Un hombre se suicidó este miércoles detonando un explosivo en la puerta del Tribunal Supremo de Brasil, tras no conseguir acceder al interior de la alta corte, en un ataque de aparente motivación política.

La explosión frente a la sede del Supremo, que no causó más víctimas, estuvo precedida de otra detonación de unos explosivos colocados en el interior de un automóvil estacionado en la calle, al lado de un edificio anexo a la Cámara de los Diputados.

Las autoridades aún no han confirmado la identidad del autor del ataque, puesto que los policías no han podido hacer el examen forense del cadáver, que yacía mutilado por la explosión y todavía con explosivos en el cuerpo, en la Plaza de los Tres Poderes, donde se produjo el asalto perpetrado por miles de bolsonaristas en enero de 2023.

No obstante, la Policía sí confirmó la identidad del dueño del automóvil, Francisco Wanderley Luiz, conocido como Tiu França, un militante del Partido Liberal (PL), formación del expresidente Jair Bolsonaro, líder de la extrema derecha.

Según la vicegobernadora de Brasilia, Celina Leão, informaciones preliminares indican que el sujeto que cometió el ataque suicida fue el mismo que activó la explosión del automóvil, pero dijo que todavía no se puede confirmar que se trate del dueño del vehículo.

La funcionaria dijo que es posible que se trate de un acto aislado, pero aún no se pueden descartar otras hipótesis.

Por ello, el centro de Brasilia fue blindado por la Policía el Ejército, que realizaron búsquedas en la zona por otros posibles artefactos.

El Tribunal Supremo suspendió la sesión que se estaba celebrando en el momento de la sesión y la Cámara de los Diputados, ubicada cerca, continuó sus trabajos un par de horas, hasta que se garantizó la seguridad para la evacuación de los diputados.

La Policía Federal asumió la investigación del caso y llevará a cabo las pesquisas “con rigor y celeridad”, según afirmó el abogado general de Brasil, Jorge Messias, en un mensaje en las redes sociales.

El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, se manifestó en el mismo sentido y aseguró que las fuerzas de seguridad “están preparadas para asegurar el funcionamiento de los poderes constituidos”.

El presidente del Supremo, magistrado Luís Roberto Barroso, habló por teléfono con el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva sobre las explosiones, pero hasta ahora no han trascendido los detalles de la conversación.

El dueño del vehículo, correligionario de Bolsonaro

El identificado como dueño del vehículo, Tiu França, fue candidato a concejal en las elecciones de 2020 en el municipio de Rio Sul, en el estado de Santa Catarina, y pocas horas antes del ataque, publicó amenazas en su página de Facebook.

En esos mensajes, ahora borrados por la plataforma, decía que la Policía tiene 72 horas para “desarmar la bomba” que está en la casa de varios “comunistas”, entre los que cita tres expresidentes brasileños y un periodista famoso.

En otra imagen, una captura de una conversación de Whatsapp, publicó una serie de emoticones de ataúdes y de bombas, así como llamados a las Fuerzas Armadas para iniciar una “revolución”.

La Plaza de los Tres Poderes, donde se ubican las sedes del Gobierno, del Parlamento y del Tribunal Supremo, fue el escenario del ataque de miles de extremistas que el 8 de enero de 2023 trataron de incitar un golpe de Estado contra Lula.

Gleisi Hoffmann, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), formación de Lula, afirmó que los “gravísimos” hechos de este miércoles “repiten el escenario, los objetivos y la violencia del 8 de enero”.

“El coche con explosivos en la Cámara de Diputados pertenece a un candidato a concejal del PL de Santa Catarina. Son muchos los elementos que nos alertan para permanecer vigilantes en defensa de la democracia. Sabemos quiénes son sus enemigos y sabremos defenderla una vez más”, dijo Hoffmann en las redes sociales.

Por el ataque del 8 de enero de 2023, cerca de 1.600 personas han sido acusadas por la Fiscalía, incluyendo ejecutores, incitadores y financiadores de los ataques.

De ellos, 227 han sido condenados por el Tribunal Supremo como autores de los atentados a penas de entre 3 y 17 años de prisión, por delitos que incluyen intento de golpe de Estado y daños al patrimonio público.

EFE.

IG

La canciller Diana Mondino visitó este lunes al canciller de Brasil, Mauro Vieira, con quien pasó revista a la extensa agenda bilateral, que según ambos avanza pese a las fuertes diferencias ideológicas de los líderes de ambos gobiernos: Javier Milei y Lula Da Silva.

Vieira y Mondino explicaron a los periodistas que, durante la que ha sido la primera visita oficial de la ministra argentina a Brasil, fue analizada toda la agenda bilateral en marcha, aunque con cierto énfasis en las áreas de energía e integración física.

En el apartado energético, Mondino precisó que fue tratada la posible participación de Brasil en la construcción de una segunda fase del gasoducto de Vaca Muerta, yacimiento rico en hidrocarburos situado en el sur de Argentina.

El proyecto, que se discute desde hace más de un año, contempla la posibilidad de financiación brasileña para esa segunda fase, que llevaría el gas hasta el sur de Brasil, que tiene interés en ampliar la oferta interna.

“Los usuarios están en Brasil, la producción está en Argentina”, por lo que “hay un alineamiento de intereses”, señaló Mondino, quien aclaró que se trata de “un tema de gran complejidad” que “se discute y avanza en múltiples frentes”.

Vieira agregó que fueron analizadas también mejorías en toda la infraestructura física fronteriza, lo cual incluye obras viales en puentes, carreteras e hidrovías.

Los ministros no precisaron montos ni plazos, pero Mondino sí aclaró que, “al menos del lado argentino”, todas las inversiones necesarias “serán privadas”.

Tanto Mondino como Vieira subrayaron una y otra vez el carácter “de Estado” de las relaciones entre Argentina y Brasil, frente a las notorias y profundas diferencias ideológicas que mantienen el libertario Javier Milei y el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Aun así, la ministra argentina no descartó que una reunión entre ambos mandatarios pueda llegar a ocurrir en algún momento.

Según Mondino, la posibilidad de un encuentro presidencial “está siempre presente” y “se espera que en algún momento pueda ocurrir”.

Tras su reunión con Vieira y un almuerzo al que se sumó el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, Mondino tenía previsto viajar a la ciudad de San Pablo, donde este martes tendrá un encuentro con empresarios.

JJD, con información de Efe

Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño, negó este martes haber sido el instigador de los actos golpistas del 8 de enero contra el mandatario Luiz Inácio “Lula” da Silva y, ante la Policía Federal, argumentó sorpresivamente que publicó en Facebook un video con informaciones falsas sobre un fraude electoral en su contra por “error” y bajo los efectos de un medicamento, según sus abogados.

Fue al declarar durante dos horas ante la Policía Federal brasileña, la cual lo convocó por haber posteado, tras el intento de golpe, un video donde se cuestionaban las elecciones de octubre de 2022 ganadas por Lula con informaciones falsas, en las que Bolsonaro nunca admitió la derrota.

El exmandatario declaró en la Superintendencia de la Policía Federal de Brasilia por orden del juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal, quien encabeza la megacausa que investiga la invasión al Palacio del Planalto, el Congreso y la sede de la Corte por parte de miles de simpatizantes bolsonaristas que pedían al Ejército intervenir para derrocar a da Silva.

Bolsonaro fue incluido en la investigación como supuesto autor intelectual, ya que luego del ataque, realizó una publicación en Facebook de un video donde se denunciaba como fake news un supuesto fraude de Lula en las elecciones de octubre. Ante la Policía Federal, declaró que publicó “por error” el posteo desde Orlando, así como bajo los efectos de medicamentos.

“Fue un error de Bolsonaro a la hora de ver y guardar un archivo para mirarlo posteriormente. Cuando le avisaron del error lo borró”, dijo Paulo Cunha Bueno, abogado del expresidente. Bolsonaro dijo que quería reenviar ese video por Whatsapp y no publicarlo en Facebook, argumentando que estaba bajo el efecto de sedantes, luego de haber sido internado en Estados Unidos por dolores abdominales.

El exministro de Comunicación Social Fabio Wajngarten, otro de sus abogados, aseguró que se presentó un video ilustrativo con el error cometido por Bolsonaro con dos clicks. El letrado aseguró que el expresidente, luego de los comicios, se recluyó en el Palacio de la Alvorada sin realizar manifestaciones a sus seguidores que acamparon en los cuarteles del Ejército de todo el país.

“La elección para el presidente Bolsonaro es una página del pasado. Eso fue lo que dijo. El presidente repudió los ataques”, sentenció Cunha Bueno. “El expresidente considera una página del pasado el período electoral. Él hizo la transición y dejó el país. Repudió los ataques como lo hizo por Twitter en la noche del 8 de enero”, insistió.

El exmandatario fue incluido en la investigación del Supremo Tribunal Federal, por la cual se detuvo a 1390 personas por haber invadido y financiado el asalto a los poderes, desconociendo la elección de octubre de 2022 ganada por el líder del Partido de los Trabajadores. En estos meses, el expresidente de 68 años dijo que no estaba de acuerdo con los destrozos, pero pidió la liberación de los detenidos por considerarlos “personas de bien”.

Ayer martes, Bolsonaro se preparó durante cuatro horas con su equipo de abogados y asesores para declarar este miércoles.

Bolsonaro es presidente de honor del Partido Liberal y vive en una casaquinta alquilada por esa fuerza política, que le paga un salario mensual de unos 7.000 dólares. Fue el primer mandatario brasileño en perder una reelección y, antes de entregarle el poder a Lula, abandonó el país el 30 de diciembre para pasar tres meses en la casa de un empresario amigo.

Cuestionó a la justicia electoral por el resultado de la elección, y se investigan sus movimientos para determinar si fue el autor intelectual de los campamentos frente a los cuarteles del Ejército que derivaron en el asalto a los poderes el 8 de enero, una semana después de la asunción de Lula de su tercera presidencia. El caso es instruido por el juez de Moraes, que también lo investiga en la megacausa de las fake news iniciada en 2020.

Es la segunda declaración del exmandatario en menos de un mes, ya que había acudido a la misma sede policial a ofrecer su versión en el caso del supuesto contrabando de joyas otorgadas a Brasil por el Gobierno saudita, y que Bolsonaro guardó para sí como si fueran regalos personales.

La declaración de Bolsonaro se dio en paralelo a la decisión del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, de instalar una comisión mixta de investigación sobre los actos golpistas. Esta se formó luego de que renunciara el general retirado Edson Gonçalves Dias al Ministerio de Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), debido a la difusión de imágenes en las que se lo ve pasivo al llegar al Palacio del Planalto el 8 de enero a la tarde, viendo cómo los vándalos circulaban impunemente por la casa de gobierno.

Dias, hombre de confianza de Lula hace dos décadas, dijo que no quiso esconder información al mandatario sobre lo ocurrido el 8 de enero y atribuyó esa responsabilidad a los miembros del gabinete de seguridad presidencial que venían de la gestión Bolsonaro. Según la grabación, los invasores recibieron agua de los militares y saludaron a los agentes del GSI durante los ataques que se centraban en la planta inferior, mientras Gonçalves Dias circulaba por la tercera planta del palacio.

La comisión parlamentaria deberá estar integrada por 16 diputados y 16 senadores y tendrá una duración de 90 días, prorrogables por igual período. Los miembros del colegiado serán designados por los líderes de los partidos. De todos modos, la disputa entre Gobierno y oposición está en la elección del presidente y el relator, quienes tienen el control de las investigaciones y la narrativa sobre los ataques a la institucionalidad y la democracia.

LC con información de agencia Télam

El Gobierno de Luiz Inácio “Lula” da Silva en Brasil desplazó este jueves de sus cargos a 18 jefes de la Policía Federal (PF) y a 26 de los 27 superintendentes regionales de la Policía Caminera Federal (PRF), tras haber despedido a militares afectados a la seguridad del Palacio del Planalto como represalias de los ataques golpistas del 8 de enero.

Flávio Dino, el ministro de Justicia oficializó hoy la remoción de 26 de las 27 cúpulas regionales de la PRF, excepto la del estado de Piauí, la cual está ocupada de forma interina por Jairo Lima, y el cese de 18 jefes de la PF, entre ellos los tres más importantes: San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais.

El nuevo superintendente de la PF en Río de Janeiro es Leandro Almada, quien forma parte del cuerpo policial desde 2008, y es conocido por liderar una investigación que rebeló trabas en el esclarecimiento del asesinato de la concejal Marielle Franco en 2018, según destacó el diario local Folha de Sao Paulo.

Para San Pablo, la mayor superintendencia del país, el elegido fue Rogério Giampaolli, quien ya era jefe del Comando Táctico de Operaciones y actualmente estaba a cargo de la PF en el municipio paulista de Sorocaba.

Para comandar la superintendencia en Paraíba, se designó a Christiane Correa Machado, que ya fue jefa de la división antiterrorista durante cinco años y coordinó la protección contra atentados extremistas en el Mundial de 2014 y en los Juegos Olímpicos de 2016 que tuvieron lugar en Río de Janeiro.

En cuanto a la PRF, su imagen se vio afectada por una serie de acciones destinadas a favorecer la votación de Jair Bolsonaro en los comicios de octubre del 2022, cuando se obstruyó el paso de micros con electores de Lula en estados de la región nordeste, donde su apoyo es tradicionalmente mayoritario.

El exdirector de la PRF, Silvinei Vasques, un oficial cercano al expresidente Bolsonaro, está siendo investigado por la Justicia Federal. Además, en mayo del año pasado, agentes de la PRF arrestaron y asfixiaron en Sergipe al motociclista Genivaldo Jesus Santos, quien falleció dentro de un vehículo policial. El hecho encendió las alarmas sobre los procedimientos policiales.

Las sustituciones no vendrían motivadas por los ataques a los tres poderes del país del 8 de enero pasado, aclaró Dino, quien agregó que la decisión había sido debatida en la etapa de transición del nuevo Gobierno de Lula da Silva. Sin embargo, antes de estos cambios dentro de la Policía, el Gobierno había modificado los gabinetes de seguridad encargados de custodiar el Palacio del Planato, sede de la Presidencia, y el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial, tras los ataques golpistas.

Ese 8 de enero, el Gobierno brasileño decretó la intervención federal de la Secretaría de Seguridad Pública de Brasilia por “omisión” de la policía local, ante el accionar de los grupos extremistas.

Dino defendió la “desbolsonarización” de las fuerzas de seguridad, y declaró que “lo opuesto de una policía bolsonarista es una policía legalista, nadie puede sabotear una operación policial por cuestiones ideológicas”, según la agencia de noticias ANSA.

LC con información de agencia Télam

Los comercios empiezan a desperezarse y ya hace rato que en los bares se sirve café en las avenidas principales de Tatuapé, un barrio de clase media situado en el este de Sao Paulo. Aquí, las casas de una planta con fachadas coloreadas y marañas de cables de tendido eléctrico descansan bajo la sombra cercana de rascacielos residenciales. Con 168 metros de altura, en este barrio está construido el edificio residencial más alto de toda la ciudad. 

