Los apoderados de La Libertad Avanza apelaron este jueves la decisión del juez federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, que el miércoles le negó el primer lugar en la boleta electoral para diputados bonaerenses a Diego Santilli en reemplazo de José Luis Espert.

El magistrado ya concedió la apelación por lo cual el tema será revisado por la máxima autoridad electoral del país, informaron fuentes judiciales.

En el escrito se consideró “extremadamente arbitrario” lo resuelto por Ramos Padilla y se advirtió que la sentencia “genera un profundo daño al sistema electoral”.

“Se incurre en una flagrante violación a los derechos políticos y electorales de los ciudadanos”, agregó el escrito en relación a que tras la renuncia de José Luis Espert jaqueado por denuncias de vínculos con un narcotraficante no se acepta que Diego Santilli ocupe el primer lugar en la boleta de candidatos a diputados para las elecciones del 26 de octubre.

Además, se advierte que Ramos Padilla “abandona el texto de la norma la cual establece un mecanismo constitucional, claro y coherente para determinar los reemplazos de los candidatos a diputados, para fijar como regla una interpretación forzada y arbitraria de un juez”.

Con información de agencias.

IG

Apenas conocida la decision del Senado de frenar la incorporación a la Corte Suprema de los candidatos propuestos por el Gobierno, l juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar y le ordenó a Manuel García-Mansilla que se abstenga de intervenir en causas judiciales .

Es que el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral fue designado en comisión por el presidente Javier Milei para ocupar un puesto en la Corte Suprema. La votación en contra del Senado da marcha atrás con esa designación.

En la cautelar, de cumplimiento obligatorio, Ramos Padilla advirtió que la situación de García-Mansilla “compromete gravemente el cumplimiento de los estándares constitucionales e internacionales de independencia e imparcialidad judicial”.

La medida de Ramos Padilla es en respuesta a la presentación realizada por el abogado Jorge Rizzo y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez en el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N°2. Los abogados entienden que la incorporación de García-Mansilla a la Corte  vulnera la independencia judicial.

Para Ramos Padilla, el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional impide que un juez designado en comisión ejerza funciones jurisdiccionales, en tanto no haya recibido acuerdo del Senado. La cautelar es , de cumplimiento obligatorio, fue adoptada a través de una resolución firmada este miércoles, en el marco de una Ambos impugnaron la designación de García-Mansilla , por entender que

“La falta de acuerdo del Senado de la Nación no puede ser soslayada ni sustituida por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional”, sostuvo el juez. Además, enfatizo que se trata de una “condición esencial para la validez del nombramiento” y que, en su defecto, “no puede válidamente ejercer la función jurisdiccional”.

Con información de Noticias Argentinas

A horas del inicio de la marcha federal Antifascista y Antirracista, el juez federal Alejo Ramos Padilla dictó un habeas corpus preventivo. El objetivo es que las autoridades nacionales y provinciales a cargo de las áreas de seguridad den a la ciudadanía “las garantías necesarias de que podrán manifestarse y expresarse en libertad”.

El magistrado exhortó a abstenerse “de expedir órdenes que impliquen la limitación arbitraria al derecho constitucional de la protesta social”. 

En este sentido, detalló: “Se exhorta a las fuerzas de seguridad para que el próximo sábado 1° de febrero del año en curso no se intercepten personas en la vía pública –tanto en transportes públicos como en vías de acceso a las unidades de trenes, todo ello dentro de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires– y/o se filmen con el fin de identificarlas y/o requisarlas sin orden judicial previa”.

La protesta se da tras los dichos de Javier Milei en el Foro Económico de Davos, donde cuestionó la identidad sexual de las personas trans, un derecho humano que en la Argentina está garantizado por ley, y asociar la adopción de las parejas homosexuales, también establecida por ley en nuestro país, con la pedofilia.

EM. Con información de NA.

Los movimientos y el posterior archivo de la denuncia contra el vocero y principal asesor del presidente de la Corte Suprema evidenciaron cómo la interna dentro del máximo tribunal impacta en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, que terminaron despertando sospechas en la comisión de Juicio Político de la cámara de Diputados, de acuerdo a fuentes judiciales y parlamentarias consultadas en los últimos días por elDiarioAR. 

