Cada 30 de julio, el mundo conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2013. La fecha busca concientizar sobre la situación de las víctimas, promover su protección y exigir justicia frente a un delito que afecta a millones de personas en todos los continentes.

Según los últimos informes de Naciones Unidas, 1 de cada 4 víctimas de trata en el mundo tiene menos de 18 años (el 18% niñas y el 17% niños). Y hablamos de víctimas detectadas y reconocidas oficialmente, lo que deja fuera de nuestro radar otras muchas situaciones escondidas o toleradas.

Ya sea por grupos criminales organizados o por individuos particulares, la explotación de mujeres, hombres, niños y niñas es un negocio muy lucrativo, que presenta menor riesgo que otras actividades criminales como el tráfico de drogas. Además, una misma persona se puede comprar y vender varias veces, enriqueciendo a intermediarios que captan, transportan, controlan o median entre el explotador y la víctima.

Así, mientras haya demanda de cuerpos, órganos o mano de obra, siempre habrá alguien dispuesto a conseguirlos.

Vivimos un escenario donde las crisis mundiales, los conflictos y el cambio climático están agitando el mundo, creando un escenario perfecto para que la oscuridad de la trata aumente.

Millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por desplazamientos forzados y desigualdades socioeconómicas, quedando vulnerables a las garras de los traficantes de personas. Son aquellos que no tienen un estatus legal seguro, que viven en la pobreza y carecen de acceso a educación, atención médica y empleo digno. Además, aquellos que enfrentan discriminación, violencia y abusos, o provienen de comunidades marginadas, también se encuentran en la mira de estos criminales.

Y mientras el mundo se enfrenta a estas amenazas, la lucha contra la trata parece estar decayendo. Las medidas nacionales, especialmente en países en desarrollo, parecen estar desvaneciéndose. Las tasas de detección se han reducido en un 11% y las condenas han sufrido una reducción del 27% en el año 2020, mostrando una clara desaceleración en la respuesta de la justicia penal.

Pero no todo está perdido, porque aquí hay héroes en la historia. ¡Un 41% de las víctimas logran liberarse de su horrorosa realidad y enfrentar valientemente a sus opresores!

Así que, en esta épica batalla entre la luz y la oscuridad, el mundo debe unirse para enfrentar a los traficantes y proteger a las víctimas.

¿En qué consiste la trata de personas?

La trata de personas es considerada uno de los más graves delitos de violación a los derechos humanos, siendo catalogada un símbolo moderno de esclavitud del siglo XXI, mediante la cual las personas son privadas de su libertad y derechos por parte de terceras personas.

Son sometidas contra su voluntad a situaciones de explotación sexual y laboral, trabajos forzados, servidumbre doméstica, extracción de órganos, mendicidad, entre otras modalidades.

Se estima que aproximadamente el 30% de las víctimas de la trata de personas son niños y el otro 70% son mujeres y niñas. Los primeros en la mayoría de los casos se usan para realizar trabajos forzosos en situaciones precarias, mientras que las mujeres y niñas son explotadas sexualmente desde muy temprana edad.

Esto sin contar aquellos casos relacionados con los comerciantes de órganos del mercado negro, o que se vinculan con otros hechos delictivos como el tráfico de drogas.

Actualmente, más de 12 millones de personas a nivel mundial son víctimas de este delito. Existen aproximadamente 500 rutas de tráfico de personas y tan solo 32 de ellas se encuentran en Iberoamérica.

Unido a ello se resalta el gran peligro potencial que ha originado Internet y las redes sociales, donde las traficantes tienden puentes de forma anónima con posibles víctimas, atrayéndolas hacia su red de contrabando humano.

Grupos susceptibles de ser víctimas de la Trata de Personas

Según informes emitidos por la Organización de las Naciones Unidas, los grupos humanos que tienden a padecer este tipo de hecho delictivo son los desplazados, es decir, personas que han tenido que abandonar su país de origen, por culpa de un conflicto armado o situación política que los impulsa a emigrar o pedir refugio a otra nación.

Allí, donde hay grandes corrientes migratorias es donde la ONU ha orientado los mayores esfuerzos para luchar contra la trata de personas, realizando los más grandes eventos cada 30 de julio.

¿Cuáles son los principales factores de riesgo que nos exponen a ser víctimas de las trata de personas?

Campaña “Corazón Azul”

La Campaña “Corazón Azul” es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas creada en el año 2008 en Viena (Austria), orientada a sensibilizar y crear conciencia en la población mundial acerca de la lucha contra la trata de personas y su impacto en la sociedad.

El corazón azul se ha convertido en el símbolo internacional de la lucha contra la trata de personas, representando la tristeza de las víctimas que son objeto de la trata de personas. Igualmente manifiesta la insensibilidad de aquellos que compran y venden a otros seres humanos.

Con esta campaña se pretende obtener una masiva y activa participación en la defensa de esta causa, a fin de erradicar esta forma moderna de esclavitud. Otras finalidades de esta campaña son las siguientes:

Qué dice el Informe Mundial 2024 sobre Trata de Personas de la ONU

La trata de niños y niñas y con fines de trabajo forzoso, así como la criminalidad forzada, están aumentando a medida que la pobreza, los conflictos y el cambio climático dejan a más personas vulnerables a la explotación, reveló el Informe Mundial sobre Trata de Personas 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El Informe registra un aumento del 25% en el número de víctimas de trata detectadas en el mundo en 2022, en comparación con cifras anteriores a la pandemia de 2019. Entre 2019 y 2022, el número de víctimas detectadas en el mundo por trata con fines de trabajo forzoso aumentó un 47%.

El número de víctimas infantiles detectadas en el mundo aumentó un 31% en 2022 en comparación con 2019, con un aumento del 38% en el caso de las niñas. Se han detectado más víctimas varones en zonas donde se había registrado un número creciente de personas menores de edad no acompañadas y separadas de sus familias. La trata de niñas y niños también está aumentando en los países de ingresos altos, y a menudo se refiere a niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual.

“A medida que los conflictos, los desastres climáticos y las crisis mundiales agravan las vulnerabilidades en todo el mundo, vemos un aumento de las víctimas de trata de personas detectadas, en particular de niñas y niños, que ahora representan el 38% de las víctimas identificadas”, declaró la Sra. Ghada Waly, Directora Ejecutiva de UNODC. “Los delincuentes recurren cada vez más a la trata de personas para someterlas a trabajos forzados, incluso para obligarlas a realizar sofisticadas estafas en línea y delitos cibernéticos, mientras que las mujeres y las niñas se enfrentan al riesgo de la explotación sexual y la violencia de género. Tenemos que intensificar las respuestas de la justicia penal para hacer rendir cuentas a quienes lideran la cadena delictiva, cruzar fronteras para rescatar a las víctimas y garantizar que las y los sobrevivientes reciban el apoyo que necesitan”.

El Informe concluye que las mujeres y las niñas siguen representando la mayoría de las víctimas detectadas en todo el mundo (61% en 2022). La mayoría de las niñas víctimas (60%) detectadas siguen siendo víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Alrededor del 45% de los niños detectados son víctimas de la trata con fines de trabajo forzoso y el 47% son explotados con otros fines, como la criminalidad forzosa y la mendicidad.

La trata con fines de criminalidad forzada, incluida las estafas en línea, ocupa el tercer lugar en el número de víctimas detectadas, y ha pasado de representar el 1% del total de víctimas en 2016 al 8% en 2022.

El Informe 2024 incluye un capítulo especial sobre África, una región que a menudo se ha dejado de lado en los estudios sobre la trata debido a las dificultades para obtener datos.

UNODC realizó grandes esfuerzos para recopilar datos de todas las regiones de África con ayuda de sus oficinas sobre el terreno e iniciativas conjuntas con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Instituto de Estadística de la Unión Africana (STATAFRIC), la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) y la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC), así como con autoridades nacionales de muchos países africanos.

Como resultado, este Informe ofrece la imagen más detallada hasta la fecha de las pautas, flujos y tendencias de la trata en África.

Según el Informe, las víctimas de trata provenientes de África son quienes llegan a más destinos. En total, personas de al menos 162 nacionalidades fueron víctimas de trata en 128 países de destino en 2022. De los flujos transfronterizos detectados, el 31% involucra a personas provenientes de países africanos.

La mayoría de las víctimas africanas son objeto de trata dentro del continente, donde los desplazamientos, la inseguridad y el cambio climático están exacerbando las vulnerabilidades. La trata de niñas y niños se detecta con más frecuencia que la de personas adultas en la mayor parte del continente, sobre todo para trabajos forzados, explotación sexual y mendicidad forzosa. Un factor que contribuye al aumento global de víctimas infantiles detectadas es el incremento general del número de casos detectados en el África subsahariana.

El Informe ofrece recomendaciones políticas para responder a todas las formas de trata de personas, incluida la mejora de la identificación y protección de las víctimas.

La edición 2024 del Informe mundial abarcó 156 países de todas las regiones y subregiones del mundo, la mayor cobertura de países del Informe Mundial sobre Trata de Personas de UNODC desde su primera edición en 2009.

El Opus Dei negó la acusaciones de explotación laboral presentadas por 43 mujeres en Argentina y acusó a los medios de haber “tergiversado la realidad” del caso, en un comunicado colgado este lunes en su página web, en el que se refiere a la investigación judicial respecto a las denunciantes que vivían en situación económica vulnerable, y que entraron a la organización católica cuando tenían entre 12 y 16 años, con la promesa de un hogar y educación.

En su largo comunicado, el Opus argumenta que “el conflicto comenzó en los medios de comunicación y fue mutando a lo largo del tiempo en su planteamiento: primero como un reclamo laboral, luego como una demanda de indemnización por daños y perjuicios, hasta llegar a denuncias por explotación laboral”.

Y que “a partir de junio de 2023, existe una investigación judicial iniciada por una denuncia que afirma que un grupo de mujeres habría sido víctima de trata de personas y explotación laboral”, lo que niegan “categóricamente”

Al mismo tiempo, se lee en la nota, se considera “que esta alegación es un uso manipulado de una figura penal que no tiene ninguna vinculación con los hechos que describen las propias personas que denuncian, y mucho menos con la realidad en el Opus Dei”.

La institución conocida como 'La Obra' explica que en septiembre de 2020, un abogado se presentó ante la prelatura afirmando representar a 43 mujeres que fueron numerarias auxiliares del Opus Dei, y reclamó la regularización de aportes para las contribuciones al sistema de seguridad social del país, para la pensión de jubilación y otros beneficios sociales y que fue recibido y escuchado “pero la escasa información suministrada por el abogado no resultó suficiente para analizar la situación de cada persona”.

Critica que “desde entonces, han circulado nuevos cuestionamientos al Opus Dei a través de diferentes medios de comunicación, tergiversando la realidad y confundiendo los distintos planos de reclamo (previsional, laboral, penal)”.

En el comunicado, explica que “ante la falta de presentaciones formales del abogado y de sus representadas frente a instancias judiciales, en 2022 las autoridades de la prelatura en Argentina crearon una Comisión de Escucha para entender mejor los hechos”.

Y que como resultado de ese proceso, “a finales de 2022 se constituyó una Oficina de Sanación y Resolución, para canalizar la resolución personalizada de posibles reclamos y propiciar procesos de sanación”.

Sobre el proceso judicial, también explican que “por el momento, el juez no ha imputado aún delito alguno” y lo que existe es “un pedido de los fiscales para que el juez a cargo convoque a determinadas personas para escuchar su versión sobre los hechos. Sin embargo, el juez aún no ha resuelto si dará lugar o no a ese pedido, ni ha decidido a quiénes podría citar”.

Y reiteran que se trata de “una grave manipulación con fines mediáticos del sistema judicial, pues se realizan acusaciones totalmente infundadas para presionar en un reclamo laboral-económico”

Fazio fue acusado formalmente el pasado 11 de junio por el Ministerio Público Fiscal argentino, órgano competente para realizar la imputación, por trata de mujeres con fines de explotación laboral dentro de su orden religiosa, en condiciones de semiesclavitud.

La querella solicitó expresamente su inclusión en la causa, ya que fue el máximo responsable de la institución entre 2010 y 2014, junto a los exvicarios regionales Carlos Nannei (1991-2000), Patricio Olmos (2000-2010), Víctor Urrestarazu (2014-2022), y el sacerdote numerario Gabriel Dondo, quien dirigió durante casi todas esas décadas la rama femenina de la organización.

El comunicado completo

En el marco de la investigación judicial sobre la situación personal de una mujer mientras fue parte del Opus Dei, el abogado querellante declaró en medios de comunicación que ha solicitado que se convoque a manifestar su posición sobre los hechos al prelado del Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz. La prelatura considera que este pedido –sin fundamento fáctico ni jurídico– se enmarca en una estrategia mediática engañosa y sostenida que, desde el inicio, ha intentado tergiversar los fines de una investigación penal para tratar un reclamo laboral económico.

La causa en su conjunto representa un intento de manipular la aplicación de una figura penal (la trata de personas) que no guarda relación con los hechos narrados por la denunciante, y mucho menos con la realidad del Opus Dei. Se está utilizando el fuero penal, que debe tener como finalidad la investigación de delitos y la búsqueda de justicia, para perseguir un objetivo económico, desnaturalizando así el sentido y la función de esta herramienta judicial.

Esta última petición vuelve a apoyarse en conjeturas, sin aportar elementos concretos que justifiquen estas alegaciones. Se intenta así extender artificialmente el objeto de la investigación penal a personas cuya vinculación directa con los supuestos hechos narrados por la denunciante es inexistente. Es preocupante que esta dinámica de instrumentalización y tergiversación del procedimiento penal se repita, con el fin de amplificar el impacto en la opinión pública y ejercer presión sobre el sistema de justicia. Algo que hemos visto recientemente con la solicitud de que llamen a manifestar su posición a Mons. Mariano Fazio, que fue anunciada con un despliegue mediático orquestado.

Como hemos expresado anteriormente, el conflicto comenzó en los medios de comunicación como un reclamo por inconsistencias en aportes previsionales y laborales. Luego, mutó a un reclamo económico civil de daños y perjuicios, y finalmente se transformó, en agosto de 2024, en una acusación de una persona que afirma haber sido víctima del delito de “trata de persona”. Para construir esta denuncia se realiza una descontextualización completa de la vocación que eligen libremente las numerarias auxiliares del Opus Dei.

Lamentamos que se utilicen los mecanismos judiciales para sostener una narrativa prefabricada que busca instalar culpabilidades sin base en los hechos verdaderamente ocurridos. Es fundamental preservar la seriedad institucional de la Justicia y garantizar que los trámites se desarrollen con objetividad, sin presiones externas y con pleno respeto al principio de presunción de inocencia.

La prelatura del Opus Dei insiste en rechazar estas alegaciones y mantiene su disposición plena a colaborar con las autoridades judiciales, confiando en que la verdad prevalecerá.

Detalles de la acusación al “número dos” del Opus Dei

La acusación es contundente: el sacerdote Mariano Fazio, primero en la línea sucesoria para ser el jefe máximo de la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei, fue parte del sistema de trata de mujeres pobres para explotación laboral que diseñó y ejecutó la Obra durante al menos cuatro décadas en la Argentina, su país, y que tiene al menos 43 víctimas. Así lo afirma el escrito de ocho páginas al que tuvo acceso exclusivo elDiario.es y que pide que se lo cite a declaración indagatoria junto a otros cuatro religiosos.

En 2024, tras dos años de una investigación secreta y sin precedentes, la Procuraduría contra la Trata de Personas de Argentina (PROTEX) y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, habían elevado una acusación formal contra las máximas autoridades del Opus Dei en Buenos Aires. En ese pedido se citaba a indagatoria a los exvicarios regionales, Carlos Nannei (1991-2000), Patricio Olmos (2000-2010) y Víctor Urrestarazu (2014-2022) y había llamado la atención que no se nombrara a Fazio, quien había estado en el mismo cargo en el período intermedio entre los dos últimos.

