La UTEP corta accesos contra la baja del Volver al Trabajo: más de 930.000 personas pierden un ingreso base
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realiza este miércoles una protesta nacional con cortes de rutas, puentes y accesos en rechazo a la baja del programa Volver al Trabajo. La medida cuenta con acompañamiento de la CGT y las dos CTA y forma parte de un plan de lucha más amplio contra el gobierno de Javier Milei.
La organización no difundió con anticipación los puntos de concentración ni los horarios precisos. La decisión busca que la protesta tenga impacto y evitar que las fuerzas de seguridad se anticipen con operativos en los accesos. El Gobierno, por su parte, advirtió que aplicará el protocolo antipiquetes.
El conflicto tiene un dato central: más de 930.000 personas perderán el ingreso mensual del programa Volver al Trabajo, una prestación de $78.000 que funciona como piso mínimo para trabajadores de la economía popular. No se trata de un salario completo, sino de una base sobre la que muchas personas organizan otros ingresos de supervivencia: changas, tareas domésticas, cuidados de personas mayores, cartoneo, agricultura familiar y otros trabajos informales.
La secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, sostuvo que la baja del programa deja sin ingresos a “los trabajadores más humildes” y advirtió que el recorte también impactará en los circuitos comerciales de cercanía. “Esa plata que le sacan a los humildes es plata que va a dejar de girar en las economías locales como verdulerías, kioscos de barrio, almacenes”, señaló.
Ese punto permite leer la protesta más allá del corte de calles. El Volver al Trabajo no sólo funcionaba como transferencia directa a hogares de bajos ingresos. También sostenía parte del consumo cotidiano en barrios populares, donde esos $78.000 podían volver rápidamente a comercios de cercanía, transporte, alimentos o deudas pequeñas.
La UTEP agrupa a trabajadores de la economía popular, un universo que no entra plenamente en el empleo asalariado formal pero que produce ingresos todos los días. Son personas que hacen changas, limpian casas, cuidan adultos mayores, recuperan residuos, trabajan en comedores, cooperativas, huertas, ferias, tareas comunitarias o actividades autogestionadas. El recorte golpea justamente a quienes ya estaban fuera del trabajo registrado y usaban ese ingreso como sostén mínimo.
El Gobierno decidió avanzar con el cierre definitivo del programa después de que la Cámara Federal de San Martín revocara una cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantenerlo. La cartera que conduce Sandra Pettovello busca reemplazar ese esquema por vouchers de capacitación laboral.
La decisión implica para las organizaciones sociales la quita de ingresos sin ofrecer una alternativa concreta de empleo. Duarte advirtió que dejar a casi un millón de personas sin los $78.000 mensuales es también un llamado de atención para gobernadores e intendentes, porque el impacto se sentirá en cada territorio. “Si no hay salario para los más humildes no va a haber paz social para ningún gobierno”, afirmó.
La protesta se suma a la reactivación del plan de lucha de las centrales obreras después del Mundial. La CGT convocó junto con las dos CTA y la UTEP a marchar este miércoles con los jubilados frente al Congreso, bajo la consigna “Hacé como el Diego, marchá con los jubilados”, en un spot que utiliza la figura de Diego Maradona como símbolo popular.
La movilización con jubilados es el primer paso de una secuencia de protestas. El 7 de agosto, Día de San Cayetano, la UTEP y organizaciones sindicales volverán a movilizar desde el santuario de Liniers hacia Plaza de Mayo bajo la consigna histórica de paz, pan, tierra, techo y trabajo.
El cronograma también contempla una marcha federal frente a la Casa Rosada y un paro general, aunque la CGT todavía no definió fecha. Antes de esa instancia, las centrales prevén acompañar conflictos sectoriales, realizar asambleas, movilizaciones y acciones coordinadas para acumular fuerza contra la política económica del Gobierno.
El conflicto por el Volver al Trabajo muestra una de las zonas más frágiles del mercado laboral argentino. Para los trabajadores registrados, la discusión suele pasar por paritarias, despidos o condiciones de convenio. Para la economía popular, el problema es todavía más básico: cómo sostener un ingreso mínimo cuando no hay empleo formal suficiente y el Estado retira una transferencia que funcionaba como piso de supervivencia.
El Gobierno presenta la baja del programa como parte de su política de ajuste y reordenamiento de la asistencia social pero para los movimientos sociales es un recorte directo sobre trabajadores pobres, en un contexto de caída del consumo, informalidad elevada y aumento de las dificultades para completar ingresos.
JJD
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