El Gobierno modificó por decreto la ley 25.871 que regula la política migratoria y, según publicó este jueves en el Boletín Oficial, entre los cambios se destacan que la administración nacional endurece las deportaciones y el acceso a la ciudadanía, mientras que habilita el arancelamiento del sistema sanitario y señala que, si las universidades lo desean, pueden cobrar por el servicio a los extranjeros.

Se trata del DNU 366/2025 y en uno de los artículos indica: “El Estado en todas sus jurisdicciones asegurará el acceso igualitario de los inmigrantes a las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, de acuerdo con los derechos y obligaciones correspondientes a cada categoría migratoria, en particular en lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”.

“Los extranjeros tendrán derecho, aun cuando su condición migratoria fuera irregular, a ser admitidos como alumnos en un establecimiento educativo inicial, primario o secundario, ya sea público o privado; nacional, provincial o municipal, para lo cual su situación migratoria no podrá ser causa de discriminación alguna. Las autoridades de los establecimientos educativos deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria”, señala en otro artículo.

La norma aclara que los extranjeros solamente estarán habilitados a ingresar por las fronteras oficiales, ya sea por medios terrestres, fluviales, marítimos o aéreos, pero deberán presentar una declaración jurada que explicite los motivos por los que llegan al país y un seguro de salud contratado. Además, se determinó la prohibición de ingreso para quienes hubieran cometido un delito doloso contra la vida, la integridad sexual, los poderes públicos o el orden constitucional, y se agrega una cláusula para evitar el ingreso al país de personas que hayan sido condenadas en la Argentina o en el exterior a cumplir una pena de 3 años, sin importar la modalidad de cumplimiento, por cualquier tipo de delito.

Además, manifiesta que “en casos de emergencia, no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Los extranjeros residentes permanentes podrán acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos”.

“Por fuera de los supuestos establecidos, en los establecimientos que brinden atención sanitaria administrados por el ESTADO NACIONAL, solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio, de conformidad con las condiciones que establezca el MINISTERIO DE SALUD”, añade.

También, expresa: “Los extranjeros serán admitidos para ingresar y permanecer en el país en las categorías de ´residentes permanentes´, ´residentes temporarios o ´residentes transitorios´.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES determinará la viabilidad del cambio de la categoría o subcategoría en que los extranjeros fueron originariamente admitidos. Una vez iniciado el trámite correspondiente y hasta su resolución, la Autoridad de Aplicación podrá conceder una autorización de ‘residencia precaria’, la cual será revocada por dicha autoridad cuando se desnaturalicen los motivos que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento. Su validez será de hasta NOVENTA (90) días corridos y podrá ser renovada por resolución fundada de la referida autoridad migratoria“.

“La residencia a la que refiere el párrafo anterior habilitará a sus titulares a permanecer, egresar, ingresar, trabajar y estudiar durante su período de vigencia en el territorio nacional.

La extensión y renovación de la residencia precaria no genera derecho a una resolución favorable respecto de la admisión solicitada, ni resulta residencia válida a los efectos de acreditar arraigo, necesario para la obtención de la residencia permanente, o para la adquisición de la nacionalidad por naturalización“, agrega.

Asimismo, añade: “Se considerará ´residente permanente´ a todo extranjero que, con el propósito de establecerse definitivamente en el país, obtenga de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES una admisión en tal carácter. Al tramitar el pedido de residencia, el interesado deberá acreditar que cuenta con los medios económicos suficientes para subsistir en el país y que no cuenta con antecedentes penales que pudieren motivar el rechazo de la solicitud, todo ello de acuerdo con las condiciones que establezca la reglamentación. A los hijos de argentinos nativos, naturalizados o por opción que nacieren en el extranjero se les reconoce la condición de residentes permanentes. Las autoridades permitirán su libre ingreso y permanencia en el territorio”.

“Reunificación familiar: ser cónyuge, progenitor o hijo de argentino nativo, naturalizado o por opción; o ser cónyuge, progenitor o hijo soltero menor a DIECIOCHO (18) años no emancipado o mayor con capacidades diferentes, de un residente permanente o temporario, con autorización para permanecer en el país por un máximo de TRES (3) años o por el período de tiempo autorizado a su familiar radicado temporario, prorrogable, con entradas y salidas múltiples. Para su otorgamiento, la autoridad migratoria deberá tener en cuenta el alcance del derecho de reunificación familiar establecido por el artículo 10 de la presente ley”, indica.

En relación a la educación, uno de los artículos señala: “Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal serán gratuitos para todos los ciudadanos argentinos nativos o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país. La gratuidad implica la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos. Las instituciones de educación superior de gestión estatal podrán establecer retribuciones por los servicios de educación para aquellos que no estuvieren incluidos en el párrafo anterior, conforme los términos del inciso c) del artículo 59 de la presente ley”.

“Sin perjuicio de ello, quienes no contaren con residencia permanente en el país podrán ser titulares de becas en los casos en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios celebrados entre las instituciones de educación superior de gestión estatal y otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados”, añade.

Deportaciones

La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondieran deducir, cancelará la residencia que hubiese otorgado, cualquiera fuese su antigüedad, categoría o causa de la admisión, y dispondrá la posterior expulsión, cuando el residente:

Excepcionalmente, por motivos acreditados y fundados en razones humanitarias o de reunificación familiar, la autoridad migratoria podrá dispensar la cancelación de la residencia y la posterior expulsión.

La autoridad migratoria no podrá, en ningún caso, disponer la dispensa a la que refiere el párrafo anterior cuando el extranjero en cuestión hubiere sido condenado por la comisión de un delito doloso contra la vida, la integridad sexual o los poderes públicos y el orden constitucional.

Al constatar la irregularidad de la permanencia de un extranjero en el país, y atendiendo a las circunstancias de profesión del extranjero, su parentesco con nacionales argentinos, el plazo de permanencia acreditado y demás condiciones personales y sociales, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES podrá intimarlo a regularizar su situación en el plazo perentorio que fije a tal efecto, bajo apercibimiento de decretar su expulsión. Vencido el plazo sin que regularice su situación, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES decretará su expulsión con efecto suspensivo y dará intervención y actuará como parte ante el Juez o Tribunal con competencia en la materia, a efectos de la revisión de la decisión administrativa de expulsión“.

Restricciones para trabajar

El extranjero que resida irregularmente en el país, o resida regularmente pero no se encuentre habilitado por la autoridad migratoria, no podrá trabajar o realizar tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por cuenta propia o ajena, en relación de dependencia o en forma independiente.

Será considerada irregular la permanencia en el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA de todo extranjero que:

Atribuciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

Obligaciones de los extranjeros residentes

La falsedad en la declaración o acreditación de domicilio, al solo fin de obtener un beneficio migratorio, conllevará la declaración de irregularidad o denegatoria de la solicitud de residencia o su cancelación, con la consecuente expulsión, conforme lo dispuesto por el inciso a) del artículo 29 y por el inciso a) del artículo 62 de la presente ley.

Las notificaciones que se cursen deberán ser diligenciadas al domicilio electrónico o, en su defecto, al último domicilio constituido que surja en las actuaciones administrativas.

Todo cambio de domicilio deberá ser informado por el inmigrante en el expediente en que le fuera concedida la admisión o autorizada la residencia, dentro del plazo de TRES (3) días hábiles de producido.

Si desapareciere total o parcialmente la numeración del domicilio constituido, o el edificio o la construcción en el que se hubiere constituido, el inmigrante deberá informar uno nuevo en el expediente que le fuera concedida la admisión o autorizada la residencia dentro de los TRES (3) días hábiles posteriores“.

Con información de agencias.

IG

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, solicitó a la Administración Nacional del Seguro Social (Anses) que realice un relevamiento para saber cuántos extranjeros no residentes en el país reciben algún plan social en Argentina. Este pedido se suma a la decisión del gobierno salteño de cobrar a extranjeros la atención médica en hospitales públicos de la provincia.

“No hay que olvidar que acá se hace una cuadra y ya se cruzó el país. Y podemos ver en los cajeros de las fronteras las filas de extranjeros cobrando estos beneficios cuando tenemos jubilados que cobran la mínima, están pasando hambre y no tienen para comprarse los remedios”, aseguró Sáenz sobre el pedido a la Anses.

