Un fantasma recorre el mundo, el fantasma de la inhabilitación

El espectáculo de una oferta electoral futura despojada por sentencia judicial de una candidata segunda a ninguna por la constancia en el volumen y la continuidad en el tiempo de la representatividad que le asignó un electorado fiel brilla ante los ojos argentinos con las luces y los focos de una noche de estreno. No es versión o franquicia nacional de dramas extranjeros: cada familia infeliz lo es a su modo diferente. Pero en el panorama político de las democracias, los hechos se acomodan sin violencia ni sorpresa conceptual según líneas de fuerza contemporáneas nítidas en las capitales americanas y europeas (y más allá si el análisis se prolongara a Taipéi, Seúl o Tokio). A lo largo de la última década, el procesamiento de políticos, gobernantes, y ex mandatarios se ha vuelto más rutinario y esperable en sociedades -las americanas están en la vanguardia de éstas- cada vez más descontentas y aun desafiantes ante el horizonte de un porvenir que, cuando no incumple las viejas promesas, ha dejado de formular otras nuevas. En tal encrucijada de ciudadanías insatisfechas y élites insatisfactorias, la Justicia se ha visto alentada en el combate de la corrupción y del autoritarismo de gobernantes en ejercicio y ex gobernantes aspirantes a volver al poder.

Una rápida y por fuerza incompleta vuelta al vueltero mundo de la inhabilitación política legal, y de algunas de sus no siempre tan manifiestas revueltas, propone en diez estaciones o paradas El mundo es azul como una naranja, Newsletter de Política Internacional de elDiarioAr.

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1. El fantasma de la inelegibilidad recorre los Tribunales del mundo

Con grados mayores o menores de lawfare, con justicias más o menos legítimas, con tribunales más o menos independientes en su conformación o en sus opiniones, con jueces y magistrados más o menos prejuiciosos, en el último decenio y medio más penas accesorias de inhabilitación política perpetua o temporaria que nunca antes acompañaron las sentencias judiciales condenatorias de autoridades electivas las penas privativas de libertad y las multas.

En los últimos 15 años, que incluyen en su arco temporal la pandemia del covid, la Justicia se vio apoyada por movilizaciones ciudadanas, marchas callejeras e iniciativas y reformas legislativas en la ampliación de sus márgenes operativos de maniobra. Incitada, exigida, cortejada para avanzar por caminos desde siempre abiertos pero que ahora veían viables sin obstáculos. Gobiernos en funciones y ex gobernantes candidatos eran investigados más a fondo. Si antes eran evitados o postergados, ahora sus procesamientos eran preferidos y priorizados. Los medios y las redes seguían esas causas en ‘tiempo real’. Los ritos procesales, siempre morosos, no se prolongaban ya en exceso. Al contrario.

Las decisiones de tribunales de alzada o de última instancia ajustaban puntualidad y oportunidad. En el procesamiento del ex presidente brasileño y candidato presidencial frustrado en 2018, la Cámara federal rechazó los argumentos de la apelación con firmeza y velocidad. Pocos minutos le bastaron para desestimar un escrito de decenas y decenas de páginas de los defensores de Luiz Inácio Lula da Silva. Apenas recibido, el colegiado comunicó por fax desde Maringá al juez Sérgio Moro su conformidad con el fallo condenatorio del magistrado de Curitiba.

Hagamos a un lado por completo la inocencia o culpabilidad de los condenados (la cuestión de fondo) o el respeto del debido proceso y del derecho de defensa en juicio (cuestiones de forma). La tendencia histórica común luce independiente de la mayor o menor impunidad de una administración fraudulenta o cualquier otro delito cometido por figuras políticas en los cargos para las que habín sido elegidas o designadas, o en ocasión del ejercicio de aquellas funciones. Fuera del universo jurídico, la pena más importante, por sus efectos instantáneos pero en absoluto efímeros, es la accesoria: la inhabilitación política.

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Un resumen semanal de política internacional en mil palabras. Por Alfredo Grieco y Bavio.

