Usar una billetera virtual en el celular, haber recibido un depósito, o tener una moto. Ese tipo de cuestiones parecen estar impidiendo a miles de personas anotarse como beneficiarias del bono de 45 mil pesos que el Gobierno lanzó para quienes están en situación de indigencia. Lejos de una solución, la medida está generando una polémica con fuertes críticas al interior del Frente de Todos.

Los cuestionamientos son tales que escalaron de Juan Grabois a Máximo Kirchner, quien se comprometió a “mediar” con el ministro Sergio Massa y Fernanda Raverta, la titular de la Anses y miembro de La Cámpora, para que se flexibilicen los requisitos, según supo elDiarioAR de al menos dos fuentes al tanto de la nueva discusión en el oficialismo. Ante la consulta de este medio, en Economía le pasaron la pelota al organismo de previsión social y allí un vocero negó las incompatibilidades. Aseguró que “el proceso de inscripción se está dando normalmente”. 

La mecha la encendió el miércoles el propio Grabois, el dirigente cercano a Cristina Kirchner y al Papa Francisco, y quien logró presionar a Massa para que financie el bono con parte de lo recaudado por el “dólar soja”. “La evaluación nuestra es que fue lamentable [la inscripción]. Más allá de los problemas operativos que siempre puede haber, la cantidad de restricciones que se pusieron a la gente me sorprendió”, escribió en su cuenta de Facebook, luego de que las noticias mostraran dos días seguidos de largas colas en las oficinas de la Anses e importantes demoradas en la fila virtual. Hasta anteayer se habían anotado 814.000 personas para el refuerzo que se va a cobrar en dos cuotas entre noviembre y diciembre.

Grabois hizo su descargo desde Roma, adonde viajó para participar en una conferencia internacional sobre la paz. Sus críticas fueron ratificadas ayer en su organización –el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)–, que elaboró un informe sobre los “Problemas reportados en inscripción del bono refuerzo alimentario”, tal el título del trabajo al que accedió elDiarioAR. 

Hasta anteayer se habían anotado 814.000 personas para el refuerzo que se va a cobrar en dos cuotas entre noviembre y diciembre

Las incompatibilidades

El MTE relevó 1548 casos –el 70% entre 18 y 39 años, y el 60% hombres–. Esa cantidad es parte de las muchas personas a las que desde la propia agrupación se asistió en los últimos días para que puedan inscribirse como beneficiarios, por ejemplo, entregándoles café para menguar la espera en la Anses u habilitándoles el uso del WiFi en sus comedores.

Según el documento, el problema principal de quienes no pudieron anotarse fue por “incompatibilidades” (el 84,37%), mientras unos pocos encontraron inconvenientes en la web de Anses (13,28%) y, muchos menos, en la apertura de una cuenta bancaria (2,35%). En los primeros cinco días desde que se abrió la inscripción, solo pudieron tener éxito entre un 10 y 15% de las personas, denunciaron. El principal foco de problemas se dio en Buenos Aires (740 casos) y en menor medida en el resto de las provincias: Corrientes, 154; Río Negro, 115; Misiones, 88; Mendoza, 69; Capital Federal, 64, y siguen las jurisdicciones. 

El relevamiento también incorpora distintos casos testigos de incompatibilidades, como el de Ezequiel, de CABA, de 24 años, que denuncia textual: “No cobro nada pero cuando quiero hacer IFE me dice 'incompatible', pido lista sábana de qué cobro y me sale limpia. Entonces me dicen que no puedo inscribirme porque cobro algo, que no saben qué es (...) Si cobrara no me hubiese comido semejante fila”. O el de Mercedes, de Corrientes y con 33 años, que expone: “Mis hijos me bajaron la billetera virtual de Santa Fe para que pueda hacer compras y recibir los reintegros de la tarjeta. Me transfieren $2000 para alimentos, es mi único ingreso y salgo rechazada”.

Desde que se anunció la medida se sabía que los beneficiarios del refuerzo no podían gozar de otros planes estatales –como la AUH o el Potenciar Trabajo–, pero luego se sumó como requisito que se complete una declaración jurada, que es “evaluada junto a sus consumos, bienes y patrimonio”, informa el organismo público. Así, las personas no pueden tener registrado a su nombre rodados que tengan menos de 10 años de antigüedad, inmuebles, consumos de tarjeta de crédito y/o débito en los últimos 2 meses, plazos fijos y bonos en los últimos 6 meses, acreditación en cuentas bancarias en los últimos 2 meses, compras en moneda extranjera en los últimos 6 meses, y obra social o prepaga.

“Solamente a los pobres les piden que demuestren que no comieron ni un plato de polenta en los últimos meses para darles estas migajas por las que tanto tuvimos que pelear. A mí como profesor universitario me pagan un bono de 20 mil pesos por cada hijo en la asignación familiar, lo mismo a muchos otros colegas. No somos pobres. Algunos incluso son bastante acaudalados”, escribió en sus redes sociales Grabois. “Nadie se fijaba si tenías una billetera virtual, habías recibido depósito, tenías una motito; ni siquiera si tenías un auto o una propiedad en Recoleta. Me da mucha bronca recibir los testimonios de compañeros que porque tenían una Zaneleta para ir a laburar se quedaron afuera u otros que cobraban por una billetera alguna venta de artesanías u otras que tenían una tarjeta provincial de 2000 pesos. La verdad, no lo entiendo…”, completó su crítica.

No solo el MTE y otras agrupaciones oficialistas como el Frente Popular Darío Santillán denunciaron los problemas de los cruces de datos, sino también desde la Unidad Piquetera, la red de orgas opositoras que integran el Polo Obrero, Libres del Sur, el MST Teresa Vive, entre otras. “El diseño de las ‘incompatibilidades’ ideados por Massa y la camporista Raverta excluye a millones de pobres e indigentes. Solo con tener una AUH o una Tarjeta Alimentar de menos de $10.000 la persona es excluida del cobro,o por tener una billetera virtual o ser monotributista o por tener una motocicleta”, señalaron en un comunicado. En reclamo a que el bono lo cobren todas las personas que no tengan  ingresos mayores a la canasta básica, este viernes desde las 10 marcharán al Obelisco y a las dependencias de Anses de todo el país.

En el organismo previsional negaron las denuncias en contra. “Eso es mentira”, contestaron ante la pregunta puntual de elDiarioAR de que si las personas tienen, por ejemplo, MercadoPago se los rechaza. “Lo que se evalúa es el consumo y que no tenga ingresos, no la boca de pago”, agregó la fuente consultada. En la oficina que conduce Raverta ampliaron que “el proceso de inscripción se está dando normalmente, tanto en oficinas como en la web” y expusieron que ayer ya no había largas colas de espera. De hecho, este periodista intentó sacar un turno virtual y la atención fue inmediata.

“Es evidente cómo bajaron las filas en la gran mayoría de las oficinas... lógicamente en algunos lugares con mayor afluencia sigue habiendo, lo cual también tiene que ver con que las madres titulares de la AUH se están acercando en forma espontánea y sin turno para entregar las libretas con el control de salud, vacunación y escolaridad de sus hijos”, explicaron en Anses. 

El trasfondo político

Debajo de la espuma, la discusión por la flexibilización de los requisitos tiene al FdT con una nueva interna en puertas. El martes pasado durante la tarde en la Cámara de Diputados, mientras en el recinto se avanzaba en la maratónica sesión para aprobar el Presupuesto 2023, hubo una cumbre al respecto entre Kirchner, Massa y Raverta. 

Fue antes del posicionamiento público de Grabois. A la jefa de la Anses se la vio salir de la presidencia de la Cámara baja –que ahora conduce la massista Cecilia Moreau– acompañada por el senador Mariano Recalde. El titular de Economía había pasado por Diputados también para pedirle a la bancada del oficialismo que “salgan a ganar” la votación por el Presupuesto.

El hijo de la vicepresidenta intentó hacer de polea de transmisión de los reclamos con la inscripción al refuerzo, y acercar una solución entre Economía y Anses. La queja le había llegado desde el Frente Patria Grande, el brazo político de Grabois y bancada que estuvo a punto de romper con el FdT en agosto si no había medidas concretas para la indigencia.

“Máximo está intentando mediar”, confió a elDiarioAR una de las fuentes al tanto de las negociaciones internas. La participación del jefe de La Cámpora en la polémica demuestra que el problema excede a la propia Raverta. Massa puede haber buscado disciplinar a la ex diputada, pero más que nada llegar a un acuerdo con el tigrense, que es en definitiva quien tiene que abrir la billetera. “Está viendo si se pueden flexibilizar algunos de los requisitos”, agregó la voz consultada sobre el rol de Máximo. Además de la reunión presencial, también hubo cruces telefónicos toda la semana.

Si bien hasta el momento no trascendió que vaya a haber cambios en los requisitos, cerca de Grabois entienden que se trata de una cuestión más de tono fiscal, en línea con el Presupuesto de ajuste que tuvo media sanción. El dilema de Máximo es que lo votó a favor, pese a ser muy crítico del acuerdo con el FMI. Por eso también apuntan a Massa. “Está queriendo achicar lo más que se pueda el universo de beneficiarios”, dijo un dirigente del MTE. Denuncian que el plan oficial es abarcar a no más de 1 millón de personas, cuando ellos exigen al menos dos millones, teniendo en cuenta que en situación de extrema vulnerabilidad habría más de cuatro millones.

Máximo está intentando mediar. Está viendo si se pueden flexibilizar algunos de los requisitos

En paralelo a la ampliación del bono hay un acuerdo entre Grabois y el kirchnerismo para que el refuerzo a la indigencia se transforme en una ley, al menos por un año. Ese es el proyecto que presentó la senadora Juliana Di Tullio en la Cámara alta, que por ahora está frenado. El miércoles pasado estaba convocada una primera reunión en comisión, que finalmente se suspendió sin notificación formal. “Dicen que fue porque los senadores no consiguieron vuelos desde sus provincias para venir. ¿Pero qué, los pobres tienen que seguir esperando?”, metió cizaña una fuente. Dirigentes del MTE y otras organizaciones sociales de la Mesa Nacional de Barrios Populares se reunieron con Di Tullio y Oscar Parrilli el martes, pero para exigir la aprobación de la ley que impide los desalojos en las villas.

Ayer, en el Destape, Di Tullio avaló el bono de Massa, pero puso reparos al tratamiento legislativo de un salario universal: “No estoy en desacuerdo que sea por un decreto, los procesos de las leyes son largos”, dijo. Admitió entrelíneas las dificultades que presenta su implementación, de alguna manera lo que se denuncia por las incompatibilidades: “El refuerzo es para una población específica: para los que no reciben ninguna asistencia del Estado. Es difícil acceder a la indigencia, salvo con el poder territorial e institucional que son los municipios y las organizaciones. Nos cuesta mucho sacarlos de ese lugar. Son los últimos de los últimos”, señaló.

“Discutir si es bueno o es malo es ridículo”, consideró Di Tullio, confidente de CFK, buscando también cruzar a Emilio Pérsico, jefe del Movimiento Evita y accionista mayoritario de la UTEP –el gremio de la economía popular–, para quien fue un error el bono. En el MTE se sumaron a la interna: “Nuestra pelea la estamos dando solos. Sería más fácil si no hubiera compañeros que ponen palos en la rueda”.

La actitud de Pérsico se explica, además, por su propio encono con La Cámpora y con Grabois. Y otro doblez: el Evita selló un pacto político con Massa, que de alguna manera hace equilibrio entre las distintas orgas: entregó el bono, pero con límites claros. Tampoco lo incorporó en el Presupuesto 2023. Al respecto, un informe de esta misma semana de la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el impacto fiscal de la ley que proponen Di Tullio-Grabois ascendería a 0,31% del PBI. Para 2023, implicaría un gasto de aproximadamente $460.000 millones si abarca a 1,3 millones de personas, universo al que se llegó cruzando datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec y respetando los requisitos que plantea la iniciativa, y que son similares a los que impuso la Anses. 

De implementarse esta política –destaca el informe–, “el porcentaje de individuos que habitan hogares indigentes se reduciría un 65%, pero sólo en el caso de mantener vigentes los programas de ayuda existentes en la actualidad”. El dato lo destaca también Di Tullio, aunque por ahora la ley no tiene perspectiva de derrotero parlamentario, menos teniendo en cuenta que el calendario legislativo se acaba el 30 de noviembre y que el FdT no tiene mayoría en Diputados. Pese al panorama, un legislador con trato directo con Kirchner intentó ser optimista: “Está difícil, pero no imposible”.

MC

El presidente Alberto Fernández confirmó ayer, en el marco del acto por el 17 de Octubre, que se entregará un refuerzo de ingresos a fin de año para “los más marginados y postergados”. Esta medida es parte de una negociación con sectores internos del Frente de Todos, en particular el que lidera Juan Grabois, que en diálogo con elDiarioAR dijo que el bono “viene retrasado un poco por desinterés y otro poco por ineficiencia”. 

Si bien el Presidente no dio detalles sobre el monto ni las fechas de pago, el ministro de Economía, Sergio Massa, ya había anticipado en una entrevista radial que se dará en noviembre y diciembre y se espera que sume alrededor de $45.000 en total. En la negociación con Patria Grande se había acordado un bono de ese monto, pero distribuido en tres meses: octubre, noviembre y diciembre. A grandes rasgos, los términos del acuerdo se mantienen. 

Por otra parte, lo negociado fue que alcanzara a personas que no cobran otros ingresos ni complementos por parte del Estado y se calcula que el universo alcanzado será de entre dos y tres millones de adultos. Estas personas deberán solicitar el refuerzo activamente, mediante una solicitud en Anses, tal como sucedió con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) entregado en el momento más álgido de la pandemia. 

La iniciativa está incluida en la norma que puso en marcha el “dólar soja” porque será fiananciada con parte del dinero recaudado bajo ese esquema.  En la definición de esta ayuda social fue clave la intervención de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se involucró pocos días antes de que sufriera un intento de asesinato en la puerta de su casa. Además del mensaje político que supone, al contrarrestar el beneficio otorgado al campo con una decisión que favorece a los más vulnerables, es una herramienta para intentar aplacar malestares internos y evitar desprendimientos en el Frente de Todos. 