“Tenemos que transparentar los recursos que son escasos, para garantizar que lleguen a los ciudadanos argentinos que realmente lo necesitan”, dijo el gobernador y agregó que “muchos extranjeros cruzan la frontera, cobran beneficios como la AUH y se vuelven a sus países, dejando fuera de la economía local esos fondos”.

En marzo de 2024, Sáenz sacó un decreto de necesidad y urgencia para implementar el cobro a extranjeros que reciban atención médica en los hospitales públicos. La medida fue refrendada luego por un ley. Ahora, el gobernador salteño, quiere cortar los beneficios sociales para los no residentes y por eso pidió a la Anses un relevamiento de manera urgente para determinar la cantidad de beneficiarios de planes sociales.

Según Sáenz, a partir del cobro en hospitales “cayó un 95% la atención de los extranjeros en nuestra provincia, lo que permitió un ahorro importante que va a permitir que los próximos días tengamos 14 ambulancias nuevas, y estamos llamando para comprar 20 más para repartirlas y distribuirlas en todos los rincones de la provincia”.

Flybondi ha cancelado vuelos durante todo el año, pero la crisis se profundizó en noviembre, cuando suspendió el 20% del total, unos 384, y reprogramó más de 700. El asunto fue tan grave para miles de pasajeros que este gobierno que se ufana de la desregulación debió ejercer las facultades regulatorias de las que aún no se desprendió para que presentara un plan para cumplir de ahora en más con los clientes. Sin embargo, las cancelaciones continúan en diciembre, sólo este domingo fueron 12, aunque no llegaron al 45% de los vuelos, como alertaba algún medio la semana pasada. Además, surgió un conflicto con sus pilotos por el alquiler de cinco aviones con tripulación extranjera, dos españoles y tres lituanos, en este caso con personal de Brasil y Portugal, seguramente para que les entendieran mejor los viajeros. Este tipo de alquileres fue autorizado por el gobierno de Javier Milei como parte de sus desregulaciones.

La low cost argentina, propiedad de una sociedad radicada en Reino Unido y controlada por el fondo de inversión norteamericano Cartesian, asegura a este diario que “no está contemplado que haya cancelaciones programadas”. “Se presentó a las autoridades un plan operativo para realizar una optimización de la programación y que se refuerce la confiabilidad del servicio. Sobre la programación de diciembre ya se realizaron ajustes en algunos vuelos, para lo que se trabajó de manera preventiva con reacomodación de los pasajeros”, contestan sin precisar qué porcentaje de servicios se suspendieron este mes.

“Las cancelaciones y reprogramaciones de noviembre se debieron a razones operativas por disponibilidad de flota”, explican en Flybondi. “La cadena de suministro de la industria se volvió compleja por las disposiciones de pago al exterior, este es un problema que se arrastra desde 2023. La industria aercomercial tiene una lógica de pagos internacional y nuestros costos son 80% en dólares, sumado a que nuestros proveedores son en su mayoría extranjeros. Esa criticidad en la cadena de suministros provocó mayores tiempos a la hora de realizar cualquier actividad técnica en una aeronave. Lo que antes se resolvía en el día, hoy se tarda hasta 96 horas por la demora en el ingreso de repuestos. Entonces cualquier tema operativo, totalmente común en la industria, impacta en la programación del día”, continúan excusándose en las restricciones del cepo, pese a que cada vez más se han ido relajando. Sin embargo, ni a Aerolíneas Argentinas ni a la chilena JetSmart les sucedió lo mismo...

“La Secretaría de Transporte ha recibido la respuesta a la intimación que había sido enviada a Flybondi, en la cual la empresa realiza una propuesta de mejoras en la operatoria”, comentaron esta dependencia del gobierno que dirige Franco Mogetta ante la consulta de elDiarioAR. “Dicha propuesta está siendo evaluada por Transporte y ANAC (Administración Nacional de la Aviación Civil) para determinar si alcanza para que haya una reducción inmediata y significativa de las cancelaciones y reprogramaciones, necesaria para garantizar los niveles pretendidos de operatividad y de calidad al pasajero. Se va a estudiar estos días. Si el plan presentado no satisface la pretensión de que bajen considerablemente las cancelaciones, el primer paso será multa económica importante y luego en siguiente instancia si, analizamos sacarles permisos para operar rutas. Si no pueden cumplir lo que venden, esa podría ser la consecuencia mayor”, advirtieron en el Gobierno. No obstante, por ahora no hubo multas ni quita de rutas.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, proclamaba con júbilo que ante los paros de hace unos meses del personal de Aerolíneas iban a venir más aviones con tripulación extranjera de JetSmart y Flybondi. Llegaron las naves, pero en el caso de esta última se agravaron los incumplimientos. También surgió un conflicto sindical en una empresa en la que el sindicato, la Asociación de Tripulantes Aéreos de Flybondi (ATAF), hasta ahora repudiaba los paros generales y volaba igual.

Pilotos e integrantes de ATAF “presentaron un documento dirigido a Mauricio Sana, CEO de la aerolínea (por Flybondi), solicitando una revisión de las condiciones laborales actuales”, según el portal Aviación Online. “El reclamo principal gira en torno de la readecuación del mínimo de horas programadas para los capitanes argentinos, además de señalar problemáticas relacionadas con desigualdades salariales, desbalance en la asignación de horas de vuelo y falta de respuestas por parte de la gerencia.

El documento subraya que los capitanes argentinos vuelan, en promedio, 53 horas programadas al mes, mientras que aquellos contratados bajo el régimen ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance, que se traduce como avión, tripulación, mantenimiento y seguro) alcanzan las 80 horas mensuales“. Se refiere el portal a los aviones alquilados en España y Lituania. ”Esta disparidad no solo afecta las condiciones laborales, sino que también genera desequilibrios económicos para los capitanes locales. En términos salariales, ATAF denuncia que los capitanes perciben ingresos inferiores a los de los primeros oficiales, una situación que atribuyen a una baja productividad relacionada con la falta de horas asignadas. Según ATAF, la implementación de este modelo en Flybondi ha generado conflictos internos debido al trato diferenciado hacia los pilotos contratados bajo este esquema“, continúa Aviación Online.

“ATAF señala que los tripulantes de los ACMI, en su mayoría extranjeros, reciben mejores condiciones en términos de transporte, alojamiento y alimentación”, advierte el portal. “Esto ha provocado quejas recurrentes entre los tripulantes argentinos, quienes perciben un trato desigual que impacta en la moral del equipo y en la colaboración interna para tareas como la reprogramación de vuelos. A pesar de los intentos previos de ATAF para dialogar con la gerencia, los pilotos afirman no haber recibido respuestas satisfactorias. Adicionalmente, mencionan que la expansión desequilibrada de la nómina de capitanes, incluyendo la incorporación directa de pilotos extranjeros, ha generado un clima de 'descontento generalizado' dentro de la compañía. En caso de no recibir una respuesta favorable a su solicitud, los representantes de ATAF advierten que procederán a realizar presentaciones ante la Secretaría de Trabajo y las autoridades competentes. Esto podría derivar en la atención pública y mediática del conflicto, un escenario que la organización busca evitar, pero que consideran necesario para visibilizar su reclamo”, concluye Aviación Online.

La situación de Flybondi pone en duda su propia sostenibilidad. Pese a los esfuerzos para optimizar la programación y la incorporación de tripulación extranjera, las cancelaciones y reprogramaciones continúan afectando a miles de pasajeros, mientras el descontento de los pilotos se intensifica por las diferencias salariales y laborales. La llamativa intervención del gobierno de Milei, con su exigencia a la compañía de que presente un plan para reducir las cancelaciones, pone en evidencia la tensión entre la pretendida desregulación y la necesidad de que sea el Estado el que exija las garantías sobre la calidad de un servicio clave para la conexión del territorio nacional.

AR/JJD

El Gobierno nacional oficializó que a partir de ahora la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) podrá autorizar operaciones con tripulaciones y aeronaves extranjeras y lo hizo mediante el decreto Nº 844/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

El organismo será el encargado de otorgar las autorizaciones para que personal extranjero desempeñe funciones aeronáuticas en los servicios aerocomerciales, así como también para la utilización de aeronaves de matrícula extranjera para operar en nuestro país, cuando una aerolínea lo requiera.