Fazio llegó a Roma en 2014, un año después de que su coterráneo Jorge Mario Bergoglio se convirtiera en el papa Francisco. El nombramiento, primero como vicario general, no fue casual. El jefe máximo del Opus Dei entonces, Javier Echevarría, lo llevó con el fin de buscar acercarse al jesuita que, aunque recién desembarcaba en el Vaticano, ya aparecía con una impronta reformista que los alarmaba. Según fuentes cercanas al Opus Dei y al Vaticano, la intención fue la de “controlar” a Francisco, con quien Fazio sostenía una relación cordial en Buenos Aires.

El pedido formal de imputación, despachado el pasado 11 de junio por los fiscales Alejandra Mángano, Marcelo Colombo y Eduardo Taiano, va dirigido al juez federal Daniel Rafecas y sostiene que las pruebas que alcanzan a los demás acusados son suficientes para imputar también al segundo hombre más importante del Opus Dei en el mundo.

La principal víctima del caso: “Le limpiaba su habitación”

La sede principal del Opus Dei en la Argentina está ubicada en el barrio de la Recoleta, uno de los más caros de Buenos Aires. Allí, en un edificio que ocupa más de un cuarto de manzana y que fue construido sobre un terreno donado por una dictadura militar y con subsidios de otra, viven las máximas autoridades de la organización, incluida toda la cúpula religiosa.

Allí también, en una torre de ventanas casi tapiadas, funcionó y funciona Laya, la mayor residencia de mujeres de servicio de la organización: criadas que atienden a los hombres de las jerarquías sin recibir ningún pago por su trabajo y en condiciones de semiencierro. Allí vivió Mariano Fazio durante muchos años, incluidos los cuatro en los que fue vicario regional y allí trabajó la testigo principal de la investigación.

La causa en Argentina, que podría tener réplicas en otros países, habla de 43 casos de explotación. Sin embargo, la gran mayoría de las denunciantes logró irse antes de 2008 del Opus Dei –algunas tuvieron que escaparse–, fecha en la que entró en vigor la Ley de Trata, y por lo tanto sólo cuatro casos del total se enmarcan en ese delito. En tanto, la prescripción en tres de los casos que son posteriores a 2008 podría estar en juego porque que tiene un plazo de 12 años.

La acusación se centra en el caso de una mujer boliviana que fue captada cuando era menor y sirvió como mucama durante 31 años. M.I.E. –sus iniciales– fue llamada a declarar por segunda vez en abril de 2025. Entonces, frente al juez Rafecas, la testigo clave amplió su testimonio y señaló que conocía al “padre Mariano” (Fazio), que había coincidido con él en la sede central mundial del Opus Dei en Roma –a ella la habían enviado como sirvienta y a él como jerarquía– y en la sede central en Buenos Aires, donde también trabajó muchos años. La mujer aseguró que entre 2009 y 2014 tuvo asignada la limpieza de la habitación de Fazio, justo en el período en que fue vicario regional.

M.I.E. también contó su experiencia con el vicario Carlos Nannei (1991-2000), predecesor de Fazio en Buenos Aires, enviado a Roma junto a él en 2014 con el mismo fin de influir en el Papa Francisco y también acusado en la justicia por los mismos cargos. M.I.E. contó que en las “meditaciones” –ceremonias religiosas diarias en los oratorios del Opus Dei–, el sacerdote Nannei les decía que “querer irse de la obra era como salirse de la barca” y que una de las cosas de las que se tenían que convencer era que “salir de la barca era una muerte súbita”. También que, para eso, tenían que “rendir el juicio, quemarse por Dios, hacerse holocausto por Dios”.

La imputación sobre Fazio describe las características del trabajo de M.I.E.: “La cantidad de labores que le eran exigidas, la disponibilidad a toda hora, las interminables jornadas, y el sometimiento psicológico volvieron a formar parte de esta nueva declaración”, dice el escrito y resalta una frase de la víctima: “Yo iba por la calle pensando que no quería vivir más. Iba por la calle pensando cómo puede la gente sonreír. Ahí me mandaron al psiquiatra”.

Los fiscales concluyen que “la respuesta institucional a lo que eran las consecuencias de la vida que le exigían eran antidepresivos, somníferos, ambos suministrados por psiquiatras de la organización”.

Nueve meses desde la acusación y una petición al juez

Los fiscales volvieron a exigir al juez Daniel Rafecas que se concreten las indagatorias a los acusados y remarcaron la demora de casi diez meses desde la primera petición, el 20 de agosto de 2024. También destacaron la obligación internacional del Estado argentino “de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de delitos”: “En un caso con las características del presente, que involucra a mujeres víctimas de trata de personas bajo la modalidad de reducción a la servidumbre en el ámbito de una institución religiosa, corresponde tener especialmente en cuenta el deber de debida diligencia en las investigaciones judiciales que las involucran”.

A su vez, en el mismo precedente se resaltó que “la impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia”. En este sentido, los fiscales agregaron que “la garantía del plazo razonable exige que los procesos penales no se dilaten innecesariamente, y que las investigaciones y resoluciones sean realizadas sin demoras indebidas”.

Qué dice el Opus Dei sobre la investigación judicial en Argentina

En su página web, el Opus Dei Argentina da su versión de lo hechos. Esta es la reproducción textual que publica la organización católica:

Desde septiembre de 2020 se han presentado públicamente distintas críticas contra el Opus Dei en Argentina. El conflicto comenzó en los medios de comunicación y fue mutando a lo largo del tiempo en su planteamiento: primero como un reclamo laboral, luego como una demanda de indemnización por daños y perjuicios, hasta llegar a denuncias por explotación laboral. A partir de junio de 2023, existe una investigación judicial iniciada por una denuncia que afirma que un grupo de mujeres habría sido víctima de trata de personas y explotación laboral. La prelatura del Opus Dei niega categóricamente esta acusación. Al mismo tiempo, considera que esta alegación es un uso manipulado de una figura penal que no tiene ninguna vinculación con los hechos que describen las propias personas que denuncian, y mucho menos con la realidad en el Opus Dei.

1. ¿Cómo empezó todo?

En septiembre de 2020, un abogado se presentó ante la prelatura afirmando representar a 43 mujeres que fueron numerarias auxiliares del Opus Dei, y reclamó la regularización de aportes previsionales (contribuciones al sistema de seguridad social del país, para la pensión de jubilación y otros beneficios sociales). Fue recibido y escuchado por las autoridades de la prelatura, pero la escasa información suministrada por el abogado no resultó suficiente para analizar la situación previsional de cada persona.

Desde entonces, han circulado nuevos cuestionamientos al Opus Dei a través de diferentes medios de comunicación, tergiversando la realidad y confundiendo los distintos planos de reclamo (previsional, laboral, penal). Ante la falta de presentaciones formales del abogado y de sus representadas frente a instancias judiciales, en 2022 las autoridades de la prelatura en Argentina crearon una Comisión de Escucha para entender mejor los hechos, el contexto en el que tuvieron lugar, y ofrecer respuestas adecuadas. Como resultado de ese proceso, a finales de 2022 se constituyó una Oficina de Sanación y Resolución, para canalizar la resolución personalizada de posibles reclamos y propiciar procesos de sanación.

2. ¿Qué hay hoy en la Justicia?

En septiembre de 2022, el abogado querellante presentó una denuncia ante la procuraduría especializada en trata y explotación de personas (Protex), aportando las apariciones en la prensa de algunas mujeres que habían sido miembros del Opus Dei. Posteriormente, los fiscales a cargo de la Protex efectuaron la denuncia formal en el ámbito judicial penal en junio de 2023. El juez federal que recibió la denuncia delegó la investigación en la fiscalía correspondiente. Después de realizar ciertas medidas investigativas, la fiscalía presentó al juez en agosto de 2024 el resultado de su investigación, que se publicó en la prensa en septiembre de ese mismo año.

Los fiscales solicitaron al juez en 2024 que se citara a prestar declaración indagatoria a varias autoridades de la prelatura (en concreto, cuatro sacerdotes que fueron vicarios del Opus Dei en Argentina a lo largo de tres décadas), argumentando que tendrían responsabilidad en los supuestos hechos en consideración a su cargo. Hasta ahora el juez no los ha llamado para tomarles declaración.

En 2025, han ampliado la solicitud a otro anterior vicario regional, Mons. Mariano Fazio, actual vicario auxiliar de la prelatura, residente en Roma. Recientemente, el abogado querellante ha declarado en medios de comunicación que ha solicitado a la fiscalía que involucre en el caso a Mons. Fernando Ocáriz, prelado del Opus Dei, que reside en Roma.

En este momento, pues, el juez no ha imputado aún delito alguno. Lo que existe es un pedido de los fiscales para que el juez a cargo convoque a determinadas personas para escuchar su versión sobre los hechos. Sin embargo, el juez aún no ha resuelto si dará lugar o no a ese pedido, ni ha decidido a quiénes podría citar.

En relación con esta investigación judicial, reiteramos que negamos categóricamente la acusación de trata de persona y explotación laboral contra miembros de la prelatura.

Aunque hubiéramos preferido no llegar a esta instancia, nos vemos obligados a advertir sobre esta grave manipulación con fines mediáticos del sistema judicial, pues se realizan acusaciones totalmente infundadas para presionar en un reclamo laboral-económico. A su vez, sostenemos nuestro compromiso de escuchar a todas las personas que tengan un reclamo por su experiencia vivida en el Opus Dei y la disposición a colaborar con la justicia en todo lo que corresponda.

3. ¿Quiénes son las numerarias auxiliares?

Las numerarias auxiliares son miembros del Opus Dei, institución de la Iglesia católica, que, como todos los demás miembros, forman parte del Opus Dei como respuesta a una llamada vocacional a encontrar a Dios y hacerlo presente en su entorno cotidiano, especialmente a través del propio trabajo y las relaciones familiares, sociales y de amistad.

En el caso de las numerarias auxiliares, ese trabajo profesional (que como cualquier otro requiere competencias especializadas, un plan de desarrollo y formación continua) consiste en el cuidado de las personas y de los centros del Opus Dei, creando hogar al fomentar un ambiente material y espiritual que favorezca el florecimiento y la formación de cada persona.

Por otro lado, como todos los miembros del Opus Dei, ellas tienen además sus amistades, aficiones, relaciones familiares, y participan de la misión evangelizadora de la prelatura, colaborando con distintas iniciativas formativas y apostólicas.

Se trata de un camino elegido por muchas mujeres en todo el mundo, que requiere del ejercicio pleno de la libertad y un proceso de discernimiento e incorporación gradual y voluntario. Cualquier persona que desea formar parte del Opus Dei debe manifestar su voluntad explícitamente en múltiples oportunidades, algunas de las cuales deben ser por escrito: toda persona que se incorpora definitivamente al Opus Dei tiene que reafirmar su deseo de ser miembro al menos ocho veces, durante un período de tiempo de 6 años y medio como mínimo.

A quien le interese conocer mejor cómo es la vida de una numeraria auxiliar, puede ver aquí algunos testimonios de numerarias auxiliares de distintas partes del mundo.

4. ¿Cuáles son las condiciones de vida de las numerarias auxiliares?

Las numerarias auxiliares reciben una remuneración por su trabajo profesional, tienen cobertura médica, acceden a formación académica y desarrollo profesional. Además, cuentan con facilidades y recursos adicionales para viajar a visitar a sus familias o para ayudar económicamente a sus familias en caso de que lo necesiten.

Contrariamente a lo que se ha afirmado en algunos medios de comunicación, viven en un entorno cuidado, con espacios para el descanso, la lectura y el crecimiento personal.

Varias numerarias auxiliares de Argentina han manifestado el deseo de que se dé a conocer las casas y habitaciones en donde viven: en este enlace se pueden ver fotos de algunas casas.

5. ¿Cuál es la posición del Opus Dei frente al caso?

Desde el inicio, el Opus Dei ha intentado establecer canales de diálogo, y hoy reafirma su disposición a colaborar con la Justicia para que los hechos se esclarezcan. Al mismo tiempo, rechaza categóricamente la acusación de trata y explotación, y sostiene que la denuncia se basa en una descontextualización de la vocación que libremente eligen las numerarias auxiliares. A su vez, considera que se está manipulando la aplicación al caso de una figura penal que no tiene ninguna vinculación ni con los hechos que describen las propias personas involucradas, ni mucho menos con la realidad en el Opus Dei.

Por eso, considera fundamental que las personas a las que se pretende imputar este delito puedan ejercer plenamente su derecho a la defensa y presentar por primera vez su versión de los hechos, lo que permitiría aclarar esta situación.

Esto es especialmente importante ante los intentos sistemáticos de instalar en los medios una narrativa de culpabilidad automática, sin respetar el debido proceso ni la presunción de inocencia, y tergiversando hechos para intentar manipular una acusación de un delito que nada tiene que ver con la realidad. Esto ha quedado demostrado una vez más con la reciente propuesta del abogado querellante de involucrar al prelado en la investigación, algo que no tiene ningún fundamento fáctico ni jurídico. En este sentido, el Opus Dei advierte sobre esta grave manipulación comunicativa del sistema jurídico para presionar en un reclamo económico-laboral.

6. ¿Cómo funciona el sistema penal de Argentina en un caso como este? ¿En qué etapa está el proceso judicial?

Para quienes no conocen el funcionamiento de la justicia penal en Argentina, puede ser útil una breve explicación que ayude a interpretar el estado actual de la situación y a evitar conclusiones apresuradas sobre un tema tan delicado y complejo.

En líneas generales, un caso penal en Argentina atraviesa dos grandes etapas: una primera, de investigación, a cargo de un juez o de un fiscal, y una segunda, de juicio oral, adjudicada a un tribunal integrado por tres jueces, que solo se abre si se considera que hay elementos procesales para avanzar hacia esta segunda etapa.

Al momento de la publicación de este texto, este caso se encuentra en la fase de investigación, también llamada “instrucción”. Esta etapa puede durar varios meses o incluso años y su objetivo es reunir elementos para determinar si hubo o no un delito y, en su caso, elaborar una hipótesis sobre quién podría ser responsable. Esta etapa está generalmente a cargo de los fiscales, tal como ocurrió al inicio de esta investigación. Sin embargo, en este caso, el juzgado consideró necesario reasumir la investigación. Desde entonces, el juez dirige la investigación, evalúa las pruebas reunidas, asegura las garantías procesales y está llamado finalmente a decidir si el caso debe cerrarse o continuar hacia la segunda etapa.

Tras la indagatoria, el juez debe tomar una decisión: puede dictar el sobreseimiento, si resuelve que no hubo delito o que la persona no lo cometió; puede declarar la falta de mérito, si considera que no hay pruebas suficientes de que se haya cometido un delito y que debe profundizarse la investigación; o, si entiende que existen indicios suficientes de que se hubiera cometido un delito, lo acusa formalmente mediante el auto de procesamiento, que implica avanzar hacia el juicio oral en primera instancia –regido por la presunción de inocencia y las garantías procesales–, en el que las partes deben presentar sus argumentos y pruebas ante un tribunal que juzga el caso. Después de la primera instancia, el sistema permite instancias de apelación.

En este caso concreto, hasta el momento, el juez no ha tomado ninguna decisión sobre los eventuales llamados a indagatoria, ni ha definido a quién convocar.

