A principios del siglo XX las tatarabuelas y bisabuelas parían un promedio de 6 a 10 hijos, una tendencia que casi mantuvieron las abuelas, que fue decreciendo con las mamás actuales que tuvieron entre uno y dos hijos.

Cuando una pareja decide formar una familia o maternar, como todo proyecto de vida, requiere de un contexto.

Un primer dato importante es que en América Latina el descenso de la fecundidad se inició en la década del sesenta, aunque en países como Argentina y Uruguay comenzó antes, como veremos a lo largo de esta crónica.

Y ese contexto llega acá porque hay muchos datos, investigaciones y análisis sobre cambios demográficos que colaboran a derribar mitos sobre ‘culpabilidades’ de las mujeres por la baja mundial de la tasa de natalidad.

Cuando el presidente de Argentina Javier Milei afirmó el 20 de mayo último en un discurso en la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) que “ahora se están dando cuenta que se les pasó la mano en atacar a la familia, en atacar a las 2 vidas. Y ahora lo estamos pagando con caídas en la tasa de natalidad”, sin más argumentos, el titular del Ejecutivo intentó así justificar la baja de productividad en el país.

Por eso la importancia del contexto y los datos, porque la afirmación presidencial fue un impulso para poner en agenda todos los conocimientos comprobables sobre la baja de natalidad. Este artículo procura recorrer parte de estos conocimientos.

Que la ansiedad no oculte lo ganado

La “ansiedad demográfica”, como la llamó Elizabeth Krause en 2001, se refiere al fenómeno del descenso de la natalidad que, en sí mismo, plantea temas que requieren discusión e incluso reformas en políticas públicas.

Agustina Ramón Michel, investigadora del CEDES y profesora de la Universidad de Palermo, habla de esta ansiedad y comenta que “según el país y el período, fue en distintas direcciones y favoreció métodos estatales de todo tipo, que van desde la promoción de la reproducción (a través de incentivos fiscales, flexibilidad laboral, licenciadas extendidas, aseguramiento de guarderías, etc.) a las restricciones a la información sobre planificación familiar, las prohibiciones de venta de anticonceptivos, las políticas de un hijo que tuvo China, las esterilizaciones sin consentimiento sobre personas con discapacidad, llegando al dramático y conocido caso de las esterilizaciones forzadas y masivas ordenadas por Fujimori sobre mujeres campesinas indígenas en Perú”.

La profesional comenta que, si la baja de natalidad en Argentina “puede razonablemente generar temores sobre el futuro en general, del sistema de seguridad social en particular, y abrir discusiones relevantes sobre qué hacer con las vacantes en escuelas primarias y las salas de maternidad menos ocupadas”, estos debates necesarios “no deberían hacernos pasar por alto que estos cambios demográficos reflejan, en buena medida, cambios en los deseos personales y también en los vínculos sociales, que hoy pueden concretarse porque se cuenta con los recursos necesarios”.

“Al hablar de recursos, me refiero al acceso a información básica sobre prevención de embarazos y a contar y usar métodos anticonceptivos. Estos permiten alinear el deseo de ser o no ser madre o padre, cuántos hijos tener, con otros planes, anhelos y obligaciones”, añade Ramón Michel.

Resalta que “son al menos dos décadas en las que un ecosistema compuesto por gobiernos, escuelas, servicios de salud, centros de investigación, el mercado farmacéutico y organizaciones feministas ha trabajado para hacer esto posible, bajo el marco dado por la ley de salud sexual y reproductiva de 2002.” Pero esto no fue siempre, continúa la investigadora: “Por ejemplo, un decreto de 1973 vigente hasta entrados los ochenta, impuso un sistema muy restrictivo para la venta de anticonceptivos y prohibió actividades de lo que entonces se llamaba control de natalidad. Todo esto, bajo la inspiración de una ansiedad demográfica similar a la actual, que lleva consigo concepciones acerca del destino de las mujeres y la forma debida de la familia, que ya no tienen cabida en una sociedad plural como la nuestra.”

“Me inclino a pensar, de todos modos –concluye Ramón Michel– que las personas no entregan, así como así, el destino de sus vidas a proyectos políticos de turno”.