La nueva medida establece que la autoridad aeronáutica nacional deberá reglamentar técnicamente los Artículos 106 y 107 del Código Aeronáutico, con el fin de establecer los procedimientos adecuados para el otorgamiento de autorizaciones relativas al personal extranjero y a las aeronaves con matrícula extranjera que operen en el territorio nacional.

De esta manera procuran fomentar las inversiones en la República Argentina, favoreciendo la conectividad federal.

Hasta el momento, solo el Poder Ejecutivo Nacional podía autorizar un porcentaje de personal extranjero en los servicios aerocomerciales y la utilización de aeronaves de matrícula extranjera, pero con esta modificación es la ANAC quien podrá otorgar dichas autorizaciones.

Además, la autoridad aeronáutica deberá dictar la reglamentación técnica correspondiente para el otorgamiento de las mismas, conforme a los estándares internacionales y regionales.

Desde el Ejecutivo nacional, se indicó que el decreto N° 844/2024 se realiza en el marco del “reordenamiento integral de la legislación aerocomercial, con el objetivo de agilizar las gestiones administrativas, promoviendo un mercado de entorno competitivo y flexible para que más personas puedan usar el transporte aéreo y así llegar a todas las ciudades argentinas”.

A su vez, explican que la nueva medida conlleva la necesidad de adecuar y dictar una nueva reglamentación, de conformidad con los estándares internacionales en materia de comercio de bienes y servicios, procurando armonizar el régimen interno con el de los demás países de la Región y del mundo.

“En el marco de las políticas desregulatorias llevadas adelante por el Gobierno Nacional, desde la Secretaría de Transporte, esta medida resulta necesaria para reforzar los principios de libre acceso a los mercados, generando mayor competitividad y, por lo tanto, una oferta más diversa y conveniente para los pasajeros; garantizando la seguridad operacional y la eficiencia de todo el sistema de transporte aéreo”, señalaron las fuentes oficiales.

NB con información de NA.

La provincia argentina de Jujuy se convirtió en la cuarta del país en cobrar los servicios de salud a los extranjeros no residentes, debido a la alta demanda de visitantes temporarios y la falta de reciprocidad del Estado boliviano.

Una ley aprobada por la Legislatura jujeña este miércoles establece el cobro de aranceles en los centros de salud y hospitales públicos provinciales a los extranjeros residentes transitorios y precarios, mediante un seguro de salud en el ámbito local o abonando los servicios, según los valores establecidos por el Instituto de Seguros de Jujuy.

El gobernador provincial, Carlos Sadir, indicó en un comunicado que “por su condición de provincia fronteriza, Jujuy tiene un alto indicador de personas atendidas en su sistema sanitario” y señaló que “se detectaron muchos casos de personas de otros países” que se trasladan a su territorio “para someterse a tratamientos de altos costos programados y que no son de emergencia”.

La nueva ley provincial considera que en el caso de emergencia médica que implique riesgo de vida para el paciente, la atención deberá ser garantizada sin quedar supeditada al pago de arancel.

Jujuy intentó firmar un convenio con otros países para establecer un sistema de reciprocidad, de tal forma que los jujeños que cruzasen la frontera tuvieran el mismo trato, pero los legisladores recordaron que en 2019 no se avanzó porque Jujuy “siempre” cumplió con el convenio de reciprocidad, pero Bolivia “jamás cumplió”.

“Tuvimos situaciones en las que los jujeños no recibieron la atención médica que esperábamos en condiciones muy críticas”, afirmó Sadir respecto del trato dispensado en Bolivia.

“En 2019 se había creado el Sistema de Seguro de Salud para Personas Extranjeras; sin embargo quedó en suspenso por el acuerdo de asistencia sanitaria recíproca rubricado entre Argentina y Bolivia, pero al dejar de cumplirse la colaboración bilateral por parte del Gobierno boliviano se decidió tratar institucional y políticamente este problema en el seno de la Legislatura”, explicó el gobernador.

Salta fue la pionera en Argentina en cobrar la atención sanitaria a los extranjeros a partir de marzo pasado, ya que recibía de manera constante la visita de extranjeros para atenderse de forma gratuita y era destino de 'tours sanitarios'.

La provincia patagónica de Santa Cruz comenzó en abril pasado a cobrar la atención médica a turistas extranjeros que concurriesen a hospitales públicos; tampoco se aplica en caso de emergencias.

La provincia de Mendoza comenzó en agosto pasado a hacer lo mismo como parte de un plan para hacer más eficiente el servicio público provincial.

Las finanzas provinciales son foco de ajuste bajo la Presidencia de Javier Milei, quien en su afán por mantener el equilibrio fiscal, redujo las transferencias discrecionales, la obra pública, los subsidios al transporte público y el fondo de incentivo docente para dichas jurisdicciones. 

CRM con información de la agencia EFE

El Gobierno de Salta confirmó hoy que le cobrará al atención médica a los ciudadanos extranjeros que no cuenten con un certificado de residencia, conforme a los establecido por el gobernador Gustavo Sáenz en un decreto de necesidad y urgencia (DNU). A pesar de la decisión, aclararon que las urgencias deberán ser tratadas.

Según indicó el mandatario provincial, su provincia “no está para brindar atención médica gratuita a extranjeros”. “Esto nos pasa a nosotros si viajamos al exterior, ningún país lo hace”, expresó. En esta misma línea, el ministro de Salud, Federico Mangione, planteó: “Por cada insumo que se utiliza para un extranjero, nos quedamos sin recursos para los salteños”.

“Nosotros venimos destinando entre el 5% y el 10% del presupuesto total de salud pública para los extranjeros. No sólo venían a hacer consultas, sino también cirugías de alta complejidad y utilizando insumos y prótesis que son de altísimo costo”, explicó.

El titular de la cartera sanitaria ratificó que, en caso de que se trate de pacientes de tránsito que tengan un accidente o riesgo de vida, se lo atenderá inmediatamente y, luego, se verá a quién se deberán facturar los honorarios y gastos.

“Es importante advertir que la crisis económica que atraviesa el país no resulta ajena a Salta, la cual ha sufrido una merma en su erario no sólo por el recorte de las transferencias nacionales sino también por la disminución de la recaudación producida por la propia crisis económica, por lo que en tal escenario y ante la emergencia económica declarada tanto a nivel nacional como provincial, el alto índice inflacionario existente que encarece día a día los insumos, medicamentos y elementos necesarios para garantizar la atención sanitaria, resulta necesaria adoptar medidas para racionalizar de manera eficiente los recursos con los que se cuenta”, establece el decreto 129, publicado este jueves.

ACM con información de NA

El 10 de enero dos hombres de nacionalidad chilena y uno colombiano fueron detenidos por la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Balvanera por haber robado 14 celulares en un local. Anoche, además, otros dos ciudadanos chilenos fueron capturados en Palermo, en un edificio de seis pisos de la calle Ángel Carranza, con intenciones de robo. Estos dos hechos desencadenaron el debate sobre qué debe hacer la Justicia con los extranjeros sin ciudadanía argentina que delinquen en el país.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró que se los debe “expulsar” y que la Ciudad “no debe ser más el lugar al que se viene a cometer delitos”. Sobre el tema, los datos oficiales publicados sobre el delito en esta jurisdicción, que llegan solamente hasta 2022, dicen que ese año el 16% de los ilícitos cometidos en la Ciudad fueron responsabilidad de ciudadanos de otros países mientras que el 84% restante correspondió a argentinos. La cifra fue igual a la del 2021.

A través de la red social X, el mandatario porteño consideró que “se debe restituir la normativa que en 2017 modificó la Ley de Migraciones para agilizar la expulsión de aquellos extranjeros, sin ciudadanía, que eligen nuestro país para delinquir y que fue derogada en 2021 por el kirchnerismo”.

Luego, el ministro del Interior, Guillermo Francos, expresó “coincidir” con Macri. Dijo que “los extranjeros que cometan ilícitos deben cumplir con la pena” y “ser expulsados del país con prohibición de reingreso” e informó que el Ejecutivo está “extremando los recaudos para evitar” que ingresen al país aquellos que tengan “antecedentes criminales”.

El ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Waldo Wolff, abonó la opinión de su jefe. “Sólo en 2023, en la Ciudad sufrimos más de 4.000 delitos, entre robos, hurtos, narcotráfico y violencia de género, a manos de extranjeros (sin nacionalidad regularizada). El 37% de los homicidios los cometieron ciudadanos de otros países que no llegaron ni a trabajar ni a estudiar, sino a intentar quebrar el orden”, escribió en su cuenta de la red social X.

“Hay 200 detenidos de distintas nacionalidades en comisarías de la Ciudad y sólo en la última semana arrestamos a 8 delincuentes en tres operativos por separado (video correspondiente al jueves 11 de enero, con la detención de dos delincuentes extranjeros en Palermo). Vamos a trabajar para restituir el decreto 70/2017 de Migraciones, que permite la expulsión de ciudadanos extranjeros que delinquen en nuestro país. Es con orden”, agregó.

Consultado por elDiarioAR, el ministro porteño señaló que estas cifras se corresponden a datos del 2023 de la Policía de la Ciudad. Por otra parte, de acuerdo con el Informe del Mapa del Delito 2022 que fue actualizado 7 de diciembre del año pasado y que está disponible en el portal de datos abiertos BA Data, “las detenciones efectuadas sobre personas de nacionalidad extranjera son proporcionales a la estructura de la población de la Ciudad de Buenos Aires, así como las nacionalidades que presentan mayor cantidad de casos están relacionadas con países de América del Sur”.

Según el mismo informe, en el 2022 fueron detenidos 26.386 ciudadanos de Argentina (83,65%), 1337 de Perú (4,24%), 991 de Paraguay (3,14%), 484 de Bolivia (1,53%), 368 de Colombia (1,18%), 224 de Venezuela (1,17%), 372 de Chile (0,71%), 152 de Uruguay (0,48%), 139 de República Dominicana (0,44%), 49 de Brasil (0,16%) y 1043 de otros países (3,31%).

Por otro lado, los datos del Informe Anual del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena del Servicio Penitenciario Federal señalan que el 83% de los detenidos en el Sistema Penal Federal son argentinos, mientras que el 13% corresponde a personas de países limítrofes y Perú y el 3% a ciudadanos de otros países.

MM/JJD

En las 351 páginas del paquete de iniciativas enviadas por Javier Milei al Congreso este miércoles se incluyen cambios en el sistema educativo y se abre la puerta al arancelamiento en las universidades públicas para estudiantes extranjeros.

“Respetando fielmente el principio de gratuidad de la educación universitaria para argentinos y extranjeros residentes ─señala el proyecto─ se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes”.

Asimismo, la ley ómnibus limita el acceso a la educación superior a todas aquellas personas que no hayan completado sus estudios secundarios. “Se permite que los profesionales no docentes puedan participar del proceso educativo y se prohíbe el ingreso de personas sin secundario completo en la educación superior”, establece el proyecto.

En este sentido, el escrito también promueve la evaluación de los conocimientos adquiridos por los jóvenes en el último año del secundario. “Al finalizar los estudios de educación secundaria el Estado Nacional tomará un examen censal obligatorio que mida los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas por los adolescentes que egresan. El alumno tendrá derecho a conocer y recibir una certificación del resultado”, determina en el artículo 548 del proyecto.

Según indica el proyecto, los padres podrán ser notificados también sobre las notas de sus hijos y cómo estas notas y las de su colegio ─dado que los establecimientos también serán evaluados─ se comparan con las del resto del país.

El proyecto “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” deberá ser debatido por el Congreso Nacional y aprobado por ese cuerpo para que entre en vigencia.

ACM

El Gobierno español aprobó este martes en el Consejo de Ministros la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería con la que facilitará el acceso al mercado laboral a miles de extranjeros en el país, a través de la disminución de los trámites y la creación de nuevos canales para solicitar permisos de empleo. El cambio normativo busca ampliar la contratación en origen, permite trabajar a los estudiantes extranjeros, flexibiliza el impulso de negocios por parte de pequeños emprendedores extranjeros y crea una nueva vía para que las personas en situación irregular logren obtener los papeles a través de la realización de cursos de formación en sectores que necesiten personal.

Repasamos algunas de las claves. 

¿Es una regularización masiva?

No se trata de una regularización generalizada de la población inmigrante que reside en situación irregular en España, como la solicitada desde hace dos años por cientos de organizaciones y movimientos sociales, que ahora trabajan en una campaña de recogida de firmas para presentar una iniciativa legislativa popular con este objetivo.

La reforma busca rebajar los requisitos impuestos para las autorizaciones de residencia y trabajo, tanto de estudiantes como de ciudadanos que ya vivan en España de forma irregular o de quienes residan en el extranjero y puedan ser contratados en origen. Así, se podría regularizar a miles de personas que en estos momentos no tienen posibilidades para conseguir los papeles o contratar a más trabajadores dese los países de origen pero de una forma quirúrgica, estudiando caso a caso y ligando los permisos de residencia a la situación del mercado laboral. 

¿Por qué el Ministerio considera necesaria esta reforma?

Las razones son principalmente económicas. Desde su toma de posesión, el ministro siempre ligó sus planes de flexibilizar la normativa de Extranjería con la importancia de la inmigración para sostener el mercado laboral y el Estado de Bienestar. 

El Ministerio considera que la normativa anterior tenía “diversos defectos”, pues “no era lo suficientemente ágil para responder a los cuellos de botella que se producen en el mercado laboral”, en un contexto de reactivación económica tras la pandemia, envejecimiento de la población y reducción estructural de la población activa. A ello se suma un modelo migratorio que Inclusión considera “poco eficiente” debido a sus requisitos y complicados procedimientos que “incentivan” las llegadas irregulares y la economía sumergida, según sus argumentos.

¿Cuáles son los principales cambios? 

¿En qué puede beneficiar a las personas que ya vivían en España sin papeles?

La principal novedad tiene que ver con una nueva figura: el “arraigo para la formación”. Las personas que acrediten vivir en España durante mínimo dos años y carezcan de antecedentes penales podrán acceder a un permiso de residencia de un año de duración –prorrogable a otro año– si se comprometen a “realizar una formación para el empleo reglada o a obtener una acreditación oficial de las cualificaciones profesionales” de sectores que necesiten mano de obra, y después podrán solicitar autorización de residencia y trabajo por dos años si presentan un contrato.

Además, para favorecer la permanencia de estudiantes extranjeros, se permitirá compaginar la formación con el trabajo siempre que no se superen las 30 horas semanales.

También rebaja algunos de los requisitos de otras vías ya existentes para conseguir los papeles: el arraigo social y laboral.

¿Cómo se va a ampliar la contratación de trabajadores extranjeros en sus países de origen?

La mayor novedad se refiere a un nuevo modelo de los programas de “migración circular”, pensados para contratar a grupos de personas de forma temporal con el compromiso de que regresen a su país una vez terminada su actividad laboral. Se trata de un mecanismo utilizado actualmente para la contratación de personal extranjero, la mayoría marroquí, en el sector agrícola durante las campañas de recolección, que la reforma pretende ampliar a otros sectores.

¿Y habrá otras vías para que empresas en España contraten de forma estable a personal extranjero?

Hasta ahora, las contrataciones estables desde sus los lugares de origen de potenciales empleados extranjeros están limitadas por el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que establece en qué profesiones se necesita mano de obra y, por tanto, en cuáles es posible fichar a trabajadores en otros países. Sin embargo, según el diagnóstico de Inclusión, el actual modelo de este catálogo, que no ha sufrido modificaciones desde el año 2012, “genera un efecto embudo para las necesidades de las empresas que, pese a requerir mano de obra en sus diferentes modalidades, encuentran que no pueden acceder a ella porque los puestos de trabajo que ofertan no se encuentran reflejados” en él.

El Ministerio plantea la modificación de este catálogo y se compromete a una revisión trimestral del listado de profesiones con escasa mano de obra a través de la “información suministrada por los servicios públicos de empleo autonómicos”.