Por estos motivos es importante tener en cuenta que, en Argentina, una denuncia penal abierta (incluyendo las declaraciones de quien el juez considera necesario) no implica automáticamente la realización de un juicio oral. En muchos casos, la causa se cierra antes de llegar a esa etapa, ya sea porque el juez considera que no hubo delito (sobreseimiento) o porque considera que las pruebas son insuficientes (falta de mérito). La diferencia es relevante para quienes están acostumbrados a sistemas judiciales distintos. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la situación actual es equivalente a una investigación sin indictments.

La trata de personas es un delito gravísimo que atenta directamente contra la dignidad de las personas. Por eso mismo, la prelatura ha negado categóricamente esta acusación desde el primer momento. Además, considera especialmente grave que se intente forzar la aplicación de una figura penal tan seria en un caso que no guarda relación con los hechos narrados por la denunciante. Este tipo de maniobras no solo desvirtúan la función de la Justicia, sino que terminan banalizando situaciones verdaderamente dolorosas que afectan a miles de víctimas reales en el mundo.

En resumen, actualmente:

Breve línea de tiempo

Con información de EFE e investigación de Paula Bistagnino.

Una mujer fue detenida por ser acusada de encabezar una red de trata de personas con fines de explotación sexual y tres chicas fueron rescatadas.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación informaron que la investigación, iniciada por la Justicia de la provincia del norte en diciembre, identificó a un grupo de mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución en una vivienda de la zona sur de la capital tucumana.

Tras diversas tareas de campo, se constató que más de siete chicas trabajaban bajo el control de una regenteadora, en horarios que se prolongaban entre las 9:00 y las 17:00, mientras que se observó la presencia de una supuesta embarazada y una menor de edad.

Como resultado del operativo, encabezado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), tres jóvenes fueron rescatadas, las cuales recibieron asistencia por el Programa de Atención a Víctimas de Trata de Personas del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Tucumán, al tiempo que se detuvo a la presunta cabecilla de la organización.

Asimismo, en el lugar se realizaron peritajes en los teléfonos celulares de las damnificadas y se procedió al secuestro de dispositivos móviles, dinero en efectivo y documentación de interés para la causa.

Intervinieron la Fiscalía Federal número 1 de Tucumán, a cargo de Rafael Vehils Ruiz, y el Juzgado Federal número 1 de Tucumán por Subrogancia Legal, a cargo de Guillermo Díaz Martínez.

MM con información de la agencia NA.

A Celeste la dormían cada viernes. Solo la despertaban para darle algo de comer. El sueño al que la obligaban terminaba el domingo, dos noches enteras después, cuando el efecto de la medicación se disipaba. Ese “entrar en descanso” era un castigo y era, a la vez, la cura para calmar el “yo bajo”. Celeste no era la única alumna asaltada por ese fantasma. Esos “yoes bajos” hacían que los integrantes de la Escuela Yoga de Buenos Aires preguntaran de más, quisieran visitar a su familia biológica o se negaran a participar de algunas de las actividades que ofrecía la organización. Para casos como el de Celeste, la indicación de los líderes era “trabajar” esos “yoes bajos”. Así que los internaban en una clínica de su propiedad y los inducían al descanso. 

Hay fotos de la Clínica Medicina Integral Abasto. Y en las fotos hay esto: jeringas, jeringas, jeringas; blísters, blísters, blísters. Y una pizarra que, a mano alzada, dice: “Celeste F. I:10-04-22. Dar ½ porción de comida. Todos los viernes por la noche entra en Descanso, hasta Domingo al despertar”.

Es posible que en la Escuela Yoga de Buenos Aires (EYBA) jamás se haya hecho un saludo al sol o cantado un mantra. Es posible que el nombre “yoga” haya sido usado como pantalla o para convocar a personas que, en la década del noventa, encontraron en esa práctica un estilo de vida contracultural. De lo que no hay dudas es que la secta operó durante 30 años ininterrumpidos en distintas sedes de Buenos Aires. La Justicia deberá probar su extensión internacional en ciudades de los Estados Unidos: Chicago, Las Vegas y Nueva York. La secta ofrecía mucho más que clases de filosofía, lugar de pertenencia y encuentro social. La fidelidad a EYBA garantizaba la reencarnación eterna a través de una evolución espiritual. Con una condición: despojarse de lo material. El cuerpo, claro, también era considerado materia. 

Para los investigadores, EYBA era una organización que buscaba captar gente con el objetivo de obtener un beneficio económico. Los líderes se enriquecían a costa de los bienes de los aspirantes: dinero, propiedades o joyas. U obtenían rédito mediante fiestas sexuales, es decir, cobraban a personas que solicitaban encuentros con las alumnas de la Escuela. Los líderes crearon, en tres décadas, lazos con el poder, sobre todo con empresarios extranjeros y, se dice, ex funcionarios públicos argentinos y famosos de escala internacional, como Plácido Domingo. De esa manera, consiguieron un encubrimiento prolongado. No sólo había dinero de por medio. Había inteligencia interna y los investigadores sospechan que gran parte del material secuestrado –vídeos, imágenes de cámaras de seguridad– era para extorsionar a los clientes o miembros. Porque en la Escuela se filmaba todo.

Hubo más de 20 allanamientos y hay, por lo pronto, 21 detenidos y ocho prófugos. La imputación es por trata de personas, reducción a la servidumbre, lavado de activos y ejercicio ilegal de la medicina, entre otros delitos. El expediente, al que tuvo acceso elDiarioAR, indica que al menos siete mujeres eran explotadas sexualmente y que fueron integradas a la comunidad por sus familias siendo niñas o adolescentes. 

EYBA es un exceso, un desborde: la acumulación. Hay miles de VHS, tantos que la Justicia necesitaría una legión de visualizadores para comprobar uno por uno. Hay un edificio al que llamaban “Museo” y en cuyo último piso, el noveno, operaba un lugar de citas. Hay ficheros con nombres de clientes, un cálculo de su patrimonio y sus gustos sexuales. Hay Geishas y Ghostbusters. Hay alias y jerarquías. Hay monedas de oro, Rolex certificados, un millón de dólares y tres millones de pesos argentinos secuestrados. Hay escalas y niveles dentro de esas escalas: familias y subfamilias. Hay disciplinamientos y premios. Vibradores, preservativos y seis meses de escuchas telefónicas. Hay dos inmobiliarias abiertas solo para blanquear propiedades y un “banquito”. Hay donaciones hechas en vida y familiares que reclaman sucesiones. Hay cajones y cajones y cajones llenos de lencería erótica. Hay papeles, muchos papeles con datos. Hay fotos pegadas en álbumes anchos. Hay terabytes de información en computadoras y teléfonos. Hay personas que abandonaron la vida pública. Hay…

Una pirámide: de “humano común” a líder espiritual

Captaban nuevos miembros en la sede principal de EYBA, el “Museo” ubicado en la calle Estado de Israel al 4457, en Buenos Aires, con sesiones de coaching filosófico, liderazgo o cursos de felicidad personal. Calculan que 179 personas formaban parte de la Escuela. La organización era piramidal: cuanto más arriba de la pirámide, menos personas ostentaban jerarquía. La punta del triángulo era del líder, Juan Percowicz, un contable de 84 años que está detenido. 

La pirámide estaba dividida en niveles. El más bajo era el 1, la base, el del plano humano. Y el más alto era el 7, lo más cercano a la “espiritualidad”. Para ascender en la escala, primero había que ascender en el nivel, así que el interior de la pirámide estaba subdividido en celdas. Se ingresaba como aspirante para subir a informal y la última etapa era ser nombrado formal. Percowicz era Formal 7, punta de pirámide, líder. Compartía el escalón más alto con miembros históricos y con su hijo, “El Príncipe”. Quienes integraban el nivel 6 eran los “apóstoles” y los del 5, “genios”. El 4 son “Alumnos” y “Humanos comunes”, los niveles 1, 2 y 3.

Llegar al último peldaño implicaba una competencia ardua e interna donde se mezclaba devoción, obediencia y “el sobre”: un aporte desde 200 dólares hasta 10 mil dólares. Para ascender, los miembros debían participar de los talleres y leer cierta bibliografía con el compromiso de no divulgar los contenidos. Otra condición era que el aspirante tomara distancia de la familia biológica. Dice el expediente que les ofrecían mudarse a un piso de la organización. Y que en el caso de una visita a la familia biológica “el acercamiento era monitoreado por los líderes de la organización”. Aun cuando el aspirante estuviera apegado al proceso, la decisión final era de Percowicz. Él castigaba con cura de sueño o premiaba con monedas de oro.

Geishas, Ghostbusters y el sexo como “sanación”

Los encuentros sexuales no sólo eran una de las formas de financiamiento de la organización, sino una forma de “sanación” para los integrantes. El sexo uno a uno con personas ajenas a la organización o las orgías servían para controlar el “yo bajo” de los miembros de la Escuela, esa sensación que podía mandarlos a un sueño de ficción en la Clínica. Pero además de colaborar en la “evolución espiritual”, ofrecerse sexualmente posibilitaba el ascenso en la pirámide: como la secta cobraba en dinero o regalos, quien era explotado podía ser premiado con un envión en la jerarquía.

Había un Geisheado VIP: mujeres que entraron en la organización siendo menores de edad y que eran ofrecidas cuando alguien solicitaba servicios sexuales. Y había Ghostbusters, mujeres que seleccionaban y controlaban a las geishas. Eran, también, las encargadas de armar las “ceremonias”. Adriana Ruth González, alias Cosmito, por ejemplo. Es la hija de Rubén D’Artagnan González, un violinista de renombre que integraba la Escuela, fallecido en 2018, amigo del tenor Plácido Domingo. Cosmito y Susana Mendelievich, alias Mendy, pactaban los encuentros. Como las Ghost habían sido geishas, también aconsejaban a las mujeres que integraban el Geisheado VIP. Para ellas trabajaba un hombre que oficiaba de chófer. Su tarea era cuidar y trasladar a las “alumnas” a los hoteles o pisos donde se concretaba el intercambio. 

Durante los allanamientos se encontraron varios pasaportes. Los investigadores infieren que se gestionaban viajes con fines de explotación sexual a Estados Unidos y Uruguay. Pero a veces no había que moverse. En el noveno piso del “Museo”, la sede central, la Escuela tenía su propio hotel. Un gran hall de espera, un mostrador a modo de recepción, una pared espejada, sofás y algunos cuadros. Uno ilustra un trío: dos mujeres y un varón. Ladrillo a la vista en las habitaciones donde todo es rojo. Rojo el acolchado, rojas las cortinas, la lámpara, las alfombras…

Hay fichas. Fichas de clientes. Son muchas y son idénticas. En todas hay un nombre y un apellido, el apodo, las empresas que posee, las prácticas sexuales que prefiere, cuándo y cuántas veces visitó el Museo, cuál es su geisha favorita, cuál es su patrimonio aproximado. Y en cada ficha hay una meta que se propone la organización. “Objetivo: que compre un departamento en New York”, dice una.

Donaciones en vida para repartir lo que dejan los muertos

Para la Justicia, “los encuentros suponían una práctica de esclavitud sexual en tanto las ‘alumnas’ se encontraban a disposición de los clientes en el momento y lugar que ellos dispusieran durante largos períodos de tiempo”. La explotación sexual, según las pruebas de las que hasta ahora se dispone, era parte de la estructura ilegal de negocios. Pero había otro pilar: la adquisición de bienes de los miembros. Georgina Ivonne Hirschfeld, alias “Petu” o “Petunia”, se encargaba de repartir los bienes de los miembros que fallecían. Una mujer llamada Liliana pasó sus últimos días de vida internada en la Clínica donde hacían las curas de sueño. Convaleciente, firmó un testamento en favor de Marcela Sorkin, alias “La Leona”, que llevaba la contabilidad de la secta. Liliana murió días después. Los muebles y su ropa fueron repartidos entre los alumnos de la Escuela. 

Para blanquear activos y ampliar ganancias, la organización abrió, por lo menos, dos inmobiliarias. Una es Aznares Propiedades y la otra tiene un nombre llamativo: Salum Propiedades. Según la causa, está a nombre de Germán Javier Salum, hermano de Pablo Salum, un hombre que lleva tres décadas denunciando públicamente a la secta. Fue captado por EYBA junto a su familia, pero escapó siendo adolescente. Consultado por elDiarioAR, desconocía la existencia de la inmobiliaria que lleva su apellido y maneja su hermano. 

Para la Justicia, “los encuentros suponían una práctica de esclavitud sexual en tanto las ‘alumnas’ se encontraban a disposición de los clientes en el momento y lugar que ellos dispusieran durante largos períodos de tiempo”

Salum formalizó la denuncia contra la secta en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). A diferencia de la primera presentación en la Justicia, en 1993, esta vez tiene, además de pruebas y argumentos, la ley a su favor. Hace una década se modificó la Ley de Trata de Personas en la Argentina. El consentimiento fue el cambio fundamental, dado que en ocasiones no se podía llegar a una condena porque la víctima aseguraba que había consentido la relación de explotación sexual debido a que estaba amenazada. Esa modificación les permitió tener una figura legal más cercana a la operatoria desplegada por la secta.

B.A. Group, una consultora fundada en 1994 que, de acuerdo a su sitio, “potencia el desarrollo personal y organizacional”, dotaba de apariencia lícita a los fondos obtenidos por las actividades de la organización. Había además, un estudio jurídico a disposición de la organización que “brindaba asesoramiento legal e impositivo para procurar que las operaciones de la organización no fueran detectadas por los organismos estatales de control y lograr el blanqueo de fondos ilícitos”, indica el expediente. 

Dentro de la secta funcionaba una financiera a la que llamaban “El banquito”, que prestaba dinero a los miembros y generaba “deudas internas”. También les ofrecían poner parte de su patrimonio en plazos fijos que les rendía intereses mensuales. Eran dos formas de retenerlos en la organización. 

“Yo los voy a esperar hasta que me muera”

Es la tercera vez que la Escuela Yoga Buenos Aires es denunciada en la Justicia argentina. La dos primera fueron a inicios de los noventa. Una la hizo Pablo Salum. La otra, Rodolfo Sommariva, el padre de una mujer de entonces veinte años que quería entrar en el grupo. Rodolfo se oponía y su hija terminó denunciándolo por violación para entrar en la Escuela. La investigación por la denuncia de Sommariva duró diez años. La cajonearon.

En el caso de la denuncia de Salum, ex juez argentino Mariano Bergés procesó a los mismos referentes de la secta. Esta semana, en declaraciones a Radio con Vos, Bergés dijo que en ese entonces “el gran problema es que se denunciaba corrupción de mayores y si bien había un artículo en el Código Penal de entonces que hablaba de corrupción sexual de mayores, era infinitamente más complicado probarlo”. En la misma entrevista, aseguró que hubo presiones de la política y la misma Justicia: un llamado del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, el fallecido Carlos Fayt, para “apretarlo”. Agregó que los acusados “usaban de forma muy puntual y efectiva” fotografías que tenían con Carlos Menem, Presidente entre 1989 y 1999, y ministros y gobernadores de aquel periodo. Bergés dejó la causa en 1995.

La organización Human Rights Watch, el ex presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dieron su apoyo público a la Escuela cuando fue denunciada en los noventa. Fue la protección con la que contó el líder Percowicz para esquivar a la Justicia. Argumentó “persecución ideológica”. El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), de la que Pérez Esquivel es presidente honorario, emitió el jueves un comunicado en el que repudia “cualquier hecho delictivo vinculado a redes de trata de personas”. 

Pablo Salum, primer y principal denunciante, insiste: “Percowicz esclavizó a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana y a mí. Yo a ellos los voy a estar esperando hasta que me muera. Esto no es contra mi familia, sino contra la organización coercitiva que nos arruinó la vida. Son especialistas en trazar estrategias para captar gente. Siempre quise que se termine esto y tener una vida normal”. La madre de Salum se acercó a la Escuela por un problema de salud. Él tenía ocho años entonces y afirma haber sido testigo de la explotación sexual a la que era sometida su familia. A los 14, seis años después de haber ingresado a la comunidad, logró escaparse. Desde entonces busca a su madre. Ya pasaron 30 años. 

