Se encendieron alarmas en el poder. Tras arrinconar, para desplazarlo, a Ignacio Yacobucci, la apuesta de Santiago Caputo para ocupar la titularidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) es el polémico fiscal federal Paul Starc. Cruzado por un historial que parece más diseñado para incomodar a todos antes que para llevar adelante una gestión eficiente, la designación aún no oficializada de una figura tan controversial es, como mínimo, un gesto muy parecido a una provocación.

La salida de Yacobucci del organismo dedicado a combatir el lavado de activos fue, hasta anoche, una crónica de una destitución anunciada. Hace un mes que los rumores de su posible corrimiento se acrecentaron puertas adentro de la unidad. Pero todo comenzó a agravarse hace una semana, tras la publicación de elDiarioAR en la que se relataban las presiones del asesor presidencial sobre las autoridades de la UIF para no intervenir en causas judiciales que involucran al kirchnerismo.

El malestar en el Ejecutivo terminó de evidenciarse este jueves. Fuentes de Casa Rosada no solo acusaron a Yacobucci de contradecir la política de austeridad promovida por Milei al realizar numerosos viajes en primera clase sin autorización, sino que también se lo apuntó por supuestamente haber tenido un pobre desempeño en el vínculo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en octubre pasado aprobó el Informe de Evaluación Mutua de Argentina y evitó así que el país ingresara a la denominada “lista gris” del organismo.

Pero si las furibundas críticas oficiales contra Yacobucci se centraron en sus presunta falta de idoneidad, difícilmente el elegido como su remplazante inspire una confianza mayor en organismos internacionales como el GAFI. Paul Starc llega a la UIF con una trayectoria en el mundo judicial que, a primera vista, parece prometedora. Sin embargo, su CV está plagado de controversias que ensombrecen cualquier intento de destacarlo como una figura intachable.

Starc no es ningún desconocido para aquellos que transitan los pasillos del poder. Hijo del brigadier Luis Starc, señalado como testaferro de Alfredo Yabrán y cofundador de OCA, su apellido resonó en casos vinculados al lavado de dinero durante la década de 1990, curiosamente una de las problemáticas que la UIF apunta a combatir y erradicar. Su carrera judicial se inició en 1988 como auxiliar superior de sexta en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los años siguientes, Starc ascendió a cargos como prosecretario administrativo en el Juzgado Federal N° 3 desde agosto de 1991 y secretario a cargo de la Secretaría N° 7 del mismo juzgado, entre junio de 1993 y mayo de 1994. Posteriormente, ejerció como fiscal federal adjunto en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, posición que desempeñó durante 12 años, de mayo de 1994 a junio de 2006.

Pero su momento de mayor exposición tuvo lugar entre diciembre de 2007 y febrero de 2009, durante su paso por la función pública. En ese periodo, Starc estuvo al frente de la Subsecretaría de Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Provincia de Buenos Aires, en tiempos de Daniel Scioli como gobernador y Carlos Stornelli como ministro de Seguridad provincial. Su corta gestión estuvo marcada por las desprolijidades que envolvieron al caso Pomar, un símbolo de ineficacia y desorganización. La desaparición y muerte de una familia entera en 2009, hallada varias semanas después al costado de la ruta tras haberse despistado del camino y cuya investigación derivó en la denuncia contra varios policías por la omisión de sus deberes y la falsificación de actas de rastrillaje. Tras ese hecho, Starc regresó a su rol como fiscal federal titular en Tres de Febrero.

Vendetta

Más allá de los argumentos oficiales para designar a Starc, detrás de su nombramiento se esconde un dato de color que deja entrever hasta donde es capaz de llegar Santiago Caputo a la hora de cobrarse revanchas personales. Conocido por hacer alarde de sus gustos onerosos, el fiscal elegido para encabezar la UIF es ni más ni menos que la expareja de María Eugenia Talerico, directiva de la unidad antilavado entre 2016 y 2019 y madre de sus dos hijas. La semana pasada, ella había protagonizado una polémica en redes con @MileiEmperador, la cuenta atribuida al asesor presidencial, luego de que la interpelara por la supuesta lista de la AFIP de Mauricio Macri para proteger a empresarios vinculados al kirchnerismo.

“Santiago Caputo es la persona de este gobierno llamado a hacer las cosas que institucionalmente están mal”, definió Talerico al asesor presidencial en una entrevista en Radio con Vos, pocas horas después de su cruce virtual con “John”, el alter-ego de Caputo en X. La exfuncionaria de Cambiemos, que fuera aliada política de Ricardo López Murphy y militara la candidatura de Patricia Bullrich en 2023, sostiene que la concentración de poder que ostenta hoy Caputo puede llevar a que “esto termine mal”. En Casa Rosada opinan lo contrario, como marcó una fuente en las últimas horas: “Todo marcha acorde al plan”.

PL/MC

Transcurrido el primer año de mandato, el Gobierno de Macri había implementado un recorte sustancial en el presupuesto de Ciencia y Técnica. Cuentas de internet reales y ficticias, todas oficialistas, se lanzaron a escudriñar en las investigaciones del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y procuraron sembrar indignación por la existencia de tesis que incluían en su título las palabras Anteojito, el Rey León o Ricardo Arjona.

De buenas a primeras, el sistema científico argentino se vio auditado por un conjunto de trolls iletrados, sin experiencia laboral ni social reconocible. Clarín consideró que la crítica merecía un amplio despliegue y funcionarios con despacho oficial, secretarios y equipo de redes pasaron a comentar sobre la necesidad de reformular la política científica. Culminaba 2016 y el presupuesto de la función Ciencia y Técnica había descendido 18,5%.

Ocho años después, están los trolls, apellidos como Caputo y Sturzenegger vuelven a regir los destinos del Estado y los fondos de Ciencia y Técnica descendieron 32,9% en doce meses. Un análisis elaborado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, dirigido por el exministro del área Daniel Filmus, computa que a Cambiemos le llevó todo su mandato (2015-2019) implementar un sablazo de una magnitud similar a la conseguida por Javier Milei en apenas un año. Lo anunció Macri: lo mismo, pero más rápido. El ejecutor resultó ser otro.

Algunos de los activistas de redes de 2016 se esfumaron o cambiaron de tema cuando terminó el Gobierno de Cambiemos, dando crédito a la sospecha de una usina conocida como “los trolls de Marcos Peña”. Se fue @Apuntes_, llegó @TraductorTeAma; ya no insulta @drapignatta, lo hace @GordoDan_; Abdon @AlberdianoARG se calmó, se encendió Juan Doe @juandoedoe101101; @LuchoBugallo se institucionalizó como diputado bonaerense (Coalición Civica), los líberos @ZiberiaI y Ale Sarubbi Benitez @ASB2509 pisaron el acelerador.

En la nueva ola, aumentó el grado de violencia y el peso de los activistas de redes oficialistas dentro del Ejecutivo. Con Macri, su presencia era una pata sustancial del “relato”. Con Milei, conforman el corazón del Gobierno, al punto de que el Presidente se mimetiza con ellos. Y otro cambio fundamental. La obsesión de los críticos del Conicet ya no se centra en una tesis sobre las representaciones sociales en los personajes del Rey León, sino en otra sobre el Ano de Batman.  