Si una empresa quisiera fichar a un trabajador en un sector que no se encuentre incluido en este catálogo, el Ministerio apuesta por abrir una puerta a su contratación si el empleador “acredita ante la Oficina de Extranjería la dificultad de cubrir los puestos de trabajo vacantes con trabajadores ya incorporados en el mercado laboral interno”. Para ello, Extranjería valoraría el informe presentado por los servicios de empleo público y la urgencia de la contratación planteada por la compañía. Además, la compañía deberá presentar durante cinco días una oferta de empleo para asegurarse que no hay personal en España preparado para dicho puesto.

¿Qué dicen los sindicatos?

UGT y CCOO se habían mostrado en contra de que el Ministerio haya elaborado estas modificaciones sin tenerles en cuenta y habían lanzado un comunicado conjunto para recordar que la política migratoria en lo laboral es “una materia de diálogo social” desde 2004. Además consideraron “clasista” el planteamiento de Inclusión porque “transmite a la sociedad española la idea de que hay unos migrantes más aceptables que otros”. “Lamentamos igualmente que, por una parte, se llegue a la conclusión de que hay puestos de trabajo que no se cubren porque deben mejorar sus precarias condiciones y, por otra, se asuma que estas condiciones sí son aceptables para los trabajadores migrantes”, criticaron.

¿Cuántos puestos vacantes hay en España?

A pesar de que en España hay tres millones de personas desempleadas, el número de puestos vacantes sin ocupar en 2021 alcanzó los 109.085, la inmensa mayoría en el sector servicios (88%), según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de las cifras más altas cifras de la última década.

¿En qué sectores se concentran los puestos sin cubrir?

Las actividades con más puestos sin cubrir son del sector público, entre las que destacan 31.521 vacantes en “Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria” y 12.903 puestos en “Actividades sanitarias y de servicios sociales”, atendiendo a los datos del INE de 2021. La segunda actividad con más vacantes es el “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas”, con 13.480 vacantes. La construcción, otro sector en el que las patronales aseguran que enfrenta escasez de personal cualificado, tuvo 6.307 puestos vacantes sin ocupar. La hotelería, que generó muchos titulares en los medios sobre una supuesta falta de camareros, presenta 4.444 vacantes. Los expertos apuntan a que la baja ocupación de estos sectores se encuentra en los bajos salarios y la escasa formación.

El Gobierno español aprobó este martes en el Consejo de Ministros la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería con la que facilitará el acceso al mercado laboral a miles de extranjeros en el país, a través de la disminución de los trámites y la creación de nuevos canales para solicitar permisos de empleo. El cambio normativo busca ampliar la contratación en origen, permite trabajar a los estudiantes extranjeros, flexibiliza el impulso de negocios por parte de pequeños emprendedores extranjeros y crea una nueva vía para que las personas en situación irregular logren obtener los papeles a través de la realización de cursos de formación en sectores que necesiten personal.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explicó que la reforma pretende “abordar, con mejores instrumentos, los retos que genera el fenómeno migratorio” con el objetivo de propiciar “una migración ordenada y segura”. El cambio, que se estima que beneficiará a decenas de miles de extranjeros, pretende agilizar los procedimientos de Extranjería, calificados de “complejos y muy burocratizados” por parte del departamento dirigido por José Luis Escrivá. La norma recibió la luz verde del Consejo de Estado, que“ considera que contribuirá a mejorar la situación jurídica de muchos inmigrantes y a luchar contra la lacra de la economía sumergida”.

El Ministerio consideraba que la normativa anterior tenía “diversos defectos”, pues “no es lo suficientemente ágil para responder a los cuellos de botella que se producen en el mercado laboral”, en un contexto de reactivación económica tras la pandemia, envejecimiento de la población y reducción estructural de la población activa. A ello se suma un modelo migratorio que Inclusión considera “poco eficiente” debido a sus requisitos y complicados procedimientos que “incentivan” las llegadas irregulares y la economía sumergida, según su argumento.

La reforma busca, por un lado, favorecer la permanencia de los estudiantes extranjeros en España. Para ello, la nueva norma permite que los estudiantes compaginen trabajo y formación, siempre que sean compatibles con los estudios realizados y no superen las 30 horas semanales. También se eliminan las restricciones a la incorporación de los estudiantes al mercado laboral tras la finalización de los estudios, dado que hasta ahora era necesaria una estadía de tres años para poder obtener una autorización de residencia y trabajo.

Otra de las principales novedades es la creación de una nueva vía para que las personas sin papeles puedan regularizar su situación administrativa: el “arraigo para la formación”. Los extranjeros que acrediten vivir en España durante un mínimo de dos años y carezcan de antecedentes penales podrán acceder a un permiso de residencia de un año de duración –prorrogable a otro año– si se comprometen a formarse de manera reglada en sectores que necesiten mano de obra. Una vez finalizados los cursos, los beneficiarios podrán optar a un permiso de trabajo si logran una oferta de contrato. También rebaja algunos de los requisitos de otras vías ya existentes para conseguir los papeles: el arraigo social y laboral.

La nueva figura del “arraigo por formación” es también uno de los puntos que generó mayores discrepancias con el Ministerio del Interior que, según publicó El País, advirtió en su informe presentado al Consejo de Estado que abrir esta puerta a la regularización de inmigrantes podría “generar un efecto llamada”. Sin embargo, el análisis del Consejo de Estado dio luz verde a esta medida, la más celebrada por organizaciones especializadas en migraciones, y fue finalmente incluida en la reforma.

El Gobierno también refuerza los caminos para contratar a personal extranjero en origen. Entre otras medidas, Inclusión crea un nuevo modelo de los programas de “migración circular”, pensados para contratar a grupos de personas de forma temporal con el compromiso de que regresen a su país una vez terminada su actividad laboral. Se trata de un mecanismo utilizado actualmente para la contratación de empleados, la mayoría marroquíes, en el sector agrícola durante las campañas de recolección, que la reforma amplía a otros sectores.

Además de los programas de migración estacional, la nueva normativa facilita la contratación estable de personal extranjero en sus países. Hasta ahora, estas contrataciones estaban limitadas por el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que establece en qué profesiones se necesita mano de obra y, por tanto, en cuáles es posible contratar a trabajadores en otros países. No obstante, según el diagnóstico de Inclusión, el actual modelo de este catálogo, que no sufrió modificaciones desde el año 2012, “genera un efecto embudo para las necesidades de las empresas que, pese a requerir mano de obra en sus diferentes modalidades, encuentran que no pueden acceder a ella porque los puestos de trabajo que ofertan no se encuentran reflejados”. La reforma busca facilitar la actualización de este mecanismo a través de la revisión trimestral del listado de profesiones con escasa mano, así como la apertura de una vía para que las empresas puedan contratar a empleados extranjeros si justifican la dificultad para encontrar este perfil.

En su primera intervención en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, Escrivá anunció sus planes de elaborar durante su mandato un “cambio de modelo” de la Ley de Extranjería para “fortalecer las vías de acceso legal” a España, con el objetivo de flexibilizar las vías de entrada a través del mercado laboral. Su primer objetivo, facilitar la inclusión de los menores extranjeros no acompañados una vez cumplen la mayoría de edad, salió adelante el pasado mes de octubre tras meses de retraso por las discrepancias expresadas por el Ministerio del Interior. Ahora, el Inclusión da un paso más en su objetivo de flexibilizar un sistema de autorizaciones de residencia existente en España como “complejo y disperso”.

Según el INE, el número de puestos vacantes sin ocupar en 2021 alcanzó los 109.085, la inmensa mayoría en el sector servicios (88%). Las cifras de 2021 se sitúan en máximos en la última década, los años para los que ofrece datos el INE (desde 2013). Las actividades con más puestos sin cubrir son del sector público, entre las que destacan 31.521 vacantes en “Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria” y 12.903 puestos en “Actividades sanitarias y de servicios sociales”. La segunda actividad con más vacantes es el “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas”, con 13.480 vacantes. Según los expertos, la explicación de la baja ocupación de estos sectores se encuentra en los bajos salarios y la escasa formación.

La cantidad de vuelos desde el exterior creció un 94% a partir de la reapertura del ingreso de extranjeros al país, dispuesta el 1 de noviembre por el gobierno nacional en el marco de la mejora de los indicadores sanitarios, informó el Ministerio de Transporte de la Nación.

