Creación de 1,7 millones de puestos de trabajo, pleno empleo (5,1%, la menor tasa de paro desde 2012), récord histórico de la capacidad adquisitiva per cápita mensual (3.613 reales, unos 600 euros), crecimiento económico (2,3% en 2025), inflación controlada (3,99%), inversión extranjera directa sólida (15.000 millones de dólares), déficit de las cuentas públicas bajo control (0,4%). Por si fuera poco, la bolsa de San Pablo (Bovespa) registró en enero un récord de capital extranjero: 26.000 millones de dólares, superando la cifra de todo el 2025 (25.000). La economía brasileña toca el cielo en el cuarto año de gobierno de Lula da Silva. El legado del ministro de economía Fernando Haddad, que acaba de dejar su cargo para ser candidato a gobernador de San Pablo en las elecciones de octubre, sorprendió incluso a sus detractores del mercado financiero, que auguraban la hecatombe económica si la izquierda volvía a gobernar.

Sin embargo, el pesimismo económico de los brasileños cotiza en alza. La última encuesta de Datafolha reveló que el 46% de los brasileños consideran que la economía empeoró en los últimos meses, frente al 24% que piensa que mejoró y el 28% que estima que todo sigue igual.

¿Cómo se explica el aumento del pesimismo de los brasileños si su poder adquisitivo toca techo? André Braz, coordinador de los Índices de Precios del Instituto Brasileiro de Economía (FGV IBRE), explicó en conversación con elDiario.es, que el pesimismo económico de los brasileños está relacionado con el aumento acumulado del precio de los alimentos. “Desde 2020, varios eventos han presionado mucho el precio de los alimentos, que subieron el doble que la inflación. Aunque en 2025, su precio fue estable, no borra lo que ocurrió estos años. Esto explica el malestar de las familias, incluso con indicadores económicos tan buenos”, afirmó Braz.

El experto argumentó, además, que el cambio climático disparó la demanda mundial y afectó directamente al precio del café, del cual Brasil es el principal exportador mundial: “El clima no fue bueno y el grano no creció satisfactoriamente. Tuvimos una reducción de oferta nacional fuerte y eso provocó un aumento del precio”. No es casual que la encuesta de Datafolha muestre que el 33% de los entrevistados consideran que su economía personal empeoró en los últimos meses (en diciembre era apenas un 26%).

Por otro lado, aunque el trabajo informal se redujo a un mínimo histórico (37,2%), todavía 38,7 millones de brasileños no tienen empleo formal. La tasa de informalidad subió hasta un 71,1% entre el sector de entregadores de moto (conocidos en Brasil como motoboys), según un informe de ESG Insights. Al mismo tempo, el 57,3% de los trabajadores y el 68% de los jóvenes entre 18 y 24 años relatan dificultades para encontrar empleo, segundo datos del informe Sondagem do Mercado de Trabalho.

¿Son suficientes estos factores para explicar el pesimismo económico de los brasileños en el momento más dorado de su economía? La letra pequeña de la encuesta de Datafolha sugiere que la principal explicación está en otro lugar: en la polarización política.

La ceguera económica de la polarización

La última encuesta de Datafolha reveló que el 77% de quienes van a votar al candidato de extrema derecha Flávio Bolsonaro en las elecciones de octubre piensa que la economía empeoró en los últimos meses, frente al 14% de los votantes del izquierdista Lula.

Para 35% de los entrevistados, la economía va a empeorar en los próximos meses. En este punto, la polarización también marcó la tendencia perceptiva: el 51% de los electores de Lula prevén una mejora de la economía, frente al 14% dos que pretenden votar a Flávio Bolsonaro.

El pesimismo también predomina entre la derecha tradicional (solo el 16% de los votantes de Romeu Zema (Novo) y 17% entre los de Ratinho Junior confían en una mejora económica). Además, la percepción negativa de la economía es del 57% entre votantes evangelistas (más inclinados a votar a la derecha), frente al 41% de los católicos.

No obstante, ni siquiera en un país en el que el 90% admite haber creído en fake news y en el que la extrema derecha las produce en tamaño industrial, la polarización política no acaba de explicar del todo el pesimismo económico.

El punto de inflexión de la percepción económica ocurrió en julio de 2025, después de que Donald Trump anunció un tarifazo del 50% a Brasil. La encuesta realizada por Datafolha los días 29 y 30 de julio de 2025, tras el anuncio del tarifazo estadounidense, recogió que el 45% de los brasileños consideró que la economía iba a empeorar. Unos días antes, Eduardo Leite, gobernador del estado de Rio Grande do Sul, uno de los más ricos de Brasil, afirmó que las “tarifas del 50% que los Estados Unidos aplicaron a Brasil son el reflejo de una polarización, que solo nos divide”. Leite, del sector de la derecha tradicional, echó la culpa al gobierno Lula: “(la polarización) también es consecuencia de un gobierno brasileño que siempre apostó en la misma polarización”.

A pesar de la percepción económica de la derecha y la extrema derecha, el gobierno Lula consiguió el mejor desempeño de la economía de la última década. El ministro saliente Fernando Haddad realizó la proeza de eximir de pagar impuestos a quienes ganan menos de 5.000 reales al mes (unos 850 euros), de aprobar el Impuesto sobre Operacões Financeiras (IOF) y de aumentar un 10% los impuestos a los más ricos.

La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de bloquear los aranceles generales impulsados por Donald Trump reconfigura de manera directa el escenario comercial para la Argentina y obliga a revisar buena parte de las ventajas obtenidas en la negociación bilateral con Washington.

El principal efecto para el país radica en la posible pérdida del beneficio más relevante en términos de acceso a mercados: la reducción del arancel recíproco del 10% al 0% para 1.675 posiciones arancelarias. Desde la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) advirtieron que esa rebaja constituía la única concesión sustantiva lograda en el acuerdo y que, tras el fallo judicial, pierde sustento legal.

Hasta ahora, la Argentina contaba con arancel cero para alrededor de 1.600 posiciones y un tope del 10% para el resto, mientras competidores regionales como Brasil enfrentaban gravámenes de hasta el 50%. Esa diferencia otorgaba una ventaja competitiva clave en sectores industriales como el acero y el aluminio. Con la anulación de los aranceles generalizados, parte de ese diferencial favorable se diluye, lo que podría impactar en cadenas de valor, decisiones de inversión y flujos comerciales dentro del Mercosur.

En contraste, la cuota de exportación de carne vacuna hacia Estados Unidos permanece vigente. La ampliación del cupo —que elevó el límite anual de 20.000 a 100.000 toneladas métricas hasta 2026— fue establecida mediante un decreto específico del Ejecutivo estadounidense y no forma parte del esquema arancelario invalidado por la Corte. Actualmente, se mantiene una cuota de 80.000 toneladas métricas, considerada uno de los pilares del vínculo comercial reciente.

Desde el punto de vista de la inversión, los mecanismos de facilitación acordados en el entendimiento bilateral continúan en pie. Sin embargo, empresarios y analistas advierten que la seguridad jurídica será un factor determinante para sostener el interés en el mercado estadounidense, especialmente ante la incertidumbre sobre eventuales redefiniciones de cuotas y gravámenes.

El trasfondo de esta situación se originó en la decisión de Trump de imponer aranceles generalizados a importaciones provenientes de más de 100 países, invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. La Corte Suprema determinó que el presidente excedió su autoridad y estableció que la potestad de fijar tributos corresponde al Congreso. El fallo no solo limita el margen de acción del Ejecutivo en política comercial, sino que sienta un precedente institucional sobre el alcance de los poderes presidenciales.

Pese a la resolución judicial, Trump redobló su postura al reinstaurar un arancel global del 10% y luego elevarlo al 15%, lo que abre la puerta a nuevos litigios y a un escenario de tensión política interna en Estados Unidos.

Además, la sentencia podría implicar la devolución de hasta 133.000 millones de dólares correspondientes a pagos realizados bajo los aranceles ahora suspendidos, una cifra que representaría una presión adicional para el Tesoro estadounidense.

En el plano local, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, vinculó el nuevo contexto con la necesidad de avanzar en la aprobación parlamentaria de tratados internacionales vinculados a patentes, marcas y propiedad intelectual. No obstante, cualquier iniciativa deberá atravesar el debate legislativo, lo que podría demorar la implementación de eventuales nuevos acuerdos.

Con este fallo histórico, el máximo tribunal estadounidense redefine el uso de los aranceles como herramienta de política exterior y obliga a Washington a replantear su estrategia comercial. Mientras tanto, el sector exportador argentino sigue de cerca la evolución de las negociaciones, consciente de que la competitividad y el acceso al mercado norteamericano dependerán de las decisiones que adopte el Congreso de Estados Unidos en las próximas semanas.

Con información de medios y agencias

JIB

Donald Trump redobla su pulso al Supremo Y este sábado afirmó que sube del 10% al 15% el arancel global anunciado tras el revés del tribunal. Así lo ha dicho en un post en Truth Social.

“Basándome en una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana decisión sobre aranceles emitida ayer, tras muchos meses de deliberación, por el Tribunal Supremo, por la presente declaro que yo, como presidente de los Estados Unidos de América, voy a aumentar, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10% a los países, muchos de los cuales han estado 'estafando' a EE.UU. durante décadas, sin represalias (¡hasta que yo llegué!), al nivel del 15%, totalmente permitido y legalmente probado”, afirmó el presidente de EE.UU.

“Durante los próximos meses, la Administración Trump determinará y publicará los nuevos aranceles legalmente permisibles, que continuarán nuestro proceso extraordinariamente exitoso de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”, escribió Trump.

El Supremo dijo este viernes lo que llevan meses diciendo muchísimas personas en EE.UU.: que el presidente no puede imponer aranceles invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Porque esa ley, de 1977, no está pensada para imponer aranceles, y porque hay otros múltiples mecanismos en el ordenamiento jurídico estadounidense para gravar productos y países extranjeros.

Eso sí, el Tribunal no se manifestó sobre los más de 133.000 millones de dólares recaudados por el Tesoro gracias a los gravámenes a la importación que el presidente de EE.UU. impuso en virtud de la ley de poderes de emergencia, según muestran los datos federales de diciembre. Muchas empresas, incluida la cadena de grandes almacenes Costco, ya han acudido a los tribunales para exigir reembolsos.

Trump ha considerado el fallo como “profundamente decepcionante”. Y dijo: “Me avergüenzo de ciertos miembros del tribunal, estoy absolutamente avergonzado por no haber tenido el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país”.

El presidente de EE.UU., en respuesta, ha anunciado: “Podemos utilizar otras leyes, otras autoridades arancelarias, que han sido confirmadas y están plenamente autorizadas. Por lo tanto, con efecto inmediato, todos los aranceles de seguridad nacional en virtud del artículo 232 y los aranceles existentes en virtud del artículo 301, siguen vigentes. Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global en virtud del artículo 122, además de nuestros aranceles normales que ya se aplican. Y también estamos iniciando varias investigaciones en virtud del artículo 301 y otras para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas”.

El presidente de EE.UU. puede aplicar temporalmente impuestos a la importación de hasta el 15% por un máximo de 150 días, en virtud del artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974.

Los aranceles que el Supremo declaró ilegales este viernes son los que Trump impuso invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Los tribunales inferiores ya habían considerado ilegales estos aranceles, pero se permitió que siguieran vigentes de forma cautelar mientras la Administración Trump apelaba ante el Supremo.

Los gravámenes incluían un arancel mínimo de referencia del 10%, con algunas excepciones; los aranceles unilaterales, que oscilaban entre el 10% y el 41%, sobre los productos procedentes de países que no habían alcanzado acuerdos comerciales con Estados Unidos; y gravámenes adicionales sobre algunas importaciones procedentes de México, China y Canadá que, según Trump, estaban justificados por la crisis del fentanilo en Estados Unidos.

El caso del Tribunal Supremo no aborda los aranceles impuestos a determinadas categorías de productos utilizando diferentes fundamentos jurídicos.

Por ejemplo, la Administración Trump estableció gravámenes sobre el acero, el aluminio, los automóviles, los productos de cobre y la madera aprovechando el artículo 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.

Esos aranceles dependen de las investigaciones del Departamento de Comercio, que concluyeron que las importaciones de dichos productos suponen un riesgo para la seguridad nacional.

¿Qué opciones le quedan a Trump?

Artículo 232 de la Ley de Expansión Comercial, de 1962 (aranceles por seguridad nacional). Permite aranceles “sectoriales” (p. ej., acero, aluminio) tras una investigación del Departamento de Comercio. Están limitados a importaciones consideradas amenaza para la seguridad nacional. Requieren investigaciones que pueden tardar meses.

Artículo 301, de la Ley de Comercio, de 1974 (prácticas comerciales desleales). Permite aranceles contra países que la USTR (Oficina del Representante Comercial de EEUU) determine que incurren en prácticas comerciales desleales. Eso sí, cada arancel se limita a un país específico. Requiere investigaciones y consultas con gobiernos extranjeros, lo que puede tardar meses.