Encajonado entre el río Tieté y la avenida Salim Farah Maluf, una de las arterias principales de Sao Paulo, Tatuapé ostenta el título de haberse convertido en el barrio más bolsonarista de la ciudad después de que en las pasadas elecciones el 59,06% de los votos fuesen a parar al rival del actual presidente, Lula Da Silva. 

Es complicado, sin embargo, dar con vecinos del barrio durante esta mañana de martes que amenaza con lluvia. Casi todos los que pasean por la zona son trabajadores que vienen de otros puntos de la ciudad, como Matteo, comercial y votante del expresidente Jair Bolsonaro. Matteo asegura que rechaza la violencia del asalto a las instituciones democráticas del pasado domingo por parte de bolsonaristas radicales. “La Constitución garantiza el derecho a manifestarse, pero entrar a la casa de todos y destrozarla de esa manera… Ahora Lula es mi presidente, y yo rezo para que tenga un buen Gobierno”, dice. 

Unas cuantas manzanas más adelante, Carlos fuma en la puerta de la cafetería de su primo. “Yo soy bolsonarista y él es petista [votante del Partido de los Trabajadores, de Lula]”, ríe. Llegó a Tatuapé hace dos años para trabajar en una gasolinera y cuenta que votó al candidato de la extrema derecha porque concuerda con los valores tradicionales que representa, pero también está en contra de las “mentiras y la corrupción” que para él encarna Lula. 

En su línea discursiva trumpista, una de las ideas antidemocráticas que alimentó Bolsonaro antes incluso de las elecciones fue la de fraude electoral. En este barrio paulista, pocos suscriben esta teoría, aunque sí se escucha la tesis de que el asalto violento a los tres poderes fue obra de infiltrados de izquierda que buscaban desacreditar a la derecha. “Creo que las elecciones fueron justas, pero sí pienso que el golpe estaba preparado: cuanto peor para nosotros, mejor para ellos”.

Los votantes bolsonaristas en Tatuapé rechazan la violencia del domingo y piden acatar las normas democráticas: Darsi, jubilada que optó por el expresidente porque ella es “una señora de derechas”, dice no estar conforme con “la forma en la que se hicieron las cosas”; o Paulo, gerente de una perfumería que tiene un discurso con los elementos más estridentes del trumpismo brasileño, marca su apoyo a “las manifestaciones, pero no la violencia”. 

En la zona cero del bolsonarismo en Sao Paulo también conviven discursos exaltados como el de Enrique, con una retórica capaz de relacionar China y Venezuela en una frase. Enrique califica el asalto del domingo de “turba del PT [Partido de los Trabajadores]” y, al ser preguntado por si desea la vuelta a una dictadura, contesta con evasivas. “Yo quiero una democracia, pero en la que exista la libertad de expresión”, dice. 

“Creían que Bolsonaro les haría ricos”

Capital económica de uno de los países más desiguales del mundo, en Sao Paulo Lula ganó con el 53,54% de los votos, imponiéndose en 35 de 58 zonas electorales. Los comicios de octubre de 2022 dejaron un mapa marcado: rojo en la periferia, las zonas más desfavorecidas donde además suele vivir la población no blanca; mientras que el electorado de Bolsonaro ocupa el centro y el noreste del plano, polos financieros dotados de mejores infraestructuras y acceso a servicios. 

Los vecinos cuentan que Tatuapé ha crecido mucho en los últimos años, aprovechando su cercanía al centro y dotación de transporte público. “Las zonas ricas del noreste han empezado a expandirse hacia aquí y a las nuevas construcciones han empezado a llegar muchas familias de clase media”, dice Lucila, comercial inmobiliaria de 63 años que lleva varias décadas en el barrio y decidió no votar en las pasadas elecciones. 

“Este es un barrio de 'pobres metidos a ricos', por explicarlo de forma coloquial”, dice Marcel, de 58 años, que ha vivido en el barrio toda su vida y tiene una ferretería. “Esta es una zona de clase media que se ha creído el cuento de que Bolsonaro les haría ricos”, dice, y confiesa que votó a Lula sin ganas para evitar otro mandato de Bolsonaro. 

En la calle muchos no quieren opinar. “Estamos confundidos, no apoyamos ni una cosa ni la otra”, dice sin dejar de caminar una pareja. Dos palabras se repiten en los mensajes tanto de los votantes de Lula como de los abstencionistas: vergüenza y vandalismo. “El día de la elecciones mi madre salió con una camiseta roja y yo me preocupé mucho, la gente está muy nerviosa y nunca sabes qué puede suceder”, dice Catherine, actriz y psicóloga progresista. 

“Lo que ocurrió fue lamentable para la imagen de Brasil y no tiene que ver con el pueblo sino con luchas de poder”, coinciden Silvia y Joao, que en las elecciones de 2018 votaron a Bolsonaro, pero cambiaron su sentido de voto en las de 2022, decepcionados. “Si el voto fuera secreto quizá no estaría ocurriendo esto. Brasil siempre fue un pueblo unido, de acogida, y ahora estamos perdiendo el tiempo con esto. La política cada vez se parece más al fútbol”, dice otra pareja que pide no ser identificada. 

Las coincidencias entre la toma del Capitolio de Washington en 2021 y el asalto al Congreso de Brasilia en 2023 saltan a la vista. Son espectaculares. Una vez constatadas, una vez percibidos y registrado el avance transnacional de la nueva derecha hemisférica, conviene hacerlas a un lado a la hora de enfrentar y advertir qué riesgos enfrenta el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Qué cometido cumplieron las violencias del domingo, qué daños causaron y dejaron a la coalición de izquierda en el poder desde el 1° de enero, con independencia del perjuicio conexo que hayan provocado al ex presidente derechista Jair Bolsonaro.

No es inválido, pero es inocuo el recordar que Washington un laborioso e invernal miércoles 6 de enero y Brasilia un veraniego domingo 8 de enero fueron campos de batalla en la misma contienda global de la Democracia contra la Autocracia, de la Urna contra el Negacionismo, de la Elección contra todo Golpe. Es muy cierto, es también un poco abstracto. Es universalizar a la crisis brasileña, invisibilizar riesgos muy concretos, acrecidos desde el asalto a Brasilia, que acechan a la tercera presidencia de Lula. Es el flamante gobierno democrático el que corre peligro, no esa entidad más inasible que es ‘la Democracia en Brasil’.  

El paralelo político entre Donald Trump y Jair Messias Bolsonaro atrae como un imán. Es tentador avanzar buscar más trumpismos en Bolsonaro. Los rasgos que no se ven, igual suponemos que están. Y así se explica el uno por el otro, completar con la historia conocida de uno lo desconocido en la del otro. Y más que parecida, era idéntica la fresca coyuntura electoral desde la cual  los dos presidentes derechistas contemplaron a sus votantes en acción ofensiva directa y violenta en sede del Poder del Estado. Uno y otro habían aspirado a un segundo mandato consecutivo, uno y otro ganaron más votos que nunca antes en las presidenciales, uno y otro vieron frustrada su reelección por un margen tan estrecho como decisivo. En 2020 y en 2022 fueron derrotados por candidatos  de más edad que ellos, y a su izquierda ideológica. Uno y otro cuestionaron la legitimidad de los procesos electorales que los apartaron del poder, uno y otro evitaron la ceremonia del traspaso del mando a sus sucesores en el Ejecutivo. En los hechos, aquí terminan las similitudes. Y acá conviene abandonarlas. Muy útiles para captar la dirección y el sentido de las dinámicas hemisféricas y occidentales de las nuevas derechas, los rasgos comunes son poco serviciales para dilucidar los procesos nacionales determinados.  Las diferencias, en cambio, son significativas.

Las huestes trumpistas tomaron el Congreso de Washington el miércoles de la certificación presidencial de Joe Biden

El 6 de enero de 2021, faltaban dos semanas para que Donald Trump abandonara la Casa Blanca. La invasión del Capitolio ocurrió en su presidencia. Las columnas de manifestantes que después de asistir a un mitin presidido por el presidente republicano enfilaron hacia el Congreso, lo hacían con un fin preciso, según Trump. Marchaban a protestar, a dar testimonio opositor, en correlato al ritual solemne que las dos Cámaras celebraban en conjunto. Ese miércoles, el vicepresidente Mike Pence presidía el proceso constitucional de certificación legislativa del resultado de la elección presidencial del 6 de noviembre. Los trumpistas radicales, según dice haber entendido el ex presidente, serían el signo presente del repudio del pueblo a una elección ilegítima. A la élite de Washington, el pueblo diría no, mostraría que rechazaba por completo el triunfo del demócrata Joe Biden y denunciaría el robo de un segundo mandato sufrido por el vencedor auténtico. Tal el propósito estratégico reconstruido por Trump y otros republicanos.

La estrategia de una bien organizada y contundente protesta social, si en efecto alguna vez había existido, había sido sustituida por otra al pie del Capitolio. Las columnas de ultras irrumpieron con armas de fuego en el Congreso, interrumpieron la certificación, amenazaron al presidente del Senado y a la presidenta de la Cámara Baja, se pasearon por todos los ambientes, posaron para sus selfies, se sentaron en poltronas y despachos. El poder era del pueblo americano profundo interior (identificado con ellos mismos) no de las élites de la Capital (identificadas con los representantes elegidos por el pueblo y los senadores elegidos por los estados). Si un milagro hubiera coronado la invasión, los congresistas conmovidos, emocionados ante el contacto con América, habrían decidido descertificar al impostor, al vencedor fraudulento e impopular Biden. Y certificar al triunfador genuino, querido por el pueblo y traicionado por el Establishment que le había escamoteado su reelección. Es decir, el presidente Trump. Que ya estaba mirando divertido todas estas peripecias  acomodado frente a la tevé en un calefaccionado ambiente de la Casa Blanca.

¿Qué buscaban en Brasilia los golpistas del domingo cuando irrumpieron en las sedes vacías de los tres Poderes del Estado?

Los militantes derechistas llegados en masa, por millares, en decenas de ómnibus, el domingo 8 de enero a Brasilia resultan desconcertantes para quienes ven caer el paralelismo con el ataque al Congreso. En Brasil, el presidente es Lula, que asumió una semana antes; el ex presidente Bolsonaro está en Orlando, Florida, cerca de Disney World, posando paciente y sonriente en las selfies de jóvenes simpatizantes en bikini verdeamarelha.

Las acciones en Brasilia se entienden mejor si antes se constata una diferencia encerrada dentro de una semejanza de Trump y Bolsonaro. El negacionismo electoral de Trump aplica al resultado de la elección. Al conteo de los votos, al escrutinio y determinación de votos válidos e inválidos, pero también a cambios ‘desleales’ a última hora de legislación estadual electoral, sin que la Corte Suprema le permitiera a su campaña litigar en sede federal esas mutaciones fraguadas en perjuicio republicano.  Biden es un ganador tramposo, por el fraude en el recuento final sin auditoría republicana y por la exclusión republicana en el reajuste consensuado de nueva legislación. Como dijo el presidente argentino Mauricio Macri, “con tal de ganarme la oposición es capaz de todo, incluso de fraude”. Según su amigo Trump, los demócratas fueron capaces de estafar. Trump, hombre de Ley y Orden, es el paladín de la Pureza del Sufragio. Confía en la legislación electoral, desconfía de los demócratas.

La impostación política de Bolsonaro y de buena parte del electorado de derecha que rechaza el resultado de las elecciones es a la vez más difusa,  más amplia y más firme. En el conglomerado heterogéneo que resulta de reunir leyes electorales, sistemas de votación, proceso electoral y recuentos y escrutinios, hay manchas y suciedades que van deslegitimando cada elemento. Nada se salva de la sospecha. Porque fue creado por las élites antipopulares (laicas, ilustradas, pedófilas, demoníacas, sexualizadoras-precoces-de-la-infancia, antifamiliares, diplomadas) para preservar sus intereses. Aquí entra el primero encendido, después pálido, finalmente dormido ataque de Bolsonaro contra las urnas electrónicas. En las manifestaciones bolsonaristas, la pancarta que enarbolaba una mujer jubilada traducía ese sentido “Por una auditoría electoral donde podamos auditar todos”. Solamente científicos y técnicos pueden auditar un sistema de votación electrónico, el pueblo no puede contradecir, sólo asentir sin dar razón.  

Según nos dice el filósofo brasileño Rodrigo Nunes, profesor en la Pontificia Universidad Católica de Río y en la británica de Essex, autor del reciente Do transe à vertigem: Ensaios sobre bolsonarismo e um mundo em Transição (2022), muchas veces las acciones directas, con masas críticas en la calle o la plaza, con el grado de fuerza violenta que asegura su número, no son estratégicas, sino expresivas. Mejor creemos defender los blancos estratégicos, mejor se escabulle la movilización, que apunta a otras cosas.

Según Nunes, desde el balotaje presidencial del último domingo de octubre, aunque en cuenta regresiva hasta el segundo domingo de enero, los acampes derechistas en las inmediaciones de cuarteles y destacamentos de las FFAA habían perseguido un fin estratégico. Es decir, la producción de un cambio en el mundo, con ventaja ganada por efecto de la planificación (como en una guerra cruzar un río, ocupar una playa, ganar una elevación). Antes que un golpe que derribara al gobierno establecido para entregar el poder a una Junta dictatorial, querían activar una vigilancia militar alerta sobre la vida política.  Contaron con la suficiente connivencia como para no ser expulsados  -como habría ocurrido con un campamento izquierdista o anárquico-, pero poco más. Tampoco ganaban apoyos entre los partidos políticos pro-bolsonaristas con representación en el Congreso, que sólo veían perjuicios en acercarse a los ultras.

Así, el objetivo del domingo no era ya estratégico. No iban a levantar a las FFAA donde no estaban, ni a protagonizar un Golpe para el que les faltaba fuerza. Era un objetivo expresivo: formular una intervención, dejar instalado un nuevo punto de partida conceptual, sin vuelta atrás después de su enunciación (Para todo grupo conspirativo, previo al ‘Hacerse del poder’ está el ‘Tener razón’).

Fue muchas veces señalada la decisión ‘mimética’ del ‘Trump tropical’ de facilitar la tenencia de armas de fuego. Sin armas llegaron los miles de activistas que desembarcaron en decenas de ómnibus el domingo. Con palos, con piedras. Utensilios con los que rompieron todos los vidrios de todos los pisos del palacio presidencial de Planalto, de las dos Cámaras del Congreso, del Supremo Tribunal Federal (STF). Fueron arrancados los cables, inutilizadas las comunicaciones, rotas las sillas, desfondados los sillones, arrancadas las tapicerías, destrozados los archivos, quebradas las pantallas, acuchillados los lienzos artísticos. No faltaron saqueos patrimoniales, ni abundaron.

