América Latina y el Caribe hicieron valer su peso específico en las negociaciones que culminaron, en Montreal (Canadá), con la aprobación del nuevo marco mundial para frenar y revertir la pérdida de biodiversidad. Con ello, los representantes de la región lograron incorporar sus agendas en este pacto global y cuidar sus intereses, pero también se obligaron a cumplir con objetivos y metas más estrictos.

El Marco Mundial Kunming-Montreal para la Biodiversidad fue acordado al final de la 15° Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención de Diversidad Biológica (CBD), en una sesión plenaria que inició en la madrugada del lunes, luego de más de 10 horas de espera. El retraso se debió a negociaciones de último momento sobre los asuntos más espinosos de la cumbre, como el financiamiento de países desarrollados a países en desarrollo para implementar los trabajos de conservación.

El nuevo documento plantea una hoja de ruta mundial durante la década actual, que termina en 2030, con el fin de enfrentar el colapso de la biodiversidad. Esta crisis ha puesto bajo amenaza a un 25% de las plantas y los animales conocidos por la ciencia, con casi un millón de especies en peligro de extinción,  según la evaluación de la biodiversidad global publicada en 2019 por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES).    

“Por fin empezamos a forjar un pacto de paz con la naturaleza”, escribió en Twitter el secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, tras la adopción del acuerdo.

La noticia fue recibida con más o menos reservas por un amplio espectro de organizaciones ambientalistas, incluyendo internacionales como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), the Nature Conservancy o Avaaz, o nacionales como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina.

“El nuevo marco mundial de la biodiversidad nos trae un cambio de paradigma en términos de acciones de conversación de la biodiversidad con pleno respeto por los derechos humanos”, indicó la FARN en un comunicado, destacando la atención de los derechos de pueblos indígenas, comunidades locales, mujeres y niñas.

En tanto, Oscar Soria, director de Campañas de Avaaz, apuntó: “La extinción no se negocia. La ciencia es clara: necesitamos proteger al menos la mitad de la Tierra para 2030. Este texto es un paso adelante desde donde estamos, pero la naturaleza necesita un salto de gigante. Los gobiernos deben aumentar las protecciones y presentar un plan claro para el billón de dólares al año que se necesita para hacer realidad este acuerdo”.

América Latina y el Caribe es, al mismo tiempo, una de las regiones más biodiversas del planeta y una de las que enfrenta mayores retos para detener la devastación de la biodiversidad. 

La región concentra más del 50% de la biodiversidad global, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y seis de los 17 países megadiversos reconocidos por la organización Conservation International: México, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Sin embargo, esta también registra el mayor declive regional de especies animales (un 94%), según el Informe Planeta Vivo de WWF y el Instituto de Zoología de Londres.

Cuatro objetivos y 23 metas 

Los cuatro objetivos y las 23 metas específicas adoptadas en el nuevo marco mundial para la biodiversidad sustituyen a las 20 Metas de Aichi, que representaron el horizonte del trabajo de la conservación entre 2010 y 2020.

La más visible de estas nuevas metas es la conocida como 30x30, que consiste en conservar efectivamente al menos el 30% de la superficie terrestre y acuática del planeta a más tardar en el año 2030. Sin embargo, tanto funcionarios de la CBD como analistas y académicos destacaron la necesidad de considerar el marco como un todo, ya que, por ejemplo, extender la superficie de conservación en el globo está condicionado al cumplimiento de las metas de financiamiento y de respeto a los derechos humanos.

“No es meter todo en una reglamentación de áreas protegidas duras, donde sea solamente el área sin gente, porque, entonces, estaríamos viviendo en un cuento”, explicó la diplomática colombiana Ana María Hernández, quien actualmente preside IPBES. “Tenemos que trabajar conjuntamente con los pueblos, las comunidades y sus proyectos de vida. La meta del 30% es importante siempre que se haga de manera colaborativa con la gente.”

Otros puntos importantes incluidos en el Marco Kunming-Montreal son la restauración de al menos el 30% de los ecosistemas degradados; la reducción a “casi cero” de la pérdida de áreas de alta importancia para la biodiversidad; la disminución a la mitad del desperdicio global de alimentos, así como la reducción del consumo excesivo y la generación de desechos; la caída a la mitad del riesgo que implican los pesticidas y químicos altamente peligrosos; la movilización, hacia 2030, de al menos 200.000 millones de dólares anuales para la biodiversidad de fuentes tanto públicas como privadas; evitar la introducción de especies invasoras prioritarias; y requerir a las grandes empresas transnacionales e instituciones financieras monitorear, evaluar y transparentar los riesgos e impactos que sus operaciones tienen en la biodiversidad.