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2. Juicios políticos, o cuando los Congresos juzgan y, si pueden, condenan

A este crecimiento en el Palacio de Justicia correspondió en los Palacios Legislativos una productividad no menos histórica en la gestión de impeachments, juicios políticos, mecanismos de destitución puestos en marcha. La mayor cantidad de las veces malograda, pero con una tasa de éxito tan inusitadamente alta que ha introducido un coeficiente de multiplicación en la frecuencia de este recurso. Golpes soft o impeachments express destituyeron en Honduras al presidente Manuel Zelaya, en Paraguay a Fernando Lugo, en Brasil a Dilma Rousseff. Cinco presidentes fueron destituidos en un año en el Perú. De los cuatro impeachments iniciados por el Congreso de EEUU para destituir a un presidente desde 1787, cuatro fueron contra Donald J. Trump. El presidente de Ecuador Guillermo Lasso sobrevivió a iniciativas de destitución legislativas, hasta que renunció antes de acabar su mandato; en Chile la destitución del presidente Sebastián Piñera, en su segundo mandato, también fue buscada un número récord de veces por el Congreso de Valparaíso.

3. La Hija y la Viuda, o del Sena al Plata

En la última semana Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, y dos meses antes Marine Le Pen en Francia, dos políticas y candidatas en las cuales un tercio del electorado -el más pobre de sus países- ha hallado consistentemente en una década y media a su representación más genuina, vieron confirmadas sentencias judiciales condenatorias por administración fraudulenta cuya pena accesoria era la inelegibilidad.

Una diferencia entre los ordenamientos jurídicos vigentes en la Argentina y en Francia pone de relieve, al hacer visible cuál es el rasgo constitutivo unificador, la tendencia. En Francia, la pena accesoria de inelegibilidad está reservada, para el delito, a la ponderación de los jueces en cada caso. No sólo fue inhabilitada la líder fundadora del partido Renovación Nacional (RN), diputada jefa de bancada del mayor partido de oposición en la Asamblea Nacional, dos veces rival en ballotage del presidente Emmanuel Macron y candidata natural de su espacio para las presidenciales de 2027. La sentencia incluyó la ‘ejecución provisoria’, es decir, inmediata, de esta pena. Marine Le Pen puede apelar, pero ya es inelegible. Esto ha sido cuestionado, y no sólo por la derecha. Al ejecutarse de inmediato la pena, no se restituye la presunción de inocencia del acusado, en su nuevo litigio en la instancia superior.

No hay por qué dudar de que la Justicia tenga otros objetivos que hacer justicia. Queda, sin embargo, menos libre de interrogantes genuinos, la prudencia, y aun la ecuanimidad, políticas de la legislación, la condena, o la ejecución de la pena accesoria, que afecta el panorama electoral general y derechos que no son sólo los de las procesadas. En el Código Penal argentino, la pena de inhabilitación es una accesoria que sigue la suerte de las principales. En la legislación francesa, al momento de la causa seguida contra Marine Le Pen bajo el cargo de malversar los fondos europeos de los que disponía como eurodiputada y jefa de partido en Bruselas (fue hallada culpable de usar de ellos para el financiamiento de sus espacio político en vez de para solventar el desempeño parlementario de su bancada), quedaba sometido a la 'ponderación' de los jueces si correspondía o no sumar la pena de ineligibilidad a las de prisión y de multa.

4. Grietas, polaridades y empates catastróficos

A lo largo del siglo XXI, pudo verse cómo en las democracias occidentales o a la occidental la disputa electoral por el poder se volvía combate de suma cero en un ring donde sólo cabían dos contrincantes. En EEUU o el Canadá en América, España, Alemania, Grecia o Portugal en Europa, en Japón o Corea en Asia, la alternancia en el poder entre dos partidos, a veces equilibrada, a veces desproporcionada, había sido previsible y constatada desde la instauración del sufragio como método para elegir sus autoridades. Aquel bipartidismo, sin embargo, sólo comparte el número 2 con la polarización extrema entre dos fuerzas donde cada una declara a su contrincante indigna de ocupar el poder porque es indigna de disputarlo. La polarización quebró el monopolio de los aparatos del bipartidismo y su violencia instauró nuevas reglas de juego.

