El mercado laboral argentino está funcionando al revés, según especialistas. Mientras cae la participación de jóvenes, crecen los adultos mayores que recurren al trabajo precario para subsistir, luego del retiro. Paradójicamente, el descanso llega al comienzo, en el momento de mayor capacidad productiva, mientras que el deslome se produce sobre todo al final, en el ocaso de la vida.

“Estamos hablando de personas trabajando en condiciones precarias en sus últimos años, teniendo en cuenta que los hombres en los barrios populares viven 11 años menos que el promedio de Argentina, por los trabajos manuales”, advierte Candelaria Rueda, socióloga e investigadora, a cargo del último informe del Instituto Argentina Grande que da cuenta de esta tendencia en el mercado laboral.

“40 años trabajando en gastronomía y empresas de limpieza”, cuenta Mirta, una señora de 75 anos, sentada en un banco de Parque Lezama, frente a una olla popular. “Me la pasé cocinando y limpiando oficinas, y ahora tengo que cuidar a un hombre y venir a buscar la comida acá, ¿a vos te parece?”, dice la mujer que cuida a un hombre senil, seis horas diarias y recibe viandas de ollas populares y parroquias.

“Yo soy la que está entrando a una edad para que la cuiden y tengo que cocinarle y limpiarle a un hombre mayor para subsistir, y encima no me alcanza”, lamenta.

De acuerdo con el último informe del Instituto Argentina Grande (IAG), la tasa de actividad de mayores de 66 años creció un 12% en el último año, al tiempo que se redujo la inserción laboral juvenil. “Lo esperable sería que los jóvenes se incorporen al trabajo y los jubilados tengan ingresos suficientes vivir, pero está sucediendo exactamente al revés”, señala Rueda.

Aumento de la precariedad entre adultos mayores

El crecimiento del trabajo en edades avanzadas se da, además, en condiciones mayormente informales. Según el relevamiento –basado en microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares– la desprotección laboral entre jubilados aumentó de manera significativa entre fines de 2023 y 2025: un 39,7% en varones y un 34,4% en mujeres.

En la actualidad, los adultos mayores presentan la tasa de desprotección más alta de todo el mercado laboral, que llega a un pico histórico del 44,9% de los ocupados sin aportes ni estabilidad. En total, más de 6 millones de trabajadores se encuentran en esa situación.

“Trabajé más de tres décadas como chofer, y ahora tengo que pedir ayuda en la calle”, cuenta Julio Romero, jubilado de 79 años, frente a la Estación Constitución. “Vivo en una pensión y hago changas de carpintería y jardinería, pero por semana me sale una o dos, con suerte”, dice. Atraviesa, además, un tratamiento oncológico.

Esta semana el gobierno nacional oficializó, mediante el Decreto 292/2026, el bono de $70.000 para jubilados, sin actualizaciones desde marzo del 2024 y con una perdida de un 53,8% de su poder adquisitivo. Según un informe de Chequeado.com, para mantener su valor real debería ubicarse por encima de los $150.000. Aún con ese refuerzo, la jubilación mínima se encuentra un 9,4% por debajo de su nivel real de noviembre de 2023. Es otra de las razones que explican el crecimiento de la actividad laboral en la tercera edad.

“Sturzenegger celebró el crecimiento de la actividad poblacional, pero es básicamente de jubilados. El bono está congelado y los aumentos de tarifas, servicios y medicamentos están por encima de la inflación, rubros con peso particular en la canasta de ese grupo”, sostuvo Rueda.

Jóvenes: más desempleo y menos búsqueda

En paralelo, la situación de los jóvenes muestra otro tipo de deterioro. El desempleo entre personas de 18 a 26 años alcanzó el 18,1%, frente al 14,9% de 2023. Pero el dato más relevante es la caída en la tasa de actividad: hay menos jóvenes buscando trabajo. “No es que mejoraron sus condiciones, sino que dejaron de buscar”, señala Rueda.

Daniel Díaz, de 19 años, estudiante de diseño gráfico en la Universidad de Lanús, lleva meses sin conseguir empleo. Rechazó recientemente una oferta en una concesionaria de Lomas de Zamora con jornadas de 12 horas por un salario de $400.000. “Prefiero seguir estudiando a que se me vaya la vida en un trabajo esclavo, mis amigos están igual”, explicó. “Por ahora vivo con mis viejos”.

Mientras muchos jubilados son sostén económico del hogar y no pueden rechazar ingresos, los jóvenes –en general sin personas a cargo– tienen mayor margen para descartar empleos precarios. “La mayoría de los jubilados son jefes de hogar y no pueden darse el lujo de rechazar changas. Los jóvenes en general son trabajadores complementarios del hogar. Pueden decir que no a propuestas vergonzosas”, indica Rueda.

El impacto del ajuste fiscal

Otro informe de IAG vincula estos cambios con la política económica. En 2024, el gasto público cayó seis puntos del PBI, la mayor contracción desde 2002. De ese total, 3,3 puntos correspondieron al gasto social, con recortes en áreas como educación, asistencia social y previsión.

“El ajuste golpea en dos dimensiones”, explica el economista Hernán Herrera . “A nivel productivo, por el deterioro de la infraestructura. A nivel familiar, el ingreso disponible después de pagar servicios es mucho menor. Quienes consiguen más horas de trabajo pierden descanso. Quienes no las consiguen, pierden mucho más.”

A eso se suma lo que el gobierno presenta como logro: el superávit fiscal. “El superávit no es real”, dice Herrera. “Se ven obligados a ajustar todos los meses para lograrlo. No se puede hablar de estabilidad macroeconómica en ese sentido.”

“A la destrucción de empleo –agrega el profesional – se le suma la caída de subsidios que disparó las tarifas y la baja del 60% en las transferencias a las provincias del norte”.

En este contexto, el crecimiento económico ocurre sólo en los sectores concentrados de baja generación de empleo (exportaciones de minería y agro). En contraste, sectores como la industria y el comercio muestran retrocesos.

“La Argentina puede crear trabajos de calidad pero requiere promover cadenas de valor regionales, enlazando los servicios del conocimiento con los sectores productivos y con una planificación estatal”, analiza el economista.

“Yo nunca pensé que iba a tener que seguir cocinando y limpiando en la última etapa de mi vida”, dice Mirta, sentada a la noche con una vianda en Parque Lezama. “Ya no tomo ningún medicamento, y espero todas las semanas a que me salga alguna changa”, agrega Julio. Son dos septuagenarios que no pueden salir del mercado laboral. “Voy a seguir esperando un trabajo, porque no me sirve de nada tirar a la basura mi formación por 400 lucas”, comenta Daniel, un veinteañero que no puede entrar al mundo laboral.

LN/MG

Manuel Adorni llegó este miércoles a la Cámara de Diputados para su primera exposición presencial ante el cuerpo, pero el informe escrito que su Jefatura de Gabinete presentó en paralelo —1.936 páginas, 2.149 preguntas— ya contenía las respuestas oficiales a algunos temas explosivos de la gestión. Desde el escándalo $LIBRA hasta el destino del oro del Banco Central, pasando por los jubilados, el Hospital Garrahan y el pago a influencers, el documento oficial es un mapa de lo que el Gobierno está dispuesto a decir —y de lo que prefiere no decir.

$LIBRA

Las preguntas sobre el criptoactivo $LIBRA ocupan el bloque temático más extenso del informe: al menos 91 consultas de distintos bloques, que van desde si el presidente Milei, Karina Milei y Santiago Caputo mantuvieron comunicaciones con Mauricio Novelli antes y después del lanzamiento del token, hasta si existió algún contrato o acuerdo con Hayden Mark Davis en materia de blockchain o activos digitales.

La respuesta de la Jefatura de Gabinete es uniforme: toda la información está “bajo la órbita exclusiva del Poder Judicial” en el marco de la causa N° 574/2025, radicada ante el Juzgado Criminal y Correccional N° 8. El informe advierte que divulgar los datos “podría comprometer la integridad de la investigación”. No confirma ni desmiente ninguna reunión en la Quinta de Olivos la noche del 14 de febrero de 2025.

Lo que sí reconoce es que el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 114/25 para impulsar una investigación administrativa a cargo de la Oficina Anticorrupción, que la OA remitió copias del expediente a la Fiscalía Federal N° 3 el 28 de abril de 2025, y que la Comisión Nacional de Valores abrió su propio expediente —el N° 36/2025— que fue archivado el 16 de abril de ese año “una vez agotada la investigación”. En síntesis: el gobierno se escuda en la Justicia para no responder, pero entrega algunas fechas procesales que hasta ahora no habían sido confirmadas oficialmente.

El oro del Central

En diciembre de 2025, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó al Banco Central revelar el destino de las reservas de oro enviadas al exterior en 2024. La oposición preguntó en el informe si esa orden judicial fue cumplida. La respuesta es no: el BCRA recurrió la sentencia mediante Recurso Extraordinario Federal el 13 de febrero de 2026, que fue concedido el 1° de abril para su tratamiento por la Corte Suprema de Justicia.