VDM/SH

La ONU reconoce el comercio transatlántico de africanos esclavizados como una de las épocas más horribles y traumáticas de la historia, donde se secuestró, traficó y deshumanizó brutalmente a africanos y sus descendientes durante siglos, dejando un legado pernicioso de racismo basado en la falsa narrativa de la supremacía blanca.Una estrategia clave para contrarrestar el racismo con justicia es reconocer la dignidad, igualdad y derechos fundamentales de los afrodescendientes en las comunidades, instituciones, políticas, leyes y gobiernos.

¿Qué es la esclavitud?

La esclavitud es una condición que nace como un fenómeno social, donde el ser humano es tratado sin ningún tipo de respeto. Es obligado a trabajar día y noche en las condiciones más deplorables, sin percibir por ello ningún tipo de remuneración y donde sólo tiene derecho a recibir alimentos y un lugar para dormir en el mejor de los casos.

Por lo general, las personas que son usadas como esclavas, proceden de lugares del mundo donde hay extrema pobreza, por lo general son los llamados países subdesarrollados.

La trata trasatlántica, un crimen de lesa humanidad

El comercio trasatlántico llevado a cabo durante más de 400 años, ha sido unos de los mayores crímenes de lesa humanidad que se ha cometido contra los seres humanos.

La trata de miles de hombres, mujeres y niños, que han sido usados como esclavos y que se ha convertido en uno de los eventos más deplorables de la historia de la humanidad.

Producto de esta barbarie, millones de africanos fueron vendidos y trasladados al continente americano para realizar trabajos forzados, tratados como verdaderas mulas de cargas. Arrancados de sus hogares y alejados de su familia para vivir bajo el yugo y látigo de sus opresores.

Un monumento que honra a las víctimas de la esclavitud

En la Organización de las Naciones Unidas, se encuentra un monumento, que fue erigido para rendir un homenaje a todas las víctimas de la esclavitud en todo el mundo. Esta edificación, es un recordatorio de los millones de hombres y mujeres que fueron vendidos de manera ilegal para ser tratados como esclavos, vulnerando de esta manera sus derechos humanos.

Es por esto que el origen del día se debe a que esta estatua se inauguró el 25 de marzo del año 2015 con el título “El Arco del Retorno”, el cual fue elegido a través de un concurso internacional y donde obtuvo el primer lugar. Su creador fue el reconocido arquitecto norteamericano Rodney León, cuyas raíces vienen de la raza negra, específicamente de Haití.

MU

El Gobierno dispuso el cierre de otros cinco fondos fiduciarios tras detectar debilidades en una auditoría, aduciendo mal uso de recursos, falta de controles y resultados, mediante el Decreto 1048/24 publicado este martes en el Boletín Oficial.

La decisión comprende al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE); el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria; el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata; el Fondo Fiduciario Público denominado Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE); y el Fondo Fiduciario denominado Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).

El Ministerio de Economía avanzó con la medida, en el marco de la revisión, saneamiento o disolución de los Fondos Fiduciarios Públicos, considerando que los cinco fondos “registraron un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados”, en base a un informe de auditoría realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

En este sentido, remarcó que eran necesarias las disoluciones “con el objetivo de resolver las ineficiencias o desvíos encontrados en desmedro del cuidado que debe preservarse en la asignación y administración de los recursos estatales”.

Los argumentos que dio el Gobierno para dar de baja los fondos 

El FONDCE se dio de baja ya que en la auditoría se reveló que “tiene debilidades en la gestión de inversiones y su recupero, falta de manuales operativos y de procedimientos, debilidades en las rendiciones de cuentas y falta de indicadores de gestión”, según se expresó en el texto oficial.

Desde Economía recordaron que había sido creado en 2017 con el propósito de financiar emprendimientos, utilizando recursos anuales asignados a través del Presupuesto Nacional o por otras leyes y señalaron que “si bien partió de una finalidad que podía considerarse loable, su implementación ha mostrado serias deficiencias y una progresiva desvinculación de los resultados esperados con el financiamiento comprometido”.

Al respecto, indicaron que “uno de los principales problemas radica en el alto nivel de morosidad de las convocatorias reembolsables”, precisando que “al 31 de diciembre de 2023, la morosidad alcanzaba los $70 millones y el 58% de los deudores no había abonado ninguna cuota”.

Sobre este aspecto, la cartera económica puntualizó que “este incumplimiento por parte de los beneficiarios comprometía la estabilidad financiera del Fondo y la correcta asignación de los recursos fiduciarios”. 

En cuanto al Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, desde el Palacio de Hacienda precisaron que “se debió a que los recursos colocados en el Fondo excedían siempre sus necesidades operativas” y revelaron que “la SIGEN detectó en su auditoría que las bases de datos no estaban actualizadas y sus registros no tenían soporte confiable, lo cual impedía determinar un universo confiable de deudores y la situación vigente”.

Por otra parte, también se cerró el PROINE, que había sido creado en 2020 dentro de la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, con el objetivo de invertir en sectores estratégicos para fomentar la generación de empleo y el desarrollo económico. 

Economía, fundamentó la eliminación expresando que “tras 4 años desde su creación, no se registraron ingresos de bienes fideicomitidos y tampoco se realizaron operaciones fiduciarias”. De esta manera, el Decreto consideró que “ante la falta de funcionamiento, no hay motivos que justifiquen su permanencia”.

Por “múltiples falencias”, el Gobierno también eliminó el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que tenía el objetivo de administrar los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos. 

Desde la cartera que conduce Luis Caputo, explicaron que entre las irregularidades “se encuentran los incumplimientos del Fiduciario respecto del pago a víctimas de trata, así como de los plazos establecidos para efectuar dichos pagos”.

Ante la disolución del Fondo, aclararon que el Ejecutivo “mantendrá los objetivos y finalidades perseguida por la Ley 26.364, y por tanto dispondrá la continuidad y atención a las víctimas de tales delitos, mediante las acciones a financiarse a través de las correspondientes partidas presupuestarias ya destinadas para ese fin y que serán administradas por parte del Ministerio de Justicia, como órgano responsable de tutelar los objetivos previstos en la Ley”.

Las disoluciones se completaron con el cierre del PROICSA, que había sido creado en 2012 para promover la competitividad de la industria azucarera del NOA. Este programa contó con la participación del BICE y CAF, cuyo financiamiento concluyó en septiembre de 2020. 

En relación al citado Fondo, se consideró que “luego de haber funcionado durante más de una década para atender las acciones que fueron valoradas en su origen, y dado que el financiamiento de la CAF fue agotado hace 4 años, resultó conveniente disolver este Fondo, ahorrando costos y pasando su administración al Ministerio de Economía”.

Además, desde el Palacio de Hacienda remarcaron que “en este caso, se repiten las graves falencias observadas en otros Fondos como ausencia de controles y rendiciones de cuentas que impiden verificar resultados acordes a los objetivos comprometidos” y señalaron que “también, se mantenía una administración costosa y una discrecionalidad en los créditos o financiamiento otorgados”.

Con información de NA.

IG

Una mujer argentina denunció que fue secuestrada y sometida a trabajo esclavo por una modelo misionera que vive en Londres. La presunta víctima, llamada Carmen, afirmó que vivió meses de maltrato psicológico y humillación hasta que logró concretar su regreso a la Argentina en las últimas horas.

“Cuando llegué a Ezeiza me sentí un poco más tranquila, me sentí libre, por fin, y sin tanto miedo”, reveló la mujer entre lágrimas, en una entrevista con A24.

Carmen, quien viajó a Londres para trabajar en el cuidado de la modelo oriunda de la ciudad misionera de Leandro N. Alem y su hija recién nacida, relató que el ofrecimiento vino de la madre de la joven a la que debía asistir.

“Yo trabajaba para ella, y me pidió si yo podría hacerle ese favor de ir y de cuidarla, de ayudarla, de acompañarla, porque estaba muy sola su hija y la bebé... Yo realmente confié en esa persona”, relató.

Sin embargo, al llegar a Londres, la realidad fue completamente diferente y se encontró con una situación diferentw a la que pensaba: “Nunca en mi vida, en mis 54 años, me psicopatearon tanto, me humillaron tanto, me hicieron tanto daño”.

Carmen, también misionera, relató episodios de constantes insultos y amenazas: “Era una sudaca mugrienta, no merecía comer en el mismo lugar que ella, las mismas cosas que ella”.

Según relató, las amenazas eran constantes, incluso con dejarla sin asistencia: “Me decían que si iba a la Policía o pedía ayuda me iban a meter presa a mí, o que ella iba a llamar a emergencias y me iban a dejar tirada en un hospital diciendo que tenía Covid”.

“Era una hora por día que ella me dejaba ir al mercado. Me mostraba dónde quedaba y me daba un tiempo para que yo fuera a comprar, volver y salir al lavadero, a lavar y secar sus ropas, a sacar la basura”, aseguró.

La denunciante dijo además que llegó a dormir “en una colchoneta en el piso con una manta”. Tras varios intentos, Carmen logró enviarle un mensaje de auxilio a su sobrina en Misiones, quien contactó al grupo “Argentinos en Londres”. Leilén, integrante de esta comunidad, fue quien se movilizó para ayudarla.

“En uno de esos momentos en que tenía mi teléfono, le escribí a mi sobrina y ella se contactó con ese grupo”, explicó Carmen.

Carmen y Leilén se vieron rápidamente, pero ante algunas complicaciones, postergaron el rescate para el próximo día a la mañana.

Según la rescatista, el pedido de auxilio llegó esa misma madrugada: “Cuando Carmen al otro día me escribió a las 7 de la mañana diciendo 'vení a buscarme porque no aguanto más', yo llamé a la Policía”.

La última noche fue muy traumática para Carmen, ya que confesó que el cansancio y el miedo a ser despojada de su pasaporte la mantuvieron despierta.

“No dormí porque realmente tenía mucho miedo de lo que esta chica podría hacer. Pasó toda la noche insultándome, diciéndome que era una idiota, una estúpida”, describió. La modelo, según contó, intentó arrebatarle el pasaporte en varias ocasiones.

A la mañana siguiente Leilén llegó a esa casa con la ayuda de la Policía y otros argentinos, enfrentó a la modelo que había explotado a Carmen. 

“Quería hablar con ella y le dije que estaba haciendo las cosas mal. Se encerró y espiaba desde la ventana mientras la Policía le pedía que hablara”, indicó Leilén, quien tuvo que insistir para que las autoridades atendieran el caso. 

Luego de calmarse, lograron trasladar a Carmen al consulado argentino. La comunidad argentina en Londres organizó una colecta “para sacarle el pasaje”. Leilén explicó además que el consulado también colaboró: “Lo importante es que Carmen ya está en Argentina”.

MM con información de la agencia NA.

No es The Handmaid's Tale, la famosa novela de Margaret Atwood convertida en serie, con la actriz Elisabeth Moss en el papel de June Osborne, en que las mujeres fértiles, conocidas como “criadas”, son forzadas a gestar hijos para las élites en un régimen teocrático y totalitario, tratándolas como meros instrumentos reproductivos. Pero es algo muy parecido y real. Y pasó en la Argentina.

A pedido de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, encabezada por Alejandra Mángano, y con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), se realizaron una serie de allanamientos en centros médicos, escribanías y estudios jurídicos en Buenos Aires y Santa Fe, con el objetivo de desarticular una red trasnacional dedicada a la explotación de mujeres mediante la subrogación de vientres, con la posterior comercialización de los bebés nacidos.

Según publicó Fiscales, el portal de noticias del Ministerio Público Fiscal, los procedimientos, ordenados por la jueza federal María Eugenia Capuchetti del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, fueron llevados a cabo el miércoles pasado por la Policía Federal Argentina (PFA), a través de sus divisiones de Trata de Personas y Ciberdelito.

La investigación, iniciada en enero, reveló que personas y empresas extranjeras involucradas ofrecían un “servicio” de subrogación de vientres a parejas que no podían concebir, con un costo aproximado de US$50.000. Según el dictamen de la fiscal Mángano, las empresas reclutaban mujeres vulnerables a través de redes sociales, ofreciéndoles US$10.000 por llevar adelante la gestación, sumando un adicional en caso de parto por cesárea.

Sin embargo, si el embarazo se interrumpía, los pagos se suspendían, dejando a las mujeres expuestas a las consecuencias físicas y emocionales del proceso sin compensación justa. El esquema, según la fiscalía, sometía a las gestantes a una explotación comparable a la reducción a la servidumbre, violando el artículo 145 bis del Código Penal.

El negocio incluía la inscripción de los bebés en registros civiles y su entrega a parejas, en muchos casos extranjeras, sin vínculo genético o cultural. Se identificaron 147 legajos de nacimientos por subrogación entre 2018 y 2023, de los cuales al menos 49 casos presentan irregularidades.

Los allanamientos simultáneos se realizaron en centros de fertilidad de Buenos Aires y Rosario, donde se buscó obtener historias clínicas y registros de pagos. También se allanaron escribanías y estudios jurídicos involucrados en la firma de consentimientos y la representación de las partes. La fiscalía continúa investigando la magnitud de esta red criminal que se aprovechaba de la vulnerabilidad de las mujeres gestantes para obtener cuantiosas ganancias.

Las calificaciones penales

El Ministerio Público Fiscal consideró que el caso encuadra dentro del figura penal contemplada en el artículo 145 bis del Código Penal (CP) para el delito de trata en tanto que las personas investigadas habrían desplegado con habitualidad “un negocio criminal dedicado a la captación de mujeres, muchas de ellas vulnerables y en condiciones de carencia económica, con la finalidad de ser sometidas a una explotación equiparable a la reducción a la servidumbre”, delito previsto en el artículo 140 del CP y en el inciso “a” del artículo 2 de la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, mediante la práctica de gestación por sustitución, a cambio de una contraprestación económica y en algunos casos poniendo en riesgo su salud, todo ello con el propósito de obtener cuantiosas ganancias económicas.

También postuló que entra en juego esa figura penal en lo que respecta a la comercialización de los niños y las niñas en tanto este trato implica su reducción a una situación equivalente a la esclavitud (artículo 140 del CP).

Además, en el dictamen se señaló que la compra venta de seres humanos constituye un delito constitucional inserto en su artículo 15 donde los constituyentes previeron expresamente que “todo contrato de compra venta de personas es un crimen del que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice”.

A estas hipótesis se agregaría, a su vez, la comisión de delitos contra la fe pública por hacer insertar en instrumentos públicos declaraciones falsas (artículo 293 del CP), lo que se materializa en los supuestos acuerdos entre la persona gestante y los comitentes presentados por los escribanos públicos ante el Registro Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El inicio de la investigación

El caso se inició el 25 de enero del año en curso, a raíz de la presentación efectuada por la titular de la Dirección de Contencioso del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, ante la sala de sorteos de la Cámara Federal.

El Consulado de la República Argentina en la ciudad de Bonn de la República Federal de Alemania fue contactado por personal de la Dirección Provincial de Menores del Estado Federado de Sarre, que informó que una mujer alemana de 58 años se había presentado en el hospital de la localidad donde reside y solicitó la atención médica para una niña de tres meses nacida en Argentina, acreditando su filiación con una partida de nacimiento emitida por el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires y un pasaporte argentino.

