvador de Jujuy y San Pedro de Jujuy, entre otros.

La sentencia en esta causa fue confirmada por la Cámara de Casación de Jujuy y el Superior Tribunal provincial. 

Notificación

Además de la sentencia a trece años por el caso de los fondos de cooperativas conocido como “Pibes Villeros”, Sala tiene una condena a dos años de prisión efectiva por el delito de amenazas simples en la causa de “las bombachas”.

La líder de la Túpac Amaru fue acusada de amenazar por teléfono a policías de una comisaría para evitar un procedimiento contra la hija de una compañera de la agrupación, quien alegaba haber sido víctima de un robo. Las pruebas fueron las declaraciones de los policías supuestamente amenazados, explicó la defensa ante la consulta. 

En esta causa, Sala fue absuelta por el tribunal oral en diciembre de 2017, pero el Ministerio Público Fiscal de la provincia recurrió la sentencia y la Cámara de Casación Penal revocó esa sentencia. Condenó a Milagro a tres años y dos meses de prisión efectiva por el delito de amenazas simples.

Se creen dueños de las personas, que están ejerciendo la peor esclavitud de este siglo que es a través de un plan, robarles la plata, obligar a mujeres con los chicos a que vayan a las marchas.

Gerardo Morales — Gobernador de Jujuy.

En 2021, la Corte Suprema dejó firme la condena pero fue reducida a dos años de prisión. Entonces comenzó una discusión legal sobre el cómputo de la pena y si la sentencia estaba o no cumplida. Para Sala, esta discusión es central. Si la Corte Suprema falla a su favor en la causa “Pibes Villeros” y anula la sentencia de trece años, podría recuperar su libertad

Esa posibilidad futura tambaleó esta semana, al día siguiente de la visita que le hizo el Presidente al sanatorio donde permanece internada por una trombosis venosa. Unas 30 horas después del pedido de Fernández a la Corte, el juez de ejecución penal de Jujuy envió a la policía a notificar a Sala en el sanatorio que deberá permanecer presa hasta junio de 2024.

“Se trata de una interpretación completamente ilegal en la que el juez busca computar desde cero una pena que ya está cumplida, ante las presiones de Gerardo Morales y del Ministerio Público de la Acusación. El juez pretende computar una condena de dos años, que Milagro Sala ha cumplido, a partir de ahora. En cualquiera de las lecturas posibles, la pena está cumplida”, sostuvo su equipo de defensa.

Buscan generar un imaginario de que Milagro es una mujer negra y violenta de la política.

Elizabeth Gómez Alcorta — Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad y exabogada de Sala.

Trece causas

Además de los seis juicios que ya atravesó por amenazas, instigación a cometer daños, tentativa de homicidio, extorsión y fraude a la administración pública, Sala acumula en Jujuy otras siete causas abiertas o camino al juicio por delitos similares, explicó a elDiarioAR Marcos Andazabal, abogado de la dirigente.

De las trece causas, díez se originaron a partir de la llegada del radical Gerardo Morales a la gobernación, en diciembre de 2015. Los otros tres expedientes datan de 2011 y 2012, cuando gobernaba otro enemigo político de Sala, el peronista Eduardo Fellner. Dos de ellos   se reactivaron con Morales en el poder.

Su detención y el avance de los casos en su contra están vinculados a “una disputa eminentemente política que responde a una disputa política de la provincia de Jujuy pero que excede a la provincia de Jujuy”, dijo a elDiarioAR Elizabeth Gómez Alcorta, exabogada de Sala y ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. “En su momento, apenas fue detenida, Ernesto Sanz, el socio político y correligionario de Morales, dijo públicamente que si a Milagro no se la detenía, Morales no podía gobernar. No hay mejor manifestación sobre la necesidad de que Milagro siga presa”, afirmó la funcionaria. 

En este marco de disputa política, la defensa de Sala ha planteado en repetidas oportunidades presuntas irregularidades y arbitrariedades en la instrucción de las causas en su contra, testigos con intereses políticos o aliados de Morales, hechos prescritos, arbitrariedades en la valoración de las pruebas y fabricación de denuncias.