El gobierno sí informa que las reservas en oro pasaron de US$5.170 millones en diciembre de 2024 a US$9.238 millones al 31 de marzo de 2026, valoradas a precio de mercado. Pero declara “confidencial” —amparado en la Carta Orgánica del BCRA— todo lo relativo a los contratos con depositarios, la entidad financiera que custodia el oro y los eventuales mecanismos de protección frente a embargos. El argumento oficial para el traslado fue que el oro “era un activo improductivo”; el informe no aporta ningún detalle sobre los beneficios económicos concretos obtenidos desde entonces.

Jubilados vs. camiones militares

Una de las preguntas más directas del informe confronta dos decisiones simultáneas del Gobierno: el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria —que, según la oposición, implicó una pérdida de cerca de un millón de pesos por jubilado— y la compra de camiones militares por $15.200 millones en febrero de 2026. ¿Cómo se justifica ese gasto mientras se recorta a los jubilados?

La respuesta del Ministerio de Defensa es escueta: ambas partidas responden a “programas plurianuales” que son “independientes” entre sí, y que las inversiones en equipamiento logístico buscan “garantizar la capacidad operativa” y la “presencia soberana en todo el territorio”. El informe no desglosa qué tipo de camiones se adquirieron, a qué proveedor, ni bajo qué modalidad de contratación.

“Ñoquis” en el Garrahan

La mención de funcionarios del Poder Ejecutivo a trabajadores del Hospital Garrahan como “ñoquis” generó una pregunta explícita en el informe: ¿por qué lo dijeron y lo sostienen? La respuesta oficial no pide disculpas. Aclara que el término no apuntaba a médicos sino a quienes “provocaron 40 paros en un año”, liderados por dirigentes sindicales que “lejos de preocuparse por los pacientes, buscaban hacer política en un año electoral”.

A continuación, el informe enumera las mejoras que el gobierno atribuye a su gestión en el hospital: un aumento del 61% en el salario base de médicos y residentes, el inicio de lo que describen como “el plan de obras más grande en la historia del Hospital” con más de $30.000 millones de inversión en recursos propios, e incorporación de equipamiento de última tecnología, incluyendo un acelerador lineal, un tomosimulador y 310 camas en renovación.

Influencers

La oposición preguntó si algún área del gobierno abona dinero —de forma directa o a través de intermediarios— a influencers o militantes del partido de gobierno, y solicitó que se detallaran montos, origen de los fondos y beneficiarios. La Secretaría de Comunicación y Prensa responde que no contrata influencers “ni en forma directa ni indirecta” y que tampoco efectúa pagos a militantes partidarios por intermedio de terceros.

El informe, sin embargo, no desglosa la pauta publicitaria digital por plataforma ni por beneficiario, pese a que esa información fue expresamente solicitada. Tampoco responde con cifras la pregunta sobre fondos destinados a plataformas como YouTube, Instagram o X. La respuesta se limita a afirmar que la distribución de publicidad oficial sigue “criterios objetivos” sin detallarlos, lo que deja abierta la posibilidad de que los legisladores vuelvan a presionar por esos datos en la sesión presencial.

MC

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió este jueves en su Informe Anual de 2025 que el año pasado se identificaron “desafíos relevantes en independencia judicial y en el sostenimiento de la institucionalidad en derechos humanos” en Argentina debido, en parte, a los recortes del Gobierno de Javier Milei sobre programas en materia de género, diversidad, memoria histórica o pueblos indígenas.

En su informe, la CIDH mostró además su preocupación sobre el avance iniciativas legales que “agravarían la situación de derechos humanos de grupos en condiciones históricas de vulnerabilidad” y advirtió sobre “retrocesos en seguridad social de personas mayores, personas con discapacidad, jubiladas y pensionadas, así como denuncias de represión en protestas pacíficas”.

Por otra parte, subrayó que algunas de las reformas legales e iniciativas en materia de seguridad ciudadana y movilidad humana que están siendo impulsadas amenazan la vigencia de los derechos humanos.

El documento reconoció sin embargo que durante 2025 se registraron en el país avances en la protección de datos en la gestión pública, así como una reducción de índices de pobreza y el fortalecimiento de estrategias en materia de trata de personas.

La CIDH, mencionó, entre otros eventos y cuestiones puntuales, la violencia policial registrada durante una protesta de jubilados en marzo de 2025, el debilitamiento o cierre de espacios dedicados a la preservación de la memoria de la última dictadura militar (1976-1983) y la eliminación de programas que promovían la igualdad de genero y se enfocaban en la prevención, investigación y protección contra las violencias de género.

El informe consideró que durante 2025 “la violencia de género contra las mujeres se mantuvo en niveles alarmantes” y advirtió sobre la limitaciones en el acceso a métodos anticonceptivos y a la interrupción voluntaria y legal de embarazos.

También expresó preocupación por el intento fallido de Milei de designar por decreto dos nuevos jueces de la Corte Suprema y por el cierre o debilitamiento de “políticas públicas e instituciones vinculadas a los derechos humanos tanto a nivel nacional como en las jurisdicciones provinciales y municipales” mediante, entre otras medidas, la reestructuración, fusión y eliminación de entidades y programas clave.

En paralelo, destacó las manifestaciones por parte de personas mayores y personas con discapacidad en protesta por los recortes impulsados por el Ejecutivo de Milei y remarcó una serie de medidas impulsadas por el Ejecutivo para endurecer los criterios de ingreso al país para personas migrantes y ampliar las causas de expulsión.

Las conclusiones de la CIDH sobre la Argentina

Durante 2025 se registraron avances en Argentina en cuanto a la protección de datos en la gestión pública, reducción de índices de pobreza y fortalecimiento de estrategias en materia de trata de personas. También se observó la judicialización de casos de violencia contra personas LGBTI y el impulso de procesos para la elección del Defensor del Pueblo de la Nación y de la persona titular de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Al mismo tiempo, se identificaron desafíos relevantes en independencia judicial y en el sostenimiento de la institucionalidad en derechos humanos, frente al cierre o reestructuración de programas dedicados a género, diversidad, memoria histórica, pueblos indígenas e iniciativas legales que agravarían la situación de derechos humanos de grupos en condiciones históricas de vulnerabilidad.

Se observaron retrocesos en seguridad social de personas mayores, personas con discapacidad, jubiladas y pensionadas, así como denuncias de represión en protestas pacíficas. Asimismo, se presentaron reformas legales e iniciativas en materia de seguridad ciudadana y movilidad humana, entre otros temas, que amenazarían la vigencia de los derechos humanos.

En el ámbito de la institucionalidad democrática, se creó el Programa de Protección de Datos Personales en la Administración Pública Nacional38, orientado a mejorar el manejo seguro de información en organismos estatales.

Datos oficiales reportaron una disminución de la pobreza del 53% al 38% en el primer semestre del año, mientras UNICEF destacó la reducción de la pobreza monetaria infantil, aunque con persistencia de marcadas desigualdades.

Se avanzó además en un nuevo proceso de elección del Defensor del Pueblo de la Nación tras dieciséis años de vacancia y se conformó la terna para la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Se reportaron desafíos para la participación ciudadana, que forma parte esencial de la vida democrática. Al respecto, la CIDH expresó preocupación, en un comunicado de prensa, ante la violencia registrada durante la “Marcha de los Jubilados” del 12 de marzo en Buenos Aires, parte de las manifestaciones pacíficas que se realizan semanalmente desde 2024 contra las reformas de austeridad económica implementadas por el Estado y sus impactos en los derechos de las personas pensionadas.

En esa fecha, el Estado respondió a la protesta con un operativo de seguridad que utilizó gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes. La intervención dejó 20 personas heridas, incluyendo una jubilada de 87 años con traumatismo craneano. Además, se registraron 114 personas detenidas, entre ellas un niño de 12 años y un adolescente de 14, liberadas posteriormente por el Poder Judicial.

Se documentaron también ataques directos contra periodistas, incluyendo el caso de un fotorreportero que resultó gravemente herido por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno, así como otros casos donde profesionales de la prensa fueron amenazados, agredidos físicamente y obstaculizados en el ejercicio de su labor informativa.

Respecto a institucionalidad en derechos humanos, se avanzó en un nuevo proceso para la elección del Defensor del Pueblo de la Nación tras 16 años de vacancia.

Asimismo, el Congreso conformó la terna para la designación de la nueva persona titular de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente.

El Estado cerró o debilitó políticas públicas e instituciones vinculadas a los derechos humanos, tanto a nivel nacional como en las jurisdicciones provinciales y municipales. Al respecto, se realizaron reestructuraciones, fusiones y eliminación de entidades clave para políticas públicas en materia de derechos humanos, como la supresión de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda y la iniciativa de fusionar los Ministerios de Justicia y Seguridad.

En particular se registró el cierre y restructuraciones de al menos 30 programas y establecimientos relacionados a género y diversidad, memoria histórica, asistencia a víctimas de trata de personas, niñez, adolescencia y familia.

Estas medidas se enmarcan en una política de ajuste fiscal, reducción del gasto público y reorganización del Estado por parte del Ejecutivo.

En lo atinente a seguridad ciudadana, se tomó nota de la reforma policial federal que aprobó un nuevo Estatuto de la fuerza alineado con estándares del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos para la investigación de delitos federales y complejos.

El Estado presentó estas medidas como parte de una respuesta institucional frente al crimen organizado y la criminalidad compleja, enfatizando la necesidad de modernización tecnológica y de coordinación interinstitucional en materia de investigación criminal y prevención de delitos de alta complejidad.