La funcionaria alemana advirtió que la niña se encontraba en pésimas condiciones de salud y que la mujer que la llevó a la guardia no se encontraba en condiciones de brindarle la atención necesaria, circunstancia por la cual dio aviso a la policía local y le quitó en forma provisoria la custodia de la bebé y la entregó al cuidado de una familia sustituta.

La investigación permitió determinar, por un lado, que el nacimiento de la menor fue inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires al amparo de la Disposición 122/DGRC/20.

También se estableció que el proceso de fertilización fue realizado en una institución médica privada ubicada en la Capital Federal esta ciudad, donde se llevó a cabo el tratamiento de gestación por sustitución y se identificó a la gestante.

“El suceso por el que se inició la causa no resulta ser aislado, por el contrario quedó al descubierto que se trataría de una mecánica empresarial, desarrollada a nivel nacional e internacional, específicamente dedicada a llevar a cabo tratamientos de ‘gestación por sustitución’”, remarcó Mángano en su dictamen.

JJD

El Opus Dei rechazó hoy en un comunicado las acusaciones de trata de personas y explotación laboral formuladas por un grupo de mujeres que formaron parte de la organización en la Argentina.

Las acusaciones -que fueron reveladas en exclusiva por elDiarioAR- surgieron tras una denuncia presentada en 2022 por 44 mujeres que afirmaron haber sido captadas por el Opus Dei cuando eran menores de edad y sometidas a un régimen de semi-esclavitud en sus residencias. La denuncia llevó a que la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo de Eduardo Taiano, imputara a cuatro ex vicarios regionales y al ex director de la rama femenina de la organización.

El Opus Dei, en su defensa, expresó que las denuncias surgieron a partir de un reclamo por inconsistencias en aportes previsionales y laborales. “Vemos con pena y sorpresa que la acusación se refiere ahora a una persona que afirma ser víctima de 'trata de personas' y de 'explotación laboral'. La impresión es que para construir esta denuncia se realiza una descontextualización completa de la formación que recibieron algunas de las mujeres del grupo”, señala el comunicado.

La institución argumenta que los testimonios de las denunciantes confunden diferentes etapas de sus vidas, sugiriendo que se mezclan experiencias de su formación inicial con su elección de ser miembros del Opus Dei. Según el comunicado, la formación a la que se refieren provino de una iniciativa socioeducativa solidaria llamada ICES, que busca brindar educación y capacitación para evitar la deserción escolar.

Asimismo, el Opus Dei afirma que las mujeres en cuestión eligieron libremente ser numerarias auxiliares, un rol que implica la dedicación a la vida espiritual y el servicio a la comunidad, dentro de un ambiente familiar y acogedor. “Las numerarias auxiliares, como todos los miembros del Opus Dei, aspiran a amar a Dios y a los demás”, se lee en el comunicado. La institución afirmó que toda persona que se incorpora debe manifestar su deseo explícito en múltiples ocasiones y que para desvincularse no hay barreras.

En su defensa, el Opus Dei también abordó la calidad de vida de las mujeres que forman parte de la organización. Aseguró que reciben una remuneración por su trabajo, acceso a una obra social privada y condiciones adecuadas de descanso y recreación. “Además, se les ofrecen recursos adicionales para visitar a sus familias y participar en programas de desarrollo personal”, afirma la institución.

La denuncia ante la Justicia se produjo en un contexto de creciente atención mediática hacia el Opus Dei y su funcionamiento interno. La imputación alcanza a figuras destacadas de la organización, incluyendo a Carlos Nannei, Patricio Olmos, Víctor Urrestarazu y Gabriel Dondo. La querella también ha solicitado que Mariano Fazio, ex vicario regional entre 2010 y 2014, sea incluido en las acusaciones.

La Procuraduría contra la Trata de Personas de Argentina (Protex) inició la investigación en 2022, y ha evaluado 44 casos de presunta explotación, aunque solo cuatro podrían encuadrarse bajo la Ley de Trata, que establece un límite de prescripción de 12 años para denunciar.

El Opus Dei ha subrayado que ha respetado la voz de quienes han planteado reclamos y que ha buscado establecer un canal de diálogo. “Aunque resulta doloroso llegar a una instancia judicial de esta naturaleza, creemos que después de más de tres años de acusaciones similares realizadas solo en los medios de comunicación, la investigación es necesaria para aclarar definitivamente la situación”, concluye el comunicado.

DM

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) presentó el informe anual sobre el análisis de las 1.941 denuncias recibidas durante 2023 a través de la línea telefónica gratuita 145, en el que advierte que la tendencia de los últimos años “destaca una evolución de las formas de explotación sexual, desde los casos tradicionales en prostíbulos a nuevas modalidades en entornos digitales” como streamings, redes sociales y plataformas con webcam.

La fiscalía especializada del Ministerio Público Fiscal a cargo de Marcelo Colombo y de la fiscal federal Alejandra Mángano, coadministra desde julio 2015 la Línea 145 junto al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata.

El informe que publica Fisclaes.gob.ar abarca las denuncias recibidas en el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2023, donde aparecen involucradas 859 posibles víctimas. Los casos de explotación sexual (846) encabezan el estudio, seguidos por la explotación laboral (468), la posible captación u oferta laboral engañosa (180) y la desaparición de personas (135).

Le siguen las denuncias por privación de la libertad (66), pornografía infantil (23) y posible venta de bebés y niños (21). Por último, se ubican las denuncias por grooming –el acoso a un niño/a o adolescente con fines sexuales a través de un dispositivo electrónico– (19), abuso sexual (18), publicidad de oferta sexual (13) y traslado (13). Otras 139 denuncias fueron catalogadas como correspondientes a “otros delitos”.

En sus estadísticas, la PROTEX señala que la explotación sexual es el tipo de delito denunciado en la mayor cantidad de casos desde 2015 de manera estable, mientras que la explotación laboral se configura en un segundo lugar desde 2019. Antes de ese año, ese lugar lo ocupaba la búsqueda de personas. Desde entonces el tercer lugar lo ocupan las denuncias vinculadas a la posible captación y oferta laboral engañosa, mientras que en cuarto lugar se observan las denuncias relacionadas con la desaparición de personas.

La motosierra y la advertencia de la Iglesia

Los datos de este informe coinciden con las advertencias que tanto la Iglesia como distintas organizaciones vienen realizando sobre los recortes en el Estado desde el Gobierno nacional. Como informó elDiarioAR, entre marzo y abril se despidieron a los representantes provinciales del Comité Nacional de la Lucha contra la Trata. Además, el programa de Rescate y acompañamiento a víctimas del Ministerio de Justicia ejecutó casi un 90% menos de presupuesto que el mismo período del año pasado. Esto se suma a otros programas de protección a las víctimas que sufrieron el ajuste. También hubo despidos en el Programa Nacional de Rescate y en la Línea telefónica 145. 

En febrero de este año, el Gobierno nacional publicó el DNU 195 en el que se traspasó al Comité Ejecutivo y el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. Meses después, los representantes de las provincias fueron desvinculados. Se trataba de agentes de todas las provincias que colaboraban con la persecución del delito y también con la prevención y el acompañamiento de las víctimas a través de mesas interdisciplinarias en las que trabajan referentes provinciales, municipales, de organizaciones sociales y también de organismos nacionales como los ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo, la AFIP, el RENATRE y el SENASA, entre otros.

Además, el pasado 22 de julio, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina expresó su preocupación por la actualidad de la trata de personas en el país de cara al Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio, y con la desaparición del menor correntino Loan Danilo Peña como trasfondo.

“Es imprescindible contar en todo el territorio nacional con personas que tengan formación y experiencia”, solicitó la Conferencia Episcopal a través de un documento. “Es prioritario contar con presupuesto para la prevención, la persecución penal y la asistencia a las víctimas. Este es un tema transversal a todo el arco político e institucional que requiere el compromiso para alcanzar consensos, poniendo en el centro de la agenda política y del debate legislativo, el combate de este delito en articulación entre todos los poderes del Estado”.

Una nueva modalidad de explotación sexual: los medios digitales

Al señalar que se registra una evolución de las formas de explotación sexual desde los tradicionales casos de prostíbulos a los entornos digitales, la PROTEX recuerda en su informe que ese proceso de “digitalización” o “deslocalización” data de varios años y precisa que el avance de las tecnologías que se aceleró a partir de la pandemia por COVID-19 ha permitido que la trata de personas y la explotación sexual hayan encontrado nuevas formas a través de medios digitales.

“El cambio de la dinámica del lugar de explotación se da en el año 2022, cuando se ubica en primer lugar la explotación en domicilio particular, tendencia que continúa en el año de estudio del presente documento”, sostiene la procuraduría. Al respecto, indica que durante 2023 se contabilizaron 427 denuncias relativas a domicilios particulares y 240 que refieren a existencia de prostíbulos o “whiskerías”.

“Desde la Procuraduría entendemos prioritario comprender cómo se desarrolla la explotación en estos nuevos espacios digitales, que funcionan de distintos modos y proponen contenidos diferenciales (streamings, redes sociales y plataformas con webcam o grabaciones personalizadas) y, a su vez, analizar los factores que han promovido esa migración de la explotación a entornos digitales”, resalta el informe.

De este modo, el organismo señala la importancia de planificar estrategias o políticas públicas en la materia, a sabiendas de la mayor vulnerabilidad ante diferentes formas de violencia que trae aparejada la “deslocalización” o “digitalización” como ámbito de explotación. “El anonimato de los ‘consumidores’ facilita las situaciones de acoso, la violencia psicológica y el uso indebido de las imágenes de las mujeres”, puntualiza.

Captación mediante ofertas laborales engañosas

Del universo de las 1.941 denuncias registradas en 2023 a través de la Línea 145, hay 180 casos en los que la denuncia fue vinculada a modalidades de ofertas laborales engañosas, dudosas y/o con fines expresamente ilícitos.

En estos casos, una gran parte de las ofertas se produjo a través de las redes sociales, lo que demuestra, según el informe, el crecimiento exponencial de la tendencia de búsqueda de empleo en la esfera digital y, en paralelo, la expansión de las plataformas virtuales de trabajo que brindan opciones rápidas ante la necesidad de conseguir empleo.

“Sabemos que las personas que trabajan en este actual mercado de plataformas se favorecen de los rápidos ingresos y de la flexibilidad, pero al mismo tiempo suelen padecer las condiciones de ciertos mercados de trabajo (falta de estabilidad laboral, seguridad social, ausencia de elementos de protección que hacen a las condiciones de seguridad en las propias funciones, etc.)”, destaca el informe elaborado por la PROTEX.

Según el relevamiento, en claro contraste a lo que sucedía hace 10 años, se advierte que se ha registrado un número cada vez mayor de casos que exponen la tendencia creciente de ofertas laborales publicadas en sitios web o redes sociales que prometen oportunidades de empleo en el exterior.

En general, los destinos son países de Europa del Este y Asia y, tal como se observa, las condiciones laborales originalmente ofrecidas a las potenciales víctimas no son respetadas: jornada laboral, alimentación, condiciones habitacionales y salarios, acceso a servicios de salud, etcétera. A estas circunstancias se adicionan situaciones de maltrato, violencia y/o de efectiva explotación laboral o sexual.

Víctimas

Del total de las 859 posibles víctimas involucradas en las denuncias recibidas a lo largo de 2023, 427 se identificaron como mujeres cis, 324 como hombres cis y 9 como personas transgénero.

El informe resalta que cada año es menor la distancia de afectación entre mujeres y hombres cis. La PROTEX señala que esto responde al aumento de las denuncias por posibles casos de trata laboral, que provoca una reducción de la brecha con los datos de explotación sexual. “Cuando el contraste era mayor y la proporción de denuncias por explotación sexual registradas era mucho mayor a la laboral, lógicamente la cantidad de víctimas mujeres era mucho más alta (en términos comparativos o relativos), ya que, sin duda en el ámbito de la explotación sexual, las asimetrías de poder se enmarcan en un sistema de roles donde las mujeres cis (también niñas y adolescentes) son las principales víctimas”, resalta el documento.

Por otro lado, el bajo número de víctimas trans registrado no se debe, según el informe, a que sean menos vulnerados/as sino, por el contrario, a que siguen repercutiendo diferentes prejuicios a la hora de considerar la vulneración de sus derechos, y puede existir una invisibilización de casos, tanto en la instancia inicial de denuncia, como a lo largo del proceso judicial. “Creemos importante remarcar que en el procesamiento y análisis de todas las denuncias adoptamos, desde la PROTEX, una perspectiva de género y un enfoque interseccional como herramienta para garantizar el efectivo acceso a la justicia de las víctimas mujeres cis o transgénero”, remarca el informe.

Las denuncias por jurisdicción

Del informe se desprende que el 72% (1.404) de las denuncias recibidas fueron enviadas para intervención de la PROTEX, mientras que el 28% (537) se derivaron al solo efecto de su registro y seguimiento, tras haber dado intervención directa a una fuerza de seguridad por tratarse de casos de urgencia y, así, a la autoridad judicial correspondiente. En este contexto, 770 denuncias fueron derivadas al fuero federal mientras que 422 fueron enviadas al fuero ordinario.

El relevamiento efectuado por la PROTEX también revela que la jurisdicción del fuero federal a la que se derivó mayor cantidad de denuncias fue la de la Capital Federal (219), seguida por Córdoba (76), San Martín (73) y La Plata (67).

La procuraduría especializada señala que estas primeras regiones representan el 56,5% de las denuncias con derivación federal y a nivel general son las principales jurisdicciones con mayor número de derivaciones desde 2018, aunque con algunas excepciones.

Un caso actual: rescataron a 20 víctimas de explotación laboral en Chubut

Veinte personas fueron rescatadas por explotación laboral en la provincia de Chubut tras varias denuncias. Por el hecho un hombre y una mujer fueron detenidos y se supo que a las víctimas las obligaban a trabajos en el campo, tareas de limpieza y actividades de construcción, en condiciones laborales de extrema precariedad.

En el marco del combate a la trata de personas que se impulsó desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, efectivos de la PFA detuvo en Chubut a un hombre y a una mujer que explotaban laboralmente a 20 trabajadores.

La investigación comenzó tras dos denuncias realizadas a través de la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. De esta manera, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), solicitó a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Esquel la investigación sobre dos cabañas ubicadas en cercanías de la Ruta Provincial N° 16 de la localidad de Lago Puelo.

En consecuencia, “los efectivos comenzaron con las tareas de campo y detectaron que además de las mencionadas fincas, existían otros tres domicilios ubicados en la localidad de Epuyén, donde se estarían llevando a cabo las actividades investigadas”.

Con lo investigado se estableció que en el mencionado complejo “habitaba una pareja que alojaba a personas mayores de edad y las obligaban a trabajos en el campo, tareas de limpieza y actividades de construcción, en condiciones laborales de extrema precariedad”.

El Juzgado Federal de Esquel, a cargo de Guido Otranto, ordenó cinco allanamientos donde se logró la detención de un hombre de 76 años y de una mujer de 60.

Fuentes del caso explicaron que, por la multiplicidad de objetivos y a la extensión de los terrenos auscultados, se solicitó la colaboración de personal del Departamento de Investigación Federal Neuquén y las DUOF Neuquén, San Martín de los Andes y Bariloche.

En los procedimientos se secuestró gran cantidad de armamento de grueso calibre, entre ellos siete pistolas 9 mm, una pistola 45, dos escopetas del 12, más de $800 mil, 3.323 dólares, 2.550 euros y dos celulares.

“Los detenidos, de nacionalidad argentina, quedaron a disposición del magistrado interventor imputados por infracción a la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, al Art. 149 Bis del C.P. (Amenazas Coactivas), a la Ley 20.429 (de Armas y Explosivos), a la Ley 24.769 (Penal Tributaria) y a la Ley 26.377 (de Seguridad Social)”, detallaron.