Artículo 122 (balanza de pagos) de la ley de 1974. Permite aranceles para abordar déficits de balanza de pagos, incluidos déficits comerciales. Solo pueden durar hasta 150 días y se limitan a un arancel ad valorem del 15%. Es la que ha anunciado el presidente de EEUU este viernes.

Artículo 338 de la Ley Arancelaria de 1930 (discriminación comercial). Permite aranceles cuando el presidente determina que un país extranjero discrimina o perjudica el comercio estadounidense. Generalmente limitados al 50% del valor de los bienes. Hay un retraso de 30 días tras la proclamación presidencial antes de entrar en vigor.

Artículo 201 de la ley de 1974 (salvaguardias industriales). Permite aranceles para abordar daños a industrias nacionales de EEUU. Pueden durar hasta 8 años (4 iniciales + renovación opcional de 4). Limitados al 50% ad valorem. Tras 1 año deben reducirse gradualmente. Requieren investigación de la ITC (Comisión de Comercio Internacional).

Reclasificar como “aranceles de licencia”. Si son iguales o sustancialmente similares a aranceles IEEPA, podría enfrentar nuevas impugnaciones legales.

El Congreso convierte en ley los aranceles. El Congreso podría convertir en ley algunos o todos los aranceles de Trump, pero no está claro que exista mayoría en ambas cámaras para hacerlo.

Acuerdos comerciales bilaterales. Trump podría alcanzar acuerdos con otros países que fijen ciertos niveles arancelarios. Pero los acuerdos pueden tardar meses o años y los aranceles aún podrían enfrentar impugnaciones legales.

“My way or highway”, suele decir el presidente de EE.UU. Ese “a mi manera o a la calle” con el que le gusta negociar a Donald Trump con el resto de sus interlocutores políticos ha saltado este viernes por los aires. ¿Por qué? Pues porque el Tribunal Supremo de EE.UU. le dijo a Trump que su way es un callejón sin salida, que los aranceles anunciados aquel llamado día de la liberación en abril estaban mal aplicados. Y que no está por encima de la ley.

El Supremo dijo lo que llevan meses diciendo muchísimas personas en Estados Unidos: que el presidente no puede imponer aranceles invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa). Porque esa ley, de 1977, no está pensada para imponer aranceles, y porque hay otros múltiples mecanismos en el ordenamiento jurídico estadounidense para gravar productos y países extranjeros.

El presidente de EE.UU. llevaba meses metiendo presión al tribunal de forma habitual. Prácticamente cada semana publicaba un post en Truth Social o hacía una declaración en la que expresaba la importancia que para él tenía ganar el caso en el Supremo, donde los conservadores tienen una mayoría de 6 a 3.

Pero esta vez la mitad de los jueces conservadores se alinearon con los progresistas para tumbar una decisión fundamental en la agenda económica, política y geopolítica de Donald Trump. En efecto, el presidente de Estados Unidos usa la amenaza arancelaria para renegociar acuerdos comerciales con medio mundo y, también, para lograr sus objetivos económicos y políticos con países fronterizos como Canadá y México. Es más, según Trump, las amenazas arancelarias también le han servido para lograr declaraciones de alto el fuego entre países en guerra, o incluso lograr inversiones extranjeras de otros países.

Pero los aranceles también suponen una forma proteccionista de gobernar la economía que pasa por imponer trabas a la importación con la idea de proteger la industria nacional frente a la competencia extranjera en un deseo de mejorar las cifras de empleo y el poder adquisitivo de los ciudadanos estadounidenses. Pero nada de eso está pasando de momento: el empleo es débil y los estadounidenses se enfrentan a una crisis seria de asequibilidad, sobre todo en relación con el precio de la vivienda.

Hasta tal punto los aranceles son una forma de entender la política para Trump, que los está usando para asfixiar energéticamente a Cuba y para sancionar el petróleo ruso.

Y a esa arbitrariedad es a la que el Tribunal Supremo de EE.UU. le dijo que no a Trump. El presidente de EE.UU. puede aplicar aranceles, pero lo tiene que hacer con los mecanismos pensados para ello.

Eso sí, el Tribunal no se manifestó sobre los más de 133.000 millones de dólares recaudados por el Tesoro gracias a los gravámenes a la importación que el presidente de EE.UU. impuso en virtud de la ley de poderes de emergencia, según muestran los datos federales de diciembre. Muchas empresas, incluida la cadena de grandes almacenes Costco, ya acudieron a los tribunales para exigir reembolsos.

“Supongo que tendrá que litigarse durante los próximos dos años. Así que redactan esta decisión terrible y defectuosa, totalmente defectuosa”, dijo Trump: “Es casi como si no la hubieran escrito personas inteligentes. Y lo que hacen es ni siquiera hablar de eso. ¿Qué pasa con todo el dinero que hemos recaudado? Pues no discuten eso. Qué locura. Acabaremos en los tribunales durante los próximos cinco años”.

Trump anuncia nuevos aranceles

Trump consideró el fallo como “profundamente decepcionante”. Y dijo: “Me avergüenzo de ciertos miembros del tribunal, estoy absolutamente avergonzado por no haber tenido el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país”.

El presidente de EE.UU., en respuesta, anunció: “Podemos utilizar otras leyes, otras autoridades arancelarias, que han sido confirmadas y están plenamente autorizadas. Por lo tanto, con efecto inmediato, todos los aranceles de seguridad nacional en virtud del artículo 232 y los aranceles existentes en virtud del artículo 301, siguen vigentes. Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% en virtud del artículo 122, además de nuestros aranceles normales que ya se aplican. Y también estamos iniciando varias investigaciones en virtud del artículo 301 y otras para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas”.

El presidente de EE.UU. puede aplicar temporalmente impuestos a la importación de hasta el 15% por un máximo de 150 días, en virtud del artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974.

Los aranceles que el Supremo declaró ilegales este viernes son los que Trump impuso invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa).

Los tribunales inferiores ya habían considerado ilegales estos aranceles, pero se permitió que siguieran vigentes de forma cautelar mientras la Administración Trump apelaba ante el Supremo.

Los gravámenes incluían un arancel mínimo de referencia del 10%, con algunas excepciones; los aranceles unilaterales, que oscilaban entre el 10% y el 41%, sobre los productos procedentes de países que no habían alcanzado acuerdos comerciales con Estados Unidos; y gravámenes adicionales sobre algunas importaciones procedentes de México, China y Canadá que, según Trump, estaban justificados por la crisis del fentanilo en Estados Unidos.

Aranceles fuera del fallo

El caso del Tribunal Supremo no aborda los aranceles impuestos a determinadas categorías de productos utilizando diferentes fundamentos jurídicos.

Por ejemplo, la Administración Trump estableció gravámenes sobre el acero, el aluminio, los automóviles, los productos de cobre y la madera aprovechando la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.

Esos aranceles dependen de las investigaciones del Departamento de Comercio, que concluyeron que las importaciones de dichos productos suponen un riesgo para la seguridad nacional.

La UE toma nota

“Tomamos nota del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos y lo estamos analizando cuidadosamente”, afirmaron fuentes comunitarias, informa Rodrigo Ponce de León: “Mantenemos un contacto estrecho con la Administración estadounidense mientras buscamos claridad sobre las medidas que planean tomar en respuesta a este fallo. Las empresas en ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad y previsibilidad en la relación comercial. Por ello, seguimos defendiendo la reducción de aranceles y trabajando para disminuirlos”.

El presidente de EE.UU. reaccionó a la sentencia del Tribunal Supremo que desmonta buena parte de su agenda política y económica. En una comparecencia ante la prensa criticó la decisión de los jueces que, 6 a 3, consideraron ilegal el procedimiento utilizado por Donald Trump para desatar una guerra comercial contra el resto del mundo.

Trump consideró el fallo como “profundamente decepcionante”. Y dijo: “Me avergüenzo de ciertos miembros del tribunal, estoy absolutamente avergonzado por no haber tenido el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país”.

El presidente de EE.UU., en respuesta, anunció: “Podemos utilizar otras leyes, otras autoridades arancelarias, que fueron confirmadas y están plenamente autorizadas. Por lo tanto, con efecto inmediato, todos los aranceles de seguridad nacional en virtud del artículo 232 y los aranceles existentes en virtud del artículo 301, siguen vigentes. Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% en virtud del artículo 122, además de nuestros aranceles normales que ya se aplican. Y también estamos iniciando varias investigaciones en virtud del artículo 301 y otras para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas”.

El presidente de EE.UU. puede aplicar temporalmente impuestos a la importación de hasta el 15% por un máximo de 150 días, en virtud del artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974.

“Creo que los intereses extranjeros están representados por personas que, en mi opinión, ejercen una influencia indebida”, dijo Trump: “Tienen mucha influencia sobre el Tribunal Supremo, ya sea por miedo, respeto o amistad, no lo sé, pero conozco a algunas de las personas que estaban involucradas en el otro bando y no me gustan. Creo que son unos auténticos canallas. Y hay que hacer lo que es correcto para el país. Hay que hacer lo que es correcto para la Constitución. Hay muchas otras formas de proceder. Y, francamente, esto deberían haberlo hecho otros presidentes hace muchos años. Permitieron que nuestro país fuera devorado vivo. Perdimos el 50% de nuestro negocio automovilístico. Fabricábamos todos los coches, y luego llegó México, llegó Canadá, Japón y Alemania, pero ahora todos están volviendo”.

¿Y el dinero recaudado?

El fallo del Supremo no dice qué pasa ahora con el dinero recaudado por un sistema declarado ilegal. “Supongo que tendrá que litigarse durante los próximos dos años. Así que redactan esta decisión terrible y defectuosa, totalmente defectuosa”, dijo Trump: “Es casi como si no la hubieran escrito personas inteligentes. Y lo que hacen es ni siquiera hablar de eso. ¿Qué pasa con todo el dinero que hemos recaudado? No discuten eso. Qué locura. Acabaremos en los tribunales durante los próximos cinco años”.

Según el presidente de EE.UU., “no hay forma de que los países extranjeros que nos estuvieron estafando durante años estén eufóricos. Están muy contentos y están bailando, pero no bailarán por mucho tiempo, se lo puedo asegurar. Los demócratas del tribunal están encantados, son un no automático, al igual que en el Congreso, son un no automático”.

Los aranceles que el Supremo declaró ilegales este viernes son los que Trump impuso invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Los tribunales inferiores ya habían considerado ilegales estos aranceles, pero se permitió que siguieran vigentes de forma cautelar mientras la Administración Trump apelaba ante el Supremo.

Los gravámenes incluían un arancel mínimo de referencia del 10%, con algunas excepciones; los aranceles unilaterales, que oscilaban entre el 10% y el 41%, sobre los productos procedentes de países que no habían alcanzado acuerdos comerciales con Estados Unidos; y gravámenes adicionales sobre algunas importaciones procedentes de México, China y Canadá que, según Trump, estaban justificados por la crisis del fentanilo en Estados Unidos.

“Un caso importante para mí”

El presidente de EE.UU. reconoció que este caso es “importante” para él: “Como símbolo de la seguridad económica y nacional, simplemente para nuestro país, tan importante porque nos está yendo tan bien como país como nunca antes. La buena noticia es que existen métodos, prácticas, estatutos y autoridades, tal y como reconoció el tribunal en esta terrible decisión, y tal y como reconoció también el Congreso, al que hacen referencia, que son incluso más fuertes que los aranceles de la IEEPA de los que dispongo como presidente de los Estados Unidos. En realidad, fui muy modesto en mi petición a otros países y empresas, porque quería hacer cualquier cosa. No quería hacer nada que pudiera afectar a la decisión del tribunal, porque entiendo al tribunal. Entiendo que se dejan influir muy fácilmente”.

“Para demostrar lo ridícula que es esta opinión, el tribunal dice que no se me permite cobrar ni siquiera 1 dólar”, dijo Trump: “No puedo cobrar 1 dólar a ningún país en virtud de la IEEPA. Pero se me permite cortar todo comercio o negocio con ese mismo país. En otras palabras, puedo destruir el comercio. Puedo destruir el país. Incluso se me permite imponer un embargo a un país extranjero, destruyéndolo. Puedo hacer lo que quiera, pero no puedo cobrar 1 dólar. Podría hacerles lo que quisiera, pero no puedo cobrarles nada”.

Según Trump, el tribunal le concede “el derecho incuestionable de prohibir la entrada de todo tipo de cosas en nuestro país, de destruir países extranjeros, un derecho mucho más poderoso de lo que mucha gente pensaba que teníamos, pero no el derecho a cobrar un arancel. Pero ahora voy a tomar una dirección diferente, probablemente la dirección que debería haber tomado desde el principio, que es incluso más fuerte que nuestra elección original”.