“El bono es un alivio para estos sectores en un contexto de aumento de la indigencia, y la idea es trabajar para que se haga un derecho permanente a través del proyecto de ley de complemento de ingresos de di Tullio”, sumó Grabois. 

La iniciativa presentada por los senadores del Frente de Todos Juliana Di Tullio y José Mayans el 8 de agosto pasado crea una prestación monetaria mensual para las mujeres de entre 25 y 59 años y los varones de entre 25 y 64 con ingresos menores a la canasta básica alimentaria (la que traza la línea de indigencia) que, según el último dato oficial, en agosto fue de $17.149 para un adulto. Esta iniciativa proyecta alcanzar a un universo aproximado de 1,7 millones de personas y prevé un costo fiscal del 0,44% para 2023. 

Si bien la confirmación de este bono es un buen punto de inicio en la relación de Massa con ciertos sectores de las organizaciones sociales, está lejos de ser un cierre de la discusión. Grabois sostuvo que el bono es “un paso” en el camino del salario básico universal para trabajadores informales que vienen planteando.

DT

Las agrupaciones políticas y sociales nucleadas en Unidad Piquetera protagonizan este lunes una nueva movilización que va desde el Obelisco hasta el Ministerio de Trabajo en reclamo de un Salario Mínimo Vital y Móvil de $111.000.

La protesta se da en el marco de la reunión convocada por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para las 15 en la que se definirá la actualización del ingreso ajustada a la inflación.

El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni elevó la petición a las centrales sindicales para que convoquen a un paro general activo con el objetivo de exigirle al Gobierno “un salario que le permita a los trabajadores salir de la pobreza”.

“El Consejo del Salario Mínimo prácticamente se hace en un secreto impresionante. Nadie sabe a qué hora es, es virtual, hay un secretismo impresionante que hace sospechar que van a hacer, como lo hicieron en marzo, firmar un salario de indigencia, miserable para el conjunto de los trabajadores. De ese salario dependen los jubilados que cobran la mínima”, expresó Belliboni en una conferencia de prensa que brindó en la puerta de la CGT, en la que hizo entrega de una nota formal.

En la reunión llevada a cabo el pasado 16 de marzo, el Consejo del Salario Mínimo acordó un aumento del 45% sobre la base del mes en cuatro tramos, pero en mayo, se decidió adelantar la vigencia del aumento del mínimo que pasó a partir del primero de junio de $45.540, y este mes llegó a $47.850.

El dirigente de Izquierda afirmó: “Frente a un incremento de los precios y una inflación que arrasa con los ingresos, es clave que se vote un Salario Mínimo y Vital que le permita a los trabajadores salir de la pobreza. No se puede permitir que en la Argentina se trabaje todos los días y la gente no tenga para comer”.

La propuesta de Unidad Piquetera es que la cifra del ingreso se adecúe a la canasta básica delimitada por el INDEC, que gira en torno a $111.000, y para eso, proponen un plan de lucha y un paro activo nacional.

En la misma línea, la titular del Nuevo MAS, Manuela Castañeira se plegó a la movilización hacia el Ministerio de Trabajo y expresó: “Estamos acompañando a los trabajadores de los movimientos sociales que en el marco de la reunión del Consejo del Salario Mínimo levantan un reclamo muy concreto que ningún trabajado esté debajo de la línea de la pobreza. No puede ser que el Gobierno tenga como único plan contra la inflación anclarlo con el salario y que sean los trabajadores y las mayorías populares los que paguen los costos del ajuste”.

Están presentes en la marcha, el Polo Obrero, MTR Votamos Luchar, MTR/Mido, Nuevo MAS, MST - Teresa Vive, Frente Popular Darío Santillán, Barrios de Pie - Libres de Sur, FOB Autónoma, entre otros.

Durante la mañana, diversas agrupaciones sociales realizaron una protesta en la Plaza de Mayo que consistió en un satírico “cortejo fúnebre del salario”, que tuvo inicio el pasado viernes, en referencia a la pérdida del poder adquisitivo por la alta inflación del país.

La concentración incluye la presencia de un ataúd e incluso coronas de flores y el “entierro” se dará hoy en las puertas del Ministerio de Trabajo.

Integrantes de diversas agrupaciones de izquierda realizaron este viernes una protesta en Plaza de Mayo que consistió en un satírico “cortejo fúnebre del salario”, en referencia a la pérdida del poder adquisitivo por la alta inflación del país.

“El salario ha muerto: cortejo fúnebre. Los trabajadores de las organizaciones sociales, cooperativistas, precarizados despedimos sus restos este viernes 19 de agosto desde las 12 en Plaza de Mayo”, sostuvieron los organizadores de la convocatoria.

Entre ellos estuvieron el Frente de Organizaciones en Lucha, MTD Aníbal Verón, Frente Popular Darío Santillán, FOB, MRP Resistencia Popular y el MTR por la Democracia Directa.

La concentración incluyó la presencia de un ataúd e incluso coronas de flores.

En tanto, informaron que el “entierro” del salario “será en las puertas del Ministerio de Trabajo el próximo lunes”, mientras dentro del edifico estarán sindicalistas y empresarios negociando la nueva actualización del haber mínimo en el marco de la reunión del Consejo del Salario.

En la previa, las organizaciones habían publicado en un matutino un aviso fúnebre que, con humor, recordó a “Vital, Mínimo S.”, y en el que expresaron “el pesar de trabajadores y familiares”.

“Las familias de trabajadores humildes de este país damos a conocer, con profundo dolor, el trágico deceso del Salario Mínimo Vital y Móvil. Su despedida será acompañada por Pobreza e Indigencia, que confirmaron participación al conocerse la defunción, y por quienes los acompañamos a través de las devaluaciones, tarifazos, recortes y endeudamientos usurarios”, señalaron en el mismo tono irónico mediante un comunicado.

Y prosiguieron: “Los malos diagnósticos y tratamientos ortodoxos, que fueran recetados internacionalmente durante décadas, llevaron al deterioro de su salud de manera crítica. Tras años de largo padecimiento de inflación tumoral, sumado a reiterados hechos de mala práxis política y económica que solo han favorecido a agentes patógenos empresariales, el deceso del Salario se tornó irreversible”.

“Un paro cardiorrespiratorio completo le privó del oxígeno necesario para alcanzar al índice inflacionario, lo cual afectó a sus zonas vitales más importantes, tales como la adquisición de la canasta básica alimentaria, y otras de semejante criticidad”, agregaron.

“Lo recordaremos con tristeza ante cada litro de aceite incomprable, y ante cada remarcación de precios de la que nos toque ser testigos a diario”, insistieron.

Sobre el final del texto, las organizaciones recuperaron el tono serio y plantearon una batería de reclamos al Gobierno.

“Trabajar 6 horas para trabajar todos y sin bajar salarios; aumento del salario mínimo por encima de la inflación; inmediata aplicación de la ley de abastecimiento y quita del 21% del IVA a todos los alimentos de la Canasta Básica”, enumeraron entre otras demandas.

Con información de NA.

IG

La conducción sindical y la militancia de la CTA Autónoma (CTAA), junto a distintas organizaciones sociales, desarrollaron este jueves una jornada de protesta con movilizaciones, cortes de tránsito y asambleas en distintos puntos del país en reclamo de “un salario universal, aumento del salario mínimo, vital y móvil por encima de la inflación y un control intensivo de precios”, entre otras demandas, al día siguiente de la masiva movilización de la CGT.

Las protestas tuvieron una vez más como epicentro una de las subidas al Puente Pueyrredón, sobre la avenida Mitre, en la localidad bonaerense de Avellaneda, donde se instaló un escenario y se desarrolló el acto central.

Para la oportunidad, en el lugar se montó un grueso vallado con efectivos de la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional y la Policía provincial que impidió el avance de los manifestantes hacia Capital Federal.

También, en el marco de la jornada de protesta organizada por esta central sindical, hubo un corte en el sentido hacia la ciudad de Buenos Aires bajo el puente Saavedra, sobre la avenida Cabildo y un piquete de 30 minutos de duración en el peaje sobre la Autopista Ricchieri en el acceso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que fue levantado minutos después de las 14.

“Hoy nos volvimos a movilizar en plan de lucha junto a los movimientos sociales, las organizaciones libres del pueblos, de la Unión Trabajadores de la Tierra (UTT), a cooperativistas y le estamos dando continuidad a nuestros reclamos por un salario universal, y reclamar también un aumento de emergencia para trabajadores activos y para los jubilados”, señaló en declaraciones a Télam el titular de la CTAA, Hugo “Cachorro” Godoy.

Según el dirigente gremial, “ese aumento para el Salario Mínimo Vital y Móvil debe estar por encima del 90 por ciento de la inflación que vamos a tener este año”.

Además, Godoy destacó que la jornada de protesta de hoy “también se está desarrollando masivamente con movilizaciones y cortes en el interior del país”.

“Advertimos que, si siguen sin aparecer las respuestas que esperamos, las protestas se profundizarán”, remarcó el dirigente sindical.

La jornada de protestas de la CTAA contó con la participación de militantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que conduce a nivel nacional el dirigente Juan Grabois.

Entre los reclamos del sector también se encuentran la “puesta en marcha de medidas concretas que permitan recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores, y respuestas urgentes para miles de personas que se encuentran bajo la línea de pobreza e indigencia”, informaron voceros de prensa de la CTAA, opositora al Gobierno nacional.

Además, se reclama “un freno para la fuga de capitales; contra el enriquecimiento indiscriminado del sector financiero a costa del pueblo y la remarcación de precios, que siguen atentando contra el bolsillo de la clase trabajadora”.

Un día después de la masiva marcha convocada ayer por la CGT, la CTA, la UTEP y distintas agrupaciones y movimientos sociales, la actividad principal de la CTA Autónoma comenzó esta mañana a partir de las 10, con una concentración en Plaza Alsina, en el partido de Avellaneda.

Una vez concentrados, una gruesa columna de manifestantes comenzó a marchar sobre la avenida Mitre hasta el pie del Puente Pueyrredón, lugar donde se desarrollaba el acto principal de las organizaciones.

Con la jornada de protesta de hoy, esta central busca darle continuidad al plan de lucha iniciado el pasado 13 de julio para “exigir medidas concretas que permitan recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores”, según detallaron.

Asimismo, exigen “respuestas urgentes para miles de personas que se encuentran bajo las líneas de pobreza e indigencia”.

Con información de agencias.

IG

La CTA Autónoma realizará este jueves movilizaciones, cortes y asambleas en varias provincias para reclamar por un salario universal, aumento del salario mínimo, vital y móvil por encima de la inflación y un control intensivo de precios.

Un día después de la masiva marcha convocada para este miércoles por la CGT y la CTA, la actividad principal de la CTA Autónoma comenzará a las 10 con una concentración en Plaza Alsina, Avellaneda, para marchar sobre la avenida Mitre hasta Puente Pueyrredón, lugar donde se desarrollará el acto principal, informaron hoy desde la central a través de un comunicado.

La central detalló que, junto a los sindicatos y organizaciones sociales que nuclea, llevará a cabo una “Jornada Nacional de Lucha a lo largo y ancho del país” y, además, prevé cortes en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, se buscará dar continuidad al plan de lucha iniciado el pasado 13 de julio para “exigir medidas concretas que permitan recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores”, según detallaron en el comunicado.

Asimismo, exigirán “respuestas urgentes para miles de personas que se encuentran bajo las líneas de pobreza e indigencia”.

Otros reclamos informados en el comunicado refieren a “un freno para la fuga de capitales, el enriquecimiento indiscriminado del sector financiero a costa del pueblo y la remarcación de precios”, los cuales “siguen atentando contra el bolsillo de la clase trabajadora”.

Con información de agencias.

IG

Corría 2017 cuando Sergio Massa forjó una alianza filo-progresista con Margarita Stolbizer para enfrentar a Esteban Bullrich, Cristina Kirchner y Florencio Randazzo en la batalla bonaerense por la banca para el Senado nacional. Con la líder del GEN adentro, al sello 1País se sumó Libres del Sur y su movimiento social, Barrios de Pie. El 10 de junio hubo un acto conjunto y multitudinario en el microestadio Malvinas Argentinas de Argentinos Juniors el que se repartieron elogios de todo tipo, pero la alianza duró poco. Apenas diez días después, en el cierre de listas para diputados, se desató una crisis porque el tigrense ubicó undécimo a Jorge “Huevo” Ceballos, referente en La Matanza del partido de Victoria Donda y Humberto Tumini. La relación fue tan tensa, que incluso durante aquellos días Barrios de Pie protagonizó un piquete contra el gobierno de Mauricio Macri y Massa no les hizo eco.

Aquel zigzag con Barrios de Pie es un botón de muestra de cómo Massa ve a los movimientos sociales y a los territorios más castigados. Trata de buscar una salida a la crisis en clave productiva, pero no confía en los planes sociales. En la víspera al fin de semana trabajó con referentes de las organizaciones oficialistas para incluir en el paquete de medidas que anuncie el miércoles señales concretas para atender las demandas sociales, según supo elDiarioAR de tres fuentes del FdT. ¿Anuncios para la economía popular o un ingreso complementario inspirado en el Salario Básico Universal (SBU)? Los detalles aún se mantienen en estricta reserva. 

Por lo pronto, ya hubo señales de la calle y habrá cierta tregua. Casi al mismo momento en que se conoció su designación como “superministro” de Economía, el jueves por la tardecita Daniel Menéndez, hoy coordinador del oficialista Somos-Barrios de Pie y reconciliado con el líder del Frente Renovador, desactivó una protesta que tenía pensada contra el campo en La Rural. La mudó frente al Congreso, hasta ahora la casa de Massa. “Seguro iba a haber lío, y en este contexto íbamos a quedar como unos provocadores, cuando en realidad somos víctimas de los especuladores”, se lo escuchó explicar al referente social en las últimas horas. Juró a quien le preguntó que no lo llamaron del Gobierno para echar por tierra su piquete.