En julio, cuando regían mayores restricciones al sector producto del incremento de casos de coronavirus, durante los primeros 8 días del mes se registraron 24 arribos, según la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Tras la reapertura “se registró un sostenido crecimiento en la llegada de vuelos desde el exterior. Ya son más de 400 los arribos programados en lo que va de noviembre y sumaron países de origen”, detalló la cartera de Transporte.

Según la información oficial, en lo que va de noviembre se registraron más de 400 vuelos internacionales con destino a Argentina, lo que incluyó la operación de más de 20 compañías del extranjero, conectando al territorio nacional con más de 15 países.

Por su parte, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) informó que desde el 1 de noviembre, en la primera semana del mes ingresaron a la Argentina 14.949 personas para hacer turismo.

CRM con información de la agencia Télam

El Ministerio de Transporte informó que “los turistas extranjeros de todo el mundo podrán ingresar al país a partir de este lunes 1 de noviembre”, si poseen el esquema completo de vacunación y “la documentación que lo acredite”.

Los visitantes “no tendrán la necesidad de realizarse un análisis de antígeno al llegar pero deberán contar con un PCR negativo 72 horas antes en origen”, según informaron fuentes de la cartera de Transporte.

“Cumpliendo con lo establecido en la decisión administrativa 951/21 publicada en el Boletín Oficial, desde este lunes 1 de noviembre podrán ingresar al país pasajeros de cualquier parte del mundo”, señala el comunicado.

De esta manera, “los turistas y/o residentes que cuenten con el esquema completo de vacunación completo por lo menos 14 días antes de su ingreso al país, y cumplan las exigencias referidas, estarán exceptuados del testeo de antígeno y del aislamiento”, y advierten que “habrá controles a cargo del personal del Ministerio de Transporte en aeropuertos”.

Transporte aclaró también que quienes ingresen al país deberán presentar una declaración jurada electrónica 48 horas antes, incorporando un test de PCR negativo en origen con toma de muestra hasta 72 horas previas, o un certificado médico de alta si hubieren contraído el virus SARS-CoV-2 en los últimos 90 días, y luego, se les solicitará un análisis de PCR entre el quinto y séptimo día desde su llegada.

Por otra parte, los argentinos o extranjeros residentes que no cuenten con el esquema completo de vacunación al arribar al país deberán realizarse un test de antígenos y luego un test de PCR negativo para dar por finalizado el aislamiento obligatorio de siete días.

Además, para los turistas menores de 18 años sin esquema completo el Ministerio de Salud ofrecerá dosis en los puntos de fronteras.

En tanto, “los turistas o extranjeros no residentes deberán contar con un seguro con cobertura Covid-19, mientras que los menores de seis años que ingresen al país acompañados de adultos estarán exceptuados de realizar los testeos de antígenos y PCR”.

Respecto de las nuevas reglamentaciones, personal del Ministerio de Transporte será la encargada de verificar la información que acredite los esquemas de vacunación, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria asistirá dichos controles.

En el caso de quienes obtengan resultados positivos de Covid-19, “la norma indica que deberán permanecer aislados por diez días en los dispositivos dispuestos por el Estado nacional en casos de ingreso por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Aeroparque o San Fernando, y en los demás casos en los dispositivos definidos por las provincias según sus protocolos”.

Con información de agencia Télam.

AB

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció este martes que la Argentina vacunará contra el coronavirus a los extranjeros que vengan a hacer turismo, al anunciar nuevas aperturas sanitarias e informar sobre los avances de la campaña de inmunización durante una conferencia de prensa ofrecida en Casa Rosada junto a titular de la cartera de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

“Quienes vengan a hacer turismo a Argentina podrán ser vacunados”, dijo la ministra. “Esto es una práctica que se lleva a cabo en varios países y que nos permitirá alcanzar un nivel cada vez más alto de inmunización”, subrayó.

También informó que quienes lleguen al país no necesitarán realizarse un test de antígeno.

Por su parte, Lammens aseguró que “la internacionalización de los aeropuertos en Argentina es un hecho porque cada vez son más las aerolíneas que llegan” al país.

“Durante los meses de la pandemia realizamos muchas acciones para preservar el destino y ahora, con las aperturas, estas acciones van a empezar a dar resultados”, puntualizó el titular de la cartera de Turismo y Deportes.

AB

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció este martes el refuerzo de una tercera dosis contra el coronavirus a mayores de 50 años que hayan recibido Sinopharm y personas inmunocomprometidas mayores de 3 años que hayan iniciado el esquema de vacunación con cualquier componente. Además, informó que los turistas que lleguen al país podrán acceder a la vacuna.

En una conferencia de prensa junto a su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens, Vizzotti afirmó que se pretende avanzar en las terceras dosis y aseguró que en 2022 se comenzarán a suministrar refuerzos a las personas que llevan más de un año de estar inoculadas.

“Vamos a dar una dosis adicional a poblaciones que son inmunocomprometidos mayores de 3 años que hayan iniciado la vacunación con cualquier esquema y mayores de 50 años que hayan recibido Sinopharm. De todos modos, el 2022 será el año de los refuerzos, y comenzarán a recibirlos las personas que hayan completado un año de la aplicación de la primera dosis, como el personal de salud”, señaló Vizzotti en la rueda de prensa en Casa de Gobierno.

En ese marco, además, anunció que “quienes vengan a hacer turismo a Argentina podrán ser vacunados”.

“Esto es una práctica que se lleva a cabo en varios países y que nos permitirá alcanzar un nivel cada vez más alto de inmunización”, subrayó la ministra.

También informó que quienes lleguen al país no necesitarán realizarse un test de antígeno.

Además, afirmó que “hasta ahora no se estudia avanzar con los aforos”.

Por otra parte, aseguró que el contrato con la empresa Pfizer “se está cumpliendo en tiempo y forma” en cuanto a las entregas y suministro de las dosis.

Vizzotti subrayó además que “ningún aglomerado urbano está en alarma epidemiológica”.

Destacó que “la campaña de vacunación está avanzando bien entre niños y adolescentes y necesitamos que la gente se siga anotando para ser inoculada”.

Por su parte, Lammens aseguró que “la internacionalización de los aeropuertos en Argentina es un hecho porque cada vez son más las aerolíneas que llegan” al país.

“Durante los meses de la pandemia realizamos muchas acciones para preservar el destino y ahora, con las aperturas, estas acciones van a empezar a dar resultados”, puntualizó el titular de la cartera de Turismo y Deportes.

AB

Hubo un tiempo, no tan lejano, en que los argentinos hacían kilómetros de fila en la frontera con Chile o Paraguay para cruzar a comprar televisores, ropa de cama, termos. Con la reapertura del ingreso de personas de países limítrofes y un peso devaluado, los comerciantes locales (y el Gobierno) se ilusionan con la postal opuesta y anticipan una ola de turistas en plan de compras, sobre todo orientada a electrodomésticos y bienes electrónicos. 

Las fronteras con los países vecinos comenzaron a abrir progresivamente los últimos días de septiembre, luego de permanecer más de un año y medio cerradas. A partir del 19 de este mes se termina oficialmente el cupo para los ingresos, lo que aumentará la oferta de transporte, y a partir del 1° de noviembre la frontera queda liberada para las personas provenientes de todo el mundo. 

En el Ministerio de Turismo dijeron a elDiarioAR que en la primera semana de apertura a países limítrofes Aerolíneas Argentinas tuvo una demanda de 20.000 turistas de Brasil, lo que “es un indicio de que van a explotar de brasileños y también de chilenos y uruguayos”.  “Tenemos la intuición de que el turismo de países vecinos va a funcionar muy bien”, anticiparon. Según los cálculos de la cartera que encabeza Matías Lammens, hasta fin de año entrarán entre 150.000 y 200.000 turistas, que generarán un movimiento de alrededor de US$50 millones.

“Afortunadamente, a medida que se abran las fronteras y empiece a venir gente del exterior no solo van a estar muy contentos los hoteles y restaurantes sino que las cadenas de electrodomésticos van a vender una cantidad de productos que no te podés imaginar”, anticipó dijo Marcelo Girotti, CEO de BGH, grupo empresario con una división dedicada a la fabricación de televisores, aires acondicionados, microondas y computadoras portátiles. 

