“No sé si sos varón o mujer. Sé que naciste”. La cita, leída este jueves por la cantante Ana Belén en un homenaje celebrado en el Instituto Cervantes en memoria de las víctimas españolas de la dictadura argentina (1976-1983), es de 1995, del poeta Juan Gelman. Forma parte de una carta que escribió a su nieta, Macarena. A su hijo lo mataron cuando su mujer estaba embarazada de siete meses. No sabía si aquel bebé era niño o era niña. Después de muchos años de búsqueda, dos décadas, por fin encontró a su nieta robada.

“Sé que naciste, me lo aseguró el padre Fiorelo Cavali, de la Secretaría de Estado del Vaticano, en febrero de 1978. Desde entonces me pregunto: ¿cuál ha sido tu destino?”, recitó la cantante, con palabras de Gelman, en el acto '307, ¿dónde están?'. “Me asaltan ideas contrarias. Por un lado, siempre me repugna la posibilidad de que llamaras papá a un militar o policía ladrón de vos, o a un amigo de los asesinos de tus padres. Por otro lado, siempre quise que cualquiera que hubiese sido el hogar al que fuiste a parar te criaran y educaran bien y te quisieran mucho”, prosigue.

“Ahora tenés casi la edad de tus padres cuando los mataron y pronto serás mayor que ellos. Ellos se quedaron en los 20 años para siempre. Soñaban mucho con vos y con un mundo más habitable para vos. Me gustaría hablarte de ellos y que me hables de vos para reconocer en vos a mi hijo y para que me reconozcas a mí, en mí lo que de tu padre tengo. Los dos somos huérfanos de él”, escribe Gelman en su carta.

“Los sueños de Marcelo y Claudia no se han cumplido, todavía menos vos que naciste y estás quién sabe dónde ni con quién. Tal vez tengas los ojos verde grises de mi hijo o los ojos color castaño de su mujer, que poseían un brillo especial y tierno y pícaro. ¿Quién sabe cómo serás si sos varón, quién sabe cómo serás si sos mujer?. A lo mejor podés salir de ese misterio para entrar en otro, el del encuentro con un abuelo que te espera”. Abril, 12 de abril de 1995, ha concluido Ana Belén.

Con el mensaje de “nunca más impunidad” y la necesidad de mirar hacia atrás “para recoger las victorias del pasado”, el Instituto Cervantes fue escenario de este homenaje a los 307 españoles desaparecidos durante la dictadura argentina, organizado por el Gobierno, y que concluyó con el grito de “No a la guerra”.

Durante casi dos horas, se recordó a todas estas personas asesinadas con testimonios de sus familiares, compromisos expresados por los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática y el de Asuntos Exteriores, y también con mucha música.

Dos días después del último golpe de Estado en la Argentina, el 26 de marzo de 1976 se inauguraba la fábrica de Scania en Colombres, a 20 minutos en auto del aeropuerto de San Miguel de Tucumán. En 1971, la dictadura militar de aquel tiempo había organizado una licitación internacional para que se instalara alguna fabrica de camiones pesados y eligió esta provincia norteña porque estaba afectada por el cierre de ingenios azucareros, la crisis de los talleres ferroviarios y el consiguiente ascenso del desempleo y la marginalidad. La ganó la marca sueca, la misma que fascinaba a Diego Maradona, que se compró uno en 1997 y lo estacionaba en su casa de Barrio Parque, en Palermo. En 1972 se puso la primera piedra de la planta, que se puso en marcha cuatro años después, en pleno Operativo Independencia del general Antonio Bussi contra el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

La plana mayor de Scania en Latinoamérica, con su CEO, el brasileño Christopher Podgorski, a la cabeza, y la esperada presencia del gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, celebrarán este jueves los 50 años de la única fábrica automotriz de la provincia. Hace 25, en la crisis de 2001, se dejaron de producir acá camiones y se concentraron en elaborar piezas. Ahora despachan 160 componentes para cajas de cambios y diferenciales (parte esencial en el tren motriz que transmite la fuerza del motor a las ruedas) que se exportan a las plantas de camiones de la misma empresa -propiedad a su vez del grupo alemán Volkswagen- en Brasil, Suecia y desde octubre pasado también en EE UU, según contó el director industrial de Scania Argentina, Dante Gonella. Es que el gobierno de Donald Trump le impuso menos aranceles al país de Javier Milei que a la Unión Europea y entonces a la firma nórdica le conviene exportar más desde Colombres. Sólo acá y allá fabrica estas partes.

Pero no todo es euforia en Scania. Pese al mensaje optimista que ofrecieron sus directivos en el aniversario, también se dejaron escuchar los reclamos por menos impuestos y menos tasas de interés. Es un contexto de crisis industrial -la Argentina es el segundo país con más caída, después de Hungría, según la consultora Audemus, de Matías Kulfas, y hasta el embajador alemán en Buenos Aires, Dieter Lambé, la señaló en una reunión la semana pasada con empresarios de su país-, en el que bajan las producciones de automotores y sus partes, incluido el cierre de la fabricante de neumáticos Fate.

“Se está tratando de avanzar con una reforma impositiva, si se pueden bajar ingresos brutos, tasas municipales, el impuesto al cheque”, se refirió el CEO de Scania Argentina, Sebastián Figueroa, a los gravámenes provincial, local y nacional que encarecen las ventas, aunque elDiarioAR también le preguntó por las retenciones que el gobierno de Milei le cobra a las exportaciones automotrices y al tipo de cambio bajo que desalientan la producción. Su jefe latinoamericano, Podgorski, reconoció: “No tengo conocimiento detallado de cuál es la política pública de desarrollo y fomento a la industria. Puedo ejemplificar lo que ha ocurrido en los últimos años en Brasil, donde se definieron políticas claras para la inversión y el desarrollo de nuevas tecnologías, el Programa Mover. Entiendo que el gobierno argentino también debe estar discutiendo un camino claro. La industria necesita siempre necesita capital, pero más de previsibilidad. Es un papel importante de los gobernantes indicar el norte a dónde se presentará la industria argentina con mayor competitividad'. El contraste con el socio mayor del Mercosur es evidente.

Figueroa celebró que en 2025 Scania batiera su récord de ventas en la Argentina, más de 3.200 unidades, el 28% del mercado local, después de años de envejecimiento del parque automotor por las restricciones a los productos importados y al giro de divisas para pagarlos. El CEO nacional espera que se repita en 2026, pero para ello auguró que haya más crédito. “Los clientes necesitan tasas más bajas”, reconoció. “Si baja la inflación, bajarán las tasas”, apuntó, aunque en los últimos días el Banco Central comenzó a relajar las tasas con la intención de reactivar la economía aun a costa de elevar los precios.

Este año, Scania ya no puede encomendarse a vender, como el año pasado, la mitad de los camiones al contado y el resto con préstamos de su propia financiera. “La caja de los clientes se termina y ahora buscan flujos financieros”, admitió Figueroa. Scania Credit presta en dólares, pero al 12%. De todos modos, confía. Por un lado, viene de una Expoagro en la que palpó el entusiasmo del campo, entre las bajas impositivas y la perspectiva de una buena cosecha. En la Argentina los camiones se renuevan cada diez años, en lugar de cinco, e incluso en el transporte de granos los hay de 40 o 50 años. Por otra aparte, el CEO apuesta a Vaca Muerta -se instalaron en el epicentro, Añelo- y a que la minería argentina se desarrolle tanto como la chilena. Acaba de firmar un acuerdo de provisión al yacimiento de cobre, oro y plata Vicuña, en San Juan. Así que enviará personal de la empresa a asistir a esa mina, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Es que Scania no sólo vende sus camiones sino que busca destacarse por sus servicios posventa. Y así es que espera enfrentar la creciente competencia de camiones chinos, como lo hacen en Chile, Perú o Uruguay. “Bienvenida la competencia, pero es importante la infraestructura”, desafió el CEO de la firma sueca en la Argentina, donde cuenta con 29 puntos de servicios propios y tercerizados con 1.078 empleados. En esa red invertirán este año US$12 millones, en parte para ampliar su local de San Juan y la mitad para relocalizarse en Córdoba.

Es bastante más que la inversión industrial. Después de terminar un plan de US$63 millones en los cinco años anteriores, en 2026 Scania desembolsará 7 millones en la planta de Tucumán. “Es para renovación de maquinaria, mantenimiento del edificio, protección contra incendios”, describió Gonella. En esta fábrica, donde 518 trabajadores elaboran piezas para 42.000 cajas y 31.000 diferenciales por año, se presentará este jueves una edición limitada de camiones con los colores celeste y blanco por el aniversario. Podgorski y Gonella esperan que con el acuerdo de libre comercio Unión Europea-Mercosur se exporten más camiones brasileños de Scania, con piezas argentinas, a aquel mercado de 450 millones de consumidores de alto poder adquisitivo.

AR / NB

A pocos días de que se cumplan 50 años del comienzo de la última dictadura cívico-militar, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este jueves las condenas dictadas contra represores por crímenes de lesa humanidad cometidos en la entonces Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y en Campo de Mayo. Los fallos ratifican prisiones perpetuas para los pilotos Ángel Delsis Malacalza y Eduardo José María Lance, y mantienen las condenas al ex médico de la Armada Jorge Luis Magnacco y al ex integrante del grupo de tareas Víctor Roberto Olivera.

El tribunal rechazó los recursos interpuestos por las defensas en ambas causas y consolidó un cuerpo jurisprudencial que caracteriza a la exESMA y a “El Campito” —centro clandestino que funcionó en Campo de Mayo— no como meros lugares de detención ilegal, sino como centros de exterminio encuadrados en lo que los jueces denominaron el “paradigma concentracionario”. La sentencia afirma que estos espacios encarnaron “la deshumanización y despersonalización sistemática de los sujetos detenidos, reducidos a meros objetos de control y sufrimiento”.

Los fallos fueron redactados por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal. En la causa ESMA, el voto fue liderado por el juez Alejandro W. Slokar —cuyo análisis estructuró el núcleo conceptual de ambas sentencias— al que adhirieron Daniel Antonio Petrone y Gustavo M. Hornos. En la causa Campo de Mayo, Slokar votó como vocal junto a la jueza Angela E. Ledesma y el juez Guillermo J. Yacobucci, quien presidió esa sala.

Maternidad clandestina y violencia de género

En la causa ESMA, la sentencia pone especial énfasis en los crímenes cometidos contra mujeres embarazadas y niños. El caso de Cristina Clelia Salguero, de 25 años y nueve meses de embarazo cuando fue secuestrada en enero de 1977, ilustra lo que el tribunal describe como “una de las manifestaciones más radicales del terrorismo de Estado”: el encierro de mujeres en la maternidad clandestina de la ESMA, donde dieron a luz sin sus familias, en condiciones inhumanas y bajo el control de sus captores. El fallo concluye que esa práctica “constituyó una forma extrema de violencia de género”.

Magnacco, que actuaba como médico y nexo entre la maternidad clandestina y el Hospital Naval, fue condenado por su participación en partos en cautiverio. Las víctimas lo reconocieron como responsable de los partos realizados en el Casino de Oficiales. La sentencia también confirmó la condena a Olivera, guardia del grupo de tareas, por mantener bajo el régimen de “libertad vigilada” a Merita Susana Sequeira y su hija Mariela, incluso después de que abandonaran el centro clandestino.

El tribunal subrayó el deber del Estado de proteger especialmente a los niños y recordó que “la separación de niños de su familia constituye, bajo ciertas condiciones, una violación de su derecho a la familia”.

Los vuelos de la muerte: el crimen sin testigos

En la causa Campo de Mayo, los fallos se detienen en la mecánica de los llamados “vuelos de la muerte” —la práctica sistemática por la cual personas secuestradas eran arrojadas vivas al mar desde aeronaves militares— como herramienta de exterminio genocida. Las sentencias destacan que esta modalidad estaba diseñada para eliminar toda evidencia: “nadie sobrevivió a los vuelos para testimoniarlo”, señala el fallo. Las víctimas podían relatar el secuestro, la tortura y la reclusión, pero “el instante de la muerte careció de testigos que no fueran los propios perpetradores. El crimen se consumó en el único espacio donde la mirada ajena era materialmente imposible: en la noche, en el aire, sobre el agua”.

Desde diciembre de 1976, cuerpos comenzaron a aparecer en las costas bonaerenses. Fue el Equipo Argentino de Antropología Forense quien permitió identificar a las víctimas y determinar las causas de sus muertes, “contrarrestando la lógica de ocultamiento del régimen”. El fallo reconoce que ese trabajo fue determinante para convertir la sospecha en certeza judicial: “los cuerpos hallados en las costas son los que rompen el pacto de silencio”.

Los condenados Malacalza y Lance se desempeñaban como segundo jefe del Batallón 601 y oficial de operaciones, respectivamente, lo que les otorgaba —según la sentencia— “dominio funcional sobre el personal, los recursos y la ejecución de las operaciones represivas ilegales”. Los cuatro casos juzgados corresponden a estudiantes secundarios y militantes que permanecieron detenidos en “El Campito” y cuyos cuerpos fueron hallados en las costas argentinas.