No obstante, dicha reforma facultaría a la Policía Federal a realizar ciberpatrullaje y otras labores de vigilancia digital, así como adelantar detenciones sin orden judicial, lo que, según la sociedad civil podría derivar en derivar en abusos, controles poblacionales y condiciones de detención inhumanas.

Sobre desafíos al acceso a la justicia e independencia judicial, el presidente Javier Milei designó en comisión a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el decreto No. 137/2025, sin previa aprobación del Senado de la Nación. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que esta práctica podría afectar los principios de separación de poderes e independencia judicial, esenciales para la vigencia del Estado de Derecho.

Finalmente, el Senado rechazó los pliegos de ambos candidatos, cuyas postulaciones no obtuvieron la aprobación de la Cámara Alta.

En cuanto a memoria, verdad y justicia, en 2025 se identificó a la nieta 139 y al nieto 140, así como a dos personas extranjeras desaparecidas desde 1976, lo que reafirma la vigencia de las políticas públicas en la materia.

Asimismo, se hallaron restos humanos en un predio del Ejército donde funcionó un centro clandestino de detención.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que, entre 2006 y el 18 de septiembre de 2025, se dictaron 353 sentencias con 1.202 personas condenadas y 213 absueltas por crímenes de lesa humanidad.

Entre las sentencias, un 17% incluía condenas por los tipos penales relacionados con agresiones sexuales a las víctimas del terrorismo de Estado.

Pese a los avances en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, preocupa la situación del Banco Nacional de Datos Genéticos tras la aprobación de un decreto presidencial que suprime su autonomía institucional.

Asimismo, se observaron desafíos derivados del debilitamiento o cierre de espacios dedicados a la preservación de la memoria, junto con despidos de personal especializado y restricciones presupuestarias.

Entre los casos registrados se encuentran el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, la suspensión de pagos del Espacio para la Memoria, la unificación del Archivo Nacional de la Memoria con el Museo Sitio de Memoria, ex ESMA, y la cesión de su edificio al Ministerio Público, además de la remoción de placas conmemorativas del Palacio de los Tribunales que recuerdan los juicios a las Juntas Militares, la destrucción de documentación militar relevante al esclarecimiento de graves violaciones de ese período, y el ataque al sitio de memoria en Salsipuedes.

Respecto de los derechos humanos de las mujeres, se observó un debilitamiento institucional en la materia. Se eliminaron 14 programas federales que promovían la igualdad de género y se enfocaban en la prevención, investigación y protección contra las violencias de género. Entre otros, se encuentran el Programa de Apoyo Urgente y Asistencia Integral Inmediata ante Casos de Violencias Extremas por Motivos de Género (PAU), el programa que proveía productos de higiene menstrual y el “Registro Nacional de Organizaciones sociales que abordan temáticas de género y diversidad”.

En adición, autoridades estatales anunciaron la intención de eliminar el femicidio del Código Penal, y de sancionar las supuestas “denuncias falsas” en delitos de violencia de género o contra la integridad sexual.

De materializarse, esto representaría un grave retroceso en la protección y garantía del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

Mientras tanto, la violencia de género contra las mujeres se mantuvo en niveles alarmantes. La Defensoría del Pueblo reportó 124 femicidios entre enero y junio de 2025, mientras organizaciones de la sociedad civil contabilizaron 178 femicidios y 287 tentativas en el mismo periodo, de los cuales la mayoría fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, 14 de ellos habrían sido cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad.

Algunos de los feminicidios se caracterizaron por niveles extremos de crueldad, precedidos por desapariciones, tortura y violencia sexual. Por otro lado, el acceso a métodos anticonceptivos ha sido severamente limitado debido a los recortes al Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA).

También, el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en los servicios de salud sigue siendo obstaculizado por la falta de información, demoras, prácticas disuasorias, el uso abusivo de la objeción de conciencia y la falta de personal para brindar el servicio de salud.

Sobre la situación de personas con discapacidad, el Estado informó sobre avances de la nueva Normativa para la Certificación de la Discapacidad, así como de la actualización del Registro Nacional de Profesionales y del Registro Nacional de Situación de las Personas con Discapacidad.

También reportó la implementación de programas del Fondo Nacional para la Inclusión Social (FONADIS), que apoyan emprendimientos productivos, fortalecen establecimientos que emplean personas con discapacidad y facilitan el acceso a dispositivos de apoyo técnico. Asimismo, desarrolló políticas de accesibilidad, como la producción de materiales en lectura braille y lengua de señas, y acciones de capacitación para trabajadores estatales y provinciales.

No obstante, se han observado numerosas manifestaciones lideradas por personas y organizaciones de personas con discapacidad en rechazo a ajustes y reformas que van detrimento de sus derechos.

Además del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, se conoció que la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS) suspendió más de 110.500 pensiones por discapacidad laboral no contributivas.

Al tiempo, se tomó nota de la investigación contra la Secretaria General de la Presidencia y hermana del Presidente de la República, por presuntos sobornos en compra de medicamentos para personas con discapacidad.

En lo relativo a la situación de personas mayores, el Ejecutivo puso fin a la política de medicamentos gratuitos para personas jubiladas que dejaría por fuera entre dos y tres millones de personas de la cobertura total de sus medicamentos.

Asimismo, el Ejecutivo congeló bonos pensionales, y vetó la ley que aumentaba pensiones y reinstalaba la moratoria jubilatoria.

Estas medidas provocaron las protestas de personas mayores y sindicatos a las que se hizo referencia en el apartado sobre institucionalidad democrática de este apartado.

Respecto de los derechos de los pueblos indígenas, el Estado avanzó con la entrega de documentos de identidad para comunidades de las provincias de Tucumán, Catamarca y Santa Fe.

No obstante, la derogación de la Ley de Emergencia Territorial No. 26.160 resultó en operativos de desalojos en comunidades indígenas de Chubut, Río Negro, Tucumán, Jujuy, Neuquén, Chaco y San Juan, que reclamaban sus tierras ancestrales. En este contexto denunciaron destrucción de viviendas y detenciones arbitrarias.

Además, el Programa de Fortalecimiento Comunitario en la órbita del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), diseñado para cubrir costos de asesoramiento legal para la defensa legal de sus territorios, ha sido eliminado.

Sumado a esto, las comunidades Limay Kurref, Suyai Leufu y El Sosneado fueron afectadas con la revocación de relevamientos jurídicos catastrales realizados por el propio Estado donde se les había reconocido previamente la ocupación tradicional de tierras y territorios.

Adicionalmente, persistió la criminalización de integrantes de comunidades indígenas y personas defensoras de la tierra; en particular, se destaca la detención de una integrante de la comunidad mapuche Pillan Mawiza acusada de provocar incendios, así como la estigmatización de los pueblos indígenas desde medios de comunicación oficiales.

Se reportó además una previsión de reducción presupuestaria para el INAI para 2026 en un 15,5% en términos nominales y en un 25% en términos reales; así como cuestionamientos sobre la falta de consulta previa a las comunidades indígenas en la adopción de la Ley V No. 202 en Chubut, que establece el protocolo de consulta previa, libre e informada.

Sobre la situación de las personas en movilidad humana, Argentina reformó el Decreto de Necesidad y Urgencia No. 366 (DNU), que modifica la Ley de Migraciones No. 25.871 que busca regular el ingreso “descontrolado” de personas migrantes al país, las cuales representarían una amenaza para la seguridad nacional y una excesiva carga que llevaría al “colapso” a los servicios públicos que presta el Estado.

Dicho decreto también amplía las causas de expulsión, elimina ciertos recursos de apelación previstos en la Ley de Migraciones y reduce a la mitad los plazos procesales, restringiendo el acceso a la justicia; también, incrementa los motivos y tiempos de detención con fines de expulsión, que pueden extenderse hasta 30 días, aún sin resolución firme.

Por otra parte, se expidió el Decreto No. 646, que reglamenta la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado No. 26.165, que autoriza la creación de “centros de acogida” en los que las personas solicitantes de asilo podrían permanecer durante el procedimiento, con salidas limitadas únicamente para regresar a su país de origen o a un tercer país.

Asimismo, faculta el rechazo de solicitudes que sean consideradas “manifiestamente improcedentes”, se fundamenten en “preferencias subjetivas” o “motivos de conveniencia económica”, o cuando las alegaciones sean consideradas “incoherentes, insuficientes o inverosímiles” y establece el desistimiento automático y sin excepciones si la persona se ausenta del país durante su tramitación.

Respecto de la trata de personas, el Ministerio de la Justicia avanzó con el “Programa Nacional para la Instrumentación de las Reparaciones Integrales a Víctimas del Delito de Trata de Personas” que dispone restituciones económicas e indemnizaciones en favor de las víctimas de trata y explotación.

También se destacan acciones de prevención y operaciones de identificación de víctimas en contextos de trabajos forzados a bordo de buques; y los allanamientos realizados en Córdoba, Mendoza, y el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se rescataron adolescentes víctimas de explotación laboral, y víctimas con fines de explotación sexual.

En materia de avances respecto de las personas privadas de libertad, el Estado impartió la capacitación en materia de producción agropecuaria para mejorar las posibilidades de reinserción social de quienes están por egresar en las cárceles del país.