El presidente de EE.UU. reconoció que hay “numerosas otras leyes federales que autorizan al presidente a imponer aranceles y podrían justificar la mayoría, si no todos, los aranceles emitidos. En este caso, incluso más aranceles, de hecho, esas leyes incluyen, por ejemplo, la Ley de Expansión Comercial de 1962, sección 232. Todas estas cosas las conozco bien, la Ley de Comercio de 1974 y la Ley Arancelaria de 1930, sección 338, pero es un proceso un poco más largo. Pensé en simplificar las cosas, pero no nos dejaron hacerlo. Estoy seguro de que no era su intención, pero la decisión del Tribunal Supremo de hoy ha hecho que la capacidad del presidente para regular el comercio e imponer aranceles sea más poderosa y más clara, en lugar de menos. No creo que fuera su intención. Estoy seguro de que no. Es terrible”.

El Tribunal Supremo propinó una severa derrota a Donald Trump. ¿Y qué puede pasar ahora? La Casa Blanca se enfrenta a la opción de buscar una alternativa respetando los procedimientos legislativos, pero además tendrá que devolver los gravámenes que el Tribunal considera recaudados de forma ilegal.

¿Qué decidió el Tribunal Supremo?

La mayoría de los jueces, por 6 a 3, consideró este viernes que la Constitución otorga “muy claramente” al Congreso la facultad de imponer gravámenes, informa Associated Press, lo que incluye los aranceles. “Los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna parte de la facultad tributaria al Poder Ejecutivo”, escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.

Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh disintieron. “Los aranceles en cuestión pueden ser o no una política acertada. Pero, en cuanto al texto, la historia y los precedentes, son claramente legales”, escribió Kavanaugh en su voto particular.

¿Qué argumentó cada parte?

El Departamento de Justicia argumentó que una ley de 1977 que permite al presidente regular las importaciones durante situaciones de emergencia también incluye el establecimiento de aranceles.

Los demandantes argumentaron que la ley ni siquiera menciona los aranceles y que el uso que hace Trump de ella no supera varios fallos judiciales, incluido una que condenó al fracaso el programa de condonación de préstamos estudiantiles por valor de 500.000 millones de dólares del entonces presidente Joe Biden.

¿Qué aranceles se declararon ilegales?

Los aranceles que el Supremo declaró ilegales este viernes son los que Trump impuso invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Los tribunales inferiores ya habían considerado ilegales estos aranceles, pero se permitió que siguieran vigentes de forma cautelar mientras la Administración Trump apelaba ante el Supremo.

Los gravámenes incluían un arancel mínimo de referencia del 10%, con algunas excepciones; los aranceles unilaterales, que oscilaban entre el 10% y el 41%, sobre los productos procedentes de países que no habían alcanzado acuerdos comerciales con Estados Unidos; y gravámenes adicionales sobre algunas importaciones procedentes de México, China y Canadá que, según Trump, estaban justificados por la crisis del fentanilo en Estados Unidos.

¿Qué aranceles quedan fuera del fallo?

El caso del Tribunal Supremo no aborda los aranceles impuestos a determinadas categorías de productos utilizando diferentes fundamentos jurídicos.

Por ejemplo, la Administración Trump estableció gravámenes sobre el acero, el aluminio, los automóviles, los productos de cobre y la madera aprovechando la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.

Esos aranceles dependen de las investigaciones del Departamento de Comercio, que concluyeron que las importaciones de dichos productos suponen un riesgo para la seguridad nacional.

¿Qué consecuencias tiene el fallo?

Tras esta derrota ante el Tribunal Supremo, Trump puede imponer aranceles amparándose en otras leyes, pero estas presentan mayores limitaciones en cuanto a la rapidez y la severidad con que podría actuar. La Administración ya no podrá recaudar aranceles basados en la IEEPA. Pero además se enfrenta a demandas para reembolsar los que ya se pagaron.

Trump, eso sí, dispone de otras herramientas para imponer aranceles, como sus poderes de seguridad nacional en virtud del artículo 232, aunque son más limitados que los que intentó utilizar con la IEEPA.

El presidente de EE.UU. también podría aplicar temporalmente impuestos a la importación de hasta el 15% por un máximo de 150 días, en virtud del artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974.

Pero esto solo puede hacerse de forma unilateral en caso de una crisis “grave y de gran magnitud” de la balanza de pagos de Estados Unidos, para ayudar a corregir un desequilibrio de la balanza de pagos internacional o para evitar una depreciación “inminente y significativa” del dólar, informa Bloomberg.

La Administración también podría iniciar investigaciones sobre las políticas comerciales y económicas de los países en virtud del artículo 301 de la misma ley, o utilizar el artículo 201 para investigar si los fabricantes estadounidenses se enfrentan a perjuicios, pero los aranceles basados en esas disposiciones tardarían más tiempo en aplicarse.

¿Qué dijo Trump?

A la espera de una comparecencia pública, Trump calificó como “una vergüenza” la decisión. Según publicaron algunos medios estadounidenses, esa fue su reacción cuando se le notificó la noticia durante su reunión con varios gobernadores este viernes por la mañana.

El presidente de EE.UU. se pronunció abiertamente sobre el caso, calificándolo como uno de los más importantes de la historia de Estados Unidos y afirmando que una sentencia en su contra supondría un duro golpe económico para el país.

¿Devolución de los gravámenes?

La sentencia no aborda la cuestión de si las empresas podrían obtener el reembolso de los miles de millones que pagaron en aranceles considerados ahora ilegales.

Muchas empresas, incluida la cadena de grandes almacenes Costco, ya se presentaron ante los tribunales inferiores para exigir reembolsos.

El juez Kavanaugh señala en su voto particular que el proceso podría ser complicado: “El Tribunal no se pronuncia hoy sobre si el Gobierno debe devolver los miles de millones de dólares que recaudó de los importadores y, en caso afirmativo, cómo debe hacerlo. Pero es probable que ese proceso sea un 'desastre', como se reconoció en la vista oral”.

El Tesoro recaudó más de 133.000 millones de dólares gracias a los impuestos a la importación que el presidente impuso en virtud de la ley de poderes de emergencia, según muestran los datos federales de diciembre. Muchas empresas, incluida la cadena de grandes almacenes Costco, ya acudieron a los tribunales para exigir reembolsos.

El impacto económico de los aranceles de Trump se estimó en unos 3 billones de dólares durante la próxima década, según la Oficina Presupuestaria del Congreso.

¿Qué dice la UE?

“Tomamos nota del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos y lo estamos analizando cuidadosamente”, afirman fuentes comunitarias, informa Rodrigo Ponce de León: “Mantenemos un contacto estrecho con la Administración estadounidense mientras buscamos claridad sobre las medidas que planean tomar en respuesta a este fallo. Las empresas en ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad y previsibilidad en la relación comercial. Por ello, seguimos defendiendo la reducción de aranceles y trabajando para disminuirlos”.

¿Qué opina la ciudadanía estadounidense?

Aproximadamente 6 de cada 10 estadounidenses desaprobaban la forma en que el presidente Trump estaba llevando las negociaciones comerciales con otros países, según una encuesta de AP-NORC realizada a lo largo del año pasado.

Esa cifra se mantuvo estable, incluso cuando Trump fue cambiando de política económica. Así aproximadamente 4 de cada 10 adultos estadounidenses aprobaban el enfoque comercial de Trump.

Esas cifras coinciden aproximadamente con la aprobación general del trabajo de Trump, que también se mantuvo notablemente estable a lo largo de su segundo mandato.

Revés total para los principales ejes económicos y políticos de Donald Trump. El Tribunal Supremo tumbó este viernes los aranceles globales del presidente de EE.UU., lo que supone una importante derrota en una cuestión crucial para su agenda económica.

La decisión se centra en los aranceles impuestos en virtud de una ley de poderes de emergencia, que el mandatario impuso a casi todos los países del mundo.

La mayoría de los jueces consideró que la Constitución otorga “muy claramente” al Congreso la facultad de imponer gravámenes, informa Associated Press, lo que incluye los aranceles. “Los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna parte de la facultad tributaria al Poder Ejecutivo”, escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.

Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh disintieron. “Los aranceles en cuestión pueden ser o no una política acertada. Pero, en cuanto al texto, la historia y los precedentes, son claramente legales”, escribió Kavanaugh en su voto particular.

El impacto económico de los aranceles de Trump se estimó en unos 3 billones de dólares durante la próxima década, según la Oficina Presupuestaria del Congreso.

El Tesoro recaudó más de 133.000 millones de dólares gracias a los impuestos a la importación que el presidente impuso en virtud de la ley de poderes de emergencia, según muestran los datos federales de diciembre. Muchas empresas, incluida la cadena de grandes almacenes Costco, ya acudieron a los tribunales para exigir reembolsos.

Es la primera medida importante de la amplia agenda de Trump que llega directamente ante el tribunal más alto del país, en el cual él mismo tiene una mayoría amplia de 6 a 3.

El presidente de EE.UU. se pronunció abiertamente sobre el caso, calificándolo como uno de los más importantes de la historia de Estados Unidos y afirmando que una sentencia en su contra supondría un duro golpe económico para el país.

Pero la oposición legal traspasó el espectro político, incluyendo a grupos ultraliberales y proempresariales que suelen estar alineados con el Partido Republicano.

El caso que se falló este viernes se refiere a los aranceles anunciados en abril sobre todo el mundo, incluidos los socios comerciales de EE.UU., así como los gravámenes impuestos desde febrero a las importaciones procedentes de Canadá, China y México.

Trump justificó estas medidas invocando la emergencia nacional en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Sin embargo, dos tribunales de primera instancia y un tribunal federal de apelaciones ya fueron dictaminando que la ley de emergencia invocada no le otorga al presidente de EE.UU. un poder ilimitado para fijar aranceles: la Constitución establece que la potestad arancelaria reside en el Congreso.

Ahora, el Supremo consideró que los aranceles del presidente de EE.UU. infringen la ley. Los demandantes argumentaron que la ley de poderes de emergencia de 1977 que Trump utilizó ni siquiera menciona los aranceles, y que ningún presidente anterior la había utilizado para imponerlos.

Trump construyó una supermayoría conservadora del Tribunal Supremo, nombrando a tres de los nueve magistrados durante su primer mandato. Hasta ahora, los magistrados se habían mostrado reacios a limitar su extraordinario ejercicio del poder ejecutivo, otorgándole una serie de victorias en los casos de emergencia que la Corte Suprema tramitó.

Sin embargo, estas órdenes habían sido temporales. Es decir, poco de la agenda ultra de Trump se debatió a fondo ante el máximo tribunal del país hasta el momento, y ahora está por ver si el resultado de este caso puede marcar la pauta para una mayor oposición legal a sus políticas.

Tras esta derrota ante el Tribunal Supremo, Trump puede imponer aranceles amparándose en otras leyes, pero estas presentan mayores limitaciones en cuanto a la rapidez y la severidad con que podría actuar.

Europa toma nota

“Tomamos nota del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos y lo estamos analizando cuidadosamente”, afirman fuentes comunitarias, informa Rodrigo Ponce de León: “Mantenemos un contacto estrecho con la Administración estadounidense mientras buscamos claridad sobre las medidas que planean tomar en respuesta a este fallo. Las empresas en ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad y previsibilidad en la relación comercial. Por ello, seguimos defendiendo la reducción de aranceles y trabajando para disminuirlos”.

Donald Trump amenaza a Canadá con aranceles del 100% si llega a acuerdos comerciales con China. El presidente de Estados Unidos ha lanzado este sábado una nueva amenaza a Canadá.

En efecto, Trump ha vuelto a mostrar su rabia contra el primer ministro canadiense, Mark Carney, a quien llama “gobernador”, como si fuera la máxima institución del ambicionado 51 Estado de EE.UU.

La amenaza de Trump llega después de una semana en Davos en la que Carney fue el líder más atrevido a la hora de criticar el caos internacional que está creando el presidente de EE.UU.

“Canadá existe gracias a EEUU”, le dijo Trump: “Recuérdalo la próxima vez que hables, Mark”.

Además, Trump le retiró la invitación para su Junta de la Paz.

“Si el gobernador Carney piensa que va a hacer de Canadá un 'puerto de entrega' para que China envíe bienes y productos a los Estados Unidos, está muy equivocado. China se comerá vivo a Canadá, lo devorará por completo, incluida la destrucción de sus negocios, el tejido social y la forma general de vida. Si Canadá hace un acuerdo con China, inmediatamente será golpeado con un arancel del 100% contra todos los bienes y productos canadienses que lleguen a los EEUU”.

“Nota del presidente francés, Emmanuel Macron”. Es lo que difundió el presidente de EE.UU., Donald Trump, en la medianoche del lunes al martes en Truth Social. En el mensaje que le manda el presidente frances, le dice: “Estamos alineados en Siria, podemos hacer grandes cosas en Irán, pero no entiendo lo que estás haciendo con Groenlandia”.