Entre las víctimas, Roberto Arancibia fue secuestrado de su departamento en mayo de 1977 mientras sus hijos Martín, de seis años, y Adriana, de tres, quedaban solos. Los niños fueron internados en un instituto de menores durante seis meses. Durante el juicio, Adriana recordó que quiso ponerle “una curita” a su padre porque lo habían lastimado.

Memoria activa contra el negacionismo

Los fallos también se pronuncian sobre el presente. La sentencia sobre la ESMA expresa preocupación por el impacto del Decreto N° 345/2025 sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional de Monumentos y, en particular, sobre el Museo Sitio de Memoria ESMA. El tribunal advirtió que el debilitamiento de esos mecanismos “podría comprometer seriamente el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino” y fue categórico: “el deber memorial constituye imperativo para todos los poderes públicos”.

Las sentencias exhortan a los tribunales orales a preservar la totalidad del material probatorio y afirman que el reconocimiento judicial de estos hechos “constituye una forma de memoria activa orientada a enfrentar el olvido y el negacionismo”. Recordar, concluye el fallo, “es lo que se definió como 'memoria ejercida': el esfuerzo por recuperar lo que tuvo lugar en el pasado articulando el testimonio individual con la reconstrucción histórica de la experiencia colectiva”.

El predio de la ESMA está protegido por ley como Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado. El Casino de Oficiales es Monumento Histórico Nacional. A cincuenta años del golpe, estas sentencias recuerdan que memoria, verdad y justicia no son consignas: son obligaciones del Estado. Y este jueves, la justicia las hizo cumplir.

El Senado aprobó este miércoles un proyecto de declaración por el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en medio de diferencias entre los bloques sobre el enfoque del texto y, en particular, sobre la inclusión del concepto de “terrorismo de Estado”. La votación terminó con 49 votos positivos y 20 abstenciones del bloque de Patricia Bullrich, aunque tuvo a Luis Juez como excepción.

La iniciativa fue presentada por el senador Eduardo “Wado” de Pedro, de Unión por la Patria (UP), donde propuso que la Cámara alta expresara su compromiso con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, al tiempo que reafirme el valor del consenso democrático alcanzado desde el retorno institucional en 1983.

El tratamiento del proyecto generó tensiones desde el inicio de la sesión. Si bien el cuerpo aceptó avanzar con el debate, se resolvió postergarlo para el final a pedido de La Libertad Avanza (LLA), que manifestó objeciones sobre el contenido de la parte resolutiva. En paralelo, UP accedió a retirar los fundamentos del proyecto y dejar únicamente el articulado, tras un planteo de la Unión Cívica Radical (UCR) para facilitar la discusión.

El eje de la controversia giró en torno a la caracterización del último régimen militar. El texto original hacía referencia al “terrorismo de Estado”, una definición histórica sostenida por organismos de derechos humanos y amplios sectores políticos, pero cuestionada por el oficialismo libertario.

Desde LLA impulsaron una redacción alternativa que proponía que el Senado declarara “su compromiso permanente con la defensa del orden constitucional y la vigencia del Estado de Derecho”, además de condenar “cualquier tipo de violencia” y reivindicar el consenso democrático expresado en el informe “Nunca Más”.

De este modo, la discusión excedió lo conmemorativo y se trasladó al terreno político actual, donde persisten diferencias sobre cómo interpretar el pasado reciente y qué conceptos deben formar parte de los consensos institucionales.

El proyecto de De Pedro, en línea con las políticas de derechos humanos sostenidas desde la recuperación democrática, buscó ratificar el posicionamiento histórico del Estado argentino frente a los crímenes de la dictadura. Al mismo tiempo, puso el foco en la necesidad de preservar esos acuerdos como base del sistema democrático.

En tanto, la postura de LLA apuntó a una formulación más general, sin referencias específicas al accionar del terrorismo de Estado, y con una condena amplia a todas las formas de violencia política.

La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, dejó un mensaje en sus redes sociales: “El kirchnerismo se adueñó durante décadas de los DDHH para convertirlos en un negocio político. Impuso un relato, persiguió al que pensaba distinto y adoctrinó a toda una generación. Hoy repitieron lo mismo con una declaración sesgada y excluyente en el Senado de la Nación. La Libertad Avanza propuso algo distinto: una mirada completa, sin relato y sin grieta. Se terminó el monopolio de la memoria. La historia es completa o no es”.

CRM

El teniente coronel Antonio Tejero, uno de los autores del golpe de Estado de 1981 en España, falleció a los 93 años. Tejero murió el mismo día que el Gobierno desclasificó los documentos sobre el 23F, entre los que están las llamadas de su mujer. Carmen Díez Pereira trató de ponerse en contacto una y otra vez con su marido al percatarse de que él no contaba con el respaldo de la mayoría de los mandos militares. “El tonto desgraciado, lo han dejado solo”, le dijo a uno de sus interlocutores.

El pasado mes de octubre Tejero fue dado de alta del hospital de Valencia tras haber sido ingresado en estado crítico. Varios medios de comunicación difundieron entonces que había fallecido, algo que fue desmentido por la familia del golpista a través de un comunicado. Su entorno aseguró que se encontraba “en fase terminal” y que había recibido “los Sacramentos y la Bendición Papal”. Este miércoles sus familiares difundieron que falleció “en compañía de todos sus hijos”.

Nacido el 30 de abril de 1932 en Alhaurín el Grande (Málaga), Tejero era en 1981 teniente general de la Guardia Civil, cuerpo al que ingresó en 1951 y de donde fue expulsado tras protagonizar el golpe de Estado del 23-F. Fue condenado por rebelión militar a 30 años de cárcel, aunque finalmente cumplió solo la mitad de la pena y fue puesto en libertad en 1996.

Fue quien pronunció la frase “¡Quieto todo el mundo!” para interrumpir la votación que estaba teniendo lugar en ese momento en el Congreso de los Diputados: la investidura como presidente del Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo, que iba a suceder al entonces dimitido Adolfo Suárez. Desde ese momento, los 350 diputados pasaron más de 17 horas secuestrados en la Cámara Baja.

Tejero irrumpió en el Hemiciclo a las 18.23 horas acompañado de más de 250 guardias civiles armados ordenando a los presentes que se tirasen al suelo. “¡Al suelo!”, gritó el teniente general subido a la tribuna del Congreso, desde donde disparó varias veces al techo. Todos los diputados se agacharon excepto tres: Adolfo Suárez, su vicepresidente, Manuel Gutiérrez Mellado, y el líder del Partido Comunista (PCE), Santiago Carrillo.

Durante la madrugada se emitió el mensaje televisado del rey Juan Carlos I para apoyar la Constitución y la democracia. Una conversación telefónica entre el monarca y Bárbara Rey, hecha pública en 2024, reveló que este se alegraba de que Alfonso Armada, uno de los condenados por su participación en el intento del golpe de Estado, no dijera “ni una palabra” sobre él tras su efímero paso por la cárcel por su papel en la intentona golpista. “Ese ha pasado siete años en la cárcel, se ha ido a su pazo de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra. ¡Jamás!”, dijo. Pasadas las 12.00 horas del 24 de febrero, los guardias civiles abandonaron el Congreso y liberaron a los diputados.

La conversación de su mujer

Las transcripciones de las llamadas de la noche del 23 de febrero de 1981 desclasificadas por el Gobierno desvelan cómo Carmen Díez Pereira trató de ponerse en contacto con su marido al percatarse de que él no contaba con el respaldo de la mayoría de los mandos militares. Uno de sus interlocutores se ofreció a encontrarle el teléfono del hemiciclo y ella le respondió con las siguientes palabras: “No tardes porque estoy desesperada porque si está el tío tan 'obstinao' están ahí las tanquetas del GEO y monta un número”.

Más adelante del documento desclasificado se ve cómo fue una tal Herminia la que llamó a la mujer de Tejero. “Hija de mi vida... ¿has visto qué asco de Ejército tenemos?”, le pregunta Carmen Díez. “Me lo han dejado tirado como una colilla. Me lo han dejado solo, me lo han engañao”, apunta, poco después. “Yo es que he pedido ir a ver, porque este marido mío, se creerá... no se puede imaginar que le han dejado tirado”, agregó. Su contertulia le respondió: “¡Qué lástima!”. A lo que la mujer de Tejero, insistía: “Con la cantidad de hombres que hay ahí, por dios, para salvar a España. Y si España está llena de miedo”.

La tal Herminia, entonces, le dijo: “Mira que te digo. ¡Tenía que cargárselos a todos antes de salir de ahí. Tenía que cargárselos!”. La mujer de Tejero lo rechaza: “No, por Dios, eso no”.

Presente en la exhumación de Franco

El Gobierno de Felipe González, que sí había indultado a Alfonso Armada con el beneplácito del Supremo, no indultó a Tejero, que salió de prisión en 1996, cuando le concedieron la libertad condicional tras haber estado en la cárcel 15 de los 30 años a los que había sido condenado.

Desde que fue puesto en libertad sus señales de vida pública fueron escasas, aunque notorias. En 2006 publicó una carta al director del 'Melilla Hoy' asegurado que el Estatut catalán “mataría” a España; en 2012 denunció al entonces presidente de Catalunya, Artur Mas, por “conspiración y proposición para la sedición”; y en 2023 denunció al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por “traición a España” por negociar su investidura con independentistas catalanes y “asesinos de ETA”.

Tejero fue visto por última vez el 24 de octubre de 2019, cuando acudió al cementerio de El Pardo-Mingorrubio (Madrid) para la reinhumación del dictador Francisco Franco tras ser exhumado del Valle de los Caídos. Fue recibido por los partidarios de Franco entre gritos de “Viva Tejero”, “Arriba España” o “Gracias por todo, Antonio”.

Antes del 23-F, Tejero participó en la denominada 'Operación Galaxia', una intentona golpista gestada en 1978 por un grupo de militares que consistía en asaltar al Gobierno durante una reunión en el Palacio de la Moncloa, aprovechando que el rey se encontraba fuera de España de viaje oficial a México. El complot fue desarticulado antes de su ejecución, y el teniente general fue juzgado y condenado a siete meses de cárcel, lo que no le impidió continuar su carrera en el Instituto Armado hasta el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

El Gobierno sacará la Subecretaría de Derechos Humanos del predio de la ex ESMA y trasladará la repartición al edificio que ocupó hasta su eliminación el ex Ministerio de la Mujer, en Cochabamba 54 de la Ciudad de Buenos Aires. La mudanza tiene un alto contenido simbólico: se llevaría a cabo en marzo, en medio del 50 aniversario del Golpe de 1976, y es otro eslabón más en la campaña negacionista de la gestión de Javier Milei y su “batalla cultural”.

El martes 24 de marzo se conmemorará el 50º aniversario del comienzo de la última dictadura cívico-militar y se prevén actos y marchas en todo el país impulsadas por los organismos de derechos humanos. En ese marco hay expectativa por la ofensiva del Gobierno, que en los últimos dos años lanzó videos cuestionando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

La Subsecretaría de Derechos Humanos cambió a su titular en diciembre último, cuando el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Alberto Baños luego de un fuerte ajuste en el área y de cuestionar en una audiencia en la ONU el número simbólico de los 30.000 desaparacidos. Al frente de esa dependencia quedó Joaquín Mogaburu, un funcionario que aboga por el “perdón” y la “concordia política”.

Según trascendió, en el predio de la ex ESMA, de unas 17 hectáreas, continuarían funcionando el Archivo Nacional para la Memoria, el Museo Sitio de Memoria ESMA, el Espacio para la Memoria, la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, y entre otros.

El cambio de sede de DDHH coincide con otras acciones negacionistas del Gobierno. La subsecretaría dejó de intervenir como querellante en los últimos juicios que se iniciaron por los crímenes de lesa humanidad, como reveló el diario Página/12. Ya en febrero el Estado dejó de participar en las querellas en el juicio por los crímenes cometidos en dos de los centros clandestinos que regenteaba la entonces -y ahora recreada- SIDE: Automotores Orletti y la Base Pomar.

El traslado de la Secretaría de DDHH profundizará entonces el negacionismo mileísta. El espacio elegido como nueva sede es donde funcionó el Ministerio de la Mujer, creado en 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández, y cerrado por Milei. En febrero esa área también fue degradada a una subsecretaría y se ordenó el desalojo del edificio que se encontraba en obras y con dificultades edilicias.

En 2025 ese mismo edificio -al igual que la Subsecretaría- pasó a la órbita del Ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cúneo Libarona. En 2024 el Poder Ejecutivo había dejado trascender que ese inmueble sería vendido a través de la Agencia de Bienes del Estado (AABE), iniciativa que nunca se llevo adelante y quedaría si efecto ahora de confirmarse la mudanza a ese edificio de la subsecretaría.

Con información de agencia NA

MC

El miércoles 26 de noviembre, en pleno centro de Bisáu, se escucharon disparos que confirmaron la ejecución de un golpe de Estado en Guinea-Bisáu, tres días después de la celebración de elecciones generales. De esa forma, el país se sumó a otros del cinturón del Sahel y de la costa occidental de África que siguen el mismo camino desde 2020.