No hay rechazo a la maternidad o la paternidad, hay preocupaciones económicas y sociales

Esta es una de las conclusiones del “Estado de la Población Mundial 2025- La verdadera crisis de fecundidad: Alcanzar la libertad reproductiva en un mundo de cambios”, que publicó el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el último 10 de junio donde analiza las causas y consecuencias de la baja natalidad en 14 países.

Precariedad económica, discriminación de género, el escaso apoyo por parte de las parejas y las comunidades, la atención deficiente de la salud sexual y reproductiva, la falta de acceso a servicios asequibles de cuidado y educación de hijas e hijos, y el pesimismo sobre el futuro es el listado mas descriptivo de porqué se retrasa la decisión de tener o no tener hijos.

“Millones de personas en el mundo no pueden tener el número de hijos e hijas que quisieran. La razón no es su rechazo a la maternidad o la paternidad; son las barreras económicas y sociales las que impiden hacer realidad sus deseos”, se lee en el informe.

Para Susana Sottoli, directora regional del UNFPA la solución está “en la reducción de las desigualdades” y no en respuestas “simplistas o coercitivas” como los incentivos económicos por nacimiento, los retrocesos en los avances alcanzados en los derechos sexuales y reproductivos “o campañas que incentivan a las parejas para que tengan más hijos e hijas, con el objetivo de cumplir metas de fecundidad”.

El organismo de Naciones Unidas aporta propuestas concretas: licencia familiar remunerada, sistemas de cuidado con enfoque de género, atención de fertilidad accesible, parejas comprometidas con la distribución igualitaria de los roles de cuidado.

También el informe apunta que las personas más perjudicadas son las mujeres, niñas y adolescentes que viven en situación de pobreza, las mujeres rurales, indígenas y las afrodescendientes.

En ese sentido, la antropóloga Agustina Kupsch afirmó que la baja natalidad es un síntoma de precariedad, no de rebeldía.

Lo hizo en un posteo en su Instagram, aportando al debate: “Quienes tienen el deseo de maternar no encuentran sostén, red, dinero, tiempo, con ausencias estatales que las acompañen. La maternidad debe leerse y analizarse –como la vida- en contexto. Y el contexto es muy distinto según las maternidades que se elijan. Falta cuidado y ternura”.

Una lectura cualitativa que se sostiene con los datos aportados por el informe de ONU.

Cuando los datos demográficos se convierten en debates moralizantes y politizados

La ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se aprobó en Argentina en diciembre de 2020 “y el derrumbe de la tasa de natalidad sucede a partir del 2014, así que en principio ya tenemos un primer dato que descarta por completo cualquier posibilidad de que la aprobación de la IVE sea el factor que explique por qué cae la tasa de natalidad”, le dijo la socióloga María Puglia de Fundar, al periodista Reynaldo Sietecase durante una entrevista en Radio con Vos.

En este punto es importante recordar que, a la par de la ley de aborto legal se sancionó la norma 27611 (nótese que sólo hay un número de diferencia entre una legislación y otra) llamada de ‘1000 días’, pensada para proteger la salud y el desarrollo integral de madres, niños y niñas durante los primeros tres años de vida.

Puglia resalta en la entrevista radial que “buena parte de la caída de la tasa de natalidad en los últimos 10 años está explicado por el derrumbe de la tasa de natalidad en adolescentes, gracias al plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia)”.

ENIA fue una política pública interministerial de alcance federal que se creó en el año 2017. Desde 2018 hasta 2023 se implementó en 36 departamentos de 12 provincias del Noreste (NEA) y del Noroeste (NOA) y en la provincia de Buenos Aires, logrando reducir el embarazo adolescente.

“Entonces, debiéramos estar contentos, este es mi mensaje, debiera ser una buena noticia”, afirmó la investigadora. Y agregó: “El problema acá es cuando los debates demográficos se convierten en debates morales”.

Pero, el plan ENIA fue desfinanciado por el gobierno nacional.

Este mes se presentó la publicación “Plan ENIA 2017–2023. Oportunidades de vida para adolescentes” que reúne resultados y metodologías de esta política pública, mientras en el Congreso hay proyectos de ley para reactivar el programa.