Tanto el juez Horacio Rosatti como el asesor Silvio Robles retomaron la rutina de trabajo en el Palacio de Justicia, con el principal frente judicial controlado: el juez federal Sebastián Ramos archivó una de las denuncias por el contenido de los supuestos chats que se filtraron en un sitio de internet luego del hackeo al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.

En los chats, Robles habría intercambiado información y el resultado final del fallo que la Corte iba a dictar a favor del gobierno de la Ciudad por la coparticipación y los fondos para financiar la policía porteña, una decisión de la Corte que despertó la ira del Gobierno y un grupo de gobernadores oficialistas en diciembre último.

En la comisión parlamentaria que inició el proceso para investigar a los cuatro jueces de la Corte por presunto mal desempeño, el oficialismo comenzó a indagar cómo fue que esa denuncia terminó en el juzgado de Ramos y en su posterior archivo, cuando, en principio, la denuncia había caído por sorteo en el juzgado de Ariel Lijo, quien, según pudo reconstruir este medio de fuentes directas de su juzgado, tenía una postura muy distinta a la de Ramos y el fiscal que intervino en la causa, Carlos Stornelli. Lijo no iba a archivar la denuncia sino a activar medidas de prueba.

Sin embargo, como el juez Lijo se encontraba de vacaciones, la denuncia contra Robles ingresó en un periplo tribunalicio y pasó por cuatro jueces y dos fiscales hasta llegar a su destino final, por ahora, en el juzgado de Ramos y su posterior archivo.

La Corte que el presidente Alberto Fernández quiere destituir está atravesada desde 2016 por una interna política y personal entre sus jueces, divididos en dos bloques irreconciliables: el trío que conforma la mayoría (integrado por el actual presidente del tribunal, Rosatti; Juan Carlos Maqueda; y Carlos Rosenkrantz) y un unitario (Ricardo Lorenzetti, quien quedó en minoría tras perder la presidencia de la Corte en 2018). 

Comodoro Py también está atravesado por la interna de la Corte. Los alineamientos con los jueces de la mayoría no se construyeron sobre bases inamovibles, pero los alineados con Lorenzetti tienen nexos mucho más fuertes, aunque son menos. 

El trío que conforma la mayoría en el máximo tribunal sabe que la mayoría de los jueces y fiscales federales de Py no quiere avanzar con la denuncia contra Robles o hacerle lugar a eventuales pedidos del oficialismo en la comisión de Juicio Político para, por ejemplo, llevar a Robles a declarar por la fuerza pública al Congreso. El fiscal Carlos Stornelli es uno de ellos, confió un testigo directo de sus conversaciones con voceros de la Corte. 

De hecho, otro expediente vinculado a la Corte ya les dejó en claro a Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz ese quiebre entre dos sectores de Py: la investigación penal por supuestas irregularidades en contrataciones de la obra social de los judiciales, que administra la Corte y que también será uno de los puntos que el oficialismo busca investigar en la comisión de Juicio Político. 

La mayoría suprema sospecha que la denuncia fue impulsada por Lorenzetti (la presentó un dirigente sindical de los judiciales). Recayó por sorteo en el juzgado de Lijo, de muy buena relación con el ex presidente de la Corte, luego de que el trío Rosatti-Maqueda-Rosenkrantz le recortaran su poder en el máximo tribunal y lo desplazaran, no sólo de la presidencia, sino del manejo de los fondos del Poder Judicial de la Nación. 

El expediente está a cargo del juez Lijo y del fiscal Stornelli, quienes mantienen una disputa por el futuro de la causa. Stornelli pidió su cierre (lo que beneficia a la mayoría en la Corte, especialmente al juez Maqueda, más vinculado al manejo de la obra social), pero Lijo quiere avanzar en la investigación. 

Este mismo escenario iba a repetirse con la denuncia contra Robles. La denuncia recayó por sorteo en el juzgado de Lijo. El fiscal de turno era Carlos Rívolo, quien se inhibió de intervenir en el caso porque su nombre figura entre los supuestos contactos estrechos de D’Alessandro, según la filtración tras el hackeo.

El fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones porteña, José Agüero Iturbe, designó entonces a Stornelli para ocupar el lugar de Rívolo. Mientras tanto, Lijo estaba de vacaciones por la feria de enero y la jueza María Servini firmaba por su juzgado. Servini se excusó de intervenir en la denuncia contra Robles porque involucraba a D’Alessandro, con quien la jueza explicó en un escrito que había tenido una relación de amistad cercana pero estaban enemistados. 