Tampoco se esperan fuertes movilizaciones durante la semana que comienza mañana, después de las recientes piquetes tanto oficialistas y opositores, incluso mezclados entre sí. Además de Somos-Barrios de Pie, el tigrense llega al Ejecutivo con el apoyo explícito del Movimiento Evita, la mayor de las organizaciones. Sin embargo, Massa tendrá sus escollos: el cristinista Juan Grabois y la izquierda trotskista ya avisaron que lo van a presionar para que abra la billetera.

La economía popular, el salario básico, Grabois y la izquierda 

La agenda de los movimientos sociales está concentrada para el próximo domingo 7 de agosto, día de San Cayetano. Para entonces la oficialista UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular, donde pisa fuerte el Evita de Emilio Pérsico y Fernando Navarro) prepara una movilización de más de 500.000 personas. Caminarán desde el santuario en Liniers hasta la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, corazón del microcentro porteño.

Aunque la consigna formal será “Paz, pan, tierra, techo y trabajo”, elDiarioAR supo que entre las demandas concretas estará la del Salario Básico Universal (SUB), una bandera que todas las agrupaciones populares ligadas al Frente de Todos comparten, pero que ya rechazó Martín Guzmán y la recientemente designada-despedida Silvina Batakis. 

El costo fiscal de 1,8 puntos del PBI para el beneficio que alcance a unas 7 millones de personas es el principal argumento que encontró Alberto Fernández para bajarle el pulgar al SBU. Massa no explicitó aún su postura –solo la tildó de “interesante”–, pero entre sus próximas medidas podría tenderles una mano a los movimientos sociales. “Estamos trabajando”, se limitó a responder una calificada voz en el Gobierno.

Hace tiempo que el Evita tiene un borrador sobre un posible “Ministerio de la Economía Popular”, que atienda específicamente las necesidades de los casi 8 millones de trabajadores informales. Es un nombre puesto ahí el de Pablo Chena, economista del riñón de Pérsico y actual director de Economía Social y Desarrollo Local en el Ministerio de Desarrollo Social. Cualquier movimiento importante podría sellar la suerte de Juan Zabaleta al frente de la cartera.

En ese sentido, hubo señales. “Le tengo afecto a Massa: es capaz, tiene oficio y es valiente”, dijo en una radio Fernando “Chino” Navarro, otro jefe del Evita y secretario de Relaciones Parlamentarias de la Rosada. Por la tarde, el mismo viernes, Massa tuvo el respaldo vía Twitter de Leo Grosso, legislador accionista en el Evita. “Vamos, crack”, le dedicó el diputado al tigrense, luego de que conversaran personalmente en las últimas jornadas. La foto donde ambos están con cascos de seguridad de obreros podría ser otra pista.

Grosso también firmó en su momento el proyecto de ley del SBU junto a Itai Hagman, del Frente Patria Grande, el espacio político de Grabois. El SUB es la principal causa del amigo de Cristina Kirchner y el Papa Francisco, quien el jueves le marcó la cancha al líder del Frente Renovador vía Twitter y desde Salta, donde visitó una comunidad wichi y hasta protagonizó un corte de ruta: “Igual que a Batakis y Guzman, le exigimos a Massa medidas urgentes para frenar la pobreza y la indigencia: Salario Básico Universal para informales y aumento general de sueldos y jubilaciones. Seguimos luchando porque si no cinco vivos se la van a seguir llevando. No aflojamos”, escribió el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

El mensaje de Grabois tiene un frente y un reverso. El frente, que Massa no tiene un respaldo consensuado por parte de la UTEP. El reverso: Grabois juega para que Wado de Pedro se convierta en presidenciable, carrera en la que el tigrense ahora se subió más que nunca. elDiarioAR ya publicó la hipótesis que hay en el Frente Patria Grande de que una interna Massa-Wado haría muy atractiva la oferta electoral del FdT en 2023.

Otro factor que agrega complejidad ahí es Máximo Kirchner. El líder de La Cámpora tiene íntima relación tanto con Massa, como con Hagman y Grosso. Sin embargo, Andrés Larroque ya se mostró más favorable al SBU que al concepto de la economía popular, y nunca ahorró críticas sobre Pérsico.

Con todo, el MTE mantiene latente la posibilidad de organizar una protesta por el SBU para la semana del 8 de agosto, según supo elDiarioAR cerca de Grabois. En su corte piquete en el puente Pueyrredón, hace diez días, habló de “dejar la sangre en la calle”. Luego de prender ese fuego amigo, dialogó con la vice y con la senadora Juliana Di Tullio para intentar conciliar su iniciativa de salario básico con la propuesta cristinista, que es más austera. El ingreso complementario podría alcanzar primero al universo de personas hoy sumidos en la indigencia –unas 4 millones–, por lo que se reduciría considerablemente el costo fiscal. 

Otra mina en la calle que tendrá que esquivar Massa será la opositora Unidad Piquetera, que nuclea al Polo Obrero, el Barrios de Pie que se escindió de Menéndez, y otras organizaciones enfrentadas al kirchnerismo. 

En los próximos días sus principales dirigentes le entregarán al nuevo jefe del Palacio de Hacienda un pedido formal de audiencia, como ya habían hecho sin suerte con Batakis. Por eso coparon la Plaza de Mayo el mismo jueves en que fue ungido el por ahora titular de Diputados. Volverán a movilizarse también la segunda semana de agosto, si no les responde a sus reclamos. Exigen la ampliación del programa Potenciar Trabajo –que hoy alcanza a 1,2 millón de beneficiarios, que manejan tanto oficialistas como opositores, y que tendrá un bono de refuerzo de $11 mil– un plan de obras públicas para crear 1 millón de puestos de trabajo y un salario mínimo de $ 105.000.

Pero el pacto sellado con el Evita, Somos-Barrios de Pie y el diálogo que pueda abrir con Grabois, le garantizará a Massa cierta paz social, y las protestas de la izquierda quedaría encapsuladas. “Massa no tendrá necesariamente un perfil que concuerde del todo con los movimientos sociales”, entendió en este contexto un dirigente muy importante que lo conoce, y concluyó: “Pero no deja de ser peronista”.

MC

“Ahora comienza una serie de protestas callejeras”, anunció el martes Hugo Yasky desde la marcha de las antorchas en homenaje a Evita que recorrió parte de la avenida 9 de Julio. Arriba del escenario se juntó con Pablo Moyano, que fue mucho más virulento: “​​La patria está en peligro. La calle es peronista”, lanzó y apuntó sin titubear contra Arcor, el Grupo Clarín y Mercado Libre. La movilización de la CTA y el tercio de la CGT más ligada al moyanismo fue un anticipo de lo que serán las próximas semanas: habrá varios piquetes distintos, pero con el mismo marco de crisis de fondo, la inflación récord y la necesidad de que la plata llegue a fin de mes.

En las próximas 72 horas habrá tres protestas importantes: el Polo Obrero (PO) y la Unidad Piquetera opositora al Gobierno coparán este jueves la Plaza de Mayo para reclamar contra el ajuste de Silvina Batakis al frente de Economía. Tendrán el apoyo de Juan Grabois, según supo elDiarioAR por parte de los dirigentes detrás de la marcha que reclamará un bono de 20.000 pesos para jubilados, monotributistas y precarizados.

Sin llevar banderas propias frente a la Casa Rosada, el MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) de Grabois hará una asamblea a media mañana en el Obelisco para profundizar con su reclamo por la implementación de un salario básico universal. Desde allí, el dirigente de máxima confianza de Cristina Kirchner caminará a Plaza de Mayo para “saludar” a Eduardo Belliboni, el referente del PO con quien tiene diálogo fluido.

El martes Grabois volvió a apuntar contra el Gobierno por la implementación del “dólar soja”. “¿Cuánta indignidad somos capaces de soportar?”, se preguntó en sus redes sociales.

A su vez, el PO vinculó el bono que el jefe de Estado anunció para los beneficiarios de los planes sociales con sus continuas protestas. “La medida, aunque insuficiente, es una primera victoria del movimiento piquetero combativo contra el ajuste”, expresó en un comunicado. “Está conquista del bono refuerza la necesidad de salir a la calle por las reivindicación inmediatas de los trabajadores, las cuales no se agotan con un ”plus“ de emergencia”, completaron.

Además de la marcha a Plaza de Mayo, este mismo jueves desde las 9, en las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia habrá un acto “contra la criminalización de la protesta social”. Se juntarán los piqueteros opositores con dirigentes de toda la UTEP, la central oficialista que tiene al Movimiento Evita de Emilio Pérsico como la organización de mayor peso. La semana pasada ya se habían mostrado juntos en la masiva movilización que hubo en Jujuy, contra la decena de allanamientos a locales, comedores y dirigentes sociales que ordenó la justicia en la provincia gobernada por el radical Gerardo Morales.

La Rural y San Cayetano

El anuncio de la implementación de un “dólar soja” para que los exportadores liquiden los granos cosechados tampoco cambiará la protesta agendada para el sábado frente a la tradicional exposición de La Rural. Detrás de ese piquete está Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos-Barrios de Pie, organización oficialista también aliada a la UTEP, y a su vez subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Juan Zabaleta.

Menéndez definirá hoy en una reunión cómo será la modalidad de la protesta y el recorrido hacia Palermo. “Hay una extorsión de los sectores concentrados del campo que generaron, a partir de la disparada del dólar blue, un proceso inflacionario en los últimos días”, acusó el dirigente en diálogo con elDiarioAR.

Los ruralistas, a su vez, creen que directamente detrás de la presión callejera está la Casa Rosada. “Es inadmisible que pase algo así. El Presidente se reúne con un grupo de piqueteros y de esa reunión sale que van a ir a hacer un piquete a un lugar donde hay gente trabajando y visitantes de la ciudad tratando de tomar contacto de esas fuerzas productivas”, dijo anoche a LN+ Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de agricultura con Mauricio Macri y expresidente de la Sociedad Rural Argentina.

Mientras para la semana próxima no se descartan nuevas protestas –sobre todo de la izquierda, que ya desde comienzos de años continuamente reclama por la apertura de más planes sociales y un salario básico de $105 mil–, el domingo 7 de agosto será otra fecha clave. El Día de San Cayetano la UTEP, que se originó durante el macrismo como “los Cayetanos”, espera movilizar unas 500 mil personas desde el santuario en Liniers hasta el microcentro porteño. 

Diez días después, el 17 de agosto, la CGT y la CTA confluirán en la protesta “contra los formadores de precios”. Tendrán el apoyo del Movimiento Evita y podría ser una jornada de paro general, porque es muy probable que se plieguen –con otros reclamos– la Unidad Piquetera con cortes en los principales acceso a la Capital Federal.

La aceleración de la inflación y las tensiones cambiarias (que ponen aún más presión sobre los precios internos) han agudizado las condiciones coyunturales que justifican la implementación de una política de transferencia de ingresos de amplio alcance.

En ese marco, el debate en torno a la propuesta de establecer un Salario o Ingreso Básico Universal contiene diversas aristas. Una de las cuestiones que surgen más a menudo es la del financiamiento. Aun entre las voces que se pronuncian en favor aparecen cuestionamientos respecto de la posibilidad de financiarlo. Este planteo resulta, en parte, razonable considerando las actuales limitaciones fiscales, impuestas tanto por la restricción externa como por el acuerdo firmado con el FMI. Por eso en este artículo voy a profundizar en este punto.

El costo anual de otorgar un salario o ingreso básico para 7,5 millones personas con un monto igual a la Canasta Básica Alimentaria de una persona adulta (equivalente a la línea de indigencia) es de 1,8% del PIB. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este programa implicaría una reorganización de las políticas ya existentes de transferencia de ingresos. Por eso, subsumiendo otros programas alimentarios y una porción de las políticas sociales existentes, el gasto adicional al actualmente erogado por el Estado nacional sería de aproximadamente 1% del PIB. Y si además se considera que el nuevo poder de compra inyectado en el mercado genera actividad económica que paga impuestos (lo que se denomina retorno fiscal), finalmente se llega a un costo neto a financiar de 0,7% del PIB.

¿Cómo se podría financiar ese 0,7% del PIB sin recurrir a la emisión monetaria, es decir, sin incrementar el déficit fiscal? Existen varias alternativas que pueden combinarse.

Las alternativas presentadas suman una masa de recursos que casi duplica el costo neto de un salario o ingreso básico universal para 7.5 millones de personas, lo que habilita a pensar que una combinación de estas medidas, aplicadas total o parcialmente según el caso, alcanzaría para lograr el objetivo de reducir significativamente la indigencia en nuestro país hasta casi eliminarla, sin incrementar el desequilibrio fiscal. Por supuesto, también se podrían pensar otras ideas. De lo que se trata es de reemplazar los “imposibles” prematuros por la búsqueda de alternativas, así como también de fijar prioridades. A pesar de cómo se los quiera presentar, los planes tradicionales de estabilización con ajuste terminaron siempre estallando por los aires con números alarmantes de pobreza y desigualdad. La “estabilización” no puede ser con la gente afuera.

En lo que representa una señal de respaldo -la primera pública- desde el cristinismo, la titular del bloque de Unidad Ciudadana en el Senado, Juliana Di Tullio, dijo que la nueva titular de Economía Silvina Batakis “es una excelente ministra” y advirtió, sin precisar a quiénes: “No la van a amedrentar fácil”.

Di Tullio habló este viernes con la radio AM750 y dejó algunas frases que pasaron extrañamente desapercibidas. Cercana a la vicepresidenta Cristina Kirchner, Di Tullio es senadora por la provincia de Buenos Aires donde, suele decir, conoció el paso de Batakis por el ministerio de Economía bonaerense.

“Creo que todo el mundo tiene que bajar un cambio menos el Gobierno, que tiene que subirlo”, dijo Di Tullio, en alusión a las críticas que ha recibido la ministra. 

 Consultada por el rechazo de Batakis a una iniciativa de Salario Básico Universal, la senadora advirtió: “Tiene una misión. Estamos en un momento extremadamente complejo”.

Di Tullio, quien preside la comisión de Trabajo y Previsión social del Senado, trabaja en silencio en un proyecto de “ingreso básico complementario” para sacar de la indigencia a 3,8 millones de personas. La iniciativa, según pudo saber elDiarioAR, tiene visto bueno de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El proyecto viene a sustituir la idea de un salario básico universal presentada en Diputados por los legisladores de Patria Grande que responden al líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois, uno de sus principales promotores y quien asumió un perfil crecientemente opositor al Gobierno.