La región concentra más del 50% de la biodiversidad global, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y seis de los 17 países megadiversos reconocidos por la organización Conservation International

Dos limitantes

A pesar de su carácter “histórico”, definido así por actores destacados de la comunidad ambientalista internacional, desde el secretario General de Naciones Unidas hasta líderes de organizaciones sociales, el nuevo marco mundial para la biodiversidad nace con dos limitantes principales: una sobre legalidad y otra sobre legitimidad.

La primera se refiere a que este —ni siquiera es un “acuerdo”, porque según el derecho internacional eso tendría otras implicaciones— no es legalmente vinculante. Es decir, “no tiene dientes” para obligar a su implementación, lo que abre la puerta a la posibilidad de que los países puedan saltarse su cumplimiento sin consecuencias, como lo han advertido voces críticas en las últimas horas.

La limitante de legitimidad, en tanto, se deriva de un incidente ocurrido durante la adopción del marco. La presidencia de China en la COP15, liderada por el ministro de Ambiente Huang Runqiu, se escondió en un tecnicismo procedimental para evadir una observación de último momento sobre financiamiento planteada por el representante de la República Democrática del Congo.

Aunque la delegación de México respaldó ampliamente a la presidencia y llamó al resto de los países al “sentido común y la flexibilidad” para poder salir de Montreal con un acuerdo, la maniobra de China desató una serie de condenas por parte de Camerún, Uganda y otras naciones africanas que condicionaban su participación a la creación de un nuevo fondo internacional para financiar los trabajos de conservación en el Sur Global.

Algunas asperezas se alcanzaron a limar en las últimas dos sesiones de la COP15, que oficialmente terminó este martes, pero los representantes de la República Democrática del Congo y otros africanos señalaron el “mal precedente” que sienta el haberle dado la vuelta a un país en una convención que tiene como principio adoptar sus decisiones por consenso.

Financiamiento, el tema más disputado

A diferencia de lo que se vio, en noviembre pasado, durante la COP27 de cambio climático realizada en Egipto, donde una amplia coalición de países en desarrollo obligó a los desarrollados a acceder a la creación de un nuevo arreglo financiero para pagar Pérdidas y Daños, en Montreal prevalecieron las divisiones dentro del Sur Global y América Latina.

Como lo dejó ver el incidente amargo en la adopción del marco, el principal motivo de estas divisiones no fue ni siquiera tanto el principio general de que los países desarrollados debían aportar más dinero a esta causa por su protagonismo en el deterioro ambiental histórico, sino las maneras en que se canalizaría y haría efectivo este financiamiento, referido en la jerga de las negociaciones como “movilización de recursos”.

Brasil se unió a un bloque de países africanos que presionaron por la creación de un fondo completamente nuevo para financiar los trabajos de conservación de la biodiversidad. El legado y deuda colonial fue uno de sus principales argumentos, así como el antecedente del arreglo para Pérdidas y Daños recién adoptado en la arena del cambio climático, y el hecho de que la CBD es la única de “las tres cumbres de Río” de Naciones Unidas que no cuenta con un fondo exclusivo.

Actualmente, el financiamiento de biodiversidad se canaliza principalmente a través del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, en inglés), que preside el exministro de Ambiente de Costa Rica, Carlos Manuel Rodríguez, y que tiene a casi 40 países latinoamericanos y caribeños entre sus beneficiarios.

Motivados por el largo tiempo que implicaría desarrollar la arquitectura administrativa y operativa de un nuevo fondo, otro bloque de países en desarrollo —liderado por una coalición formada por Colombia, Chile, Costa Rica, México y Perú— propuso crear un fideicomiso dentro del GEF, lo cual podría movilizar financiamiento más rápidamente.

Esta fue la propuesta que finalmente quedó plasmada en el paquete de acuerdos que salió de Montreal, aunque la posibilidad de crear un nuevo fondo queda abierta a la discusión en la próxima COP, que se realizará en el balneario de Antalia, Turquía, a fines de 2024.