Allí donde el extremismo medró en virulencia, la marcha de la polarización (cuyos líderes habían hallado en la virtualidad de las redes sociales su muy real lugar de confort en mundo) contribuyó a descolocar, degradar o marginalizar partidos territoriales y concertaciones nacionales, regionales o locales. En la conversación y la conceptualización se vieron reemplazados por espacios políticos, frentes o coaliciones electorales, nuevas mayorías. En algunos países, el control de daños, o su postergación, fue resultado del surgimiento de terceros partidos competitivos en espacios desgastados por sus tradiciones bipartidistas. Así ocurrió con el frenteamplismo uruguayo o el republicanismo francés de Macron.

La dinámica de descontento popular ante democracias liberales gobernadas por dirigencias desinteresadas o demoradas en la promoción social (pero activas en el desconocimiento de los sectores y grupos menos educados como ciudadanos de pleno derecho) moviliza la polarización, acentúa el extremismo, corroe y trivializa el centrismo paralizado, desarticulado o desacertado en sus reacciones y formas de reorganización. Así como los partidos están en retirada, el centro político desaparece como oferta política viable. Pero antes habían desaparecido los prestigios de la morigeración y el gradualismo reformistas, igualados con el conformismo y la inmovilidad y considerados un pasaporte infalible para el raquitismo de logros limitados. Donde terceros partidos compitieron en un espacio dual, el nuevo, si gana, contribuye a la desaparición del más centrista de los dos anteriores por absorber o dispersar a sus votantes.

La elección y la reelección consecutivas de Emmanuel Macron, ex ministro en el gabinete de su antecesor el presidente François Hollande (que había malogrado la reelección del derechista ‘trumpiano avant-la-lettre’ Nicolas Sarkozy), contribuyeron a la jibarización del Partido Socialista que gobernó Francia alternándose en el poder desde 1981 con el gaullismo fundador de la V República.

Desde 2017 los candidatos socialistas deben renunciar a la expectativa, antes jamás desmentida, de pasar a segunda vuelta como representantes de la izquierda, a veces vencedores, a veces vencidos, en cada nuevo ballotage presidencial. No sólo esto. El Partido Socialista ha perdido también el liderazgo de la oposición de izquierda. No lo sustituyó el bien organizado Partido Comunista Francés (PCF), que sigue publicando cada mañana el diario L’Humanité. Líder de la izquierda parlamentaria francesa es la formación más extremista e intransigente de cuantas la integran, La Francia insumisa que preside el locuaz Jean-Luc Mélenchon.

En el Uruguay, desde el siglo XIX renovaban en cada nueva elección su duelo por el poder el Partido Colorado (más laico, más urbano, más socialdemócrata) y el Partido Blanco (más conservador, más liberal, más rural). Los duelistas son hoy en el siglo XXI el Frente Amplio (izquierda estatista) y el Partido Blanco o Nacional (liberal pro business). Del bipartidismo bicentenario, sólo sobrevivió uno de los partidos dominantes, el más derechista, el más rígido, el menos dividido, de los dos partidos dominantes. Y a su vez, si una parte del electorado colorado pasó al Frente Amplio, el Partido Blanco se volvió más extremista sin tornarse más derechista (como Macron, cultivaron el extremismo de centro, caricaturizado en el lema ‘Moderación o Muerte’). Un nuevo agente de polarización irrumpió en la oferta electoral, Cabildo Abierto, este sí abiertamente derechista, cuyo desempeño electoral ha sido inferior a su idoneidad para ingresar en la agenda y conversación pública.

5. Los superpoderes hacen a los héroes y viceversa, ¿o es al revés?

La disputa electoral polarizada se caracteriza por un combate donde cada candidato no pide el voto por ser el mejor candidato para ocupar el gobierno. Lo pide porque es el candidato legítimo y su opositor, indigno. En lugar de presentarse como el mejor de la competencia, es el único competidor: ante todo, porque su rival es ilegítimo. Cada candidato es demócrata y cada contrincante es autócrata. Cada uno es (dice ser) ley, orden, libertad y cada adversario es crimen, corrupción, clientelismo, sumisión. El demócrata se presenta a esta elección, que ganará, con la amenaza, la promesa, la sugerencia, la esperanza, de que será la última a la que pueda presentarse su rival.