El miércoles, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió informes al Estado argentino sobre la salud de Sala, quien tiene una medida provisional de ese tribunal a su favor. La CIDH ordenó “proteger su integridad física y psíquica”, informó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. 

El organismo dio plazo al Estado argentino hasta el 13 de julio próximo para que presente sus observaciones sobre la situación actual de la dirigente social. En 2016, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) había solicitado al entonces presidente Mauricio Macri la libertad de Sala. Juan Grabois insistió esta semana con un indulto del presidente Fernández.

En los años 90, Jujuy se quedó sin base productiva: cerraron ferrocarriles, ingenios y minas; y cerró la principal acería. El desempleo aumentó considerablemente y nacieron los movimientos sociales.

Christian Schwarz — Docente de Ciencias Políticas, UCA.

Morales

El gobernador de Jujuy ha sostenido que con la detención de Sala puso “orden democrático y restablecimos la paz” y sostuvo que la dirigente acumuló poder durante “más de una década de violencia y corrupción, liderado por personas que están presas y que tienen que seguir presas”. 

“Se creen dueños de las personas, que están ejerciendo la peor esclavitud de este siglo que es a través de un plan, robarles la plata, obligar a mujeres con los chicos a que vayan a las marchas”, agregó el gobernador tras la visita de Fernández a Sala en el sanatorio y su pedido a la Corte Suprema. El presidente de la UCR deseó que Milagro Sala “se mejore, pero para que siga cumpliendo la condena que tiene en una cárcel común”.

“Buscan generar un imaginario de que Milagro es una mujer negra y violenta de la política”, afirmó Gómez Alcorta.

Sala llegó a representar a unas 70.000 personas y fue una aliada central del kirchnerismo. Su caída comenzó con la llegada de Morales a la gobernación y la disputa entre ambos por el poder en Jujuy. El radical cortó el financiamiento de su organización.

Ha sido acusada en los medios, un documental y denuncias de ejercer el poder con “control de hierro” y violencia, de reproducir el esquema de los clanes conservadores de la provincia y de haber gobernado un “Estado paralelo”, edificado con los fondos que recibió durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner para la construcción de viviendas, escuelas, clubes y fábricas. Buscan generar un imaginario de que Milagro es una mujer negra y violenta de la política.

Construyó su poder en una provincia gobernada por una élite conformada por pocas familias que se alternaron en el poder y el avance sin retorno del desempleo. 

Entre 1987 y 1998, Jujuy tuvo siete gobernadores. “Los gobernadores de la provincia duraban en el poder apenas unos meses o año y medio, el que más duró no superó los tres años”, explicó Christian Schwarz, docente de Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina (UCA). 

“Durante ese mismo periodo Jujuy se quedó sin base productiva: cerraron ferrocarriles, ingenios y minas; y cerró la principal acería. El desempleo aumentó considerablemente y nacieron los movimientos sociales. La inestabilidad política finalizó con la llegada de Fellner (en 1998) pero la provincia siguió dependiendo de los aportes del Tesoro Nacional”, afirmó Schwarz. La pobreza se extendió en Jujuy. En 2001, Sala fundó la Túpac Amaru.

ED

La filial para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW) volvió a cuestionar hoy la relación del Gobierno argentino con Venezuela y apuntó sobre la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.  “¿En qué planeta vive?”, se preguntó en su cuenta de Twitter Tamara Taraciuk, directora de Human Rights Watch (HRW) en la región, luego de que esta mañana, en la habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno, la funcionaria aseguró que la situación de ese país  “ha cambiado de un tiempo a esta parte y no tiene sentido seguir haciendo críticas que se hacían hace algún tiempo como si esto ”.