Macron también se ofrece a organizar un G7 después del foro de Davos en París el jueves: “Puedo invitar a los ucranianos, los daneses, los sirios y los rusos en los márgenes”.

El presidente francés, además, le dice a Trump: “Cenemos juntos en París el jueves por la noche antes de volver a Estados Unidos”.

El post de Trump con el mensaje de Macron llega después de que amenazara a Francia con aranceles del 200% al vino y el champán por la negativa francesa a colaborar con el plan de Gaza del presidente de EE.UU..

¿Tiene alguna respuesta al presidente Macron, que ha dicho que no participará en la reunión [sobre el plan de Gaza? Le preguntan al presidente de EE.UU., quien responde: “Bueno, nadie lo quiere, porque muy pronto dejará el cargo. No pasa nada. Lo que haré es que, si se sienten ofendidos, impondré un arancel del 200% a sus vinos y champán y él se unirá. Pero no tiene por qué unirse si ha dicho eso. Dejará el cargo en unos meses”.

Nuevos aranceles por defender Groenlandia de la anexión de EE.UU. Y nuevas amenazas. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha concretado el chantaje anunciado este viernes a los países europeos que se oponen a la anexión de Groenlandia, territorio dependiente de Dinamarca, país miembro de la OTAN.

Así, ha anunciado el presidente de EE.UU., “a partir del 1 de febrero de 2026, todos los países mencionados anteriormente (Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia) deberán pagar un arancel del 10% sobre todos los productos enviados a los Estados Unidos de América. El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25%. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”.

“Hemos subvencionado a Dinamarca, a todos los países de la Unión Europea y a otros durante muchos años al no cobrarles aranceles ni ningún otro tipo de remuneración”, ha dicho el presidente de EE.UU. en un largo post en Truth Social este sábado: “Ahora, después de siglos, es hora de que Dinamarca devuelva lo recibido: ¡la paz mundial está en juego! China y Rusia quieren Groenlandia, y Dinamarca no puede hacer nada al respecto. Actualmente, cuentan con dos trineos tirados por perros como protección, uno de ellos añadido recientemente”.

Según Trump, “sólo los Estados Unidos de América, bajo la presidencia de Donald J. Trump, pueden participar en este juego, ¡y con mucho éxito! Nadie tocará este pedazo de tierra sagrado, especialmente porque está en juego la seguridad nacional de Estados Unidos y del mundo en general”.

“Por si fuera poco”, dice el presidente de EE.UU., “Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia han viajado a Groenlandia con fines desconocidos. Esta es una situación muy peligrosa para la seguridad y la supervivencia de nuestro planeta. Estos países, que están jugando a este juego tan peligroso, han puesto en juego un nivel de riesgo que no es sostenible ni defendible”.

“Por lo tanto”, dice Trump, “es imperativo que, con el fin de proteger la paz y la seguridad mundiales, se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente”.

“Estados Unidos lleva más de 150 años intentando llevar a cabo esta transacción”, ha dicho el presidente de EE.UU. sobre la anexión de Groenlandia: “Muchos presidentes lo han intentado, y con razón, pero Dinamarca siempre se ha negado. Ahora, debido a la Cúpula Dorada y a los sistemas de armas modernos, tanto ofensivos como defensivos, la necesidad de adquirirla es especialmente importante. Actualmente, se están gastando cientos de miles de millones de dólares en programas de seguridad relacionados con la 'cúpula', incluida la posible protección de Canadá, y este sistema tan brillante, pero muy complejo, solo puede funcionar a su máximo potencial y eficiencia, debido a los ángulos, las medidas y los límites, si se incluye esta tierra en él”.

Trump concluye: “Los Estados Unidos de América están dispuestos a negociar inmediatamente con Dinamarca y/o cualquiera de estos países que han puesto tanto en riesgo, a pesar de todo lo que hemos hecho por ellos, incluida la máxima protección, durante tantas décadas”.

La amenaza del presidente de EE.UU. llega 48 horas después de la reunión en la Casa Blanca entre su vicepresidente, JD Vance, y su secretario de Estado, Marco Rubio, con los responsables de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia, Lars Loekke Rasmussen y Vivian Motzfeldt, respectivamente. Tanto Rasmussen como Motzfeldt rechazaron las ambiciones imperialistas de Trump.

“El Reino de Dinamarca sigue creyendo que la seguridad a largo plazo de Groenlandia también puede garantizarse dentro del marco actual, el acuerdo de 1951 sobre la defensa de Groenlandia, así como el Tratado de la OTAN”, dijo Loekke Rasmussen este jueves en la rueda de prensa posterior a la reunión en la Casa Blanca, frente a la embajada danesa en Washington DC: “Para nosotros, las ideas que no respeten la integridad territorial del Reino de Dinamarca y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés son, por supuesto, totalmente inaceptables y, por lo tanto, seguimos teniendo un desacuerdo fundamental, pero también estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo y, en consecuencia, seguiremos dialogando”.

“Creo que es muy importante repetir lo importante que es para nosotros reforzar nuestra cooperación con Estados Unidos, pero eso no significa que queramos ser propiedad de Estados Unidos”, terció la ministra groenlandesa, Vivian Motzfeldt.

Protestas en Groenlandia

Miles de personas recorrieron este sábado el centro de Copenhague al grito de “Groenlandia no está en venta” y en contra de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con ese territorio autónomo danés.

La manifestación, convocada por organizaciones de groenlandeses residentes en Dinamarca y una ONG danesa, comenzó en la plaza del Ayuntamiento, donde intervinieron, entre otros, la alcaldesa de Copenhague, Sisse Marie Welling, y varios políticos groenlandeses.

“No se puede comprar a la gente, no se puede cambiar el mapa del mundo según los deseos de los poderosos”, dijo Welling.

La diputada autonómica groenlandesa Pipaluk Lynge resaltó, por su parte, que “no es sólo Groenlandia, sino todo el orden mundial lo que está en juego”.

Las más de 15.000 personas, según los organizadores, que llenaron la plaza recorrieron luego las calles del centro ondeando banderas danesas y groenlandesas y con cánticos como “Kalaallit nunaat, kalaallit pigaat” (Groenlandia es de los groenlandeses).

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este lunes en Truth Social que los socios comerciales de Irán se enfrentarán a aranceles del 25% por parte de Estados Unidos. El anuncio supone un intento por presionar a Teherán tras la represión de las protestas que dejó casi 600 muertos en todo el país.

“Con efecto inmediato, cualquier país que mantenga relaciones comerciales con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre todas y cada una de las operaciones comerciales que realice con los Estados Unidos de América. La presente orden es definitiva y concluyente”, dijo Trump.

El presidente de EEUU amenazó reiteradamente a Teherán con una acción militar de Estados Unidos si la República Islámica usa fuerza letal contra los manifestantes antigubernamentales, y es una línea que Trump cree que Irán está “empezando a cruzar” y que, afirma, le lleva a sopesar “opciones contundentes”.

Según Trump, los nuevos aranceles “entrarían en vigor de inmediato”.

China, Brasil, Turquía y Rusia se encuentran entre las economías que hacen negocios con Teherán.

Previamente, Trump había afirmado que Irán quería negociar con Washington tras su amenaza de atacar a la República Islámica por la represión de las manifestaciones que, según los activistas, han dejado al menos 599 muertos.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en declaraciones a diplomáticos extranjeros en Teherán, insistió en que “la situación está totalmente bajo control” y culpó a Israel y a EEUU de la violencia.

“Por eso las manifestaciones se tornaron violentas y sangrientas, para dar una excusa al presidente estadounidense para intervenir”, dijo Araghchi, en declaraciones recogidas por Al Jazeera, cadena qatarí que ha podido informar en directo desde el interior de Irán, a pesar de estar cortado el acceso a Internet.

Araghchi afirmó que Irán estaba “abierto a la diplomacia”.

Mientras tanto, manifestantes progubernamentales llenaron las calles este lunes en apoyo del régimen, una demostración de fuerza tras días de protestas que desafiaban directamente el gobierno del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años.

El fiscal general de Irán ha advertido que cualquiera que participe en las protestas será considerado «enemigo de Dios», un delito castigado con la pena de muerte.

Trump y su equipo de seguridad nacional han estado sopesando una serie de posibles respuestas contra Irán, incluidos ciberataques y ataques directos por parte de Estados Unidos o Israel, según dos personas familiarizadas con las discusiones internas de la Casa Blanca consultadas por The Associated Press.

“El ejército lo está estudiando y estamos barajando algunas opciones muy contundentes”, dijo Trump a los periodistas en el Air Force One el domingo por la noche. Cuando se le preguntó sobre la respuesta de Irán, replicó: “Si lo hacen, les golpearemos con una fuerza que nunca antes han sufrido”.

“Creo que están cansados de que Estados Unidos les golpee”, dijo Trump: “Irán quiere negociar”.

Irán, a través del presidente del Parlamento del país, advirtió el domingo de que el ejército estadounidense e Israel serían “objetivos legítimos” si Washington utiliza la fuerza para proteger a los manifestantes.

Más de 10 600 personas han sido detenidas durante las dos semanas de protestas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos. Según esta agencia, 510 de los fallecidos eran manifestantes y 89 eran miembros de las fuerzas de seguridad.

Durante casi tres décadas, el comercio mundial avanzó por una senda relativamente predecible. Los aranceles descendían, las cadenas de suministro disfrutaban de plácets transfronterizos en una arquitectura multilateral imperfecta, pero funcional, con los conflictos mercantiles bajo control. Pero la versión Trump 2.0 ha roto esta sofisticada y defectuosa armonía. Y los daños colaterales del nuevo mapa del comercio mundial se cobrarán su factura en 2026 con los aranceles del inquilino de la Casa Blanca, para los que se espera una decisión inminente del Tribunal Supremo.

El modelo ya estaba herido, aunque no de muerte. La globalización se deterioró súbitamente tras el colapso crediticio de 2008 y convulsionó durante la Gran Pandemia. Sin embargo, han sido los supuestos e hipotéticos gendarmes del libre mercado, los dos últimos ocupantes del Despacho Oval, los que han retirado al enfermizo comercio toda respiración asistida. Primero Joe Biden, con su política de vetos tecnológicos, su uso del dólar como arma monetaria y su elenco de sanciones contra el Kremlin, con la involucración del G-7.

Y, sobre todo, ahora Donald Trump con sus caóticos aranceles recíprocos, para los que se esperaba una decisión del Supremo estadounidense el pasado viernes que finalmente se ha aplazado. Unos aranceles que han remodelado las hojas de ruta de tránsito de las mercancías, los servicios e, incluso, los capitales y los trabajadores, sometidos a no pocas trabas migratorias y a amenazas derivadas de los avances en IA y robotización.

Este giro geoestratégico copernicano no ha sido solo cuantitativo ni exclusivo de 2025 y ha supuesto también una ruptura conceptual. El recetario MAGA trasladado a la política comercial ha pasado de intervenciones selectivas a una acción concertada y generalizada, en la que los déficits bilaterales se tratan como prueba automática de desequilibrio que exige correcciones fiscales a ojos del equipo económico trumpista. Una red compleja de producción, inversión y consumo queda reducida así a una contabilidad simplificada.

Así lo declaran los expertos del Tax Policy Center, que sitúa el arancel efectivo promedio sobre las importaciones estadounidenses en torno al 17%, con potencial para superar el 20% si se aplicasen todas las medidas anunciadas por Trump. Brasil e India serían las más perjudicadas entre los grandes mercados, a la espera del dictamen sobre China, en un largo compás de espera que podría llevar todo 2026. Para una economía avanzada, aseguran, estos niveles son “excepcionales y sitúan al primer PIB mundial fuera del patrón comercial que ayudó a construir tras la Segunda Guerra Mundial”.

Este think tank, que vigila las políticas públicas americanas, cree que esta reconfiguración comercial impulsada por la Casa Blanca se distingue por su dureza y su automatismo: el déficit comercial ha dejado de ser un síntoma interpretativo para convertirse en un dogma de fe que incita a tomar medidas. “Esta lógica deja poco espacio para la diplomacia, al matiz sectorial o a la realidad de las cadenas globales de valor”, explican. Entre otras razones, porque el impacto arancelario se ha mostrado indiferente a la geopolítica al penalizar por igual a aliados y rivales cuando “no cuadran las cifras” de sus balanzas comerciales. El agujero comercial estadounidense ronda el 6% del PIB.

Supply Chain Dive, plataforma editora de datos de mercado, repasa el Top Diez de naciones a las que Washington considera que atentan contra su equilibrio comercial, con un ranking de los mayores gravámenes recíprocos en función del déficit que generan a Washington.

China, con un superávit de 296.000 millones de dólares, según información recabada a principios de agosto, ha recibido un peaje de entrada a sus productos del 30%, supeditado a unas negociaciones que se han saldado con dos prórrogas temporales. Encabeza la lista negra americana, por delante de la UE, con un saldo a su favor de 236.000 millones y un recargo del 15%, y de México, que con una cuenta exportadora a EEUU que supera en 171.000 millones el valor de las compras de su vecino septentrional recibió una tarifa del 25%.