En estas atmósferas, la investigación judicial de los delitos cometidos por ex presidentes, especialmente de aquellos que son candidatos presidenciales con chances de ganar un nuevo mandato, o de liderar con buen éxito a su espacio hacia una futura victoria, es favorecida, impulsada, exigida vez a vez, o en concierto, por gobiernos o por oposiciones. La culpabilidad probada en sede judicial de la comisión de un delito política es la prueba de la ilegitimidad política de un candidato. Las investigaciones contemporáneas de políticos oficialistas y opositores en causas abiertas con las mismas o con muy parecidas carátulas conducían corrientemente a la igualación moral de todo y de su contrario. Periodistas, analistas, operadores políticos, candidatos, militantes, llevan una contabilidad paralela que sirve para competir en los medios o en las mesas familiares en torneos de erudición donde declararse ganadores, sin VAR admitido, por citar con tremenda minucia la lista de delitos más larga y más completa.

Nada de lo anterior significa que no existieran delitos, que las investigaciones judiciales infringieran las normas del debido proceso, que las culpabilidades fueran dudosas y las pruebas débiles, que las condenas no se ciñeran a derecho, o fueran arbitrarias e injustas, que el derecho a la defensa fuera sistemáticamente avasallado, que a los jueces orientara la meta de fusilar políticamente a sus reos. En realidad, no significa pronunciarse sobre nada de ello. Aun si los jueces nunca hubieran preferido el castigo antes que la justicia, ni una condena penal que los habilitara a inhabilitar políticamente al reo antes que la verdad, las mejor oídas podían ser las voces de quienes sin pudor proclamaban su desapego o indiferencia por las formas judiciales y las verdades jurídicas. Tan evidentes encontraban la pecaminosidad y corrupción de los políticos del otro lado de la grieta que, sin importar los medios y métodos por los que se hubiera arribada a ellas, toda condena y toda inteligibilidad decididas por un tribunal eran justa y necesaria. Tampoco era esto todo ni lo más importante de todo lo que se decía, ni esas voces de quienes esperaban que la Justicia les diera un triunfo político como quien espera una victoria deportiva, y aun las de quienes operaran a la luz del día o en las penumbras para obtenerlos –un personal por fuerza mucho menor en número-, volvían inaudibles a las otras.

6. Brasil modelo 2018, o Bolsonaro gana pero Lula no juega

En los debates televisados anteriores al balotaje presidencial brasileño de octubre de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva, que buscaba su tercera reelección, y Jair Messias Bolsonaro, que buscaba un segundo mandato consecutivo, ya estaban solos (en los debates previos a la primera vuelta había debido compartir el tiempo con candidatos que sabían que no iban a pasar a la segunda). Cada vez que Lula se dirigía a su interlocutor el candidato del Partido Liberal (PL), elegía entre epítetos de la índole de genocida, militar golpista, defensor nostálgico de la dictadura, defensor de torturadores, abolicionista del estado democrático de derecho. Cada vez que Bolsonaro se dirigía a su interlocutor el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), elegía o combinaba ladrón, mentiroso, coimero, corrupto, bandido, presidiario.

Era cierto que Lula era en efecto un expresidiario, porque había sido encarcelado en virtud de cuatro procesos por corrupción concluidos con las condenas a penas privativas de libertad sentenciadas por el juez federal Sérgio Moro, coordinador de la cruzada anticorrupción Lava Jato (el operativo Mani Pulite brasileño) y futuro primer ministro de Bolsonaro. La condena de Lula fue considerada firme porque primó (entonces) el criterio de considerar que una condena ya era firme después de tres instancias condenatorias (si sumaba otras dos, colegiadas, y superiores a la del juez), aun cuando no estuvieran agotadas para el reo las vías de apelación reconocidas como su derecho por la ley y estuvieran sus abogados trabajando activos en su gestión pertinente.