Durante la conferencia, Cerruti también mencionó el resultado de comicios regionales en Venezuela como ejemplo de que hubo avances en torno a la situación de los derechos humanos en el país. “Es difícil hablar de un gobierno donde no existe la democracia cuando el oficialismo pierde”, dijo la portavoz.

“Venezuela enfrenta 3 graves crisis simultaneas: la brutal arremetida contra opositores, la emergencia humanitaria y el éxodo masivo de venezolanos”, le respondió Taraciuk desde su cuenta de Twitter, y publicó una entrevista en el diario El Nacional donde la ​​directora regional de HRW aseguró que las sanciones individuales sobre el régimen de Nicolás Maduro son indispensables para frenar las violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Es la segunda vez en esta semana que la organización critica la posición de Argentina frente a Venezuela. El lunes ya había dicho que las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre la necesidad de ayudar al país a recuperar su democracia eran “muy precoupantes”.

Ese de día, luego de la reunión que Fernández tuvo con su par ecuatoriano, Guillermo Lasso, de visita en Argentina, el Presidente había afirmado que  “muchos de los problemas se han ido disipando con el tiempo, venezuela ha ido avanzando en su proceso electoral, creemos que es momento de ayudar a Venezuela, no lo vamos a lograr si la dejamos sola sin embajadores y sin atención”.

Ante esas declaraciones, y también desde su cuenta de Twitter, Taraciuk respondiö: “Presidente @alferdez: sus declaraciones sobre Venezuela son muy preocupantes. Todos queremos que Venezuela vuelva a funcionar normalmente y que los venezolanos puedan volver a su patria. Pero ello no va a ocurrir ocultando la realidad”.

MG

“Las instituciones democráticas brasileñas deben proteger los derechos al voto y la libertad de expresión” advirtió la organización Human Rights Watch en su Informe Mundial 2022. Para la ONG, pueden existir tentativas de “subvertir el sistema electoral por parte del presidente Jair Bolsonaro”, a quién identificó como “un fervoroso defensor de la brutal dictadura militar brasileña” que gobernó el país entre 1964 y 1985.

Tal vez ilusionado con un eventual triunfo, el jefe de Estado brasileño retomó a fines de diciembre una senda que había abandonado temporariamente: volvió a incentivar la “guerra” con el Supremo Tribunal Federal, con acusaciones falaces contra el magistrado Luis Roberto Barroso, quién además preside el Tribunal Superior Electoral, fiscalizador de las presidenciales del 2 de octubre de este año. Lo acusó de “revocar” las libertades democráticas para beneficiar la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. En términos toscos, el presidente se interrogó acerca de ese juez de la Corte: “¿Quién se cree que es?” y luego embistió con una imputación: “El tiene candidatos. Sabemos que, al igual que (el ministro) Alexandre de Moraes, es defensor de Lula, quieren a Lula como futuro presidente”.

A lo largo del año, Bolsonaro no ahorró críticas al sistema electoral brasileño. Según el site “Poder 360”, lo cuestionó en 21 oportunidades por entender que experimentó diversos fraudes, inclusive en la contienda de octubre de 2018 que fue la que le dio la victoria y, por lo tanto, el acceso al Palacio del Planalto en enero de 2019. Contra la Corte Suprema, se expidió al menos 12 veces durante el año pasado. Los ataques al STF no se limitaron a los futuros comicios: a sus jueces los denostó por haber anulado todas las condenas que pesaban sobre el ex presidente Lula, lo que habilitó la candidatura del líder petista. Pero también los agredió verbalmente por decisiones que tomó la Corte con relación a la pandemia, medidas que frenaron al “negacionismo” bolsonarista.

De acuerdo con el dossier de HRW, Bolsonaro se dedicó especialmente a “diseminar informaciones falsas” sobre las vacunas contra el Covid-19. Además, promovió políticas contrarias a los derechos humanos, que afectaron tanto a los pueblos indígenas, como a las mujeres y a las personas con deficiencias.

Uno de los asuntos más relevantes durante los 3 años de mandato que lleva el ex capitán del Ejército, fue el aumento récord en la “letalidad policial”. En 2020 el país experimentó el mayor número de muertes que provinieron de la intervención policial.