Según Girotti, en pesos equivalentes, resulta mucho más barato comprar un televisor o un microondas en la Argentina que en Estados Unidos. “Esta distorsión que hay entre el dólar oficial, al que están asociados nuestros precios, y el cambio paralelo que puede obtener un turista en la calle hace que nuestros precios sean realmente competitivos”, precisó. 

Días atrás, en una convención de la Red Acero —que reúne a cadenas de venta de electrodomésticos del interior— se habló sobre esto y algunos ejecutivos señalaron que “nunca antes” vieron una diferencia de precio tan fuerte con Chile y Uruguay. 

El Gobierno ya fantaseaba con la posibilidad de explotar la billetera de los extranjeros desde hace meses. En noviembre de 2020 se realizó una “prueba piloto” y se decidió abrir las fronteras para residentes de países vecinos que viajaran por un plazo menor a los 10 días y solo a la ciudad de Buenos Aires, donde se esperaba que realizaran compras estimuladas por un tipo de cambio favorable. Sin embargo, el 25 de diciembre se debió dar marcha atrás con la medida para retrasar el ingreso de nuevas variantes de coronavirus que comenzaron a circular en el mundo. 

En una economía con una dinámica inflacionaria acelerada, la pregunta es si esta mayor demanda que se anticipa ejercerá una mayor presión sobre los precios, que terminarán por sufrir los argentinos. En el sector señalan que ya resulta un “desafío” para los fabricantes no trasladar la suba de los insumos importados a los precios locales.

El aumento de los componentes importados presiona sobre el precio final de los electrodomésticos y bienes electrónicos

En el caso de las computadoras, se suma el hecho de que hay escasez de un insumo central, los microprocesadores. Es un problema global que se arrastra desde el primer momento de la pandemia, cuando la producción en China se alteró por la cuarentena, y que se conjugó con una mayor demanda no prevista de computadoras para estudiar o trabajar desde el hogar. Según anticipan en el sector, esta situación recién se normalizará hacia fines de 2023.  

Por otro lado, hay una suba de costos de logística en el mundo, también derivados de la crisis pandémica. “En un momento pagábamos US$1.000 o US$2.000 el flete de un contenedor y hoy llegamos a pagarlo US$20.000. Cuando traes celulares a lo mejor el prorrateado del aumento es chico, pero cuando traes componentes grandes el impacto es mucho mayor”, apunta un empresario. 

En abril pasado el Ministerio de Desarrollo Productivo firmó un acuerdo con la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) para mantener estable hasta el 31 de octubre el precio de televisores, teléfonos celulares, microondas y aires acondicionados, con la posibilidad de introducir ajustes mensuales desde junio en base a la evolución del tipo de cambio y la variación del costo de los insumos. 

Según el Índice de Precios al Consumidor que elabora Indec, en los últimos 12 meses la categoría “equipamiento y mantenimiento del hogar” aumentó 49,5%, por debajo del nivel general de inflación, que escaló 52,5%. Sin embargo, a partir de noviembre el acuerdo ya no tendrá vigencia. 

Consultados por este medio sobre la posibilidad de una prórroga, en el Ministerio de Desarrollo Productivo guardaron silencio, aunque el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anticipó en declaraciones a la prensa que luego del congelamiento de una canasta de bienes de consumo masivo anunciado recientemente avanzará con “otros sectores”. 

Según los fabricantes, que el acuerdo se pueda sostener depende de distintas variables, pero sobre todo de lo que ocurra con el dólar, dado que los componentes importados de algunos productos rondan el 50%. También de lo que suceda con las paritarias, que podrían reabrirse y elevar el componente de los salarios de los trabajadores del sector. 

Girotti consideró que es un “buen negocio” comprar electrodomésticos, porque es una forma de hacerse de un bien ligado en dólares que con los programas vigentes se puede comprar hasta en 30 cuotas. Según el Centro de Estudios de la Producción (CEP XII), del Ministerio de Desarrollo Productivo, si se mira la composición de las compras hechas con Ahora 12 se advierte que antes de la pandemia el rubro de electrodomésticos y tecnología promediaba el 27,5% de las ventas del programa. Entre marzo y diciembre de 2020 esa cifra escaló a 37,3% (con un pico de casi el 50% en abril de 2020) y entre julio y agosto de 2021 volvió a estabilizarse, en 31,4%.

DT

Estados Unidos anunció este lunes que levantará en noviembre las restricciones de ingreso al país por la pandemia de coronavirus a todos aquellos que estén vacunados y se sometan a pruebas y rastreo de contactos.

Jeffrey Zients, coordinador de respuesta al coronavirus del gobierno del presidente Joe Biden, dijo a la prensa que la medida entrará en vigor a “principios de noviembre”.

La flexibilización de las restricciones de viaje, impuestas hace 18 meses por Donald Trump cuando estalló la pandemia de coronavirus, marca un cambio significativo por parte de Biden y responde a una importante demanda de los aliados europeos en un momento de tensas relaciones diplomáticas, consignó la agencia AFP.

“Este nuevo sistema de viaje internacional sigue las recomendaciones de la ciencia, para mantener los vuelos aéreos internacionales a EE.UU. seguros, al requerir los extranjeros estar completamente vacunados para volar a EEUU e implementa adicionales y estrictos protocolos de seguridad”, remarcó Zients.

En efecto, el anuncio se produce en un contexto de gran tensión entre Washington y París, tras una alianza estratégica entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, que echó por tierra un acuerdo de venta de submarinos de Francia a éste último país.

Las fronteras de Estados Unidos han estado cerradas a millones de viajeros internacionales, incluso para los vacunados, desde marzo de 2020, lo que causa dolorosas situaciones personales y familiares, así como una creciente impaciencia particularmente entre los europeos.

La Unión Europea (UE) había anunciado el 30 de agosto el regreso de las restricciones a los viajes no esenciales a su territorio desde Estados Unidos, aunque dejó a los Estados miembros la posibilidad de levantar la prohibición para las personas totalmente vacunadas.

En la actualidad, Estados Unidos prohíbe a la mayoría de los ciudadanos no estadounidenses que en los últimos 14 días hayan estado en el Reino Unido, los 26 países Schengen de Europa sin controles fronterizos, Irlanda, China, India, Sudáfrica, Irán y Brasil. Y permite que el resto de viajeros habilitados ingresen sin un certificado de vacunación.

Los pasajeros totalmente vacunados podrán viajar una vez que se levante la prohibición dentro de unas semanas, y también se permitirá la entrada de personas que participen en ensayos clínicos de fórmulas aún no aprobadas en EEUU. No obstante, deberán presentar una prueba de PCR negativa hecha 72 horas previas al viaje, sin necesidad de realizar una cuarentena al llegar.

Por su parte, los ciudadanos estadounidenses no vacunados que viajen al exterior también deberán someterse a una prueba un día antes y un día después de regresar al país.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades también exigirán a las aerolíneas que recojan la información de contacto de los viajeros internacionales para facilitar el rastreo de los contactos, dijo Zients.

Por el momento, se desconoce si el requisito aplicará para cualquier vacuna aprobada por los países de origen o solo para fórmulas que autorice Washington. La definición estará en manos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Con información de agencias.

IG

El Código Electoral porteño habilita a los extranjeros y las extranjeras, desde los dieciséis años de edad, para votar en los actos electorales convocados en el marco de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en tanto cumplan con los siguientes requisitos:

A su vez, el Tribunal Electoral confecciona y actualiza el Registro de Electores Extranjeros y Electoras Extranjeras Residentes, mediante el cual se produce el padrón de extranjeros y extranjeras. El empadronamiento es automático dado que se incorporan sin ningún tipo de trámite aquellas personas que posean DNI argentino. También se puede consultar el padrón para conocer el lugar y la mesa de votación.

El Código vela por la integridad del derecho a voto de las y los extranjeros residentes en CABA y es por eso que se dedican varios artículos a la redacción de políticas destinadas a la divulgación de información sobre cómo y dónde votan los extranjeros y las extranjeras autorizados.