Por imperio de la suciedad de su ficha limpa, Lula no fue el candidato del PT en las presidenciales de 2018. El petista Fernando Haddad, ex ministro de Educación, ex alcalde de San Pablo y actual ministro de Finanzas brasileño, fue derrotado por el neo-derechista Bolsonaro, ex capitán del Ejército por un par de años y diputado federal en Brasilia por un par de décadas. Irónicamente, la ley de Ficha Limpa había sido una iniciativa del PT.

A lo largo de los primeros meses en los que Bolsonaro era presidente en Brasilia -los últimos en los que Lula fue presidiario en Curitiba-, los recursos promovidos por la defensa del petista empezaron a ser considerados y acabaron por ser validados por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasilia. Si los presuntos delitos habrían sido cometidos en el estado de San Pablo, y el presunto delincuente vivía en Brasilia DF, ¿por qué los procesos habían sido llevados adelante en el estado de Paraná? Porque en los tribunales federales de Curitiba se concentraban todos los juicios vinculados con el mecanismo de corrupción de Lava Jato. Como a los ojos de Sérgio Moro el enlace de toda causa abierta al ex presidente petista y la trama de corrupción federal era evidente, se consideraba a sí mismo el más natural de los jueces y la suya la más correspondientes de las jurisdicciones. Examinando la causa, el STF buscó alguna prueba de ese vínculo más allá de la evidencia de Moro; no la halló. Anuló los procesos, y remitió las acusaciones a los tribunales de la Capital federal (domicilio del acusado) y del estado de San Pablo (lugar del crimen presunto). Ninguna causa pudo ser reabierta contra Lula, porque los renovados jueces no encontraron, siquiera, que se hubiera cometido algún crimen, por lo cual faltaban razones para buscar a un autor.

Escuchas telefónicas filtradas de conversaciones entre el juez Moro y el fiscal Deltan Dallagnol probaron que la magistratura y el ministerio público compartían desde un comienzo una firme convicción a priori sobre la culpabilidad de Lula y que actuaban en pareja para componer una historia verosímil para sostener el encarcelamiento y consiguiente inelegibilidad del ex presidente y candidato presidencial petista. Hoy Moro es senador federal por el estado de Paraná. Dallagnol fue elegido diputado federal por Curitiba y después privado de su banca por el STE, por haberse presentado a elecciones en fraude de la ley electoral (estaba siendo procesado por improbidadad administrativa y malversación de caudales públicos).

7. Brasil modelo 2023, un ex inelegible elegido y un ex elegido inelegible

Con 60,3 millones de votos pero con una diferencia inferior a los dos puntos porcentuales, Lula se impuso en la segunda vuelta de octubre de 2022. Bolsonaro, perdedor, sin embargo había ganado 58,2 millones de votos: más que en el balotaje de 2018, que lo había hecho presidente. En su discurso de victoria, en la Avenida Paulista de San Pablo, Lula llamó “fascista” a su adversario derrotado.

El 1°de enero Lula asumió la presidencia en Brasilia por tercera vez en su vida. (Aspira a asumirla una cuarta y última vez, en 2027; encuestas de Datafolha de estas semanas lo dan entre empatado en segunda vuelta, o perdedor, ante Tarsicio de Freitas, gobernador bolsonarista de San Pablo). Aquel primer día del año 2023, Bolsonaro ya había volado fuera de Brasil. Estaba de vacaciones en Miami: Florida es el Disneyworld de la nueva derecha global: se ausentaba con aviso de la ceremonia y del trance de transmitir en persona las enseñas del mando ejecutivo a un sucesor que era todo lo contrario de un heredero.