Ruta común, otra velocidad

El trazo entre aquel recorte de 2016 y aquella agitación y la actualidad resulta elocuente sobre una dinámica de la política argentina, sobre todo en el ámbito de la derecha, que encuentra a Milei y a Macri en el mismo barco, pero con esbozos de que arrojarse mutuamente por la borda conllevaría beneficios. Los protagonistas se tironean entre sí. Un día pretenden ser lo mismo, al otro afirman ser la antítesis.

Resulta imposible concebir al mileísmo sin el precedente del macrismo. Además de compartir funcionarios de primer orden (Sturzenegger, Bullrich, Luis Caputo, Bausilli), el ultraderechista y su predecesor conservador se inscriben en una misma cosmovisión: apertura económica bajo la impronta del carry trade y el endeudamiento, con una diferencia clave. Mientras Macri aumentó el déficit en su primer bienio e intentó remediarlo, ya con el agua al cuello, en el segundo. Milei transformó el déficit heredado de 2,9% en superávit de 2%, en apenas doce meses.

La ruta común Cambiemos-La Libertad Avanza incluye la concepción patrimonialista de la política que pavimenta el aterrizaje de intereses privados en el manejo del Estado, el alineamiento con Washington y Tel Aviv, la denuncia al “curro de los derechos humanos” y la mano dura contra el delito y la protesta social: “despejar las calles”. Otra ligazón esencial. Macri y Milei se narran como exitosos provenientes del mundo privado que se sintieron llamados a arriesgar su prestigio en el lodo de la política.

Similitudes abundantes y una diferencia clave que plasmó una ráfaga de Patricia Bullrich, protagonista en ambos ciclos: “Antes quería dar un paso y me frenaban. Ahora no me frena nadie”. En la deriva extremista que adoptó el sistema político y buena parte de la sociedad, Milei resultó un mejor intérprete.

El Presidente supera las contradicciones del cuatrienio 2015-2019 y amenaza con quedarse con todo. Con crédito bien ganado como estratega de campaña, hoy algo desconcertado, Macri maniobra con una porción de votos reducida y en aparente descenso, pero conserva fierros todavía poderosos en los medios, la SIDE y Comodoro Py.

Similitudes abundantes y una diferencia clave que plasmó una ráfaga de Patricia Bullrich, protagonista en ambos ciclos: 'Antes quería dar un paso y me frenaban. Ahora no me frena nadie'

No todo es maquiavelismo político. La pulseada entre dos combatientes contra la corrupción y demócratas cabales como Macri y Milei (lo dice la tele, habrá que creer) adquirió una dinámica analizable desde la psicología. A cada guiño “para ir juntos y consolidar el cambio” le sigue una estocada. Si el terreno es la locura, vuelve a ganar Milei.

El Presidente anuncia el objetivo de listas unitarias, imperiosas para “poner clavos en el ataúd” del kirchnerismo y al socialismo, y acto seguido tilda al macrismo como un proyecto fracasado y prescindible. El exmandatario hace lo propio cuando parece tender la mano, para de inmediato filtrar intenciones de pelear por lo propio y denunciar componendas que atentan contra el espíritu republicano que, contra toda evidencia, se sigue asignando.

En ese marco, Macri rehabilitó un nombre: Cristian Ritondo.

Nombre prohibido

El presidente del PRO mencionó al jefe de la bancada del PRO en Diputados un mes después de la investigación que revelara sus millonarias propiedades offshore en Miami. En un mensaje en X, Macri designó a Ritondo como primer negociador para la conformación de listas de unidad para las elecciones legislativas, con el fin de que “el kirchnerismo nunca más vuelva a gobernar el país”.

Desde la información en este diario sobre los departamentos ocultos de Ritondo y su esposa, Romina Diago, en el estado de Florida, EE.UU., por un valor de US$ 2,6 millones, el sistema político actuó con la presunción de que se trataba de la punta del iceberg de la fortuna de quien aparecía como principal articulador entre el macrismo y los Milei. Terminales ancestrales de Ritondo en el mundo PRO forzaron el cono del silencio. Sólo un líder con espaldas suficientes —Macri— podía volver a mencionar el nombre prohibido.

Desde afuera, Milei había llenado el vacío cuando consideró a Ritondo víctima de “operaciones” por los servicios prestados en Diputados durante 2024. Gesto de lealtad o, mejor leído, maniobra para apropiarse de la carta negociadora del PRO en la Cámara Baja. Un ajedrez que los Milei demostraron que saben jugar.

Curioso destino el del honestista que gritaba en “Intratables” contra “los chorros de la política”. En el último bimestre de su primer año en Casa Rosada, tuvo que hacerse cargo de renegados que fue adoptando en pleno combate contra la casta. Además de Ritondo, Milei tuvo que tutelar la alocada fuga del saltimbanqui senador peronista Edgardo Kueider. El jefe de la DGI, Andrés Vázquez, también afecto a acumular propiedades en Florida —otra investigación publicada en elDiarioAR, esta vez, en compañía de La Nación—, fue absuelto por obra y gracia de la palabra de Manuel Adorni.

Ya se sabe, no importa si los hechos indican lo contrario. El iracundo consultor y hoy Presidente posee el don de consagrar la probidad de un funcionario, el poder adquisitivo de las jubilaciones o la prolongación de la vida de su perro. Si Milei y su gente lo dicen, es así.

Mensaje

La rehabilitación de Ritondo actúa en varias direcciones. Por un lado, funciona como señal de protección, en consonancia con los fierros mencionados. Ritondo no desfilará por los tribunales federales mientras se mantenga el statu quo judicial ni será sometido a una entrevista periodística no pautada. Resultó que el fiscal a cargo de investigar el caso, Eduardo Taiano, es considerado uno de los más eficientes del edificio de Comodoro Py en la técnica del cajoneo.

Para Macri, perder al jefe de la bancada PRO habría significado la probable aceleración de la diáspora en los bloques de Juntos por el Cambio, con un año por delante en el que el tren fantasma de la Libertad Avanza en Diputados y el Senado seguirá en marcada minoría. ¿Por qué arriesgar la estampida del PRO si del otro lado, más allá de las bravuconadas, el Ejecutivo tiene un limitado margen de acción?

Una voz del PRO que aguardaba el movimiento de Macri sobre Ritondo resume su lectura: “Es una señal de Mauricio para todos, más allá de Ritondo. Si mantenemos la cohesión, aumenta nuestro margen en el Congreso y nos planta mejor para armar listas, si es que vamos juntos. Nuestra relación con el ala política del Gobierno es más fluida que la del mamarracho de La Libertad Avanza, y eso lo tienen claro Santiago (Caputo), Karina (Milei) y Lule (Menem)”.

La cotización de ese apoyo se verá en las próximas semanas, cuando las cámaras traten la agenda de sesiones extraordinarias a la que llamó el Gobierno el viernes.

El talismán Lijo

Ritondo navegó 2024 con un pie en la mesa chica de Macri y otro en reuniones en Casa Rosada para sacarse selfies junto a Milei, pulgares arriba. Fue una actuación a dos puntas legitimada por el Presidente y su predecesor, aunque la fricción surge a cada instante.

Hay razones de peso que acentúan los descuerdos —a Macri todavía le cuesta resignarse ante el veto impuesto por los Milei a su hombre para obras y contrataciones públicas, Guillermo Dietrich— y otras que al macrismo le interesan resaltar como preocupaciones “institucionales”.