Fueron también notorios los bloqueos que el jefe de Estado impuso, en su Twitter, a 82 periodistas y siete medios de prensa. Así lo reveló un documento de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación. Ese dato coloca a Bolsonaro en el tope del ranking de los presidentes que más restringen el acceso de los profesionales a sus perfiles.

La ONG evaluó que las próximas elecciones, tanto presidenciales como parlamentarias y de gobernadores estaduales, “permitirán testear la fuerza de la democracia brasileña frente a las amenazas” reiteradamente enunciadas por el actual ocupante del Planalto. “Bolsonaro intentó debilitar los pilares de la democracia mediante referencias infundadas a un fraude electoral” sintetizó la directora de HRW en Brasil, María Laura Canineu.

El miércoles, el gobernante volvió a insistir con palabras fuertes, sobre el “peligro” de una victoria del ex presidente Lula, como indican todas las encuestas. Fue mientras discurseaba en una ceremonia oficial en la casa de gobierno. Dijo que si gana el petista “será un delincuente reconducido a la escena del crimen”. Con todo, no fue la peor intimidación proferida contra su contendiente. Hace un par de semanas Bolsonaro sorprendió cuando dijo que, si el adversario sigue con vida y activo en la política, es gracias “a la ineficiencia de nuestro gobierno”.

EG/WC

El director para las Américas de Human Rights Watch José Miguel Vivanco cuestionó el comunicado de Cancillería sobre Nicaragua, que calificó en Twitter de “disparate”: “Les ‘preocupan’ las detenciones pero no se pronuncian sobre las elecciones por tratarse de ‘cuestiones internas’”.

Vivanco rechazó la posición que expresó el gobierno de Alberto Fernández a través de Cancillería sobre la situación en Nicaragua. El dirigente consideró que para la Argentina “las elecciones y la detención de candidatos presidenciales son dos cosas distintas”.

El director para las Américas de Human Rights Watch calificó de “farsa” las elecciones del domingo en Nicaragua, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido con el 75% de los votos después de detener a siete precandidatos al Ejecutivo de la oposición y eliminar tres partidos.

Vivanco advirtió que desde fines de mayo el régimen de Ortega “detuvo y procesó arbitrariamente a 39 críticos del gobierno, la mayoría de ellos por ‘traición a la patria’”.

El director para las Américas de Human Rights Watch criticó que las elecciones en Nicaragua se hicieron “sin observadores internacionales” y que “el régimen no permitió que entren periodistas internacionales al país”.

Vivanco aseguró que Ortega “ejerce el control de todos los poderes, incluyendo la Asamblea Nacional, los tribunales y el Consejo Supremo Electoral”.

El director para las Américas de Human Rights Watch advirtió que “las instituciones del estado son utilizadas para reprimir y castigar a cualquiera que sea percibido como crítico y garantizar la impunidad de Ortega”.

NB

El cuadro de situación en Nicaragua durante, al menos, los últimos tres años está descripto por informes concluyentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) y diversas entidades internacionales: asesinato de decenas de manifestantes por parte de fuerzas estatales o paraestatales, represión indiscriminada contra la protesta social, arrestos masivos (incluidos adolescentes), miles de heridos y detención de opositores al régimen de Daniel Ortega.

Ante una nueva oleada de arrestos de cara a la elección presidencial de noviembre, el Gobierno argentino eludió sumarse a la condena en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) y prefirió emitir pronunciamientos en sintonía con su par de México que, si bien incluyeron críticas, mostraron una retórica contenida. La postura de la Cancillería que dirige Felipe Solá despertó la reacción de la derecha, pero también de referentes progresistas que consideran inadmisible quedarse a mitad de camino ante la gravedad de los crímenes de lesa humanidad atribuidos al Ejecutivo de Nicaragua.