Un delito complejo que las políticas públicas sirven para combatirlo

Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, entre 2019 y 2023 en Argentina se rescataron más de 5.000 víctimas de trata. Se realizaron 9.067 intervenciones en el territorio y 1.072 derivaciones para asistencia posterior, 118 articulaciones de asistencia y 13 retornos de víctimas a sus países de origen. Se trata de un delito complejo, el tercero en el mundo en cuanto a la cantidad de dinero que mueve después del narcotráfico y la venta de armas. 

También hubo despidos en el Programa Nacional de Rescate (PNR) que depende del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona. Tres personas trabajaban en la Línea 145, de asistencia telefónica gratuita, que funciona las 24 horas, los 365 días del año, para recibir información, solicitar asistencia y denunciar casos de trata y explotación de personas.

Se trata de una reducción del 20% de un equipo integrado por quince personas. Otras diez despedidas pertenecían al equipo de Procedimiento de PNR, que se encargaban de entrevistar y acompañar a las víctimas luego de los allanamientos. La mayoría de las despedidas eran mujeres psicólogas o trabajadoras sociales de distintas provincias: Neuquén, Mendoza, Salta e interior de la provincia de Buenos Aires. En algunos casos, se trataba de la única representante del programa en la provincia. Tenían contratos incluídos en el Artículo 9 de la Ley de Empleo Público con una contratación anual o de convenios con entes cooperadores, pero que llevaban alrededor de 10 años de antigüedad. 

También los programas de acompañamiento a las víctimas rescatadas sufrieron recortes. Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la actividad de Protección de víctimas de violencia del programa de Afianzamiento de la Justicia de la cartera que dirige Cúneo Libarona ejecutó un 72,11% menos en el primer cuatrimestre de 2024 que en el mismo periodo de 2023. Algo similar sucedió con Rescate y acompañamiento a víctimas de trata del programa Política Criminal, que ejecutó casi un 90% menos que el mismo período del año pasado.

El programa Acompañar, de asistencia económica para víctimas de violencia (incluídas las mujeres afectadas por el delito de trata) ambién tuvo recortes fuertes. El monitoreo realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), registró una caída del 80% en la ejecución interanual. “No se está haciendo nada al respecto. El hecho de eliminar áreas, reducir presupuesto y echar personal afecta gravemente en un contexto en el cual producto de la crisis económica también las condiciones que hacen que la trata funcione, se agudizan”, le dijo a este medio María José Lubertino, directora de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos que está siguiendo el caso. 

Desde abril, el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata está a cargo de Verónica Toller, periodista que promocionó en Latinoamérica la película “Sonido de Libertad”, producida por Eduardo Verástegui, exponente de la ultraderecha mexicana. El año pasado, antes de ser electo presidente, Javier Milei firmó la “Carta De Compromiso para la Promoción de Acciones para Erradicar la trata con Fines de Explotación Sexual y Tráfico de Órganos de Niños, Niñas y Adolescentes” promovida por Verástegui y firmada por otros referentes de la derecha de la región como el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Tras el desmantelamiento del Consejo, diez provincias del Norte Grande crearon un Consejo Regional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. El organismo fue aprobado por unanimidad y tuvo el impulso de las diputadas Claudia Paladino, Adriana Diaz y Monica Salazar, en representación de Catamarca.

Qué es la Línea 145 y qué se puede denunciar

Línea nacional, anónima y gratuita para orientación, solicitar asistencia y/o denunciar casos de trata y/o explotación de personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Quienes tengan información sobre cualquier forma de explotación de personas (aunque sea una situación dudosa), pueden contactarse a la Línea 145, atendida por operadoras especializadas (psicólogas y trabajadoras sociales) que están disponibles para tomar denuncias, orientarte y brindarte asistencia.

Se puede llamar desde cualquier lugar del país durante las 24 horas, los 365 días del año

En base a la evaluación de un equipo interdisciplinario, cada denuncia se deriva a la justicia en forma inmediata. Si la situación es de emergencia, se da intervención urgente a una fuerza de seguridad.

Además, se pueden realizar denuncias a través del correo electrónico institucional oficinarescate@jus.gov.ar , o completando el Formulario WEB, (Entrada al formulario https://www.argentina.gob.ar/justicia/comunicate-con-la-linea-145 ). Los datos de los denunciantes quedarán a resguardo según lo dispone el artículo 26 de la Ley 26.364, texto según Ley 26482, y de acuerdo con la Ley 25326, de datos personales.

Ante una EMERGENCIA, hay que comunicarse a través de la Línea Telefónica 145.

¿Qué se puede denunciar?

Consejos de prevención del Ministerio de Seguridad

1. Si estás buscando trabajo, prestá atención si:

2. Si vas a una entrevista de trabajo, es importante que:

3. Si viajás por trabajo:

4. Si tenés hijos/as menores:

5. Si usás internet:

Con información de agencias y Fiscales.gob.ar

IG/MG

La Cámara Federal porteña revocó el archivo de un expediente que tiene a empresarios del sector de la salud y el fútbol entre sus denunciados por supuesta trata de personas con fines de explotación sexual y suministro y comercialización de drogas, de acuerdo al documento al que accedió elDiarioAR. La difusión del caso por parte de su denunciante, Roberto Mazzoni, generó la publicación de un comunicado por parte del empresario, escritor y filántropo Alejandro Roemmers, heredero de uno de los laboratorios más poderosos del país, quien rechazó las acusaciones y aseguró ser objeto de una extorsión por parte del denunciante.

El caso se había cerrado en mayo último. Sin embargo, los camaristas de la Sala I ordenaron el desarchivo el 8 de julio último por considerar “prematuro” el cierre del expediente. Ahora el caso continuará siendo investigado, esta vez con la participación de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo. 

El expediente seguirá al mando del juez federal Ariel Lijo y el fiscal federal Ramiro González, luego de que la Cámara Federal porteña rechazara apartar a los magistrados del caso, como había solicitado Mazzoni, según el documento al que accedió elDiarioAR.

Hemos ofrecido testigos y pruebas que demuestran el accionar de Roberto Mazzoni, la incitación al falso testimonio y su voluntad de pedir dinero a cambio de no difamar

Comunicado de Alejandro Roemmers.

La intervención de la Protex será clave para determinar si se trata de un caso de trata de personas, es decir, con la participación de intermediarios que se hayan beneficiado de la prostitución o explotación sexual de terceros; y si, como sostuvo Mazzoni el 5 de agosto pasado en una intervención pública en el Senado, existió la participación de menores en supuestas fiestas sexuales, lo cual, hasta el momento, no está acreditado en el expediente, según las sendas consultas a tres fuentes que intervienen en la causa y tuvieron acceso a la misma.

elDiarioAR intentó comunicarse por tres vías distintas con otro de los empresarios denunciados, Matías Barreiro, vocal titular de River Plate, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta. 

Los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia coincidieron en que el juez Lijo debe ordenar más medidas de prueba para tratar de descartar ciertas hipótesis, en especial, la planteada por la Asociación Civil Madres Víctimas de Trata, que manifestó en el expediente que “dos jóvenes denunciaron haber sido víctimas del delito de trata de personas” y que “manifestaron haber sido 'drogadas' mientras participaron de fiestas”.

El caso generó impacto en las redes sociales luego de que el denunciante, Mazzoni, se presentara en una reunión abierta en el Senado de la Nación sobre trata de infantes y hablara de su denuncia. Afirmó que su denuncia es contra “la red de trata más grande de la Argentina” y mencionó a dos de los denunciados: Roemmers y Barreiro. “Hasta el día de hoy no llamaron a ninguno de los testigos”, aseguró. “Ya no sé a quién acudir porque estamos hablando de la gente más poderosa”, agregó.

Además, Mazzoni hizo especial énfasis en el rol del juez Lijo, en medio de las oposiciones y críticas de ciertos sectores por su candidatura a la Corte Suprema de Justicia, que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Tras la difusión de videos del testimonio de Mazzoni en las redes sociales, Alejandro Roemmers publicó este viernes un comunicado “ante la difamación y falsas denuncias” de las que sería objeto. El empresario definió a Mazzoni como “un individuo con antecedentes de extorsión, hurto y violencia que han tomado estado público” y habló de supuesta “difamación y extorsión a un reconocido artista e intento de atropello con una camioneta robada” por parte del denunciante.

Según Roemmers, “la Justicia archivó la falsa denuncia de Roberto Mazzoni después de dos años en que se presentara ninguna prueba y ningún damnificado en la causa, ni siquiera el propio Mazzoni, ya que nunca trató” con Roemmers. “Reiteramos: no existe ni una sola persona ni mayor ni menor de edad, ni en nuestro país ni en el exterior, que haya jamás manifestado alguna queja respecto al comportamiento impecable del señor Alejandro Roemmers”, dice el comunicado.

Ya no sé a quién acudir porque estamos hablando de la gente más poderosa

Roberto Mazzoni — Denunciante.

“Hemos ofrecido testigos y pruebas que demuestran el accionar de Roberto Mazzoni, la incitación al falso testimonio y su voluntad de pedir dinero a cambio de no difamar”, agregó el empresario en el comunicado.

La causa

En abril de 2022, Mazzoni denunció que un grupo de hombres formarían parte de una red de “trata de personas y de suministro y comercio de estupefacientes a diferentes individuos de distinto sexo, adultos y menores de edad”, de acuerdo al fallo de la Cámara Federal porteña. “Los denunciados se valían de la situación de poder que algunos de ellos detentaban, de dinero y de estupefacientes que suministraban a sus víctimas”, resume el escrito consultado.

Los supuestos hechos tendrían lugar en un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, en donde se realizaban fiestas organizadas por uno de los denunciados, donde “se prostituía a hombres y mujeres, algunos de los cuales resultaban ser menores de edad a quienes, en algunos casos, se los drogaba -sin consentimiento- para luego poder abusarlos sexualmente”.

Mazzoni resaltó que él mismo “fue víctima de una situación así razón por la cual también se encuentra en trámite una causa por abuso sexual en el fuero ordinario”.

En mayo último, y tras dos años de instrucción, el juez Lijo decidió archivar el expediente ante la falta de pruebas contra los denunciados. Entre las medidas, se habían analizado mensajes de Whatsapp aportados por el denunciante pero de ellos, según el magistrado, se desprendían “conversaciones con algunos de los denunciados en torno al desarrollo de eventos privados y ”de los cuales no surge que se obligara a las mujeres u hombres a ejercer trabajos sexuales sino que, por el contrario, se trataría de circunstancias en las que, personas mayores de edad, desarrollarían actividades en la órbita de su absoluto consentimiento“.

El juez Lijo concluyó que las pruebas aportadas por Mazzoni “acreditaron relaciones que consistirían en el intercambio de dinero por sexo o por acompañamiento, pero no se advertirían maniobras vinculadas a la trata de personas”.

En julio, la Cámara Federal consideró que, si bien los camaristas coinciden en que esas pruebas descartaban la hipótesis del denunciante, todavía restan medidas a realizar.

Los jueces de la Sala I también advirtieron que “se han formado legajos de identidad reservada en donde se denunciaron maniobras similares a las investigadas en autos que tendrían como protagonistas a los sujetos sindicados por el acusador particular. Tales legajos aún se encuentran en trámite y no se ha descartado que puedan tener relevancia y/o conexión con los hechos”. En resumen, los jueces señalaron “la existencia de circunstancias que aún no han sido esclarecidas”.

ED/DTC

En el 2013, la Asamblea General de la ONU decretó el 30 de julio como Día Mundial contra la Trata de Personas, con la clara intención de concienciar a las personas y sobre todo a los gobiernos, acerca de la grave problemática que ha acarreado la expansión de este delito a nivel mundial.

Según los últimos informes de Naciones Unidas, 1 de cada 4 víctimas de trata en el mundo tiene menos de 18 años (el 18% niñas y el 17% niños). Y hablamos de víctimas detectadas y reconocidas oficialmente, lo que deja fuera de nuestro radar otras muchas situaciones escondidas o toleradas. 

Ya sea por grupos criminales organizados o por individuos particulares, la explotación de mujeres, hombres, niños y niñas es un negocio muy lucrativo, que presenta menor riesgo que otras actividades criminales como el tráfico de drogas. Además, una misma persona se puede comprar y vender varias veces, enriqueciendo a intermediarios que captan, transportan, controlan o median entre el explotador y la víctima. 

Así, mientras haya demanda de cuerpos, órganos o mano de obra, siempre habrá alguien dispuesto a conseguirlos.  

Llegar a todas las víctimas de la trata sin dejar a nadie atrás

Cada año se establece un tema o lema que permite analizar el estado de la cuestión. En 2023, el lema del Día Mundial contra la trata de personas fue: “Llegar a todas las víctimas de la trata sin dejar a nadie atrás”.

Vivimos un escenario donde las crisis mundiales, los conflictos y el cambio climático están agitando el mundo, creando un escenario perfecto para que la oscuridad de la trata aumente.

Millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por desplazamientos forzados y desigualdades socioeconómicas, quedando vulnerables a las garras de los traficantes de personas. Son aquellos que no tienen un estatus legal seguro, que viven en la pobreza y carecen de acceso a educación, atención médica y empleo digno. Además, aquellos que enfrentan discriminación, violencia y abusos, o provienen de comunidades marginadas, también se encuentran en la mira de estos criminales.

Y mientras el mundo se enfrenta a estas amenazas, la lucha contra la trata parece estar decayendo. Las medidas nacionales, especialmente en países en desarrollo, parecen estar desvaneciéndose. Las tasas de detección se han reducido en un 11% y las condenas han sufrido una reducción del 27% en el año 2020, mostrando una clara desaceleración en la respuesta de la justicia penal.

Pero no todo está perdido, porque aquí hay héroes en la historia. ¡Un 41% de las víctimas logran liberarse de su horrorosa realidad y enfrentar valientemente a sus opresores!

Así que, en esta épica batalla entre la luz y la oscuridad, el mundo debe unirse para enfrentar a los traficantes y proteger a las víctimas.

¿En qué consiste la trata de personas?

La trata de personas es considerada uno de los más graves delitos de violación a los derechos humanos, siendo catalogada un símbolo moderno de esclavitud del siglo XXI, mediante la cual las personas son privadas de su libertad y derechos por parte de terceras personas.

Son sometidas contra su voluntad a situaciones de explotación sexual y laboral, trabajos forzados, servidumbre doméstica, extracción de órganos, mendicidad, entre otras modalidades.

Se estima que aproximadamente el 30% de las víctimas de la trata de personas son niños y el otro 70% son mujeres y niñas. Los primeros en la mayoría de los casos se usan para realizar trabajos forzosos en situaciones precarias, mientras que las mujeres y niñas son explotadas sexualmente desde muy temprana edad.

Esto sin contar aquellos casos relacionados con los comerciantes de órganos del mercado negro, o que se vinculan con otros hechos delictivos como el tráfico de drogas.

Actualmente, más de 12 millones de personas a nivel mundial son víctimas de este delito. Existen aproximadamente 500 rutas de tráfico de personas y tan solo 32 de ellas se encuentran en Iberoamérica.

Unido a ello se resalta el gran peligro potencial que ha originado Internet y las redes sociales, donde las traficantes tienden puentes de forma anónima con posibles víctimas, atrayéndolas hacia su red de contrabando humano.

Grupos susceptibles de ser víctimas de la Trata de Personas

Según informes emitidos por la Organización de las Naciones Unidas, los grupos humanos que tienden a padecer este tipo de hecho delictivo son los desplazados, es decir, personas que han tenido que abandonar su país de origen, por culpa de un conflicto armado o situación política que los impulsa a emigrar o pedir refugio a otra nación.

