El Congreso brasileño reformó la Constitución para financiar por un año los planes sociales de Lula

Faltan menos de diez días para que Luls Inácio Lula da Silva jure en Brasilia. El 1° de enero empieza la tercera presidencia que ganó el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) triunfante en el balotaje del último domingo de octubre. Desde entonces, el objetivo mayor de su equipo de transición ha sido pactar con el Congreso, en especial con el presidente de la Cámara Diputados Arthur Lira (del estado norteño de Alagoas y del derechista PP, Partido Popular), los intercambios de favores convenientes, indispensables para asegurarle a la administración petista entrante la elevación del techo de gastos erogables. No puede decirse que tal cometido se haya visto incumplido. Esperaban que fuera por cuatro años, después por dos. Consiguieron un año solo. Pero en la madrugada del jueves el voto positivo del Congreso a una Propuesta de Enmienda de la Constitución (PEC) había dejados asegurados, para al Ejecutivo que sucederá a Jair Messias Bolsonaro, candidato presidencial por el derechista Partido Liberal (PL) derrotado en aspiración reeleccionista, nuevos recursos presupuestarios mínimos sin los cuales todo accionar gubernamental habría encontrado trabas, o frustración.

La Cámara de Diputados y el Senado sancionaron la enmienda constitucional, y Lula podrá cumplir su más primordial promesa de campaña. El Tesoro brasileño no se verá obligado a discontinuar el pago mes a mes del más universal de los planes sociales. El mismo que pagaba Bolsonaro, quien si hubiera sido reelecto presidente en la segunda vuelta donde lo derrotó Lula también habría debido negociar con el Congreso. El mismo plan, pero con diferente nombre. Ya no se llamará Auxilio Brasil, sino que volverá a llamarse Bolsa Familia, nombre del antiguo plan petista de los primeros mandatos de Lula. Y no sólo con diferente, recuperada denominación de origen. También con un aumento de un tercio de su monto. Según datos oficiales divulgados a comienzos de mes, unos 62,5 millones -sobre una población brasileña de 213 millones-, vive en condiciones de pobreza, el mayor nivel en los últimos diez años

Con la sanción de la reforma constitucional, concluía el primer capítulo de las negociaciones entre el futuro Ejecutivo y la Legislatura que se extinguirá con el fin de año. Pero los presidentes cambian mientras que el Congreso sigue igual. Antes que primer capítulo negociador, el acuerdo anunciado el jueves fue prólogo. El domingo 1° de año y de nuevo mandato empiezan cuatro años de conflictos y regateos que prometen ser costosos pero cotidianos entre el Ejecutivo de centro-izquierda y el Legislativo con mayoría de derechas.

Según datos oficiales divulgados a comienzos de diciembre, unos 62,5 millones de personas en en Brasil, sobre una población total de 213 millones, viven en condiciones de pobreza, el mayor nivel en los últimos diez años

La enmienda que garantiza el cumplimiento de una promesa de campaña de Lula obtuvo en las dos sesiones de la Cámara de Diputados más de los 308 votos necesarios para su aprobación y en el Senado pasó con 63 votos a favor y once en contra en las dos votaciones. La aprobación es considerada como una importante victoria para Lula, que asumirá la presidencia de Brasil el 1° de enero. Una reforma constitucional requiere de los 3/5 de los votos en las dos Cámaras del Congreso, y el pacto acordado, a cambio de favores recíprocos entre Lula y Lira, los consiguió.

La votación en el Parlamento se realizó a pesar de que esta semana una decisión de la Corte Suprema ya facultaba al Ejecutivo para modificar el presupuesto para garantizar los subsidios a los más pobres sin depender de la aprobación de la enmienda.

El pasado 7 de diciembre, también en dos votaciones y por amplia mayoría, el plenario del Senado había dado el aval al texto inicial que aumenta el techo de gasto del presupuesto para financiar ese vasto programa de subsidios a los más pobres.

No obstante, en la Cámara baja el texto pasó entre el martes y este miércoles por algunas modificaciones, como la reducción de dos años -como pretendía el nuevo Gobierno- para uno de la vigencia de la medida. Por esta deshidratación la propuesta fue devuelta nuevamente al Senado.

Aumento de la pobreza, fortalecimiento de los planes sociales

El principal punto de la Enmienda fue mantenido. Quedó garantizado el pago mes a mes del subsidio o plan social Bolsa Familia, que tiene como destino la demografía más pobre del país. Cerca de veinte millones de familias reciben actualmente este auxilio, que de no haberse realizado el ajuste del presupuesto que permite la reforma constitucional, se iba a reducir en un 33 % a partir de enero. Además de mantener ese valor, Lula quiere añadir un bono extra de 150 reales (unos 29 dólares) por cada menor de hasta seis años.

Desde enero, el valor del plan Bolsa Familia será de 600 reales (unos 115 dólares). Para costear el plan, los congresistas apoyaron elevar el techo de gasto, cuyo aumento está limitado por ley a la inflación, en 145.000 millones de reales (unos 28.000 millones de dólares) para así abrir espacio en el Presupuesto y garantizar los subsidios. El impacto fiscal de la medida ha despertado temores en el mercado financiero ante el riesgo de un deterioro aún mayor de las maltrechas cuentas públicas de Brasil.

El monto aprobado en el Congreso es inferior en un 17 % (30.000 millones de reales o unos 5.770 millones de dólares) a lo que pretendía inicialmente como aumento del presupuesto el Partido de los Trabajadores (PT). Sin embargo, con lo votado alcanzará para un año de Bolsa Familia. Este subsidio había sido una de las principales promesas de campaña de Lula. Pero también de la campaña rival, la del actual y vencido presidente Bolsonaro.

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