El resultado, arguyen en Tax Policy Center, es un paisaje comercial fragmentado. Asia, Europa y los socios americanos del norte de EEUU afrontan peajes aduaneros más elevados y criterios de acceso inciertos hacia el gran mercado global. Además, “el alcance del cambio va más allá de los flujos porque a medida que avance 2026, sus efectos retardados empezarán a crear disputas legales internas y a lidiar con adaptaciones regulatorias externas, lo que provocará una fase de cuestionamiento abierto del sistema multilateral de comercio”.

Contabilidad arancelaria frente a realidad productiva

Las cadenas de valor modernas no son bilaterales. Al contrario, sus componentes y los flujos por donde circulan cruzan fronteras varias veces antes del ensamblaje final de sus escalas productivas. Es decir, sus mercancías emergen de forma exponencial y su distribución y logística dependen sobremanera de la fluidez de sus movimientos; del transporte y la adecuada gestión de proveedores y socios corporativos dentro y fuera de sus fronteras originales. Los aranceles recíprocos vienen a difuminar todo este entramado, al crear transacciones discretas y subjetivas entre estados soberanos.

La distancia entre ambos enfoques tiene consecuencias económicas claras y las empresas han reaccionado de manera racional. Como dice el profesor Jason Miller, experto en cadenas de suministro, rara vez abandonan la producción global, sino que la reorganizan con criterios defensivos. Diversifican proveedores, desplazan fases del proceso productivo y aceptan mayores costes a cambio de reducir exposición política. “La eficiencia cede terreno a la gestión del riesgo”, aduce.

Los últimos diagnósticos comerciales empiezan a reflejar este ajuste. Un análisis de la consultora Roland Berger muestra una caída significativa de importaciones estadounidenses desde China y Canadá a lo largo de 2025, que se compensan con el ascenso de México y varios mercados del Sudeste Asiático como proveedores alternativos. Vietnam, Tailandia o Malasia ganan peso, pero “no por ventajas de productividad, sino por su postura favorable al nuevo mapa arancelario”.

No se trata de una mera sustitución de las relaciones comerciales. Las rutas se alargan, mientras los inventarios crecen y la logística se vuelve más compleja. Las economías de escala se diluyen. Durante un tiempo, las empresas absorbieron el impacto con márgenes y ajustes contractuales, pero ese colchón “se está agotando”, alertan en Roland Berger. Al tiempo, la inflación de los bienes transfronterizos, contenida durante buena parte de 2025, “comienza a reflejar los costes acumulados”.

A diferencia de episodios proteccionistas del pasado, esta reconfiguración no implica un retorno masivo de la producción a EEUU. El tejido industrial no vuelve, “sino que se redistribuye”, y se hace más disperso, más dependiente de países intermedios y reglas de origen más complejas. “El comercio no se reduce, pero se vuelve menos eficiente y más geopolítico”, indica esta firma.

De igual manera, los aranceles han recuperado relevancia fiscal. Los cálculos de Tax Policy Center desvelan que los gravámenes vigentes y previstos podrían generar cerca de 247.000 millones de dólares en 2026 y más de 2,3 billones en la próxima década. Y en un contexto de descontrol persistente en las cuentas federales, “estos ingresos resultan tentadores”. Aunque insuficientes, porque el déficit presupuestario rebasó en 2024 el 7% de un PIB de 31,8 billones de dólares y su ratio de deuda supera ya el 124% del tamaño de su economía, en un periodo de incremento rampante del gasto militar.

Este afán recaudatorio resulta muy significativo para economistas como Kimberly Clausing, quien señala que los aranceles “funcionan como impuestos indirectos mal diseñados”, porque no solo son regresivos y opacos, sino que “acabarán teniendo una traslación desigual en los precios”. La idea de que el coste lo asume el exterior es, advierte, ilusoria. Consumidores y empresas domésticas absorben buena parte del impacto, aunque a menudo de forma indirecta.

A todo ello se suma una superposición normativa. Los aranceles recíprocos conviven con tasas por la seguridad nacional, tarifas sectoriales y disposiciones de emergencia. Los precios efectivos con ribete oficial superan así las cifras de inflación, multiplican la incertidumbre predictiva sobre la evolución del IPC y alimentan las dudas sobre la fiabilidad de las agencias federales que certifican la coyuntura económica de EEUU. Para importadores y fabricantes, este cúmulo de incógnitas constriñe sus planes corporativos, pospone inversiones y proyectos productivos y les genera más inquietud sobre la fragmentación del mercado global.

Reglas discrecionales y limbos normativos

Una razón esencial que explica que el impacto macroeconómico de los aranceles haya tardado en aflorar es el desfase temporal entre su anuncio y su impacto real. Los analistas subrayan que las empresas tienen herramientas para ganar tiempo: adelantar importaciones, absorber costes, renegociar contratos o cambiar de proveedores. Pero estas tácticas solo aplazan el ajuste, sin eliminarlo, con lo que acumulan perjuicios finales. Ciertas predicciones cifran el retraso entre 12 y 18 meses. Con ese calendario, 2026 aparece como el momento en que confluyen decisiones adoptadas desde 2024, cuando muchas empresas aún confiaban en que el giro proteccionista fuera transitorio.

A este desfase económico se une otro foco de incertidumbre en el orden legal. A finales de 2025, la Corte Suprema estadounidense examinó la legalidad de parte del régimen arancelario bajo una “interpretación expansiva” de la International Emergency Economic Powers Act. El fondo de este debate jurídico no es técnico, sino constitucional, y responde a un axioma simple: si el poder de imponer impuestos (aranceles incluidos) puede ejercerse de forma unilateral por el Ejecutivo o corresponde al Congreso, al que la Carta Magna de EEUU otorga en primer término este fast-track, o capacidad para acelerar acuerdos o estrategias de índole comercial.

Otros países han respondido con adaptaciones estructurales. China, por ejemplo, ha reformado su Ley de Comercio Exterior bajo unos criterios que entrarán en vigor el próximo marzo, que vinculan explícitamente el comercio con la seguridad nacional, refuerzan la protección de la propiedad intelectual y crean mecanismos de asistencia para sectores afectados. No es una represalia puntual, sino un ajuste institucional para operar en un entorno menos predecible.

El impacto arancelario, además, alcanza al sistema multilateral. Un reciente análisis del Peterson Institute for International Economics dice que los aranceles recíprocos “vulneran compromisos fundamentales” de la Organización Mundial del Comercio (OMC) como los límites a gravámenes a la importación consolidados o el principio de no discriminación. Casi un tercio de las importaciones estadounidenses estarían ya sujetas a gravámenes de emergencia y, por tanto, serían incompatibles con las reglas de la OMC.

Por si fuera poco, esta desobediencia normativa es acumulativa: al ignorar restricciones que antes defendía, EEUU reduce la obediencia debida de otros países que antes exigía y deja en el desamparo a las resoluciones de disputas de la OMC, con sus paneles de arbitraje, con la consiguiente pérdida de eficacia y de gobernanza comercial y el pertinente desplazamiento de estos difíciles equilibrios en los pactos bilaterales.

Robert Z. Lawrence, profesor de Comercio Internacional en la Harvard Kennedy School, subraya que la disyuntiva entre libre comercio y proteccionismo es falsa. En un mundo interdependiente, “la habilidad negociadora importa, pero también lo hacen las alianzas y las instituciones”. En su opinión, “los aranceles pueden servir como instrumentos transitorios para corregir distorsiones concretas, pero utilizados de forma indiscriminada socavan el sistema que amplifica la influencia estadounidense”.

De ahí que advierta sobre un coste menos visible. Al encarecer las compras en sectores estratégicos, desde energías limpias hasta manufacturas avanzadas, el renovado mapa arancelario “puede frenar inversiones donde la política económica pretende acelerarlas”, porque las políticas comerciales no solo alteran flujos, sino que redefinen prioridades y estas se podrían alejar de las claves geoestratégicas oficiales. Dentro y fuera de EEUU.

En 2026, todos estos elementos convergerán, advierte Lawrence, que cree que los aranceles recíprocos “no han colapsado el comercio global, pero han cambiado su geometría”.

Donald Trump vuelve a recular en su guerra arancelaria. La Casa Blanca pospone 90 días la fecha límite para negociar con China los gravámenes a sus importaciones, que expiraba este martes, 12 de agosto.

Según han confirmado fuentes del gobierno estadounidense a Reuters, el presidente ya ha firmado la orden ejecutiva que hace oficial ese nuevo plazo extra. Con ello, Washington da un poco más de aire a su equipo negociador y a Pekín para alcanzar un nuevo acuerdo comercial justo antes de que expirara el plazo impuesto por el mismo Trump el pasado mes de mayo, cuando Estados Unidos anunció una tregua de 90 días que expiraba ahora.

Con esta nueva ampliación del plazo, los aranceles sobre las importaciones chinas seguirán siendo los del 30% acordados durante las reuniones llevadas a cabo durante la pasada primavera en Suiza. El 30% actual viene del 10% de ,base impositiva, más el 20% que Trump aplicó a Pekín en su lucha contra la entrada de fentanilo.

La pausa actual permite evitar que se desate del todo la guerra comercial que Trump escaló hasta el 145% de impuestos a los productos chinos cuando Pekín no dio a torcer su brazo en abril y respondió con aranceles para los productos americanos. La cifra que establecieron los chinos fue del 125%.

La prórroga llega después de que este lunes trascendiera que los gigantes tecnológicos estadounidenses Nvidia y AMD van a pagar al Gobierno de EEUU el 15% de sus ingresos por la venta de chips para IA a China a cambio de obtener el visto bueno de Trump para poder exportar esos productos.

La nueva fecha límite para fijar de manera definitiva los aranceles para el gigante asiático se situaría así en noviembre, mientras que en el caso de México expira en octubre. Ambos países son de las pocas excepciones que ha habido después de que la semana pasara entraran en vigor los aranceles globales de Trump: tanto aquellos que se habían logrado negociar antes de la fecha límite (como el 15% a la UE) como los unilaterales (es el caso del 25% a la India, que ya ha escalado al 50%).

La razón por la que tanto China como México parecen estar gozando de un trato especial por parte de Washington es que los impuestos a sus importaciones pueden tener un gran impacto en la economía estadounidense.

Los aranceles a China están entre los gravámenes que más han preocupado a los mercados y especialmente a las grandes compañías estadounidenses, como Walmart y Target. En su momento, los representantes de las compañías advirtieron al presidente de que los impuestos a las importaciones chinas implicarían un aumentos de precios en sus productos. Algo que repercutiría directamente en los consumidores.

Los efectos de los aranceles que ya están en vigor desde principios de año ya asoman la cabeza en algunos de los macroindicadores económicos de la economía estadounidense, como es la inflación, que ya se ha encaramado hasta el 2,7%. El ritmo del gasto del consumidor también se ha empezado a enfriar. El banco de inversión Morgan Stanley estima que el crecimiento del gasto del consumidor se reducirá del 5,7% de 2024, a un 3,7% en 2025.

Lo único seguro en la nueva era de los aranceles de Donald Trump es la incertidumbre. Tanto dentro como fuera de Estados Unidos. A las puertas de los nuevos gravámenes mundiales que entran en vigor este 7 de agosto, el presidente ha demostrado que no hace distinciones entre aquellos países con los que ha pactado y los que no. En los últimos días, tan pronto ha amenazado a la UE con aumentar los impuestos al 35% (a pesar del 15% acordado), como ha anunciado un 25% adicional para la India. Dentro de EEUU, los efectos incipientes de los aranceles apuntan en dirección contraria a la gran “época dorada” que ha prometido el republicano.

Esta madrugada Washington impugna las últimas décadas de libre comercio promocionado en su propio beneficio, pero que según Trump ha sido injusto con los intereses del país. En un galimatías donde se entremezclan los aranceles universales del 10%, más los específicos para algunos productos como el 50% al acero, también se empezarán a cobrar los unilaterales a los 70 países que no lograron pactar una nueva cifra y los nuevos negociados con 34 socios comerciales.

En esta última categoría se incluyen los 27 miembros de la UE, cuyos productos serán gravados con un arancel del 15%. Al menos, hasta que Trump no diga lo contrario e intente cumplir sus amenazas. El desasosiego ya era previo a la última salida de tono del presidente, pues en la víspera de la entrada en vigor del acuerdo aún no se ha publicado ningún documento que explicite los detalles sobre cómo alcanzar los términos consensuados.

Las negociaciones de última hora entre Bruselas y Washington para lograr una excepción a los vinos, licores y cervezas europeos, ya dejaban entrever que, más que un reglamento comercial, se ha consensuado un marco referencial. Ejemplo de ello es que Trump ha estado hablando de los 600.000 millones de dólares que le prometió Bruselas como si fuera un cheque en blanco: “Puedo hacer lo que quiera”, ha llegado a decir. La Comisión Europea tiene ahora dos problemas: navegar con las delirantes expectativas de Trump, y lidiar con unas empresas (y sus accionistas) a los que no puede dictar dónde poner su dinero.