La inelegibilidad de Bolsonaro no podía tardar, y no tardó. Alexandre de Moraes, presidente pro témpore del Tribunal Supremo Electoral (TSE) funciona en período de elecciones, declaró de oficio al ex presidente y ex candidato presidencial inhabilitado hasta 2030 para cualquier cargo político electivo. La inelegibilidad castigaba una reunión en el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo en la capital federal brasileña, anterior a la primera vuelta de octubre de 2022. Ante representantes diplomáticos extranjeros allí convocados, Bolsonaro había expuesto sus dudas categóricas sobre el sistema de voto electrónico y sus certezas dogmáticas sobre la vulnerabilidad de esas urnas con botones y sin boletas, inermes ante hackeadores hábiles para falsear y tergiversar los resultados.

Regresado al STF, Alexandre de Moraes es hoy el juez relator del proceso que se sigue a Bolsonaro y a decenas de ex funcionarios civiles y militares de su gobierno acusados de tramar en los meses de noviembre y diciembre de 2022 un plan golpista para impedir la asunción de Lula el primer día de enero de 2023. Ente otras amenidades, no habrían faltado en el fantasioso, irrealizable y estropeado programa golpista -hilvanado con la delación premiada del policía Mauro Cid, ex edecán del ex presidente- indicaciones sobre cómo convenía asesinar a De Moraes. En la legislación brasileña, los delitos contra la democracia se consideran consumados ya en el grado de tentativa.

8. Perú y Ecuador, dos Congresos unicamerales armados para destituir

En Ecuador y en el Perú, dos reformas constitucionales diferentes volvieron tan fácil destituir a un presidente en funciones que se volvía innecesario confeccionar y hacer entrar en vigor leyes de ficha limpa. El activismo judicial se especializó en estos dos países andinos en investigar a ex gobernantes: el suicidio del ex presidente peruano Alan García fue el episodio más trágico de las implicancias regionales de las investigaciones sudamericanas sobre la cartelización regional de la obra pública en la que estuvo empeñada la empresa constructora del brasileño Marcelo Odebrecht.

Tanto en la Constitución fujimorista peruana como en la Constitución correista ecuatoriana, el nuevo Poder Legislativo es ejercido por un Congreso unicameral. El impeachment o juicio político previsto en las constituciones liberales decimonónicas, como la norteamericana y la argentina, y en las que un siglo más tarde sin embargo se adecuaban a ese modelo, como la brasileña, ha desaparecido de esas nuevas Leyes Supremas andinas. Si hay una sola cámara, no puede desdoblarse en las funciones de acusar y sentenciar que se repartían Diputados y Senado. También han sido reducidos al mínimo alegatos de acusación y de defensa.

En la práctica, en Perú y en Ecuador la destitución presidencial consiste en una moción que se somete a votación. La decide la relación de fuerzas en la asamblea. Reunida la cantidad de votos, el Ejecutivo ha sido destituido.

En Perú la polarización sobre el eje del fujimorismo se desintegró y produjo una fragmentación de partidos y formaciones políticas extremistas y con programas dirigidos a satisfacer las demandas de electorados específicos. Las alianzas se urden en el Congreso cuando se buscan los votos para destituir. En un año fueron destituidos cinco presidentes.

El último en ser destituido en el Perú fue Pedro Castillo, que derrotó a Keiko Fujimori en el último balotaje. En primera vuelta, el partido del líder campesino y gremialista docente y el de la hija del ex dictador autogolpista habían sido los que habían recibido más votos entre un total de otras ocho candidaturas más que en promedio habían ganado cada una un 10% de los sufragios. Si la actual presidenta Dina Boluarte -ex vice de Castillo- ha perdurado en el poder a pesar de haber terminado 2024 con un repudio histórico, se debe a que el Congreso gastó ya el número de mociones de destitución reservado a cada Legislatura. No está impedido de votar la destitución de Boluarte, pero si suma los votos necesarios, debe acompañar con su disolución el vacío de poder provocado, y convocar a nuevas elecciones nacionales. La reforma constitucional llevada adelante con buen éxito por el ex presidente Martín Vizcarra, luego expeditivamente destituido, prohíbe toda reelección, consecutiva o no, para todo cargo electivo. Como en México, cumplido su mandato, ningún presidente puede ser reelegido. Pero a diferencia de México, en el Perú ahora tampoco ningún congresista puede ser reelegido: de disolverse el Congreso, perderían sus bancas para siempre.