La postulación de Ariel Lijo a la Corte Suprema actúa como revulsivo unificador del macrismo institucional, cámaras empresariales, ONG y el multimedios La Nación, lanzado a un frenesí desorbitado. En el camino para describir las desgracias que supone el ascenso de Lijo, ese tándem se ve en la necesidad de construir pedestales surrealistas para los supremos Horacio Rosatti, el “ovacionado” Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, los jueces y fiscales viajeros a Lago Escondido y los confesores de las tertulias con Macri.

El terreno de la disputa son las redes, donde reina la ponzoña de las cuentas atribuidas a Santiago, y las pantallas mediáticas que exponen desgarradoras escenas entre las dos lealtades en pugna.

En la semana, el Gobierno buscó la confrontación mediante la divulgación vía Clarín de un presunto hallazgo de una unidad especial en ARCA (ex AFIP) creada durante el Gobierno de Macri para proteger a personas y grupos económicos con vínculos con el kirchnerismo, con Indalo —de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Souza— y Lázaro Báez a la cabeza.

La versión oficial resulta inverosímil por donde se la mire. Durante el mandato de Cambiemos, el sesgo de AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF), la SIDE y la Oficina Anticorrupción con foco adverso hacia el mundo kirchnerista y favorable hacia el macrista fue palmario, y hasta admitido públicamente por la abanderada Laura Alonso. A tal punto, que los acusados utilizaron los indicios de esa animadversión estatal como instrumento de su defensa.

Exfuncionarios de Cambiemos a cargo de esos organismos reaccionaron al unísono ante la filtración gubernamental y ratificaron que esa unidad de la AFIP, en rigor, tenía por fin dinamizar y blindar las actuaciones contra Indalo y Báez. Las defensas de esos empresarios, agradecidas.

Talerico, en la mira

Dos que salieron a escena a defender lo actuado fueron Mariano Federici y María Eugenia Talerico, exjefe y subjefa de la Unidad de Información Financiera. La segunda fue apuntada y amenazada por la cuenta @MileiEmperador, atribuida a Santiago Caputo.

La pelea entre exfuncionarios que hablan en su nombre y la impunidad de un arroba anónimo es a todas luces dispar. En plena batalla, el supuesto Caputo rescató una denuncia por una presunta maniobra de Federici y Talerico para beneficiar a la filial del HSBC en Argentina por no reportar operaciones sospechosas vinculadas al narco colombiano Henry de Jesús López Londoño, alias “Mi Sangre”, quien finalmente terminara condenado a treinta años de prisión en Estados Unidos.

La pelea entre exfuncionarios que hablan en su nombre y la impunidad de un arroba anónimo es a todas luces dispar

La actuación de Federici y Talerico, que llegaron a la UIF por su experiencia como asesores de compliance en el mundo financiero y en organismos internacionales, encendió polémica incluso fronteras adentro del macrismo y con la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Los intereses en juego invitan a prestar atención a las versiones y tomarlas con cautela.

La opacidad en torno a Federici se extiende hasta su presente. La actual conducción de la UIF detectó una supuesta venta ilegal de información del organismo a la agencia privada internacional de inteligencia financiera K2 Integrity, de la que el exfuncionario macrista pasó a formar parte. Federici lo negó y quedó abierto un expediente judicial.

Talerico se transformó en una de las primeras enemigas del Gobierno de Milei provenientes del macrismo. Cuando el panelista ultra ganó las elecciones presidenciales, el nombre de la ex UIF estaba acordado para hacerse cargo de la Dirección Nacional de Migraciones, pero fue dada de baja por Santiago y Karina días antes del traspaso presidencial. En la mirada de Talerico, el bloqueo obedeció una negociación entre la mesa chica de Milei y un sector del kirchnerismo.

La exsegunda de la UIF niega todo vínculo profesional o personal con el HSBC o sus directivos. Admite sólo un asesoramiento a un funcionario puntual sobre el que se había abierto una investigación, y aduce motivos estrictamente técnicos para la no imputación al HSBC en el caso “Mi Sangre”. Como ocurre invariablemente en las investigaciones que atañen a exfuncionarios de Macri, la denuncia en Comodoro Py por supuesta complicidad no prosperó.

La situación de Talerico es de bastante soledad, más allá de su referencia en Ricardo López Murphy. Acérrima anticristinista, se ubicó en el blanco de los Milei y se siente afuera de las idas y vueltas de Macri para pactar acuerdos y desacuerdos con el Gobierno. Muy pocos en el PRO declaran —como ella— que no les interesa en absoluto compartir una lista con los exponentes de La Libertad Avanza, pese al desdén unánime que genera ese partido dentro de las fronteras macristas.

Talerico aspira a competir por una diputación nacional por la provincia de Buenos Aires. En una era de patriadas personales, habrá que ver el destino, pero su aislamiento ratifica que un republicanismo conservador “honestista” se parece a un no lugar en la política argentina.

Humo y necesidad

El relato con más consenso dice que Milei está en posición de fortaleza para imponer condiciones en la negociación de listas. Que el PRO puro hoy no representa más de 10% a nivel nacional. Los Milei esgrimen como condición que el acuerdo debe abarcar los 24 distritos o nada.

Probablemente el valor del sello PRO tienda a cero en provincias como La Rioja, Formosa o Santa Cruz, y quien se legitime allí como mileísta podrá hacer una mejor cosecha, pero el capital electoral del partido de Macri o el macrismo como entidad tiene vigencia en distritos que reparten más bancas: las dos Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y Santa Fe. A su vez, no es lo mismo una provincia con gobernador afiliado al PRO (Entre Ríos, Chubut, CABA), que otra administrada por el peronismo o un provincial.

El tiempo dirá cuánto cotiza una alianza, por ejemplo, del macrismo con la UCR en Córdoba ante una eventual aventura mileísta auspiciada por Karina y el sello de La Libertad Avanza. De lo que hay menos dudas es de que una divisoria de aguas entre la ultraderecha y la derecha expone al oficialismo puro a la hipótesis de no declararse ganador en varios distritos, con la provincia de Buenos Aires a la cabeza.

Una divisoria de aguas entre la ultraderecha y la derecha expone al oficialismo puro a la hipótesis de no declararse ganador en varios distritos, con la provincia de Buenos Aires a la cabeza

No es sólo una cuestión de la foto del domingo electoral por la noche con un Kirchner levantando la mano del ganador, sino de reparto de bancas, sobre todo, en el Senado y en el tramo de Diputados de las provincias más chicas, donde el primero se lleva dos, el segundo, una, y el tercero, nada.

Es en ese cálculo, provincia por provincia, donde deben encontrarse respuestas sobre el camino común entre Milei y Macri, antes que en Lijo, los tuits de Santiago, la salud de la República y el ano de Batman. 

SL

La semana empezó con una maniobra que llevó la firma de un estratega en modo guerrilla digital. El blanco fue María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) en tiempos de Cambiemos, quien recibió un ataque directo por parte de la cuenta de X atribuida al asesor presidencial Santiago Caputo. “Hola @eugetale. ¿Nos quieren contar para qué tenían armada esa lista de 'protección' en la AFIP llena de empresarios kirchneristas? Pregunta Mabel de Recoleta”, lanzó, con ironía, @MileiEmperador, “John”, el avatar que utilizaría en redes sociales el hombre de mayor confianza de Javier Milei.