Sin embargo, se presentaron desafíos en cuanto a la sanción de leyes que posibilitarían un mayor uso de la prisión. En particular, la ley No. 27.785 que introdujo reformas como la incorporación del criterio de “reiterancia delictiva” para considerar al momento de decidir sobre la aplicación de medidas cautelares en el marco de la prisión preventiva; y el método de la suma aritmética de las penas para el dictado de una pena única.

Por su parte, la ley No. 27.786 que habilita la detención de personas por hasta 48 horas para averiguación de delitos relacionados con el crimen organizado, con una extensión de hasta 15 días en casos de alta complejidad.

Por otro parte, en la provincia de Córdoba el uso excesivo de la prisión preventiva ha desencadenado en un incremento del hacinamiento y en condiciones deplorables de encarcelamiento.

Asimismo, la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) confirmó la constitucionalidad de la legislación nacional que impide que las personas condenadas por determinados delitos de drogas puedan acceder a beneficios penitenciarios que limitan la prisión, tales como y salidas transitorias.

Igualmente, en materia de reinserción social, la inhabilitación del funcionamiento de centros de estudiantes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal ha impedido la permanencia de personas privadas de la libertad en los centros educativos o espacios de estudio fuera del horario de clases asignadas.

Respecto de la situación de las personas afrodescendientes y la lucha contra la discriminación racial, se avanzó con la presentación del proyecto 0698-D-2025 en la Cámara de Diputados para aprobar la Convención Interamericana contra el Racismo (A-68).

No obstante, organizaciones de la sociedad civil denunciaron que, a partir del cierre de organismos especializados como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la Comisión para el Reconocimiento de la Comunidad Afroargentina, se ha dificultado el acceso a la justicia de personas afrodescendientes.

Adicionalmente, la actual política de medidas de control y seguridad ha impactado de manera diferenciada a la población afrodescendiente y migrantes africanas.

Al respecto, el 14 de febrero de 2025, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó un megaoperativo que desalojó a más de 5.000 vendedores ambulantes y ejecutó decenas de allanamientos, la mayoría son personas migrantes de origen senegalés.

Respecto de los derechos de las personas LGBTI, se registraron avances en la judicialización en casos de violencia. Se destacan la solicitud de juicio contra policías acusados del transfemicidio de Sofía Fernández, quien murió bajo custodia en 2023; la Cámara Nacional de Apelaciones ordenó reabrir la investigación del triple asesinato de mujeres lesbianas de Barracas ocurrido en 2024 con una perspectiva de género; se confirmó, por parte de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, la condena a prisión perpetua por asesinato agravado por odio hacia la identidad de género de la víctima en el caso de Tehuel de la Torre.

Además, el Juzgado Federal No. 2 de Paraná declaró inconstitucional el Decreto de necesidad y urgencia (DNU) impulsado por el gobierno que prohibía tratamientos de afirmación de género a personas con menos de 18 años. La decisión fue también confirmada por la cámara federal de apelaciones.

En cuanto a desafíos, se observó la prohibición de tratamientos y cirugías de afirmación de género para personas menores de 18 años; la aprobación del Decreto 61/2025, que impide la reasignación carcelaria de personas trans en función de su identidad de género, estableciendo el alojamiento según el sexo consignado al momento de la comisión del delito; y el retiro de contenidos de Educación Sexual Integral (ESI) de portales oficiales.

Asimismo, se tomó nota que los crímenes motivados por prejuicios aumentaron 70% en comparación con 2024, registrando hasta 102 crímenes en el primer semestre de 2025, incluyendo cuatro asesinatos.

También se tuvo conocimiento de alegatos de torturas sistemáticas a mujeres trans en cárceles bonaerenses, especialmente en Sierra Chica; y agresiones contra la vivienda de la defensora trans Claudia Vásquez Haro.

Sobre los avances en los derechos de niñas, niños y adolescentes, en septiembre, Argentina depositó el instrumento de ratificación del Convenio de La Haya relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños y las niñas, el cual entrará en vigor en el país el 1 de enero de 2026.

A la vez, en octubre, la Cámara de Diputados aprobó la terna propuesta por la Comisión Bicameral para ejercer la nueva dirección de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Argentina, quedando pendiente la aprobación por el Senado.

Por otro lado, el Estado enfrentó desafíos una vez que, en marzo, decidió dar de baja a al menos 10 programas sociales y culturales que funcionaban bajo la órbita de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano. Estas medidas, formalizadas mediante 11 resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, implicaron la eliminación de iniciativas destinadas a la promoción de derechos, el acceso a espacios de participación cultural y recreativa, así como la supresión de subsidios vinculados a dichas actividades.

Adicionalmente, según datos de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, existirían incumplimientos estatales en la supervisión y garantía de derechos niñas y niños en instituciones de cuidado de la Provincia, incluida la falta de control efectivo del organismo provincial competente, lo que permitiría prácticas violatorias como torturas, tratos crueles, encierros, humillaciones y duchas frías, además de casos de abuso sexual en hogares específicos.

Estos espacios también presentarían deficiencias en acceso a la salud, con discontinuidad en tratamientos y aumento de hospitalizaciones por falta de abordaje adecuado de salud mental, así como un uso excesivo de medicalización.

Al respecto, la CIDH solicitó información del Estado en virtud del artículo 41 de la Convención Americana, pero no recibió respuesta del Estado.

Asimismo, durante el 2025 continuó el debate legislativo orientado a la reducción de la edad de responsabilidad penal, en línea con la tendencia registrada en 2024. Ese año se presentaron nuevas iniciativas que proponen fijar la imputabilidad penal entre los 10 y 13 años, junto con proyectos que, manteniendo el umbral en 14 años, incorporan penas más severas de hasta 15 años de prisión.

EFE

“Yo creo que estamos llegando al final”, dice Gastón Arcuchín, jubilado de 72 años. “No tiene sentido vivir así; veo gente llorando en las farmacias porque no pueden comprar medicamentos, veo gente muy deprimida, personas mayores que se abandonan y se dejan morir porque no pueden atenderse y no quieren ser una carga para sus familiares”.

Arcuchín trabajó y aportó 48 años como técnico en reparación de televisores, hasta que el temblor del Parkinson lo obligó a jubilarse. Además tiene hipertensión, artrosis y otras afecciones crónicas. Cobra la jubilación mínima de $450.000 y destina alrededor de $100.000 mensuales a medicamentos. Tuvo que dejar el tratamiento que tomaba tras un cáncer de próstata. En los últimos meses, la quita de descuentos y la suba sostenida de los precios agravaron su situación, en medio de la crisis del PAMI y los cambios en el programa Remediar.

Un sistema colapsado

La situación individual se inscribe en un escenario más amplio. Una huelga nacional de 72 horas de médicos y odontólogos de cabecera profundiza la crisis del PAMI, que cuenta con cerca de seis millones de afiliados. El organismo arrastra una deuda con prestadores que ronda los $500.000 millones y enfrenta recortes presupuestarios en el área de salud.

La modificación del esquema de pagos –formalizada en la resolución 1107/2026– elevó el monto fijo por paciente, pero eliminó adicionales por consultas, lo que en la práctica redujo ingresos y aceleró la salida de profesionales que solo perciben $2.100 por pacientes.

Según cálculos gremiales, un médico debería atender a casi mil jubilados por mes para cubrir costos básicos de funcionamiento. Eso implicaría más de 30 consultas diarias. El impacto se refleja en menos médicos disponibles, demoras en turnos y mayores dificultades de acceso a la atención.

“En lo posible trato de no recortar, pero hay cosas que no puedo sostener”, dice Arcuchín. “El medicamento que tomaba por el cáncer lo tuve que dejar”. También espera desde hace ocho meses una operación de cataratas. “Cada vez hay menos médicos. Acá ya no tenemos especialidades básicas. No tenemos servicios”.

Ingresos en caída y vida cotidiana

El deterioro del sistema de salud se combina con la pérdida de ingresos. Según la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta básica de los adultos mayores alcanzó en abril los $1.824.682, más de cuatro veces el haber mínimo que percibe el 64% de los jubilados. El bono de $70.000 se mantiene congelado desde 2024.

El poder adquisitivo de las jubilaciones cayó hasta 29% desde el inicio del actual gobierno, mientras la actividad laboral entre mayores de 66 años creció 11% interanual. En paralelo, el desempleo encubierto alcanza el 13,8%, más del doble de la tasa oficial.

Según el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, el 42% de los jubilados realiza solo una o dos comidas diarias y 7 de cada 10 recortó alimentos. Además, el 86% destina al menos el 40% de sus ingresos al alquiler, y quienes cobran la mínima pueden llegar a gastar hasta el 80% en un monoambiente.

“Yo ya no puedo trabajar, tengo 72 años. Hago algunas artesanías, pero nada más”, dice Arcuchín. “Dividimos gastos con mi pareja, buscamos ofertas. Pero esto ya no es vida”.

Medicamentos y redes de ayuda

El acceso a los tratamientos también se ve afectado por los cambios en el programa Remediar, que redujo su alcance. El vademécum pasó de 79 medicamentos a tres, enfocados en enfermedades cardiovasculares. El programa abastecía a más de 8.000 centros de salud y cubría hasta el 90% de las patologías más frecuentes en la atención primaria.