Trump ha mostrado los aranceles como un flujo de riqueza que irá a parar directamente a la economía de su país y pondrá fin a todos los males que supuestamente la aquejan. En la teoría del presidente, alzar las barreras comerciales devolverá las empresas a un país desangrado por la globalización y la deslocalización. También solventará el déficit comercial negativo. Incluso se ha atrevido a plantear que la recaudación (prevé cerca de tres billones de dólares en la próxima década) podrá reemplazar los impuestos sobre la renta.

Sube la inflación, baja el gasto del consumidor

Sin embargo, en los primeros seis meses de experimento comercial (y una buena dosis de incertidumbre), la inflación en Estados Unidos ya se ha disparado hasta el 2,7%, según los datos de junio. Un dato que contrasta con el 2,4% de mayo, y que marca claramente cómo los aranceles están impulsando los precios de algunos bienes. Todo, a la espera de que la semana que viene se publiquen los nuevos datos de evolución de los precios en julio.

Hay que tener en cuenta que muchas empresas se aprovisionaron de existencias ante el espectáculo de Trump en el llamado “día de la liberación” del pasado 2 de abril, con el presidente exhibiendo una pizarra para anunciar aranceles a medio mundo. Y el efecto tardará en notarse en los precios a medida que vaya agotándose ese stock.

A la par de la progresiva escalada de la inflación, el gasto del consumidor se ha enfriado ante un carro de la compra que, al contrario de lo que Trump prometió, no hace más que encarecerse. El banco de inversión Morgan Stanley estima que el consumo privado decelere del crecimiento del 5,7% de 2024 a un 3,7% en 2025. Y este primer freno se produce cuando la mayoría de ciudadanos aún no están notando el impacto incipiente de los primeros aranceles.

Las grandes cadenas están intentando absorber lo máximo posible los primeros aumentos para evitar perder clientes con las subidas del precio final. Sin embargo, esta tendencia no durará mucho, ya que la mayoría de analistas esperan que, en última instancia, las empresas acaben trasladando una mayor proporción del coste a los consumidores. Por ahora, el efecto ya se está notando en las cadenas de comercio minorista, con una ralentización de las ganancias de este sector, mientras los beneficios de banca y tecnológicas siguen disparados, tal y como refleja un reciente análisis de Financial Times.

Esto también explica el comportamiento del balance comercial, que hasta ahora está siendo mejor de lo previsto porque muchas empresas también han aumentado sus exportaciones para aprovisonarse de cara a los aranceles

Por si la volatilidad no fuera suficiente, aún queda por ver cómo se resuelve el tiempo de prórroga del que gozan China y México. El próximo 12 de agosto es la fecha límite para que se consiga cerrar un acuerdo comercial entre Pekín y Washington. A la espera del resultado, continúan en vigor los aranceles del 30% a las importaciones chinas. México, de donde Estados Unidos importa buena parte de los productos frescos que consume, aún tiene margen hasta octubre para lograr un pacto comercial. Este último es uno de los que tiene el potencial de hacer más daño en el bolsillo del ciudadano de a pie.

La situación de la economía estadounidense es prácticamente de pleno empleo, con el paro alrededor del 4,2%, pero los últimos datos de ocupación tampoco coinciden con la imagen de una economía boyante que tanto clama Trump. El viernes pasado se conoció que en julio se crearon unos 73.000 nuevos puestos de trabajo, muy por debajo de los 110.000 que esperaban los analistas .

Furioso ante un claro indicador de desaceleración, con un acusado descenso de las contrataciones, la respuesta del presidente fue negar los hechos y despedir de forma fulminante a la funcionaria que dirigía la Oficina de Estadísticas Laborales, Erika McEntarfer. Este organismo va a afrontar un recorte de su presupuesto del 8% para el próximo año, dentro de la política de recortes draconianos del gasto público de la Administración Trump.

La reacción del mandatario no hace más que generar aún más desconfianza respecto a la economía estadounidense y al valor del dólar como divisa patrón. A esto, hay que sumarle las constantes amenazas de despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por no plegarse a sus designios y negarse a bajar los tipos de interés.

La posibilidad de que los indicadores económicos estadounidenses dejen de ser objetivos, más los constantes giros de guion en la política comercial, siguen pesando más para muchas compañías que las amenazas arancelarias a la hora de decidir si ponen sus fábricas de vuelta en el país.

En este sentido, los tantos que Trump se ha podido anotar son escasos. Por un lado, la inversión de 100.000 millones de dólares de la taiwanesa TSMC en la construcción de plantas de semiconductores en EEUU. Y por otro, el anuncio de Apple de invertir 500.000 millones de dólares para abrir una fábrica en Texas en los próximos cuatro años.

Las palabras y acciones de Donald Trump rara vez coinciden a la perfección. Si observamos con atención, lo que no dice puede ser tan revelador como lo que dice.

“Desde el primer día, acabaremos con la inflación y haremos que Estados Unidos vuelva a ser accesible, para reducir los precios de todos los bienes”, declaró a la nación antes de su reelección. El presidente estadounidense dijo que el 2 de abril sería “recordado para siempre como el día del renacimiento de la industria estadounidense”, solo para suspender los aranceles una semana después.

Prometió paz en Ucrania el primer día de su presidencia, solo para aclarar más tarde que lo dijo “en broma”; y afirmó que muy pocas personas pueden vencerlo en el golf, solo para que las imágenes de Escocia plantearan preguntas sobre cuán honesta podría ser esa ronda.

Como magnate inmobiliario, estrella de reality shows y activista político, Trump aprendió a adaptar la narrativa a su voluntad, incluso si eso significaba alejarse de la realidad.

Como presidente, esto suele dejar una brecha entre lo que dice y lo que hace. En muchos casos, es más importante seguir las acciones de la administración que el torrente de palabras.

Si usted fuera, por ejemplo, una empresa estadounidense que compra café de Brasil, podría haberse apresurado a importarlo la semana pasada después de que Trump insistiera en que el 1 de agosto era la fecha límite inamovible para la aplicación de nuevos aranceles. “Se mantiene firme y no se extenderá”, escribió el miércoles, horas antes de firmar una orden ejecutiva que estipulaba que, después de todo, los nuevos aranceles elevados para el país entrarían en vigor el 8 de agosto.

Y si usted es un consumidor estadounidense, es razonable que se pregunte cómo es posible que la inflación esté “muerta”, como dice la Casa Blanca, si usted sigue gastando más dinero en alimentos cada mes.

El presidente tiene muchísimo que decir sobre los aranceles. Argumenta que recaudarán billones de dólares para el gobierno federal estadounidense; eliminarán los déficits comerciales con otros países; e incluso castigarán a Brasil por enjuiciar a su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro, por supuestamente intentar tomar el poder tras perder las elecciones presidenciales de 2022. La lista continúa.

¿Pero qué pasa con lo que el presidente no dice?

Trump fue reelegido en noviembre pasado tras prometer repetidamente una rápida reducción de los precios para los estadounidenses. Esta promesa constituyó un pilar central de su campaña electoral —una frase recurrente en mítines, entrevistas y debates—, ya que millones de personas tenían dificultades para llegar a fin de mes tras años de inflación.

Toda política tiene un costo. Todo impuesto debe ser pagado por alguien, en algún lugar. Para los consumidores, el Laboratorio de Presupuesto de Yale estima que el impacto a corto plazo de los cambios arancelarios de Trump en los precios equivale a una pérdida promedio de ingresos por hogar de US$2.400.

De lo que Trump no habla realmente sobre el impacto de su agresiva agenda arancelaria en Estados Unidos es de los precios. Una de las pocas veces que ha reconocido que podría exacerbar la inflación le llevó en mayo a una extraña digresión sobre las muñecas. Reconociendo que los aranceles podrían provocar subidas de precios, Trump sugirió que los niños estadounidenses podrían tener que conformarse con tener “dos muñecas en lugar de 30”.

En aquel entonces, según Trump, Joe Biden seguía siendo el responsable de cualquier señal de conflicto en la economía. Ahora argumenta casi a diario que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell , es el responsable.

El mayor indicio hasta la fecha de que la economía estadounidense se tambalea bajo el mandato de Trump se produjo el viernes, cuando datos oficiales revelaron que el mercado laboral se había estancado este verano. Despidió bruscamente al veterano funcionario encargado de las estadísticas y alegó, sin pruebas, que las cifras habían sido manipuladas.

Con el aumento de los aranceles estadounidenses vigentes para varios países, el presidente y su administración inevitablemente hablarán mucho sobre los beneficios de su estrategia económica. Ya intentan ocultar las evidencias de sus inconvenientes. Incluso podrían plantear la posibilidad de una ayuda , presentada como una señal del éxito de esta política, en lugar de una concesión de que muchos estadounidenses siguen pasando apuros.

Pero si manejás un pequeño negocio que depende del comercio, o vas al supermercado con un presupuesto limitado, la realidad supera a la retórica. Las palabras no pagan las cuentas.

Brasil está en pie de guerra contra el tarifazo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El gigante sudamericano, el país de la diplomacia cordial que tradicionalmente abre la Asamblea General de la ONU, ha subido el tono contra la amenaza de aranceles del 50% a sus productos por parte de Washington y está protagonizando una dura reacción a las amenazas de Trump.

Sin renunciar a la negociación, el país presidido por Luiz Inácio Lula da Silva anunció que aplicará la Ley de Reciprocidad Económica, que permite tasar los productos estadounidenses con aranceles del mismo valor. Lula, en un discurso contundente en defensa de la soberanía nacional, argumentó que va a tasar a las grandes compañías tecnológicas de EEUU: “Vamos a juzgar y cobrar impuestos de las empresas estadounidenses digitales. No aceptamos que, en nombre de la libertad de expresión, utilicen (las redes sociales) para agredir, para difundir mentiras y para perjudicarnos”.

No obstante, la principal carta de dicha ley brasileña no tiene que ver con tarifas recíprocas, sino con saltarse las patentes estadounidenses. El artículo 71 de la Ley de Reciprocidad Económica permite la violación de patentes en casos concretos, algo que ya ocurrió en 2007, cuando Brasil y África del Sur fabricaron medicamentos genéricos contra el SIDA. “Sectores como el farmacéutico, el químico, el biotecnológico y el tecnológico serán los más afectados, ya que concentran gran parte de las patentes estadounidenses en el país”, aseguró Rafaella Krasinski, abogada de derecho empresarial, a Uol.com.br.

Por otro lado, el intento de Donald Trump de interferir en la justicia brasileña para evitar la prisión del expresidente Jair Bolsonaro, ha provocado una escalada diplomática en órganos internacionales. El pasado miércoles, Brasil, aparte de criticar el carácter “arbitrario y caótico” del tarifazo de Trump, denunció el intervencionismo estadounidense en una reunión cerrada de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra. “Estamos presenciando un cambio extremadamente peligroso: el uso de tarifas como herramienta para interferir en asuntos internos de terceros países”, aseguró Philip Fox-Drummond Gough, Secretario de Asuntos Económicos y Financieros del Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil.

Cerco judicial a Bolsonaro

La Justicia brasileña no solo está demostrando firmeza frente al intento de injerencia de Donald Trump, sino que ha redoblado su presión contra la familia Bolsonaro. Paradójicamente, la suspensión del visado a Estados Unidos ocho ministros del Supremo Tribunal Federal (STF), que llegó tras la orden de instalar una tobillera electrónica a Jair Bolsonaro, ha reforzado al poder judicial brasileño. Tanto que Alexandre de Moraes, el “superjuez” del Supremo que está a cargo del juicio contra Jair Bolsonaro y en el epicentro de los ataques de Trump, está más cómodo que nunca aplicando mano dura: el pasado martes amenazó con encarcelar preventivamente al expresidente en caso de que siguiera usando redes sociales.

Por otro lado, Alexandre de Moraes bloqueó todas las cuentas y bienes de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, que desde marzo se encuentra en Estados Unidos maniobrando contra el Gobierno y la Justicia de Brasil. Por su parte, Paulo Gonet, fiscal general del Estado, ha manifestado que “la actuación coordinada entre Jair Bolsonaro y su hijo Eduardo Bolsonaro para intimidar a las autoridades brasileñas y obstruir el curso de la acción penal” configuran un delito.

La Justicia brasileña también está investigando a Eduardo Bolsonaro por su posible implicación en la filtración de información privilegiada en una acción orquestada de especulación financiera. La Abogacía General del Estado sospecha que el hijo del exmandatario alertó a agentes del mercado financiero unas horas antes del tarifazo de Trump. El pasado 9 de julio, a las 13.30 horas, alguien compró entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, según un reportaje de TV Globo.