Un grupo de oficiales, que se presentaron en la televisión estatal como el Alto Comando Militar para la Restauración del Orden Nacional, anunció la detención del presidente del país, Umaro Sissoco Embaló, el cierre de las instituciones públicas, la suspensión del proceso electoral, el cierre de fronteras y el toque de queda. Este jueves, esa junta puso al general Horta N'ta al frente de nuevo gobierno militar.

El golpe tuvo lugar apenas tres días después de las elecciones legislativas del 23 de noviembre, cuyos resultados oficiales todavía no se habían publicado, mientras que el propio Embaló y el candidato opositor, Fernando Dias da Costa, ya se habían declarado vencedores anticipadamente.

El contexto en el que se produjo el golpe incluye la exclusión de las elecciones del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), histórico partido del país; la disolución del Parlamento en 2023 por parte de Embaló y un clima hostil de detenciones a opositores y acusaciones de abuso de poder por parte del Ejecutivo. Aunque los militares afirmaron haber actuado para “restaurar el orden”, persisten dudas sobre las motivaciones reales de su intervención.

Un ciclo que se repite

Guinea-Bisáu no llegó a este momento de repente. Desde su independencia de Portugal en 1974, el país africano registró cuatro golpes de Estado consumados, además de una serie de intentos. En 2003, 2010, 2012 y 2020 se registraron levantamientos, crisis militares o asesinatos políticos en la cúspide del Estado.

En 2022, en pleno asalto al palacio gubernamental, Embaló aseguró haber frustrado un intento de golpe “muy grave”, una declaración que ya entonces la oposición calificó como una maniobra política para reforzar su poder. Desde entonces, la politización del Ejército, las pugnas internas y la penetración de economías criminales, especialmente las redes de narcotráfico, han creado un escenario donde los equilibrios institucionales son frágiles.

El último episodio militar en Guinea-Bisáu no puede separarse del clima regional. Desde 2020, África Occidental y la región del Sahel fueron testigos de golpes miliares en Mali, Guinea, Burkina Faso, Níger, Chad y Gabón. Como apuntan analistas, dicha secuencia debilitó la capacidad disuasoria de la Comunidad Africana de Estados de África Occidental (CEDEAO) e impulsa a otras agrupaciones político-militares como la Alianza de Estados del Sahel (AES).

Las causas profundas del golpe

En una entrevista con elDiario.es, el experto de geopolítica internacional Sani Ladan explicó que la crisis actual “no nace el 26 de noviembre”, sino que parte de un sistema político “muy frágil y personalizado desde la independencia”, donde las instituciones no funcionan como contrapeso y las élites operaron históricamente de manera informal. Según Ladan, Guinea-Bisáu combina tres factores estructurales: un Ejército altamente politizado, una clase política relacionada con redes económicas opacas y una falta crónica de instituciones independientes.

Las elecciones del pasado 23 de noviembre ya se celebraron bajo un marco inestable con la exclusión de la principal coalición opositora (la Plataforma Alianza Inclusiva – La Tierra Empieza), un clima de acusaciones de fraude y dos candidatos vencedores antes del anuncio oficial. Para Ladan, esto hizo que las elecciones fueran “muy disputadas y poco creíbles”.

El golpe de Estado se produjo justo el día antes de que la Comisión Electoral publicara los resultados oficiales. Entonces, los generales se presentaron en la televisión afirmando que actuaban para evitar una “manipulación del recuento”. Sin embargo, y como sostiene el analista, “la suspensión del proceso electoral, el corte de internet y la paralización de la comisión encargada del escrutinio encajan más con un intento de congelar un momento políticamente incómodo que con una medida para proteger la transparencia”.

¿Una narrativa militar creíble?

La versión oficial del Ejército de que intervino para “restaurar el orden” tiene, en palabras de Ladan, “credibilidad limitada”. El experto en política africana sugiere que, si realmente la prioridad hubiese sido garantizar la limpieza del proceso electoral, lo lógico habría sido asegurar la integridad de la Comisión Electoral y de los observadores internacionales, no detener al presidente y suspender el recuento.

Además, tanto la Unión Africana, como la CEDEAO y Naciones Unidas describieron el movimiento como una ruptura del orden constitucional: “Nadie que esté observando el proceso sobre el terreno compra la idea de un golpe a favor de la democracia”, apuntó Ladan.

En este escenario, el Ejército no aparece como un árbitro neutral, sino como “una de las facciones que se disputa el control del régimen en un momento de máxima incertidumbre”, señaló Ladan. Además, subrayó que el golpe actual no puede separarse de las maniobras previas del Gobierno: “La presidencia de Embaló ha recurrido repetidamente a la táctica del miedo al golpe, deteniendo a mandos militares, denunciando complots y cerrando espacios políticos. El lenguaje de la amenaza permanente se ha convertido en una herramienta de poder”.

En octubre, semanas antes de las elecciones, las autoridades detuvieron a varios oficiales acusados de preparar un golpe. Este patrón, según Ladan, muestra una “normalización del estado de excepción”. El clima de represión para justificar decisiones extraordinarias desde el poder fue generando una crisis permanente, según apuntan varios testimonios en el medio Jeune Afrique.

Las consecuencias del golpe

En la tesis de que el golpe interrumpió deliberadamente el proceso democrático, Sani Ladan identificó dos consecuencias previsibles. En el corto plazo, señaló que habrá una concentración de poderes en manos de los militares, detenciones selectivas en el entorno del opositor, restricciones de libertades, control de medios y presión sobre la sociedad civil. La población ya utiliza VPN para sortear la censura.

En el plano regional, se prevé una respuesta firme. La CEDEAO podría suspender al país, como ya hizo con Mali, Burkina Faso y Níger, además de considerar sanciones. Otras organizaciones multilaterales y socios internacionales revisarán su cooperación y financiación: “Para un país pequeño, empobrecido y dependiente del exterior, el impacto será inmediato y lo sufrirá la población”, apunta Ladan.

Por otro lado, en el medio plazo, el país podría entrar en una fase de gobernabilidad mínima, en la que el nuevo gobierno cuente con escasa legitimidad interna y externa. La falta de instituciones y continuidad política podría profundizar las redes informales del narcotráfico y llevar a Guinea-Bisáu a convertirse en un “narcoestado”.

El país africano es la costa más cercana a América Latina y desde mediados de los años 2000 es uno de los principales puntos de tránsito de cocaína hacia Europa. En 2008, una tonelada de cocaína procedente de Guinea-Bisáu destinada al continente europeo valía 60 millones de dólares, equivalente al 6,5% del PIB nacional.

Según Ladan, la única vía realista para que el país salga de esta situación es establecer un marco de transición claro y supervisado por la sociedad civil y la CEDEAO, con una fecha definitiva para que los militares dejen el poder. Este proceso debería incluir una recomposición de las instituciones claves así como el abandono de la lógica de “todo o nada” por parte de los partidos políticos.

El elemento decisivo es la reforma del sector de seguridad. Guinea-Bisáu necesitará redefinir el papel del Ejército y poner fin a la instrumentalización mutua entre el poder militar y político. Sin ello, Ladan advirtió de que el país seguirá atrapado en los mismos patrones: “Si no se reformulan los incentivos de las Fuerzas Armadas y no se profesionaliza su cadena de mando, estaremos aquí otra vez hablando de golpe, intento de golpe o simulacro de golpe”.

Alivio en Brasilia. Frustración en Washington. A pesar de las amenazas y sanciones del Gobierno estadounidense, el Supremo Tribunal Federal (STF) acaba de condenar a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, por intento de golpe de Estado. Por primera vez en la historia del país sudamericano, un expresidente se enfrenta a penas de prisión por haber atentado contra la democracia del país.

Aunque el número de años de prisión de la sentencia se conocerán a lo largo de este viernes, el Supremo Tribunal brasileño ya ha configurado mayoría en la votación sobre el juicio a la trama golpista a siete acusados, entre ellos Bolsonaro. Tras tres jornadas de tenso juicio contra los ocho acusados del denominado núcleo duro del intento de golpe de Estado, la jueza Carmen Lúzia ha votado este jueves a favor de condenar al expresidente de Brasil por los cinco crímenes por los que estaba acusado por la Fiscalía General del Estado. La jueza consideró culpable a Jair Bolsonaro y al resto de acusados de intento de golpe de Estado y de abolición violenta del Estado democrático de derecho, los dos cargos más fuertes, así como de formación de organización criminal armada y de dos cargos relacionados con daños y deterioro de patrimonio del Estado.

El voto de Carmen Lúzia deja el recuento de la votación en 3 magistrados a favor de la condena y uno en contra, haciendo imposible el cambio del resultado, pues apenas queda el voto del juez Cristiano Zanín. El pasado martes los magistrados Alexandre de Moraes (relator del proceso de la trama golpista en el STF) y Flávio Dino votaron a favor de la condena. El miércoles, Luiz Fux votó en contra.

El resultado final supuso un alivio para el Supremo brasileño y para el Gobierno del progresista Lula da Silva. El martes, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que el Gobierno de Estados Unidos estudia nuevas medidas contra Brasil en caso de que Bolsonaro fuera condenado y llegó a insinuar que el presidente Donald Trump podría “usar medios militares” para defender la libertad de expresión en el mundo. El miércoles, el juez del Supremo Luiz Fux, con un claro historial punitivista, sorprendió al arremeter duramente contra el propio proceso judicial contra Bolsonaro. Fux, cuyo voto negativo era esperado, afirmó que el Supremo no era el espacio apropiado para el juicio y comparó el proceso con la persecución de “brujas, herejes y judíos”, con palabras similares a las usadas por Donald Trump. El voto de Fux, celebrado por el Gobierno Trump, dio alas a los abogados de la defensa de Jair Bolsonaro y sirve de combustible para al ala radical del bolsonarismo.

“Lo conozco bastante bien, fue un buen presidente de Brasil”. afirmó Donald Trump tras una pregunta ante los medios en la Casa Blanca este jueves, informa Andrés Gil: “Es muy sorprendente que esto pudiera suceder. Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya. Pero solo puedo decir esto: lo conocí como presidente de Brasil, era un buen hombre”.

Giro trumpista

Con un tono virulento e irónico, Luiz Fuz justificó su voto a lo largo de una exposición de más de 13 horas. Los argumentos del ministro, que eximió a Jair Bolsonaro de cualquier responsabilidad en el intento de golpe de Estado, entraron en contradicción con la postura que hasta entonces venía defendiendo. Si el miércoles Fux calificó a los actos del 8 de enero de 2023 en Brasilia como fruto de una “turba desordenada”, en marzo les acusaba de graves incidentes antidemocráticos, como algo “repugnante” e “inaceptable”. Las contradicciones de Fux también fueron jurídicas. El ministro condenó con fundamentos semejantes a más de seiscientos reos implicados en los actos del 8 de enero de 2023 por los mismos crímenes imputados a Jair Bolsonaro.

Sin embargo, Fux sí votó a favor de condenar por intento de abolición del Estado democrático y de derecho a Walter Braga Netto (exministro de la Casa Civil) y a Mauro Cid (principal ayudante de órdenes del expresidente), que ha colaborado con la policía a lo largo del proceso para reducir su pena. “Condenar a quien cumple las órdenes de Bolsonaro y absolver a quien da las órdenes no tiene lógica. Es de una malformación jurídica absurda”, asegura Duda Salabert, diputada del Partido Democrático Trabalhista (PDT), en entrevista telefónica con elDiario. “El lado positivo de ese voto (contra Cid y Braga Netto) es que deja claro que sí hubo un intento de golpe en Brasil”, matiza Salabert.

Marcelo Crespo, coordinador del curso de derecho de la universidad ESPM de São Paulo, cree que el giro bolsonarista de Luiz Fux no tiene explicación jurídica. “Su cambio solo se puede ser entendido en clave política. Dio un triple salto mortal”, aseguró Crespo al periódico Estado de São Paulo. Algunos analistas políticos interpretan el voto de Fux como la semilla para ser ministro de Justicia en un futuro gobierno de Tarcísio de Freitas, el candidato más probable de la extrema derecha brasileña en las elecciones de 2026.

La ministra Carmen Lúzia, única mujer del Supremo en el juicio, enfatizó al comienzo de su intervención la excepcionalidad de la jornada en ciernes. “La presente acción penal es casi un encuentro de Brasil con su pasado, con su presente y con su futuro”, afirmó. A su vez, la ministra destacó que a partir de 2021 “nuevas prácticas antidemocráticas” empezaron a amenazar a Brasil, tal como apuntaba la acusación de la Fiscalía contra el expresidente Jair Bolsonaro y sus seguidores.

El juez Flávio Dino, interpelado por Carmen Lúzia, aseveró que el golpe militar de 1964 contaba con menos pruebas que el que el Supremo ha juzgado. Por su parte, Alexandre de Moraes, intervino para recalcar que las amenazas contra las instituciones democráticas y las amenazas concretas del expresidente Bolsonaro contra el Supremo no pueden ser consideradas libertad de expresión.