“El GEF permite un mecanismo que es un fideicomiso. No es una bolsa general de recursos, sino que se etiqueta para la implementación del marco mundial para la biodiversidad post-2020”, explicó Camila Zepeda, jefa de la delegación mexicana, cuya intervención para respaldar a la presidencia china tras la reserva de la República Democrática del Congo fue aplaudida de pie por los asistentes en el plenario.

“Al ser un fideicomiso, permite recibir aportaciones voluntarias de la filantropía o el sector privado, pero lo maneja la arquitectura existente del GEF. Entonces, no hay que crear una nueva estructura ni siquiera física, porque, si se crea un nuevo fondo, tendría que definir un nuevo edificio, una mesa directiva y reglas de juego”, añadió.

Derechos indígenas, clave para la región

El nuevo marco incluye más de una decena de menciones a los pueblos indígenas, enfocadas en garantizar sus derechos en aspectos como el reconocimiento de sus territorios, la protección de sus sistemas de conservación tradicionales, el fomento de su uso tradicional sustentable de la vida silvestre y el reparto equitativo de los beneficios derivados del uso de recursos genéticos.

La participación de distintas comunidades indígenas se refleja en el lenguaje poco convencional del acuerdo, que incluye términos como el “consentimiento libre, previo e informado” para el acceso de sus conocimientos, prácticas y tecnologías, y el fomento de acciones colectivas “basadas en la Madre Tierra”.

“Estamos agradecidos con los pueblos indígenas, que han cambiado el lenguaje de estas negociaciones”, indicó Brian O’Donnell, director de la organización Campaign for Nature.

Ramiro Batzín, maya kaqchikel, quien funge como co-presidente del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB), estuvo entre los representantes indígenas de América Latina y el Caribe que acompañaron las negociaciones no solo en Montreal, sino en los cuatro años de trabajos previos.

“Planteamos estos puntos clave en este proceso para que estos sistemas y modelos realmente sigan dando el fruto de la conservación”, señaló. “Como pueblos indígenas, tenemos que seguir desarrollando nuestras prácticas tradicionales y sostenibles de conservación de la biodiversidad.”

Por su parte, el FIIB —una organización formada en 1996 para asesorar a la CBD en temas indígenas— celebró “el fuerte lenguaje respecto de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales”, y anunció: “Hemos hablado, y ustedes nos han escuchado, ahora convirtamos esas palabras en acción”. 

La materialización de estas provisiones legales tiene potencial en buena parte de los 500 pueblos indígenas de América Latina y sus casi 50 millones de personas, equivalentes a un 8% de la población total, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Las comunidades más grandes —en términos tanto relativos como absolutos— se encuentran en México, Guatemala, Perú y Bolivia.

“Históricamente, los pueblos indígenas no hemos participado en las decisiones. No consideran que nosotros estamos protegiendo el 80% de la biodiversidad mundial”, aseguró Joao Gomes de Oliveira, representante de la nación Pankararu de Brasil, en una marcha realizada a mediados de la COP15 en defensa de los derechos indígenas.

Y completó: “Hay que pensar que no existe biodiversidad sin los pueblos indígenas. Nuestra lucha es una sola, por la soberanía de nuestros pueblos, conocimientos tradicionales y por la Madre Tierra”.        

Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que elDiarioAR forma parte, y producido como parte de la Beca 2022 CBD COP15, organizada por la Earth Journalism Network de Internews. 

Más de un centenar de organizaciones ambientalistas de 66 localidades argentinas, con apoyo de la asociación civil AVAAZ, marcharon en Washington y entregaron una carta a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para rechazar el actual acuerdo de ese organismo con el país por “las consecuencias negativas” que ese convenio tiene “para la biodiversidad y el ambiente, así como para las comunidades que allí habitan”, indicaron a través de un comunicado.

En el escrito, que entregaron en la puerta de la sede del organismo en Estados Unidos, los firmantes alertaron acerca del aumento de nuevos proyectos extractivistas que son impulsores directos de la pérdida de biodiversidad como la megaminería, exploración y extracción de hidrocarburo, expansión de la frontera agroganadera en bosques y humedales y plantaciones forestales.