Allí, donde hay grandes corrientes migratorias es donde la ONU ha orientado los mayores esfuerzos para luchar contra la trata de personas, realizando los más grandes eventos cada 30 de julio.

¿Cuáles son los principales factores de riesgo que nos exponen a ser víctimas de las trata de personas?

Campaña “Corazón Azul”

La Campaña “Corazón Azul” es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas creada en el año 2008 en Viena (Austria), orientada a sensibilizar y crear conciencia en la población mundial acerca de la lucha contra la trata de personas y su impacto en la sociedad.

El corazón azul se ha convertido en el símbolo internacional de la lucha contra la trata de personas, representando la tristeza de las víctimas que son objeto de la trata de personas. Igualmente manifiesta la insensibilidad de aquellos que compran y venden a otros seres humanos.

Con esta campaña se pretende obtener una masiva y activa participación en la defensa de esta causa, a fin de erradicar esta forma moderna de esclavitud. Otras finalidades de esta campaña son las siguientes:

NB

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo ordenó abrir una causa paralela para investigar las presuntas amenazas que habría recibido Laudelina Peña, la tía de Loan, quien declaró que su sobrino fue atropellado y enterrado el día de su desaparición en la localidad correntina de 9 de Julio.

La magistrada solicitó identificar a las personas que están bajo el cuidado de los hijos de Laudelina y que no sean visitados por terceros salvo autorización judicial.

En este sentido, Pozzer Penzo pidió que Daniel “Fierrito” Ramírez facilite la clave o pin para poder acceder a su celular porque hubo intento fallidos de poder abrir ese teléfono con el sistema UFEd. 

Además, ordenó que se realice un cotejo de ADN entre los rastros biológicos encontrados en la camioneta del ex capitán de la Armada Carlos Pérez y su esposa, la ex funcionaria municipal María Caillava con la ropa que se incautó el viernes pasado en la comisaría 9 de julio y que se supone fue utilizado por efectivos de la provincia de Corrientes para iniciar la búsqueda con los perros.

Las prendas deberán ser previamente verificadas por José Peña y María Noguera, los padres del menor, para constatar si corresponden a su hijo.

Por último, la jueza federal solicitó que se lleve a cabo la reconstrucción de un aparato móvil perteneciente al ex comisario Walter Maciel secuestrado en uno de sus vehículos días atrás y que hasta el momento no se pudo acceder.

Macarena, una de las hijas de Laudelina, había declarado en la Fiscalía de Goya que su madre fue amenazada y sobornada para que diga que Loan murió en un accidente de tránsito tras ser atropellado por el matrimonio detenido.

“Fue el abogado José Codazzi. No me dijeron de quién venía el ofrecimiento, pero era para involucrar a Pérez y Caillava. La declaración de mi mamá fue producto de la amenaza porque yo estuve cuando nos dijeron esto. El abogado dijo que tenía que decir lo del accidente”, sostuvo Macarena acerca de quien habría amedrentado a su madre.

DM con información de agencia NA

La desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años que salió de su casa el jueves 13 de junio del Paraje Algarrobal, en Corrientes, tiene como principal línea de investigación la trata de personas. Este caso pone foco en las políticas públicas de lucha contra este delito que fueron desfinanciadas o desmanteladas durante el primer semestre del gobierno de Javier Milei. Si bien en los últimos días surgió una nueva hipótesis tras la declaración Laudelina Peña, tía de Loan, que sostiene que el nene fue atropellado por el capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez, el caso puso en evidencia la manera en que el Gobierno Nacional dejó de combatir la trata. Entre marzo y abril se despidieron a los representantes provinciales del Comité Nacional de la Lucha contra la Trata. Además, el programa de  Rescate y acompañamiento a víctimas del Ministerio de Justicia ejecutó casi un 90% menos de presupuesto que el mismo período del año pasado. Esto se suma a otros programas de protección a las víctimas que sufrieron el ajuste. También hubo despidos en el Programa Nacional de Rescate y en la Línea telefónica 145. 

En febrero de este año, el Gobierno nacional publicó el DNU 195 en el que se traspasó al Comité Ejecutivo y el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas al Ministerio de Seguridad, a cargo de  Patricia Bullrich. Meses después, los representantes de las provincias fueron desvinculados. Se trataba de agentes de todas las provincias que colaboraban con la persecución del delito y también con la prevención y el acompañamiento de las víctimas a través de mesas interdisciplinarias en las que trabajan referentes provinciales, municipales, de organizaciones sociales y también de organismos nacionales como los ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo, la AFIP, el RENATRE y el SENASA, entre otros. “Lamentablemente, la motosierra lo que hizo fue desmantelar todo el trabajo. Además, atacan a las políticas públicas de asistencia que habíamos generado, vinculadas al horizonte de vida de las víctimas”, explica a eldiarioAR José María Serbin, exdelegado de la región Noreste del Consejo.

Serbin vive en Corrientes, donde está el foco de la investigación sobre Loan. Hasta hace pocos meses era el referente del Estado nacional en la provincia para casos de trata de personas. “Se despidieron a todos los delegados de las provincias y ahora hay una nueva directora que se subsume a una oficina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No hay una representación federal, que es clave porque estás en el terreno, no hay articulación. Nosotros habíamos generado 36 mesas interinstitucionales y eso desapareció”, agrega Serbin, que también trabaja en la  Fundación La Alameda.

Un delito complejo que las políticas públicas sirven para combatirlo

Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, entre 2019 y 2023 en Argentina se rescataron 5.227 víctimas de trata. Se realizaron 9.067 intervenciones en el territorio  y 1.072 derivaciones para asistencia posterior, 118 articulaciones de asistencia y 13 retornos de víctimas a sus países de origen. Se trata de un delito complejo, el tercero en el mundo en cuanto a la cantidad de dinero que mueve después del narcotráfico y la venta de armas. 

También hubo 13 despidos en el Programa Nacional de Rescate (PNR) que depende del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona. Tres personas trabajaban en la Línea 145, de asistencia telefónica gratuita, que funciona las 24 horas, los 365 días del año, para recibir información, solicitar asistencia y denunciar casos de trata y explotación de personas.

Se trata de una reducción del 20% de un equipo integrado por quince personas. Las otras diez despedidas pertenecían al equipo de Procedimiento de PNR, que se encargaban de entrevistar y acompañar a las víctimas luego de los allanamientos. La mayoría de las despedidas eran mujeres psicólogas o trabajadoras sociales de distintas provincias: Neuquén, Mendoza, Salta e interior de la provincia de Buenos Aires. En algunos casos, se trataba de la única representante del programa en la provincia. Tenían contratos incluídos en el Artículo 9 de la Ley de Empleo Público con una contratación anual o de convenios con entes cooperadores, pero que llevaban alrededor de 10 años de antigüedad. 

“El caso Loan es un ejemplo de todo el desmantelamiento que se hizo”, afirma Gabriela Burgos, psicóloga social y exdelegada del Comite Federal en Jujuy. “Si el organismo hubiese seguido funcionando, el equipo de Corrientes podría haber intervenido y presentado la denuncia a la Protex (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas), que automáticamente hubiese tomado el caso y no la Justicia provincial. Ya estaban aceitados los canales, se activaban todos los dispositivos. Nosotros hemos rescatado menores de edad, gracias a estas intervenciones, por ejemplo, con la CNRT (Comisión Nacional de Regulación de Transporte) y Migraciones. Si hoy pasara algo con una víctima extranjera, ¿quién te firma un papel, quién hace el protocolo?”, le dice Burgos a este diario. 

Además de actuar en la persecución del delito de trata, los comités de cada provincia trabajaban con las víctimas. Hacían convenios con otros organismos del Estado nacional para, por ejemplo, solucionar la cuestión habitacional o de salud de las personas rescatadas. “Al vaciar los centros de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), los Centros de Desarrollo Social. ¿A quién recurrís?, ¿A quién le pedís mercadería?. Teníamos muchísimos casos de explotación laboral rural intraprovincial y hacíamos un trabajo coordinado con AFIP,  Migraciones, etcétera”, agrega Burgos. 

Pero también los programas de acompañamiento a las víctimas rescatadas sufrieron recortes. Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la actividad de Protección de víctimas de violencia del programa de Afianzamiento de la Justicia de la cartera que dirige Cúneo Libarona ejecutó un 72,11% menos en el primer cuatrimestre de 2024 que en el mismo periodo de 2023. Algo similar sucedió con Rescate y acompañamiento a víctimas de trata del programa Política Criminal, que ejecutó casi un 90% menos que el mismo período del año pasado.

El programa Acompañar, de asistencia económica para víctimas de violencia (incluídas las mujeres afectadas por el delito de trata) ambién tuvo recortes fuertes. El monitoreo realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), registró una caída del 80% en la ejecución interanual. “No se está haciendo nada al respecto. El hecho de eliminar áreas, reducir presupuesto y echar personal afecta gravemente en un contexto en el cual producto de la crisis económica también las condiciones que hacen que la trata funcione, se agudizan”, le dijo a este medio María José Lubertino, directora de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos  que está siguiendo el caso. 

Desde abril, el  Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata está a cargo de Verónica Toller, periodista que promocionó en Latinoamérica la  película “Sonido de Libertad”, producida por Eduardo Verástegui, exponente de la ultraderecha mexicana. El año pasado, antes de ser electo presidente, Javier Milei firmó la “Carta De Compromiso para la Promoción de Acciones para Erradicar la trata con Fines de Explotación Sexual y Tráfico de Órganos de Niños, Niñas y Adolescentes” promovida por Verástegui y firmada por otros referentes de la derecha de la región como el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente  de El Salvador, Nayib Bukele.

Tras el desmantelamiento del Consejo, diez provincias del Norte Grande crearon un Consejo Regional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. Según informó Somos Télam, el organismo fue  aprobado por unanimidad y tuvo el impulso de las diputadas Claudia Paladino, Adriana Diaz y Monica Salazar, en representación de Catamarca.

CDB/JJD

Tras doce días de la desaparición de Loan Danilo Peña, el menor de 5 años oriundo de la provincia de Corrientes, diferentes actores del Gobierno de Javier Milei coinciden en que la causa se configura en un caso de trata de personas y responsabilizan a la justicia de la provincia de no colaborar en el caso.

“Estamos enojados con la falta de colaboración de la justicia correntina”, admitió al respecto ante la agencia Noticias Argentinas un funcionario del Gobierno. En la misma línea, detalló: “El niño despareció hace doce días y recién hace dos o tres pudimos acceder al expediente. Un desastre”.

Si bien el Presidente no instruyó a su ministra con indicaciones puntuales, la administración libertaria destinó personal especializado y la participación de la Policía Científica, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional Argentina en la búsqueda.

Son varios los funcionarios que barajan la hipótesis de que la desaparición del niño configura un caso de trata de personas. Uno de ellos, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, definió que “la hipótesis de trata es la más fuerte” y aseguró que la administración libertaria está “investigando muchísimo” para encontrarlo.

“Hay un equipazo que se formó y está agotando el esfuerzo investigativo. La hipótesis de trata es la más fuerte”, sostuvo en declaraciones a la prensa en la previa de su ingreso al Encuentro Federal por la Memoria a 30 años del atentado que se realiza en el emblemático edificio de la AMIA.

Al respecto, el titular de ministros, Guillermo Francos, aseguró se trata de una caso que inició como una simple desaparición y que desnudó una red compleja que involucraba incluso a familiares. “Terminó siendo una caso en la que una familia está involucrada en la venta de un niño. Es un caso aberrante”, señaló en declaraciones a Todo Noticias (TN).

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se encuentra en Goya para avanzar en la búsqueda. La idea original era que partiera rumbo a Paraguay, uno de los destinos que estiman podrían haber llevado al menor, pero la funcionaria cambió su agenda a último momento a raíz de la reunión que mantuvo con Nimio Cardoso, jefe de Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional paraguaya.

En su lugar, envió a parte de su equipo para continuar con el rastreo mientras ella estará en los tribunales federales correntinos que investigan la causa. Entre las actividades, está previsto que se reúna con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.

El matrimonio apuntado por la desaparición de Loan, cada vez más comprometido

El matrimonio imputado por ser coautores del delito de captación de personas con fines de explotación agravado en el caso Loan están bajo el ojo de la tormenta y, frente al negativo escenario judicial que tienen, su abogado habló y sostuvo que cuando sus clientes declaren “van a dar detalles”.

Ernesto González, abogado de María Victoria Caillava y Carlos Pérez, confirmó que sus clientes van a declarar de todo lo que estuvieron haciendo antes, durante y después de la desaparición: “No se mostraron reticentes en ningún momento. Hasta mismo manifestaron que querían dar testimonio, pero están asustados”.

“Cuando declaren van a dar detalles de todo”, ratificó.

Asimismo, remarcó que ambos “están preocupados por la desaparición de Loan” y que viajaron a Chaco para “comprar una casa rodante”. Esto se debe a que en las últimas horas trascendieron varias imágenes donde se observa el auto Ford Ka del matrimonio en el ingreso a Resistencia al día siguiente de que el pequeño desapareció: “Mis clientes van a precisar día, lugar y hora de sus movimientos”, destacó.

“Fueron al médico porque Caillava tiene problemas de salud y compraron la casa rodante”, detalló.

González remarcó que fueron en el auto para no gastar tanta nafta con la camioneta: “Tenían que ir en auto, cualquiera de los dos les servía para ir hasta Chaco”.

“Necesitan tiempo para calmarse, ayer vivieron muchas tensiones y no podían dar un testimonio claro”, expresó.

NB con información de NA.

La Justicia federal de Goya en la provincia de Corrientes abrió una nueva investigación en torno a la desaparición de Loan Danilo Peña, se concretaron nuevas detenciones y hubo un giro radical en la investigación. Descartada la hipótesis de que el niño de cinco años se perdió, los investigadores se enfocaron en dilucidar quiénes estuvieron detrás del rapto del menor.

Uno por uno, quiénes son los seis detenidos

1- Antonio Bernardino Benítez

Es el tío político de Loan, pareja de la hermana del padre que también participó del almuerzo. Fue el primer detenido y está acusado por “abandono de persona”, ya que fue el que decidió llevar a Loan a recolectar naranjas a 600 metros de la casa de su abuela y sin la autorización del padre del menor. Fue la última vez que se vio al pequeño, minutos antes de las 15 del jueves 13 de junio.

Una semana después de la desaparición, el hombre declaró y, según trascendió, no aportó nuevos datos y mantuvo la misma versión que había dicho en el arranque de la investigación.

2- Mónica del Carmen Millapi

La mujer participó del almuerzo junto a su pareja, Daniel Ramírez, y ambos fueron a recolectar naranjas con Loan, Bernardino Benítez y otros cuatro niños.

Al igual que Benítez, Millapi declaró el jueves. Según su abogado, Jorge Monti, la declaración de la mujer fue clara. “Fue convincente. Relató todo lo que hizo desde que, junto con su marido [Ramírez, apodado Fierrito], llegó a la casa de la abuela de Loan”, sostuvo tras la audiencia Monti.

Según el letrado, cuando caminaban con los chicos, Ramírez recibió una llamada telefónica de un familiar para hablar sobre el estado de salud de su hermano, que está internado en grave estado en el hospital de Goya. “Millapi se quedó pendiente de la llamada que tuvo el marido y cuando se volvieron a juntar [con el grupo] faltaba Loan. Ella apunta a que en un determinado momento no estaba más. Desapareció”, sostuvo Monti.

Y agregó: “”Ella hizo un relato de la llegada a la casa de la abuela [de Loan], el almuerzo, la salida a la excursión al naranjal. Dice su participación con horarios y detalles en toda la búsqueda. Estaba con los chicos, su marido y Bernardino Benítez [tío de Loan]. En determinado momento, su marido recibe una llamada de la familia donde le dieron el parte médico [sobre la salud de su hermano] y se aparta unos seis o siete pasos. Ramírez se pone muy mal y Millapi se queda pendiente de él. Cuando vuelve a juntar a todos los chicos que estaban jugando, en ese momento, ve que falta Loan.