Tras una durísima crítica a los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023 (“no fueron un acontecimiento banal”), contra lo que denominó “la máquina del golpe” y de asegurar que el Supremo es la instancia apropiada para un juicio contra el intento de golpe de Estado, Carmen Lúzia votó a favor de la condena de los ocho acusados. Previsiblemente, el voto del ministro Cristiano Zanín, antiguo abogado del presidente Lula, será a favor de la condena. Incluso si fuera contraria, no alteraría el resultado.

Próximos pasos

El número de años de la sentencia de cada uno de los condenados en el juicio será calculado realizando una media de las peticiones de los magistrados del Supremo que votaron a favor. Alexandre de Moraes definirá el lugar en el que Jair Bolsonaro cumplirá su condena. Todo indica que el ex residente ingresará en el Complejo Penitenciario de Papuda, una región de máxima seguridad de Brasilia. De acuerdo con aliados próximos, Bolsonaro tiene pánico de entrar en dicha prisión y considera una humillación entrar en una prisión común, en lugar de una militar, según reveló Folha de São Paulo.

La defensa de Jair Bolsonaro, que recibió una bocanada de esperanza tras el voto de Luiz Fux, ya ha anticipado que pedirá su prisión domiciliar, debido a motivos de salud. Tras el denominado “acordão” de la condena (texto final), la defensa puede presentar diferentes recursos, aunque nada garantiza que sean aceptados. Posteriormente, pueden ser solicitados “embargos de la declaración”, en caso de divergencia en la pena propuesta por diferentes ministros o en el caso de que la defensa considere impresiones, contradicciones u omisión en la sentencia. La revisión de la sentencia es bastante improbable.

Jair Bolsonaro, que ya está cumpliendo prisión domiciliar por obstrucción de la justicia y riesgo de fuga del país, podría ingresar en prisión antes del fin de 2025.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro encabezó este martes en Brasilia una concentración de cientos de motoqueros, la primera vez que participó en un evento masivo desde que la Corte Suprema le impuso una serie de medidas cautelares, en el marco de su juicio por intento de golpe de Estado.

Bolsonaro asistió a este evento anual conocido como Moto Week, acompañado de su esposa Michelle y de varios diputados ultraderechistas, pero no pronunció discursos, ante la prohibición por parte del Supremo de usar redes sociales o de que terceras personas retransmitan declaraciones suyas por ese medio.

En la concentración, algunos motoqueros exhibieron carteles contra el magistrado del Supremo Alexandre de Moraes y contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, así como pancartas de apoyo al mandatario estadounidense, Donald Trump, en vísperas de que entrara en vigor el arancel del 50% de Estados Unidos sobre las exportaciones brasileñas.

Trump relacionó el arancel con el juicio a Bolsonaro, acusado de organizar un intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022 para mantenerse en el poder, un proceso que el líder norteamericano calificó como una “caza de brujas”.

En paralelo a la amenaza arancelaria, De Moraes le impuso al expresidente una tobillera electrónica y le prohibió el uso de redes sociales, al considerar que existía un riesgo de fuga.

Además, el magistrado señaló indicios de un delito de obstrucción de Justicia, debido a la campaña en Estados Unidos de Eduardo Bolsonaro, otro hijo del exmandatario, para que la Casa Blanca sancionara a los integrantes del Supremo involucrados en el juicio contra su padre.

Tras la imposición de las medidas cautelares, el expresidente realizó unas declaraciones a la prensa que fueron interpretadas como una afrenta por De Moraes, quien advirtió a Bolsonaro que podría ordenar su prisión preventiva en caso de reincidencia.

Desde entonces, el político ultraderechista mantuvo un perfil bajo, evitando hablar con la prensa y dar entrevistas.

El juicio por el intento de golpe sigue acumulando capítulos. El general retirado Mário Fernandes, exasesor de Bolsonaro, confesó ante la Corte Suprema ser el autor de un plan para asesinar al presidente Lula da Silva en 2022, parte de una estrategia más amplia para impedir su investidura. El plan, llamado “Puñal Verde y Amarillo”, también incluía posibles ataques al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez De Moraes.

La Fiscalía denunció que el documento con el plan fue impreso en el Palacio de Planalto y que Bolsonaro tuvo conocimiento directo del mismo. Según el fiscal general Paulo Gonet, el expresidente “siguió de cerca la evolución del esquema y la posible fecha de su ejecución total”.

Fernandes afirmó que rompió el documento y lo describió como un “pensamiento digitalizado”, aunque se mostró arrepentido. El juicio contra Bolsonaro podría celebrarse entre septiembre y octubre. Él sostiene que solo buscó “alternativas” dentro de la Constitución tras perder las elecciones.

Un plan golpista con sello militar y objetivo letal

La intentona de golpe de Estado contra Lula da Silva no solo buscó anular las elecciones de octubre de 2022, sino que también contempló el asesinato del entonces presidente electo. El general retirado Mário Fernandes, exmiembro del Gobierno de Jair Bolsonaro, admitió ante la Corte Suprema ser el autor del llamado plan “Puñal Verde y Amarillo”, que contemplaba eliminar físicamente a Lula, además de secuestrar o matar al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Supremo Alexandre de Moraes.

Según la Fiscalía, el documento con el plan fue impreso dentro del Palacio de Planalto y Bolsonaro fue informado del mismo, aunque el general afirma que rompió el texto poco después de redactarlo. La causa judicial ya involucra a 34 personas y se espera que el juicio oral contra el expresidente se realice entre septiembre y octubre de este año.

JJD, con información de EFE.

A 49 años del inicio del golpe genocida estamos en esta Plaza para decir todos juntos:

¡Son 30 mil detenidxs desaparecidxs!.

¡Fue y es genocidio!

¡No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos!

En el camino de los y las 30.000 seguimos levantando sus banderas de lucha contra la injusticia y la desigualdad y le decimos a Milei y a Villarruel:

¡EL PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO!

¡Basta de despidos a los trabajadores del sector público y privado!

¡Rechazamos el intento del gobierno de desmantelar el Estado y de privatizar los servicios y bienes comunes!

¡Exigimos el aumento de las jubilaciones ya!

Repudiamos el brutal ataque a lxs jubiladxs y todxs los que se manifestaron el miércoles 12 y el miércoles 19 en Congreso.

Hoy Pablo Grillo se debate entre la vida y la muerte. Abrazamos a su familia y exigimos, ¡Justicia para Pablo Grillo y castigo a los responsables! ¡Fuera Bullrich! ¡Derogación del protocolo anti-piquetes inconstitucional!

A 49 años del inicio de la última dictadura cívico-militar, seguimos exigiendo

¡Juicio y Castigo a todos los culpables!

¡Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas y partícipes civiles!

¡Basta de prisiones domiciliarias para los genocidas!

Urgente desclasificación de todos los archivos de todas las áreas del Estado desde 1974 a 1983 para avanzar con las investigaciones de los responsables de estos crímenes, el destino de los hijos e hijas de los detenidos desaparecidos apropiados durante el cautiverio de sus madres y el destino de los y las compañeras detenidas desaparecidas que todavía nos faltan.

Seguimos exigiendo que nos digan: ¿DÓNDE ESTÁN?

Hace casi 48 años luchamos para restituir la identidad a los cientos de bebés robados por la dictadura. La apropiación es una desaparición forzada y hasta tanto no se conozca la verdadera identidad, se sigue cometiendo.

Y no sólo la siguen sufriendo los nietos y nietas que todavía no han sido restituidos: también sus hijos e hijas, perpetuando la falsa genealogía impuesta por el terrorismo de Estado.

Además, sus familias legítimas, que los buscan desde hace más de cuatro décadas, tienen derecho a la verdad y al reencuentro, al igual que toda la sociedad.

El Estado debe garantizar la restitución de la identidad de los nietos y nietas.

Como siempre, pedimos a quienes tengan información para aportar sobre posibles nietos o nietas, se comuniquen con Abuelas. Y también a las personas con dudas sobre su identidad, que se animen a acercarse, tienen derecho a la verdad. En esta larga lucha llevamos 139 casos resueltos, hace apenas dos meses restituyeron la identidad un nieto y una nieta que nunca habían sospechado de su origen. Necesitamos de toda la sociedad para encontrarlos. Nunca es tarde.

Reivindicamos el rol histórico de nuestras Madres en el derrotero de las luchas populares por memoria, verdad y justicia.

Y con ellas decimos: ¡Aparición de Jorge Julio López, castigo a los responsables materiales y políticos de su desaparición en democracia! ¡Julio López, presente!

¡Libertad a Milagro Sala y a todos los presos y presas políticos!

¡Basta de represión y violencia institucional!

¡Basta de gatillo fácil, razias y detenciones arbitrarias, persecuciones, desapariciones y femicidios!

¡Basta de militarización de los territorios! ¡Exigimos el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, garantizando su educación intercultural bilingüe!

¡Exigimos el cese del hostigamiento, las torturas y las muertes en sitios de detención y encierro!

¡A más de 20 años de la Masacre de Avellaneda, exigimos juicio y castigo a los responsables políticos de los asesinatos de Darío Santillán y Maxi Kosteki!

¡Justicia por Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Facundo Castro, Elías Garay, Luis Espinosa, Facundo Molares, Florencia Morales y demás víctimas de la represión estatal!

¡Justicia por Iván Torres y Fernando Gómez, trabajadores de frontera asesinados en Salta y Jujuy!

¡Compañeros Mariano Ferreyra y Carlos Fuentealba, presentes!

Hace 48 años, Rodolfo Walsh difundía su Carta abierta a las juntas militares en la que denunciaba la miseria planificada, consecuencia del plan económico por entonces implementado. Conocemos bien a los que se beneficiaron con la sangre de los y las 30 mil: son los Blaquier, los Noble Herrera, los Pérez Companc, los Rocca, los Macri, la Ford, la Mercedes Benz, los Martínez de Hoz, entre tantos otros.

Hoy, son esos mismos grupos económicos los que se benefician del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, para implementar el mismo modelo económico de miseria y exclusión de la mayoría del Pueblo, con la exorbitante concentración del capital y una maximización de sus ganancias, arrasando con los derechos conquistados por nuestro pueblo.

Por eso decimos: ¡Derogación del DNU 70/23, la corrupta Ley Bases, las facultades delegadas y el RIGI!

¡Denunciamos la situación social de pobreza en la que viven cada vez más familias, el cierre o vaciamiento de políticas de asistencia a los más vulnerados!

Por eso le decimos no a la destrucción de la salud pública. Rechazamos la política de cierre y vaciamiento de hospitales y programas de salud. Como dijimos en las movilizaciones por la salud pública, y contra el cierre de la maternidad Estela de Carlotto, el hospital de salud mental Laura Bonaparte y el Hospital Posadas: vaciar es cerrar. Basta de despidos. ¡Reincorporación YA!

¡Defensa incondicional de la educación pública, gratuita y laica en todos los niveles! Denunciamos el desfinanciamiento de todos los niveles educativos mediante la pauperización de los salarios docentes y la falta de otorgamiento y/o ejecución de los subsidios públicos para el funcionamiento, infraestructura y producción de conocimiento de las instituciones educativas. Apoyamos las luchas del movimiento estudiantil y de los trabajadores docentes y no docentes de los tres niveles educativos. Gritamos una vez más: LA EDUCACIÓN DEL PUEBLO NO SE VENDE, SE DEFIENDE.

Denunciamos el vaciamiento y cierre de muchas políticas públicas solidarias y de asistencia en distintas áreas:

¡No a la entrega de los bienes comunes! Defendamos la tierra y el agua contra el extractivismo, el RIGI y la política que incendia o inunda nuestros territorios y persigue a nuestras comunidades.

Defendemos el derecho de asilo y refugio, contra todas las formas de persecución.

Exigimos justicia por las niñas Villalba asesinadas por el Ejército de Paraguay. ¡Aparición con vida de Lichita!

Defendemos las políticas de niñez y juventud que garanticen y amplíen los derechos de todos nuestros niños y niñas a la ciencia, la educación, la salud y la vivienda. Por la efectiva aplicación de las leyes de protección a las infancias, por niñeces y adolescencias libres de toda violencia.

¡Rechazamos la baja de edad de punibilidad y los proyectos de ley que criminalizan a los adolescentes!

FUERA EL FMI. La deuda es con el pueblo, plata para jubilaciones, medicamentos, empleo protección social, vivienda, salud y educación!

Exigimos a los tres poderes del Estado la anulación del decreto 70/23, la Ley bases, las Facultades delegadas en cumplimiento de la Constitución Nacional y decreto habilitante de las fuerzas armadas en inteligencia y seguridad interior.

PARO GENERAL Y PLAN DE LUCHA YA DE TODAS LAS CENTRALES SINDICALES. ¡Por aumento salarial, de jubilaciones y de programas sociales!

Estamos en esta plaza, con los 30 mil como bandera, con las Madres y las Abuelas, con los sobrevivientes de los campos de concentración, con los hijos, hijas y los nietos y las nietas, hermanos y hermanas de los detenidos desaparecidos y con el conjunto de organismos de derechos humanos para decirle a Milei: LA MEMORIA ES NUESTRA HERRAMIENTA

Tenemos la fuerza de la historia de nuestro pueblo, y por eso Milei y Villarruel pretenden negar el genocidio y desmantelar las conquistas en materia de Memoria, Verdad y Justicia.