La novedad de la iniciativa del cristinismo es el alcance, el universo: los 3,8,millones de personas indigentes, un 8,2% de la población, de acuerdo con los datos del Indec del segundo semestre de 2021. Los pobres en la Argentina, incluidos los indigentes, llegan a 17 millones, un 37,3% de la población, según la misma medición.

El monto del ingreso rondaría los $15.000 una cifra que equivale a una canasta básica alimentaria por adulto, que marca la línea de indigencia, a valores de junio, según la referencia que tomó Patria Grande y que también manejan en el Senado. Según datos del Indec, una familia de cuatro miembros necesitó ese mes ingresos por $48.934 para no caer en la indigencia (y $109.613 para no caer en la pobreza).

CC

Ingreso básico complementario. Es el concepto sobre el que trabaja el cristinismo en el Senado, aún de manera incipiente, para sacar de la indigencia a 3,8 millones de personas. La iniciativa se estudia desde hace semanas en el despacho de la senadora Juliana Di Tullio, presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión social (un nombre muy peronista) de la Cámara, y tiene visto bueno de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Como ya se ha dicho, el proyecto viene a sustituir la idea de un salario básico universal presentada en Diputados por los legisladores de Patria Grande que responden al líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois, hoy su principal promotor y voz crecientemente adversativa al Gobierno. Este miércoles Grabois protagoniza una serie de protestas con epicentro en el Puente Pueyrredón, que une la Ciudad con Avellaneda, detrás de una larga lista de reclamos.

La novedad de la iniciativa del cristinismo es el alcance, el universo: los 3,8,millones de personas indigentes, un 8,2% de la población, de acuerdo con los datos del Indec del segundo semestre de 2021. Los pobres en la Argentina, incluidos los indigentes, llegan a 17 millones, un 37,3% de la población, según la misma medición.

Fuentes familiarizadas con la iniciativa insisten en que la diferencia con los proyectos de Patria Grande no es de carácter semántico. Hay, dicen una cuestión “conceptual” detrás de la denominación de “salario” y lo que esto implica en el universo del trabajo formal, una especie en progresivo deterioro en la Argentina a la que el peronismo aún busca rescatar. Pero se trata también de una cuestión fiscal, a tono con los desafíos que enfrenta de la ministra Silvina Batakis: la iniciativa del cristinismo recorta a la mitad el universo de beneficiarios y con eso, el impacto en el gasto.

El proyecto que inspiró a Grabois implica un universo de alrededor de 8 millones de personas con un costo fiscal de entre 1 y 1,8% del PBI, según se contemple o no el recorte de otros programas vigentes, de acuerdo a cálculos de sus impulsores. Para la iniciativa en elaboración en el Senado, hay que pensar en la mitad del gasto.

El monto del ingreso ronda los $14.401, una cifra que equivale a una canasta básica alimentaria por adulto, que marca la línea de indigencia, a valores de mayo, según la referencia que tomó Patria Grande y que también manejan en el Senado. Según datos del Indec, una familia de cuatro miembros necesitó ese mes ingresos por $44.499 para no caer en la indigencia (y $99.677 para no caer en la pobreza).

Shock corto

Quienes conocen el proyecto consideran que el ingreso complementario podría atemperar el impacto de las medidas fiscalistas con las que avanza Economía. Lo que quiere decir que en el oficialismo en el Senado, un universo bajo control de la vicepresidenta, hay un apoyo velado a la iniciativa de Batakis de recortar el gasto. Allí abundan las medias palabras sobre esa cuestión, aunque una fuente calificada del bloque de Unidad Ciudadana habló más claramente ante elDiarioAR: dijo que lo que se viene es un plan de estabilización con efecto recesivo en la economía. “Batakis va a hacer una política de shock, parecida a la que llevó adelante en su paso por la provincia de Buenos Aires. Pero va a ser de corto alcance, indoloro, ni se va a notar, hasta que ponga en orden los números”, según esa misma fuente. Cristina Kirchner oyó esas mismas palabras; detrás de su silencio hay un ejercicio reflexivo y de evaluación.

En el bloque cristinista consideran a Batakis una “nerd” y elogian su manejo de las cuentas fiscales de todas la provincias y de la Nación. Sin embargo hay más deseo de que las cosas salgan bien que convicción: allí se dice que la empatía con la ministra no implica una identificación con sus concepciones “fiscalistas” ni “ortodoxas” en el manejo de los recurso. Pero parece que un poquito ahora hacen falta.

Estos comentarios representan una primera señal de acompañamiento a Batakis, a quien defienden de las críticas que recibe de los movimientos sociales, nuevo anatema del cristinismo. “No dijeron una palabra sobre (Martín) Guzmán. Ella lleva unos días en el ministerio y ya la llamaron 'Cavallo'”, agrega la misma fuente.

WC

El calendario de protestas sociales tuvo este miércoles su atención en Juan Grabois, cercano a Cristina Kirchner, quien encabezó piquetes en distintos puntos del país con su Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) con fuertes reclamos al Gobierno para la implementación de un salario básico universal (SBU). El corte principal fue en el Puente Pueyrredón para el mediodía, en simultáneo con una movilización que la Izquierda iba a realizar en el Obelisco.

La protesta de Grabois no contó con el aval de sus aliados en la oficialista UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, donde pisa fuerte el Movimiento  Evita de Emilio Pérsico, muy cercano al presidente Alberto Fernández.

Al encabezar el acto, el dirigente social sostuvo que la situación económica del país “no da para más. ¿Por qué no se dan cuenta de que no es política nada más?, ¡la puta madre!”, disparó, antes de lanzar una advertencia: “Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina”.

Según Grabois, “en este momento el problema de Cristina (Kirchner) no es nuestro problema, el problema de los grandes políticos no es nuestro problema, y es más, la persecución que sufrimos tampoco es el principal problema. El principal problema es la miseria que hay en este país”, enfatizó en un escenario simulado y antes cientos de manifestantes que se preparan para machar hacia el centro de la Capital Federal.

En cuanto a diferentes encuentros que junto a otros dirigentes sociales mantuvo con gente del Gobierno, Grabois sostuvo que esas reuniones “con sonrisa, sandwichitos y masitas, no sirven para nada si no resuelven los problemas de la gente”.

Además, le pidió al Presidente que los salarios “estén por arriba de la línea de pobreza”. “Es fácil Alberto, es muy sencillo el reclamo. Si no, para qué te pusimos ahí. Te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más. Si no te gusta el salario universal inventá otra cosa. No digas que hay que calmar a los mercados, vení y calmamos a nosotros. Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina”, remarcó.

“Alberto, mirá a lo que llegamos. A pedirte que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo. Que todo el mundo tenga arriba de la canasta alimentaria. Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes”, pidió Grabois, y agregó: “¡Es obvio que esto no da para más!. Nosotros tenemos la obligación, nos guste más el Gobierno o nos guste menos, de salir a denunciar esto y luchar por medidas concretas. Porque si no estamos traicionando nuestra función como dirigentes”.

Los reclamos

Además del Salario Básico Universal, el rosario completo de reclamos del MTE incluye un aumento generalizado para empleados públicos y privados, una suba para los jubilados que cobran la mínima, y un aguinaldo para los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. Es un pliego complejo para la Casa Rosada, que a través de los ministros Silvina Batakis, de Economía, y Juan Zabaleta, Desarrollo Social, ya rechazaron la implementación del salario básico y confirmaron que no habrá más aperturas de planes sociales, que abarca a cerca de 1,2 millón de personas, quienes cobran unos 20 mil pesos a cambio de 4 horas de trabajo diario en cooperativas barriales.

“Estamos realizando una Jornada Nacional de lucha porque la situación no se aguanta más. Mientras los vivos de siempre aumentan los precios de los alimentos y los productos de primera necesidad, millones de personas sobreviven como pueden. Vamos a realizar cortes en todo el país para exigir respuestas a la deuda interna. Estamos reclamando Salario Básico Universal para que ninguna persona sea indigente en la Argentina”, explicó Dina Sánchez, referente del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), que acompaña a Grabois en su protesta, y quien también es secretaria adjunta de la UTEP.

La protesta se había definido el miércoles pasado en una asamblea principal en el hall de la estación Constitución. Además del corte en el puente Pueyrredón, se esperaban protestas en localidades de Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, La Rioja, Salta, Mendoza, Rio Negro, Neuquén, Mendoza y Santa Fe. 

En la UTEP confirmaron a este medio que no se votó internamente sumarse a la movilización de Grabois, y hasta hubo críticas veladas al accionar del referente social. El domingo, en una entrevista con este medio, Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP y referente del Evita marcó esa línea argumental: “Los movimientos populares no tenemos que sumarnos a estrategias de desestabilización democrática”.

Aunque no comparten la misma bandera del SBU, el Polo Obrero sí decidió acompañar a la distancia la jornada de lucha convocada por el MTE, con una concentración propia en las inmediaciones del Obelisco. 

“Aún sin acordar con la propuesta del Salario Social que reclaman los compañeros del MTE creemos que es  un avance que se sigan sumando más compañeros a la lucha contra el ajuste del gobierno”, apuntó el dirigente Eduardo Belliboni. La Unidad Piquetera reclama un refuerzo de ingreso de 20.000 para precarizados, monotributistas A y B, jubilados y beneficiarios del Potenciar Trabajo, aumento del salario mínimo, vital y móvil a $100 mil, y la atención integral a los comedores populares.

Pese a las diferencias entre las organizaciones sociales, esta tarde se espera un nuevo encuentro entre las agrupaciones que integran la UTEP y la Unidad Piquetera para definir posibles protestas en los próximos días por el deterioro generalizado de la situación social. Podría haber alguna actividad el miércoles o jueves. Ayer ya se movilizaron en Jujuy contra los allanamientos realizados por la policía provincial –acusan al gobernador Gerardo Morales de estar detrás–, repudio que volverá a repetirse mañana frente a la sede de la Corte Suprema en Capital Federal.

MC/MG

La tensión social sigue en aumento, con las organizaciones oficialistas y opositoras cada vez más cerca entre sí. La serie de allanamientos de hace diez días en locales, merenderos y casas particulares de diversas agrupaciones en la provincia de Jujuy provocó hoy una importante movilización conjunta de la UTEP (la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que aglutina al Evita y a Juan Grabois, entre otros) con la Unidad Piquetera (que integran el Polo Obrero, Barrios de Pie y otros). 

La marcha que pretendía llegar a la sede del gobierno de Gerardo Morales en San Salvador –y que se replicó en la Casa de la provincia en la Capital Federal–, profundizó las conversaciones que se iniciaron entre ambos sectores la semana pasada, y que podrían confluir en nuevas protestas en conjunto para los próximos días, exigiendo medidas sociales concretas hacia la Casa Rosada.

En ese marco, este miércoles será otro día clave: el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Grabois protagonizará su primera movilización contra el Gobierno para exigir la implementación de un salario básico universal (SBU), y por la tarde habrá un nuevo encuentro entre la UTEP y la Unidad Piquetera. En esa mesa podría definirse una jornada de reclamos, con fecha tentativa para el miércoles o jueves de la semana próxima, según supo elDiarioAR. Sin embargo, la estrategia no está unificada y entre las propias organizaciones hay claras diferencias programáticas.

El Gobierno, por su lado, ya envió un doble mensaje, que podría verse como contradictorio. Alberto Fernández se mostró solidario con los dirigentes afectados por los allanamientos –los recibió en su despacho el jueves pasado–, pero los ministros que manejan los “fierros” se mostraron firmes en no abrir más la caja: Silvina Batakis está en contra del SBU por su costo fiscal de 1,8 puntos del PBI, y Juan Zabaleta reiteró este mismo martes que no habrá más planes del programa Potenciar Trabajo. El titular de Desarrollo Social incluso fue más allá: confirmó, tras una reunión con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, que ya están trabajando con universidades para llevar adelante un registro y control de los beneficiarios.

“Tenemos una mesa de trabajo con los dirigentes sociales opositores. A todos nos conviene que Argentina se recupere y tenga futuro. Hay una fuerte inversión en obra pública y seguiremos invirtiendo en políticas sociales. El Estado va a seguir invirtiendo en cada argentino que lo necesite”, dijo Zabaleta en una improvisada rueda de prensa.

Denuncia de espionaje

Más de 15 mil personas –según reportó el Frente de Izquierda– se movilizaron este martes en la capital jujeña para repudiar los 16 allanamientos simultáneos que la policía provincial realizó hace dos semanas contra dirigentes y agrupaciones que administran planes Potenciar Trabajo, acusándolos de supuesta asociación ilícita. Durante los operativos se secuestró documentación, celulares y equipos informáticos, entre otros objetos. 

Una de las organizaciones más afectadas fue la Corriente Clasista Combativa (CCC), que a nivel nacional conduce el diputado kirchnerista Juan Carlos Alderete, lo que suma condimento a cierta trama política detrás: los allanamientos ocurrieron semanas después de que el Presidente visitara a Milagro Sala en Jujuy cuando la dirigente estuvo internada por su grave estado de salud.

Ayer, las organizaciones sociales jujeñas detrás de la protesta denunciaron que las fuerzas de seguridad de Morales se “infiltraron” en sus filas en abril. “Realizaron tareas de inteligencia desde comienzos del mes de abril para identificar a sus referentes con un accionar ilegal y persecutorio que vulnera de forma flagrante derechos humanos y democráticos básicos”, aseguraron a través de un comunicado al que tuvo acceso este medio. Indicaron también que “las tareas de inteligencia solicitadas por el poder judicial ocurrieron inmediatamente después que Gerardo Morales en el inicio de las sesiones ordinarias tildara a los referentes de organizaciones sociales como delincuentes”.

Según los denunciantes, un sinfín de agrupaciones sociales, sindicales y políticas fueron espiadas: desde la UTEP hasta el FIT, pasando por la CTA Autónoma, ATE, y hasta los trabajadores despedidos de Garbarino que luchan por su reincorporación.