Al final de la tarde, las Fuerzas de Seguridad empezaron a detenerlos o apresarlos; a la noche un millar y medio poblaba los calabozos. La finalidad expresiva estaba cumplida. A todo el mundo habían enunciado: “El nuevo gobierno brasileño es tan inepto que es incapaz de impedir que una turba con palos y piedras, en una horas vespertinas dominicales, penetre en la sede de cada uno de los tres Poderes del Estado en la capital Brasilia, y completen sin hallar obstáculo una vandalización completa de sus instalaciones y una interrupción de su funcionalidad”. Sin duda, la democracia brasileña no sale bien parada. Pero el daño mayor, la lesión más hiriente, la sufrió el gobierno democrático de Lula en el poder. Para que su ambicioso plan social pueda ponerse en marcha, habrá la dilación que le impondrán la investigación de los hechos, el castigo de los culpables, la reconstrucción, y lograr que el público y el mundo consideren una anécdota menor su imprevisión del domingo. Entretanto, de los invasores del domingo se recuerda su libre albedrío, digno de admiración o pasmo: si no hicieron más de lo que hicieron –que en definitiva no fue muchísimo, siendo muy coherente-, fue porque no quisieron.

Saliendo por la entrada

Es tentador retomar la comparación abandonada, estrechar el paralelo entre lo ocurrido en Washington y dos años después en Brasilia. Si en la mayor democracia del planeta pudo haber tales sediciosos, pintorescos como personajes de cómic, impulsivos y violentos, ingresando en el Capitolio, ¿cómo no habría en Brasil vándalos de los tres Poderes, pintorescos como salidos de Gran Hermano? Si en la capital de la mayor potencia militar del mismo planeta la multitud revoltosa pudo irrumpir, entrar y ocupar la sede del Poder Legislativo, ¿mejor inteligencia habría en Sudamérica?

El consuelo es falaz. Porque al Presidente norteamericano divertía el mal rato que sufría el Congreso cautivo por sus bizarros partidarios armados, tatuados, de torso desnudo en invierno, con escafandras de oso embalsamado o luengas barbas hipster. Al tanto de todo, pudiendo intervenir, dejaba a las Fuerzas de Seguridad una iniciativa sin apresurar su ritmo. A diferencia de la arquitectura pública vacía del domingo estival en Brasilia, en Washington la actividad era total, como la asistencia del personal administrativo.

Además de la leniencia del guía espiritual de los victimarios en la Casa Blanca, parecen haber contado con la calculadora complicidad de la líder de las víctimas. La presidenta de la Cámara de Representantes, donde los demócratas gozaban de una ínfima mayoría ganada en 2018, había ordenado a las fuerzas de Seguridad del Congreso replegarse para defenderse. Gracias al accionar policial pasivo y a la actividad de las cámaras de seguridad se podría armar un dramático relato audiovisual. Indispensable para que Nancy Pelosi pudiera tener sus pruebas preconstituidas y hacer de Trump el único presidente norteamericano dos veces sometido a impeachment.

En cambio, Lula no sólo no anticipó o detuvo el avance de los acontecimientos, sino que se enteró tan pronto como cuando fue tarde. El Capitolio recibió de inmediato  solidaridad a la democracia de Europa y Latinoamérica y apoyo al gobierno constituido de China y Rusia.  Pekín no se privó de equiparar a la multitud de Washington del 6 de enero con las multitudes que el año anterior habían asaltado la Legislatura de Hong Kong, y fueron felicitadas por el Congreso norteamericano.

Lula vive esta segunda semana de su última presidencia en un baño de solidaridades internacionales, estaduales, interpartidarias, interpoderes, intergeneracionales, pluri confesionales, globales, regionales y locales. El más desprestigiado de los tres Poderes es el Congreso. Y del desprestigio más antiguo, anterior al gobierno de Dilma Rousseff. Ese desprestigio, sin embargo, no lo retrae de su superioridad: el Poder Legislativo es el más poderoso y rico de los tres Poderes del Estado brasileño.

En el corto plazo, Bolsonaro en nada sale favorecido. Trump fue sometido a su segundo impeachment, pero resultó absuelto. Retuvo el liderazgo partidario republicano hasta los reveses de la elección de medio término en noviembre, y no puede decirse que haya perdido absolutamente su ascendiente.

El gobierno de Lula va a tener que perseguir, apresar, castigar y encarcelar adversarios. Anunció que lo hará. Esta actividad va a traer, como va de suyo, turbulencias y división política. El tercer mandato del primer presidente obrero de Brasil deberá encauzar algunas de sus primeras, mejores energías en un esfuerzo de policía, un esfuerzo para cohibir.

AGB

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó la intervención federal a los organismos de seguridad de Brasilia decretada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que el Estado asumiera las competencias de seguridad después de que las autoridades de la capital se mostraran incapaces de prevenir y luego frenar el asalto a las sedes del Palacio del Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF).

“El pueblo quiere respeto por la ley, las instituciones y el patrimonio público. La mejor respuesta que podemos dar ahora es más democracia”, declaró el presidente de la cámara, Arthur Lira, pasada la medianoche.

La medida, aprobada pese a que algunos diputados bolsonaristas, como Carla Zambelli y Bia Kicis, del Partido Liberal, intentaron postergar la votación pidiendo más tiempo para analizar el decreto presidencial, estará vigente hasta fines de enero y ahora deberá ser ratificada por el Senado.

Para Kicis, la decisión no estaba justificada dado que la situación en Brasilia ya estaba bajo control. “La Policía intentó contenerlo, hubo fallos, pero es preciso decir que ya fue controlado”, argumentó.

Las únicas dos bancadas de la Cámara que se abstuvieron de votar fueron las del PL, la formación de Bolsonaro, y los también liberales de Partido Novo, informó Folha de Sao Paulo, citado por la agencia de noticias Europa Press.

Si bien el decreto de intervención federal tiene valor de ley desde que se estampa la rúbrica del presidente, necesita aprobación de las dos cámaras del Congreso, que puede autorizar o rechazar el texto sin modificarlo.

Miles de militantes bolsonaristas asaltaron el domingo las sedes de los tres poderes en Brasilia, después de dos meses de acampe frente a la sede del Ejército reclamando un golpe de Estado.

Tras el ataque y como consecuencia de los actos “golpistas” y “terroristas”, como fueron definidos por las autoridades, el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes ordenó el cese momentáneo del gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, así como del secretario de Seguridad, Anderson Torres, por “omisión” de sus funciones y “connivencia” con los asaltantes.

También, las bancadas parlamentarias del Partido de los Trabajadores (PT) y del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) en la Cámara de Diputados solicitaron al Tribunal Supremo que investigue los casos de congresistas en los actos antidemocráticos que se produjeron el domingo pasado.

El PT pidió a De Moraes que sea el encargado de las investigaciones, que implicarían a los diputados bolsonaristas electos Clarissa Tercio, Silvia Waiapi, Andre Fernandes y la suplente Pamela Borio.

También solicitó que los cuatro legisladores sean incluidos en investigaciones sobre los casos de las noticias falsas durante la campaña, la de las milicias digitales y el que señala directamente a Bolsonaro por vincular las vacunas contra el coronavirus con el sida.

Por su parte, el PSOL requirió que en la investigación se incluya al senador electo Magno Malta y a los diputados Ricardo Barros, Marcio 'Coronel' Tadeu, Jose Mederios y Carlos Jordy, la mayoría de ellos del PL, al tiempo que reclamó que se les retire el pasaporte y se les prohíba utilizar las redes sociales.

En paralelo a las denuncias presentadas ante el Tribunal Supremo, se alcanzaron otras a los tribunales regionales electorales y en los consejos de ética del Congreso.

Antes de que ambas formaciones hicieran oficial sus intenciones, el líder del Gobierno en el Congreso, el senador Randolfe Rodrigues, había adelantado que todos los congresistas que participaron en los actos antidemocráticos serían investigados, citando, sin nombrar directamente, a la indígena bolsonarista Waiapi.

Rodrigues es uno de los principales impulsores de una comisión especial parlamentaria para investigar lo ocurrido el domingo y el papel de Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos hace ya dos semanas.

“No habrá tolerancia con el terrorismo en las calles, no habrá tolerancia con el terrorismo aquí en el Congreso. Quien no condenó los actos que ocurrieron se alía con el fascismo”, zanjó Rodrigues, quien acusó a Bolsonaro de estar detrás de aquellos hechos del domingo.

CRM con información de la agencia Télam

Un recorrido amplio, fatalmente incompleto, pero aceptablemente diversificado de opiniones y análisis sobre los acontecimientos del domingo 8 en Brasilia, a continuación. La compilación resulta en un conjunto pasablemente uniforme de algunos enfoques y preocupaciones comunes. En un nivel mínimo, de Tokio a Montevideo pasando por Pekín y París, analistas y periodistas en radio, tevé y prensa gráfica advierten sobre la necesidad de defender a la democracia. O de modo más minimalista, a los gobiernos legalmente constituidos, de impugnaciones destituyentes y de violentos ataques energizados por una rebeldía ilegítima en sus causas y sus fines.

Fue una revuelta violenta contra un Gobierno democrático legítimo

El segundo domingo de enero, escribe Ishahan Taroor desde la capital de EEUU en la portada del martes 10 de enero de “Today’s Worldview”, la capital de Brasil sufrió “el asalto de la revuelta anti democrática conducida por una turba violenta”.

Para la Agencia de Noticias oficial china Xinhua, el “gobierno” de Brasil y Lula el “presidente” de la “nación” fueron atacados y la embestida está dirigida contra “la rearticulación de los considerados gobiernos progresistas bajo el discurso de superar la desigualdad social a través de procesos de inclusión”. En virtud de ser la autoridad establecida respetando las reglas del Estado, y en virtud de su programa popular, es una “democracia legítima” el Brasil.

A quienes asaltaron la capital brasileña faltaba esta doble legitimidad; ningún levantamiento triunfa sin ellas; Pablo Giuliano, escribiendo para Xinhua, y buscando la clave del futuro institucional brasileño, la halla en el apoyo de los 27 gobernadores reunidos con Lula, quien asegura un porvenir donde “su Gobierno no será ‘tibio’ para identificar a quienes financiaron a miles de personas que invadieron y destrozaron la casa de Gobierno, el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal”. La Agencia china sólo usa entrecomillada, en textuales Lula, las palabras “golpe” y “golpistas”. Las elecciones dirimidas por el voto de autoridades entre candidatos de partidos rivales son una modalidad entre otras por las que se constituye un gobierno legítimo. Los negacionistas del triunfo de Lula en el balotaje, son destituyentes por oponerse a un uso de la norma vigente concertada.

Ishahan Taroor completa su título con que “la mano de EEUU” estuvo detrás de la revuelta. Muchos analistas coinciden en clasificar los hechos del domingo como un avance más, nuevo en su osadía y magnitud, en nada nuevo en su ideología y significación, del avance de la derecha autocrática, peligro mayor actual para las democracias occidentales y americanas. Sus ejemplos más conspicuos siguen siendo los dos presidentes de EEUU y Brasil, que llegaron al poder en elecciones libres pero como candidatos anómalos en sus sistemas políticos donde representan a un electorado varón, popular, inculto, obrero no calificado, blanco, religioso, tradicional.

Fue la sublevación popular desbordada del electorado chatarra del Trump de los Trópicos

El electorado de Jair Bolsonaro y Donald Trump se parece en buena medida al electorado del Brexit, las gentes inmóviles, fijas a su territorio, que no emigran ni cursan estudios en otras partes, ni cambian de Chicago a Harvard y a Washington (como Obama) ni viven entre megalópolis y condo de lujo (como Trump) ni hicieron su itinerario ascendente de San Pablo a Rio y de ahí a Brasilia (como Bolsonaro) ni de Pernambuco a San Bernardo y de ahí a Brasilia (como Lula), según sugería en un curso difundido por Radio France el politólogo holandés  Luuk Van Middelaar.  

Trump derrotó al partido Demócrata en 2016, y Bolsonaro al Partido de los Trabajadores (PT) en 2018. La adhesión mutua de dos presidentes de derecha en los más voluminosos países de las Américas del Norte y del Sur fue y es interpretada como imitación no siempre deficiente, no siempre lograda, del millonario de Twitter y las redes sociales en hemorragia permanente, por el ex capitán paracaidista del Ejército: el “Trump de los trópicos”, el mediático especulador de Nueva York emulado por el ex diputado federal por Río de Janeiro.

Fue un homenaje deliberado y una parodia involuntaria del asalto al Capitolio de Washington del 6 de enero de 2021

Ishahan Taroor decía en 2021 que Bolsonaro miraba a cada paso el manual de Trump, antes de tomar partido e intervenir en las guerras culturales, de tomar partido en la posición anticuarentenas (Trump no era antivax, sin embargo, como el brasileño), de adoptar una postura de escepticismo y desidia ante el cambio climático. El mismo analista vio ahora en el 8 de enero 2023 de Brasilia un calco aspiracional de “actores que seguían como podían el libreto del 6 de enero 2021 y del asalto al Capitolio de Washington”. Siempre Bolsonaro dos años más tarde que Trump. En la capital brasileña habría brindado el ex presidente derechista que ese domingo estaba en Orlando, un espectáculo de oprobio globalmente vistoso, como los de su modelo Trump, payaso siniestro salido de la televisión chatarra. En el asalto a Brasilia, por la interpósita persona de una tropa de miles de 'bolsonaristas raíz'.

“Bolsonaro se apartó del conservadurismo brasileño tradicional al hacer la mímica de la derecha de EEUU, en especial al volverse cruzado de las causas de la derecha alternativa, al ponerse en la vanguardia de las guerras culturales. Sumado al culto de la libertad para acumular un arsenal personal de armas de fuego adquiridas sin engorros de burocracias comunistas”, asocia Andre Pagliarini. Este historiador que enseña “Historia de Brasil” en el Hampden-Sydney College, una universidad privada progresista del estado de Virginia, sólo para varones apunta que la imitación era a ultranza, sin melindre ninguno.

Desde luego, no faltaron análisis construidos sobre la premisa marxiana de que la tragedia, si la Historia la repite, la repone en escena como farsa. Así la opinión de Rubens Barbosa. Sin embargo, el Presidente del Centro de Estudios de Defensa y Seguridad Nacional (CESEDEN) califica a la farsa brasileña de “mucho más grave” que la tragedia norteamericana.

Fue un golpe de teatro de la nueva derecha que puso en escena sus firmes lazos transnacionales

En EEUU, la Casa Blanca, y medios, periodistas, analistas y especialistas afines con el Partido Demócrata, enfatizan las semejanzas trasnacionales de una derecha ‘populista’ globalmente amenazadora. Un contrato político desigual, con métodos y valores reaccionarios, neofascistas, en sus bases, y en el culto de esas bases por sus líderes, antes que del ‘pueblo’ por su Duce o Conducator.

El mismo énfasis en la identidad transfronteriza de la nueva derecha recurre en el Brasil en voces afines con el PT en el poder desde el 1° de enero. Pudo oírse a Víktor Chagas, profesor de la Universidad Fluminense en Río de Janeiro, postular que “el 8 de enero fue una imitación meditada del 6 de enero, una reproducción del trumpismo en acción, una signo y un símbolo de la potencia y las conexiones transnacionales que unen y enlazan a una nueva derecha global”.