El chileno José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división América de Human Rights Watch y una de las voces más influyentes en cuanto a derechos humanos en el continente, confrontó pública y reiteradamente sobre Nicaragua con el Gobierno Argentino y con Solá en particular. La posición de HRW es relevante porque, en contraste con otras ONG, muestra menor sesgo a la hora de cuestionar políticas públicas según la orientación política del gobernante en cuestión.

En una entrevista respondida por escrito, Vivanco profundizó sus críticas al Ejecutivo de Alberto Fernández, contestó sobre la evidente parcialidad del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y explicó su aval a un proyecto para sancionar a Ortega que enarbolan halcones del Senado estadounidense.

El Gobierno argentino alega que, al haber objetado por escrito el arresto de opositores y el “deterioro” de los derechos humanos en Nicaragua, y al haber convocado a su embajador en Managua, mantiene una postura coherente en la materia. ¿Por qué entiende lo contrario?

Me parece que la posición de Argentina ha sido zigzagueante. En el Consejo de Derechos de la ONU, en Ginebra, la posición del Gobierno argentino ha sido siempre la de condenar de forma inequívoca las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, y eso lo valoro mucho. En cambio, en la OEA, la posición ha sido la contraria. Argentina se abstuvo de apoyar una resolución sobre Nicaragua que fue aprobada por una mayoría abrumadora de 26 votos a favor, 5 abstenciones y 3 votos en contra. Para colmo, el Gobierno sacó un comunicado junto con México invocando el principio de no intervención y sugiriendo que en Nicaragua aun existen instituciones y procesos democráticos. Esta es una posición muy lamentable. El principio de no intervención no se aplica para cuestiones de derechos humanos; el propósito mismo del derecho internacional de los derechos humanos es consagrar la idea de que hay derechos fundamentales que conciernen a todos y no sólo al país en cuestión. Y así lo han entendido de forma prácticamente ininterrumpida todos los Gobiernos argentinos desde la vuelta de la democracia. Me parece muy bien que el Gobierno argentino le haya enviado, al parecer, una carta al régimen de Nicaragua criticando las violaciones de derechos humanos. Pero, ¿si aquí estuviera en juego el principio de no intervención entonces cómo justifican esa carta? La postura ante la OEA es imposible de comprender e incoherente con la valiosa posición de defensa de los derechos humanos que el gobierno argentino ha adoptado en otros ámbitos, en especial en la ONU.

El principio de no intervención no se aplica para cuestiones de derechos humanos

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, sostiene una retórica muy agresiva hacia Gobiernos y oposiciones de determinados países, y muy amistosa hacia otros. La actuación de la OEA fue muy cuestionable en Bolivia en 2019. ¿Una conducción tan parcial no aleja la posibilidad de alcanzar consensos?

Este es un punto importante. Creo que efectivamente el secretario general de la OEA ha demostrado un doble estándar en cuestiones de derechos humanos. Ha sido muy firme, y está muy bien que lo sea, con Venezuela, Cuba y con Nicaragua. Pero ha adoptado posiciones débiles y ambiguas con otros Gobiernos, por ejemplo, con Nayib Bukele en El Salvador. En Bolivia, por ejemplo, Almagro criticó las detenciones de Añez y sus ministros con cargos de “terrorismo”. Eso está muy bien porque se trata, como nosotros lo hemos denunciado, de detenciones arbitrarias basadas en un tipo penal abierto que se presta para abusos. Sin embargo, Almagro no dijo nada cuando se aplicó el mismo tipo penal para perseguir, sin ninguna prueba, a Evo Morales. Como nosotros demostramos en su momento, el proceso penal contra Morales fue violatorio de estándares básicos de derechos humanos. Ahora, el propio canciller Felipe Solá ha dicho que el motivo por el cual Argentina se abstuvo de apoyar la resolución sobre Nicaragua no tenía que ver con Almagro, sino con razones de “tipo jurídico”. Me alegra que así sea porque creo que sería un error que Argentina desaproveche el ámbito de la OEA, que es el más importante a nivel regional, por sus desacuerdos, muchos de ellos legítimos, con el secretario general Almagro. 