Servini no sólo se excusó, sino que envió la denuncia nuevamente a sorteo, extrayendo el expediente del juzgado de Lijo. Recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, quien inmediatamente envió el caso a la Cámara Federal porteña, planteando que debía volver al juzgado de Lijo.

El presidente de la Cámara de Apelaciones ordenó que la causa siguiera en el juzgado de Capuchetti y que al regresar Lijo de sus vacaciones, los jueces se pusieran de acuerdo entre ellos. Capuchetti entró de vacaciones al lunes siguiente. Debía firmar por su juzgado Julián Ercolini, quien no podía intervenir por estar denunciado por la filtración de otro conjunto de chats hackeados a D’Alessandro en el caso Lago Escondido. Así, la denuncia terminó en el juez Ramos.

El archivo

Hace dos semanas, el juez Ramos tomó la decisión de archivar la denuncia y no avanzar en la apertura de una causa contra Robles siguiendo la línea planteada por el fiscal Stornelli en un dictamen. Stornelli consideró que no se podía avanzar en la investigación penal porque la principal prueba, los chats, provienen de una intervención ilegal de comunicaciones telefónicas y por lo tanto, el punto de partida de la denuncia es un ilícito que inhabilita la utilización de esos chats en un proceso judicial, según informó la agencia estatal Télam. 

Robles había sido denunciado por el abogado Gastón Marano, ex asesor de la oposición en la comisión bicameral de Inteligencia del Congreso y defensor de Nicolás Gabriel Carrizo, uno de los procesados por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La denuncia se basaba en las publicaciones de los chats en diversos medios de comunicación.

La presentación de Marano se suma a otras tres denuncias contra Robles por el caso de los supuestos chats y al menos una orden judicial a la Policía Federal Argentina (PFA) que no se ejecutó: la intimación al asesor para que entregue su teléfono celular para “peritar si los chats son reales”, como solicitó el juez Guillermo Molinari, de Santiago del Estero. 

Hay otras tres causas aún abiertas: las iniciadas por los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja), que ya llegaron a los tribunales porteños, donde seguramente se acumularán con la denuncia de Marano y podrían ser también archivadas.

La semana pasada, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inició un cuarto expediente en los tribunales federales de La Plata. El juez Alejo Ramos Padilla solicitó la primera medida de rigor antes de dar traslado a la fiscalía, que decidirá si debe o no abrirse un nuevo expediente.

“La denuncia se archivó pero ni el juez ni el fiscal plantearon el sobreseimiento de Robles. Eso significa que la causa no está cerrada, sino archivada y, por lo tanto, la denuncia podría ser eventualmente desarchivada y reabierta”, afirmó a elDiarioAR el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de todos), integrante de la comisión de Juicio Político.

Stornelli determinó que en la denuncia del abogado Marano no había “ningún medio o elemento autónomo y autosuficiente” que no fueron los chats obtenidos ilegalmente que le permitan avanzar con la investigación, y expuso que convalidar la investigación con elementos que habrían sido obtenidos como fruto de un accionar delictivo colisionaría con “los más básicos e irrenunciables principios constitucionales”. Esta es una de las líneas que mantiene la jurisprudencia, pero no es la única y no es la que el juez Lijo hubiese aplicado, confirmó elDiarioAR de fuentes judiciales.

La prueba ilegal

En una tesis presentada ante la Universidad Torcuato Di Tella en 2014, Federico Morgenstern, principal asesor penal del juez Rosenkrantz y secretario letrado en la Corte, escribió a favor de repensar si ciertas pruebas obtenidas de manera ilegal deben rechazarse en todos los casos. “¿Cuál es el camino apropiado cuando en un proceso penal se consigue prueba incriminatoria violando un derecho individual del acusado?”, se preguntó el letrado, como publicó el periodista Néstor Espósito en Tiempo Argentino el domingo último. 

Los chats obtenidos tras el hackeo ilegal al teléfono del ministro D’Alessandro -que el funcionario porteño, actualmente de licencia por este caso, sostiene que son falsos y fueron adulterados- entrarían en la categoría de pruebas ilegales. “La exclusión probatoria indiscriminada y automática (de una prueba sólo por el hecho de haber sido obtenida de manera ilegal) es una solución equivocada” y “no hay una previsión legal expresa que prohíba usar la prueba ilícita”, tampoco constitucional, afirmó Morgenstern.