Las diferencias, sin embargo, son importantes. Hay aspectos que se visibilizan precisamente gracias a que su ausencia surge de la comparación de las alas del díptico de las dos Capitales –que también son semejantes en el ser ‘capitales profesionales’, ciudades concentradas en esta función administrativa, sin otra vida urbana más allá. “Una diferencia importante que así me salta a la vista es que las FFAA de EEUU jamás tomaron partido, fueron el 6 de enero de 2021, como antes, como después, fieles a la Constitución. En cambio, las tendencias políticas de las FFAA y de la Policía brasileñas son un misterio, y son siempre menos neutras, más ambiguas, pero pronunciadas, vivaces”, escribe el director de American Quarterly, Brian Winter, en la página de la revista trimestral que dirige.

Sobre el futuro de los próximos meses, canibalizados por un solo domingo, Winter ve como asunto cardinal: “Lula debe dar prueba fehaciente de que en Brasil la ley y la democracia están por delante de todo y por encima de todos y todas.  Debe castigar a los culpables. Pero es fundamental que lo haga sin alienarse instituciones enteras y sin llamar golpista a ese 49% del electorado que en el balotaje presidencial del 30 de octubre no votó por él sino por Bolsonaro”.

Fue neofascismo

Desde París, donde está exiliada desde el triunfo bolsonarista de 2018, la filósofa brasileña Márcia Tilburi reacciona con serenidad a 8 de enero: “Para quienes como yo hayan vivido desde dentro el mar de fondo que se agita contra la democracia y conozcan el funcionamiento del fascismo, el asombro es limitado. Yo denuncio el neofascismo brasileño desde 2017: ¿Qué derecho tendría ahora a mostrarme escandalizada?”, reacciona para el diario progresista francés Libération.

Tilburi condensa en un análisis funcional se neofascismo nacional pero no excepcional que votó por Bolsonaro: “Mi país es el laboratorio de un proyecto político publicitario, en parte vinculado con el que EEUU tiene a Trump y Steve Bannon a la cabeza. La democracia se ve vaciada de su sustancia en provecho de una forma de marketing político y de las bodas entre un fascismo de viejo cuño y el tradicional neo liberalismo. A esto se debe que siempre dote a sus manifestaciones políticas de una dimensión espectacular”.  Al flamante gobierno de Lula, al que toca enfrentar “el núcleo duro del fascismo, su corazón, que late ahora en Brasil: la negación y el odio del otro”, la filósofa asigna un “deber: poner límites muy claros. La ley tiene que servir como escudo”.

Fue un castigo a la clase política por despreciar a la democracia liberal

Hay quienes, como Federico Rampini en Il Corriere della Sera,  allí donde Tilburi, y no sólo ella, ven fascismo, en vez de ese extremismo connacional este economista italiano ve antiliberalismo, descuido, abandono (en todo lo cual el fascismo, pero no sólo el fascismo, incurre) de la primacía del juego limpio: “La democracia liberal funciona si se reconoce la legitimidad del adversario, y si aceptamos oír al otro y cederle el lugar cuando perdemos, porque ganó con tanto respaldo como nosotros cuando ganamos. Sólo gracias a la libre competencia electoral vamos a volver”.

Más liberalismo político, es la moraleja de Rampini para Lula: “menos demonizar al rival”. Brasil, a diferencia de EEUU, no es una democracia constitucional liberal desde 1787. Recién lo fue dos siglos después, a partir 1988. “Democracia o muerte es un slogan menos intuitivo en Brasil”, advierte. No ha de extrañar que The Economist y Foreign Affairs expresaran esta semana buenos deseos análogos para Brasil, porque son publicaciones que distribuyen ese desear a un destinatario universal.

Fue terrorismo

En San Pablo, la semióloga brasileña Lygia Maria encuentra, como otras voces también hallaron y expresaron en coincidencia conceptual espontánea, que el corazón de las tinieblas de la experiencia del 8 de enero es el terrorismo.  “En un sentido generoso -opina esta doctora de la Pontificia Universidad Católica paulista-, el crimen consumado en Brasilia bien puede ser considerado como acción terrorista -aunque la legislación brasileña, en la Ley de 2016, tipificó el delito de terrorismo restringiéndolo a hechos delictuosos cometidos por motivo de xenofobia o movidos por prejuicio racial, étnico o religioso. Pero en Brasilia, autoridades y población fueron rehenes, cautivadas por extremistas que abusaron de la violencia sobre las personas y sobre las cosas para alcanzar sus objetivos. Terror puro y simple”.

También como terroristas, como término más abarcador,  fueron definidos los hechos del 8 de enero en una Nota de repudio redactada y firmada por los Tres Poderes del Estado en Brasilia: “las acciones terroristas, de vandalismo, criminales y golpistas”. Al final, recién, el término golpistas. Colocado en último lugar, porque el golpismo es una noción, una construcción, no la descripción de un hecho clasificable a simple vista, por la acción o por sus efectos, como vandalismo: si la cuarta calificación no se probara, las tres primeras incriminaciones bastan para concitar castigo, habría remarcado Rose Weber, presidente del Supremo Tribunal Federal (STF).  

Fue el imperialismo norteamericano

Desde la izquierda latinoamericana, una vertiente de opinión prefiere, al subrayado de lo distintivo que haría una novedad de la derecha de Bolsonaro y Trump, el reconocimiento de la reaparición del viejo imperialismo de EEUU al acecho de su 'patio trasero’. Una potencia colonial jamás desatenta a la hora de quitar el oxígeno a democracias que crecen, o podrían hacerlo, a contrapelo de sus intereses, apunta el analista político Luis Alberto Echazú Alvarado.  

También boliviano, el escritor y periodista Ernesto Calizaya ejemplifica con solvencia a la vez que conceptualiza qué eje sostiene esta línea de análisis, al indicar que los gobiernos latinoamericanos deben estar alerta y unirse contra estas amenazas de desestabilización política, económica y social a sus gestiones que no comulgan con la política estadounidense. A decir del experto, “no es ningún descubrimiento que EEUU opera para desestabilizar a los países donde los gobiernos no son sumisos a sus intereses políticos e ideológicos”. Manifestó que no es casualidad que gobiernos de derecha funcionales a los intereses de las administraciones norteamericanas busquen y encuentren refugio en EEUU, luego de perder elecciones. 

Qué hacer con eso que fue

En todos los casos, los análisis más detallados se leen en Brasil. Más del 90% de las personas encuestadas en sondeos al respecto, repudian la violencia del 8 de enero.

A su manera, todos los análisis brasileños, sin excepción, compadecen al presidente Lula. El ocuparse debidamente de la cuestión, sobre lo que tampoco nadie prevé desatención o ligereza, le restará al inicio del gobierno tiempo y energía. Ni en las columnas más rutinariamente antipetistas, como algunas del Estadão paulistano, despunta alegría por la desgracia ajena

Brasil el día de después. Cómo amanece un país tras un asalto a sus instituciones democráticas. “Con ansiedad y desesperanza”, contesta Gabriela Santos, artista audiovisual de 22 años que durante la tarde del lunes sumó su grito al de decenas de miles de personas, hasta 70.000 según los organizadores, en Sao Paulo, la ciudad más poblada de Brasil. 

“Necesitaba marchar rodeada de personas que piensan, como yo, que esto no puede suceder. Y llenar las calles para decirles que a pesar de lo de ayer, podemos con ellos”, continúa con voz firme. Lo de ayer fue el asalto —y destrozo— al Congreso, al Tribunal Supremo y al Palacio de Planalto, sede del ejecutivo brasileño, por parte de miles de bolsonaristas radicales portando pancartas que pedían una intervención militar. 

La respuesta no tardó en llegar, con la convocatoria en al menos 16 capitales de estado de multitudinarias manifestaciones en repulsa al avance de la extrema derecha y en favor del sistema democrático de Brasil. “Somos democracia”, señalaba uno de los carteles que inauguraba la manifestación en Sao Paulo, que ha comenzado sobre las cinco de la tarde su recorrido por la avenida Paulista, símbolo cultural de la ciudad. 

En Río de Janeiro, miles tuvieron que sacar el paraguas al ritmo del himno nacional en la plaza de Cinelandia, el espacio habitual de concentraciones. Aunque con menos afluencia, las marchas también han tenido reflejo en el sur, más rico y cercano a la derecha, en ciudades como Santa Catarina, Florianópolis. 

Miles de gorras, camisetas o banderolas rojas (incluso los tambores de las batucadas y sambas eran rojos), color en apoyo al presidente Lula Da Silva, que tomó posesión hace apenas una semana, han coreado el mismo eslogan en las principales ciudades del país: “Sin Amnistía”. Ni para los más de 1.200 detenidos que el domingo arrasaron el corazón democrático de Brasil, ni para el expresidente Jair Bolsonaro, que está hospitalizado en EEUU con dolores abdominales y a quien Lula señaló como “responsable” de lo ocurrido. 

Tamikua Txihi pertenece al pueblo originario de Jaragua de Sao Paulo y dice acudir a la manifestación para defender a América Latina del “virus del fascismo”: “Fue en Bolivia en 2019, en Perú y ahora en Brasil. No vamos a dejar que nos maten más de una vez, Bolsonaro es un virus contaminante que acaba con la vida”. 

“Los más ricos quieren volver al pasado”

Muy jóvenes y de clases sobre todo populares, el fracasado intento de golpe ha hecho despertar miedos escondidos en la memoria colectiva y muchos manifestantes han hecho alusión al periodo dictatorial que desde 1964 hasta 1985 ensombreció Brasil. “Los más ricos quieren volver al pasado, para que el pueblo no hable. Por eso decimos ‘Dictadura nunca más’”, denuncia Amanda Bispo, representante de Unidad Popular. 

“En Brasil han intentado acabar con la democracia otra vez. Ya ocurrió en 2017 con el impeachment de la presidenta Dilma y no podemos permitir que esto ocurra de nuevo. Tenemos que salir a la calle para demostrar que somos más que ellos y estamos más organizados”, opina Gabriel Oliveira, de 19 años, miembro del Frente Nacional Antirracista. 

Puño en alto o formando una “L” con los dedos, las manifestaciones han sido convocadas por sindicatos de estudiantes, colectivos antirracistas y movimientos sociales feministas y por los derechos de las personas LGTBI, coordinados desde las pasadas elecciones en grupos antibolsonaristas. A ellos se han unido hinchas de equipos de fútbol. 

“Estamos por la democracia y contra el fascismo”, apunta Mirali, bibliotecaria de 26 años, un eslogan con el que todos en las marchas parecían concordar. “Brasil eligió a Lula y Lula será quien gobierne”, sentencia Beatriz Blanco, de la Banca Feminista.

Jair Bolsonaro no felicitó a Lula por su victoria electoral. Como tampoco lo hizo Donald Trump con Joe Biden hace dos años. Es más, Bolsonaro se fue de Brasil y se instaló en Tampa dos días antes de la toma de posesión de Lula, en el muy republicano Estado de Florida, en uno de cuyos hospitales se recupera de un dolor abdominal sobrevenido. Cerca de Disneyland, disfrutando de las buenas temperaturas y del privilegio concedido a un gobernante por parte de uno de los países más estrictos con la política migratoria. Mientras, sus seguidores, que intentaron colapsar las carreteras ante el triunfo de Lula, decidieron este domingo asaltar las sedes de los poderes constitucionales en Brasilia.

Bolsonaro nunca reconoció su derrota ni concedió legitimidad a la victoria de Lula, entre otras cosas porque nunca dejó de sembrar dudas sobre el recuento electoral, como recopila un reportaje de The New York Times, en el que se desgrana cómo fue creando la falacia de las elecciones amañadas basada en imprecisiones, datos fuera de contexto, pruebas circunstanciales, teorías de conspiración y mentiras descaradas, muy al estilo del expresidente de EEUU.

El manual de Bolsonaro recuerda mucho al de Donald Trump. Es verdad que no es lo mismo ocupar el Capitolio –el 6 de enero de 2021– con congresistas dentro que asaltar instituciones un domingo en Brasilia –8 de enero de 2023–, cuando no había nadie porque las instituciones están vacías los festivos. Pero sí es cierto en que la línea de puntos deja pocas dudas: cuestionamiento del recuento electoral, campañas de desinformación amplificadas por poderosos medios de comunicación y no reconocimiento de la legítima victoria del rival político en el momento del traspaso de poderes.

De esta manera, el nuevo conservadurismo recurre al gatillo movilizador, una suerte de 18 brumario de una derecha subida a la ola del populismo nacionalista, el negacionismo pandémico, el neotrumpismo, el neoliberalismo extremo y la xenofobia. Eso sí, con la compañía de algunos medios de comunicación poderosos para amplificar sin filtros ni comprobación toda suerte de mensajes apocalípticos.

Como en aquel 18 brumario de Luis Bonaparte –bautizado así por Karl Marx como espejo del 18 brumario de Napoleón Bonaparte del 9 de noviembre de 1799–, cuando los dos grandes partidos tradicionales franceses –orleanistas y legitimistas, todos monárquicos–, se unieron en diciembre de 1851 –tres años después del proceso revolucionario francés de 1848– en lo que se llamó el Gran Partido de Orden, el 18 brumario de las derechas en el siglo XXI supone también una confluencia de diferentes sectores conservadores frente a una supuesta amenaza al sistema, e intentan presentarse como los agentes del orden aunque sea subvirtiendo el mismo orden constitucional e institucional que dicen defender.

En aquel caso histórico de hace siglo y medio, orleanistas y legitimistas se unieron a pesar de representar a sectores sociales distintos –unos, a la burguesía financiera; y otros a los terratenientes–, incluso cada uno defendía una dinastía distinta, pero les unía el supuesto orden frente a los socialistas y sus revoluciones. Y más de 150 años después, el 18 brumario de las derechas recurre ahora a los mismos fantasmas –socialcomunistas; globalistas; dictadura progre, filoterroristas; rompepatrias– para defender un orden por la vía del desorden.

A partir de ahí, los seguidores más leales escriben su propio final de la línea de puntos con actos que se parecen más a golpes de Estado que a caceroladas, con la connivencia de mandos policiales y militares.

Mientras, el líder observa desde la distancia con su Twitter en stand by hasta ver el desenlace de los acontecimientos. Una vez derrotados los asaltantes del Capitolio o de Brasilia, el líder publica una tibia censura de unos actos cuya autoría intelectual rechaza al tiempo que rebaja su gravedad comparando unos hechos inéditos con otros sucesos del pasado. Y, eso sí, sin expresar apoyo ninguno al Gobierno legítimo, ya sea de Lula o Biden.

Una tibieza que recuerda el tono de los tuits publicados este domingo por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra. Ninguno condena nítidamente el asalto y ambos evitan mostrar su apoyo al gobierno de Lula da Silva, elegido democráticamente. Es más, en el caso de Gamarra, llega incluso a aprovechar los sucesos para golpear a Pedro Sánchez por la reforma del Código Penal.

No en vano, la legitimidad del Gobierno de Pedro Sánchez la niegan tanto que Feijóo ha llegado a defender su bloqueo a la renovación del CGPJ como mecanismo de para “para proteger” el Poder Judicial del Ejecutivo.