¡Basta de negacionismo y apologismo del genocidio perpetrados por el gobierno nacional, armado y orquestado por Villarruel!

¡Denunciamos el vaciamiento y desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y los sitios de memoria! y de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y el hostigamiento y precarización del Banco Nacional de Datos Genéticos.

¡Exigimos la preservación de los Espacios para la Memoria que funcionan en los lugares donde hubo centros clandestinos de detención, tortura y exterminio y el cuidado de las pruebas materiales de la represión! Denunciamos la censura y el acoso permanente a los pocos trabajadores y trabajadoras que quedaron sosteniendo estos espacios a los que les prohíben realizar actividades, centrales para el sostenimiento de la Memoria.

Para les ex preses polítiques, exiliades, hijes y sobrevivientes que reciben pensiones mínimas y no tienen obra social. Por la continuidad de los juicios a los genocidas.

Abajo la legislación represiva: ley antiterrorista, protocolo Bullrich y baja de la edad de imputabilidad. Derogación de la reforma inconstitucional del código penal: las leyes de reiterancia, reincidencia, anti-mafia, y decreto habilitante de las fuerzas armadas en inteligencia y seguridad interior.

Basta de discursos de odio y misóginos de los Trump y los Milei.

Por una Palestina libre. Repudiamos el genocidio en Gaza

Los movimientos feministas, transfeministas y LGBT+ conquistamos nuestros derechos en las calles y en las calles los vamos a defender.

En defensa del aborto libre. legal, seguro y gratuito, Del cupo laboral travesti trans, de la ESI y de la Leyes que garantizan el derecho a la identidad de género.

Contra el racismo, la xenofobia y la política fascistizante del gobierno. Basta de atacar y perseguir a lxs migrantes, jóvenes y pueblos originarios.

¡BASTA MILEI!

¡FUERA BULLRICH!

¡¡¡Nunca más es nunca más!!!

¡NUNCA MÁS EL SILENCIO!

¡30.000 detenidos desaparecidos, presente!

¡Ahora, y siempre!

Firman los siguientes organismos de derechos humanos:

Organismos de derechos humanos integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia

ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS PERTENCIENTES AL ENCUENTRO MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

La masiva movilización tuvo presencia de organizaciones como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo e HIJOS, además de agrupaciones políticas como como La Cámpora, con la presencia de Máximo Kirchner; el Frente Renovador y el Partido Obrero, a los que se sumaron sindicatos y los dirigentes gremiales Hugo y Pablo Moyano.

Cabe destacar que luego de 20 años de actos separados en la plaza, todos estos espacios compartieron escenario en el acto central.

El acto se había iniciado con unas palabras de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien reclamó que el Estado siga garantizando “la restitución de la identidad de los nietos y nietas” de desaparecidos durante la última dictadura militar.

La acompañaron sobre el escenario Elia Espen, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.

“Luchamos para restituir la identidad a los cientos de bebés robados por la dictadura. La apropiación es desaparición forzada y hasta tanto no se conozca la verdadera identidad se sigue cometiendo”, sostuvo Carlotto.

Carlotto resaltó que desde Abuelas llevan “139 casos resueltos” y “hace apenas dos meses restituyeron la identidad de un nieto y una nieta que nunca habían sospechado de su origen”.

“Necesitamos de toda la sociedad para encontrarlos a todos. Nunca es tarde”, completó, ante una plaza colmada.

Posteriormente, se leyó sobre el escenario el documento de las organizaciones convocantes. .

“En el camino de los y las 30.000 seguimos levantando sus banderas de lucha contra la injusticia y la desigualdad y le decimos a Milei y a (Victoria) Villarruel: el pueblo unido jamás será vencido. Basta de despidos a los trabajadores del sector público y privado”, expresaron las organizaciones.

Y completaron: “Rechazamos el intento del gobierno de desmantelar el Estado y de privatizar los servicios y bienes comunes”.

También se protestó contra la mayoría de las iniciativas que implementó el gobierno libertario en casi un año y medio de gestión, por lo que se reclamó la “derogación del DNU 70/23, la corrupta Ley Bases, las facultades delegadas y el RIGI”.

Y apuntaron contra la “ley antiterrorista, protocolo Bullrich y baja de la edad de imputabilidad, la reforma inconstitucional del código penal, las leyes de reiterancia, reincidencia, anti-mafia, y decreto habilitante de las fuerzas armadas en inteligencia y seguridad interior”.

“Hace casi 48 años luchamos para restituir la identidad a los cientos de bebés robados por la dictadura. La apropiación es una desaparición forzada y hasta tanto no se conozca la verdadera identidad, se sigue cometiendo”, plantearon los organizadores.

Y agregaron: “Le decimos ´no´ a la destrucción de la salud pública. Rechazamos la política de cierre y vaciamiento de hospitales y programas de salud. Como dijimos en las movilizaciones por la salud pública, y contra el cierre de la maternidad Estela de Carlotto, el hospital de salud mental Laura Bonaparte y el Hospital Posadas”.

“Tenemos la fuerza de la historia de nuestro pueblo, y por eso Milei y Villarruel pretenden negar el genocidio y desmantelar las conquistas en materia de Memoria, Verdad y Justicia. Basta de negacionismo y apologismo del genocidio perpetrados por el gobierno nacional, armado y orquestado por Villarruel”, señaló el texto cerca de su final.

Una vez concluida la lectura del documento, empezó la desconcentración de la multitudinaria marcha, en el marco de un operativo de seguridad de poco despliegue, sin que se aplicara el protocolo “antipiquetes” de Patricia Bullrich.

Durante la jornada, las columnas fueron llegando desde distintas direcciones. La Campora inició su recorrido desde la ex ESMA con Máximo Kirchner a la cabeza. Ahí, el presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires participó de una ceremonia de restitución de una imagen de su padre bajando los cuadros de los jefes de la Junta Militar de la última dictadura, la cual había sido retirada por el Gobierno nacional.

Junto a Kirchner marcharon referentes políticos como el líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, y del Movimiento Evita, Emilio Pérsico; el senador nacional Eduardo “Wado” De Pedro; los diputados nacionales Vanesa Siley y Sergio Palazzo; los intendentes Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno) y Federico Achaval (Pilar); y los dirigentes Juan Otermín, Lucía Cámpora, Leonardo Grosso y Daniela Vilar; entre otros.

También dió el presente el Frente de Izquierda. Su referente Myriam Bregman sostuvo que detrás del discurso del Gobierno y de “la derecha” sobre la “memoria completa” hay “una búsqueda de impunidad”. Para la líder del PTS y ex candidata presidencial, “quieren tener las manos libres para cuando las clases dominantes de este país, que nunca han dudado en recurrir a la represión más cruel para defender sus intereses económicos, los quieran volver a usar”, advirtió Bregman.

“La masividad de la movilización debe entenderse como un pronunciamiento de una parte muy importante del pueblo en rechazo a la política de gobierno actual, porque el 24 de marzo no es sólo una marcha de recuerdo del Golpe de Estado, es por sobre todas las cosas una marcha por el presente. Vamos con el Encuentro Memoria Verdad y Justicia y allí planteamos abiertamente la necesidad de profundizar el plan de lucha y preparar una gran movilización para terminar con este gobierno”, planteó Gabriel Solano, legislador porteño y dirigente del Partido Obrero.

También estuvo presente en las calles el líder del gremio Camioneros, Pablo Moyano, donde sostuvo que más allá de las “diferencias” que tienen los sectores que convocan “hoy dieron prioridad a la unidad”. “Lo importante es estar en la calle y acompañar a los que más sufren”, recalcó.

A su vez, reafirmó la asistencia del gremio en la marcha de los jubilados del 9 de abril próximo, donde van a estar “apoyando”, y agregó que el paro nacional que convocó la Confederación General del Trabajo (CGT) para el jueves 10 de abril tiene que ser “un parazo general”.

El hijo de Hugo Moyano repudió también el DNU que consiguió el oficialismo en Diputados para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).“El pueblo trabajador tiene que repudiar a los diputados traidores de Tucumán, Catamarca y Salta, que son los que dieron el apoyo para este endeudamiento”, dijo.

MP/MU con información de NA.

Hay algo circular en la historia de la dependencia que debemos recordar en fechas como esta… Detrás de las guerras fratricidas del siglo diecinueve, del horror y la tortura de la dictadura genocida, detrás de la represión y el hostigamiento de hoy, existió siempre un proyecto político-económico. Hemos denominado semejante proyecto de distintas formas durante los últimos tres siglos porque, lógicamente, han cambiado las circunstancias y los actores.

Mucho tiempo hablamos, acertadamente, de modelo librecambista, oligárquico, neoliberal. Aunque aún nos falta un término adecuado para describir la monstruosidad económica plutocrática del régimen anarcocapitalista, sigue en la misma línea. Hay un núcleo doctrinal detrás de todas estas nominalizaciones que implica la supremacía del dinero sobre la sociedad.

Sin embargo, existe una capa más profunda que las definiciones que describen determinada política económica no necesariamente reflejan. Me refiero al carácter colonial de todos esos proyectos. En todos los casos, nuestras élites locales aceptaban obscenamente actuar como peones de poderes internacionales para conservar sus privilegios.

La subordinación de las élites locales —económicas, militares, políticas y judiciales— al poder internacional —representado por las acciones imperialistas angloamericanas, estrechamente relacionadas con la desposesión económica que practican los monopolios internacionales— es la nota fundamental de los proyectos antipopulares. Esto sucedió antes, esto sucede ahora.

La violación a los derechos humanos, los golpes de Estado y la persecución de los dirigentes populares nunca han sido un fin en sí mismo, sino el medio para imponer un proyecto. Desde luego, se trata de procedimientos sádicos e inhumanos que ofenden la conciencia humana por sí mismos, pero han sido siempre medios. No debemos olvidar esto.

Walsh lo decía con claridad: “Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.”

Estas políticas económicas —dice Walsh—, “dictadas por el Fondo Monetario Internacional [...] sólo reconocen como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales”. El Fondo Monetario Internacional es el instrumento “moderno” para la aplicación de la Doctrina Monroe, que establece que nuestra patria grande debe ser el patio trasero de los Estados Unidos. Tal doctrina se actualiza con los reiterados momentos de división de “esferas de influencia” entre las grandes potencias. Pasó en Yalta, está pasando hoy.

La geopolítica terrorista que el Estado norteamericano promovió tantas veces en la historia siempre giró en torno a un eje estratégico: mantener a Latinoamérica en situación permanente de dependencia y dominación. Los métodos fueron variando, pero el objetivo ha sido el mismo.

El desarrollo táctico y la ejecución operativa de tal agenda están demostrados por la historia: el rol de la Foreign Office y Lord Ponsonby, Truman y Braden, Kissinger y el Plan Cóndor, Bush y el ALCA, Trump y el FMI… todo eso está ampliamente probado por los propios documentos desclasificados en EE.UU. y los diversos leaks de los últimos años.

Todos los períodos en los que las masas populares y sus líderes lograron encarar proyectos patrióticos de soberanía política e independencia económica fueron fieramente atacados por estos poderes: Manuel Dorrego, Rosas, Yrigoyen, Perón y Evita, Néstor y Cristina Kirchner; también, aunque en mucha menor medida, Frondizi, Illia y Alfonsín.

Naturalmente, la reciente prohibición de ingreso a los EE.UU. a Cristina Fernández de Kirchner se inscribe en esta constante histórica. Es, como describió acertadamente un periodista del diario Clarín, una ayuda al gobierno colonial de Javier Milei contra su principal enemiga, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El próximo gesto será menos simbólico: un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional. El Sísifo argentino tendrá que cargar varias toneladas más que el imperialismo pone sobre nuestras espaldas para que, al igual que Macri, Milei tenga un tiempito más para entregar nuestros recursos estratégicos y engrosar las cadenas de la dominación.

En efecto, todos estos favores a los gobiernos proimperialistas no son gratuitos, no son devoluciones de cortesía, no son muestra de simpatía: son mecanismos de entrega y dominación político-económica. El imperialismo —estatal y corporativo— viene a imponer un nuevo ciclo de endeudamiento, extracción y descapitalización de nuestro país que, por sus siglas, podemos denominar un Nuevo ALCA:

Lo han expresado sin tapujos distintos diplomáticos y militares norteamericanos en actos con Javier Milei, donde se anunció la entrega de nuestros pasos al continente antártico o nuestras vías fluviales estratégicas. En actos de este estilo, además de aprobar abiertamente un nuevo estatuto del coloniaje, el alineamiento automático de nuestro país con Estados Unidos en las Naciones Unidas nos coloca como un enclave diplomático de la gran potencia.

Es dable destacar que los múltiples viajes de Milei a los EE.UU. lo colocan, además, como bufón de la corte imperial. Nunca un argentino humilló de tal forma la investidura presidencial, lamiendo en infinidad de viajes las botas de plutócratas y autoridades políticas. Se trata de una traición a la patria tan evidente que algún fiscal debería actuar de oficio. No va a suceder… lo que sí sucederá es otra constante histórica: Roma no paga traidores. Lo van a usar, lo van a tirar. Para un ejemplo contemporáneo, véase lo ocurrido con Zelensky.