9. Bolivia, o la Historia como avatar de las (in)elegibilidades de Juan Evo Morales Ayma

La historia política de Bolivia ha girado desde 2019 en torno de un eje único y determinante: el derecho a la elegibilidad del ex presidente Evo Morales. Incluye episodios judiciales, como los diversos pronunciamientos, sucesivos y contradictorios, en que el Tribunal Constitucional le niega el derecho, se lo reconoce, después se lo limita, después se lo quita, y ahora el damnificado exige que se lo restituyan. Incluye episodios violentos, como el desconocimiento opositor del resultado de las elecciones de octubre de 2019 (acusado el gobierno de un fraude que después se demostró que nunca lo había cometido porque nunca lo había necesitado -había ganado la presidencial en primera vuelta-), la renuncia arrancada por la fuerza y bajo poco sutiles amenazas de muerte al Ejecutivo de Morales y Álvaro García Linera, su exilio en México y después en la Argentina, el gobierno golpista de la senadora beniana Janine Áñez, las elecciones ganadas por el Movimiento al Socialismo (MAS) en octubre de 2020 (con Luis Arce Catacora, ex ministro de Economía de Evo, como candidato presidencial), la posterior ruptura del MAS, la fragmentación de la izquierda y de la derecha más acá del consabido enfrentamiento tópico entre el Occidente colla (con centro de gravedad en La Paz) y el Oriente camba (ídem en Santa Cruz de la Sierra).

La primera vuelta de las elecciones generales 2025 tiene fecha para el 17 de agosto; la segunda, dos meses después, será el 19 de octubre: el mandato presidencial boliviano dura cinco años. En 2025, Bolivia celebrará en agosto el Bicentenario de su Independencia. ¿Lo hará con Evo Morales inelegible? ¿Lo celebrará?

Arcistas y evistas siguen enfrentándose desde que en mayo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cerró las últimas inscripciones de candidaturas a presidente, vice, 130 bancas en la Cámara baja y 36 en la Cámara alta de la Asamblea Plurinacional. Hay diez candidaturas presidenciales inscritas (también la derecha va dividida a la elección). Los evistas piden la inclusión entre ellas de una undécima fórmula, la de Morales, para que el expresidente pueda competir por un cuarto mandato presidencial. Piden la renuncia del presidente Arce, al que responsabilizan de la crisis económica.

Una última decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, del 14 de mayo, volviendo sobre otras anteriores, ratificó una inhabilitación anterior de la repostulación de Morales anunciada en diciembre de 2023 (donde desconocía a la reelección el status jurídico y las garantías que protegen a los DDHH). El 13 de mayo, Arce había renunciado a postularse como candidato del MAS y por lo tanto, a buscar un segundo mandato presidencial. Encabezará la fórmula oficialista Eduardo del Castillo, actual ministro de Gobierno (del Interior). El joven presidente de la Cámara de Senadores y vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba (sindicatos cocaleros del Chapare), Andrónico Rodríguez Ledezma, de 36 años, que había roto con Arce en apoyo de Morales, rompió con Evo, y es candidato de un nuevo partido de izquierda, Alianza Popular.

Consumado el doble o triple cisma en el MAS, Evo buscó en Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) la estructura desde donde hacer su campaña. Pero la personería jurídica del Pan-Bol caducó dos semanas antes del plazo de las inscripciones en el TSE, y no pudo recuperarla a tiempo. Los evistas dan en las calles y en las marchas la batalla que perdieron en los tribunales para revertir una doble inelegibilidad: la de Morales y la de todas las candidaturas de un partido caduco. Sin que esto sea seguro, en la batalla por salvar al partido (a diferencia de la lucha por su líder) habría aún algún resquicio legal donde hacer pie.