Más lejos aún fueron las Nuevas Generaciones de Madrid, comparando el asalto de Brasilia con las medidas del Gobierno para renovar los órganos judiciales que llevan años bloqueados por el partido de Feijóo. “Muy grave lo de Brasil. Igual de grave que querer controlar a los jueces e instituciones públicas como quieres hacer en España”, tuiteaban las juventudes de Isabel Díaz Ayuso.

No es lo mismo un tuit de Cuca Gamarra que asaltar el Capitolio, del mismo modo que no es lo mismo negarse a cumplir la Constitución bloqueando la renovación del CGPJ que tomar Brasilia, aunque sea en domingo.

Ahora bien, los parecidos comienzan a aparecer cuando se niega la legitimidad del Gobierno elegido, cuando la derecha judicial impide incluso debatir proyectos de leyes en el Senado; o cuando se usan todos los resortes en Bruselas para sembrar todo tipo de dudas sobre el Ejecutivo; o cuando se vincula al Consejo de Ministros con ETA, Venezuela o la antiEspaña. ¿Hasta dónde guiará a los más exaltados la línea de puntos que escriben cada día los líderes del PP, Vox y Ciudadanos?

Conexión familiar Trump-Bolsonaro

Trump y Bolsonaro tienen mucho en común. Entre otras cosas, el proyecto de Internacional de extrema derecha mundial que intentó lanzar el ex asesor del ex presidente de EEUU Steve Bannon, fundamentado en la soberanía patriótica de las naciones; las fronteras contra los migrantes y la resistencia contra el feminismo conectó a ambos líderes.

Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, confirmó en su día –febrero de 2019– que sería el hombre de Bannon para América Latina. “Estoy muy orgulloso de unirme a Steve Bannon como líder del Movimiento en Brasil. Trabajaremos con él para expandir el nacionalismo de sentido común para todos los ciudadanos de América Latina”, anunció Bolsonaro, antes de que colapsara ese proyecto político que acabó con Bannon detenido por presunto fraude en la construcción del muro con México.

“Restauraremos la dignidad, la libertad y las oportunidades económicas para nuestra gran nación y sus vecinos. Caminaremos a través de nuestro programa de unir las fuerzas del nacionalismo. El trabajo de Bannon en Europa es vital y apoyamos su esfuerzo contra el peligroso Pacto Mundial sobre Migración. Podremos ser más fuertes si unimos nuestras fuerzas para promover la prosperidad y nuestra cultura occidental compartida”, añadió Eduardo Bolsonaro.

“Es un honor dar la bienvenida a Eduardo Bolsonaro como un socio distinguido, y a Brasil, un aliado clave en América Latina”, dijo Bannon: “Nos mantenemos unidos en nuestra búsqueda de una agenda nacionalista populista para la prosperidad y la soberanía de los ciudadanos de todo el mundo”.

Cuatro años después, en enero de 2023, Lula no sólo ya no está en la cárcel como entonces, sino que se anuló la sentencia por atropellos en la instrucción, ganó las elecciones y acaba de tomar posesión como presidente del país. Y lo es en un contexto de recientes victorias progresistas en todo el continente, como en Chile y Colombia, a la que también se suma la de hace algo más de dos años en Bolivia, después de que el MAS venciera en las urnas a quienes habían ejecutado un golpe contra Evo Morales, que se exilió en México.

Pero antes, aunque no mucho antes, América Latina ha vivido un golpe contra Manuel Zelaya en Honduras en 2009; un intento de golpe en 2010 contra Rafael Correa en Ecuador; el golpe contra Fernando Lugo en Paraguay en 2012; la destitución de Dilma Rousseff en 2017, dos años antes del encarcelamiento de Lula; y, en 2022, el intento de asesinato a Cristina Kirchner.

El asalto ultra de Brasil es una nueva evidencia de lo que pasa cuando las derechas cuestionan los resultados electorales. A partir de ahí, los seguidores más leales escriben su propio final de la línea de puntos con actos que se parecen más a asonadas que a simples manifestaciones. Ya sea en Washington, en Brasilia o en cualquier otro lugar del mundo.

'Asalto a la democracia en Brasil', en Un tema al día

Al fin de la mañana del segundo domingo de 2023, como si todavía llevara entallada al tórax la toga incorruptible del Lava Jato, el ex magistrado federal Sérgio Moro tuiteó su veredicto sobre la primera semana de la tercera presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva. Un juicio negativo. Según el actual senador por Paraná, en el balance de la primera semana de gobierno de su ex reo en el Lava Jato había superávit de severas advertencias a la derecha golpista y déficit de anuncios de puesta en marcha de nuevas políticas. Por desgracia, es difícil acusar esta vez de fake news al paladín del lawfare. Y menos fácil sería despejar ese diagnóstico de desbalance señalando el horizonte que dejaron trazado los hechos de la tarde de ese mismo día. En las semanas, meses, años por venir, la gravitación del 8 de enero promete ser cada día más aleve. La agenda de pacificación política nacional duró -y de acuerdo con el ex cruzado anticorrupción, durmió- apenas una semana.

Crimen y castigo, humillados y ofendidos, adolescentes y endemoniados

El nuevo tiempo será de investigación, persecución, punición, prisión. Tareas imprescindibles e impostergables para el gobierno después de la temporaria ocupación y entusiasta devastación de Palacio Presidencial, Congreso y Corte Suprema en Brasilia por grupos opositores que buscaban derribar la presidencia, el gobierno, a Lula, o desfuncionalizar todo el sistema republicano que les toca vivir. Nada superará en urgencia esta misión. Fatalmente, la división entre la democracia electoral, identificada con el gobierno por el gobierno y por las instituciones del Estado, y la autocracia golpista, aumentará en la comunicación del Estado. Y la oposición la trasladará, nuevamente, a la antinomia comunismo vs libertad.

El nuevo tiempo será de investigación, persecución, punición, prisión. Tareas imprescindibles e impostergables para el gobierno de Lula tras la ocupación y entusiasta devastación de Palacio Presidencial, Congreso y Corte Suprema en la capital brasileña.

Esa misma mañana del malicioso Twitter de Moro, según algunos analistas de CNN Brasil señal de que el senador federal sabía más de lo que decía, ni Lula ni el gabinete presidencial sabían más de lo que decían. No habían emitido signos de anticipar cuánto iba a ocurrir por la tarde. Tampoco el periodismo, según nos cuenta Camila Mattoso. En lo que creía un domingo muy plácido, la jefa de la redacción en Brasilia de la Folha de São Paulo había salido a correr cuando de pronto ve mucha gente manifestándose, demasiada. Mucha más de todo cuanto esperaba en una marcha de la protesta bolsonarista cotidiana, que ni desfallece ni desmadra.

El golpismo es el otro, pero todos unidos venceremos

Con 12 grados de longitud más al este que Buenos Aires, la noche llegó antes en Brasilia, y la situación estaba controlada y los daños consumados. Los visitantes de la tarde habían llegado a cada piso del Palacio Presidencial de Planalto, habían ocupado cada Cámara y cada Salón del Congreso, habían desvencijado cada sillón del Plenario del Supremo Tribunal Federal (STF). Habían traído piedras para romper las grandes paredes exteriores de vidrio que son un slogan fotográfico de la arquitectura de la capital estrenada en 1960 para simbolizar la modernidad (el primer presidente que juró en Brasilia, Janio Quadros, no duró un año). Estaquearon un vasto lienzo de masas rurales en marcha al socialismo de Candido Portinari; se llevaron obras de arte; en un travelling, una mujer vació su vejiga sobre archivos del STF socialista. 

El funcionamiento de la logística, el traslado a Brasilia de cien ómnibus cargados, que sumaban su masa crítica a los campamentos ya instalados, ante cuarteles militares, y en otras áreas, parece ser el resultado, si se evalúa por su bien logrado avance pasos en falso, de una coordinación común o de coordinaciones en concierto. La investigación judicial dará frutos relativamente tempranos sobre los transportes, la financiación, las consignas e informaciones sobre dónde reunirse y desde dónde partir. Y se estudiarán las redes sociales, se establecerán urdimbres de hilos mayores, de apelativos comunes, como 'patriotas', 'patriada', de tejidos y tejedores espontáneos o no tanto, de fuentes autónomas sin recursos (aunque no siempre cerradas a recibirlos como aliciente a su participación) o provenientes de orígenes con sus necesidades subsanadas ya por benefactores poco desinteresados pero estimulantes. Ya hay un millar y medio de detenidos y poco más de dos centenares de presos, delincuentes arrestados in flagrante delicto. Ya hay feria de abogados, que ofrecen servicios a mil reales, y recorren las unidades de la Policía Federal (PF) esperando que los contraten.

Más incierto es el buen éxito de encuadrar a la masas bajo una consigna común. Como las protestas de 2013-2016 en Brasil, como las del ‘estallido social’ de 2019 en Chile, como los ‘chalecos amarillos’ de 2016 en Francia (Emmanuel Macron fue uno de los primeros presidentes en manifestar su apoyo a la Democracia y a Lula, y la prensa francesa la primera en cubrir los hechos en Europa), falta un liderazgo único y una consigna única.

El periodismo que cubrió (no sin soportar animadversión, escarnio, burlas, agresiones físicas) en la plaza de los Tres Poderes de Brasilia las horas clave de la soleada toma vespertina, oyeron a grupos que pedían “Impeachment a Arthuro Lira” (presidente de la Cámara de Diputados). Otros “Impeachment a Rodrigo Pacheco” (presidente del Senado). Otros más “Impeachment a Alexandre de Moraes” (juez del STF y titular del Tribunal Superior Electoral, TSE, durante las elecciones presidenciales de octubre, que anuncia métodos más sutiles y penetrantes de perseguir las fake news y las opiniones tendenciosas en las redes y en los medios). Muchos, con adhesiones de los acusadores a juicio político, “Intervención del Ejecutivo por las FFAA” (según la Constitución de 1988, en vigencia, el Ejército puede intervenir cualquier gobierno en caso de descalabro cívico o moral; nunca lo hizo en democracia), “Gobierno militar ya”.

El 8 de enero de 2023 en Brasilia, según el presidente centro izquierdista Lula

Según diversas opiniones jurídicas, los manifestantes no son terroristas, en sentido técnico. Sí les caben condenas penales por su voluntad destituyente y antidemocrática. Hay discusión sobre cuán anómicas son, también, esas personas que protestan. Porque los manifestantes reclaman diversas leyes, divinas y humanas, que dicen pisoteadas por las élites de izquierda, comunistas, ilustradas, ateas, antirreligiosas, sexualizadoras-de-la-infancia-temprana, antifamiliares.

En su primera intervención ante los medios después de los hechos, Lula regresó al vocabulario de la campaña del balotaje, que parecía sepultado -que estaba sepultado- desde su victoria del último domingo de octubre. Se refirió a Bolsonaro como genocida (dos o tres veces), a los asaltantes del poder de Brasilia como nazis, como estalinistas, como fascistas, desde luego como antidemocráticos y golpistas. Sus adláteres en la exposición, e integrantes del Gabinete, y los medios desde siempre, multiplicaron la definición sustantiva terroristas.

Entrevió Lula un mundo de estrictos castigos, y enumeró a culpables civiles y militares. Para todos previó sanciones, para los uniformados expulsiones de las Fuerzas. Empezaba el gobierno su segunda semana sin apartarse de aquello que según el el juez Moro había caracterizado a la primera semana desde del mediodía del 1° de enero al mediodía del domingo siguiente: a caer el sol del 8 de enero la coalición electoral y gobernante dominada por el Partido de los Trabajadores (PT) vivía en un mundo soñado de leyes y condenas que lloverían con fuego sobre los enemigos de la democracia. (En cuanto a las otras lluvias, su falta se sentía en Brasil,y “el genocida” de Bolsonaro había previsto un fondo miserable en el Presupuesto para la sequía, añadía digresivo y acusador el Presidente).

Castigos, entreveía Lula, que serían ejemplificadores, inhibidores para nunca jamás de todo comportamiento golpista futuro. Puniciones que se aplicarían con la debida seriedad, con el valor máximo de las penas, preveía sin titubear el Presidente, adelantándose a las fabulosas sentencias de la Justicia, alejadas en el tiempo de los relojes, a todos cuantos fueran hallados culpables de atentar contra la democracia. La polarización extrema del mes de octubre, vivido en el tránsito antagónico de los dos rivales desde la primera vuelta del primer domingo del mes hasta la segunda del último domingo que dirimió la derrota de Bolsonaro por exiguos1,8 puntos, resucitó este domingo 8 de enero. La resucitó la campaña de Lula, rediviva. Resucitó el lenguaje de campaña al valerse de él como estándar del habla política natural y cotidiana para tratar de la agenda diaria. Habían intervenido la fuerza de acontecimientos espectaculares, imprevistos aunque no imprevisibles.

El 8 de enero de 2023, según el ex presidente ultra derechista Bolsonaro

Desde su descanso, refugio, santuario, nosocomio o utopía agusanada en el estado Florida, Jair Bolsonaro twitteó que las protestas jamás debían ser condenadas. Ninguna, jamás. (Contexto: estamos en EEUU, no estamos en Cuba). Ni contenida su libertad de acción o reunión, de movimiento y expresión. El límite intolerable para la soberanía de un Estado robustp llega cuando la protesta social deriva en destrucción de bienes públicos o privados. La libertad de cada uno termina donde empieza la propiedad de cada otro. Así se había procedido en su gobierno, y así debía ser en el actualmente en funciones. Por primera vez identificaba Bolsonaro, con naturalidad, al “actual Jefe del Ejecutivo de Brasil”. Por ende la situación constitucional de Lula como su sucesor en la Presidencia, en ese Palacio de Planalto ante el cual todos podían vociferar. Se mira (con odio si lo hay) pero no se toca (los hombres no se la agarran con propiedades que no ganaron, cuando pierden, eso es cosa de izquierdistas, de chilenos histéricos -no los citó en este tuit, pero sí en innumerables ocasiones desde el octubre del 'estallido social' de 2019-).

Repudió Bolsonaro las “acusaciones” de Lula, “sin pruebas”, contra él. Sin mencionar el ex presidente derechista de qué lo incriminaba el actual Jefe del Ejecutivo: Lula lo había colocado por detrás de todo cuanto había ocurrido ese domingo. Con una mirada angosta, de derecho procesal, es cierto que Lula no mencionó pruebas.  