Es coherente con esta historia de dominación que las instituciones que supervisan el cumplimiento de la doctrina de subordinación del patio trasero y primacía de los intereses geopolíticos y económicos imperiales incentiven la aplicación de mecanismos represivos y persecución político-mediático-judicial contra quienes sostenemos un proyecto independiente, soberano, justo y humano; diplomáticamente multipolar, geopolíticamente latinoamericanista y económicamente autónomo.

Nuestra tarea, en un día de lucha por la memoria, la verdad y la justicia, es recordar junto a Walsh quiénes son las verdaderas víctimas del peor crimen de los entreguistas: el pueblo, entregado a las peores calamidades y sufrimientos —la miseria planificada, la destrucción de sus niños, la creciente exclusión, el caos permanente, el avance de narcoestructuras. La tarea, entonces, es sostener las banderas de los que nos precedieron en la lucha con unidad y coherencia, para reconstruir una Argentina Humana.

El publicista Fernando Cerimedo, asesor de la campaña presidencial de Javier Milei, fue acusado este jueves por la Policía Federal de Brasil por supuestamente haber participado del golpe de Estado que intentó impedir la asunción de Luiz Inacio Lula da Silva en 2022, de acuerdo al medio O Globo. 

Cerimedo es el único extranjero entre los 37 imputados por la Policía Federal brasileña en la investigación que apunta a una presunta organización criminal que actuó de manera coordinada en el intento golpista de retener a Bolsonaro tras su derrota en las elecciones de hace dos años. 

La investigación comenzó en 2023 y concluyó dos días después de que la Policía Federal de Brasil detuviera a cuatro militares y un policía federal acusados de intentar asesinar a Lula, entre otros.

Además de apoyar informalmente la campaña de reelección de Jair Bolsonaro (PL) en 2022, Cerimedo actuó como consultor externo y coordinador de estrategia digital para la campaña de Milei a la presidencia en 2023. A diferencia de Bolsonaro, Milei ganó las elecciones.

Campaña en Brasil

O Globo sostuvo en su artículo que Cerimedo participó activamente en la campaña de desprestigio de las elecciones en las que Bolsonaro fue derrotado en 2022. “En un live, el influencer presentó acusaciones apócrifas y falsas sobre las máquinas de votación electrónica para justificar el hecho de que el candidato del PL obtuvo menos votos que Lula”, publicó el medio brasileño.

Una de las acusaciones del vídeo, sin pruebas, es que algunas de las urnas, fabricadas antes de 2020, no habían sido auditadas. Sin embargo, la información es falsa.

“En el mismo video, Cerimedo también dice que algunas máquinas de votación tendrían dos programas ejecutándose en paralelo, ya que tienen dos registros. La información también carece de prueba, ya que una misma máquina puede generar más de un registro si, por ejemplo, el servidor del Tribunal Electoral ingresa un número incorrecto al ingresar la contraseña”, informó O Globo.

Cómo sigue

La Policía Federal de Brasil acusó a Bolsonaro, Braga Netto y Cid, entre otros, de participar en un supuesto complot golpista que intentó quitarle el mandato al presidente electo en 2022.

La Policía Federal brasileña presentó el informe con las acusaciones ante el Supremo Tribunal Federal (STF), equivalente a la Corte Suprema en Brasil. Ah/ora, el ministro encargado del caso, Alexandre de Moraes, deberá enviar el material para su análisis a la Procuraduría General de la República (PGR).

Si la Procuraduría entiende que existen elementos suficientes que demuestran la participación en los hechos, presentará una denuncia contra los involucrados ante los tribunales, explicó O Globo. Sólo si la denuncia es aceptada por el Superior Tribunal Federal, Bolsonaro y sus asistentes se convertirían en acusados ante la Justicia.

La investigación se centra en las amenazas que se sucedieron después de la elección de Lula -venciendo a Bolsonaro en las urnas- y hasta poco después de que asumiera el cargo. Se centra en los discursos de altas autoridades del gobierno de Bolsonaro para desacreditar la máquina de votación electrónica y al Tribunal Superior Electoral, así como en las “actas del golpe” encontradas en la casa del ex ministro Anderson Torres, en el celular de Mauro Cid y en la sede del PL en Brasilia. También, en el plan revelado por la Operación Contragolpe el pasado martes, que incluía el asesinato de autoridades.

Los actos golpistas del 8 de enero de 2023, aunque también están relacionados con un intento de derrocar a Lula de la Presidencia de la República, son investigados en una investigación separada, informó O Globo.

ED/DTC

El Gobierno argentino repudió la “falsa denuncia” de golpe de Estado en Bolivia contra el presidente de ese país, Luis Arce, y lo calificó como “fraudulento”, mientras citó informes de inteligencia.

Por medio de un comunicado difundido por la cuenta de “La Oficina del Presidente”, utilizada como canal oficial, sostuvo sobre los hechos ocurridos el pasado miércoles en La Paz, con la irrupción de militares en la Casa de Gobierno del país vecino.

“La Oficina del Presidente repudia la falsa denuncia de Golpe de Estado realizada por el Gobierno de Bolivia el día miércoles 26 de junio, y confirmada como fraudulenta en el día de la fecha”, sostuvo el comunicado difundido en la red social X.

Además, señaló que “gracias a los reportes de inteligencia, el Gobierno Nacional mantuvo la calma y la serenidad frente a los hechos denunciados” y se advirtió que “el relato difundido era poco creíble y los argumentos no encajaban con el contexto socio- político del país latinoamericano”, al destacar que en el país vecino, el partido gobernante “controla el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y las fuerzas armadas”.

Por otro lado, alertó que “hace tiempo que la democracia boliviana está en peligro. No por un golpe de estado, sino porque históricamente los gobiernos socialistas derivan en dictaduras” y puso como ejemplos a “Cuba, Venezuela, Nicaragua y Corea del Norte”.

Asimismo, la Oficina del Presidente recordó que en Bolivia “hay más de 200 presos políticos, incluida la ex presidenta interina Jeanine Áñez Chávez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca”. .

Por último, se marca que “la República Argentina espera que prevalezca la democracia que hace años está siendo atacada en el Estado Plurinacional de Bolivia, e insta a las fuerzas políticas de ese país a garantizar el Estado de Derecho en su territorio”.

Unidades militares el miércoles se movilizaron a La Paz el miércoles pasado. El comandante militar del país reunió tropas en la plaza principal de La Paz y embistió la puerta del palacio con un vehículo blindado para permitir que los soldados entraran corriendo al edificio. Los soldados finalmente se retiraron y la policía recuperó el control de la plaza.

Arce denunció el intento de golpe y rápidamente nombró a nuevos líderes militares. Los ex comandantes de las fuerzas armadas y de la Armada, Juan José Zúñiga y Juan Arnez Salvador, fueron arrestados como acusados de encabezar la intentona.

Ambos, podrían enfrentar penas de prisión de entre 15 y 30 años. En total 17 personas han sido detenidas.

Voces opositoras criticaron al presidente Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel por no pronunciarse contra el intento de golpe denunciado por el Gobierno del país vecino.

Con información de agencias.

IG

“No podemos permitir que una vez más intentonas golpistas se lleven vidas bolivianas”, dijo Luis Arce en una declaración junto a todo su gabinete. El presidente de Bolivia saludó a las organizaciones sociales y las invitó a que “devuelvan el camino de la democracia al pueblo boliviano”.

Arce, que pidió a las fuerzas armadas que depongan las armas, realizó un comunicado junto a todo su gabinete de ministros en el que aseguró que están “firmes” en Casa Grande (la sede del Ejecutivo boliviano) “contra el golpe”.

Tras el intento de golpe de Estado liderado por el ex general Juan José Zúñiga, el presidente boliviano realizó un acto para nombrar al nuevo alto mando militar El general de división José Wilson Sánchez Velázquez fue nombrado nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia por el propio presidente.

“Es una gran responsabilidad que recae en nosotros”, dijo en sus primeras palabras de agradecimiento tanto al presidente como al ministro de Defensa. Tras ello, ordenó a todos los militares que se encuentran en las calles que vuelvan a los cuarteles.

Además de al comandante del Ejército, Arce también nombró al general Gerardo Zabala como nuevo comandante de la Fuerza Aérea Boliviana y al subalmirante Renan Wilson Guardia como comandante general de la Armada Boliviana.

Tras la orden del nuevo Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia para que las tropas volvieran a sus unidades, unos minutos después los soldados apostados en la plaza de Murillo de la capital boliviana comenzaron a abandonar la zona, que ha sido progresivamente ocupada por centenares de bolivianos en apoyo al presidente Arce.

Los ciudadanos de La Paz, tras la retirada de las tanquetas militares, han celebrado el fracaso del golpe de Estado liderado por el general depuesto Juan José Zúñiga con gritos de “democracia, democracia” o “Luis, amigo, el pueblo está contigo”.

Evo exige un proceso penal

Por su parte, el expresidente boliviano, Evo Morales, exigió en un mensaje en la red social X que, además del cambio del Alto Mando Militar, que ordenó el presidente Arce, se debe proceder con un “proceso penal” y la “baja” del general responsable por el intento de golpe de Estado, en cumplimiento con la Constitución boliviana y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.

El Gobierno de Bolivia terminó con el intento de golpe de Estado militar encabezado por el ya depuesto comandante general Juan José Zúñiga contra el Ejecutivo de Luis Arce. El propio presidente Arce había denunciado este miércoles “movimientos irregulares” de militares frente a la sede del Gobierno en la ciudad de La Paz.

Horas después, en el mismo llamado palacio gubernamental cercado por los golpistas y por una de cuyas puertas irrumpió una tanqueta, el presidente Arce y su vicepresidente, David Choquehuanca, se dirigían a la ciudadanía que había expulsado a los militares.

La Fiscalía General decretó una “alerta migratoria” contra Zúñiga para evitar que pueda abandonar el país. La Fiscalía también anunció que abrirá una “investigación penal” en contra de Zúñiga y todos los militares que participaron en la movilización “irregular” de soldados fuertemente armados que ingresaron “por la fuerza” a la sede del Gobierno de Bolivia en La Paz.

Poco tiempo después, fue capturado Zúñiga, el destituido jefe militar que lideró el “intento de golpe de Estado” en Bolivia: Zúñiga, acusado de un “intento de golpe de Estado” en contra del Gobierno del presidente boliviano, Luis Arce, fue capturado al salir de la sede del Estado Mayor de Bolivia a las 19.00 hora local, después de comandar a un grupo de militares que con tanques irrumpieron en la sede del Ejecutivo en la ciudad de La Paz.

“Estamos firmes en Casa Grande [sede del Ejecutivo] para enfrentar todo intento golpista, todo intento que atente contra nuestra democracia, necesitamos que el pueblo se movilice y organice en contra del Golpe de Estado, que se movilice a favor de la democracia”, dijo Arce desde la sede del Gobierno boliviano rodeado de su gabinete al completo: “No podemos permitir que, una vez más, intentonas golpistas se lleven vidas bolivianas [recordando el golpe de  Jeanine Áñez contra Evo Morales en 2019]. Queremos exhortar a todos a que defendamos la democracia. Y aquí estamos, firmes en Casa Grande, con todo el gabinete. Saludamos a las organizaciones sociales y las invitamos cordialmente a que nuevamente muestren el camino de la democracia al pueblo boliviano”.

Y así fue. Minutos después de que el propio Arce nombrara en la sede del Ejecutivo a nuevos comandantes del Ejército boliviano en medio del intento de golpe de Estado por parte de Juan José Zuñiga, los militares abandonaban el centro de La Paz. José Wilson Sanchez asumió el cargo en remplazo del golpista, y el personal militar que se había unido al ataque contra el Ejecutivo boliviano, también comenzó la retirada hacia sus unidades militares, después de que el nuevo comandante llamara a restablecer el orden y mandó replegarse a todo el personal militar movilizado.

Después de que se iniciara la retirada de los tanques y de los militares golpistas, la ciudadanía entonó el himno nacional en las inmediaciones de Plaza Murillo.. “Estamos en la calle para defender el proceso de cambio, para defender a la democracia y decirle al presidente Luis Arce que no está solo”, expresó uno de los manifestantes ante la prensa. Mientras, la multitud coreaba “Lucho no está solo”.

Gran parte de los presidentes de América Latina expresaron su apoyo al orden constitucional en Bolivia, desde Lula da Silva, en Brasil, hasta Luis Lacalle Pou, en Uruguay. La Casa Blanca también manifestó su preocupación por la intentona golpista.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, expresó la condena de la UE al “intento de quebrantar el orden constitucional en Bolivia”.

En efecto, varios tanques y militares fuertemente armados ocuparon este miércoles la plaza frente a la sede del Ejecutivo boliviano, después de que el depuesto comandante general del Ejército amenazara con tomar el edificio.

Los militares en la plaza Murillo estaban armados, encapuchados y con cajas de municiones de gases lacrimógenos y se informó de varias personas heridas. Las imágenes mostraron cómo una tanqueta tiraba las puertas de la sede del Ejecutivo de Bolivia y entraba al interior, después de que el depuesto Zúñiga amenazara con tomar el Gobierno y cambiar el gabinete“.