“Estos factores han provocado un daño irreversible en paisajes de bosques nativos y humedales, así como la alteración y/ o reducción de reservas vitales de agua dulce, todo ello con consecuencias altamente negativas en la actual crisis climática”, advirtieron.

Denunciaron que “en su búsqueda acelerada de dólares para cumplir con las metas del acuerdo con el FMI”, el Gobierno argentino promueve “proyectos extractivistas y que supondrán más presión de la ya existente en los ecosistemas que sostienen la vida y la economía de millones de ciudadanos”.

Señalaron que “existe un particular interés por hacer cambios de uso de suelo en los humedales argentinos a pesar de que son ambientes estratégicos para detener la emergencia climática y que han sido degradados por grandes incendios” después de “tres años de sequía continua en el país”.

Afirmaron también que Argentina “es una acreedora ambiental”. Y en ese sentido, sostuvieron que “los países ricos que integran el directorio del FMI pretenden ser acreedores financieros de la deuda que enfrenta el país, pero son deudores ambientales con el mundo entero”.

Argentina "es una acreedora ambiental". Y en ese sentido, sostuvieron que "los países ricos que integran el directorio del FMI pretenden ser acreedores financieros de la deuda que enfrenta el país, pero son deudores ambientales con el mundo entero"

En otro punto solicitaron que el FMI “genere mecanismos para colaborar con el cumplimiento de los objetivos financieros del Acuerdo de París” (entre otros tratados vigentes aplicables), así como con las “convenciones internacionales para mitigar las consecuencias de la crisis climática (COP 27 en Sharm El Sheikh, Egipto) y para la protección de la biodiversidad (COP 15 en Montreal, Canadá)”, entre otros compromisos internacionales.

“El sistema financiero no puede ser diferente a la crisis de biodiversidad que ha puesto en peligro de extinción un millón de especies y a los pobladores locales que con ellas habitan. La economía no puede funcionar si no tenemos ecosistemas sanos”, indicó Emilio Spataro, Campaigner de AVAAZ, la mayor organización civil del mundo con mas de 70 millones de miembros, 

CC

Cinco drag queens vestidas de Marilyn Monroe y Evita recibieron a Joe Biden, Alberto Fernández y a los otros presidentes americanos que participan de La Cumbre de las Américas en Los Angeles. Entre el “feliz cumpleaños” y “No llores por mí, Argentina”, pidieron frenar la crisis climática y también establecer un mecanismo para que la Argentina cambié la deuda que mantiene con el FMI por servicios medioambientales.

La performance, en el centro de Los Ángeles, también tenía figuras de tamaño real de los mandatarios de la región.

La actuación -coordinada por la organización civil Avaaz- puso el foco especialmente en el presidente estadounidense, Joe Biden, y sus pares de Canadá (Justin Trudeau), Brasil (Jair Bolsonaro), Ecuador (Guillermo Lasso) y Argentina (Alberto Fernández).

“Esta iniciativa surge de la solidaridad de la comunidad drag en Los Ángeles con todas aquellas personas que han tenido que migrar en América debido a las consecuencias de la crisis climática”, explicó a la agencia EFE el director de campañas de Avaaz, Óscar Soria.

Cada una de las drags interpretó una versión parodiada del tema “Happy Birthday, Mr. President”, de Marilyn Monroe, con el que emitían reclamas específicas a cada uno de los dirigentes.

“La idea es denunciar una realidad que no siempre se visibliza y no hay mejor manera que a través de miembros del colectivo LGTB, muy perjudicado en lugares donde ya es visible los efectos del cambio climático”, explicó Soria.

En el caso de los presidentes de Estados Unidos y Canadá, se les instó a aumentar las partidas presupuestarias para abordar la crisis medioambiental, a terminar con las inversiones en combustibles fósiles y a “salvar la naturaleza antes de que desaparezca”.

Por su parte, Bolsonaro y Lasso fueron objeto de un reto en forma de canción por “aniquilar la Amazonía”, financiar la extracción de petróleo en este paraje natural y “no respetar los derechos de los pueblos indígenas”.

La actuación especial fue para Alberto Fernández, a quien una imitadora de Evita Perón le pidió que la deuda que mantiene el país con el FMI fuera canjeada por el cumplimiento de objetivos de cuidado de la naturaleza.