MGF

La xenofobia está lejos de ser un sentimiento marginal en el país. Basta con revisar el celular a diario para encontrar fácilmente estas posiciones en redes sociales, en manifestaciones o en actos públicos. El Laboratorio de Estudios sobre Autoritarismo y Democracia (Lectura Mundi-UNSAM) confirma este clima: según su último estudio, una de cada dos personas en el país muestra algún tipo de reparo hacia la migración. Aún más llamativo es que tres de cada diez encuestadxs se manifestaron a favor de prohibir cualquier tipo de ingreso. ¿Cuántxs se muestran favorables, independientemente del país de origen? Poco menos de la mitad: 48,4%. 

Entre las distintas dimensiones que aporta el trabajo para pensar la cuestión migratoria se encuentra la especificación por provincias y regiones. Este punto es central para pensar discursos, desigualdades y discriminaciones que se fueron configurando históricamente en cada territorio. Por ejemplo, el estudio muestra que lxs habitantes de la Ciudad de Buenos Aires son lxs más proclives a preferir inmigracion europea (un 5% en comparación con un promedio del 2% en el resto del país). “Esta diferencia puede deberse a que, desde su gestación, Capital Federal aceptó inmigrantes pero respondió solo de manera positiva al imaginario de los movimientos inmigratorios de 1880 y de la posguerra, de los cuales puede sentirse heredera”, explican los autores de la investigación.

El Leda está dirigido por el doctor en Ciencias Sociales Ezequiel Ipar y coordinado por las doctoras en Ciencias Sociales Micaela Cuesta y Lucía Wegelin. Para esta investigación, el equipo realizó 3.140 encuestas telefónicas entre noviembre de 2020 y febrero de 2021. El análisis y la redacción de la investigación, que se publicó en junio, estuvo a cargo del propio Ipar, Cuesta y Lucas Reydo.

Al disgregar los resultados totales por zonas geográficas, hay tres regiones que resaltan por estar debajo del promedio nacional de cantidad de habitantes a favor de cualquier inmigración: Cuyo, donde el 45,1% se manifestó a favor, el NEA -38,8%- y el NOA -36,4%-. “Una hipótesis viable puede tener que ver con que estas dos últimas regiones se encuentran en zonas limítrofes con Brasil, Bolivia y Paraguay. Allí sus habitantes suelen percibir con más intensidad los conflictos fronterizos, por ejemplo, en cuestiones económicas o políticas”, explican los autores de la investigación.

Para tomar un punto de referencia con el que comparar los resultados de este estudio, hay que remitirse al Mapa Nacional de la Discriminación, cuya segunda serie fue publicada en 2014. En ese trabajo, realizado por el Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (INADI), se pidió a lxs encuestadxs que optaran por la frase con la que se sentían más identificados: si “Argentina debe estar abierta a todo el mundo que quiera venir a vivir” o “Argentina debe ser sólo para las/los argentinos”. Un 67% eligió la primera opción, mientras que un 33% optó por la segunda. 

A nivel internacional la Encuesta Mundial de Valores, una red mundial de científicos sociales que estudia el cambio de valores y su impacto en la vida social y política, midió en 2017 las preferencias de políticas migratorias en el país. Sobre una muestra de 1.003 casos, el 10,1% escogió la respuesta “dejar ingresar al país a cualquiera que lo desee”, un 41% optó por “dejar ingresar personas en tanto haya trabajos disponibles”, un 38,7% prefirió “limitar el número de extranjeros que quieran ingresar”, y un 6,3% “prohibir el ingreso de personas de otros países”.

Las migraciones como asunto de política estatal no son una novedad: atraviesan el debate público desde el siglo XIX. La Constitución de 1853, la Ley Avellaneda, de 1876, y gran parte del marco regulatorio elaborado hasta principios del XX fueron pensados bajo la idea rectora de que la inmigración proveniente de Europa sería beneficiosa para el desarrollo del país, tanto en términos económicos como sociales. Algunas de esas visiones permanecen hasta el presente, como el artículo 25 de la Constitución que dispone que el “Gobierno federal fomentará la inmigración europea”. 

Desde 2004, por ley, migrar es un derecho humano. Aunque en los 17 años desde la sanción de la normativa que regula el ingreso de personas extranjeras (nº 25.871) hubo muchos vaivenes. Recién en marzo de este año, por ejemplo, se derogó el DNU 70/17, un decreto sancionado durante la gestión de Cambiemos que violaba los derechos de las personas migrantes.

Hoy, estos debates y posicionamientos se reactualizan a través de las generaciones. Y los resultados no parecen ser los más promisorios: lxs más jóvenes son lxs que evidenciaron porcentajes más altos en términos de prejuicios xenófobos. Un 32% de lxs centennials encuestados -personas entre 16 y 24 años- se mostró a favor de prohibir el ingreso de personas migrantes. Ese número es el más alto de todos los valores desagregados por edad: entre aquellxs que tienen entre 25 y 40 años desciende levemente -un 29%-, y llega a su porcentaje más bajo entre lxs que tienen 75 años o más -un 17%-.

A la hora de pensar posibles explicaciones de las posturas entre lxs más jóvenes, lxs investigadores del Leda señalan que, entre otros factores, hay que ponderar los procesos de precariedad laboral y una mayor exposición a redes sociales, donde los llamados “discursos de odio” y la discriminación a minorías encuentran mayor circulación. Esto último suele además estar acompañado de informaciones falsas, por ejemplo, sobre el número de personas migrantes que hay en el país: “suele aludirse a ”hordas de inmigrantes“ cuando los datos demuestran que entre 1869 y 2010 la migración limítrofe se mantuvo entre un 2%- el mínimo histórico en 1947- y un 3,5% -número del último censo que incluye también a la migración peruana-. Otro de esos mitos tiene que ver con la cantidad de personas extranjeras en cárceles federales: ese número se mantiene estable desde hace una década en el orden del 6%, el mismo porcentaje que el promedio continental. 

Estas representaciones, claro está, no surgen en el vacío. Y tampoco pueden leerse separadas de otras dimensiones como la racial o la de clase. En este sentido es relevante repasar los trazos de ciertas políticas migratorias de los últimos 30 años. Si durante los años ‘90 la lupa gubernamental y mediática había hipervisibilizado a las migraciones regionales como amenaza, en los primeros años del siglo XXI primó el discurso de la integración regional, con la contraparte de dejar en muchos casos a otras nacionalidades por fuera del margen de lo regular. 

Durante el gobierno de Cambiemos, la mirada de derechos viró hacia un tratamiento de la cuestión migratoria desde una perspectiva securitista. Tres ejemplos permiten mostrar el tono de los últimos años. Con el DNU 70/17 -que había sido declarado inconstitucional por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal previo a su derogación-, las expulsiones llegaron a aumentar un 350% en el caso de personas que estaban en una situación administrativa irregular. En otras palabras, que no habían cometido delito alguno. 

En paralelo, los procesos de radicaciones se demoraron y redujeron -particularmente después de la implementación del sistema Radex- al punto que para el pasado octubre se habían resuelto en el año 67.532. Para tomar dimensión, vale aclarar que el promedio anual de la última década fue de 232.190. Además, entre 2015 y 2019 las tasas migratorias aumentaron en un 1.000%. Hoy, tramitar residencias permanentes o temporarias tiene un costo de $ 3.000 para personas provenientes de países del MERCOSUR o estados asociados, mientras que aumenta a $ 6.000 para personas extra MERCOSUR. 

Discursos de odio

El análisis sobre xenofobia realizado por el Leda está enmarcado en una investigación más amplia, que incluye las múltiples modalidades de expresiones autoritarias que erosionan las formas de vida y las instituciones de la democracia. A lo largo de su trabajo, el Leda relevó más de 3.000 casos en los que, además de poner el foco en la xenofobia, reparó en discursos racistas y discriminatorios hacia el colectivo LGBT+, a partir de los cuales elaboró un Índice de Discursos de Odio (DDO). 

Al cruzar ese índice con la pregunta “¿Qué cree usted que debería hacer el Estado con la inmigración?”, resalta un dato: casi seis de cada diez personas que tienen preferencias por la inmigración europea aprueban o promueven los DDO. Este porcentaje es mayor, incluso, que entre quienes se oponen a cualquier tipo de inmigración -un 39,7%  aprueba o promueve los DDO-.

En cambio, quienes sostienen una posición universalista, que reconoce a la migración como un derecho independientemente del país de origen, son quienes -presumiblemente- rechazan y critican con mayor vehemencia los discursos de odio: casi siete de cada diez personas.