La acusación tuvo el eco de Grabois –quien orbita el círculo íntimo de Cristina Kirchner–: desde su cuenta de Twitter reveló parte del expediente judicial donde se puede leer la designación de “grupos de trabajo que se infiltrarían en las distintas organizaciones”. “Lo hacen burdamente y se sienten impunes... como si estuvieran avalados por pactos de poder. Todo muy raro”, advirtió el referente social también muy alineado con el Papa Francisco. 

“Nos unimos y coordinamos esta actividad en conjunto porque no podemos permitir el avasallamiento sobre los compañeros”, explicó a elDiarioAR un importante dirigente de la UTEP en el microcentro porteño, mientras avanzaba la columna de manifestantes desde el Obelisco a la Casa de Jujuy.

Los piquetes de Grabois y la próxima movilización

La atención de este miércoles la concentrará Grabois y el MTE, que bajo la consigna de “Salario básico universal YA” harán cortes en “en las principales rutas del país”, como corolario de un centenar de asambleas que se desarrollaron la semana pasada; la principal, en el hall de la estación Constitución. El acto principal se espera a media mañana en el puente Pueyrredón.

Aunque forma parte de la UTEP y tiene vínculos aceitados con la Unidad Piquetera, la protesta de Grabois no tiene detrás suyo un apoyo cerrado de todo el arco de las organizaciones sociales, según pudo recoger elDiarioAR. La demanda del SBU no es compartida por todos, incluso entre las agrupaciones oficialistas. Al piquete en Avellaneda no se sumarán el Movimiento Evita, de Emilio Pérsico, ni Somos-Barrios de Pie, de Daniel Menéndez. 

Lo que desvela a la UTEP es la contradicción de reclamarle al Gobierno siendo parte del Gobierno. “Hay una tensión con los sectores que están dentro del Frente de Todos y hay compañeros de la UTEP que son parte de la tensión, que claramente creen que el Gobierno está retrasando mucho las cosas”, dijo la fuente oficialista consultada sobre la movilización de Grabois. “No queremos ser los causantes de llevar puesto al Gobierno”, remató. El domingo, en una entrevista con este medio, Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP y referente del Evita marcó esa línea argumental: “Los movimientos populares no tenemos que sumarnos a estrategias de desestabilización democrática”

Las diferencias son parte de la interna que vive el FdT, donde Grabois funciona más como un satélite de la vice y el Evita apuntala a Fernández. De hecho, el viernes pasado, el referente del MTE estuvo en Catamarca y compartió una asamblea con Eduardo “Wado” de Pedro, el ministro del Interior, que participó por Zoom. Por su viaje, Grabois envió un delegado a la cumbre piquetera que se celebró en la sede del Partido Obrero, en Bartolomé Mitre 2162. 

Es muy posible que allí mismo vuelvan a reunirse mañana desde las 17 los dirigentes de la UTEP y la Unidad Piquetera. “Nos une la misma mirada respecto a la situación social, tenemos el mismo diagnóstico de deterioro y de precarización laboral, pero no nos ponemos de acuerdo en quiénes son los responsables”, apuntó Silvia Saravia, de Barrios de Pie. 

Mientras la izquierda –y cada vez más Grabois– cuestionan al Gobierno, la UTEP y el Evita apuntan a la generalización de “los formadores de precios”, la misma consigna de la CGT, que convocó a una movilización para el 17 de agosto y que hoy sumó también el apoyo de la CTA de Hugo Yasky. Hasta esa marcha de las centrales obreras dentro de un mes, la tensión en la calle irá en aumento: las diferencias entre las organizaciones podrían confluir en la convocatoria a una nueva jornada de protesta para el miércoles o jueves próximo, pero con la misma modalidad dividida que se vio el jueves pasado, apenas con escasos metros de distancia, y con sus dirigentes yendo de un lado a otro, entre ellos Grabois: la UTEP organizó una feria de productores frente al Congreso y el trotskismo protestó en la Plaza de Mayo.

MC

“¿Le negarías a alguien el derecho a comer?”. La pregunta, retórica, punzante y molesta para quien la lea, apareció ayer empapelando las calles del microcentro porteño y el conurbano en afiches negros con letras blancas, que sin firmar tenían una única consigna: “Salario Básico Universal. Es ahora”. 

La campaña en vía pública se gestó en el interior de los movimientos sociales oficialistas –nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)–, que luego de la llegada de Silvina Batakis al ministerio de Economía aceleran su presión al Gobierno para imponer una agenda de medidas que contemple a los casi 8 millones de personas que trabajan en la informalidad y no llegan a fin de mes por los altos niveles de inflación. 

En las organizaciones entienden que el paquete anunciado por la flamante funcionaria el lunes pasado fue para calmar a los mercados. Una actitud que está a punto de agotar la paciencia de las agrupaciones oficialistas, entre ellas el Movimiento Evita de Emilio Pérsico, el MTE de Juan Grabois, el Frente Popular Darío Santillán de Dina Sánchez y Somos-Barrios de Pie de Daniel Menéndez. Hoy, algunas de ellas harán asambleas barriales en la Capital Federal, el conurbano y distintos puntos del país. La principal será al mediodía en el hall de la estación Constitución. Y mañana toda la UTEP hará una demostración de fuerza frente al Congreso: instalarán una masiva feria con productos elaborados desde la economía popular. 

No está descartado que si el Gobierno no recoge el guante, la UTEP pueda confluir en las protestas que desde comienzos de año lleva adelante la Unidad Piquetera, que encabeza el trotskista Polo Obrero, entre otras organizaciones. Ayer mismo, los piqueteros le entregaron una carta a Batakis exigiendo un bono de emergencia de $20.000 y un aumento del salario mínimo vital y móvil. Mañana se movilizarán a la Plaza de Mayo, al frente del Palacio de Hacienda, para esperar una respuesta de la ministra.

Además, según pudo saber elDiarioAR, hay entre la UTEP y la CGT conversaciones preliminares para una posible marcha en conjunto en el futuro próximo. “Se está esperando el momento oportuno”, se limitó a contar un dirigente al tanto de ese diálogo. Pablo Moyano marchó este martes con Camioneros a la sede del ministerio de Trabajo y ya le envió un aviso a Batakis: “Primero está la gente que la pasa mal”. También trascendió que la CGT, que codirige el hijo de Hugo Moyano, tiene en estudio una movilización para agosto contra la inflación, además de un acto que podría ser crítico del Gobierno el 26 de julio, en homenaje a Eva Perón, a 70 años de su muerte.

En ese clima sociopolítico cada vez más tenso, genera expectativa la movilización de San Cayetano del 7 de agosto por parte de las organizaciones sociales. “Será muy grande, más que la del 1 de Mayo”, anunció a este medio un vocero de la UTEP. Aquel día, las organizaciones sociales que integran el Frente de Todos –sin la CGT, La Cámpora ni el PJ– coparon la avenida 9 de Julio. 

El salario básico universal y la discusión interna en las organizaciones

El proyecto de ley del salario básico universal (SUB) entró al Congreso el 10 de mayo y aún no tuvo tratamiento en comisiones. Firmado por diputados kirchneristas vinculados a las organizaciones sociales, como Itaí Hagman (del espacio de Grabois) y Leo Grosso (del Evita), contempla una prestación monetaria no contributiva equivalente a una Canasta Básica Alimentaria para un adulto, que en mayo pasado fue de 14.400 pesos. 

El costo fiscal de 1,8% del PBI fue el argumento de Martín Guzmán, antes, y de Batakis, ahora, para rechazarlo. elDiarioAR supo que el presidente Alberto Fernández también ya le bajó el pulgar definitivamente. Por eso las organizaciones buscan meter presión en la calle. El contraargumento es que su implementación automáticamente eliminaría programas como el Potenciar Trabajo, que hoy alcanza la mitad del salario básico, a contraprestación de cuatro horas de trabajo diario en cooperativas. Según Hagman, que es director de la consultora económica OCEPP, junto con el retorno fiscal que se generaría por el consumo, el costo fiscal sería de la mitad: unos 300 mil millones de pesos, o 0,7 por ciento del PIB.

“El SUB permitiría que ninguna persona caiga en la indigencia”, aportó Dina Sánchez, quien está detrás de las asambleas barriales de este miércoles para explicar la propuesta en el territorio, junto con Grabois, La Poderosa, la CTA Autónoma y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), del diputado Juan Carlos Alderete. Otro motivo de reclamo de las organizaciones fueron los operativos judiciales que varias sufrieron en su contra la semana pasada, principalmente en Jujuy, provincia gobernada por el radical Gerardo Morales.

Dentro del universo frentedotista, el SUB tiene el apoyo de La Cámpora –Andrés Larroque compartió con Grabois un acto al respecto hace un mes–, pero Cristina Kirchner no volvió a pedirlo a viva voz, luego de que en su acto en Avellaneda sugiriera que el Presidente podría sacarlo por decreto, como ella hizo en su momento con la Asignación Universal por Hijo (AUH) en octubre de 2009. 

Fue también en Avellaneda donde la vicepresidenta cargó contra las organizaciones y los planes sociales –principalmente el Evita, que ostenta más de 120 mil beneficiarios del Potenciar Trabajo y es uno de los pilares que sostienen al mandatario–. Dicho frente nuevo en la batalla interna escaló tanto, que en la previa a la salida de Guzmán hubo una cena en el partido de San Martín –terruño del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis– que encabezaron Grabois y Grosso con movimientos sociales y agrupaciones políticas del FdT para hacer catarsis y buscar parar la pelota. 

“Es una lástima lo que dijo Cristina. Hay un error conceptual en su expresión y lo he hablado con ella. Nosotros cuando discutimos entre nosotros somos muy malos. No sabemos parar y nos decimos cualquier cosa”, dijo Grabois en esa reunión. “Quienes niegan a Cristina o le imputan todos los errores que hacemos están equivocados. Y eso no quita que se haya equivocado con lo que dijo. Pero no podemos ser rehenes de impulsos personales para dirimir la cuestión política. Tenemos un compromiso con quienes nos votaron porque confiaron en nuestra unidad buscando una salida al macrismo. Tenemos que estar a la altura”, se lo escuchó decir a Grosso.

Otros encuentros cara a cara también sirvieron para bajar un poco la espuma, aunque la tensión se mantiene en el aire. Como ya contó elDiarioAr ayer, Máximo Kirchner recibió en su despacho a un importante dirigente de los movimientos sociales y Cristina lo pasó a saludar. El sábado último, en el congreso del Evita, Grabois se mostró junto a Pérsico y el ministro camporista Wado de Pedro envió un saludo a través de un video. Se firmó una paz, que ahora tiene un desafío nuevo con Batakis, que en sus primeras medidas en Hacienda siguió la línea de Guzmán. Mientras el kirchnerismo duro optó en estos días por un sugestivo silencio, los movimientos sociales eligieron salir a la calle.

Martín Guzmán se fue dejándonos un pésimo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la irresolución de la cuestión medular de las tarifas, una crisis energética que nos chupa las divisas, una inflación rampante, una ridícula brecha monetaria y una gran escasez de dólares producto del descontrol en los regímenes de importación. En su carta de renuncia, sin embargo, nada de esto se menciona. Se atribuye, por ejemplo, mérito en los récords exportaciones sin hacerse cargo del festival de importaciones. Es un ser resplandeciente que dejó una vida confortable junto al ala demócrata-progresista del establishment financiero internacional para tolerar el salvajismo de su país y salvar la Argentina. No la salvó. La jodió más de lo que estaba.

En la Argentina es todo caro menos jorobar al Pueblo. Macri anda lo más pancho por el mundo después de hundirnos en el más acelerado proceso de endeudamiento y fuga de nuestra historia. Guzman y Matías Kulfas seguramente conseguirán trabajo en importantes consultoras u organismos internacionales. Escribirán libros sobre lo que se debería haber hecho y no hicieron. Funcionarios y legisladores que no resuelven los problemas de los argentinos siguen cobrando dietas que, a diferencia del resto del pueblo, no perdieron con la inflación.

Vuelvo a Guzmán. Tras su irresponsable e intempestiva decisión de renunciar, traicionando la confianza que equivocadamente depositó el presidente en él en vez de escuchar un poco a quien lo llevó de la mano hasta el Sillón de Rivadavia, el Frente de Todos entró en una nueva crisis de la que salió con nueva ministra y un esquema político debilitado. Con todo, algunos creímos que el cambio de funcionarios podía traer cambio de políticas. La esperanza duró poco. Hasta ahora, todo indica que no es así. Incluso hay señales en sentido contrario.

La primera fueron las declaraciones criminales de Giorgieva tras la reunión de Batakis con el Fondo Monetario Internacional- Anunció “acciones dolorosas” con el sadismo típico de estos organismos obscenamente injerencistas en cuyas recetas los que siempre sufren dolor son las víctimas de sus tropelías. Cómo se atreve la mismísima jefa del organismo que nos estafó intervenir en la política interna de un país soberano recetando dolor. Increíblemente, nadie le salió al cruce. El que calla, otorga. Al ratito, la portavoz oficial de la presidencia decidió clausurar la discusión sobre la principal reivindicación social de los trabajadores más pobres en la Argentina: el Salario Básico Universal, un refuerzo de ingresos para recuperar un poquito de lo que nos robaron.

Hay 7,5 millones de trabajadores informales, no registrados, precarizados, tercerizados, plataformizados, monotributizados, changarines, cooperativistas y de la economía popular son los que más perdieron con un 32% de poder adquisitivo menos que en 2015, con un salario medio que oscila entre la pobreza y la indigencia. A esto se suma los jubilados de la mínima perdieron el 23%, los laburantes del Potenciar Trabajo el 24%, el salario mínimo el 29% y los empleados registrados 21% que perdieron tanto en el sector privado como en el público. Esto se traduce en hambre, pobreza, desnutrición, suicidios, enfermedades mentales, atraso escolar, delincuencia y un exponencial crecimiento de la presencia del narcotráfico en los barrios. En definitiva, dolor. Mientras tanto, los mismos de siempre fugan, especulan con los precios, concentran la riqueza, sus balances arrojan cuantiosas ganancias. ¿Qué camino vamos a elegir?, ¿más dolor para el Pueblo? ¿Cuál es el límite de injusticia, desigualdad y degradación de las mayorías populares que nuestra sociedad puede tolerar para conformar a los sectores de poder?