Keisha, una de las drag queens involucradas en esta actividad, dijo a la agencia EFE que el colectivo se encuentra “muy preocupado” por el impacto que el deterioro natural tendrá en las nuevas generaciones. “Está claro que no hay un compromiso real para detener el cambio climático”, aseguró.

Soria , de Avaaz, alabó la performance y afirmó que los activistas tienen que aprender de la comunidad LGTB porque “se pueden hacer protestas sobre temas serios con actividades originales y que lleguen al corazón”.

Con información de la agencia EFE

Una solicitada del movimiento cívico y social Avaaz publicada este viernes en el diario Financial Times, en coincidencia con el inicio de la cumbre interministerial de finanzas del G20, pide al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Gobierno argentino que incluyan la figura de la compensación ambiental en las actuales negociaciones sobre la deuda externa.

En la gráfica de la campaña publicada en el Financial Times y en redes sociales, Avaaz utilizó una imagen de postal turística de Venecia en la que se ve al ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, y a la presidenta del FMI, Kristalina Georgieva, sentados en la misma góndola, y los exhorta a trabajar juntos para dar una solución a la crisis financiera y ecológica que atraviesa la Argentina.

La solicitada dice: “Los ministros de finanzas de los 20 países más ricos del mundo se están reuniendo en Venecia. Como directora gerente del Fondo Monetario Internacional y ministro de economía de la Argentina, Kristalina Georgieva y Martín Guzmán pueden mostrar al mundo que hay un camino a seguir para resolver las crisis ecológica y económica, las cuales están entrelazadas”.

“El mundo no necesita clichés o comunicados con lenguaje abstracto, necesitamos acciones concretas y líderes creativos que puedan realinear nuestras políticas económicas con la supervivencia a largo plazo de las personas y el planeta”, añade.

“Kristalina y Martin: trabajen juntos para hacer de la Argentina el modelo de un nuevo camino a seguir, con un empujón al FMI para que acepte liquidar todas las deudas y garantizando que, en lugar de reembolsos insostenibles de deuda, países como la Argentina puedan usar sus fondos para proteger la riqueza ecológica que es esencial para la supervivencia del mundo entero”, finaliza.

La organización señaló además en un comunicado a los medios que “una muestra clara de la vinculación entre la crisis financiera y ecológica es la pandemia Covid 19, que le dio voz a la ciencia y mostró que la pérdida de biodiversidad está vinculada a la transmisión de virus y otros agentes patógenos transmitidos por vectores. Esta continua degradación de la biodiversidad ha desencadenado una crisis global que atacó a todos los países por igual. La economía mundial ha sido golpeada por la más profunda y sincronizada recesión en la historia: una reducción del 6,1% del PIB a tipos de cambio de mercado según la mayoría proyecciones recientes del FMI”.

“Le pedimos a Georgieva y a Guzmán que lideren con la acción: la Argentina es deudora financiera pero es acreedora ambiental. En lugar de refinanciar pagos eternamente, el G20 debería liderar una agenda internacional para incorporar a la discusión los aportes ecológicos que los países realizan al mantenimiento de la sustentabilidad planetaria”, sostuvo el argentino Oscar Soria, director de campañas de Avaaz.

Avaaz lleva exigiendo a los países ricos y los organismos financieros internacionales que adopten un enfoque disruptivo e innovador para plantear las renegociaciones de deudas, que implicaría cambiar el paradigma de país desarrollado-país emergente. En abril pasado, el movimiento presentó su campaña con una puesta en escena paródica del musical Evita en las puertas del FMI en Washington durante los encuentros de primavera del organismo y desde entonces se publicaron diversos avisos publicitarios

“Todos estamos en la misma góndola, y el mundo necesita nuevas ideas y más colaboración. El FMI y la Argentina podrían demostrarle al mundo que, sobre la base de una negociación verdaderamente innovadora y creativa, es posible superar la crisis entrelazadas de la deuda financiera y la deuda ecológica”, concluyó Soria.

Guzmán se encuentra en Italia para asistir a la Cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, donde tiene previsto reunirse con la encargada del equipo del FMI para Argentina, Julie Kozack. En la Casa Rosada esperan que Guzmán allane el camino para un aplazamiento de los dos pagos del capital de la deuda con el FMI de US$ 1.868 millones cada uno que vencen en septiembre y diciembre próximos.

CRM