El inversor Spencer Hakinian, fundador del fondo de inversión de alto riesgo Tolou Capital Management, denunció que, tras el anuncio de los aranceles contra Brasil y la consecuente desvalorización del real brasileño, el mismo comprador vendió los dólares, con beneficios del 40% o 50%. La filtración de información privilegiada o insider trading es un crimen tipificado entre uno a cinco años de prisión. “Estoy muy contento al ver a Brasil investigando esta actitud sospechosa. Ojalá Estados Unidos fuera lo suficientemente responsable como para hacer lo mismo”, afirmó Hakimian, según Reuters.

Articulación global

La dura intervención de Brasil en la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Ginebra sorprendió a EEUU con el pie cambiado. Philip Fox-Drummond Gough, representante de Brasil, denunció que el tarifazo unilateral constituye una violación flagrante de los principios fundamentales de la OMC y del comercio internacional. “Las tarifas arbitrarias, anunciadas e implementadas de forma caótica, están desestructurando las cadenas globales de valor y corren el riesgo de lanzar la economía mundial en una espiral de precios altos y paralización”, alertó Gough.

El representante brasileño fue más allá en sus acusaciones, al afirmar que “las negociaciones basadas en juegos de poder son un atajo peligroso para la inestabilidad y la guerra”. El movimiento de Brasil en la OMC recabó de forma inmediata el apoyo de 40 países, entre ellos, algunos de la Unión Europea, los BRICS, Canadá y Australia. El Gobierno estadounidense afirmó que “tomó nota” de las críticas. Por su parte, Brasil ha comunicado que en caso de que Donald Trump cumpla su amenaza de subir los aranceles al 50%, transformará la crítica en denuncia formal en la OMC.

El veterano periodista Luis Carlos Azedo, en un análisis publicado en el Correio Braziliense, refrenda la estrategia diplomática brasileña y su apuesta por el multilateralismo. “Es necesario reducir la dependencia económica de Estados Unidos y reafirmar al país como un actor relevante del Sur Global. Urge reforzar lazos con la Unión Europea, el mundo árabe y los países asiáticos, especialmente con China, India e Indonesia”, apunta Azedo. En su opinión, la adhesión de Brasil a la acción de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no es casual.

El estadounidense Paul Krugman, premio Nobel de economía, ha defendido que Brasil debería aplicar tarifas recíprocas en el caso de que se confirmen los aranceles a partir del 1 de agosto. “Las oportunidades de que [Trump] vuelva atrás son mucho mayores si demuestras que tienes agallas y estás preparado para reaccionar, que si ofreces concesiones”, aseguró Krugman en entrevista exclusiva a la BBC News Brasil.

A falta de conocer la letra pequeña del acuerdo comercial suscrito por Donald Trump y Ursula von der Leyen, el pacto revela la rendición de la Unión Europea a los desmanes del inquilino de la Casa Blanca, tanto en el fondo como en la forma. La presidenta de la Comisión Europea accedió a desplazarse al campo de golf en Escocia donde el magnate pasaba unos días de ocio privado para cerrar el acuerdo. Los detalles se habían perfilado en los últimos días y el viaje se produjo cuando se entraba en el tiempo de descuento para el límite del 1 de agosto que había puesto Trump para evitar su última amenaza: un arancel genérico del 30% que en Bruselas habían calificado de “prohibitivo”. Para entonces, países como Alemania, habían dejado claro que estaban dispuestos a prácticamente todo para llegar a un acuerdo.

Y al final Trump se ha salido con la suya. Por primera vez en décadas logra sellar entendimientos comerciales que, en la práctica, suponen un encarecimiento de las transacciones. Ahora bien, sólo en una dirección. La UE, además, se compromete a aumentar sustancialmente sus importaciones a ese país, cuya queja es la existencia de un déficit comercial muy inferior a las promesas que ha lanzado Von der Leyen. La UE se conforma con lo menos malo.

Aranceles del 15% a las exportaciones de la UE

El gran titular del acuerdo es que las exportaciones de la UE a EEUU tendrán un gravamen del 15% con carácter general. Es un gran triunfo para Trump, que logra que la UE acepte esa cifra que inicialmente era inasumible y que ya viene aplicando, en realidad, desde hace un par de meses. Y en la UE habían dicho que se trataba de tasas injustas, desproporcionadas e ilegales. Sin embargo, ahora las asume. De hecho, antes de comenzar la reunión en los márgenes del campo de golf, Von der Leyen ha reconocido que había un desequilibrio en las relaciones comerciales que perjudicaba a EEUU.

Sin embargo, en la UE habían cifrado esa cantidad en 236.000 millones de euros que se quedan en 50.000 millones si se contabilizan los servicios –de unas transacciones totales de 1,5 billones de euros aproximadamente– y se comprometían a ajustarla incrementando algunas importaciones mientras que abogaban por la introducción de los aranceles 'cero por cero' para vehículos y productos no industriales.

“Han acordado abrir sus países al comercio con aranceles cero. Eso es un factor muy importante. Al abrir sus países, todos ellos estarán abiertos al comercio con Estados Unidos con aranceles cero”, ha presumido Trump sobre los 27 miembros de la UE.

¿Salvar las industrias europeas?

En declaraciones a los periodistas tras la reunión, Von der Leyen se refirió “aranceles cero para una serie de productos estratégicos”, entre los que citó los aviones y sus componentes (especialmente importante para empresas como Airbus o Boeing), “determinados productos químicos, determinados medicamentos genéricos, equipos semiconductores, determinados productos agrícolas, recursos naturales y materias primas esenciales”.

Y puso en valor que el “tipo arancelario único del 15%” por parte de EEUU se aplicará a la mayoría de los sectores, “incluidos los automóviles, los semiconductores y los productos farmacéuticos”. La justificación en buena medida es que eso da certidumbre a las empresas en momentos “turbulentos”.

¿Y por qué lo vende como una victoria si supone un aumento exponencial sobre lo que había antes de Trump? Porque Von der Leyen hace la 'trampa' de comparar esa cifra con lo que se venía aplicando desde que el presidente de EEUU desató la guerra comercial y que en el caso de los vehículos era un 25% extra al anterior 2,5%. Por lo tanto, lo considera una bajada.

“No hay que subestimar el 15%, pero es lo máximo que pudimos conseguir”, ha admitido. Y lo mismo ocurre con la amenaza que sobrevolaba con los semiconductores y el sector farmacéutico, claves para estados como Países Bajos o Irlanda.

Reducción de aranceles que paga EEUU

Además de que la UE asume más aranceles por parte de EEUU, se compromete a reducir algunos de los que el bloque comunitario impone, como por ejemplo la tasa del 2,5% a los vehículos procedentes de ese país. Así, las importaciones tendrán un gravamen del 0% mientras que las exportaciones lo tendrán del 15%.

La UE eliminará también aranceles que actualmente impone a algunos productos agrícolas, como los frutos secos, que dejarán de estar gravados; la langosta u otros pescados, además de quesos y algunos productos lácteos. También se incluirá la comida para mascotas. El listado definitivo se publicará junto a la declaración conjunta del acuerdo entre los dos bloques, según fuentes comunitarias, que cifran en 70.000 millones los productos que pasarán a tener aranceles cero.

La UE se arrodilla tras la cumbre de la OTAN

Hace justo un mes quedó claro en la cumbre de La Haya que los miembros de la OTAN sucumbían a la presión de Trump –que llegó a la Casa Blanca amenazando con dinamitar la alianza– al aceptar un nuevo objetivo del gasto militar del 5% del PIB. Muchos países europeos, entre ellos Alemania, reconocieron que era un umbral incompatible con las finanzas públicas, pero lo acataron, a excepción de Pedro Sánchez, que dijo que España cumpliría con sus compromisos con la OTAN sin llegar a esa cifra.

Ahora Trump consigue que la UE se comprometa a que parte de ese gasto vaya a parar a la industria armamentística de EEUU. “Han acordado comprar una gran cantidad de equipo militar. No sabemos cuál es esa cifra, pero la buena noticia es que fabricamos el mejor equipo militar del mundo”, ha reconocido el presidente estadounidense, que lo ha vinculado con la OTAN y, de hecho, ha admitido que no hay muchas diferencias entre la UE y lo que representa la alianza en su conjunto.

La amenaza como nuevo manual diplomático en el mundo

El acuerdo con Trump llega después de que publicara en sus redes sociales hace 20 días una carta a Ursula von der Leyen informándole de que aplicaba un arancel del 30% a los productos europeos. Una decisión que vino a raíz de aquel célebre día de la Independencia de EEUU, el 2 de abril, en al que adelantaba aranceles a todo el mundo.

El presidente de EEUU ha jugado a las amenazas con sus socios europeos, y ha salido victorioso. Trump ha implantado un nuevo patrón diplomático, que pasa por amenazar con el comercio para, a partir de ahí, lograr un buen acuerdo para sus intereses. Y lo está consiguiendo.

Durante unos meses circulaba en Washington la expresión “Trump Always Chickens Out”, TACO, “Trump siempre se raja”. Pero, al final, los que están acabando rajándose son el resto de países del mundo.

Salvo Canadá, Brasil y China, el resto están entrando al juego de la amenaza, al marco propuesto por Trump y a sus condiciones.

La época del diálogo, la multilateralidad y las alianzas entre EEUU y la UE, bloques con formas similares de concebir el mundo, ha dado paso a las amenazas y las coacciones.

Unas compras de energía por casi la mitad del consumo

La otra gran victoria de Trump es que la UE se compromete a aumentar sustancialmente las importaciones de energía de EEUU. Así, el presidente ha hablado de 750.000 millones de dólares (unos 680.000 millones de euros) que Von der Leyen ha precisado que se materializarán en tres años, es decir, 250.000 millones cada ejercicio (unos 225.000 millones de euros).

Esa cifra es elevadísima teniendo en cuenta que las importaciones de energía de la UE a terceros países ascendieron a 427.000 millones de euros en 2024, según los datos de la Comisión Europea. Reemplazaremos el gas y el petróleo rusos por compras significativas de gas GNL, petróleo y energía nuclear estadounidenses“, ha confirmado Von der Leyen.

¿Y la autonomía energética?

Una de las supuestas lecciones aprendidas de la invasión de Ucrania por parte de Vladímir Putin fue la excesiva dependencia energética de Rusia. El Nord Stream, el gas barato para la industria alemana, los cargos para ex dirigentes europeos en Gazprom, como el ex canciller socialdemócrata Gerhard Schröder, y toda una serie de obligaciones con Rusia a cambio de un crecimiento sostenido en una energía barata saltaron por los aires después de febrero de 2022.

La pandemia de la COVID, unida a la guerra de Ucrania, hicieron a la Unión Europea consciente de sus dependencias y debilidades con respecto al exterior. Y se decidió cortar con la energía rusa e invertir en autonomía energética por la vía de las renovables.

Todo eso ahora, con el acuerdo con EEUU, se pone en cuestión, en tanto que el compromiso es traer desde otro continente una tercera parte del consumo anual europeo: es decir, una tercera parte de la energía que consuman los europeos va a depender de un país en otro continente, con lo que eso supone de pérdida de autonomía, recursos propios y apuesta por un itinerario de transición energética europeo.

Y, además, el acuerdo es con un país, EEUU, cuyo presidente, Donald Trump, tiene como brújula energética el “drill, baby drill”, que es puro extractivismo y las nucleares, al tiempo que está abriendo minas de carbón, que en Europa son sinónimo de energías contaminantes, contrarias al medio ambiente, caras y poco sostenibles.

Firma Von der Leyen, pero los 27 están detrás

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sellado el acuerdo este domingo por la tarde en el campo de golf escocés de Donald Trump. Se ha desplazado hasta allí desde Bruselas para oficializar un acuerdo que sortea una guerra comercial, pero que también evidencia una posición dominante de Trump sobre la Unión Europea.

Trump ha ido a la guerra, ha impuesto aranceles unilaterales, queriendo usar los gravámenes para acabar desequilibrios en las balanzas comerciales que tienen más que ver con la competitividad de las empresas y los productos que con las barreras a la circulación de mercancías.

Y la UE no ha respondido con la misma moneda: ha preferido un acuerdo, aunque fuera malo, que una guerra comercial. Y eso no es una decisión única de la Comisión Europea, en quien recaen las competencias del comercio internacional en la UE, sino que es algo que cuenta con el visto bueno de los 27, que han ido siendo informados y consultados de forma constante por el Ejecutivo comunitario.

Y lo que han decidido los 27 es que no querían una guerra, que preferían un mal acuerdo a un no acuerdo. Y eso es lo que han conseguido: han firmado, por primera vez, asumir unos aranceles unilaterales por parte de EEUU.

Acero, aluminio y cobre, al 50%

Hay algo que no entra en el acuerdo europeo del 15%, y son el aluminio, el acero y el cobre, sujetos a un 50% generalizado para las importaciones a EEUU.