3- Daniel Ramírez

Conocido como Fierrito, este hombre es el único de los tres detenidos en la primera etapa de la búsqueda que no declaró. Lo iba a hacer este sábado, pero el giro de la investigación postergó la indagatoria por parte de la Justicia provincial.

En los tres casos, aún no se definió su situación procesal a la luz del giro en la causa y los nuevos arrestos. Por el momento, siguen acusados de abandono de persona. Según el artículo 106 del Código Penal: “La pena será de reclusión o prisión de 3 a 10 años, si a consecuencia del abandono resultare grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Si ocurriere la muerte, la pena será de 5 a 15 años de reclusión o prisión”.

4- María Victoria Caillava

Implicada debido a que los perros hallaron rastros odoríferos de Loan en dos de sus vehículos, la Justicia ordenó su detención y también la de su marido, ya que ambos estuvieron en el almuerzo previo a la desaparición. Instantes antes de ser apresados, Caillava dijo al canal TN: “Evidentemente, nos plantaron la ropa de Loan”.

Horas antes de ir presos, Caillava junto a Pérez habían concedido dentro de su casa una entrevista con ese canal. Según la primera versión, ellos se habían quedado en la casa de la abuela en el momento en que el resto del grupo se dirigió “a buscar naranjas”.

Tras la detención, la municipalidad de la localidad correntino de 9 de Julio apartó de sus funciones a Caillava. La decisión fue tomada este sábado por el intendente Hugo Insaurralde y afecta a la mujer que estaban al frente de la Dirección de la Producción de la localidad. “El Departamento Ejecutivo estima razonable y oportuno la decisión de desafectar y apartar de sus funciones en forma inmediata a dicha funcionaria”, indicó un comunicado emitido por la Municipalidad de 9 de Julio.

5- Carlos Pérez

Retirado de la Armada hace siete años, participó del almuerzo en la casa de la abuela de Loan junto a su pareja y aseguraron que se fueron antes de que los primeros tres detenidos fueran a recoger naranjas.

Los investigadores ahora sospechan que el menor pudo haber estado retenido en esa vivienda de Caillava y Pérez, y que luego habría sido entregado en el marco de un delito federal. En las próximas horas, la vivienda sería también analizada.

Este domingo, fue allanado un departamento suyo en Resistencia donde hallaron un arma de fuego y una enorme cantidad de balas aptas para disparar.

6- Walter Maciel

A cargo de la comisaría de 9 de Julio, quedó en el ojo de los investigadores que lo acusan de encubrir la maniobra para el rapto del menor al demorar el inicio de la búsqueda y centrarse solamente en la hipótesis de la pérdida.

Tras ser apartado de su cargo, este sábado, la Policía de Corrientes informó que echó de la fuerza al comisario detenido durante la investigación. “Se ha dispuesto la pasividad desde la fuerza policial y el inicio del sumario administrativo respectivo, mientras se siguen llevando adelante aún distintas tareas al respecto”, expresa el comunicado de la fuerza correntina.

NB

La Fiscalía que investiga el caso de la desaparición de Loan Danilo Peña imputó a los seis detenidos por el delito de trata de personas y de este modo la causa pasó este mismo lunes a la Justicia Federal.

Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez, María Caillava, Carlos Pérez y Walter Maciel serán imputados por trata de personas.

Asimismo, informaron que “es probable que los detenidos se nieguen a declarar tal cual adelantaron los abogados a los fiscales”.

A 11 días de la desaparición del menor, la fiscalía sostiene que hay pruebas incriminatorias suficientes contra los nuevos detenidos como: el resultado de lo que olfatearon los perros en dos vehículos del matrimonio y que Loan nunca salió del terreno donde está la casa de su abuela.

“Todos están bajo sospecha, incluido el padre”, detallaron.

Otra de las cuestiones que trascendieron en las últimas horas es que uno de los detenidos, Carlos Pérez, intentó quitarse la vida. Frente a este escenario, desde la fiscalía informaron a NA que “es falso lo del intento de suicidio”.

Conferencia de prensa del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, señaló este lunes que, en relación a la desaparición de Loan Danilo Peña, de 5 años, ya se puede “hablar de una posible causa de trata” y dijo que, desde la provincia, pusieron “toda la fuerza para buscarlo y encontrarlo”.

“Hablé con Patricia Bullrich, creemos que podemos hablar ya de una posible causa de trata y vamos aponer todos nuestros recursos a disposición. No descartamos absolutamente nada de la investigación”, afirmó.

El gobernador correntino dijo además: “Quiero destacar el trabajo que se viene haciendo del Ministerio de Seguridad y Policía de Corrientes para que aparezca Loan. Hemos puesto toda la fuerza del estado para buscarlo encontrarlo con vida y seguimos investigando”.

“No vamos a descansar hasta que no tengamos la posibilidad de encontrarlo, saber qué paso y poner a disposición de la Justicia a quienes tuvieron que ver”, aseveró y agradeció “la colaboración de un montón de fuerzas” que fueron a Corrientes y al Ministerio de Seguridad de la Nación.

Hablé con Patricia Bullrich, creemos que podemos hablar ya de una posible causa de trata y vamos aponer todos nuestros recursos a disposición

Gustavo Valdés — Gobernador de Corrientes

Valdés indicó que “el grupo de buzos argentinos sigue trabajando”, mientras que destacó la colaboración de Policía Científica y Gendarmería Nacional, entre otras fuerzas, a la vez que dijo: “Rastrillamos cerca de 30 mil hectáreas alrededor de la zona del hecho. Se encontraron pistas, pero, lamentablemente, sin dar con el paradero de Loan”.

“No vamos a bajar los brazos y a seguir investigando para llegar a la verdad y saber qué pasó”, aseveró y luego señaló: “Hay audios míos que no son reales, fueron adulterados, repudio este tipo de maniobras. Creemos que es necesaria la participación de la Justicia Federal”.

NB con información de NA.

La búsqueda de Loan Danilo Peña, de 5 años, desaparecido el pasado 13 de junio en la localidad correntina de 9 de Julio, se trasladó este domingo a Chaco, luego de que la Justicia Federal de Goya dispusiera allanar dos viviendas en Resistencia.

Allí se encontró un arma, cargadores y cartuchos, además de un DVR con las cámaras de seguridad del edificio, celulares y huellas que deberá ser comparadas.

La Policía de Chaco y la División Unidad Federal de Resistencia realizaron a la mañana los operativos en sendas casas ubicadas en las calles Pasaje Humaitá 1310 y en Necochea 915.

En los procedimientos también colaboró personal del Departamento Canes.

En el lugar, también estuvieron el subjefe de Policía del Chaco, comisario general Manuel Victoriano Silva; el director ejecutivo del Centro de Análisis, Comando y Control Policial (CEAC), comisario general Cristian Antonio Durán; el director general de Investigaciones, comisario general Roberto Gamboa; y el director de la Policía de Investigaciones, comisario general José Martínez. 

En ambas viviendas los canes Baisha y Zaya revisaron la zona, pero el resultado fue negativo.

Asimismo se contó con la colaboración del Departamento Antecedentes Personales-Sección Rastros, que levantaron ocho huellas para el cotejo.

El departamento de la calle Necochea es el que usaba Pérez cuando iba a Chaco a visitar a su hija, quien estudia en la Universidad de esa provincia.

Allí incautaron una pistola Browing calibre .9 milímetros; tres cargadores; 65 cartuchos calibre .9 milímetros; 72 vainas servidas calibre .9 milímetros; 190 cartuchos calibre 7,65 con sus respectivos cargadores; un DVR de las cámaras de seguridad del edificio; una computadora Notebook BGH; y una tablet.

En tanto, en la casa del Pasaje Humaitá, donde vive la ex esposa de Pérez, secuestraron nueve teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, 218.800 pesos y 7 dólares, que luego fueron restituidos a la dueña de ese domicilio.

Varios operativos y otros tres detenidos

Durante el sábado, las autoridades policiales realizaron un allanamiento en la vivienda de la ex empleada municipal María Victoria Caillava, quien había sido detenida por su presunta conexión con la desaparición de Loan.

En la casa ubicada en la localidad de 9 de Julio se llevó a cabo el operativo, con el fin de encontrar alguna pista sobre el caso del niño de 5 años.

Durante el allanamiento se realizaron excavaciones en el jardín y se registró exhaustivamente el interior de la casa, de donde se llevaron diversos elementos.

Allí, Caillava -ahora ex empleada municipal- vive con su esposo, Carlos Pérez, un ex miembro de las Fuerzas Armadas, quien también fue arrestado, al igual que el comisario Walter Maciel.

Estas tres personas fueron detenidas a última hora del viernes, poco después de que se anunciara la apertura de una investigación federal, que incluye también un posible caso de trata.

La Municipalidad del distrito correntino de 9 de Julio, en tanto, despidió a Caillava, por decisión del intendente de 9 de Julio, Hugo Ynsaurralde, sobre quien se desempeñaba como directora de Producción de la comuna.

“El Departamento Ejecutivo estima razonable y oportuno la decisión de desafectar y apartar de sus funciones en forma inmediata a dicha funcionaria”, indicó un comunicado emitido por la Municipalidad de 9 de Julio.

Por otro lado, también se dispuso en el Ministerio de Seguridad correntino la pasividad del comisario Pérez y el inicio de un sumario administrativo sobre su caso, indicaron fuentes de la cartera a Noticias Argentinas.

Caillava es una amiga de la abuela del pequeño y participó del almuerzo en el cual desapareció el menor que es intensamente buscado.

DM con información de agencia NA

Siete hombres fueron detenidos y un grupo de treinta mujeres, una de ellas menor de edad, fue rescatado por la Policía Federal de una red de trata de personas que con fines de explotación sexual realizaba fiestas clandestinas en horario nocturno en distintos locales y domicilios de la ciudad de Buenos Aires, en el marco de distintos allanamientos concretados en las últimas horas, informaron hoy voceros de la fuerza de seguridad.

En los procedimientos se detuvo a siete hombres, que serían los encargados de estas actividades ilegales y que conformaban la denominada “Banda del Karaoke”, que organizaban esos encuentros.

Los allanamientos fueron solicitados por la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 12, Alejandra Mangano, en el marco de la investigación y avalados por la jueza federal María Romilda Servini.

Como resultado de estos operativos, efectivos de la Superintendencia de Investigaciones Federales lograron desbaratar esta organización, a la que se le atribuye el manejo de dos “karaokes”, propiedad de un ciudadano coreano, además de la actividad de explotación sexual de mujeres de diferentes nacionalidades (como venezolanas y brasileras) y el lavado de activos.

“El ahora cabecilla detenido, resultó ser dueño de un comercio de venta de bebidas alcohólicas en el Bajo Flores y dos ”karaokes“, donde un sobrino se encargaba de llevar mujeres, las que prestaban servicios de ”acompañantes coperas“, para luego retirarse a lugares íntimos, para mantener relaciones sexuales. Allí, se comprobó la concurrencia de una menor de 17 años, subordinada a una encargada, lo que generó la toma de medidas urgentes”, indicaron los investigadores del caso.

Del operativo también participaron funcionarios de distintos entes gubernamentales, tales como el Programa de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata, la Dirección Nacional de Migraciones, AFIP (Protección de trabajo y Habilitaciones y permisos), Consejo de la niñez y Adolescencia, y de la Agencia Gubernamental de Control de la ciudad.

Del resultado de las entrevistas realizadas con las víctimas, se comprobó que había indicios del delito de explotación sexual, falta total de higiene y seguridad, y otras irregularidades comprobadas que motivaron la clausura de todos los comercios.

Además, se ordenó la detención e incomunicación de los responsables de cada inmueble, trasladándolos al Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina y quedando a disposición de la Justicia Federal.

MM

Con información de la agencia Télam.

Seis mujeres migrantes fueron rescatadas de la cámara frigorífica de un camión en Francia después de que su mensaje de pánico a una periodista de la BBC desencadenara una frenética búsqueda transfronteriza. Las migrantes ―cuatro de nacionalidad vietnamita y dos de origen iraquí― pasaron más de 10 horas en el estrecho espacio, rodeadas de cajas de plátanos, con la esperanza de llegar a Reino Unido o Irlanda, según la BBC.

Cuando se dieron cuenta de que el camión tomaba la dirección opuesta, entraron en pánico. Mientras se encendió el aire acondicionado, hundiéndose la temperatura del pequeño compartimento, una de las mujeres consiguió contactar con la periodista de la BBC en Londres.

“Hace mucho frío, [el refrigerador] sigue soplando”, decía el mensaje de texto recibido por la periodista Khue B Luu el miércoles. La migrante decía que las puertas del camión habían sido selladas con una barra de hierro, lo que significaba que estaban atrapadas.

La mujer envió a Luu dos vídeos cortos mostrando el espacio abarrotado de cajas, con apenas unas docenas de centímetros de espacio en el suelo donde las mujeres podían sentarse. En uno de los vídeos, se podía escuchar a una mujer en inglés diciendo: “No puedo respirar”.

También fue capaz de compartir su localización GPS en vivo, permitiendo a la periodista localizar el camión en la carretera E15 cerca de Dracé, al norte de Lyon. Luu entró en acción y se puso en contacto con sus compañeros en Francia. Uno de ellos contactó con la comisaría de policía más cercana a donde se encontraba el camión, enviando todos los detalles que Luu le había compartido.

“Estamos asfixiadas”

Mientras esperaban ansiosamente a que la policía interviniera, Luu seguía la pista del vehículo. Le venían a la mente la muerte de los 39 vietnamitas sofocados en el tráiler de un camión en Essex en 2019, una tragedia que resaltó los peligros que a menudo enfrentan los migrantes en su búsqueda de una vida mejor en Reino Unido.

Luu se dio cuenta de que la localización compartida se había interrumpido, pero la joven migrante le seguía enviando mensajes, diciéndole que el aire acondicionado había sido apagado y quejándose de que estaban teniendo problemas para respirar. “Estamos asfixiadas”, escribió.

Temerosos de que las mujeres no pudieran aguantar mucho más tiempo, Luu intentó tranquilizar a las mujeres, diciéndoles que mantuvieran la calma, que evitaran hablar para conservar el aire y que la policía estaba en camino.

Mientras tanto, la periodista observaba nervioso su ordenador y su teléfono esperando nuevas noticias. Continuó comunicándose con la joven migrante, que le dijo que otras tres mujeres habían estado a punto de subir al camión con ellas, pero al final no lo hicieron. Una de ellas hizo una fotografía del número de placa del camión irlandés.

Poco después de esto, la policía francesa dijo que había interceptado el camión. El conductor del camión fue arrestado y se ha abierto una investigación bajo la sospecha de tráfico de personas.

Luu dijo que continuó escribiéndose con la mujer. Los mensajes aparecían como no leídos, lo que sugería que la policía podría haber confiscado su teléfono. Horas después, un fiscal francés dijo que el vehículo era de Lituania y el conductor estaba bajo investigación. Entre las seis mujeres se encontraba una menor, según el fiscal.

Al escribir sobre los acontecimientos para la BBC, Luu estableció un vínculo entre la terrible experiencia de las mujeres y las muertes en Essex en 2019. “¿Por qué, después de la tragedia de las 39 muertes en Essex en 2019, sigue habiendo mujeres jóvenes vietnamitas que se suben a la parte trasera de un camión para cruzar la frontera?”, escribió. “No puedo encontrar la respuesta”.

Traducido por Víctor Ibáñez.