El trascendido acerca de la existencia de un mecanismo ideado por la AFIP de Mauricio Macri para proteger determinados nombres vinculados al kirchnerismo no solo marcó un capítulo más en la zaga de encuentros y desencuentros que cruzan la relación entre La Libertad Avanza y el PRO. También mostró la repercusión pública que es capaz de alcanzar el joven Caputo desde el anonimato en X. Desde allí, agita su “propaganda” y “contrapropoganda” libertaria en tono provocador, como si no estuviese al mando, en las sombras, de dos áreas extremadamente sensibles del organigrama estatal: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —como rebautizó Milei al organismo encargado del cobro de impuestos— y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

“Santiago Caputo es la persona de este gobierno llamado a hacer las cosas que institucionalmente están mal”, definió Talerico al asesor presidencial en una entrevista en Radio con Vos, el martes, pocas horas después de su cruce virtual con “John”. “Ariel Lijo como candidato a la Corte Suprema representa en este gobierno lo que pasa con Andrés Vázquez en la exAFIP, lo que pasa con Ernesto Kuider cruzando una frontera, el atraso de Ficha Limpia, la negociación con los distintos senadores”, enumeró.

La exfuncionaria, que fuera aliada política de Ricardo López Murphy y militara la candidatura de Patricia Bullrich en 2023, sostiene que la concentración de poder que ostenta hoy Caputo puede llevar a que “esto termine mal”. Sin embargo, el asesor estrella de Milei reniega de las voces que lo presentan como el culpable de todo. En los pasillos de Casa Rosada nadie parece advertir que su ambición puede llevarlo a guerras intestinas hasta el momento inexistentes: Vázquez, jefe de la Dirección General de Impositiva (DGI) y alfil suyo en la flamante ARCA, es mirado de reojo por Juan Pazo, el titular del ente recaudador, figura de extrema confianza de su tío, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

Según pudo saber elDiarioAR, Pazo, que al igual que Talerico fue funcionario del gobierno de Cambiemos, se enteró de la supuesta lista de la exAFIP recién después de que fue publicada por Clarín. Desde el Gobierno iniciaron una auditoría interna en ARCA para investigar qué objetivo tenía esa documentación con datos sensibles de figuras vinculadas al kirchnerismo, como Lázaro Báez y Alejandro Vandenbroele, que hasta el momento no fue denunciado oficialmente ante la Justicia. A contramano de los dichos del propio Milei en una entrevista con El Obervardor, en Balcarce 50 reconocen que todavía no está claro si la gestión macrista utilizó esa información para proteger a los apuntados o, por el contrario, para “perseguirlos”.

“Una pantalla de humo”, definió al caso el senador del kirchnerismo Oscar Parrilli tras ser consultado en una entrevista con AM750. Es que no faltan los que creen que la filtración fue en realidad una estrategema ideada por Santiago Caputo con el fin de distraer la atención pública de un tema sensible para su protegido Vázquez: la designación de María Eugenia Fanelli, su pareja, al frente de la Dirección Regional Centro II de la ciudad de Buenos Aires, un área bajo la propia órbita de la DGI. “¿Por qué Martín Menem puede tener a su sobrino trabajando con él y Vázquez no puede tener a su esposa?”, justificaban, venenosos, cerca de Caputo, en alusión a Sharif Menem, flamante referente juvenil de La Libertad Avanza que se desempeña como director general de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de Diputados.

Al promover a Fanelli, Vázquez, de fluidos lazos con los servicios de inteligencia, llevaba una semana en su nuevo cargo, tras la publicación de su propio nombramiento en el Boletín Oficial, el 25 de octubre. En tanto, el mes pasado, el controvertido funcionario ya había sido denunciado en la Justicia a raíz de otra investigación periodística de elDiarioAR, que reveló que en 2013 había comprado tres departamentos en Miami, por unos US$2 millones, nunca registrados en las declaraciones juradas que está obligado a presentar en la Oficina Anticorrupción (OA).

Con la venia de Caputo (Santiago), Vázquez se mueve como el verdadero mandamás de ARCA, un área clave del poder real en la Argentina. No es más que otro ejemplo de la ambición que caracteriza a uno los integrantes del “triángulo de hierro”, en quien los hermanos Milei delegaron facultades pese a no figurar en la planilla de funcionarios. “El trabajo de la política en la presente hora nacional es destruir el edificio corporativo del modelo empobrecedor de la casta, que nos ha legado un país con la mitad de los argentinos pobres. Y si hace falta usar las armas del enemigo para hacerlo, entonces eso es lo que hay que hacer”, escribió “John”, su alter-ego tuitero, en un extenso mensaje publicado el jueves en X.

Es que cada uno de los movimientos de Caputo está dirigido a consolidar un sistema donde el concepto de “calidad institucional” debe estar subordinado a la causa de la defensa “la vida, la libertad y la propiedad”, según su propia visión. Pero el asesor presidencial va más allá: su influencia abarca desde la SIDE hasta el Ministerio de Justicia, con presiones constantes hacia la Unidad de Información Financiera (UIF), como reveló este viernes elDiarioAR. También ámbitos como YPF o la estrategia comunicacional en su conjunto. Una compleja botonera que da recursos, pero también extremas responsabilidades.

PL/MC

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, y el extitular de la AFIP durante la presidencia de Mauricio Macri, Alberto Abad, negaron hoy la existencia de una red de protección a kirchneristas que denuncio el Gobierno de Javier Milei.

“Jamás armé una lista de protección de los K, sino que los denuncié”, aseguró Talerico, mientras que Abad señaló: “Es un insulto a quienes investigamos yendo a fondo”.

En declaraciones al diario Clarín, Talerico sostuvo que “Santiago Caputo está desvelado por ensuciarme y como han montado todo 'un aparato' para perseguir y operar a críticos del Gobierno salieron con esta burda mentira que esta vez, es fácilmente demostrable. Jamás armé una lista de protección a los K, sino que los denuncié”.

“El estilo de cooptación de organismos, medios y jueces, para replicar las costumbres kirchneristas, está en marcha y no dejaré de alzar mi voz, asumiendo los costos, para intentar corregir este desvarío institucional que nos hará daño como República”, agregó.

En Twitter, Talerico había posteado: “De una ignorancia alarmante, Santiago Caputo. Te asesoraron mal los kirchneristas con los que pactas la impunidad para CFK”, en alusión al jefe de la DGI, Andrés Vázquez, denunciado por la Coalición Cívica de Elisa Carrió por supuesto enriquecimiento ilícito y por haber ascendido a su pareja dentro del organismo. “Fui Vicepresidente de la UIF de Mauricio Macri, jamás tuve nada que ver con la AFIP”, añadió

Caputo lanzó un mensaje irónico contra la exfuncionaria a través de una cuenta que se le atribuye en X. “Hola @eugetale Nos quieren contar para que tenían armada esa lista de ”protección“ en la AFIP llena de empresarios kirchneristas? Pregunta Mabel de Recoleta”.

Abad, a su vez, rechazó la denuncia sobre la presunta existencia de una red de protección a empresarios kirchneristas dentro del organismo y consideró que esa acusación resulta “un insulto” para quienes investigaron al kirchnerismo en circunstancias muy adversas.