¿Cuál es hoy la herramienta más efectiva para frenar los abusos de Ortega sin someter a su población a más penurias?

Lo que estamos presenciando en Nicaragua es una crisis de la mayor gravedad. Es una de las situaciones más difíciles que yo haya visto en más de 30 años siguiendo la situación de derechos humanos en toda la región. Jamás había visto que un Gobierno se permitiera detener a 5 candidatos a presidente de la oposición en unas pocas semanas, y los sometiera a procesos penales arbitrarios y abusivos. Esta es una crisis que, además, tendrá repercusiones a nivel regional en Centroamérica. Frenar esta arremetida de Ortega y lograr una transición a la democracia no va a ser nada fácil y requiere de un esfuerzo realizado de forma multilateral y concertada por parte de gobiernos de América Latina, la Unión Europea y EEUU. 

Almagro no dijo nada cuando se aplicó el mismo tipo penal para perseguir, sin ninguna prueba, a Evo Morales

Aquí de lo que se trata no es de someter a la población a más penurias. Esa es una fórmula que en otros países, por ejemplo en Cuba, no ha funcionado y que puede traer un enorme sufrimiento al pueblo. Por ello, nosotros llevamos años abogando por levantamiento del embargo a Cuba. En Nicaragua, lo que hay que hacer es aumentar la presión internacional contra el régimen de Ortega, no contra el país. Para ello, nosotros hemos propuesto distintas medidas que, en conjunto, pueden ayudar a frenar los abusos. En primer lugar, creemos que es crucial que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, invoque el artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas para llevar la situación en Nicaragua a la atención del Consejo de Seguridad. La crisis que se vive en Nicaragua es de tal magnitud que nosotros creemos que debe ser discutida en ese ámbito, al igual que en Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. En segundo lugar, proponemos que los Gobiernos de América Latina, la Unión Europea y Estados Unidos presionen al gobierno de Ortega, de forma concertada, para que permita la presencia de observadores internacionales de la Comisión Interamericana de DDHH y de la ONU, así como que establezcan sanciones individuales y específicas; es decir, cancelación de visas y congelamientos de cuentas bancarias en el exterior; para los funcionarios que estén involucrados en graves abusos. Estas no son sanciones a Nicaragua, sino medidas puntuales para los violadores de derechos humanos. En tercer lugar, creemos que a nivel global los países deben iniciar investigaciones penales, sobre la base del principio de jurisdicción universal, para procesar a los responsables de hechos de tortura ocurridos en Nicaragua. En definitiva, no hay una única medida que pueda ayudar a solucionar esta crisis. De lo que se trata es de desplegar una batería de medidas que aumenten el costo a los jerarcas del régimen si siguen en el camino de cometer violaciones de derechos humanos y transformar a Nicaragua en una dictadura pura y dura. 

Halcones en acción

El agravamiento de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua encendió los motores de los halcones estadounidenses. Días atrás, el senador Robert Menéndez (demócrata, New Jersey) y Marco Rubio (republicano, Florida) impulsaron la aprobación en el comité de Relaciones Exteriores de la denominada ley Renacer, que supone una serie de sanciones políticas, financieras y legales contra Ortega y sus funcionarios. Su primer punto pone la lupa en “los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua y reafirma la exención legal existente para proyectos humanitarios”. Además de que llevan la voz cantante contra todo lo que merezca la etiqueta de “chavismo” en América Latina y de haber avalado el golpe de Estado perpetrado en Bolivia en 2019, Menéndez y Rubio tienen en común el haber sido los principales receptores de financiamiento por parte de Paul Singer. Sus objetivos son inequívocos.

Usted apoya el plan enarbolado por los senadores Rubio y Menéndez. ¿No resulta contraproducente embarcarse en un proyecto que parece asociado a los halcones de la política estadounidense?