El encuadramiento del presidente derechista es útil como base argumentativa para la oposición brasileña. No es en sí golpista (aunque sí se desentienda de su presunto golpismo y del golpismo de los asaltantes de Brasilia). Todas las fuerzas, todos los Poderes pueden reunirse en el repudio de lo ocurrido. La senadora Soraya Thronicke (del partido derechista União, y representante del estado 'agroindustrial' de Matto Grosso do Sul), anunció que reunió en la Cámára Alta los 27 votos necesarios para lanzar una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre “los hechos antidemocrátidos del domingo”. Por cierto, la Comisión hurgará también en la Seguridad, la Inteligencia, la Justicia del Gobierno, y ganará influencia sobre éste y exposición mediática. Esta moción de la senadora ex bolsonarista, ex candidata presidencial derrotada en la primera vuelta del 2 de octubre, deberá tener en cuenta que el Partido Liberal (PL); el partido de Bolsonaro, en la elección general del 2 de octubre hizo una elección récord y ganó la mayoría de las bancas de la Cámara alta. El PT es el quinto partido en el Senado, y acuerda con la instauración de la CPI, que recién empezaría a funcionar en febrero.

El marco para ver los hechos que propone Bolsonaro no es es diferente de aquel con el cual el actual y el anterior presidente de Chile acordaron visualizar el diorama de la furia antisistema y anti gobierno del estallido social en Chile. En ese cuadro, cuando una concentración de personas extremaba periódicamente su violencia hasta incendiar iglesias, estaciones del metro, archivos del Estado empezaba recién la comisión de delitos penalizables por esos sujetos que reclamaban la caída del gobierno de Sebastián Piñera.

Desde una perspectiva política, aun desde la menos especulativa, que Bolsonaro haya llegado al poder en 2018, y que lo perdiera en 2022, que sea el gas más respirado en la atmósfera respirada por igual por cada iniciativa que despunta en la red o pone el pie en la calle para repudiar a un Estado que tolera sus modos de convivencia a la vez que promueve pedagogías que los socavan, resulta insoslayable.Hallar una cadena de subordinación entre los actores del domingo capitalino y el ex capitán paracaidista del Ejército 19 años diputado federal por Río de Janeiro, apoltronado en su banca del Congreso de Brasilia ahora mancillado, cascoteado v averiado por sus órdenes, será faena larga, controversial y posiblemente misérrima en averiguaciones.

Yo soy el Presidente, tú nomás el Responsable

El Washington Post tituló Brasil tuvo el 8 de enero su 6 de enero. Cualquier parecido es pura coincidencia: en realidad, la similitud salta a la vista. Pareciera que dos años después, se redondeara crispadamente el paralelo entre el republicano Donald Trump y el maverick Jair Bolsonaro. Vistos de más cerca los dos días, hay un par de diferencias clave, en el marco de los acontecimientos antes que en las peripecias vandálicas, que serán las más ricas, u onerosas, en consecuencias.

El 6 de enero de 2021 el Congreso debía certificar los votos de la elección de noviembre, y certificar el triunfo del demócrata Joe Biden. Una multitud de partidarios, convocados por Trump para manifestarse en repudio de la elección robada, después de oír un discurso donde inflama sus ánimos rebeldes, marchó al Congreso y entró con ánimos de reclamar la certificación de Trump como presidente, a sangre y fuego. Nunca pudo demostrarse que Trump los incitara a más que protestar, en términos jurídicos.

Hay ya dos diferencias mayores con Brasil. Los manifestantes entraron en Brasilia a sedes desiertas de los tres Poderes, destruyeron infraestructura clave, rompieron vidrios, muebles, archivos, togas, puertas y ventanas. Su finalidad no era impedir el fin de una atribución constitucional del Congreso, de una función necesaria para la sucesión presidencial.

La otra diferencia enorme consiste en que en la primera semana de enero de 2021 el presidente de EEUU era Trump. En la segunda semana de enero de 2023 el presidente de Brasil es Lula.

El crimen y el castigo de quienes asaltaron Brasilia, de quienes los financiaron, reunieron, trasladaron, pertrecharon, incitaron, puede, con el tiempo, llegar a conclusiones satisfactorias para el gobierno y para la comunidad internacional. Menos completas en su satisfacción, fatalmente, resultarán para la oposición, y, en diversos casos, para diversos sectores concernidos de la sociedad brasileño.

Una cuestión mayor, sin embargo, arrojará una sombra a todo el tercer mandato de Lula. Que no se desplazará, aunque pueda ser ampliamente compensada. La responsabilidad de evitar lo ocurrido es del gobierno. Algo que el gobierno entiende perfectamente, porque el primer anuncio de Lula fue la intervención de la seguridad del Distrito Federal, que gobierna un opositor. Los hechos del domingo son más graves y de diferente índole que cualquier desmán en las solemnes exequias de Diego Armando Maradona, cuando el gobierno de la Nación argentina y el de la Ciudad de Buenos Aires no mezquinaron reproches e incriminaciones recíprocas.

En el domingo de Brasilia, el asalto y cascoteo de las sedes de los tres Poderes del Estado, en la capital del Estado, las fallas e ineficiencias de la inteligencia de ese Estado, las desinteligencias entre sus ministerios, que, en número de 37, tampoco faltan al Gobierno, se pusieron de manifiesto. ¿Cuán eficaz es esta nueva Administración, que le inutiliza las sedes de sus tres poderes un grupo de nazis, estalinistas, golpistas, fascistas, inspirados desde el smartphone de un genocida de vacaciones en un condo de Florida? ¿Cuánto podra garantizar este Gobierno de centro izquierda la seguridad de los particulares, de la ciudadanía, si no impidió la prolija vandalización de las sedes de los tres Poderes en la capital del país y sólo apresó a los malhechores una vez consumado el destrozo?

MPB, Lulapaluza y otras fiestas democráticas

La fiesta de la Democracia del 1° de enero en Brasilia, cuando asumió Lula, fue seguida por una fiesta democrática, pero ya más profana. En el ‘Lulapaluza’ musical y monumental organizado con talento para el show business por Janja, la militante del Partido de los Trabajadores (PT) que es esposa del Presidente, se oyeron todas las músicas populares brasileñas. Salvo la más popular de todas, el sertanejo, originaria del Sertón pobre y seco del Nordeste, porque los mayores referentes del género fueron considerados derechistas. En bloque, aparentemente; según la socióloga Rosângela Lula da Silva, estaban manchados de bolsonarismo, y no fueron convocados a la fiesta democrática sin golppistas de la Esplanada de los Ministerios. La Primera Dama de un gobierno petista de matriz popular hizo caso omiso, ese primer día, del género más popular. Sin invitación, por obra de manifesfestantes violentos que marcharon hasta invadir edificios del Estado sin invitación ni bienvenida, el 8 de enero, música sertaneja, la más popular de Brasil, resonó en la plaza de los Tres Poderes. Soundtrack episódico en la polarización del domingo.

En su primera exposición pública después del quebra-quebra de Brasilia, mientras los manifestantes eran filmados en fila india con las manos esposadas a la espalda y subidos a micros donde ni para todos ni todas había asiento, rumbo a sus centros de detención, Lula concluyó con un Nunca Más. Fatigado pero exultante, comunicó que la Democracia jamás es vencida por quienes la atacan. Los hechos de ese día hacían lucir a su Gobierno democrático menos invencible, menos inoxidable, de lo que resplandecía en la aseveración del ex obrero de 77 años que había pasado 580 días en la cárcel condenado por el ejemplar juez Sérgio Moro.

AGB

El presidente del Senado y del Congreso Nacional de Brasil, Rodrigo Pacheco, convocó para hoy al parlamento para analizar el decreto firmado ayer por el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que impone una intervención federal en los organismos de seguridad de Brasilia, en respuesta al ataque golpista en el que bolsonaristas invadieron y destrozaron las sedes de los tres poderes del Estado de la capital brasileña.

El decreto firmado por Lula determina que la seguridad pública en el Distrito Federal es responsabilidad del gobierno federal y nombra interventor al secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Cappelli, según el acta firmada por el mandatario.

“El presidente del Senado Federal, en uso de las atribuciones (...) hace saber que el Congreso Nacional es convocado extraordinariamente, sin pago de dieta, durante el período necesario para considerar el Decreto”, ordenado por Lula para “poner fin al grave compromiso de orden público, en los términos señalados'”, escribió Pacheco en la carta enviada a los senadores.

La Constitución Federal brasileña establece que, incluso tratándose de un decreto, es decir, un acto firmado por el presidente de la República, corresponde al Congreso Nacional aprobar el estado de intervención federal.

Esta es la segunda vez que el gobierno federal impone tal intervención.

Además de Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, también regresará hoy a Brasilia.

Ambos líderes parlamentarios deben reunir a los congresistas este lunes para discutir la reacción del Congreso contra los actos de vandalismo cometidos por los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro.

Aún no hay horario previsto, según informó la oficina de prensa de la Presidencia de Cámara.

El presidente del Senado incluso envió un mensaje a los senadores pidiendo unidad en este momento, informó el diario brasileño Folha de San Pablo.

En el mensaje, Pacheco dijo a los parlamentarios que la situación es “grave” y pidió a sus compañeros manifestarse “con vehemencia” contra los actos de vandalismo registrados en la capital federal.

Ayer, miles de seguidores de Bolsonaro que reclaman un golpe de Estado invadieron por cuatro horas y provocaron destrozos en el Palacio del Planalto (casa de gobierno), el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF).

Los partidarios del expresidente ultraderechista, derrotado en las últimas elecciones -quien además no reconoció su derrota y se fue del país dos días antes de que se terminara su mandato-, subieron la rampa del Congreso, rompieron las ventanas del edificio e invadieron el lugar, buscando crear las condiciones para un golpe de Estado.

CRM con información de la agencia Télam

Al menos 1.200 bolsonaristas fueron detenidos este lunes en el campamento que habían montado frente al cuartel general del Ejército en Brasilia desde las elecciones de octubre y desde el que fueron lanzados los ataques del domingo contra las sedes de los tres poderes en Brasil.

Los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, que no reconocen la victoria del líder progresista Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales, fueron detenidos luego de que, cercados por la Policía y el Ejército, desmontaran pacíficamente el campamento en el que se refugiaban.

Según el Ministerio de Justicia, los bolsonaristas detenidos fueron conducidos en al menos 40 autobuses hasta la sede de la Policía Federal, donde serán identificados para intentar establecer si participaron en los ataques violentos del domingo y fichados por si en un futuro surgen pruebas en su contra.

Tan solo permanecerán arrestados los que sean señalados como participantes en los actos vandálicos y los que tengan algún indicio en su contra.

Los presos se sumarán a las cerca de 300 personas que fueron detenidas el domingo por su responsabilidad en los ataques.

El desalojo fue pacífico y se produjo luego de que el magistrado Alexandre de Moraes, uno de los once miembros de la Corte Suprema, ordenara el desmonte de todos los campamentos montados por bolsonaristas frente a cuarteles militares del país y desde el que defendían un golpe de Estado en Brasil contra Lula.

Moraes, responsable por varias de las investigaciones contra Bolsonaro y sus seguidores por ataques a la democracia, ordenó que los ocupantes de los campamentos “sean detenidos en flagrante por la práctica de diferentes crímenes”.

El campamento de los radicales en Brasilia, montado hace más de 70 días, desde que Lula se impuso en la segunda vuelta de las presidenciales, sirvió de base para los manifestantes que invadieron el domingo las sedes de los tres poderes de Brasil y fue el lugar al que regresaron tras su fracasado intento de forzar un golpe de Estado.

El número de radicales en el campamento frente al cuartel del Ejército venía cayendo desde la investidura de Lula, el 1 de enero pasado, y el jueves las autoridades contabilizaban unas 200 personas, pero el sábado saltó hasta unas 3.000 luego de que los bolsonaristas convocaran la manifestación del domingo.

nte el caos generado por el asalto a los edificios públicos, Lula decretó la intervención federal del área de seguridad de Brasilia hasta el próximo 31 de enero, con lo que las policías regionales estarán bajo control del Gobierno federal.

El asalto al Congreso, la Presidencia y el Supremo solo se resolvió después de cuatro horas y media de desconcierto, cuando agentes antidisturbios cargaron y lanzaron gases lacrimógenos contra los exaltados que estaban dentro y fuera de los edificios de los tres poderes.

EFE

IG

Los hechos ocurridos este domingo 8 de enero de 2023 en Brasilia fueron condenados de forma unánime por la comunidad internacional y ocurrieron exactamente una semana después de que Lula asumiera la Presidencia de Brasil.

Lula calificó de “barbarie” el intento de golpe de Estado promovido por “vándalos fascistas” y acusó a Bolsonaro de “estimular” esos actos antidemocráticos con su actitud.

Lo primero que hay que decir es que no hubo Golpe de Estado. Ni ruptura violenta de la institucionalidad. La democracia brasileña no corre (ese) peligro. Ni un golpe a la antigua, con tanques en las calles (como en Brasil en 1964, en Argentina en 1966, en Chile en 1973). Ni una renuncia presidencial arrancada bajo la amenaza del uso de una fuerza irreprimible (como en Argentina en 1962, en Bolivia en 2019). Lo segundo que conviene añadir es que la gravedad del peligro no se mide según esa escala. El golpismo brasileño actual no busca el derrocamiento directo del presidente electo Luiz Inácio Lula de Silva. Pero la sola invocación del Golpe como vía legítima para que el pueblo bolsonarista recupere el poder que le fue 'birlado' por las élites 'anti-pueblo´ del PT es instrumento eficaz para rehusar toda legitimidad al mandato electoral del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva. Los acontecimientos del domingo 8 de enero lo demuestran.

El presidente Bolsonaro había decidido no participar de la transición luego de haber sido derrotado en las elecciones del 30 de octubre por Lula, líder del Partido de los Trabajadores (PT) que asumió el 1° de enero su tercer mandato tras haber gobernado dos gestiones entre 2003 y 2010. El vicepresidente Hamilton Mourão había dicho que Bolsonaro estaba “algo triste” por haber fracasado en su intento de reelección. El vicepresidente electo Geraldo Alckmin comandó el equipo de transición que sesiona en Brasilia, en la sede del Centro Cultural Banco do Brasil.

Con la asunción de Lula, cambió el presidente en Brasilia. Uno de derecha por uno de izquierda. En Brasll, en el territorio, el giro fue a la derecha. Incluido el DF de Brasilia, donde el presidente Lula decretó la intervención federal de la seguridad el domingo.

La sociedad incivil

El presidente Bolsonaro evitó cuidadosamente pronunciar la palabra 'derrota' para calificar el resultado del balotaje presidencial del último domingo de octubre, donde su rival Lula lo superó por 1,8 puntos porcentuales.

De inmediato, apenas conocidos esos números, se multiplicaron en Brasil cortes de rutas, favorecidos por los camioneros, profesión fiel al bolsonarismo. Muchos grupos fueron a los cuarteles, pidiendo la intervención militar.

Esas acampadas continuaban a la noche del domingo. Más todavía, después de la eficaz represión de los asaltantes a los tres Poderes del Estado en Brasilia, habían aumentado, y aumentan en número.

El antipetismo de unas FFAA atiborradas de privilegios

Las FFAA, colmadas de privilegios, carecen de incentivo corporativo para intentar cualquier Golpe de Estado eficaz, cruento o incruento. A diferencia de lo que ocurría en el siglo pasado, carecen por completo de apoyo exterior, ni regional, ni de Washington, ni de ninguna potencia. La Constitución brasileña de 1988, vigente, hace de las FFAA el garante pero también el árbitro del buen desarrollo constitucional del gobierno democrático. Esto abre el ingreso a intervenciones diversas, pero no es una puerta que quieran abrir.