“El sistema vigente debe ser reconfigurado”, a excepción de “los casos de tortura, coacción física y/o psicológica y engaño” por parte de las fuerzas de seguridad o autoridades, que sí deben excluirse como pruebas de manera automática, aclaró.

No es lo que plantean los antecedentes mayoritarios. “Las posiciones unánimes de la jurisprudencia y doctrina argentina pueden reducirse a estas cuatro proposiciones centrales: el Estado no se puede beneficiar de una ilegalidad propia; no excluir esa prueba le quita integridad y credenciales éticas al sistema de justicia penal; el imputado tiene un derecho a la exclusión del proceso de los elementos de cargo obtenidos por vías irregulares; y la exclusión es el único (o mejor) remedio para afrontar la situación”, explicó Morgenstern, también autor del libro “La cosa juzgada fraudulenta”.

Pero Morgenstern se basó en antecedentes de otras jurisdicciones como Alemania, los países del common law, Noruega y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¿Qué hace primar la necesidad de utilizar este tipo de pruebas? “El descubrimiento de la verdad, la necesidad de mantener una justicia funcional y eficaz, la existencia de cierta proporcionalidad entre la intensidad de la lesión producida y la gravedad del delito investigado y el conocimiento de la violación por parte del agente público”, escribió el secretario letrado de la Corte.

ED

Hay algo contradictorio en el acto periodístico de ir al lugar de los hechos: es la mejor manera de palpar eso que está a punto de ser narrado y, si el lugar de los hechos es demasiado grande, siempre da la sensación de que quien mira para contar se está perdiendo de algo. Cualquier periodista que haya cubierto alguna manifestación de las que miden diez o veinte cuadras lo sabe: ha tenido que pedir a algún compañero de equipo que si por televisión ve algo demasiado resonante de esa marcha le avise, porque nadie puede saber qué pasa a cinco cuadras de donde tiene los pies, los ojos y las orejas.

La toma de Los Hornos, en las afueras de La Plata, mide 160 hectáreas y casi 26 meses. Es la más grande de la Provincia. Quien haya estado ahí sabe que para recorrerla -un poco, al menos- hace falta un auto para ir y venir de un sector a otro. No sólo porque las distancias son largas, sino porque hay zonas que, por tan intransitables, obligan a salir de la toma y volver a entrar por otro lado. Para eso se atraviesan calles y también terrenos que tienen dueños que no quieren saber nada con la ocupación que les crece cerca.

El 16 de febrero de 2020 empezó una toma que el Ministerio de Seguridad conducido por Sergio Berni -que se subió a un helicóptero para comandar el operativo- intentó desalojar pocos días después. No hubo reintentos de desalojo porque, según contaron a este diario fuentes de esa cartera en 2020, el ministerio, cuya conducción consideraba que allí había un delito, fue desafectado. El juez Alejo Ramos Padilla acaba de archivar la causa que investigaba esa toma por considerar que no se habían cumplido las condiciones que configuran el delito de usurpación.

Stella Maris, referente de dos de los cuatro sectores de la toma de Los Hornos, usa el verbo que el magistrado desestima: “Usurpamos, sí. Pero por necesidad”, sostiene dos años y dos meses después de haber entrado a los terrenos, en diálogo con elDiarioAR. Según calcula, ahora viven en las tierras ocupadas unas 2.500 familias. Están en el terreno del ex Club de Planeadores de La Plata, un espacio que hace décadas se pensó como un aeropuerto para la capital provincial pero que nunca llegó a serlo. Hoy el terreno pertenece a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). En 2020, el Municipio de La Plata presentó un informe hídrico ante la Justicia para dar cuenta de que una parte de esas 160 hectáreas son inundables.

En la toma de Los Hornos se asoma la Argentina. La pobreza que impacta en más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes en el país está sobre-representada entre casillas de madera con techos improvisados con nylon y piso de tierra. Entre esa población, hubo quienes no tuvieron garantizado su derecho a la educación: según contaron sus familias a este diario, por provenir de familias de la toma les fue negada la vacante en escuelas públicas de la zona. Entre la población adulta abundan las changas y escasea el trabajo formal. Abundan también los planes sociales que, a pesar de las repetidas intenciones declaradas por el Poder Ejecutivo, nunca se convierten en fuentes efectivas de empleo.