En ese contexto, comenzó un llamativo proceso de criminalización contra los Movimientos Populares. No se trata de resolver las situaciones abusivas, sino de disciplinar cualquier conato de lucha de los de abajo en la puja distributiva. La criminalización viene fundamentalmente de los mismos jueces del lawfare que intentaron destruir a los dirigentes políticos populares en toda Latinoamérica: la ex secretaria de Bonadio, la jueza porteña Celsa Ramirez y el inefable Gerardo Morales que asumió la suma del poder público en Jujuy con ciertas complicidades y omisiones a las que ya me referí en múltiples ovaciones. Sin ir más lejos, el Partido Justicialista de Jujuy es el socio principal de Morales ¿el PJ Nacional no tiene nada que decir? A veces los pactos de poder pesan más que las convicciones: hay mucho olor a litio, petróleo y marihuana detrás de las gestos tiernos y declaraciones infructuosas.

Los movimientos de todos los colores, desde los que livianamente suelen asociarse más con albertismo, cristinismo, camporismo, troskismo, nos reagrupamos frente a este ataque en una amplísima conferencia de prensa que unificó todas las voces en un repudio general a la criminalización. La inmensa mayoría de los y las dirigentes de las organizaciones sociales no roban y en ocasiones viven con total austeridad, e incluso en la pobreza. Desde luego, en organizaciones extensas con miles de grupos de trabajo se cuela gente mala y abusiva. Esto pasa en todos los ámbitos de la vida: en las empresas, en los sindicatos, en los medios de comunicación y en la política más que en ninguno. Pero no son todos. Las generalizaciones casi siempre son falsas.

Cómo dije en varias ocasiones, el programa Potenciar Trabajo es una excelente política pública de fortalecimiento de la Economía Popular. Esa fue la visión original del programa y es lo que con claridad establece su resolución de creación. Su desviación radica en que se desmadraron los padrones y hoy hay 1,3 millones de beneficiarios. Muchos de ellos fueron inscriptos por los Municipios y Provincias que le solicitaron los cupos a Daniel Arroyo. Esto se suma a la inscripción masiva de personas desesperadas que se movilizaron a la 9 de julio para pedir un ingreso. Así las cosas, una parte considerable de esa inmensa masa de trabajadores no está encuadrada en proyectos productivos, cooperativas o grupos comunitarios.

Son cientos de miles de personas que reciben el Potenciar Trabajo simplemente como un refuerzo de ingresos. Insisto: Potenciar Trabajo no fue diseñado como una política masiva de ingresos sino para fortalecer la economía popular organizada. Sin embargo, esas inscripciones multitudinarias eran inevitables por el nivel de necesidad social que hay. Cerrar esas inscripciones sin abrir una política universal es objetivamente un ajuste y no puede generar otra cosa que una creciente conflictividad. La única forma de ordenar la situación con una perspectiva superadora es desdoblar el padrón entre quienes tienen una actividad concreta en la economía popular y quienes únicamente reciben un complemento de ingresos sin estar realmente organizados en unidades productivas o cooperativas. Para eso se requiere el Salario Básico Universal.

El Salario Básico Universal fue defendido públicamente por dirigentes y organizaciones tan variopintas como la propia Cristina Fernández de Kirchner, integrantes de la Liga de Gobernadores, el movimiento feminista, el movimiento ambiental, los pueblos originarios, los agricultores familiares organizados, el Movimiento Evita, la Campara, Daniel Arroyo, Martín Insaurralde, Juanchi Zabaleta, Mercedes D’Alesandro, Andrés Asiain, el Cuervo Larroque, Claudio Lozano… sin contar el clamor del propio Papa Francisco que lo reiteró en varias ocasiones. Sin embargo, este consenso de palabra no se transforma en una decisión concreta ni en una pelea real por esta política. Todavía.

En sus últimos tres discursos, CFK trató el tema de las políticas sociales. Tengo coincidencias, diferencias y matices con sus posiciones que obviamente están teñidas por una rivalidad política con el Movimiento Evita en la que hay responsabilidades compartidas. Todos saben que en cuanto a visión estratégica y perspectiva política estoy mucho más cerca de Cristina que de cualquier otra referencia porque es la máxima estadista viva de la Argentina. También que reivindico la tarea social del Movimiento Evita y el rol de Emilio Pérsico como propulsor de la Economía Popular más allá de las diferencias que tenemos en cuanto a opciones políticas. No hay nada de raro en eso. El pensamiento binario no nos lleva por buen camino. Se transforma en sectarismo. Como enseña el taoísmo, en todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo hay algo bueno.

En cualquier caso, coincido con CFK sobre la necesidad de reordenar la política y reforzar las auditorías. Coincido con la necesidad de empoderar a las y los trabajadores para que nadie se pueda aprovechar de su vulnerabilidad. Coincido con la valoración de las cocineras y las cooperativas que ella mencionó. Disiento en la idea de tercerización que esbozó en su primer discurso y en el ninguneo de todas las cosas buenas que se hicieron con el Potenciar Trabajo. Implica una subestimación de la comunidad organizada y una sobrevaloración de la estatalidad. Un descarte de lo que hicieron otros y una valoración excluyente de lo que hicieron los propios.

Entiendo la actitud porque CFK ha sido tan atacada que necesita defender su legado, pero para nosotros sería reparador que, más allá de sus críticas legitimas, pueda reconocer el rol positivo de los movimientos populares y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular que, vale recordar, ella otorgó la primera personería como cuenta en su libro Sinceramente. También soy agradecido de las menciones que hizo mi trabajo y el de otras organizaciones con las que simpatiza, pero siempre prediqué que no hay que derretirse frente a ningún elogio y critiqué a los que se conforman con una caricia mientras no se resuelven los problemas de la base. Quisiera que ella y todos los dirigentes de nuestro campo reconozcan al conjunto como un proceso plagado de contradicciones, pero también preñado de esperanzas. Nuestra misión es que más allá del reconocimiento simbólico haya políticas concretas.

Con todo, lo más importante de sus intervenciones sobre la temática fue poner en el centro de la agenda pública la necesidad del Salario Universal siendo la principal voz política del país. Cristina da en el clavo cuando se pregunta: ¿si son 7,5 millones, porque hay para 1,3 y no para todos? Es la pregunta nodal. La respuesta oficial ya la dio la señora Gabriela Cerruti: no cierran los números. La secundaron María Eugenia Vidal, Espert y los editorialistas de Clarín. Nuestra respuesta es que lo que no cierra es un país con la con la gente afuera. Hagan de nuevo las cuentas, porque, aunque haya acuerdos por arriba, por abajo la bronca crece y está todo atado con alambres.

La soberbia de la portavoz oficial del gobierno descartándolo de cuajo es una cachetada para todos. Bienvenida la cachetada. Nos sirve para despertar. Si no podemos dar esta discusión en las instituciones, la daremos en la calle. No se trata ahora de nuestro gran sueño que es una Argentina con tierra, techo y trabajo para todos. No se trata de un Plan Integral de Desarrollo para una Argentina Humana y Federal como venimos trabajando junto a Wado de Pedro en todo el país. En fin, no se trata de arreglar todos los problemas de la Argentina. Se trata simplemente de recuperar lo que nos robaron y calmar el dolor ya insoportable del pueblo en vez de agudizarlo.

Por ese motivo, nos autoconvocamos el 13 de julio en todo el país para discutir con las bases un plan de lucha en los barrios y los espacios de trabajo. Junto a trabajadores del sector público y privado, junto a los jubilados, junto a los pobres, descartados y precarizados de la Argentina, nos toca tomar “acciones dolorosas” parafraseando a Giorgieva pero para defender los intereses del Pueblo frente a los del Fondo, los políticos insensibles y las grandes corporaciones. Que alguna vez les duela a ellos.  

 JG

La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerrutti, rechazó este jueves la posibilidad de avanzar en un salario básico universal para todos los trabajadores, tal como viene reclamando la vicepresidenta Cristina Fernández.

“No está la posibilidad en este momento de avanzar con un Salario Básico Universal”, dijo Cerruti en la habitual conferencia de prensa semanal.

Así dejó en claro que para la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, no es momento de avanzar con uno de los reclamos de un sector del Frente de Todos, desde la vicepresidenta hasta el dirigente social Juan Grabois.

“Es un plan que en el mundo se ha discutido durante mucho tiempo y en Argentina también siempre fue un planteo” y agregó que “en Argentina ya existen planes universales” como la Asignación Universal por Hijo o los planes Progresar.

De todos modos, señaló que “todo es motivo de estudio, pero no está la posibilidad en este momento por las cuentas de la Argentina de avanzar con un proyecto”.

Durante la conferencia de prensa, Cerruti aseguró que “el programa económico del Gobierno está ratificado”, aunque no dio detalles de como continuará luego de la crisis que desató el cambio en el Palacio de Hacienda. Cerruti tampoco informó quienes serán los nombres que acompañarán a Batakis en el ministerio, una incógnita que ya lleva días. “La ministra (Batakis) va a presentar el equipo apenas lo tenga confirmado”, dijo.

Si en cambio aprovechó para defender la decisión del Banco Central de cortar la posibilidad de pagar en cuotas en el free shop.

“Hay que ser muy cuidadoso con respecto al uso de los dólares, se puede importar pero de lo que estamos hablando es de cuáles son las prioridades de financiamiento”, explicó. Y en ese sentido, insistió: “En un país en el cual hay que dirigir los dólares el gobierno prioriza los medicamentos, los fertilizantes para el campo, las autopartes, todo lo que hace crecer el empleo”, insistió.

A lo largo de la conferencia, la portavoz prefirió evitar dar definiciones sobre como continuará la economía en una semana de inestabilidad finaciera. “Estamos en un momento de crecimiento”, dijo.

Guy Standing (1948) es doctor en Economía por la Universidad de Cambridge, investigador asociado de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos en la Universidad de Londres, profesor honorario de la Universidad de Sydney y confundador y copresidente honorario de la Red Global de la Renta Básica (grupo de académicos interesados en desarrollar esta idea).

También ha sido director del Programa de Seguridad Socioeconómica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); fue director de investigación para la Labour Market Policy Commission del presidente Nelson Mandela y ha ejercido como asesor para varios organismos internacionales. Entre sus libros, destaca El precariado. Una nueva clase social (2011); Precariado. Una carta de derechos (2013); La corrupción del capitalismo (2017); La renta básica. Un derecho para todos y para siempre (2017); Saqueo del bien común: un manifiesto para compartir la riqueza pública (2019) y Luchando contra ocho gigantes: Renta Básica Ya (2020).

Con motivo de su visita a Palma para dar una conferencia en Es Baluard Museu d'Art Contemporani, que ha cerrado un programa con expertos y expertas en ecología y sostenibilidad, feminismos, migraciones y trabajo el pasado domingo, Guy Standing atiende a elDiario.es para analizar el estado actual de la política, la economía y el precariado, concepto que acuñó para referirse a una nueva clase social que considera que ha emergido.

Usted investiga, desde hace más de 30 años, la evolución de la economía capitalista y las desigualdades que ha generado. ¿Qué ha pasado?

Creo firmemente que, cuando la economía neoliberal se apoderó de la comunidad económica mundial en los años 70 y 80, se lanzó una revolución económica neoliberal, que impulsa el individualismo, la reducción del tamaño del Estado, la privatización de los mercados financieros, y se hablaba mucho del capitalismo de libre mercado. Esa era su ideología. Pero poco a poco, las finanzas y las grandes corporaciones tecnológicas, las farmacéuticas, pero sobre todo las financieras, crearon un sistema que yo llamo “capitalismo rentista”, que está muy lejos del libre mercado. Es un sistema de mercado amañado en el que cada vez más ingresos van a parar a los dueños de la propiedad, la propiedad física, la propiedad financiera y la propiedad intelectual. Y va, cada vez menos, a las personas que dependen de su trabajo. Esto ha supuesto que la desigualdad de ingresos ha crecido, pero la desigualdad de riqueza ha crecido mucho más y la riqueza ha crecido en relación con los ingresos. Así, por ejemplo, ahora el valor de la riqueza heredada en España es mucho más alto en comparación con lo que solía ser, y es más alto en comparación con la renta nacional. Lo mismo ocurre en Gran Bretaña y en Estados Unidos: es una tendencia global. Así que lo que ha sucedido es que la cantidad de dinero que le queda a la gente que es trabajadora ha bajado. Al mismo tiempo, ha surgido una nueva estructura de clases a nivel mundial en todos los lugares en los que hay una plutocracia en la cima de los multimillonarios, y por debajo de ellos una élite de multimillonarios. No es sólo el 1%. Es un 20% superior que ha estado ganando dinero con la propiedad y los antiguos asalariados que tenían un empleo a tiempo completo, pensiones y vacaciones pagadas. Todo se ha ido reduciendo y el antiguo proletariado, la antigua clase trabajadora, prácticamente ha desaparecido.

No es sólo el 1%. Es un 20% superior que ha estado ganando dinero con la propiedad y los antiguos asalariados que tenían un empleo a tiempo completo, pensiones y vacaciones pagadas. La antigua clase trabajadora prácticamente ha desaparecido.

Guy Standing — Economista

Hace ya más de una década que escribió El precariado: La peligrosa nueva clase social (2011). ¿Cómo definiría al precariado?