Dicho esto, dentro de la institución, una proporción no insignificante comulga con las ideas e indignaciones de esos civiles que los reclaman a las puertas de los cuarteles. El antipetismo militar, en determinados sectores, es firme. El PT ha buscado discutir lo que las FFAA no están dispuestas a discutir, el artículo constitucional en cuestión. Pero es más antipetismo que antilulismo. De Lula tienen el buen recuerdo del gran gasto en infraestructura y armamentos, en helicópteros y navíos, en compra multimillonaria a Francia. De Dilma Rousseff, en cambio, el resentimiento con 'la ex guerrillera' que buscó poner las bases de una operativa Comisión de Verdad y Justicia que investigara los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la larga dictadura militar 1964-1985.

Tampoco quieren las FFAA discutir su autarquía. A pesar de que el Presidente es Comandante en Jefe de las FFAA, ni designa realmente a los más altos mandos de las armas, ni influye en las promociones: Presenta, motu proprio, los nombres y los avances que los militares sugieren, sin contradicción.

Bolsonaro y el Partido Liberal

El presidente Bolsonaro condenó la violencia de los manifestantes negacionistas, elogió a quienes se manifiestan por sus ideas, reivindicó el derecho absoluto a la libre expresión. Junto con su partido, el Partido Liberal (PL), después del 30 de octubre había hecho una presentación ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) pidiendo explicaciones por anomalías en varios centenares de miles de votos.

Ni Bolsonaro, que busca constituirse en jefe de la oposición, ni mucho menos el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, que conoce muy bien a la Justicia de Brasilia, creían en la viabilidad del pedido de impugnación. Como tampoco en el buen éxito de los manifestantes del domingo. Pero la denegación era necesaria para estar a la altura del escándalo del resultado de la segunda vuelta presidencial, que sólo así pueden explicar a su base más dura. El presidente del TSE, Alexandre de Moraes, rechazó de plano el pedido del PL y aplicó una multa de 22.991.544,60 reales al Partido por litigar de mala fe.

Para Bolsonaro, el enemigo exterior, el “comunismo”, tiene representantes internos. La respuesta del TSE demostró, a sus ojos, que no se puede confiar en las instituciones: al contrario, hay que sospechar sistemáticamente de ellas, porque fueron capturadas por esa minoría elitista y antipopular que Moraes representa. En su discurso antisistémico, Bolsonaro representa la voluntad del pueblo, que lo elige por una aclamación que el voto refleja, pero ni funda ni establece. Entre Bolsonaro y el pueblo, la comunicación es directa, en los dos sentidos. Nada podrán, dice, las interferencias artificiales de la Justicia, electoral, tribunalicia.

El mayor éxito político de Bolsonaro fue el de fidelizar una sección importante del electorado antisistema. Llamarlo genocida, fascista, ignorante, equivale a despolitizarlo. Y a desconocer sus méritos tácticos y estratégicos. Acaso la tercera presidencia de Lula deba enfrentar el proceso de un cambio de objetivo. Porque Bolsonaro se propone trasmutar una oposición que es anti sistema, y por lo tanto, no necesariamente antidemocrática, en una oposición a la democracia como tal.

AGB

“Ganar las elecciones es más fácil que formar un gobierno”. Esto aseguró Lula en la transición entre ganar el balotaje contra Jair Bolsonaro el último domingo de octubre y jurar como presidente en Brasilia el primer día de enero que fue también el primer día del nuevo año 2023. Los cinco primeros ministros anunciados eran petistas de vieja data, hombres de la confianza personal del titular del Ejecutivo, varones blancos, adultos mayores como el septuagenario Lula que cumplirá 80 años antes de concluir el tercer mandato presidencial de su vida política.

Las cinco primeras designaciones fueron así las más fáciles de esa tarea que el presidente electo reconocía más dificultosa y engorrosa que hacer campaña con un objetivo simple y único compartido por una entera coalición: ganar una elección. La composición final del gabinete reunido por primera vez en el palacio presidencial de Planalto en la festividad de los Reyes Magos suma 37 carteras: 26 varones y 11 mujeres.

La mención en primer lugar de esos cinco nombres, que Lula anunció urgido por el mercado y la sociedad a hacer algún anuncio firme, decepcionó. No había huella de la diversidad, la representatividad étnica, la tendencia y orientación hacia la paridad de género, la apertura al pluralismo partidario y ideológico: todos rasgos que en esa campaña que era más fácil que organizar un gabinete ministerial el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) había reiterado consistentemente como definitorios del período Lula 3.

Las crisis amazónica y sanitaria

Se había llegado a esperar en Brasil un gabinete con paridad de género como el del premier liberal canadiense Justin Trudeau, el del presidente de izquierda colombiano Gustavo Petro (pero ya antes su predecesor derechista Iván Duque), el del presidente de izquierda chileno Gabriel Boric. No son mujeres titulares de la mitad de la carteras ministeriales de Lula, pero sí de un tercio.

Destacan la líder ambientalista Marina Silva, afrodescendiente y evangélica, en Medio Ambiente. Un Ministerio que ya conoce, porque lo ocupó en una anterior presidencia de Lula. Es un símbolo de reconciliación, porque Silva se había alejado del gobierno, pasado a la oposición, y rivalizado como candidata presidencial contra la candidatura del PT.

Al repudio a la gestión administrativa, o falta de gestión mínima adecuada, del hoy ex presidente Bolsonaro, se debe la compactación de muchas fuerzas y el compromiso de muchas figuras antes críticas y antagónicas en torno a la campaña presidencial victoriosa del PT y ahora en torno a la tercera presidencia de Lula que acaba de empezar. Particularmente, ha obrado en el regreso (como el de Silva) o primer ingreso en la coalición petista, primero electoral, y ahora de gobierno, la voluntad de revertir las políticas de laissez-faire bolsonarista frente a la crisis sanitaria del covid-19 y frente a la 'permacrisis' en Amazonia prolongada por los procesos paralelos e ininterrumpidos de quema y deforestación para ganar tierras cultivables útiles al agronegocio.

Los senadores que participaron en la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la gestión bolsonarista de crisis sanitaria, presidida por el presidente de la Cámara alta, Rodigo Pacheco, buscarán judicializar los cargos que habían levantado contra quien era entonces un presidente con fueros, inmune al procesamiento penal. Los senadores investigadores habían concluido que Bolsonaro debía ser juzgado y condenado, como genocida, por crímenes de lesa humanidad. En que debe ser llamado Bolsonaro por la Justicia y en que deberá purgar por los delitos cometidos una vez que queden firmes las condenas en las que seguramente concluirán las causas que se le abran al expresidente coinciden su sucesor Lula, que no ha desperdiciado ni una sola alocución pública y ha mencionado en todas su credo sobre el fin de la impunidad, y la nueva ministra de Salud. Al jurar para su cargo, Nisia Trindade esbozó los contornos de un ambicioso plan de vacunación anticovid-19 nacional, masivo y “científico”. Recordó la dejadez, sin duda criminal, de Bolsonaro y la urgencia de inmunizar a toda la población, y en particular a los sectores sociales y regionales.

Mejores amigos de la Democracia que de Lula

En otras figuras políticas ajenas al PT y antes hostiles a Lula, o sus contrincantes, pero de importancia clave, acaso decisiva, en la derrota final en el balotaje del 30 de octubre de Jair Bolsonaro, candidato presidencial del Partido Liberal (PL) que buscaba su reelección para un nuevo mandato consecutivo, el resorte de la alineación fue que encontraban a la democracia en el candidato del PT y a la autocracia en su rival. Es el caso de Geraldo Alckmin, histórico militante del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) de Fernando Henrique Cardoso, histórico gobernador de San Pablo, histórico candidato presidencial del PSDB vencido por el propio Lula en la segunda vuelta de 2006. En marzo, Alckmin renunció al partido de toda su vida (que hacía avanzar un programa neoliberal bajo su nombre socialdemócrata), se afilió al centro izquierdista Partido Socialista de Brasil (PSB, el mismo de Marina Silva), y flanqueó a Lula en la fórmula presidencial como candidato a vice. Como vicepresidente electo, fue uno de los actores principales, laborioso y burocrático, durante noviembre y diciembre, de la transición entre los equipos de la administración bolsonarista saliente y la administración lulista entrante, y ahora instalada. Médico de profesión, especializado en anestesia, Alckmin fue elegido por Lula para desempeñarse como titular del Ministerio de Industria y Comercio.

En los debates presidenciales televisados anteriores a la primera vuelta electoral del 2 de octubre, ningún contrincante superó, o emparejó, la elocuencia intensa, sin temor a la redundancia, de la candidata del Movimiento Democrático Brasileño. El MDB es uno de los partidos más importantes del Congreso. El MDB se cuenta entre los partidos de más grande número, peso y tradición dentro del Centrón, ese conjunto de formaciones políticas de derecha coligadas que ocupan con sus bancas todo el centro de la Cámara de Diputados. A esta ubicación mayoritaria y topográfica en el centro del hemiciclo, y no a una localización media entre extremos ideológicos, debe su nombre el Centrón.

Contados los votos de la elección presidencial del primer domingo de octubre, Simone Tebet quedó en el tercer puesto, y excluida del balotaje que se dirimen solo entre las dos candidaturas más votadas. Decidió inclinar su fuerza por Lula, y lo acompañó en la campaña de cara al balotaje con una oratoria vibrante: Simone defendía a la Democracia y a su único candidato contra el autócrata Bolsonaro.

Después de cavilar, Lula puso a Simone al frente del Ministerio de Planificación y Presupuesto. Un ministerio con elevada misión intelectual, para la que no precisa ni planta de personal abundante, ni caja generosa. A cooperantes con el gobierno pero que están por fuera del PT -más aún, que pertenecen a partidos que compiten con el PT-, corresponde encontrar funciones altamente “nobles” (la palabra es de Lula), en ministerios o despachos sin recursos económicos generados o asignados, y sin tropa propia.

Los cargos más políticos en un Gabinete muy político

Tres posiciones gravitan para Lula con más peso en la administración, porque articulan la eficaz conducción del día a día de los asuntos de gobierno Son las del Jefe de la Casa Civil, función análoga a la del Jefe de Gabinete en la Argentina, y las de los titulares de los Ministerios de Hacienda y de Justicia y Seguridad. Que ocupan respectivamente Rui Costa, Fernando Haddad y Flávio Dino. Tres personalidades del PT, tres varones adultos blancos de probada lealtad individual al ex sindicalista y primer presidente obrero de Brasil que el domingo empezó, con el año, su tercer mandato.

Al frente del área económica, el Establishment (o los mercados) prefería, más que en cualquier otro andarivel de Lula 3, un técnico. Se habían dejado oír, habían hablado claro. También Lula había dejado en claro su predilección: en Hacienda, más que que cualquier otra repartición pública, él prefería un político. Varias veces alcalde de la ciudad de San Pablo (único territorio importante que el PT puede ganar en el estado más rico de la Unión), Haddad es también un cientista social conocido y un académico que ha progresado con buen éxito ordenado en el curso honorífico docente como profesor universitario. En 2018 el juez federal Sérgio Moro había condenado y encarcelado a Lula en el marco de la cruzada anticorrupción Lava Jato. Privado de sus derechos políticos Lula, fue Haddad el candidato del PT que compitió con Bolsonaro y al que Bolsonaro derrotó en segunda vuelta.

La primera Reunión de Gabinete, una clase de Comunicación Social

En 2018, el fidelísimo electorado petista del Nordeste no lograba recordar el apellido sirio-libanés Haddad. Resultó menos político de cuanto Lula aspiraba. También en estos primeros cinco días hábiles de la presidencia fue inhábil en el manejo político. Falló Haddad en la comunicación con Lula, fracasó en la comunicación con colegas del Gabinete todavía entonces nunca reunido, erró en comunicaciones a los medios y al público. Nada grave en cuanto a las materias sobre las que se dijo y desdijo o contradijo, nada leve como despliegue de inidoneidad e incapacidad para actuar sin consultar a Lula.

El establecer protocolos que impidan para siempre confusiones, vaguedades e incertidumbres como las aportadas por Haddad y otras carteras ministeriales, era misión primera de la primera reunión ministerial, había informado Rui Costa. En un mensaje público a la ciudadanía antes de que el Gabinete sesionara ya a puerta cerrada, las primeras palabras de Lula parecían no sólo una justificación sino incluso un encarecimiento de las idas y vueltas en los dichos de su gabinete: “No somos un gobierno de pensamiento único”.

Una vez a solas, Lula ldio precisiones a 37 caras que lo miraban. Esa riqueza de pensamiento plural se pone en común en la mesa del gabinete. Pero antes de hablar en público, ese pensamiento plural debe consensuar con Presidente y colegas ministeriales una formulación única y remitir a una única y misma información única. Un método que promete orden y progreso.

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En la radio, la televisión, las redes, la página, las newsletters del Senado brasileño el trabajo de locución, presentación, filmación, difusión en vivo, redacción, fotografía, la actividad del 1° de enero fue intensa, continua, de una amplitud y profesionalismo que hizo que la amplitud de su cobertura del cambio de gobierno en Brasilia no resultase segunda a la ningún otro medio periodístico. Enfoque y énfasis sí eran diferentes. Para la Agência Senado, la noticia nacional del primer día de 2023 se deja enunciar así: “Rodrigo Pacheco, presidente del Senado, consagró un nuevo presidente en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva”. Como si el Congreso quisiera recordar, desde el primer día del nuevo gobierno, que en el año electoral 2022, el electorado votó nuevo presidente y vice, pero también nuevos diputados y senadores. Y que la suerte del Poder Ejecutivo, como también la del Poder Judicial, están en las manos del Poder Legislativo. Facultado para consagrar pero también para desecrar en virtud de su potestad de impeachment, que le permite acusar, procesar y eventualmente condenar y exonerar al presidente y al vice y a los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF).

El presidente de la Cámara de Diputados tiene la iniciativa para iniciar un proceso de impeachment o juicio político del Ejecutivo, y el presidente del Senado tiene la iniciativa para iniciar el impeachment de los ministros de la Cortes Suprema brasileña, el STF. El Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Luiz Inázio Lula da Silva ganó la primera minoría en la Cámara Baja, y el Partido Liberal (PL) del ex presidente Jair Bolsonaro la primera mayoría en la Cámara Alta. Dilma Rouseff, última presidenta petista, fue juzgada, condenada, y exonerada por un impeachment en 2016. Entre los planes a medias declarados del PL está el iniciar juicio político a integrantes de la Corte, a quienes acusa de haber fallado con parcialidad en cuestiones electorales que conllevaron a la derrota de su candidato Bolsonaro en el balotaje presidencial del 30 de octubre. En particular, a Alexandre de Moraes, que ofició como presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) en periodo de elecciones. Es muy improbable que logre una condena, si tomara esta decisión, que sería evaluada sólo en función del grado de impacto del espectáculo en el público y los medios.