En ese contexto, Salvador Riquelme, jubilado de 73 años, atravesó una situación similar. Tenía programada una operación de cataratas, pero no podía pagar las gotas previas, con un costo cercano a $100.000. La intervención se suspendió 48 horas antes.

“Me avisaron por mensaje a la noche”. Necesitaba una medicación que finalmente llegó a través de una campaña en redes sociales impulsada por la periodista Lula González, que permitió reunir el dinero necesario.

“En este momento lo único que nos está sosteniendo es la solidaridad de la gente”, dice Riquelme. “Muchos jubilados alquilamos y después tenemos que ver cómo sobrevivir”.

Para sostenerse, combina su precario salario con trabajos informales. “Vendo cosas por internet, lo que puedo. Es la forma de llegar a fin de mes”, explica. La ayuda también llega en alimentos y aportes individuales. “Muchas veces ni sabemos quiénes son los que ayudan. Son gestos anónimos”.

Protestas y reclamos

El conflicto se traslada a la calle. En las movilizaciones frente al PAMI y el Congreso, jubilados reclaman por medicamentos, prestaciones y haberes. En una de las últimas protestas fue detenido nuevamente Carlos “Chaca” Dawlowfki, de 75 años, quien resultó gravemente herido en su mano y brazo durante la represión.

Entre los manifestantes está Mario, que perdió su trabajo como chofer. “Estuve dos días tomando mate cocido con una galleta”, dice. “En dos meses bajé seis kilos. Vivo en un hotel porque no puedo sostener otra cosa”.

Los testimonios se repiten y abundan en la calle y en redes sociales, mientras se redefine la vida cotidiana de los adultos mayores. “Lo más concreto es esto”, resume Arcuchín. “La gente no puede comprar los medicamentos y se abandona”.

LN/MG

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Nicolás Emanuel Céspedez, inspector de la Policía Federal Argentina (PFA), por empujar y provocar la caída de la jubilada Beatriz Blanco, de 82 años, durante una manifestación realizada el 12 de marzo de 2025 frente al Congreso de la Nación. El tribunal consideró que existió un “uso desmedido de la fuerza” y rechazó la versión de la defensa, que sostenía que se trató de un acto reflejo.

El hecho ocurrió en el marco de una de las habituales marchas de jubilados que se realizan los miércoles, el mismo día que el gendarme Héctor Jesús Guerrero hirió de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo al impactarlo en la cabeza con una cápsula de gas lacrimógeno, lo que generó fuertes cuestionamientos sobre el accionar de las fuerzas de seguridad.

Según consta en la causa, Blanco se acercó con un bastón a un cordón policial y, en ese contexto, Céspedez la empujó, lo que provocó que cayera al suelo y golpeara su cabeza. La mujer quedó inconsciente y debió recibir atención médica por una herida en la nuca que requirió puntos de sutura.

Con esta decisión, adoptada por mayoría, el policía quedó en condiciones de ser enviado a juicio oral por el delito de lesiones leves agravadas por abuso de su función como integrante de una fuerza de seguridad.

Los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun coincidieron en que la reacción del efectivo fue desproporcionada frente a la situación. En su voto, Boico subrayó que no se comprobó que Céspedez hubiera recibido golpes por parte de la jubilada y remarcó que, aun en ese caso, la respuesta no fue acorde. “Hubo un uso desproporcionado de la fuerza física contra una persona de edad avanzada y con movilidad reducida”, sostuvo.

Además, el magistrado descartó la hipótesis de la defensa al señalar que no existen elementos que indiquen que el accionar del policía haya sido involuntario. Por el contrario, consideró que el empujón fue una acción voluntaria que derivó directamente en la caída y las lesiones de la víctima.

En disidencia, el juez Eduardo Farah votó por dictar la falta de mérito. A su criterio, las pruebas reunidas hasta el momento no permiten establecer con claridad la intencionalidad del acusado ni la entidad penal del hecho, por lo que propuso profundizar la investigación con nuevas medidas.

El episodio se produjo durante un operativo de seguridad dispuesto en ese momento por la entonces ministra Patricia Bullrich. La confirmación del procesamiento de Céspedez refuerza las críticas sobre el uso de la fuerza en manifestaciones públicas y deja el caso a un paso del juicio oral, donde se definirá su eventual responsabilidad penal.

CRM

Organizaciones docentes, diversos gremios y jubilados se movilizarán a lo largo de la semana en todo el país en rechazo al Gobierno Nacional. Además, diferentes agrupaciones llevarán a cabo la marcha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Este lunes comienza una gran movilización y paro internacional convocado por el colectivo Ni Una Menos para visibilizar la violencia de género y la brecha salarial, en el marco del Día de la Mujer. Se concentrarán a las 16.30 en Congreso y marcharán hacia Plaza de Mayo.

A partir del martes, gremios docentes realizarán movilizaciones en Bahía Blanca, convocadas por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Multicolor, para reclamar recomposición salarial y exigir la apertura del debate por las paritarias.

Otros gremios que agrupan a empleados estatales continuarán con medidas de fuerza y asambleas sectoriales en rechazo a las políticas salariales y a la Ley de Modernización Laboral impulsada por la gestión del presidente Javier Milei.

El miércoles se espera la habitual marcha de jubilados en defensa de sus derechos, donde exigirán nuevamente el aumento de haberes y rechazarán la reforma previsional que propone el oficialismo.

Un 7% de los jubilados en Estados Unidos volvió al mercado laboral en los últimos seis meses, principalmente por necesidad económica, según una encuesta reciente de la Asociación Estadounidense de Personas Retiradas (American Association of Retired Persons, AARP). El dato se conoció en paralelo a un fuerte incremento de los despidos: solo en enero se registraron más de 108.000 recortes de personal, la cifra mensual más alta para ese mes desde 2009, de acuerdo con un informe de la consultora Challenger, Gray & Christmas. Ambas tendencias pusieron en evidencia un deterioro de las condiciones de seguridad laboral y previsional.

La encuesta de AARP se realizó entre noviembre y diciembre de 2025 sobre unas 2.100 personas mayores de 50 años y actualizó un relevamiento previo efectuado en julio y agosto, que había arrojado resultados similares. En ambos casos, la proporción de jubilados que retomaron un empleo se mantuvo prácticamente estable, con un 6% en el verano boreal y un 7% hacia fin de año. El informe definió este proceso como “desjubilación” y lo vinculó de manera directa a las presiones financieras.

Según los resultados, el 48% de quienes volvieron a trabajar lo hizo porque necesitaba dinero o evaluó que su situación económica era mala. Otras razones mencionadas fueron el aburrimiento o el deseo de ayudar a otras personas, aunque quedaron claramente relegadas frente al peso del factor económico. La responsable del programa de resiliencia financiera de AARP, Carly Roszkowski, advirtió en un comunicado que muchas personas temen no contar con ahorros suficientes para el retiro y sostuvo que la tendencia a prolongar la vida laboral podría profundizarse.

El relevamiento también expuso el clima de inseguridad entre los trabajadores de mayor edad que aún no se jubilaron. Un 24% manifestó temor a perder su empleo en el próximo año, mientras que un 67% consideró que tendría dificultades para conseguir otro trabajo, en gran parte por la discriminación por edad. A esas barreras se sumaron las enfermedades y discapacidades, señaladas como uno de los principales motivos que llevan a la jubilación, junto con la percepción de haber alcanzado una estabilidad financiera suficiente, algo que hoy aparece cada vez más en duda.

En paralelo, el informe mensual de Challenger, Gray & Christmas mostró un salto abrupto de los despidos. Durante enero se contabilizaron 108.435 recortes de personal, lo que representó un aumento del 118% interanual y del 205% respecto de diciembre. Se trató de la cifra más elevada para un mes de enero desde 2009 y de la segunda más alta registrada históricamente para ese mes, solo superada por el inicio de la crisis financiera global, cuando se habían superado los 240.000 despidos.

El detalle sectorial mostró que la industria tecnológica volvió a concentrar una parte relevante de los recortes, con 22.291 despidos anunciados. Dentro de ese total, alrededor de 16.000 correspondieron a Amazon, que avanzó con una reestructuración de sus capas de dirección. En el sector del transporte, los anuncios superaron los 30.000 despidos, mayoritariamente vinculados a UPS, que rompió acuerdos comerciales con Amazon.

Otro dato significativo del informe fue el impacto de la inteligencia artificial. La IA se citó como la razón principal en el 7% de los despidos de enero, lo que equivalió a 7.624 puestos de trabajo. Desde 2023, cuando la consultora comenzó a registrar específicamente este factor, se acumularon casi 80.000 despidos asociados al avance de la IA en el mercado laboral estadounidense. Para Challenger, este fue el tercer pico de recortes en los últimos 36 meses, una señal de volatilidad persistente.

Andy Challenger, director de ingresos de la firma, sostuvo que si bien los despidos suelen concentrarse en el primer trimestre del año, el volumen registrado en enero resultó excepcionalmente alto. Según explicó, la magnitud de los anuncios indicó que muchas de las decisiones se tomaron hacia fines de 2025, lo que reflejó un bajo nivel de optimismo empresarial respecto del panorama económico de 2026.