En la toma de Los Hornos se asoma la Argentina. La pobreza que impacta en más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes en el país está sobre-representada entre casillas de madera con techos improvisados con nylon y piso de tierra

“Ya dentro de poco van a asfaltar. Nos dijeron que van a traer luz eléctrica y ya empezaron a traer agua”, detalla Stella Maris. El tendido eléctrico y de agua disponible ahora mismo en la gran parte de esas tierras no es formal y, por lo tanto, pago sino “colgado”. En noviembre de 2020, la referente enumeraba las mismas promesas por parte del Estado provincial, que en los primeros nueve meses de la toma había relevado la situación de 4 de las 160 hectáreas del predio tomado, es decir, 2,5% de la superficie total. “Va avanzando la apertura de calles y la reubicación de las familias, nos van prometiendo y de a poquito van cumpliendo”, cuenta la referente.

Del lado de afuera de la toma, legitimada de hecho por la Justicia, el “Grupo Vecinos Organizados de Los Hornos” convoca a una marcha este miércoles para repudiar el fallo de Ramos Padilla y a dejar de pagar el impuesto inmobiliario provincial como protesta ante esa decisión. Del lado de afuera de la toma también escasea el acceso a la vivienda digna y al empleo efectivo, y más de la mitad de los chicos y chicas son pobres.

El Estado pone parches -una bomba de agua, el apisonamiento de una calle para que pueda pasar una ambulancia, gendarmes para custodiar la zona- mientras los dramas estructurales crecen. De los dos lados del alambrado.

JR

El “Grupo de Vecinos Organizados de Los Hornos” llamó en las últimas horas a marchar este miércoles en la puerta de los Juzgados Federales de La Plata “a modo de protesta y repudio al fallo” del juez Alejo Ramos Padilla, quien decidió archivar la causa que investigaba la toma por parte de unas mil familias de un predio para instalar allí sus viviendas, al considerar que en el ingreso a los terrenos no se cumplieron las condiciones que prevé el Código Penal para el delito de usurpación.

En un comunicado, los vecinos convocan a la movilización “de manera pacífica y sin banderas políticas, a toda aquella persona de la Ciudad, la Provincia, y el País, que considere que la usurpación de este, y de cualquier terreno, sea delito, y que piense que está en riesgo, no solo su propiedad privada, sino también, su integridad física en hechos como este”.

Asimismo, proponen que “todo vecino de la Ciudad de La Plata y de toda la Provincia de Buenos Aires, deje de pagar el impuesto inmobiliario provincial a modo de protesta, ya que, según el mismo juez, se deslegitima la posesión de un bien, por lo que nadie es dueño de nada, y todo puede ser usurpado en cualquier momento del día, por cualquier persona, sin tener ningún tipo de castigo”.

Garro va por la apelación

Por su parte, el intendente de La Plata, Julio Garro (PRO-Juntos por el Cambio), presentó este lunes un escrito en el que pidió al Gobierno provincial y nacional que apelen “de manera inmediata” el fallo que ordenó archivar la denuncia por la toma de un predio en el barrio platense de Los Hornos.

“La inacción frente a esta grave situación no hace otra cosa que explicitar la falta de independencia de los poderes del Estado”, manifestó el jefe comunal en un comunicado difundido en las últimas horas.

La comuna solicitó a la Fiscalía de Estado de la Provincia, al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, a la Subsecretaría de Hábitat bonaerense y a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE) la inmediata intervención y que apelen la disposición judicial, ya que la Municipalidad de La Plata no tiene legitimidad para discutir el fallo que ordenó archivar el expediente.

“Necesitamos que la Provincia y la Nación apelen el fallo que avala la megatoma de Los Hornos. Presenté un escrito solicitando que no dejen vencer los plazos que establece la ley. La inacción frente a esta grave situación no hace otra cosa que explicitar la falta de independencia de poderes del Estado”, sostuvo Garro.

Según se precisó, la comuna platense entiende que la resolución “debe ser impugnada por los organismos que se encuentran legitimados procesalmente para hacerlo”.

En las misivas, el municipio supone que “los Estados tanto Nacional como Provincial tiene por misión la defensa de su patrimonio, y para ese cometido deviene fundamental que se revierta el decisorio judicial adverso, que clausura una investigación seguida contra un hecho delictivo que vulnera la propiedad del Estado”.