Silvina Ramos, investigadora del CEDES en el que llevan adelante el Proyecto Mirar, resaltó que en la Argentina, la implementación del Plan ENIA “fue un movilizador de oportunidades para que las adolescentes pudieran tomar decisiones libres e informadas sobre su reproducción. Esa política, que reforzó otras de mediana data como la educación sexual en las escuelas y el acceso gratuito a la anticoncepción en los servicios de salud, se conjugó con un clima cultural para el cual la autonomía reproductiva y la búsqueda de inserción social a través de la educación y el trabajo eran aspiraciones colectivas”.

“En ese contexto, prevenir un embarazo para el que no se encuentra un lugar afectivo apropiado y porque se tienen otros planes para esa etapa de la vida, pasó de ser una aspiración a una posibilidad concreta que la política pública abría”, analiza Ramos.

Niñas y adolescentes madres: una realidad que no baja en la región

El intercambio para aportar contextos necesarios se extendió a Latinoamérica. Fue en el webinar ‘Nuevas narrativas sobre la transición demográfica global’ organizado por La Salud Reproductiva es Vital, una iniciativa impulsada por el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI).

Una de las expositoras fue la doctora en Demografía por la London School of Hygiene and Tropical Medicine, Fátima Juárez profesora e investigadora en El Colegio de México.

En América Latina “el descenso de la fecundidad se inició en la década del sesenta, aunque en países como Argentina y Uruguay comenzó antes”, señala la especialista.

Pero esta evolución no ha sido homogénea porque la fecundidad adolescente “ha descendido a un ritmo más lento, lo que constituye un desafío persistente para la salud pública, dado el alto número de embarazos no planificados y abortos inducidos en este grupo etario”.

Juárez relaciona los problemas asociados a este fenómeno: el matrimonio precoz, el embarazo adolescente y la alta prevalencia de abortos inducidos.

“La región presenta una de las tasas más altas de fecundidad adolescente a nivel global, con un promedio de 60 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años. También ocupa el segundo lugar en embarazos no planificados, con 69 por cada mil mujeres en edad reproductiva. Las tasas más elevadas se registran en el Caribe y Sudamérica”, informa la demógrafa.

Menos nacimientos en paralelo a las crisis económicas

En televisión también se debatió el tema. En La Nación+ Lorena Bolzon, abogada y decana del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral contó que “todo el mundo está atravesando cambios demográficos desde hace bastante tiempo: la baja de natalidad, el aumento de la esperanza de vida y las migraciones son los tres movimientos que más se están notando” en este proceso.

Bolzon es una de las autoras del informe ‘Estructuras familiares y cambios sociales Una mirada de la realidad Argentina’ que se publicó el 15 de mayo de este año.

“Venimos de una historia con muchas madres separadas, que se hacen cargo de sus hogares. Eso también influye a la hora de decidir. La salida de la mujer al mundo laboral, al mundo profesional que se dio en los últimos años, no necesariamente siempre fue acompañada de mayores responsabilidades del varón dentro de la casa en el cuidado de los hijos, cuidado de los adultos mayores y demás”, contextualiza la abogada.

Destaca que las mujeres “que tenían cinco hijos o más en el 2010 eran un millón y medio aproximadamente” y que “donde había picos descendientes de natalidad, también coincidía de alguna manera con las crisis económicas o la falta de empleo”.

La narrativa económica

Federico Tobar, doctor en Sociología, asesor regional del UNFPA y especialista en financiamiento en salud, con experiencia como consultor internacional y ex funcionario del Ministerio de Salud de Argentina, habla de los paradigmas en disputa dentro de la teoría económica sobre fecundidad y advierte cómo algunos discursos son utilizados para justificar restricciones regresivas en derechos reproductivos.

Desde la óptica pesimista del tema, el profesional se remonta a Thomas Robert Malthus, que en 1798 sostuvo que la población crecería en progresión geométrica mientras que la producción de alimentos lo haría en progresión aritmética, lo que conduciría a un desequilibrio estructural y una amenaza al desarrollo.