Leídos en conjunto, los dos informes mostraron un mercado laboral atravesado por la inseguridad, donde quienes pierden su empleo enfrentan mayores dificultades para reinsertarse y quienes ya se habían retirado se ven empujados a regresar al trabajo para sostener sus ingresos. La coexistencia de despidos masivos con jubilados que vuelven a emplearse por necesidad económica marcó un escenario en el que el ajuste se trasladó de manera directa a las trayectorias laborales y previsionales.

Por ahora, no hubo anuncios de políticas públicas orientadas a revertir estas tendencias. Los despidos ya se concretaron y el regreso de jubilados al mercado laboral continuó estable en niveles elevados, con la presión económica como principal motor.

JJD, con información de la agencia EFE

El padre Francisco ‘Paco’ Olveira fue detenido este miércoles y liberado poco después durante la habitual marcha de los jubilados que se realiza todas las semanas en las inmediaciones del Congreso. Diputados de Unión por la Patria (UxP) se hicieron presentes en el lugar y solicitaron su liberación, que se produjo poco después.

El diputado Eduardo Valdés, presente en el momento en que el sacerdote fue detenido, grabó la situación y publicó el video en sus redes sociales. 

El padre Paco estuvo demorado en un móvil de la Policía Federal, supuestamente “por resistencia a la autoridad”, escoltado por los diputados (UxP) Paula Penacca, Jorge Taianna, Teresa García y Lorena Pokoik, además de Valdés.

El 12 de noviembre del año pasado, ya había sido detenido, también por la Policía Federal en otra de las marchas de los jubilados y había sido liberado, el mismo día, horas después. 

“Hay un ensañamiento con los jubilados porque son la punta del iceberg de un malestar que hay en nuestra patria, más allá de un resultado electoral”, sostuvo posteriormente el padre Paco, integrante del grupo de Curas en Acción por los Pobres.

Con información de la agencia NA

La reforma laboral ya tiene fecha de tratamiento: el 10 de febrero. Para entonces, el Gobierno necesita sumar los votos de al menos una decena de legisladores aliados o provinciales. Con ese objetivo, el ministro del Interior, Diego Santilli, salió de gira para negociar cara a cara con los gobernadores, abrir canales de diálogo político y ofrecer recursos a cambio de respaldo legislativo.

Pero el primer encuentro mostró el límite de esa estrategia: en Chubut, el gobernador Ignacio Torres ya exigió hace unos días el pago de una deuda previsional de más de $51.000 millones que la ANSES mantiene con la provincia desde 2017. Según advirtió el mandatario, ese dinero no afecta la administración central, sino que impacta directamente en las jubilaciones de miles de trabajadores retirados del Estado provincial.

“La deuda que tiene el Gobierno nacional es con nuestros jubilados chubutenses, que aportaron toda la vida para tener una jubilación digna”, afirmó Torres. Aunque valoró la apertura de negociaciones, ratificó que la presentación de la demanda ante la Corte Suprema para exigir el cumplimiento del convenio bilateral firmado con Nación. “Podemos sentarnos a negociar, pero no voy a desistir del reclamo judicial”, sostuvo.

La estrategia del Gobierno para aprobar la reforma laboral combina presión parlamentaria, favores fiscales y concesiones puntuales. Santilli ya tiene previsto visitar al menos diez provincias durante enero. Según confirmaron desde el Ministerio del Interior, el objetivo es “escuchar los reclamos locales” e intercambiar apoyos por asistencia financiera o flexibilización de partidas.

La escena revela una paradoja: mientras se promete modernización laboral y reducción del gasto público, se utilizan transferencias discrecionales como moneda de cambio para habilitar una reforma que recorta derechos laborales, debilita a los sindicatos y reduce los costos de despido e indemnización.

El proyecto, que ya obtuvo dictamen en el Senado, propone eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos, limitar las cuotas solidarias que financian a los gremios, habilitar bancos de horas, flexibilizar vacaciones y acortar los plazos de preaviso. También incluye la creación de un fondo de cese laboral como sustituto de las indemnizaciones tradicionales. Para la CGT, se trata de “una reforma regresiva que rompe el equilibrio entre partes y precariza el empleo”.

En este contexto, las provincias aparecen como el escenario clave para destrabar la votación, pero también como territorio de disputa por deudas sociales. El caso de Chubut es elocuente: es una de las trece jurisdicciones que no transfirió su caja previsional a la Nación. Por ley, la ANSES debe cubrir anualmente el déficit de ese sistema. Pero en este caso, la deuda acumulada desde 2017 fue certificada por el propio organismo nacional y nunca saldada.

“No estamos mendigando nada. Estamos exigiendo lo que nos corresponde”, señaló Torres, que encabeza por primera vez una demanda judicial de este tipo en nombre de la provincia. La falta de esos fondos deja al sistema previsional local en estado crítico y obliga al Gobierno provincial a cubrirlo con recursos propios, en medio de un escenario de ajuste y recorte de transferencias.

Los jubilados del sector público, en especial docentes, administrativos y trabajadores estatales retirados, son quienes más sufren la demora.

JJD

Una nueva jornada de protesta de jubilados frente al Congreso Nacional terminó este miércoles con incidentes, empujones y forcejeos con las fuerzas de seguridad, mientras la Cámara de Diputados debatía el Presupuesto 2026.

Los hechos se registraron durante la tarde, cuando los manifestantes, que se movilizan todas las semanas en reclamo de mejoras en los haberes y contra el ajuste previsional, derribaron el vallado dispuesto en las inmediaciones del Palacio Legislativo y se enfrentaron a los empujones con efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería, apostados en el lugar para hacer cumplir el protocolo antipiquetes.

La escena estuvo marcada por momentos de fuerte tensión fuera del Congreso. Mientras los jubilados y organizaciones que los acompañaban avanzaban sobre las vallas, la Policía Federal arrojó agua con mangueras y utilizó un camión hidrante para obligar a los manifestantes a retroceder. En paralelo, Gendarmería avanzó sobre la protesta y rearmó el vallado, en un intento por despejar la zona y restablecer el cordón de seguridad.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, la Policía Federal estuvo a cargo del operativo principal en las inmediaciones del Congreso, mientras que la Policía de la Ciudad se ubicó en un tercer anillo de seguridad.

La movilización coincidió con el tratamiento parlamentario del proyecto de Presupuesto 2026, uno de los ejes centrales del reclamo de los jubilados, que denuncian el deterioro del poder adquisitivo y exigen una recomposición de los haberes acorde a la inflación.

Hacia el final de la jornada, la situación tendía a normalizarse, aunque se mantenía un importante despliegue de fuerzas de seguridad en la zona y no se descartaban nuevas medidas de protesta en los próximos días.

Con información de la agencia NA

La protesta de la CGT y las dos CTA el jueves próximo en la plaza de Mayo gana volumen contra el gobierno de Javier Milei. Al acto convocado por la central obrera para rechazar la reforma laboral libertaria se sumaron en la última hora desde el gobernador Axel Kicillof a la izquierda, pasando por las agrupaciones de jubilados que suelen movilizarse los miércoles y los organismos de derechos humanos.

El mandatario bonaernese afirmó este lunes que el proyecto de reforma laboral está “diseñado para empeorar la situación de la Argentina” y expresó que el nombre de “modernización laboral” nunca estuvo “peor puesto”: consideró que es un retroceso en materia de derechos a “la Asamblea del año XIII”.

En declaraciones radiales Kicillof adelantó que va a “acompañar” la movilización convocada por la CGT. El acto tiene el objetivo de ponerle un límite al Gobierno, que busca acelerar la iniciativa en las actuales sesiones extraordinarias del Congreso.

Tras Kicillof se sumo de otras adhesiones a la marcha que tendrá como epicentro la Plaza de Mayo. La izquierda también se movilizará, aunque hará un acto propio. Marchará desde las 15 desde Avenida de Mayo y 9 de Julio en un polo independiente a la concentración convocada por las centrales sindicales. Exigirá un paro nacional y plan de lucha permanente, instancias que aún no están sobre la mesa de la CGT.

La izquierda, cuerpos de delegados, comisiones internas, centros de estudiantes, organizaciones sociales y de derechos humanos quieren que la CGT convoque a un paro nacional activo el día que se trate la reforma laboral en el Senado (que podría ser entre Navidad y Año Nuevo).

También desde las agrupaciones de jubilados llamaron a profundizar las acciones callejeras. “Convocamos a todos los sectores sociales y políticos a enfrentar este ataque y a los dirigentes sindicales a ponerse del lado de los trabajadores ocupados y desocupados, con democracia obrera y participación directa, para frenar esta ofensiva”, expresaron desde ATEJ, una de las banderas que suele movilizarse los miércoles.

Lo mismo hacen organismos de DDHH llaman a la movilización. “Marchamos en defensa de los derechos laborales”, invitaron desde H.I.J.O.S.

La protesta del jueves se definió la semana pasada cuando el Gobierno oficializó su proyecto de reforma laboral. La CGT logró que el oficialismo quite del articulado iniciativas que jaqueaba las cuotas solidarias, aunque se mantuvieron otros que limitan esos aportes. Los sindicatos rechazan la iniciativa en general porque la consideran “regresiva” y que quita derechos colectivos e individual.