“Es falso, absolutamente falso”, afirmó a La Nación Abad, que planteó que regresó a la AFIP en diciembre de 2015 para revigorizar el organismo y corregir abusos que le endilgó a la gestión de su antecesor en el cargo, Ricardo Echegaray. “Las bases de información de la AFIP estaban totalmente infiltradas, con abusos de todo tipo. Se vendía y se filtraba información, que después se usaba para operaciones”, sostuvo.

“En ese contexto –abundó el exfuncionario- ordenamos proteger la información sensible sobre un abanico amplísimo de contribuyentes para que quedara registrado si algún funcionario o agente de la AFIP accedía a los datos de alguna de esas personas o empresas, y automáticamente se verificara si su acceso a esos datos estaba justificado o no”.

“Tengo colaboradores que recibieron hasta seis denuncias penales por investigar a la familia Kirchner, a Cristóbal López o Lázaro Báez, entre otros, ¿y ahora resulta que en realidad los estábamos protegiendo a todos ellos?”, preguntó. Abad fue terminante contra las afirmaciones del Gobierno. “Son un insulto a quienes trabajamos cuando había que trabajar e investigamos lo que había que investigar, yendo a fondo, pero sin quebrantar la ley, aunque ahora nos quieran adjudicar que ‘protegimos’ a tal o cual”.

El Gobierno de Javier Milei denunció este lunes que detectó una supuesta red de protección a empresarios kirchneristas dentro de la ex-AFIP, iniciada en 2016, que atribuyó a los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Según la versión que difundió el Gobierno, la cúpula de la AFIP liderada por Abad y Leandro Cuccioli –designados por Macri–, y de Mercedes Marcó del Pont y Carlos Castagneto –que los sucedieron durante la presidencia de Fernández–, fijó un sistema a partir de 2016 –en el gobierno de Macri– para “trabar” auditorías “sin razón formal” sobre contribuyentes, ya fueran personas o empresas, que fueran de “interés público”.

El ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde acumula por estas horas un frente judicial en su contra luego de que estallara el escándalo por el viaje que realizó a Marbella junto a la modelo Sofía Clerici, donde se filtraron fotos, videos y supuestos regalos de lujo que le habría hecho.

Una de las denuncias se presentó la semana pasada en la Justicia provincial de La Plata: el dirigente del PRO Enrique Avogrado advirtió sobre el supuesto acuerdo de separación de bienes que habrían firmado el intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia y su ex pareja Jésica Cirio, por el cual él habría pagado US$ 20 millones.

La denuncia aporta el dato periodístico dado a conocer por Carlos Pagni y tramita en la Fiscalía número 6 del Departamento Judicial de la capital provincial.

En esa sintonía, este lunes, los dirigentes Ricardo López Murphy y María Eugenia Talerico van a sumar a esta última denuncia el polémico viaje de Insaurralde con Clerici al Mediterráneo y apuntarán hacia la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

También el abogado Gastón Marano denunció al dirigente peronista por evasión ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora, a raíz de los gastos de lujo que hizo en ese viaje en Marbella y que no se sustentan en su declaración jurada.

Es probable que las denuncias contra Insaurralde tramiten todas en Lomas de Zamora por ser donde está radicado, aunque también podría ser en La Plata, por la actividad que desarrollaba como jefe de Gabinete provincial antes del escándalo que lo obligó a dar un paso al costado.

Clerici, también denunciada

La modelo Sofía Clerici también fue denunciada en la Justicia Federal por haber recibido lujosos regalos en el marco de un viaje que realizó a Marbella con el ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde.

Los bienes en cuestión son el reloj Rolex Perpetual Date, valuado en 14 mil dólares; una cartera Louis Vuitton; y una pulsera Cartier.

La denuncia fue realizada por el abogado Gastón Marano, quien afirmó que la modelo está inscripta en AFIP en la categoría más baja, con un límite de facturación de 116 mil pesos mensuales como venta de ropa interior, con lo cual no tiene capacidad económica para asumir esos gastos.

Es que luego de estallar el escándalo, en publicaciones en sus redes sociales, la modelo dijo que compró esas cosas con sus propios ingresos, algo que parece haber hecho para desvincular a Insaurralde de la polémica.

Además, el denunciante aportó en la denuncia una foto de la modelo Jésica Cirio, ex de Insaurralde, con una pulsera también de la marca Cartier, lo que interpreta como un clásico del lomense a la hora de hacer regalos.

Sobre la denuncia contra Clerici, el abogado señaló que “la mera aceptación de los objetos descriptos, toda vez que la destinataria de estos pudo haber sospechado su origen ilícito - en tanto el salario y la declaración jurada impositiva de Insaurralde son de dominio público, y la asimetría entre aquellos datos y el costo de esos bienes suntuarios es patente-” la haría cómplice del dirigente peronista.

“La corroboración de tal aseveración requerirá una intensa investigación penal que busque acreditar, por un lado, el origen lícito o irregular de los bienes y, culminado ello, el conocimiento o desconocimiento por parte de Clerici de ese origen.

Sólo así podrá disiparse la interrogante respecto a si nos encontramos frente a una conducta de significación penal, respecto a lo que en la jerga denominamos ´encubrimiento por receptación o adquisición´, mas no antes“, resumió en la presentación hecha en la Justicia Federal de Lomas de Zamora.

Con información de NA.

IG

Los integrantes de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy, María Eugenia Talerico y Javier Iguacel denunciaron a los dos camaristas de La Plata que anularon la investigación contra Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ que fue detenido mientras sacaba dinero de un cajero automático con 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura Bonaerense y con $1.257.000 en efectivo. 

La denuncia penal es contra los camaristas platenses Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, quienes anularon la investigación al considerar que los policías que detuvieron a Rigau lo hicieron sin previa autorización judicial.

Según los denunciantes, los hechos “permiten sin lugar a dudas poner un manto de sombra sobre las contrataciones de los empleados legislativos”. 

“Creemos que semejante cantidad de tarjetas para extraer dinero público en poder de una sola persona, demuestran que no actúa solo y que forma parte de un armado mayor de protección, de presta nombres, de padrinos políticos que se han organizado para defraudar al Estado”, señalaron en la denuncia. 

Incluso, remarcaron que el abogado del puntero, Alfredo Gascón Cotti, es a su vez asesor en la Legislatura. Esto suma más dudas sobre el uso de fondos públicos. 

Desde su cuenta de la red social X, Talerico pidió “ir hasta las últimas consecuencias, limpiar a nuestro país de corruptos y depurar nuestra democracia. Juicio político a Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo”.

Los hechos justifican -según dijeron- “investigar la razonabilidad del costo presupuestario de la Legislatura a la luz de la posible comisión de delitos.

La causa está anulada mientras tanto a la espera de la apelación del fiscal general de La Plata Héctor Vogliolo, para lo cual está en plazo durante 20 días, para recurrir a la Cámara de Casación Bonaerense pidiendo que se siga activa la investigación contra Rigau, quien a raíz del fallo de la Cámara recuperó su libertad.

Los tiempos para apelar son de veinte días una vez notificado, pero en el plazo de los primeros siete días deberá manifestar al Tribunal que dictó la resolución su voluntad de apelar a la Casación, caso contrario el fallo quedará firme y la anulación de la causa en consecuencia. 