Asimismo, considera que la resolución del juez “constituye un agravio al ejercicio del derecho real de propiedad, que el Estado provincial ostenta respecto del predio intrusado, y cuya defensa y administración se encuentran a cargo del gobierno de la Provincia de Buenos Aires”.

El fallo de Ramos Padilla

La Justicia Federal de La Plata decidió archivar la causa que investigaba la toma de un predio en Los Hornos por casi mil familias que instalaron allí sus viviendas, al considerar que en el ingreso a los terrenos no se cumplieron las condiciones que prevé el Código Penal para el delito de usurpación.

El artículo 181 inciso 1 del Código Penal establece que para que la ocupación de parcelas de tierra sea delito la figura penal exige que el despojo se haya producido con “violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad”, condiciones que el juez Alejo Ramos Padilla determinó en su dictamen que no se registraron en este caso, tras lo cual archivó el expediente.

La causa se había abierto por la ocupación de un predio de 160 hectáreas que perteneció al club Planeadores en Los Hornos concretada por unas mil familias sin techo que emplazaron sus viviendas sobre esas tierras, con lo cual se conformó un asentamiento.

El predio pertenece al Estado nacional y por eso en una fase de la ocupación intervino la Agencia Nacional de Bienes del Estado (AABE).

El juez ordenó el archivo de las actuaciones y al mismo tiempo solicitó a las autoridades de la provincia de Buenos Aires “concretar el proyecto de urbanización” previsto para esa población como también brindar “soluciones adecuadas a la magnitud de la problemática habitacional”.

Antes del tramo resolutivo del fallo, el magistrado señaló que “al momento de los hechos, el predio se encontraba en estado ocioso y carecía en la gran mayoría de su extensión de un cerco o alambrado perimetral que lo protegiera de posibles intrusiones”.

El juez describió el estado de la propiedad como “un terreno descampado que adolecía de cualquier elemento de protección para impedir el ingreso de terceras personas -candados, alambrados, cercos, obstáculos o barreras-, sobre los que los ocupantes pudieran haber ejercido algún tipo de fuerza o violencia, como medio para consumar el despojo”.

Por lo tanto, remarcó que “los implicados ingresaron al predio sin que se advierta la adopción de ningún tipo de medida tendiente a denegar o dificultar ese ingreso”.

“El ingreso a los terrenos se produjo a plena luz de día -a las 16.15- y la delimitación informal de lotes con sogas, palos y alambres también ocurrió a la vista de todos”, agregó.

Finalmente, Ramos Padilla concluyó que la toma no generará “perjuicio de eventuales acciones civiles y/o administrativas que pudieran resultar necesarias en el futuro para llevar a cabo el proyecto de urbanización en curso, de conformidad con los estándares de seguridad y habitabilidad que deben regir este tipo de acciones”.

El magistrado, además, ordenó a la ABEE, a la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad bonaerense, al Ministerio de Desarrollo Agrario provincial y a la Municipalidad de La Plata a que “concreten el proyecto de urbanización que se encuentra actualmente en desarrollo” y que estaba asignado para las familias que ocupan esas tierras.

Asimismo, el magistrado les ordenó a estas entidades que como parte de la urbanización presten “especial atención y prioridad a la reubicación de aquellas familias que se hallan en zonas del predio con alto riesgo hídrico”.

La Municipalidad de La Plata que encabeza el intendente del PRO Julio Garro rechazó el archivo de las actuaciones; sin embargo, al no ser parte del juicio la comuna no tiene legitimidad para apelar la medida.

La comuna, de todas formas, insistió con que la denuncia se mantenga activa y que se realice el desalojo sobre las viviendas de las aproximadamente mil familias que desde febrero de 2020 viven en el predio de 160 hectáreas delimitado por las calles 76, 83, 143 y 153 ya que las casas se construyeron en una zona inundable.

El comunicado de los vecinos contra el fallo de Ramos Padilla

“Desde hace un tiempo a esta parte, la Ciudad de La Plata, es víctima de diversas usurpaciones de terrenos, públicos y privados, y en su gran mayoría, alentada y producida por dirigentes y punteros políticos. Entre ellas, está la toma de terrenos más grande la historia de la Provincia de Buenos Aires, de 160Has, equivalente a 1/5 de extensión del casco urbano platense, emplazada en el ex Club de Planeadores, en Los Hornos, comenzada el 16 de febrero de 2020.