Cuando escribí el libro, me sorprendió mucho que se vendiera en todo el mundo. Desde entonces, se ha traducido a 24 idiomas, incluido el español, por supuesto, y el catalán, y me ha llevado a dar conferencias en más de 800 ciudades en más de 40 países, porque es un fenómeno global. Dentro del precariado, hay tres dimensiones. Primero, la gente que forma parte del precariado se siente insegura respecto al trabajo. Sus trabajos son inseguros, inestables y volátiles. No saben lo que van a hacer dentro de tres o seis meses. Hoy puedes ser periodista y la próxima vez que nos veamos, camarero. La gente siente que no sabe a dónde va. También ocurre, particularmente en países como España y en Italia, que esa persona precaria está sobrecualificada, es decir, que su nivel de educación es, a menudo, mucho más alto que el trabajo que desempeña. Esto no ha ocurrido nunca antes. Es único en la historia. Cualquiera que diga que es el mismo fenómeno que el que teníamos el siglo pasado está diciendo una tontería. La segunda dimensión es que la gente del precariado depende de su salario pero no tiene vacaciones pagadas, baja médica, baja por maternidad remunerada... con la perspectiva de tener en el futuro una jubilación por su trabajo. Si estás en el precariado estás siendo explotado por la deuda. Eres económicamente frágil porque un accidente, una mala decisión o una enfermedad te pueden dejar sin casa porque no puedes pagar tus deudas. La tercera dimensión, para mí, es la más importante y es que, si estás en el precariado, estás perdiendo derechos sociales y económicos. No tienes acceso a una ayuda a la renta garantizada y no puedes hacer lo que estás capacitado para hacer. Estás perdiendo también derechos culturales porque no puedes pertenecer a la comunidad a la que quieres pertenecer. Y estás perdiendo derechos políticos porque miras alrededor del sistema político de España o Gran Bretaña, y no ves un partido político que represente tus aspiraciones.

¿Cree que los partidos socialdemócratas europeos están entendiendo, desde el punto de vista político y económico, las demandas del precariado?

No creo que los viejos partidos socialdemócratas las entiendan. Piensan que la respuesta al precariado es un trabajo seguro y a tiempo completo. Pero esa no es la respuesta. La gente del precariado quiere trabajar, pero quiere tener la sensación de poder desarrollarse, de sentirse seguros y quiere una parte de los ingresos que van a parar a los propietarios. No se trata solo de trabajo, trabajo, trabajo. Los socialdemócratas tienden a hablar de puestos de trabajo todo el tiempo. Alguien del precariado dirá: “Mira, yo hago un trabajo. Porque tengo que hacer un trabajo. Pero no me digas que tengo que encontrar mi felicidad en un trabajo”. La respuesta está en permitir a la gente tener una vida mejor, ser capaces de hacer diferentes formas de trabajo, perseguir sus sueños, ser ecológicos, encontrar formas de reducir la amenaza de extinción. La gente en el precariado tiende a preocuparse por estas cosas. Como he argumentado en mis libros, dentro de esta nueva clase social hay tres facciones. El primer grupo está formado por las personas perdedoras de la antigua clase obrera industrial. Sus padres pueden haber sido constructores de barcos u obreros de la automoción y no tienen mucha educación. Esta parte del precariado escucha a los populistas neofascistas. Escuchan a Donald Trump, Santiago Abascal, Boris Johnson, Viktor Orbán y Vladímir Putin porque les prometieron traer de vuelta el pasado, que dicen que es mejor que el presente.

Parte del precariado escucha a los populistas neofascistas. Escuchan a Donald Trump, Santiago Abascal, Boris Johnson, Viktor Orbán y Vladímir Putin porque les prometieron traer de vuelta el pasado, que dicen que es mejor que el presente

Guy Standing — Economista

El segundo grupo está formado por los inmigrantes, las minorías, los refugiados, etcétera. Esta gente, que no votará a los populistas neofascistas, mantiene la cabeza baja porque están privados de derechos. Esto constituye un tipo de peligro diferente, porque si tienes un gran porcentaje de tu población que no participa en el proceso político, eso es una mala noticia para la democracia. Y la tercera parte está formada por los jóvenes a los que sus padres y sus profesores les dijeron: “Si vas a la universidad, tendrás un futuro, tendrás una carrera”. Van a la universidad y salen con deudas, sin carrera, sin futuro. Esta gente está muy enfadada y tiene mucha razón. No van a votar a los populistas neofascistas. Buscan una nueva política ilustrada, que represente una amenaza para el establishment. La política española, en los últimos años, tenía un movimiento político que, potencialmente, podía representar a la clase precaria, pero se ha aburguesado y finalmente ha fracasado. Aun así, España tiene un Gobierno de coalición y me ha impresionado mucho que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, haya creado una comisión para estudiar el precariado español. Así que espero que esto signifique que hay una nueva apertura para tratar de entender lo que es el precariado.

Me ha impresionado mucho que Yolanda Díaz haya creado una comisión para estudiar el precariado español. Espero que esto signifique que hay una nueva apertura para tratar de entender lo que es el precariado

Guy Standing — Economista

Respecto al primer grupo del precariado, hijos de la antigua clase obrera industrial que está virando ideológicamente hacia la extrema derecha, ¿qué se puede hacer, desde el punto de vista político, para que cambien sus posiciones?

Creo que tenemos que ofrecerles una agenda que no sea reaccionaria, que les dé una seguridad básica. Esa es una de las razones por las que creo que, si se diseña adecuadamente, avanzar hacia una renta básica llegaría cada vez más a esa parte del precariado. La parte joven y progresista del precariado lo entiende fácilmente. Cuando doy charlas por todas partes, los jóvenes entienden la renta básica. Es muy interesante que una encuesta de opinión en España haya encontrado que el 68% de los adultos en España apoyan ahora una renta básica real. Creo que hay que convencer a los sindicatos, y empiezo a ser optimista. Hace dos semanas me dirigí a los sindicatos de Gales: es bueno que empiecen a apoyar la renta básica. En otros países, los viejos sindicatos no la han apoyado. Pero los jóvenes, y sobre todo las mujeres, sí entienden la renta básica. No es el desmantelamiento del Estado de bienestar: se trata de reforzar la posición negociadora de la gente. Así que creo que eso ayudará a hacerlo.

Buena parte de los críticos de la renta básica argumentan que no se puede financiar sin subir la presión fiscal a la clase media y trabajadora.

Creo que durante la pandemia se desperdició mucho dinero con el plan de permisos de trabajo, que fue objeto de fraude (en referencia a los ERTE). Si España o Gran Bretaña hubieran utilizado la misma cantidad de dinero que gastaron en los planes de subsidio, podrían haber pagado a todos sus ciudadanos una renta básica sin aumentar los impuestos. Encontraron miles de millones de euros y libras para los bancos y el sector de los servicios financieros, tanto después de 2008, la crisis financiera, como durante la pandemia del COVID. Así que sí encontraron dinero para ese fin, lo cual hizo que el dinero no llegara al precariado y aumentaran las desigualdades. Si se hubieran gastado la misma cantidad de dinero en una renta básica, estaríamos mucho mejor porque más personas habrían tenido una seguridad básica con la que construir sus vidas.

Pero, a largo plazo, lo esencial es hacer una reforma fiscal para cambiar los impuestos en términos relativos y así dejar de gravar las rentas del trabajo. Por ejemplo, necesitamos un alto impuesto sobre el carbono porque, de lo contrario, no vamos a reducir el consumo de combustibles fósiles. Solo lo conseguiremos políticamente si prometemos que los ingresos recaudados por los impuestos sobre los combustibles fósiles van destinados a financiar una renta básica, o parte de ella. De lo contrario, si solo tienes un impuesto sobre el carbono, aumentará la desigualdad, porque una persona de bajos ingresos pagará más, en proporción, que una persona de ingresos altos. Si el gobierno dice que los ingresos de este impuesto sobre el carbono se devolverán a todos como un pago igual, entonces será progresivo y reducirá la desigualdad. También hay otras formas de crear impuestos “verdes” que podrían utilizarse de la misma manera. Se puede crear un fondo de capital muy similar al que hay en Noruega o en Alaska (EEUU): entra dinero a ese fondo, el fondo invierte y se utilizan los rendimientos de la inversión para pagar una renta básica que aumenta gradualmente, de modo que, a largo plazo, se altera el mecanismo por el que se recicla la renta.

Necesitamos un alto impuesto sobre el carbono porque, de lo contrario, no vamos a reducir el consumo de combustibles fósiles

Guy Standing — Economista

Los gobiernos han recortado los impuestos a los ricos y las prestaciones a los pobres. Eso significa que hay margen para aumentar los ingresos fiscales. Y los ingresos fiscales para financiar una renta básica recortan los subsidios. Uno de los escándalos en Gran Bretaña es que hay un gran número de subsidios que van a parar a los terratenientes, a los propietarios de tierras y a varios otros grupos. Uno de los escándalos en España es que también tienen subsidios y tienen un terrible sistema de subsidios otorgados a sus pesquerías industriales. La industria pesquera recibe subvenciones para el combustible, con lo cual, se produce la sobrepesca y se rompen las reglas internacionales. España es un muy mal ejemplo de destrucción ecológica en el mar. No es el único país, pero es uno. Y hay que acabar con ese tipo de cosas porque está haciendo un daño terrible a nuestros hijos. Porque no habrá peces, a menos que se corten los subsidios.

¿Qué relación hay entre renta básica, trabajo y salud? ¿Se trabajaría menos? ¿Y qué beneficios tendría desde el punto de vista psicológico?

Nuestros experimentos en todo el mundo (ahora hay más de 80 programas piloto de renta básica) muestran que cuando la gente tiene una renta básica, su salud mental mejora. Significa que tienen más energía, que son más productivos en su trabajo y que gastan menos en atención sanitaria, lo que supone menos dinero al Estado. También mejora la eficiencia del gasto en la escolarización. Descubrimos en los proyectos piloto que, cuando la gente tiene una renta básica, trabaja más y es más productiva. Los críticos de la clase media que dicen que si la gente tuviera una renta básica se volvería más vaga no sabe de qué habla. Son prejuicios. Si ese fuera el caso, deberíamos quitar todo el dinero a los millonarios porque obviamente no tienen que trabajar. Es ridículo.

El gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos aprobó en mayo de 2020 el Ingreso Mínimo Vital (IMV). ¿Es suficiente para combatir la precariedad que hay en España?

Cuando oí hablar por primera vez de este plan en 2020, dije inmediatamente que era otra oportunidad perdida. Cuando miré los detalles del plan, pensé, “esto es una locura”. Es un plan diseñado por gente que no entiende de política social. En primer lugar, porque solo perciben el subsidio los pobres. Lo que esto hace es desincentivar a la gente para que intente no ser pobre, porque si recibes la prestación y pasas a trabajar más y a ganar un poco de ingresos extra, lo perderás y no recibirás más dinero. Así que se llama trampa de la pobreza. Además, la norma se basaba en la unidad familiar, lo cual es injusto para las familias numerosas porque es una cantidad mucho menor la que se da a las familias numerosas que a un hogar unipersonal. Así que fomenta la ruptura de las familias. Y, en tercer lugar, se basaba en los ingresos del año pasado, del año anterior.

El Ingreso Mínimo Vital de España es una locura, está diseñado por gente que no entiende de política social, solo perciben el subsidio los pobres

Guy Standing — Economista

¿Qué opina sobre otras medidas que ha llevado a cabo el gobierno progresista, como el aumento del salario mínimo a 1.000 euros brutos o la reforma laboral?

Representa una política que era apta en una sociedad industrial cuando la mayoría de la gente tenía trabajos estables a tiempo completo, en los que iba a un lugar de trabajo, fichaba y salía 8 horas después. Entonces se calculaba el salario mínimo, se calculaba la tasa salarial, etc. Hoy en día tenemos una situación en la que cada vez más personas realizan trabajos y formas de trabajo en las que no sabemos realmente cuántas horas hacen. Yo, probablemente, trabajo 12 horas diarias. No me pagan, pero trabajo 12 horas al día. Algunas personas trabajan 5 horas en un lugar de trabajo y 5 horas fuera: en casa, en una cafetería o en algún otro sitio. ¿Qué cuenta como una hora de trabajo? No estoy en contra de un salario mínimo porque queremos que los salarios sean más altos, pero también creo que en una economía globalizada, el trabajo, cada vez más, se hará online a través de aplicaciones móviles. Así, a finales de esta década, una de cada tres transacciones laborales se hará online con una app, y no podrás calcular cuántas horas has hecho ni cuál debe ser la tarifa salarial. Es decir, es una política anticuada, no es muy eficaz y no llegará a la mayoría del precariado. Así que realmente se convierte en un gesto: una vieja herramienta socialdemócrata utilizada en el siglo XX.

En cambio, una renta básica ayudaría a reorientar nuestra economía para dedicar más tiempo al cuidado de otras personas, al cuidado del medio ambiente, a hacer un voluntariado, a hacer un trabajo que no es un trabajo, etc. Sin embargo, ¿por qué no valorar esas cosas tanto como cualquier otro tipo de trabajo? De momento, el salario mínimo no se ocupa de cosas como los cuidados no remunerados. Seguramente vimos durante el COVID que esta es la parte más vital del trabajo y, sin embargo, no la tratamos como trabajo. Si la gente tuviera derecho a una renta básica, también podría obtener ingresos, por supuesto, y pagar sus impuestos.

El salario mínimo no se ocupa de los cuidados no remunerados y durante el COVID vimos que esta es la parte más vital del trabajo aunque no la tratemos como tal

Guy Standing — Economista

¿Cuál es el papel que pueden jugar las mujeres y el movimiento feminista en la implementación de una renta básica?

Creo que en todos nuestros experimentos piloto hemos comprobado que las mujeres ganan más con la renta básica que los hombres. Los hombres también ganan, pero las mujeres ganan más, en el sentido de independencia. Esa sensación de independencia refuerza su posición negociadora en la familia, en la comunidad y en el mercado laboral.

Las mujeres solteras con hijos pequeños viven una situación de inseguridad crónica y son fácilmente explotables. Pero si tuvieran una renta básica, podrían decir que no. Creo que es una herramienta de liberación feminista, no la única, no digo que sea la panacea. Por supuesto, necesitamos una legislación más fuerte para proteger a todos los grupos, incluyendo a las mujeres. También debería tener en cuenta a las personas con discapacidad que tienen costes adicionales y necesitarían un complemento por encima de la renta básica, porque la renta debería ser una cantidad igual en términos de capacidad de gasto. Las madres solteras con hijos pequeños también tienen mayores gastos que atender. Por eso, creo que es una herramienta feminista de liberación tremenda.

Diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron este martes un proyecto de ley para establecer un Salario Básico Universal (SBU) que “garantice la protección social de todos los trabajadores” y “elimine la indigencia”.

La iniciativa fue impulsada por los legisladores Itaí Hagman, Natalia Zaracho, Leonardo Grosso y Federico Fagioli en un acto realizado en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja que contó con la presencia del jefe de bloque de Diputados del FdT, Germán Martínez, más el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, entre otros.