Tras recalar en la Cámara de Casación Bonaerense es allí la única chance que se tiene de definir si el caso se sigue investigando o no. El Tribunal no tiene plazos para resolver. 

Mientras tanto, Rigau quedó en libertad y por el momento todas las medidas de prueba que tenía pendiente de realizar la fiscalía quedarán a la espera de la decisión judicial sobre si se vuelve o no a investigar.

Las 49 tarjetas de “Chocolate” Rigau

El indigente que dormía dentro del Banco Provincia, ubicado en calle 7 y 54 de la ciudad de La Plata, nunca se imaginó que los extraños movimientos que denunció a un policía de la cuadra derivarían en un escándalo mayúsculo que compromete a buena parte de la política del distrito más poblado del país. Julio Segundo “Chocolate” Rigau tenía 49 tarjetas de débito en su haber cuando estaba frente a un cajero automático en el que había llegado a extraer $1.257.000.

“Chocolate” fue detenido en el momento por el delito de “malversación de fondos públicos”. Manejaba 27 millones de pesos por mes, o sea, 350 millones de pesos al año. Le cobraba el sueldo a 50 asesores de la Legislatura Bonaerense de distintos partidos políticos.

Rigau tenía en su poder las tarjetas de débito de dos familiares y la propia ya que se desempeñaba como electricista, aunque, según las fuentes consultadas por la agencia NA en la legislatura provincial, “nunca lo vimos cambiar una lamparita”.

En el barrio La Granja, Rigau mantenía un comedor comunitario que recibe un subsidio del Ministerio de Desarrollo Social y tenía su casa particular.

De acuerdo a lo que consigna NA, en La Plata a “Chocolate” lo vinculan con la política peronista pues su padrino político sería el concejal Facundo Albini, hijo de Claudio Albini, ex Director de Personal de la Legislatura Bonaerense. Rigau logró la excarcelación rápido, gracias a la defensa del estudio legal Gascón Cotti, uno de los más prestigiosos de la ciudad.

Los abogados defensores de “Chocolate” lograron que la causa se cierre gracias al fallo de los camaristas Juan Benavides y Alejandro Villordo de la Sala III, que no fueron acompañados en su voto por Fernando Mateos.

En el período que la justicia investigó a “Chocolate”, 16 testigos que declararon en la causa afirmaron que le donaban su ingreso en la Legislatura a Rigau por tareas solidarias, para mantener la Copa de Leche del barrio La Granja.

Con información de NA.

IG

Las diagonales de Ricardo López Murphy (1951) se cruzan con las de Cristina Fernández de Kirchner (1953) desde los años del secundario, cuando él asistía a la Escuela Superior de Comercio de La Plata, en 3 y 46, y ella al Misericordia, a dos cuadras, en 4 y 44. Amistades entre dos colegios tradicionales de la ciudad, bailes de largo y terno y rienda suelta a la vocación política.

Los futuros economista y abogada emergieron de la adolescencia con ideas de izquierda, pero en continentes distintos: radicalismo y peronismo. De inmediato, las diagonales se bifurcaron. López Murphy tomó tempranamente un antídoto contra su admiración por la “igualdad y libertad del laborismo israelí, porque nunca fui bolche ni marxista”. Un hito en la sanación ocurrió durante un almuerzo clandestino con Ricardo Balbín en Villa Elisa, bajo la anteúltima dictadura. Entonces en Franja Morada, el estudiante de Economía expuso su voluntad de “estatizar todo”. El Viejo Adversario respondió: “Usted me habló de cómo iba a resolver la vivienda, la salud, la educación... De lo único que no me habló fue de la libertad. Prácticamente nos está poniendo en una penitenciaría”. López Murphy se “paralizó” y el resto de los comensales rieron.  

La segunda dosis contra vestigios estatizantes llegó en la facultad. “El paso se dio hacia tercer año. Entré a esto (el liberalismo económico) por la matemática, no por la economía. Cuando empecé a estudiar las ecuaciones de precio, me di cuenta de que todo lo que se decía (en la izquierda) era un disparate, imposible de pensar”. En esos años, Cristina se iba convenciendo de lo contrario en la Facultad de Derecho, en la misma Universidad de La Plata. Cuatro décadas después, López Murphy disimula sus diferencias con el macrismo en aras de una meta mayor: frenar a la exalumna del Misericordia.

El siguiente es el diálogo mantenido con el líder de Republicanos Unidos.

¿Por qué decide participar de la primara de Juntos por el Cambio, coalición con la que mantiene diferencias, en lugar de un frente propio, como querían otros sectores liberales o libertarios?

Es verdad no sólo que he manifestado críticas al Gobierno anterior; también he sido desde hace muchos años una voz opuesta a la gestión y la política de las principales fuerzas de Juntos por el Cambio ¿Qué me motivó a ir para ese lado? Básicamente observé una deriva muy fuerte a una política más extrema del Gobierno nacional, que se expresa en la política exterior: del Presidente que iba a Israel al que se solidariza con Hamás; el que acompañaba a Canadá en la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia por la dictadura sangrienta de (Nicolás) Maduro, al que se retira después de sustanciada la denuncia; o el Presidente que debería expresar las críticas a (Daniel) Ortega – (Rosario) Murillo y actúa con complicidad en un entorno a todas luces escandaloso de detención de opositores para ganar la elección. En la política doméstica, la deriva hacia posiciones más extremas en materia judicial, ley de la hidrovía, ferrocarriles de carga…

El Gobierno sigue una estrategia que no sólo nos deriva a un régimen hegemónico sino a una creciente pobreza. Una elección parlamentaria es momento de mostrar los matices, pero en las encuestas, los focus y los zooms, el grueso de la gente me pedía un gran frente opositor y que no se perdiera el voto. Fui casi llevado por encuestas de opinión. Entiendo a los que se decidieron ir por afuera. Una posición ve que no llegó el momento de aunar fuerzas, y otra más extrema que pone a la oposición en el mismo plano que el oficialismo. En mi caso, tengo un antagonismo muy delineado con el kirchnerismo más allá de mis diferencias con parte de la oposición. En algunas provincias vamos a ir como Republicanos Unidos y en otras vamos a ir en una coalición de centroderecha.

Queda clara su visión sobre Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¿Por qué desde su sector omiten situaciones como la de Colombia, que es el país de la región en el que más matanzas tienen lugar; la represión en Chile; la demora en la proclamación de Castillo en Perú; o el golpe de Estado en Bolivia?

Omitió el caso de México, donde hubo más muertos en el pasado proceso electoral que en todos los anteriores. América Latina está viviendo una situación muy compleja, la de Colombia lo es. La frontera con Venezuela es tremenda, ahí acaba de morir Jesús Santrich, uno de los líderes de la guerrilla que estuvo en el proceso de paz, y, como se lo encontró vinculado al narcotráfico, se fugó y se plegó a la acción sediciosa. Murió en conflictos en la frontera con las propias fuerzas venezolanas y del crimen organizado. Creo que el Gobierno del presidente (Iván) Duque está sujeto al estado de derecho y los grupos que actúan contra el estado de derecho no, en una guerra civil que lleva 70 años.

¿Usted me ha visto hacer campaña por Fujimori?