MC

“Queremos un salario que esté por encima de la línea de pobreza”, reclamó Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, en vísperas de una nueva sesión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que se reúne este miércoles 26 de noviembre a las 12.30 de forma virtual. El encuentro, convocado por el Gobierno a través de la Resolución 6/2025, tiene como objetivo fijar un aumento del sueldo mínimo, congelado desde agosto, y actualizar también las prestaciones por desempleo.

El salario mínimo actual es de $322.200, un monto que lleva cuatro meses sin cambios. En ese lapso, la inflación erosionó su poder adquisitivo de forma severa. De acuerdo con estimaciones basadas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, el haber mínimo acumula una pérdida del 31,4% en términos reales respecto de noviembre de 2023, antes de la asunción del presidente Javier Milei. Incluso en la comparación interanual más reciente, contra noviembre de 2024, la caída real fue del 1,9%.

En paralelo a la sesión virtual del Consejo, las dos CTA —la Autónoma y la de los Trabajadores— convocaron a una movilización desde las 11 hacia la Secretaría de Trabajo, que conduce Julio Cordero. Coincidirá con la marcha semanal de jubilados en las inmediaciones del Congreso, lo que anticipa una jornada de protesta con alta tensión en el centro porteño.

“La convocatoria llega tarde”, denunció Godoy, quien explicó que su central tuvo que recurrir a la Justicia para forzar al Gobierno a reactivar el Consejo, luego de tres meses de inacción. “Para nosotros el Consejo del Salario es una institución tripartita que debe funcionar a pleno y garantizar un ingreso por encima del nivel de pobreza en la Argentina”, afirmó.

En sus declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, el dirigente apuntó también contra las cámaras empresariales: “Vienen actuando en tándem con el oficialismo para seguir decidiendo por decreto el valor del salario mínimo”. Según el referente sindical, esa estrategia permite “planchar toda la economía de ingresos”, afectando también a los programas sociales y a los convenios colectivos.

El reclamo cobra mayor peso si se considera que una canasta básica de alimentos para una familia supera ampliamente los $600.000, según estimaciones privadas. Esto implica que el salario mínimo vigente no cubre ni siquiera la mitad de ese valor. Además, miles de trabajadores no registrados o con empleos informales tienen como única referencia el monto del SMVM, ya que sus ingresos no están regidos por convenios.

El Consejo está integrado por 16 representantes de empleadores y 16 de los trabajadores, más un presidente designado por el Estado nacional. Las deliberaciones se darán en el marco de la ley 24.013, que también vincula al salario mínimo con las prestaciones por desempleo, cuyos montos mínimo y máximo serán discutidos en la Comisión específica del organismo a partir de las 10.

Además del marco constitucional y normativo local, la discusión está amparada por el Convenio 131 de la OIT, que indica que el salario mínimo debe contemplar las necesidades básicas de las familias, el desarrollo económico, la productividad y el pleno empleo. No se trata solo de un número: el SMVM define el piso de ingresos legales en Argentina y repercute en múltiples esferas sociales.

Para el sindicalismo, el debate de este miércoles es una oportunidad para volver a poner en agenda la situación crítica de los sectores más vulnerables del mercado laboral, tras un año marcado por la aceleración inflacionaria y la recesión. “Vamos a participar de la reunión virtual, pero los principales dirigentes estaremos en las calles”, advirtió Godoy, anticipando el tono de la jornada.

JJD

Jubilados, trabajadores del hospital Garrahan y personas con discapacidad volvieron a unirse este miércoles para reclamar contra el ajuste de Javier Milei. Fueron la cabeza de una marcha de organizaciones sociales en otro miércoles frente al Congreso, al tiempo que asumeron sus bancas los nuevos diputados. La protesta también se replicó en distintos puntos del país, como Mendoza, Chubut, Bahía Blanca y Salta.

La idea de la unidad de la protesta fue, según los referentes de cada una de las organizaciones, hacer “más fuertes” los reclamos debido a la coyuntura socioeconómica que atraviesa el país. La UTEP, a su vez, confluyó su tradicional “Marcha de la Gorra” con los jubilados.

Desde temprano las inmediaciones del Congreso estuvieron totalmente valladas porque justo este miércoles la Cámara de Diputados le tomó juramento a los nuevos legisladores. Hubo cortes sobre la avenida Entre Ríos, pero también a una cuadra a la redonda del Palacio Legislativo.

Ana Valverde de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJL) indicó que su objetivo es “seguir luchando en las calles por sus derechos” y en rechazo al Gobierno “ultraderechista” de Milei que los “ha vetado” y que “pretende seguir” haciéndolo como lo hizo con la medicación “con el descuento del 100%”.

“Nuestra jubilación mínima ya es de indigencia y, a pesar de las marchas, en lo que va del período presidencial, nunca hemos tenido diálogo. Pero si represión para callarnos en nuestros reclamos”, señaló.

Por su parte, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, sostuvo que este año decidieron hacer “La Marcha de la Gorra” bajo el lema “ningún pibe es descartable” junto a los jubilados: “Unidos contra la crueldad para ”acompañarlos en su lucha“.

“Esta movilización se hace una vez por año con los jóvenes, a nivel federal, y esta vez, por el contexto, quisimos acompañar el reclamo de los jubilados. También vamos a hacer una jornada de lucha para los próximos días con el objetivo de poner en el centro del reclamo los problemas alimentarios, el congelamiento del salario social y complementario ($78.000) y, por supuesto, repudiar el intento del Gobierno de avanzar en una reforma laboral regresiva y con quita de derechos”, indicó.

Los jubilados mantendrán los aumentos por inflación establecidos por el decreto presidencial, pero no tendrán ningún incremento adicional de sus haberes, ni del bono de 70 mil pesos que cobran los adultos que perciben la jubilación mínima.

Así se desprende del Presupuesto impulsado por el Gobierno Nacional que busca aprobar en las sesiones extraordinarias que se convocarán entre el 10 y el 31 de diciembre, donde la ley de gastos y recursos concentrará el trabajo parlamentario en la primera convocatoria que efectuará el oficialismo.

El Gobierno destinará al pago de jubilaciones y pensiones 65,7 billones de pesos para pagar a los 6 millones de jubilados y pensionados, de los cuales la mitad de ellos cobran la mínima y un bono de 70 mil pesos que está congelado desde marzo de 2024.

Además, destinará 5,3 billones al pago de pensiones no contributivas y 3,6 billones para prestaciones de Pami.

Al presentar el presupuesto, el presidente Javier Milei señaló que las partidas destinadas al pago de jubilaciones y pensiones que paga Anses tendrá un incremento del 5%, pero eso no impactará en los haberes de la clase pasiva, ya que se mantendrá el mismo ajuste de un aumento mensual de acuerdo a la inflación

El proyecto de Presupuesto 2026 establece que habrá una recaudación por aportes y contribuciones de la Seguridad Social en torno al 4,4% del PBI, con un crecimiento del 3,3 con respecto al 2025.

Además, tendrá como recursos adicionales para pagar jubilaciones el 28,61 de la recaudación del Impuesto a los Combustibles y la totalidad del Impuesto al Cheque.

La Oficina del Presupuesto del Congreso analizó “con 1,6% del PIB, es el tributo con afectación específica de mayor peso dentro de los ingresos totales de la ANSES”

De este modo, el gasto en prestaciones previsionales contributivas y semicontributivas (jubilaciones y pensiones otorgadas por el Régimen de reparto y mediante moratoria previsional) alcanza el 5,3% del PIB, “cifra que se encuentra ligeramente por encima de los niveles de los años previos”, según evaluó la OPC.

Sobre el bono que paga la Anses para completar el haber mínimo tendrá un impacto menor en el PBI ya que pasará del 0,4 al 0,3 %.

Con información de agencias.

IG

El padre Paco Olveira fue liberado la tarde de este miércoles después de haber sido detenido por la Policía Federal durante la marcha de los jubilados en las inmediaciones del Congreso. “Hay un ensañamiento con los jubilados porque son la punta del iceberg de un malestar que hay en nuestra patria, más allá de un resultado electoral”, sostuvo el sacerdote, que pertenece al grupo de Curas en Acción por los Pobres.

Olveira fue liberado junto un joven que formaba parte de la manifestación, identificado como el fotógrafo Fidel Tomás Bravo, y a quien habían detenido junto al sacerdote. “El padre ‘Paco’ había sido detenido violentamente en la plaza del Congreso. Un pastor con olor a oveja que nos enseña a luchar sin aflojar aún en los momentos más adversos. Hoy más que nunca tenemos que estar junto a los jubilados todos los miércoles”, expresó, por su parte, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés.

Como parte del operativo de seguridad, el primer cordón del operativo estuvo a cargo de la Policía Federal, que concretó las detenciones, mientras la Policía de la Ciudad se ubicó en un segundo cordón.

Los jubilados llevaron adelante la protesta como todos los miércoles en las inmediaciones del Congreso en reclamo de un aumento de sus ingresos y contra el veto del presidente Javier Milei a la reforma que establecía un incremento en los haberes.

Tiempo después se desarrolló otro incidente cuando los manifestantes intentaron derribar las vallas ubicadas en la avenida Entre Ríos, que derivó en un fuerte operativo de la Policía Federal y Gendarmería, quienes se apostaron con escudos.