Al presentar el proyecto, Hagman destacó que la iniciativa podría abarcar a unos 9 millones de personas que recibirían un salario universal, al sostener que el proyecto busca “eliminar la indigencia y valorizar las tareas que el mercado laboral no valora”.

Si bien dijo que la iniciativa demandará “un monto significativo” en materia fiscal, “este proyecto no es inviable, se puede discutir cómo financiarlo”, y sostuvo que se trata de una propuesta “complementaria” con el desarrollo del mundo del trabajo.

En tanto, el santafesino Martínez respaldó el proyecto, subrayó que “las propuestas siempre enriquecen el debate” y dijo que la iniciativa va en línea con lo que plantea el presidente Alberto Fernández “sobre la producción y el trabajo”.

“Por más que traten de encasillarnos, somos todos integrantes del FdT: venimos con trayectorias diferentes pero es importante que cada uno pueda hacer su aporte y escucharnos respetuosamente. Bienvenido sea el debate para aspirar a tener una Argentina más inclusiva”, puntualizó el jefe del bloque del FdT.

El objetivo de la iniciativa es, según el contenido del proyecto, “dar una respuesta a la nueva realidad laboral argentina post-pandemia a través de la ampliación de la seguridad social y la promoción del empleo”.

La propuesta impulsa la implementación de un Salario Básico Universal (SBU) “como una prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos”.

De acuerdo a la iniciativa, el SBU “será otorgado a las personas que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal; se encuentren inscriptas en la categoría 'A' del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes o se encuentren inscriptas en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente”.

Claves del proyecto de SBU

Con información de agencias.

IG

Dicen que suele llegar a las 7.30 y retirarse después de las 21, con una agenda cargada de reuniones en su despacho que abarca desde legisladores oficialistas a funcionarios de la Casa Rosada, y hasta algunos contactos informales con opositores. Esa rutina “24/7” –como lo definieron en su entorno– lleva por estos días Germán Martínez como flamante presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, con el telón de fondo de armar la estrategia parlamentaria que buscará aprobar sin sobresaltos el acuerdo que finalmente el Gobierno cierre con el Fondo Monetario Internacional.  

Consumada la salida de Máximo Kirchner como jefe del espacio y con una treintena de diputados que acompañan su postura en contra del FMI, Martínez trabaja para juntar la mayor cantidad de avales, pero también para saber de antemano qué hará cada diputado en el recinto. Se quiere evitar cualquier sorpresa, según pudo recoger elDiarioAR de distintas fuentes al tanto de las conversaciones que se aceleraron en las últimas horas, aunque lo más probable es que el debate en la Cámara baja ocurra luego de que el presidente Alberto Fernández inaugure las sesiones ordinarias, el 1º de marzo.

La sucesión de reuniones que Martínez acumuló en su primera semana como jefe del espacio comenzó con un encuentro personal con el propio Máximo Kirchner, menos de 24 horas después de haber sido designado como su sucesor. Y el este jueves a la tarde, por ejemplo, se mostró junto al embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, un “amigo y compañero de años”. En el medio, con foto y sin foto, al menos mantuvo encuentros con el secretario de Relaciones Parlamentarias del Gobierno, Fernando “Chino” Navarro, así como diputados nacionales de los cuatro puntos cardinales, como el sanjuanino José Luis Gioja, la catamarqueña Anahí Costa, la formoseña María Parola, la fueguina Rosana Bertone, el bonaerense Julio Pereyra o el porteño Itai Hagman. También dialogó vía WhatsApp con algunos opositores, como el radical Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio

Si bien Martínez se presta a escuchar las necesidades de su interlocutor –como los legisladores que le comparten las problemáticas de sus territorios o electorados– y a su vez presentar los objetivos que tiene su nuevo rol, una constante atraviesa todas las conversaciones: el acuerdo con el FMI. “Tenemos allí una oportunidad para poder acercar todos los elementos que permitan tener la mayor cantidad de apoyo posible”, dijo el diputado esta semana en una entrevista, donde definió el carácter minucioso de su trabajo en términos futbolísticos: “soy mostazamerlista”. “Paso a paso”, aunque por ahora no se espera un cónclave que reúna a todo el bloque en conjunto. 

Pero no todo ocurre en el despacho del presidente del bloque. “Desde la semana pasada, cuando Máximo Kirchner se corrió, los cruces telefónicos y encuentros entre diputados del Frente de Todos se están dando a ritmo acelerado”, contó un testigo de varios diálogos “paralelos”. De manera informal, hay dirigentes de trayectoria en el PJ que colaboran con Martínez para acercar posiciones con otros sectores más duros del mismo bloque del FdT –como La Cámpora– e incluso con referentes de JxC, como Negri –que además se vio con Sergio Massa el martes–, Cristian Ritondo o Emilio Monzó. 

La estrategia oficial 

“Se están acordando todos los términos de la estrategia parlamentaria. El bloque tiene que bajar al recinto sabiendo qué va a pasar”, expresó una fuente del peronismo; dinámica que este medio pudo constatar con un legislador que dialoga con Kirchner y se reunió esta semana con Martínez. Ese principio de acuerdo entre los que están a favor y en contra de votar lo que llegue del FMI, establece como base que aquellos diputados críticos “no van a militar el voto duro” para patear el tablero, sino que se van a sentar en la banca y darán quórum, pero a la hora de la votación se van a abstener. Aún resta en la negociación definir si tomarán la palabra en el recinto o no, aunque resulta difícil que guarden silencio en una sesión que sería histórica algunos de los cerca de treinta diputados, entre los que pertenecen a La Cámpora, al Frente Patria Grande de Juan Grabois, la Corriente Clasista Combativa de Juan Carlos Alderete o el sindicalista Hugo Yasky.

Incluso el diálogo en buenos términos que abrió Martínez podría traer como sorpresa que los críticos acompañen la votación. “Nuestro voto en contra no está cerrado”, señaló el diputado oficialista consultado por elDiarioAR, dejando la puerta abierta a que podrían votar a favor si el acuerdo con FMI está acompañado de un paquete de iniciativas que garanticen la protección de los sectores populares, como podría ser un salario universal para los trabajadores informales, aunque en la Casa Rosada son esquivos por su costo fiscal. Por lo pronto, los críticos esperan señales: “No hay fecha para votar el acuerdo pero sí hay una fecha política que es el 1º de marzo –apuntó el legislador –: si el Presidente va a la Asamblea con un mensaje de consenso, es una cosa; pero si va con un discurso de festejar el acuerdo, es otra”.

El poroteo actual contabiliza que en FdT habría entre 80 y 90 apoyos –de 118 legisladores–, pero si todos dan quórum, los restantes 11 votos para lograr el quórum no serían difíciles de conseguir, ahora que JxC definió que apoyará siempre y cuando el acuerdo con el FMI excluya una suba de impuestos. “Hay mucho optimismo dentro del bloque. Más sabiendo que los diputados que responden al kirchnerismo se van a abstener pero van a estar en el recinto”, expresó un habitante del Congreso. En ese sentido, en el FdT hay una línea de trabajo que abona la idea de acelerar los tiempos, confiados en que el Gobierno y el Fondo ya tienen acordada la letra chica, por lo que podría haber un llamado a la comisión de Presupuesto y Hacienda –que comanda Carlos Heller– para el miércoles próximo, incluso invitando a Martín Guzmán a participar, y sesionar el jueves. 

En el despacho del presidente del bloque son más cautos –“el tema del FMI genera mucha tensión, no lo vemos para extraordinarias”–, pero sí confían en que podría avanzarse en lo que queda de febrero con una sesión extraordinaria para sacar algunos de las iniciativas que envió el Ejecutivo y que ya cuentan con cierto consenso de todo el arco político. Se avanzaría con la ley de respuesta integral al VIH y Hepatitis Virales –que ya fue tratado en la comisión de Salud–; la promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería; el proyecto de industrialización y comercialización de la planta cannabis –que tiene media sanción del Senado–; y las iniciativas ambientales de creación del Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”, el Parque y Reserva Nacional Ansenuza, en la provincia de Córdoba, y otro en el Islote Lobos, en la provincia de Río Negro. En esa sesión extraordinaria, sin el FMI en la orden del día, todos los diputados del FdT se mostrarían por primera vez en bloque, ahora conducidos por Martínez.

MC

La liviandad de las campañas que llevan adelante los partidos tradicionales contrasta con la profunda crisis social y económica que se vive en el país. Si intentamos adivinar la situación de la Argentina por el peso de esas propuestas tendremos la sensación de que existe una desconexión respecto del malestar social. Pero no existe tal desconexión. La intención es clara: como en un juego de luces, lo que se pone en foco permite a la vez ocultar aquello que queda bajo el cono de sombra. 

A días de las PASO es importante hablar del debate de fondo, oculto por las campañas de los partidos tradicionales. Y es que hay una puja por imponer una agenda de ajuste como salida a la crisis actual por un lado, y una intensa campaña por visibilizar las problemáticas de los trabajadores, la juventud y las mujeres y personas LGBT por el otro. En ese lado de la mecha estamos nosotros, hablando de lo que el gobierno y la oposición callan, como los $100.000 de salario mínimo vital y móvil ante la miseria salarial que afecta a la mayoría de las y los trabajadores, y la precarización y flexibilización laboral que afecta a la juventud, y del abandono educativo al que están sometidos los jóvenes con la universidades cerradas hasta el día de hoy.

El salario es uno de los grandes temas que se ha intentado ocultar en esta campaña. En la actualidad el salario real promedio es el más bajo de los últimos 18 años, y para no ser pobre en una familia se tipo necesita $67.577, sin contemplar el gasto de alquiler. Resulta inaceptable entonces que el salario mínimo, vital y móvil este ubicado en los $29.160, un acuerdo que habilita salarios ya no de pobreza sino de indigencia, y que requirió del consenso del gobierno nacional, las direcciones sindicales burocráticas y de los empresarios. Ante esta situación, hemos puesto en la agenda del debate político la necesidad de que el salario mínimo, vital y móvil parta de los $100.000 en un momento donde lo que resulta realmente imposible es vivir con menos de eso.

¿De dónde saldría el dinero destinado tales aumentos? En Argentina, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, hay enormes riquezas, pero concentradas en pocas manos. El agro registra la recaudación bruta más importante del siglo. En este momento, el sector paga un mísero 12% de retenciones, mientras las y los trabajadores y las mayorías populares pagamos un 21% de IVA. Por eso es necesario elevar el porcentaje de retenciones al agro a un 50%, eliminar el IVA a los productos de consumo masivos, y tomar medidas de redistribución progresivas que eleven las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad.

El país está ante una clara reactivación de la industria, con lo que el gobierno hace bandera, pero evita mencionar que esta reactivación se da en el marco del incremento del trabajo flexibilizado, un legado de los 90 que ningún gobierno ha combatido. Muy por el contrario, se ha profundizado con el paso de las décadas. El empleo por agencia sin derecho a vacaciones ni indemnización, los contratos temporales tanto en el ámbito privado como en el estatal, la precarización justificada por el primer trabajo, hasta el extremo del trabajo sin reconocimiento de vínculo laboral, como ocurre con quienes trabajan a través de las aplicaciones de reparto, son algunos ejemplos de ataque a las condiciones de trabajo que deben revertirse de inmediato para que la reactivación económica no sea a costa de la salud, la vida y el futuro de las y los jóvenes y de todos los trabajadores.

Tampoco debe quedar fuera del debate el abandono educativo que implica que no haya presencialidad segura en las universidades. Miles y miles de jóvenes que buscan tener un futuro mediante el estudio han sido abandonados. Es fundamental volver a la presencialidad optativa y segura sanitariamente, sobre todo para los primeros años que suelen definir la permanencia en la universidad. El aumento inmediato del presupuesto para educación y para la salud deben ser otro de los puntos de partida para pensar el país que necesitamos.

Alberto Fernández ha demostrado ser tibio con los sectores pudientes e inactivo ante las demandas populares. No discute el salario, no toca a los poderosos, pero sí aceptó la estafa histórica de Macri con el FMI. Una estafa que se intentará consumar mediante un acuerdo que implicará un ajuste brutal, a la vez que coloca al país bajo la tutela del Fondo. La ruptura con la deuda externa es una condición fundamental para poder construir un país donde progresar no sea una posibilidad exclusiva de los empresarios.

En la disputa por la agenda política también aparecen sectores directamente reaccionarios o “liber-fachos”, que buscan condicionar el curso del país y legitimar el ataque directo a los derechos conquistados por los sectores democráticos y por trabajadores a lo largo de años. Son campañas infladas en las alturas por intereses empresarios que pretenden recrear el bolsonarismo en el país, pero sin bases sociales reales por abajo. Agitan propuestas para erradicar las pocas leyes laborales favorables al trabajador, disolver los sindicatos, quitarle los mínimos impuestos que pagan los sectores que concentran las riquezas del país, a la vez que enarbolan discursos misóginos y negacionistas del cambio climático. Medidas de corte fascistas que requieren una dictadura a lo Videla para ser llevadas adelante. Malas noticias para ellos, en Argentina no hay lugar para sus proyectos fascistas.

En el escenario actual de malestar social y de fragmentación electoral al que vamos, sin elementos de polarización entre las fuerzas principales, existe un auditorio a la izquierda del dial político que espera debates de fondo y no sólo slogans. En ese marco nuestro aporte es el de haber colocado en la agenda política los problemas de las y los trabajadores. Eso significa renovar a la izquierda: entrar en la disputa electoral que atraviesa al país visibilizando los problemas de las amplias mayorías, a la vez que apostamos a ser una fuerza social transformadora en favor de los de abajo.

Las listas del Nuevo MAS estarán presentes en 13 provincias del país y en 50 distritos de la provincia de Buenos Aires, en la cual me toca encabezar la lista como pre-candidata a diputada nacional. Llamamos a todos, todas y todes a apoyarnos en las urnas el próximo 12 de septiembre para seguir dando pelea para que los problemas de los trabajadores, la juventud, las mujeres y las personas LGBTI sean el punto de partida para discutir a que país vamos.