Los falsos positivos en Colombia fueron matanzas perpetradas por el Ejército, dejaron 6.000 víctimas, y el vínculo de Álvaro Uribe (mentor de Duque) y sus allegados con paramilitares dio lugar a causas judiciales con mucho cuerpo. ¿No ve un enorme desbalance a la hora de abordar situaciones inaceptables en los diferentes países?

Me preocupa mucho porque, en el acierto o en el error, Colombia ha hecho un enorme esfuerzo para dejar atrás el problema. Ese proceso me tiene muy preocupado. En el caso de Perú, tengo una definición muy tajante, estoy esperando la resolución judicial. ¿Usted qué haría? No conozco detalles, pero no veo al Gobierno (de Francisco Sagasti) interviniendo para trabar la resolución judicial. En cuanto a Chile, sé que el Gobierno del presidente (Sebastián) Piñera ha hecho los máximos esfuerzos para tratar de conducir una situación muy compleja y ha tratado de canalizar institucionalmente el proceso de la mejor manera en circunstancias muy difíciles. Chile fue convertido en un gigantesco caos.

En Perú, quienes están interponiendo recursos para que no se proclame al ganador de las elecciones realizadas hace un mes es una candidata, Keiko Fujimori, que promete indultar a su padre, condenado por crímenes de lesa humanidad, y pertenece a un grupo que efectivamente hizo fraude en 2000.

¿Usted me ha visto hacer campaña por Fujimori?

Sobre Chile, hay informes de organismos de derechos humanos, Naciones Unidas, Amnesty y Human Rights Watch sobre la brutalidad de la represión, con decenas de personas que perdieron la vista, muertos y cientos de encarcelados por las protestas.

Lo que digo es que las fuerzas de seguridad en una situación así corren el riesgo de que ocurran problemas, no lo estoy desoyendo. No comparto la idea de que el Gobierno dio esas órdenes y lógicamente hay riesgos en un conflicto tan extendido en el tiempo. Déjeme reflexionar sobre Cuba, el caso más antiguo. Allí el tabaco y los hoteles quedaron en mano de los españoles, los crustáceos y el estaño en mano de los canadienses; ha desaparecido la producción de azúcar. Lo que ha ocurrido es una catástrofe. No está registrada en la opinión pública la caída dramática en el nivel de vida. Cuidado con subestimar las catástrofes cuando se gobierna con ideas que son contradictorias del sentido común. Más allá de la violencia, la brutalidad, las persecuciones, los delitos de opinión. Estoy hablando de una cosa específica que es el disparate, que es muy frecuente en este Gobierno de Fernández, como la central eléctrica carbonífera en Río Turbio, las centrales hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, la hidrovía y el transporte de cargas.

Municiones para Bolivia

¿Qué reflexión le merece la información sobre el envío de al menos 70.000 municiones antitumulto por parte del Gobierno de Mauricio Macri en el momento en que se produce el golpe de Estado en Bolivia?

Supongo que la Gendarmería fue con fuerzas a proteger la embajada y a los periodistas argentinos en una situación caótica. Sobre los otros detalles, he escuchado las dos campanas. Seguramente habrá un proceso judicial que esclarecerá los hechos.

La lista que lo acompaña para las primarias está conformada por personas que, más allá de su recorrido profesional, se hicieron mayormente conocidas por las redes sociales (Sandra Pitta, Franco Rinaldi) o por cuestiones extrapolíticas (Roberto García Moritán, novio de Pampita) ¿Esa conformación no va en detrimento del valor de la militancia?

La militancia está allí. La lista debe llevar a 70 personas entre candidatos a diputados nacionales y legisladores, de las cuales cuatro no pertenecen a nuestras filas. No me parece una desproporción. Forma parte de la tensión de buscar una lista lo más amplia posible y vinculada a la sociedad civil. Hay un fuerte deterioro de la vinculación de la dirigencia política y hemos tratado de incorporar empresarios de la actividad gastronómica y los servicios, referentes de la ciencia, la acción social y especialistas en narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de dinero. Más allá de todas las quejas y dificultades, quisiera que le prestemos mucha atención a situaciones como que los reclusos se fuguen con armas y ametralladoras, como ocurrió en Rosario, y al poder del crimen organizado.

La lista que presentó incluye a la ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF, antilavado) del Gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, quien había sido abogada del HSBC, banco que enfrentó casos por lavado en todo el mundo. La gestión de Talerico y Mariano Federici en la UIF enfrenta una causa penal federal por supuestamente haber intervenido para omitir una notificación sobre la participación del HSBC en la investigación por lavado del narcotraficante Mi Sangre, en contra de la opinión unánime del Consejo Asesor. ¿Es correcto desde el punto de vista institucional y de transparencia?

Lo mejor es que Talerico se defienda, pero lo ha hecho con suma fortaleza cada vez que nosotros la interrogamos. La información que hay sobre ella es falsa

Puedo cometer errores, pero eso lo he revisado. La expresidente y actual vicepresidente (Cristina) acusó a Talerico de haber sido funcionaria del HSBC, pero nunca lo fue, sino que fue abogada de un empleado del banco (Gustavo Pécora). Uno de los argumentos que el empleado podía utilizar (ante la acusación de haber omitido un alerta sobre sospecha de lavado) era que había habido un problema con el sistema electrónico y organizativo, y por eso necesitaba un abogado que no perteneciera la HSBC, y ahí es cuando María Eugenia Talerico va. Es decir, la información que hay sobre ella es falsa. Es muy importante, porque se la acusa de algo que no es. He hablado con los abogados que defendieron al banco, y justamente ella fue defensora de una parte que tenía conflicto de intereses con el banco.

El contratante del abogado del empleado fue el propio HSBC.

Fíjese lo que habré estudiado el caso. El empleado podría argüir que era responsabilidad del sistema, por lo que el problema pasaba a ser responsabilidad del directorio. Después, quién pagó el abogado es un tema menor. (ndr: consultado para esta nota, el HSBC confirmó que los honorarios por la defensa de Pécora fueron abonados por el propio banco)

De todas formas, el HSBC enfrentó investigaciones por lavado en Estados Unidos, México, Argentina, Suiza, Francia y Reino Unido, e incluso recibió condenas y se sometió a arbitraje. ¿No es un problema que una persona que defendió a un responsable del HSBC a su vez haya pertenecido a la cúpula de la UIF, que casualmente está acusada de beneficiar al banco?

Creo que no, si creyera lo contrario no la hubiera nominado. Confío en haber hecho el debido esfuerzo. Lo mejor es que ella se defienda, pero lo ha hecho con suma fortaleza cada vez que nosotros la interrogamos. Por supuesto todos estos temas son opinables. Hubo debido proceso y llegamos a la conclusión de que su contribución en los temas de gobernanza, narcotráfico y lavado de dinero era vital.

¿Cuál es su visión general sobre los múltiples casos en los que el Gobierno de Macri protagonizó conflictos de intereses o directamente corrupción? El más emblemático es el Correo, una acuerdo totalmente lesivo para el Estado según los peritajes, pero también el esquema de los parques eólicos, los peajes y el Paseo del Bajo, en el que medidas del Gobierno derivaron en que se disparara, casualmente o no, el valor de los activos del Grupo Macri.

Yo no formé parte de ese Gobierno. Usted sabe que yo tuve una actitud crítica y no me hago cargo del Gobierno de Macri. Se harán cargo ellos en los procesos judiciales.