Los jubilados llevaban adelante la protesta como todos los miércoles en las inmediaciones del Congreso en reclamo de un aumento de sus ingresos y contra el veto del presidente Javier Milei a la reforma que establecía un incremento en los haberes.

Según lo establecido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la jubilación mínima asciende en noviembre a $333.058,39, tras un incremento del 2,1% dispuesto mediante las resoluciones 338/2025 y 339/2025, publicadas en el Boletín Oficial. El ajuste responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor.

Además, quienes cobran la mínima recibirán un bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $403.058,39. Este refuerzo también se aplica de forma proporcional a los beneficiarios cuyos haberes no superan los $403.150, de modo que todos alcancen ese piso mensual. Los jubilados que perciben montos superiores no serán alcanzados por el beneficio.

El bono se actualiza mensualmente desde marzo de 2024 por decisión del Poder Ejecutivo. La medida también abarca otros segmentos del sistema previsional: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se eleva a $266.468,31, y con el refuerzo, el total asciende a $336.468,31. En tanto, el haber máximo para noviembre se fija en $2.241.349,35.

Con información de la agencia NA

Organizaciones de jubilados marcharon este miércoles en las inmediaciones del Congreso, donde la Policía Federal valló la zona para garantizar la libre circulación del tránsito.

Fuentes policiales indicaron que la única fuerza apostada al operativo fue la Policía Federal.

Como cada miércoles, los jubilados realizaron una protesta por mejoras en sus haberes en la esquina de Avenida Rivadavia y Callao, donde las fuerzas de seguridad vallaron la zona para garantizar la libre circulación.

Cerca de las 15 los manifestantes lograron tirar una parte de las vallas que habían sido apostadas como parte del operativo policial en la Avenida Rivadavia. Los agentes respondieron con gases lacrimógenos.

Hasta el momento no se registraban mayores incidentes ni enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los jubilados que se acercaron a protestar a las inmediaciones del Congreso.

Con información de la agencia NA

Empujones y corridas se registraban en la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Congreso durante una nueva marcha de los jubilados a raíz del megaoperativo policial montado en la zona por las fuerzas de seguridad.

Los efectivos policiales mantuvieron a los manifestantes sobre la vereda en cumplimiento del protocolo antipiquetes, lo que de todos modos no pudo evitar el corte de tránsito por la intervención de las fuerzas de seguridad.

El operativo de seguridad estaba a cargo de la Policía Federal, mientras la fuerza de la Ciudad se mantenía en un segundo círculo.

A la tradicional marcha de los jubilados de cada miércoles se sumaba también el reclamo de distintas organizaciones y familiares por la aplicación de la ley de emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso pero sin instrumentación efectiva por parte del Poder Ejecutivo.

Con información de la agencia NA

Los jubilados concretaron este miércoles una nueva marcha contra el gobierno de Javier Milei en las inmediaciones del Congreso, donde la Policía de la Ciudad detuvo a tres personas como consecuencia de los incidentes.

“Los manifestantes se desplazaron por Avenida Callao con intenciones de llegar a Corrientes. Se los frenó y la Policía avanzó hasta Bartolomé Mitre para que los manifestantes se vayan a la Plaza Congreso”, indicó la Policía ante la consulta de la Agencia Noticias Argentinas y agregó que “por el momento hay tres detenidos”.

Según Periodistas Argentinas, los detenidos son cuatro y uno de ellos es el fotógrafo Fabricio Fischer.

La marcha tenía lugar mientras la Cámara de Diputados debatía desde las 12.30 la reforma de la ley que regula los DNU.

El miércoles último también se habían registrado incidentes con empujones y corridas durante la movilización de los jubilados, en una protesta que fue reprimida con gas lacrimógeno por parte de los efectivos de seguridad.

El Gobierno anunció un programa de beneficios para jubilados y pensionados que incluye rebajas en las principales cadenas de supermercados del país. La ANSES difundió en qué consiste el beneficio: descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en más de 7.000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país.

“Con este programa accedés a descuentos desde 10% en supermercados, en muchos casos sin tope, y a un 20% en artículos de perfumería y limpieza. Para obtener estos beneficios en los comercios adheridos, solo tenés que pagar con la tarjeta de débito con la que cobrás tu jubilación o pensión”, informa el organismo oficial.

Más beneficios

Además, si cobrás tus haberes de jubilación o pensión en el Banco Nación, tenés un reintegro del 5% adicional (con un tope mensual de $20.000) en tus compras con tarjeta de débito o crédito, usando la app BNA+ MODO, en los supermercados Carrefour, Coto, Josimar, Chango Mas, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Dia. 

Y si cobrás tus haberes de jubilación o pensión en el Banco Galicia, tenés hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope de $20.000 mensuales en supermercados, y $12.000 en farmacias y ópticas).  

Descuentos en supermercados: dónde y cuánto se ahorra

Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros + 20% en perfumería y limpieza, sin tope.

Coto y La Anónima: 10% en todos los rubros, sin tope.

Josimar: 15% en todos los rubros, sin tope.

Carrefour: 10% en todos los rubros, con tope de $35.000.

Día: 10% en todos los rubros, con tope de $2.000 por transacción.

El contexto político detrás del anuncio

El programa surge tras el veto presidencial a la ley que fijaba un aumento del 7,2% en jubilaciones y la suba del bono a $110.000. Milei defendió la medida como una alternativa “creativa” para mejorar el consumo sin afectar las cuentas públicas.

Para octubre, el aumento de los haberes jubilatorios será de apenas 1,9%, lo que implica una mejora de $6.000 netos.

El haber mínimo subirá de $320.277 a $326.298 y el haber máximo pasará de $2.155.162 a $2.195.679. Como viene sucediendo hace más de un año, los que perciben la mínima cobrarán un bono de $70.000, por lo que las jubilaciones más bajas serán de $396.298.

Impacto esperado

Los jubilados destinan gran parte de sus ingresos a alimentos y productos básicos. Con estos descuentos, el Gobierno busca un alivio inmediato en el gasto mensual, especialmente en sectores de bajos ingresos.

La ANSES dispuso un botón de consulta para conocer comercios adheridos y si las personas están autorizadas. 

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este jueves un incremento del 1,88% en los haberes de octubre para jubilados y pensionados y en los montos de las asignaciones familiares junto con los límites y rangos de ingresos del grupo familiar.

La actualización de los valores que estarán vigentes para el décimo mes del año, se da en línea con el dato de inflación de agosto, siendo formalizados mediante las Resoluciones 317 y 318/2025 publicadas en el Boletín Oficial. 

El organismo previsional estableció en el texto oficial, “que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de octubre de 2025, será de $326.298,38″. Mientras que el máximo, a partir del mes que viene, será de $2.195.679,22.

De esta manera, el reajuste hará que el haber mínimo suba de $320.277 a $326.298 y el haber máximo pase de $2.155.162 a $2.195.679. Como viene sucediendo hace más de un año, los que perciben la mínima cobrarán un bono de $70.000, por lo que las jubilaciones más bajas pasarán de $390.277 a $396.298.

En el documento oficial que lleva la firma del titular de ANSES, Fernando Bearzi, también se establecieron las bases imponibles mínima y máxima en $109.897,23 y $3.571.608,54, respectivamente, a partir del período devengado octubre de 2025.

Al mismo tiempo, el organismo determinó que el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), aplicable a partir del próximo mes, será de $149.266,62. Mientras que el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en la suma de $261.038,70. Con el bono de $70.000, la PUAM ascenderá a $331.038.

Por otro lado, con la suba oficializada, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, alcanzarán en octubre los $117.252 para la mayoría de los beneficiarios, mientras que será de $152.428 para los que residen en la Zona I (La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires).

En lo que respecta a los trabajadores del sector formal, en caso de que el ingreso familiar no supere los $907.793, se cobrará por hijo $58.631, mientras que si el ingreso familiar es superior a $907.793 y de hasta $1.331.368, se cobrará por hijo $39.548. En tanto que si el ingreso familiar es superior a $1.331.368 y de hasta $1.537.111, se percibirá por hijo $23.920. Cuando el monto percibido en el hogar es mayor a $1.537.111 y de hasta $4.807.226, se cobrará por hijo $12.340.

Los mismos montos y topes se aplican en la Asignación Familiar Prenatal. En tanto que los valores aumentan para quienes perciban la prestación por hijo con discapacidad, ya que si el ingreso familiar no supera los $907.793, cobran por hijo $190.902, mientras que si el ingreso familiar es superior a $907.793 y de hasta $1.331.368, cobrarán por hijo $135.050 y si están por encima de $1.331.368, recibirán $85.234 por hijo.

En el caso de los contribuyentes del Monotributo, el monto a cobrar de las asignaciones familiares por hijo varían según la categoría:

En cuanto a las asignaciones que la ANSES abona por única vez, entra las que están Matrimonio, Nacimiento y Adopción, a partir del mes que viene otorgarán los siguientes montos:

La suba que actualiza los montos detallados alcanza de igual manera a los veteranos de guerra, a los titulares del sistema previsional integrado argentino y a los de la prestación por desempleo, entre otros programas de asistencia económica.

En el artículo 4 de la normativa se aclaró que “la percepción de un ingreso superior a $2.403.613 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar, excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido”.