“Seguramente pronto va a ver un nuevo Gabinete”, había anunciado Zúñiga a la prensa, según informó Los Tiempos, desde el centro del poder político en La Paz, la plaza Murillo, horas antes de salir corriendo de allí al fracasar su asonada: “Va a haber un nuevo Gabinete. Se va a cambiar ministros, pero no puede seguir así nuestro Estado, haciendo lo que le da la gana. Estamos mostrando nuestra molestia, es deber, obligación que sus Fuerzas Armadas otra vez recuperen esta patria, basta de empobrecer la patria y humillar al Ejército. Están los tres comandantes de las fuerzas. Hemos venido a manifestar nuestra molestia”, dijo. “Vamos a tomar” la Casa Grande afirmó: “No puede ser que la lealtad de los comandante se pague con deslealtad, nunca con el pueblo, no nos vamos a enfrentar”. Y añadió que coordinaron la toma con unidades policiales. Preguntado por si reconoce la autoridad del presidente Luis Arce, respondió: “Por el momento”.

Zuñiga también anunció que “liberará a todos los presos políticos” como la expresidenta golpista de 2019 Jeanine Añez, y “restablecerá la democracia” en el país. “Liberaremos a Añez [al gobernador golpista de Santa Cruz, Luis Fernando] Camacho, militares presos”, indicó a los medios Zuñiga frente a la sede del Gobierno a la par de un tanque.

La propia Áñez censuró el pronunciamiento militar: “Repudio total a movilización de Militares en plaza Murillo pretendiendo destruir el orden constitucional, el MAS con Arce y Evo deben irse a través del voto el año 2025. Los bolivianos defenderemos la democracia”. 

El depuesto comandante Zúñiga es quien amenazó este miércoles con tomar la sede del Ejecutivo boliviano mientras transitaba en un tanque, según se observó en la transmisión de medios locales de televisión, mientras el presidente del país denunció movilizaciones irregulares de tropas en la capital.

El propio Arce encaró a Zúñiga en la puerta de la Casa Grande del Pueblo, sede del Gobierno, y le ordenó “replegar” a los militares que lo acompañaban. “Repliegue todas estás fuerzas es una orden”, le gritó Luis Arce a Zuñiga. Horas después, los tanques y el grupo de las Fuerzas Armadas se retiraron.

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019), así mismo, había avisado este miércoles de que se estaba gestando un “golpe de Estado” en el país después de que se conociera un despliegue de tanques y militares fuertemente armados frente a la sede de Gobierno en la ciudad de La Paz. 

Morales también convocó a una “movilización nacional para defender la democracia” y acusó a Zúñiga de estar a la cabeza de la operación militar.

Respaldo internacional a Arce

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó desde Paraguay que el organismo no tolerará “ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia”, tras el despliegue de militares frente a la sede de Gobierno en La Paz.  “La Secretaría General de la OEA condena de la forma mas enérgica estas acciones del Ejército boliviano, el mismo deberá someterse a la autoridad civil como manda la Carta Democrática Interamericana”, afirmó Almagro. 

Del mismo modo, expresó su “solidaridad con el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora”. “La comunidad internacional, la OEA, la Secretaría General de la OEA, no toleraran ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia ni en ningún otro lugar”, agregó.

Estados Unidos, a su vez, dijo estar “siguiendo de cerca” la situación en Bolivia e insta a la “calma y moderación”, afirmó este miércoles a EFE una portavoz de la Casa Blanca en una breve declaración escrita. La portavoz se refirió a la “situación en Bolivia” pero no utilizó la designación de “golpe de Estado” para describir el hecho de que un sector del Ejército boliviano se alzara contra el Gobierno democrático de Arce y una tanqueta entrara a la fuerza a la sede del Ejecutivo en La Paz. “Estados Unidos está siguiendo de cerca la situación en Bolivia e insta a la calma y moderación”, dijo la representante de la Casa Blanca.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, subrayó el miércoles por la noche que España condena “rotundamente” los movimientos militares en Bolivia. “España condena rotundamente los movimientos militares en Bolivia. Enviamos al Gobierno de Bolivia y a su pueblo nuestro apoyo y solidaridad y hacemos un llamamiento a respetar la democracia y el estado de derecho”, ha afirmado Pedro Sánchez en un mensaje en X.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha afirmado: “Todo el apoyo y solidaridad con el pueblo boliviano, víctima de un nuevo intento de golpe. La democracia y la Constitución deben prevalecer. La comunidad internacional debe emitir la más rotunda condena”.

Poco después de que se conociera el intento de golpe de estado en Bolivia, gran parte de los jefes de estado de América Latina, pero también la Casa Blanca y el presidente del Gobierno español, expresaron de inmediato su repudio al accionar del comandante general del Ejército de ese país, Juan José Zúñiga, quien este miércoles amenazó con tomar la sede del Gobierno y cambiar el gabinete. Sin importar su ubicación ideológica, los mandatarios salieron a manifestarse en defensa del orden constitucional. Lo hicieron desde el uruguayo Luis Lacalle Pou y el colombiano Gustavo Petro, hasta Lula da Silva y el chileno Gabriel Bóric.

“Estados Unidos está siguiendo de cerca la situación en Bolivia e insta a la calma y moderación”, aseguró a EFE la representante de la Casa Blanca en referencia a lo que el presidente Arce, denunció como un “golpe de Estado”.

El Gobierno de Brasil, por medio de la Cancillería condenó “en los más firmes términos” el intento de golpe de Estado y manifestó su apoyo y solidaridad con el presidente Luis Arce. En un comunicado, la Cancillería ratificó su “compromiso con la plena vigencia de la democracia en la región” y apuntó que el despliegue de tropas en el palacio presidencial en La Paz es “incompatible” con las obligaciones internacionales de Bolivia

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien es un aliado internacional de Arce, añadió en un comentario en redes sociales que su posición es “clara” y que quiere que la democracia “prevalezca” en la región.

Minutos antes, Lula había dicho en breves declaraciones a la prensa que “en América Latina, los golpes nunca funcionaron”.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, manifestó su “preocupación” por el intento de un golpe de un sector del Ejército boliviano en la ciudad de La Paz. 

“Expresamos nuestro apoyo a la democracia en el hermano país y al gobierno legítimo de Luis Arce. Condenamos enérgicamente la inaceptable acción de fuerza de un sector del ejército de ese país”

“América Latina debe unirse a favor de la democracia. La embajada de Colombia debe otorgar refugio a los perseguidos. No habrá ninguna relación diplomática de Colombia con la dictadura”, dijo en su cuenta de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien rechazó el “golpe militar en Bolivia” e invitó “a todo el pueblo boliviano a la resistencia democrática”.

Uno de los primeros en salir en repudio de la intentona golpista fue el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. “Condenamos enérgicamente los hechos en desarrollo en Bolivia protagonizados por un sector de sus FFAA, que atentan contra su orden democrático y constitucional. Expresamos nuestra solidaridad con el legítimo gobierno del Presidente @LuchoXBolivia”“, dijo.

En Perú, el primer ministro Gustavo Adrianzén, interrumpió una conferencia de prensa apenas le informaron sobre el ingreso del blindado a la sede del gobierno boliviano. Allí aseguró:Conocedores de los hechos que están ocurriendo ahora mismo en la hermana República de Bolivia, queremos expresar nuestro más profundo rechazo a cualquier intento de quebrantamiento del estado de derecho“.

En España, el repudio al alzamiento liderado por Zuñiga fue repudiado tanto por el Gobierno como la oposición del Partido Popular. “España condena rotundamente los movimientos militares en Bolivia. Enviamos al Gobierno de Bolivia y a su pueblo nuestro apoyo y solidaridad y hacemos un llamamiento a respetar la democracia y el estado de derecho”, sostuvo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. En tanto, el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, agregó que “no se puede quebrantar el orden constitucional en Bolivia. La democracia debe respetarse”.

Además, el el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación español emitió un comunicado en el que subraya que “el Gobierno de España condena los movimientos militares en Bolivia y cualquier intento de ruptura del orden constitucional y la democracia de ese país hermano”.

“España condena rotundamente los movimientos militares en Bolivia. Enviamos al Gobierno de Bolivia y a su pueblo nuestro apoyo y solidaridad y hacemos un llamamiento a respetar la democracia y el estado de derecho”

La canciller mexicana, Alicia Bárcena, pidió este miércoles respetar “el orden democrático” ante la crisis en Bolivia. “Apoyo incondicional y solidaridad al presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia @LuchoXBolivia (Arce) y a su pueblo”, agregó.

La Cancillería de Panamá señaló en su cuenta de X que, “como país respetuoso de los valores y principios democráticos, expresa su más enérgico rechazo a los acontecimientos suscitados en Bolivia, tras la irrupción de las fuerzas militares en el Palacio de Gobierno y se mantiene vigilante al desarrollo de los hechos”.

Con información de EFE

Los militares fuertemente armados que tiraron con un tanque las puertas de la sede de Gobierno de Bolivia bajo el mando del que hasta hoy era el comandante general del Ejército boliviano Juan José Zuñiga, decidieron retirarse después de que el presidente boliviano, Luis Arce, cambiará a todo el alto mando militar tras lo que consideró como un “intento de golpe de Estado”.

Zuñiga, que amenazó en un mensaje con cambiar el “gabinete de Gobierno” para “establecer” la democracia en Bolivia, encabezó la movilización de un grupo de militares, lo que el presidente Luis Arce consideró como un “intento de golpe de Estado”.

Un tanque tiró la puerta de la Casa Grande del Pueblo sede del Gobierno de Bolivia en la ciudad de La Paz, Zuñiga junto a un grupo militar ingresó por siete minutos y luego se retiró.

Zuñiga al salir de la sede del Ejecutivo dijo a los medios que liberaría a “todos los presos políticos”, incluyendo a la expresidenta interina Jeanine Añez, al gobernador opositor Luis Fernando Camacho y a “todos los militares presos”.

Desde este martes habían algunos rumores sobre la supuesta destitución de Zuñiga y de otros altos mandos militares.

El mandatario Arce encaró a Zuñiga en la puerta de la Casa Grande del Pueblo, sede del Gobierno, y le ordenó “replegar” a los militares que lo acompañaban. “Repliegue todas estás fuerzas es una orden”, le gritó Luis Arce a Zuñiga. Posteriormente los tanques y el grupo de las Fuerzas Armadas se retiraron. 

Llamado de Arce y Morales

El presidente de Bolivia, Luis Arce, y el expresidente Evo Morales llamaron por separado a sus seguidores y ciudadanos a “movilizarse” para defender la democracia de lo que ambos consideraron un “golpe de Estado” militar por parte del comandante general del Ejército boliviano, Juan José Zuñiga, quien luego fue destituido.

El presidente Arce dijo que el país “está atravesando un intento de golpe de Estado”, ante un movimiento militar encabezado por Zuñiga. “No voy a permitir esta insubordinación”, afirmó a través de la televisión estatal y agregó “firmes aquí en casa grande para enfrentar todo intento golpista, todo intento que atente a nuestra democracia”.

Varios tanques y militares fuertemente armados tomaron este miércoles la plaza frente a la sede del Ejecutivo boliviano, luego que Zuñiga amenazara con tomar el edificio.

El presidente boliviano había denunciado previamente “movimientos irregulares” de militares en frente a la sede del Gobierno en la ciudad de La Paz, mientras que ciudadanos y medios locales reportaron la presencia de tanques y militares fuertemente armados.

“Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano. La democracia debe respetarse”, alertó Arce en cuenta de X.

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019), a su vez, dijo que se gesta un “golpe de Estado” en el país después que se conociera un despliegue “irregular” de tanques y militares fuertemente armados frente a la sede de Gobierno en la ciudad de La Paz.

También convocó a una “movilización nacional para defender la Democracia” y acusó a Zuñiga de estar a la cabeza de la operación militar. 

El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, denunció que se desarrolla un “golpe de Estado” contra el Gobierno de Luis Arce, luego que un tanque entrará a la fuerza a la sede del Ejecutivo en la ciudad de La Paz.

“Denunciamos a la comunidad internacional que en Bolivia hay un golpe de Estado contra nuestro Gobierno democráticamente elegido”, dijo Choquehuanca.

La canciller de Bolivia, Celinda Sosa, denunció ante la comunidad Internacional las movilizaciones “irregulares” de unidades del Ejército que “atentan contra la democracia, la paz y la seguridad del país”.

“Hacemos un llamado a la Comunidad Internacional, a la población boliviana a hacer respetar los valores democráticos y respaldar al Gobierno de Luis Arce Catacora, constitucional y legítimo elegido por la voluntad soberana del pueblo boliviano”, afirmó Sosa a través de un video subido a X.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó desde Paraguay que el organismo no tolerará “ninguna forma de quebrantameinto del orden constitucional legítimo en Bolivia”, tras el despliegue de militares frente a la sede de Gobierno en La Paz.