10. El excepcionalismo norteamericano

La gran excepción a la legalidad y jurisprudencia de inelegibilidad es EEUU. No porque faltara polarización. Al contrario, desde la victoria del partido Republicano en 2016 se había agigantado cotidianamente sin desfallecimientos. No porque un insomne partido Demócrata no escrutara cielos y tierra para obtener que el candidato Donald J. Trump fuera declarado inelegible con anterioridad a las presidenciales de 2023. Habría sido, sin duda, el único instrumento confiable en la misión de evitar que ganara en las urnas un segundo mandato rubricado con doble mayoría tanto en el voto electoral (mayor número entre los grandes electores que conforman el colegio electoral en un país federal donde la elección presidencial es indirecta) y en el voto popular (mayor número de votos en el recuento final y total de sufragios emitidos -adicionando en una suma final los resultados parciales obtenidos en cada uno de los 50 estados de la Unión). Con Trump encabezando la fórmula partidaria como candidato al Ejecutivo, también ganaron los republicanos la mayoría en el Poder Legislativo, con sendas mayorías en la Cámara de Representantes y en el Senado.

A medida que progresaba la campaña electoral y se acercaba la cita electoral decisiva, en un país sin segundas vueltas, del primer martes de noviembre, en juzgados penales federales y estaduales se aceleraba el curso de los procesos abiertos y la apertura de nuevas causas contra Trump. Fue declarado culpable en uno solo de estos juicios: el 29 de mayo de 2024, el gran jurado reunido en un tribunal de Nueva York fue unánime al declarar que Trump había en efecto infringido varias leyes y normas electorales estaduales al asentar entre los gastos de la campaña presidencial de 2016 un monto pagado por sus abogados a Stormy Daniels. Esta suma de dinero era la pactada según el acuerdo que otorgaba al candidato republicano el derecho exclusivo de publicar una historia contada por la actriz (que debía su encanto narrativo a un desgraciado episodio de comercio sexual -o escabroso o fracasado- con la estrella porno, que habría tenido lugar -o no-, en 2006).

Los restantes procesos fueron interrumpidos por decisión de los jueces, o por intervención de la Corte Suprema en respuesta positiva a demandas de la defensa de Trump: fueron declarados hechos políticos no justiciables.

Pero hay algo más, y es lo más importante. Y es que una sólida y pacífica doctrina de la Corte Suprema de EEUU declara que la elegibilidad es un derecho humano protegido por la Constitución. Por lo tanto, una condena de inelegibilidad es inviable, por ser inconstitucional. Un condenado a prisión perpetua o a muerte puede ser candidato presidencial.

Ni hay ley ficha limpia en EEUU, ni sería posible legislarla sin una reforma constitucional previa. Desde luego, el Congreso de EEUU. Por ello, Trump ha sido el único presidente sometido a dos impeachments: la mitad del total de impeachments abiertos en dos siglos y medio de democracia. No prosperaron.

También en el renglón impeachments ha sido Trump más único que raro. Bajo el cargo de incitar a la insurrección –atribuyéndole la responsabilidad de la protesta violenta de sus partidarios que irrumpieron en el Congreso el 6 de enero de 2021-, el segundo de estos infructuosos juicios políticos fue abierto una semana antes de que el republicano abandonara la Casa Blanca y de que el demócrata Joe Biden asumiera la presidencia el 20 de enero de ese año.

En un juicio político, en EEUU, la Cámara de Representantes acusa, el Presidente es defendido por un equipo de abogados que él designa, y el Senado condena o absuelve. El segundo juicio político del que fue reo Trump concluyó en el Senado con su absolución. El 13 de febrero de 2021, 53 de los 100 senadores votaron ‘culpable’ y 47 ‘inocente’. La mayoría simple era insuficiente, porque una condena requiere la mayoría calificada de 67 votos ‘culpable’.

Como Trump ya no era presidente, la destitución no podría haber sido su castigo. Como era ex presidente y no podían destituirlo, los demócratas buscaban sustituir la pena inaplicable al pasado por la de inelegibilidad futura. Los constitucionalistas consultados entonces coincidían en que, aun si la acusación demócrata hubiera contado con los 67 votos que precisaba para imponerse gracias a republicanos tránsfugas, aun en el hipotético e impensable caso de que fuera unánime, habría enfrentado obstáculos legales, y la Corte Suprema la habría dejado sin efectos prácticos.

AGB/MC