En esta mega toma, sobran la cantidad de denuncias de vecinos linderos y de Los Hornos en general (el delito desde el inicio de la misma aumentó en un 200%, según el propio ministerio de seguridad provincial) por robos e incluso amenazas con armas de fuego, por venta ilegal de terrenos, venta de droga en el lugar, el ingreso de gran cantidad de camionetas y autos de alta gama, casillas que funcionan como aguantaderos de delincuentes, etc. También, hay gente necesitada de una vivienda, pero representan menos del 25% de la gente del predio. Ese porcentaje es, además, la cantidad de gente fija en el lugar, ya que el restante 75% solo va los fines de semana a comer asados y realizar fiestas clandestinas ya que el terreno tiene, para ellos, un uso recreativo.

Todo esto, es fácilmente comprobable de veracidad ya que hay pruebas fotográficas y de video que lo muestran, salvo para el juez Alejo Ramos Padilla, a cargo del Juzgado Federal No 1, que no considera que esto sea delito, ya que la usurpación se realizó de día, en un fallo por demás repudiable y vergonzoso, y que incita a la usurpación de cualquier bien, sea del Estado o de algún particular.

Es por ello que, como grupo de vecinos, hartos de los hechos delictivos que sufrimos a diario, ahora con complicidad del mencionado magistrado, y ante el miedo reinante en todo Los Hornos en particular, y en la Ciudad de La Plata en general, invitamos:

- A marchar el día Miércoles 13/04 a las 12hs en la puerta de los Juzgados Federales en 8 e/ 50 y 51 a modo de protesta y repudio al fallo, de manera pacífica y sin banderías políticas, a toda aquella persona de la Ciudad, la Provincia, y el País, que considere que la usurpación de este, y de cualquier terreno, sea delito, y que piense que está en riesgo, no solo su propiedad privada, sino también, su integridad física en hechos como este.

- A que todo vecino de la Ciudad de La Plata y de toda la Provincia de Buenos Aires, deje de pagar el impuesto inmobiliario provincial a modo de protesta, ya que, según el mismo juez, se deslegitima la posesión de un bien, por lo que nadie es dueño de nada, y todo puede ser usurpado en cualquier momento del día, por cualquier persona, sin tener ningún tipo de castigo.

Esperamos que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires actúe como es debido, apele el fallo para no dejar un precedente aberrante en un fallo que incita a más usurpaciones y delincuencia en general, y que cumpla con lo prometido en las distintas reuniones con vecinos.“

Con información de agencias.

IG

El juez federal electoral bonaerense Alejo Ramos Padilla pidió hoy a varios precandidatos a legisladores, entre quienes se encuentran Diego Santilli y Hernán Lombardi, de Juntos por el Cambio, y Daniel Gollan, del Frente de Todos (FdT), que acrediten en 48 horas sus respectivos domicilios y residencias en el distrito de la provincia de Buenos Aires, por la cual se postulan.

Ramos Padilla cursó esta petición al observar las postulaciones de esos precandidatos y la de Carolina Castro, del “randazzista” frente “Vamos con Vos”, entre otros.

“Intímase a la agrupación para que en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas –con habilitación de días y horas inhábiles y contando a partir de la notificación de la presente- subsane lo aquí observado”, sostuvo Ramos Padilla en la resolución que atañe al frente Juntos, de Santilli.

Similar decisión adoptó con respecto al peronista Gollan, quien representa al Frente de Todos.

Las objeciones a los principales postulantes del macrismo y del peronismo giran en torno a su lugar de nacimiento y a los requisitos sobre el tiempo de residencia en la provincia de Buenos Aires exigido por la ley, informaron fuentes judiciales.

Trascendió de fuentes políticas que los responsables legales de cada sector están trabajando para presentar la documentación para avalar la legalidad de las precandidaturas.

También objetó el juez el domicilio de Mercedes Sanguinetti, que va en el puesto 20 de la lista de Santilli, además de Carlos Legnani, número 9 en la lista de “Vamos con Vos”, de Florencio Randazzo, y María Fernanda Amaya, segunda en la lista de Santiago Cúneo, denominada “Confederación”.

También intimó en el mismo sentido a Nieves Maciel (8) y Mariano López Tarnassi (14) de la misma nómina.

Por último, el magistrado consignó que todas las listas de precandidatos se ajustan a la paridad de género establecida por ley.

DA