El 2 de octubre la Cámara de Diputados renovó por completo sus 513 bancas, y el Senado un tercio de las 81 de la Cámara alta. En una y otra cámara del Congreso, el Partido Liberal (PL) de Bolsonaro tendrá más voces y votos que las que ganó en la elección general de 2018, cuando el candidato derechista también ganó la presidencia. La ventaja de la derecha es irreversible, e insuperable. El Partido de los Trabajadores (PT) se convirtió en primera minoría en la Cámara baja. Sin embargo, aun con todos sus aliados, la coalición que lidera el PT no reúne, por sí sola, las 180 bancas que necesitaría para frenar un impeachment.

El Partido LIberal (PL)del presidente candidato derrotado Bolsonaro, se quedó con la mayor bancada del Congreso. En 2023 tendrá 99 bancas en Diputados. En el Senado, de las 27 nuevas bancas de 2023, 19 son del PL o de senadores bolsonaristas.

El PL, partido del presidente candidato derrotado Bolsonaro, se quedó con la mayor bancada del Congreso. En 2023 tendrá 99 bancas en la Cámara baja. La federación liderada por el PT de Lula, que integra al Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y al Partido Verde (PV), ganó 80 representantes.

Como en todas las elecciones brasileñas desde el fin de la dictadura, el gran ganador en el Congreso fue el llamado Centrão, 'Centrón'. Se lo llama así porque ocupa el corazón de la Cámara baja y porque suma más bancas que todas las otras bancadas, a las que así marginaliza. Está en el Centro de la Cámara, no es 'Centro' porque sea la suya una posición política centrista, ni siquiera de centro-derecha. El Centrão es derechista. Sólo el núcleo más duro de este Centrón, formado por el PL, Progresistas (PP), Republicanos y União Brasil, ganó 246 diputados, lo que representa el 48% del total, casi la mitad de la Cámara. La União y los PP forman un único bloque, sus 106 bancas sumadas lo volverán líder de la Cámara baja.

Con Lula presidente, el Congreso está más a la derecha que con Bolsonaro

La composición del Congreso 2023 ratifica, y enfatiza, la composición anterior. La misma derecha, sólo que más fuerte, y casi inquebrantable. El Centrón tiene asegurado que le corresponderán la presidencia de la Cámara de Diputados, la composición mayoritaria de las comisiones de Presupuesto, y el voto dirimente para dar curso, rechazar, postergar, sancionar o no los proyectos de ley.

Abogado, ganadero, empresario, el quincuagenario Arthur Lira (PP), actual presidente de la Cámara de Diputados, ya ha pactado con el PT la reelección a la presidencia. En su estado norteño de Alagoas, el 2 de octubre Lira había renovado su mandato con más votos que cualquier otro diputado federal.

En la composición del Senado se refleja la mejor elección que hizo Bolsonaro. Para el ex presidente derrotado, había sido uno de los objetivos subterráneos pero infatigables de su campaña. Porque desde la Cámara alta había sufrido los más certeros ataques institucionales durante su presidencia. En especial, por parte de la Comisión Parlamentaria de Investigación que lo declaró principal responsable de la mala gestión de la crisis sanitaria de la pandemia (a la vez que inocentó a los gobiernos estaduales con esta concentración de la culpabilidad en la cabeza del gobierno federal). De las 27 nuevas bancas de la Legislatura 2023, 19 son de la derecha, sea del PL, sea de senadores aliados al bolsonarismo.

El ex vicepresidente de Bolsonaro, el general retirado Antônio Hamilton Martins Mourão, de ascendencia indígena y acentuadísimo acento carioca, es senador por el gaúcho Rio Grande do Sul. Para imponerse como senador federal de su estado natal de Paraná, Sérgio Moro tuvo que reconciliarse con Bolsonaro. El ex juez federal del Lava Jato había sido altanero ministro de Justicia renunciante del gabinete bolsonarista inicial de 2018. El magistrado de Curitiba que, motivado políticamente, procesó, juzgó y condenó ilegítimamente a Lula e inhibió la candidatura del petista en la elección presidencial de cuatro años atrás, no le debe su banca senatorial a su cruzada anti-corrupción. La épica del Lava Jato ocupó poco lugar en las decisiones del electorado brasileño de octubre. Moro debe su banca a la acolada del ex capitán del Ejército y ex presidente Bolsonaro.

Por primera vez en 25 años un nuevo partido tiene mayoría en el Senado: el PL del ex presidente Bolsonaro. El conservador Partido Social Democrático (PSD) del actual presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, es la segunda bancada. El liberal Movimiento Democrático Brasileño (MDB), fuerza también derechista que actualmente es el mayor partido del Senado, ocupa en 2023 el tercer lugar en la Cámara alta. Pero también tiene 9 senadores el conservador y nacionalista União Brasil, por lo que hay dos bancadas en tercera posición. Desde 1998, el MDB retenía la mayoría del Senado cada nueva Legislatura; en la de 2023 es la primera vez que la pierde, y bajó del primer lugar al tercero.

El PT tendrá en 2023 dos bancas más que en 2019. Un impulso cuya causa ha sido atribuida sin disidencias a la candidatura presidencial de Lula. También en el Senado parece ser válida la fórmula: 'Lula es más que el PT'.

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La violencia política explotó en Brasil, donde un policía irrumpió en una fiesta de cumpleaños mientras gritaba consignas a favor del presidente Jair Bolsonaro y mató a tiros a un dirigente del partido del ex mandatario y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, antes de morir alcanzado por disparos de defensa hechos por su víctima.

Los hechos ocurrieron la pasada madrugada cuando un policía penitenciario interrumpió la celebración y abrió fuego contra Marcelo Arruda, quien era guardia municipal y uno de los líderes del Partido de los Trabajadores (PT) en Foz de Iguazú, de acuerdo con la formación progresista.

Arruda, que llegó a ser candidato a vicealcalde en esa localidad fronteriza brasileña en las elecciones municipales de 2020 y que conmemoraba su 50 cumpleaños, recibió “tres tiros”, pero consiguió reaccionar y disparar a su agresor, que también terminó falleciendo, según la nota divulgada por el PT.

Fuentes policiales señalaron a Efe que el agente penitenciario federal, identificado como Jose da Rocha Guaranho, que invadió la fiesta se autodeclaró bolsonarista.

Antes del trágico desenlace, Da Rocha Guaranho acudió una primera vez al lugar de la celebración, en la Asociación Deportiva Salud Física de Itaipú, y amenazó “con arma en mano” a todos los allí presentes, según el PT. Después volvió al local y fue cuando ocurrió el tiroteo que tuvo como resultado la muerte de Arruda, quien  usaba una remera con la cara de Lula. El agresor, en tanto, permanece internado.

La Policía Civil del estado de Paraná (sur) afirmó en una nota que “se trató de una discusión” y anunció que ha abierto una investigación para ofrecer “mayores esclarecimientos sobre la motivación del crimen”.

El suceso se produce a menos de 90 días de las elecciones presidenciales, para las que el máximo favorito es Lula, con una ventaja de entre 15 y 20 puntos sobre Bolsonaro, según todos los sondeos publicados hasta la fecha.

La campaña electoral se prevé altamente polarizada entre el dirigente progresista, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, y el líder ultraderechista, que aspira a renovar su mandato por otros cuatro años.

Lula lamentó en un comunicado lo sucedido en Foz de Iguazú, localidad fronteriza con Paraguay y Argentina, y afirmó que Brasil necesita “democracia, diálogo, tolerancia y paz”.

“Una persona, por intolerancia, amenazó y después disparó a Arruda, quien se defendió y evitó una tragedia todavía mayor. Dos familias perdieron sus padres. Hijos quedaron huérfanos, incluyendo los del agresor”, afirmó el exgobernante.

El candidato del PT también pidió “comprensión” y “solidaridad” para con los familiares del agente penitenciario federal, que “perdieron un padre y un marido por un discurso de odio estimulado por un presidente irresponsable”, en alusión a Bolsonaro, su mayor adversario político.

CRM

El presidente Alberto Fernández sostuvo que “no hay futuro para países ermitaños que se encierren en sí mismos o emprendan aventuras en soledad”, al exponer esta mañana del viernes en la reunión del Mercosur que se desarrolla en forma virtual desde Brasil.

“Vivimos el desarrollo de otros países como nuestro propio desarrollo. El crecimiento de uno ha favorecido el del resto”, dijo el mandatario argentino en su disertación desde la Residencia de Olivos.

Fernández participa en la cumbre del Mercosur que se realiza de manera virtual desde Brasilia, y que tiene como ejes centrales de análisis la suma de valor a la producción regional, tecnología y generación de empleo.

Fernández brinda su discurso luego de las exposiciones de los presidentes de la República Federativa de Brasil, Jair Bolsonaro; de Paraguay, Mario Abdo Benítez; y de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou; espacio en el que dispondrá cada uno de 10 minutos para exponer.

Luego hablarán, por un lapso más breve, sus pares de los Estados asociados al Bloque: del Plurinacional de Bolivia, Luis Arce; de la República de Chile, Sebastián Piñera; de la República de Colombia, Iván Duque; de la República del Ecuador, Guillermo Lasso; de la República Cooperativa de Guyana, Irfaan Ali; de la República del Perú, Pedro Castillo, y de la República de Surinam, Chan Santokhi.

Previo a las declaraciones de los mandatarios, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Carlos Alberto Franco França, expondrá los avances y el trabajo realizado por el bloque regional durante el transcurso de la presidencia pro témpore que ejerció Brasil desde julio último.

Más tarde, está previsto que se lleve a cabo la ceremonia de traspaso de mando a la República de Paraguay que estará a cargo del bloque por los próximos seis meses, luego de lo cual los Jefes de Estado suscribirán los documentos consensuados.

Jornada del jueves

En lo que constituyó la antesala del encuentro de jefes de estado, el canciller Santiago Cafiero expuso ayer en la LIX Reunión del Consejo del Mercado Común (CMC) de los Estados Partes del Mercosur y Bolivia, donde reafirmó que “para la Argentina, el Mercosur es el principal instrumento de inserción económica internacional y constituye una verdadera política de Estado”.

En su exposición durante la primera sesión plenaria del día, Cafiero marcó la posición argentina sobre la realidad del bloque regional, sus avances concretos y los temas pendientes, además de agradecer “el constante apoyo expresado por el bloque a los legítimos derechos de la Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

Ante sus pares del bloque, el canciller argentino evaluó que “la pandemia de Covid-19 ha generado un impacto global, regional y nacional sin precedentes y nos ha obligado a trabajar de manera innovadora”.

Según señaló el Palacio San Martín en un comunicado, Cafiero hizo un balance de los logros y desafíos del bloque, en el que destacó que el Mercosur es “el camino elegido” por la Argentina “para relacionarse con el mundo”, definió al organismo como “uno de los procesos de integración más exitosos en América Latina”, al tiempo que recordó que “en 2021 cumplió 30 años”, lo que demuestra que “la integración regional es un proceso que trasciende los tiempos de un gobierno”.

En otro tramo de su ponencia, el jefe del Palacio San Martín subrayó que “el grueso del comercio entre los socios del bloque (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) es de productos industrializados”, gracias a las economías de escala y de especialización “que se obtuvieron al ampliar el mercado al que acceden nuestras empresas”.

Para el canciller, este “es uno de los grandes logros del Mercosur y de los acuerdos de libre comercio con casi todos los países de la región” y recordó que el bloque también “lidera las exportaciones regionales de servicios basados en conocimiento”.

Con información de agencia Télam.

AB

El pleno del Senado brasileño aprobó el miércoles la postulación para el Supremo Tribunal Federal (STF) del jurista André Mendonça, propuesto por el presidente Jair Bolsonaro debido a, según él mismo afirmó, su condición de “terriblemente evangélico”. El juez electo para el más elevado tribunal brasileño es pastor de la Iglesia Presbiteriana de Brasil (IPB) y predica los domingos en el templo.

La Cámara Alta respaldó, por 47 votos a favor y 32 en contra, la propuesta del mandatario, que horas antes ya había recibido el aval, por 18 conta 9 votos, de la Comisión de Constitución y Justicia, donde Mendonça compareció durante ocho horas. Mendonça, abogado de 48 años, extitular de la Abogacía General del Estado y exministro de Justicia en el actual Gobierno, es pastor de la Iglesia Presbiteriana, pero en su testimonio ante la comisión trazó una clara línea roja entre la religión y la función pública.

“En la vida la Biblia y en el Supremo la Constitución”, declaró ante la comisión del Senado, ante la cual se comprometió “con la defensa del Estado laico”, a raíz de las discordias que ha causado su fe religiosa. Al proponerlo para el Supremo, Bolsonaro hasta dijo que Mendonça abriría las sesiones del máximo tribunal con “una oración y un agradecimiento a Dios”, aunque el propio jurista lo descartó ante la comisión.

“Le dije al presidente que no hay espacios para manifestaciones religiosas en el Supremo”, explicó el candidato cuando era candidato. Además, se comprometió con “la separación entre la Iglesia y el Estado, sin privilegios para algún credo específico, y a garantizar la plena libertad religiosa de todos los ciudadanos, incluso de los que no tienen ninguna”, declaró. Mendonça sostuvo que “la Constitución es y debe ser el único fundamento en toda decisión de un magistrado”. También aclaró que, aún con su “concepción de fe”, se atendrá a los preceptos legales hasta en asuntos polémicos para la religión, entre los que citó “la defensa constitucional del casamiento civil entre personas del mismo sexo”.

Ante la Comisión del Senado, el nuevo juez supremo defendió el Estado laico, pero apenas tuvo el cargo asegurado, volvió a ser un pastor y dijo a los medios que en la Corte actuará como el representante de una religión.

En realidad, hubo dos Mendonças. El que declaró ante la Comisión y el que declaró ante la opinión pública. Porque apenas supo que había sido votado por el plenario del Senado (aunque con la votación más baja de la historia del actual STF) y que ya tenía el cargo asegurado, dijo: “Um passo para um homem, um salto para os evangélicos”. Es decir, admitió que, en la Corte Suprema de Brasil, hay un juez que va a actuar como representante de una religión.

Esta polémica había sido alimentada por Bolsonaro, quien en 2019, su primer año en el poder, prometió a obispos de su base política que llevaría a un juez “terriblemente evangélico” al Supremo, pues si “el Estado es laico, el presidente y el pueblo son cristianos”.

Los evangélicos forman una parte importante de la base de apoyo a Bolsonaro, por lo que la condición de pastor de Mendonça generó una ola de recelos y críticas en la oposición. Ratificado ya su nombramiento por el pleno del Senado, Mendonça reemplazará en la Corte Suprema al magistrado Marco Aurélio Mello, quien se jubiló en julio pasado, desde cuando el tribunal está con diez de sus once miembros. Aunque Bolsonaro propuso inmediatamente al exministro para esa vacante, el presidente de la Comisión de Constitución y Justicia, Davi Alcolumbre, enemistado con el mandatario, retrasó por cuatro meses un trámite que no suele durar más de un mes.

AGB con información de agencias y fuentes de acceso público