“La Secretaría General de la OEA condena de la forma mas enérgica estas acciones del Ejército boliviano, el mismo deberá someterse a la autoridad civil como manda la Carta Democrática Interamericana”, afirmó Almagro.

Del mismo modo, expresó su “solidaridad con el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora”.

“La comunidad internacional, la OEA, la Secretaría General de la OEA, no toleraran ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia ni en ningún otro lugar”, agregó.

El representante de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, alertó este miércoles a la comunidad internacional desde Paraguay de una “situación de emergencia” en su país tras la irrupción de tropas militares frente a la sede del Gobierno en La Paz y pidió tratar este hecho “con la debida responsabilidad y seriedad”.

Pese a que no estaba previsto que interviniese en un foro con observadores permanentes previo a la inauguración, en esta jornada, de la 54 Asamblea General de la OEA, Arce tomó la palabra para denunciar que “algunas unidades de las Fuerzas Armadas y del Ejército del Estado Plurinacional de Bolivia” irrumpieron en la Plaza Murillo y “rodearon” la sede del Poder Ejecutivo boliviano.

“Esta es una situación de emergencia. No teníamos en Latinoamérica golpes militares hace más de 40 años y yo solicito que sea tomada con la debida responsabilidad y seriedad por parte de la Organización de Estados Americanos, cuyo fin supremo debe ser siempre la defensa de la democracia”, apuntó el representante boliviano.

Un tanque tiró las puertas de la sede del Ejecutivo de Bolivia e ingresó a las 15:51 hora local, luego que el comandante general del Ejército boliviano, Juan José Zuñiga, amenazara con tomar la sede del Gobierno y cambiar el gabinete.

Arce advirtió que es un “acto ostensiblemente violento y contrario al orden constitucional” y que “aparentemente” el comandante del Ejército “estaría detrás”.

“La democracia, la institucionalidad republicana y el Estado de derecho deben ser siempre defendidos en todas las instancias internacionales”, añadió.

CRM con información de la agencia EFE

Un abogado militante de la defensa de los derechos humanos y ambientales denunció penalmente al presidente Javier Milei; a la vicepresidenta, Victoria Villarruel; y al extitular de la ex-SIDE durante el menemismo Juan Bautista Yofre por presunta “apología del delito” por sus posturas sobre el Golpe de Estado de 1976 y la represión durante la dictadura.

El abogado Javier Garin reclamó que se investigue, además, la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

Los denunciados, sostiene el escrito, “podrían haber incurrido en forma reiterada y sistemática en una justificación del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, una directa o indirecta reivindicación del terrorismo de Estado y una apología de los criminales condenados por esos delitos”.

“Es obligación de los funcionarios públicos defender y hacer cumplir el orden jurídico, el cual está erigido en Argentina sobre la base del respeto a los derechos humanos y la condena del Terrorismo de Estado, a modo de un pacto democrático consagrado en la Constitución reformada en 1994”, sostiene la presentación.

La denuncia, registrada con el número CFP 1091/2024, recayó en el Juzgado federal a cargo de María Servini.

Garin es un abogado de casi 40 años de profesión que se ocupa de la defensa de los derechos de la víctimas de todo tipo de delitos y las causas ambientales y, además, es autor del Manual Popular de Derechos Humanos.

La denuncia subrayó que “si bien Argentina no existen normas penales contra el negacionismo, está tipificada la apología del delito y el incumplimiento de deberes, figuras en las que estima podrían hallarse incursos el Presidente y la vice”.

Así, cuestionó “la minimización del número de desaparecidos, la invocación de un estado de ‘guerra’ como justificante (defensa que invocaron los represores y que los tribunales argentinos invariablemente rechazaron), la alegación de que hubo ”excesos“ y no un plan sistemático de exterminio (defensa también rechazada ya por los jueces que intervinieron en el Juicio a las Juntas), el señalamiento de la violencia guerrillera previa como un argumento exculpatorio de los condenados por lesa humanidad”.

Con información de agencias.

IG

Buscarita Roa buscó tocayas en Internet, junto a sus hijos y nietos –tiene 23– y no encontró ninguna homónima: esa pesquisa, artesanal, arrojó que es la única persona en el mundo que se llama así. Si se ingresa “Buscarita” en la Real Academia Española, la web avisa que “la palabra no está en el diccionario” y la relaciona con un verbo: buscar. 

La vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo nació en Temuco, una ciudad al sur de Santiago de Chile, el 15 de septiembre de 1937, pero aquí, en Argentina, perdió a manos de la dictadura a Pepito, el mayor de sus siete hijos. Y aquí recuperó a su nieta, Claudia Poblete, cuando ya tenía 21 años y había sido apropiada por un represor.

Buscarita cree que este 24 de marzo la sociedad tiene que salir a la calle “masivamente” para que el Gobierno “no pueda hacer lo que se le dé la gana”. “¿El pueblo argentino tiene amnesia? Mira lo que eligió. A veces tengo la sensación de que no tiene memoria el pueblo”, dice, por primera vez con una mueca triste. El Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia estará, junto a sus compañeras de Abuelas, Madres e Hijos, en el escenario montado en Plaza de Mayo donde se leerá un documento conjunto de los organismos de Derechos Humanos. “Las Abuelas ganamos esa batalla, la mayoría de nuestros nietos están con nosotros”, afirma. 

Pepito y el Frente de Lisiados Peronistas

A los tres años Buscarita quedó huérfana de ambos padres. A los cinco se mudó a la capital. La crió la abuela paterna y estuvo en un colegio de monjas hasta los 10. Conserva los mejores recuerdos de las religiosas. Pero a esa edad tuvo que salir de la escuela para trabajar. Se enamoró, quedó embarazada y parió a su primer hijo, José –para ella Pepito– a los 18. A los 16 su primogénito tuvo un accidente ferroviario en el que perdió sus piernas. 

Con la indemnización por el accidente, José viajó en 1973 a la Argentina para rehabilitarse. Unos años más tarde llegó su mamá para acompañarlo, con sus otros seis hijos: Lucinda, Fernando, Patricia, Víctor, Patricio y Francia. En Chile, José había militado en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y en Buenos Aires, a inicios de la década de 1970, creó el Frente de Lisiados Peronistas, una organización que llegó a convocar entre 200 y 300 militantes políticos y que acabó incorporándose a Montoneros: estuvieron en Ezeiza el día del regreso de Perón del exilio y en Plaza de Mayo, cuando Cámpora asumió la presidencia.

El 28 de noviembre de 1978, José y su compañera Gertrudis “Trudy” Hlaczik, junto a su hija Claudia, de 8 meses, fueron secuestrados y llevados al Centro Clandestino de Detención El Olimpo. Allí, José fue torturado por Julián Simón, conocido como “El Turco” Julián, un ex agente de policía. Claudia fue apropiada y su identidad restituida recién en el año 2000. Sus padres siguen desaparecidos.

Buscarita supo de la desaparición de su hijo, su nuera y su nieta por compañeros de José. Le pidieron que se quedara tranquila, que ya iban a salir. Esperó, pero muy poco: apenas pasadas las fiestas de ese año inició la búsqueda con su consuegra, la mamá de Trudy, que al poco tiempo se suicidó. Ella siguió buscando y se sumó pronto a la ronda de las Madres. Trabajaba como supervisora de limpieza en el Ministerio de Planeamiento, a dos cuadras de Plaza de Mayo, se ponía el pañuelo, daba la vuelta a la Pirámide de Mayo y volvía a la dependencia estatal. Todo en un radio de pocas cuadras. Fue en ese tiempo en que le preguntó por su hijo a un coronel del Ministerio. Que no sabía nada y que mejor no busque más fue la respuesta.

Clara Jurado, una de las 12 fundadoras de Abuelas, fue quien le propuso incorporarse al grupo y le regaló un pañuelo, que bordó. “Eran tiempos terribles, yo lloraba todo el tiempo. Norita Cortiñas, a quien encontré hace poco, me dijo ahí está la llorona”, recuerda hoy, entre risas. Buscarita se ríe fuerte, con una expresión que le ocupa todo el rostro. 

De su nuera Trudy, recuerda cómo la instó a moverse más suelta como mujer. “En Chile, en mi tiempo, las mujeres éramos muy inhibidas y recatadas. No se usaba que la mujer anduviera sola, que se sentara en un bar a tomar una gaseosa. Cuando salíamos, Trudy me decía ‘usted no se preocupe de mirar a los demás’. Yo solía esperarla en la puerta de los bares y ella me decía que no, que la esperara adentro, sentada en una mesa”, cuenta y se emociona. Dice que Trudy “tenía una cultura de no obediencia”. 

En su despacho de la Planta Baja del edificio de Abuelas, contiguo al de Estela de Carlotto, hay una foto grande con su nieta Claudia en la que están abrazadas y algunas más con otras abuelas. “Hoy solo quedamos Estela, Rosa [Roisinblit], Luisa y yo”, enumera. También hay cuadros con consignas del gobierno socialista de Allende, dibujos hechos por chicos y una muñeca de tela de una abuela, con el pañuelo blanco. Y una foto con el Papa. 

–Estela de Carlotto y usted se encontraron con el Papa Francisco en dos oportunidades, en 2013 y en 2017, ¿cómo fueron esos encuentros? 

–Los encuentros con el Papa fueron hermosos, es un compañero divino. Se comprometió a ayudarnos con lo que fuera posible; lo que pueden hacer, lo hacen. Por años anduvimos iglesia por iglesia, cura por cura, preguntando por nuestros hijos y nuestros nietos. Pero esto fue un robo de bebés que hizo el Estado, para criarlos como hijos propios. Para nosotros es una cuenta saldada, ganamos esa batalla, nuestros nietos están con nosotros.

El microondas de la abuela

Buscarita se reencontró con su nieta Claudia en el año 2000 en un juzgado. “Nos saludamos. Entramos a un salón, conversamos y le dije hija yo soy tu abuela de parte de tu papá. Poco a poco fuimos haciendo el enlace, la conexión, yo la invitaba a tomar el té, a comer. Con Claudia –que se llama así por Claudia Grumberg discapacitada motriz del grupo de la Unión Socioeconómica del Lisiado, secuestrada y desaparecida en octubre de 1976– todo fue muy despacito, yo traté de no asustarla ni incomodarla. Estaba criada por un coronel; no es fácil a los 21, 22 años salir de una cosa y entrar en otra. Había que ir de a poquito conversando con ella, preguntándole qué le gustaba comer, haciéndole alguna cosa especial”, rememora. 

Un punto de conexión entre ambas fue la literatura: Buscarita dice que le gusta mucho leer, en particular libros que “tienen que ver con la vida” y no “novelas de amor”. Menciona entre sus elegidas a la chilena Isabel Allende y a la argentina Claudia Piñeiro.

Entre los gestos de acercamiento, recuerda que, poco después de la restitución de su identidad, Claudia trabajaba en Puerto Madero. Ella vive muy cerca, en La Boca. Para propiciar los encuentros, se compró un microondas y le dio a Claudia las llaves de su casa: logró que subiera a calentar la comida los mediodías. 

“Mi abuela es la más joven [del grupo]: es chiquita de tamaño, pero es un vendaval, una mujer con muchísima energía. Ella siempre tiene una actitud cálida, amorosa. Llama a los nietos y les pregunta si comieron. Va todos los días a la Casa de las Abuelas. Es hincha de Boca”, contó Claudia Poblete, que trabaja en Abuelas de Plaza de Mayo, días atrás en una entrevista con la radio Futurock. 

El 14 de junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que impedían el juzgamiento de los militares. Los jueces del Máximo Tribunal eligieron la causa “Poblete” para dictar el fallo que habilitó el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura tras casi 20 años de impunidad: desde entonces hubo 320 sentencias de juicio, 1200 genocidas condenados y 17 juicios en trámite. 

Es jueves por la mañana y restan tres días para el 48 aniversario del golpe de Estado de 1976, el primero desde que gobierna Javier Milei. En Abuelas suenan los teléfonos, los colaboradores de la institución se mueven con premura entre las oficinas, coordinan encuentros. elDiarioAR conversa con Buscarita. Dice que “seria horrible” un indulto para los genocidas y que si eso ocurre “los organismos nos pondremos de pie otra vez”. No oculta su temor por la posibilidad de que con el nuevo gobierno se frenen los juicios por delitos de lesa humanidad. “Hubo jueces que hicieron las cosas muy bien, hay muchísimos casos resueltos. Me da miedo que con este gobierno los juicios se frenen”, dice.

Tanto en Chile como en la Argentina Buscarita trabajó en casas de familia. Tuvo parejas, los padres de sus siete hijos, pero siempre se valió por sí misma. Hace dos años que prepara todos los días una vianda de comida y la deja en la reja de su edificio, en el barrio de La Boca, muy cerca del estadio de fútbol. Pone pan, fruta, cubiertos de plástico y arroz, fideos o carbonada. “Y todos los días se la llevan, nunca queda”, cuenta. “Vemos mal al país, vemos que no avanza, al contrario, hay un retroceso terrible. Hay mucha gente desesperada, la gente no tiene para comer. Desde que vivo en la Argentina es lo peor que ví”, afirma. 

MG/MG