A mí me parece que lo importante no es quién presenta un proyecto de ley, sino cuál es el contenido del mismo. El proyecto de ley Renacer, que impulsan varios senadores de los dos partidos de EEUU, presenta un plan de acción acertado para intentar frenar los abusos de Daniel Ortega. El proyecto de ninguna manera supone la interrupción de ayudas humanitarias. Por el contrario, el proyecto reafirma explícitamente que se deben adoptar todas las medidas posibles para evitar que se afecten negativamente las necesidades básicas del pueblo nicaragüense. Lo que busca el proyecto es fiscalizar y aplicar sanciones individuales, como cancelación de visas y congelamiento de cuentas bancarias, contra funcionarios involucrados en hechos de corrupción y violaciones de DDHH en Nicaragua. Y lo que busca el proyecto es que esas iniciativas no se hagan de forma unilateral, sino de manera coordinada con la Unión Europea, Canadá y América Latina. Además, lo que persigue el proyecto es aumentar los controles no para frenar el financiamiento del FMI y el Banco Mundial a Nicaragua, sino para garantizar que los fondos que prestan al país se utilicen para los propósitos que han sido acordados con estos organismos. Como sabes, esa es una exigencia de los organismos multilaterales en cualquier país del mundo, y me parece acertado y hasta de sentido común, que se aumenten los controles en un país donde no existen entidades nacionales independientes, ya sea jueces, fiscales o contralores, que puedan frenar la corrupción de la familia presidencial. 

La situación de los DDHH y de respeto a la institucionalidad democrática es muy grave en Nicaragua, pero también lo es en Honduras. Se habla mucho sobre la ausencia de libertades y la represión en Venezuela, que son reales, y bastante menos de las matanzas colectivas en Colombia a manos de paramilitares o de bandas con algún amparo estatal, de lo que hay registros judiciales. La represión reciente de las protestas en Colombia evidenció abusos graves, como denunció HRW. ¿Las organizaciones de la sociedad civil y el sistema interamericano juzgan con la misma vara las situaciones en los distintos países?

Ya te di mi opinión sobre el secretario general de la OEA. Por otra parte, creo que en la Comisión Interamericana de DDHH se hacen grandes esfuerzos por mantener una posición siempre profesional y objetiva. De hecho, tú mencionas a Colombia y es importante mencionar que la CIDH envió recientemente una delegación al país para documentar los gravísimos abusos de la Policía Nacional en contra de manifestantes. Muy pronto van a dar a conocer sus hallazgos que probablemente incluyan denuncias muy serias de brutalidad policial, tal y como lo hemos denunciado en Human Rights Watch. La Comisión también ha seguido muy de cerca las masacres y los asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia, que constituye un hecho gravísimo. Colombia probablemente es el país del mundo con más asesinatos de defensores de derechos humanos en los últimos años, cuestión que nosotros también hemos denunciado. La Comisión también ha criticado, y con mucha razón, la situación en Honduras, donde el gobierno de Juan Orlando Hernández, quien está siendo investigado en EEUU por narcotráfico, ataca constantemente el estado de derecho y ha logrado apoderarse de la Corte Suprema y del Congreso.

Colombia probablemente es el país del mundo con más asesinatos de defensores de derechos humanos en los últimos años

En cuanto a lo que llamas “organizaciones de la sociedad civil”, no se trata de un ente único, monolítico. Hay organizaciones de todo tipo y, como en todo ámbito, hay grupos más serios que otros. Y algunos pueden tener sesgos ideológicos de derecha, como sugieres, y otros podrán tenerlos de izquierda. A mí no me corresponde juzgar su trabajo. Sólo puedo decir que hay un gran número de organizaciones de derechos humanos que hacen un trabajo muy profesional y fundamental para la vigencia de los derechos fundamentales en la región. Yo siempre he creído que en materia de derechos humanos el énfasis debe estar en evitar el doble estándar y evaluar a los Gobiernos sus prácticas y políticas de forma objetiva, sin sesgo ideológico, con una misma vara y sin prejuicios de ningún tipo.

SL