A pesar de los esfuerzos europeos por rebajar ese muro de entrada al mercado estadounidense decretado de forma unilateral por Donald Trump, el acuerdo firmado por Ursula von der Leyen no se aplica a estas materias primas fundamentales para la industria estadounidense.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro dijo este martes tener el “poder” para evitar la imposición del arancel del 50% anunciado por Estados Unidos, siempre y cuando le dejen hablar con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Bolsonaro aseguró en una entrevista con el portal Poder360 que le gustaría “conversar” con Trump, pero que en ese momento no disponía de pasaporte, documento que le fue retirado por la Corte Suprema en razón de las acusaciones por intento de golpe de Estado.

“Creo que tenía poder para resolver ese asunto, pero tenía que tener libertad de conversar con Trump”, declaró el expresidente ultraderechista (2019-2022), un aliado del estadounidense.

Al mismo tiempo, Bolsonaro dijo que no estaba a favor del arancel, pese a que en un primer momento expresó su “admiración” y “respeto” por Trump, tras el anuncio de la barrera comercial a los productos brasileños, que Estados Unidos amenazaba con imponer a partir del próximo 1 de agosto.

El presidente estadounidense vinculó la imposición del arancel a una supuesta persecución judicial contra Bolsonaro, acusado de liderar una trama golpista que buscaba impedir la toma de posesión del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, tras su victoria en las elecciones de 2022.

Trump “no estaba pidiendo mucha cosa, estaba pidiendo democracia”, reflexionó el expresidente brasileño.

En ese sentido, culpó a Lula de la crisis por “provocar” a Estados Unidos con sus declaraciones en contra de Israel y sus supuestos planes para establecer una moneda de referencia alternativa al dólar en el marco de los BRICS, el grupo de países emergentes.

“Todos los países a los que se impuso un arancel conversaron (con Trump) y lo resolvieron”, afirmó, antes de citar como ejemplo las negociaciones entre la Argentina de Javier Milei y la Casa Blanca y de decir que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil era una “broma”.

En respuesta al anuncio de la Casa Blanca, el Gobierno de Lula afirmó estar dispuesto a negociar, pero pidió respeto a las instituciones judiciales y alertó de que tomaría medidas similares si el arancel entra en vigor el 1 de agosto.

La relación entre Jair Bolsonaro y Donald Trump fue una de las más estrechas entre líderes de Brasil y Estados Unidos en tiempos recientes. Durante sus respectivos mandatos, ambos promovieron agendas conservadoras, coincidieron en políticas ambientales y se apoyaron mutuamente en foros internacionales. Esa sintonía personal y política ha continuado aún después de dejar el poder.

Desde que terminó su mandato en 2022, Bolsonaro enfrentó múltiples causas judiciales en Brasil, entre ellas, la más grave: su presunta participación en un intento de golpe de Estado para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva. Por esa razón, la Corte Suprema le retiró el pasaporte y restringió sus movimientos internacionales.

El nuevo arancel del 50% anunciado por el gobierno de Estados Unidos representa una amenaza significativa para la economía brasileña, en especial para sectores agrícolas y manufactureros que dependen de las exportaciones al país norteamericano. Esta medida es vista como una forma de presión diplomática, vinculada al estado de la democracia en Brasil.

Los BRICS, el bloque de economías emergentes compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (ahora también con nuevos miembros como Irán y Egipto), impulsaron la idea de crear una moneda común para reducir su dependencia del dólar. Esta iniciativa generó tensiones con Estados Unidos, que ve con recelo cualquier intento de erosionar la hegemonía de su moneda.

JJD, con información de EFE.

La UE ha pasado de la ofensiva de “golpear donde duele” a Donald Trump al plantear represalias a sus aranceles que dañaran no solo la economía de EEUU, sino especialmente a los estados republicanos, a agachar la cabeza. Bruselas lleva tres meses negociando con la Casa Blanca –la última semana con la esperanza de cerrar un principio de acuerdo– sin haber parado de recibir golpes desde Washington. Primero fueron los aranceles del 25% al acero y el aluminio, que después se elevaron al 50%; luego los denominados “aranceles recíprocos” del 20% –que en este caso sólo entraron parcialmente en vigor– y también el 25% a los vehículos. A eso hay que sumar las amenazas y vaivenes del presidente de EEUU, que cuando la UE esperaba un entendimiento sorprendió con una carta en la que anunciaba unos aranceles del 30%, que para la UE son “prohibitivos” y supondrían una “disrupción” del comercio entre los dos lados del Atlántico.

A pesar de esa presión y del desdén de Trump, la UE cambió de estrategia cuando mostró intención de negociar a través de una tregua parcial de 90 días. De los golpes, pasó a la “buena fe” y suspendió la entrada en vigor de las únicas contramedidas que había acordado: una respuesta de 21.000 millones de euros en aranceles por el castigo de EEUU al sector siderúrgico. A cada envite de Washington, la reacción de la UE ha sido prácticamente nula más allá de fiarlo todo a la negociación. Y ahora que Trump amenaza con una verdadera guerra comercial con aranceles del 30% como método de presión para el bloque comunitario, la respuesta de la Comisión Europea ha sido la misma.

Básicamente en Bruselas se muestran confiados en llegar a un acuerdo antes del 1 de agosto. Es lo que quiere o necesita imperiosamente Alemania para salvar su industria. También Italia está en aceptar lo que sea con tal de evitar una escalada de la guerra comercial.

Los 27 insisten en que la prioridad debe ser buscar una solución negociada con EEUU, pero difieren en la estrategia. Francia está empujando para que la UE eleve el tono y dé una señal de fortaleza. “La situación desde el sábado nos tiene que llevar a cambiar de método y tenemos que ser capaces de presentar de una manera concreta, a veces también de una manera muy clara, cuál es la capacidad de la Unión Europea para poner contramedidas sobre la mesa, para contraatacar y para que ese equilibrio de poder que quiere Estados Unidos y que no debe llevar a una guerra comercial que sería perjudicial para todos, lo entiendan también los europeos demostrando su capacidad de contraatacar”, ha defendido el ministro de Comercio francés, Laurent Saint-Martin, a su llegada a la reunión con sus homólogos en Bruselas.

Por lo que apuesta el Gobierno de Emmanuel Macron es por poner sobre la mesa todo el abanico de medidas con el que podría responder a un arancel del 30% por parte de EEUU. Y eso pasa por las contramedidas proporcionales, en forma de aranceles, pero también por medidas contra las 'Big Tech' o por el despliegue del denominado 'bazuca', el instrumento anticoerción contra el chantaje comercial, que contempla medidas como la restricción de importaciones o exportaciones e incluso la prohibición de que las empresas de ese país accedan a licitaciones públicas en el bloque comunitario.

“No queremos ningún tipo de guerra comercial con Estados Unidos. Sería devastador no sólo para los estadounidenses, sino también para Europa. Así que no queremos una escalada. Por otro lado, también necesitamos mostrar algo de músculo”, ha defendido el ministro danés, Lars Løkke Rasmussen: “Tenemos que prepararnos para las contramedidas y debemos estar abiertos a utilizar todas las herramientas de que disponemos”.

Pero no todos los países están en esa longitud de onda. “No estamos en ese escenario”, ha expresado el irlandés. También Carlos Cuerpo se ha pronunciado en términos similares al asegurar que hay margen hasta el 1 de agosto para intentar lograr un acuerdo y que será después, si se constata que es inviable, cuando haya que adoptar medidas.

Por el momento, la respuesta que está preparando la UE contempla aranceles por un valor de 21.000 millones de euros -que están suspendidos y se activarán de manera automática si no hay un acuerdo en agosto- y un paquete en el que se está trabajando que inicialmente suponía un golpe de 95.000 millones de euros que ahora se ha rebajado a 72.000 millones, y aún está pendiente de revisión por parte de los estados miembros. “Esto no agota nuestra caja de herramientas y todas las herramientas permanecen en la mesa”, ha asegurado el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, sin dar mucho más detalles. Este mismo lunes pretende hablar con sus interlocutores de la Administración Trump y viajar de nuevo a Washington próximamente.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado tras la reunión de los responsables de comercio de los 27 que hay “unidad de acción y apoyo a la Comisión Europea en la ”primera intención de seguir buscando un acuerdo en las dos semanas que quedan hasta la fecha tope“, pero al mismo tiempo ha advertido de que no pueden ser ”ingenuos“. ”Tenemos que contemplar un escenario en el que no exista acuerdo y preparar medidas de reequilibrio si ese escenario se diera“, ha advertido sin entrar en mayor profundidad que las contramedidas en las que ya se está trabajando.

Lo que ha indicado es que la intención es que los dos paquetes de aranceles en respuesta a los de Trump estuvieran listos para entrar en vigor a principios de agosto si no se logra un acuerdo y entra en vigor el 30% con el que ha amenazado Trump. “El daño sería elevado”, ha admitido el ministro sobre un daño “particularmente perjudicial” de esa cifra, aunque ha insistido en que “España tiene una exposición directa menor” que otros socios europeos, aunque ha avisado de que “el efecto indirecto podría acabar suponiendo un impacto significativo”. Cuerpo considera que la propuesta de un fondo para compensar a los sectores afectados por los aranceles “va tomando forma” en el seno de la UE.

Un 30% de aranceles para la Unión Europea (UE) a partir del 1 de agosto. La UE y Donald Trump no han logrado cerrar un principio de acuerdo de momento, y este sábado el presidente de EEUU ha anunciado en Truth Social los gravámenes unilaterales del 30%. En todo caso, aún hay margen hasta el 1 de agosto para intentar cerrar un principio de acuerdo que permita después una negociación más profunda, sector por sector, que es lo que quería las principales economías europeas, especialmente Alemania.

“Seguimos dispuestos a seguir trabajando para llegar a un acuerdo antes del 1 de agosto”, ha sido la respuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La cifra del 30% representa el 20% para la UE que anunció Trump el 2 de abril más un 10% generalizado que aplica a todo el mundo.

Por lo tanto, el anuncio de momento no responde a las pretensiones que tenía hace unos días el comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo tras haber viajado varias veces a Washington en las últimas semanas para mantener la interlocución directa con los responsables de comercio de la Administración Trump.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habló con el presidente estadounidense el domingo pasado. “Estamos buscando un marco claro desde el que podamos seguir construyendo”, dijo esta semana en el Parlamento Europeo. En la UE daban por hecho que habría un principio de acuerdo.

El presidente de EEUU lo contó también esta semana: “La Unión Europea ha estado hablando con nosotros, hemos hablado con Ursula y han sido muy amables. Nos trataron muy mal hasta hace poco. Ahora nos tratan muy bien, es como otro mundo. De hecho, nos han tratado muy mal. Fueron de los más difíciles de tratar, en muchos aspectos fueron mucho peores que China. Miren lo que les hacen a nuestras empresas: demandaron a Apple y a Google, y recibieron de Apple una indemnización por una demanda que no tenía fundamento. Tienen jueces de la Unión Europea, y dictaminaron quitarle muchísimo dinero a nuestro país. Son muy duros, pero ahora están siendo muy amables con nosotros, y veremos qué pasa. Estamos hablando con ellos”.

Los 27 tendrán ahora que decidir si ponen en marcha contramedidas ya o a partir del 1 de agosto en caso de no llegar a un acuerdo. “Al mismo tiempo, tomaremos todas las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de la UE, incluida la adopción de contramedidas proporcionadas en caso necesario”, reza el comunicado difundido este sábado, una hora después de que Trump publicara su carta en su red social. No obstante, Washington había avisado a Bruselas con anterioridad al post del presidente de EEUU.

Entre las decisiones que tiene que tomar la UE es si mantiene o no la suspensión de los aranceles con los que contestó al primer golpe de Trump del 50% al acero y el aluminio –al que ahora se añade el cobre–. Se trataba de un paquete de aranceles por un valor de 21.000 millones de euros que se quedó congelado cuando el presidente de EEUU planteó una tregua de 90 días a la guerra comercial –del 9 de abril al 9 de julio, ahora ampliada al 1 de agosto–, que para entonces ya había escalado con aranceles recíprocos del 20% o un 25% a los vehículos europeos. La suspensión por parte de la UE vence en la madrugada de este 15 de julio.

La víspera se reúnen los ministros de Comercio en Bruselas, donde abordarán este asunto, que en todo caso, se maneja al máximo nivel entre la Comisión Europeo y los jefes de Gobierno de los 27.

La UE ha estado trabajando igualmente en otro paquete de contramedidas por un valor total de 95.000 millones de euros ante la constatación de que una parte de los nuevos aranceles de Trump habían llegado para quedarse. De hecho, en el principio de acuerdo en el que estaban trabajando se asumía un gravamen del 10%, como ocurrió en el caso de Reino Unido. La UE estaba intentando lograr excepciones para algunos bienes, como el vino o los aviones comerciales. Según ha publicado Bloomberg este sábado por la mañana, los productos agrícolas y los vehículos estaban complicando la recta final de las conversaciones.