¿Cuál es su opinión, más allá de que no se hace cargo?

Supongo que la Argentina tiene un sistema judicial que evalúa cada caso y voy a esperar las resoluciones judiciales. En su momento, hice las críticas que tuve que hacer.

En más de una oportunidad se refirió a los juicios a los represores como “venganza” y participó de encuentros y conferencias con sectores que esgrimen una visión negacionista o favorable a los dos demonios. ¿Por qué?

Mi opinión sobre ese tema es muy similar a la que siguió el fallecido juez de la Corte (Carlos) Fayt: no se puede juzgar a una misma persona dos veces por el mismo hecho ni por ley posterior a cuando ocurrieron los hechos, se debe respetar el debido proceso, y si ha habido medidas de amnistía e indulto, no son reversibles. Eso es lo que he dicho y sigo sosteniendo. Son los principios del derecho liberal y me parece que son perfectamente sostenibles. Cuando fui ministro de Defensa (1999-2001) me expresé con suma claridad sobre que la Argentina había juzgado, condenado e indultado, y había que entender que los procesos estaban terminados.

Las leyes de impunidad fueron logradas mediante intentos de golpe de Estado o bajo presión.

Recuerde que las resoluciones fundamentales habían sido enunciadas en la campaña del presidente (Raúl) Alfonsín. Los tres niveles de responsabilidades, y ninguna de las leyes desatendió ese concepto.

Más allá de lo jurídico, qué opina en cuanto a la dignidad de un país, que quienes cometieron crímenes de lesa humanidad podrían haber quedado impunes.

Me remito a la opinión jurídica. Cuando Fayt hace su voto, pone muy claramente que los procesos habían concluido. No estoy dispuesto a revisar. Si me dice si yo creí que era correcto el golpe militar de 1976, no, estuve opuesto a eso. Y por supuesto estuve opuesto al sistema que se utilizó. Hay una cuestión jurídica que prevalece en un estado de derecho.

En Estados Unidos, si usted no acepta la orden de detención, la Policía abre fuego.

¿Qué opina del homicidio cometido por el policía Luis Chocobar (mató a un ladrón en fuga por la espalda) desde el punto de vista del estado de derecho?

Una de las cosas que hay que resolver en la Argentina son las reglas de empeñamiento de las fuerzas de seguridad. En Estados Unidos, si usted no acepta la orden de detención, la Policía abre fuego. Hay una mecánica que tiene mucho que ver con el problema de la guerra antisubversiva. Hay que tener una doctrina, no puede ser que la responsabilidad pase a oficiales subalternos, sino que es de los que dan las órdenes con una definición muy precisa para que la Policía no tenga que estar meditando qué hacer. Mi solución es fijar una regla de empeñamiento similar a la que se usa en Estados Unidos y sería deseable que pudieran utilizar armas que no fueran letales como las taser. Siempre me recuerdan ese caso y no el del policía que fue asesinado con un cuchillo (en avenida Figueroa Alcorta, en 2020, por un desquiciado). Tiene que haber una regla explícita.

El código penal y el protocolo policial establecían que si alguien escapa sin riesgo inminente para terceros — el joven baleado no tenía armas de fuego—, no hay que dispararle por la espalda.

Era una persona que había dejado a una persona al borde de la muerte y había luchado con el policía Chocobar. Más allá de lo que ocurrió en ese caso, necesitamos fijar reglas de empeñamiento.

La obsesión

La legislación antimonopólica en Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos y países escandinavos establece limitaciones a la presencia de una misma empresa en los diferentes campos de la comunicación, un debate reeditado por la presencia de los gigantes como Google y Facebook. ¿Qué opina sobre la dimensión el Grupo Clarín para el ecosistema de medios en la Argentina?

Tengo la sensación de que Clarín tiene importancia, como también La Nación y el grupo que orienta a C5N (Indalo). La Argentina tiene una diversidad de medios importante. No siento que haya una presencia imposible de contrarrestar o abrumadora. No veo un Granma (principal diario cubano) acá. Usted vio cuál es mi obsesión. Comparado con el régimen de los ayatolas, el cubano o el venezolano, yo estoy muy tranquilo. Si me dice que la presencia es más densa que en Chile, Uruguay o España, es opinable.

Bajo ninguna de las legislaciones que cité del Primer Mundo podría haber un grupo con presencia tan intensa y tan diversificada, que escaló a las telecomunicaciones con la aprobación otorgada por Macri. Estaría totalmente prohibido y lo obligarían a reducirse.

Es un tema en discusión. Si estoy obsesionado por algo es por el peso del Gobierno en los medios a través de la publicidad oficial. Usted recuerda el problema que hubo en Neuquén con el diario Río Negro o del gobierno nacional con Perfil. Si ha habido algo terrible en la Argentina es la acción del Gobierno. Me acuerdo cuando se inducía desde el Estado a los supermercados a no hacer publicidad en los medios gráficos ¿Se acuerda usted?

No siento que haya una presencia imposible de contrarrestar o abrumadora de Clarín. No veo un Granma acá. Usted vio cuál es mi obsesión.

Sí, estaba muy mal. Adversarios y aliados le endilgan a su rival en la primaria, María Eugenia Vidal, oportunismo y otras cosas por la mudanza de la Provincia y a Capital. ¿Qué opina de ese tema?

Con ellos compito. Cómo nominaron a su candidato y cómo configuraron su fuerza, es asunto de ellos. Me voy a dedicar a discutir los temas porque creemos en una narrativa diferente. Si cometieron aciertos o errores, nos beneficiarán o nos lo harán más difícil. Una regla básica en las PASO es que hay que concentrarse en los matices y las diferencias. Si hace ad hominem, una discusión personal de los temas, no contribuye a un diálogo inteligente, que es lo que creo que es la política. Un acto de docencia, de presentar los dilemas que enfrentamos. Mi solución es enfrentar al kirchnerismo en un gran frente de oposición. No voy a hacer ninguna observación ad hominem porque estoy tratando de elevar el debate para una Argentina con inmensos problemas por delante y un pesimismo abrumador en su sociedad.

¿Le gusta el proyecto de Horacio Rodríguez Larreta para construir edificios en el predio de Costa Salguero?

No ha sido nuestra tarea. En la Ciudad de Buenos Aires hay muchas dificultades y preferiría que las reglas del urbanismo sean muy precisas y muy claras, y que se las respete. Tengo una opinión muy clara sobre el quite de recursos de la Nación a la Ciudad, que ha sido la que más ha sufrido las consecuencias de la pandemia por los servicios culturales, gastronómicos y hoteleros. A una ciudad con esas dificultades, el Gobierno central la depredó, le quitó recursos de una manera inconsistente (en referencia a la reversión en 2020 de parte del presupuesto otorgado durante la gestión de Macri con el traspaso de la Policía Federal, en 2016). No estoy diciendo que no sea un distrito con un ingreso per cápita que es tres veces el promedio del país, por eso ha tenido un trato desigual, pero a una Ciudad que produce 20% del PBI le dan 1,5% de la coparticipación es insostenible. Desafío a que me traigan un caso similar en el mundo. (Alberto Fernández y Cristina) fueron constituyentes y no pueden cumplir con el mandato constitucional de sancionar una ley de coparticipación.

SL