“El error de Malthus fue proyectar una situación estática como si fuera dinámica, sin prever la posibilidad de un crecimiento exponencial en la producción de alimentos”, dice Tobar, quien alerta sobre la vigencia del paradigma malthusiano al introducir la noción de límites estructurales —actualmente también ambientales— al crecimiento económico. En esta misma línea se inscriben discursos pronatalistas contemporáneos, como el de Paul Morland en ‘La marea humana’, donde afirma que ningún país ha prosperado con una reducción poblacional.

En ese sentido Tobar aporta que esta visión “rechaza fenómenos como la migración, a pesar de su potencial para resolver déficits de fuerza laboral, y presenta una lectura rígida del vínculo entre población y desarrollo”.

En contraposición, la perspectiva optimista tiene como principal exponente a Gary Becker, autor de ‘Teoría de la familia’: “Desde este paradigma, las decisiones sobre fertilidad son racionales, están orientadas a maximizar beneficios y dependen de preferencias individuales y del modelo económico en el que se insertan”, resume el especialista.

Luego, presenta cuatro líneas de investigación: una que demuestra que la edad materna al primer hijo tiene efectos en el rendimiento escolar y la trayectoria económica de las hijas e hijos, subrayando la importancia de las condiciones de crianza más allá del acceso a la educación; otra que vincula el momento elegido para la maternidad con una menor propensión al delito en jóvenes, en una relación facilitada por el acceso a anticoncepción y aborto.

La tercera tiene que ver con el “bono demográfico”, que plantea que un país alcanza una ventaja económica cuando la proporción de personas en edad productiva supera a la de personas dependientes. Y en cuarto lugar, presenta el estudio MILENA, desarrollado por el UNFPA, que mide el costo de oportunidad del embarazo adolescente y se ha implementado en 15 países de América Latina y recientemente en África.

“Desde esta mirada, el mayor impacto económico de las dinámicas demográficas y reproductivas en la región está vinculado a la maternidad temprana”, enfatiza el profesional.

Y finaliza: “Empoderar a mujeres y parejas para decidir libremente cuándo y cuántos hijos tener no solo mejora los proyectos individuales de vida, sino que también contribuye a un crecimiento económico sostenido”.

¿Por qué tenemos hijos?

Es el título de una reconocida charla TED y de uno de los libros del obstetra Mario Sebastiani, un profesional que hace 48 años acompaña a parir. Tiene un podcast y desde allí comparte su experimentada visión sobre la baja natalidad.

“Antes el pánico era por la superpoblación y hoy es por la caída de la natalidad. En vez de hablar de pánico, veamos el bonus, la solución, la ventaja demográfica”, sugiere.

Recuerda Sebastiani que “desde que existe el feminismo se logró la anticoncepción quirúrgica voluntaria (ligadura tubaria y vasectomía); la anticoncepción universal y gratuita en el país; la mujer pospuso la edad de tener hijos, y aparece el auge de la medicina reproductiva, la fertilización asistida”.

“Lo más importante, que lo dije en mi libro y en la charla TED ¿Por qué tenemos hijos?, es que las mujeres tengan hijos cuando puedan, no cuando la biología les es más beneficiosa. Tener un hijo es un proyecto de responsabilidad, no es un proyecto sólo biológico”, continúa.

“Todos decimos que tenemos hijos por amor, pero lo que aprendí de las parejas a las que asistí como obstetra es que existe la improvisación, el mandato, la soledad, el error en el método anticonceptivo. Entonces, las mujeres dejaron de lado estas pautas y tienen hijos cuando pueden, y si no lo tienen hay una frase que ya no se escucha: ”Me siento una mujer vacía“. La mujer no está más vacía, porque la mujer está codo a codo con el hombre gestionando la sociedad”, añade el profesional con una experiencia en su haber de haber asistido unos 12 mil partos.

En la misma línea de análisis de informes y especialistas que recorrimos en esta crónica, el obstetra coincide en que “si el proyecto de tener un hijo es una decisión responsable hacen falta necesidades básicas satisfechas: techo, agua corriente, salud, educación; esparcimiento y tiempo para los hijos”.

Suma algo fundamental: “Trabajemos como sociedad para que cada bebé en su vida adulta tenga trabajo”.

“Me preocupa la cabeza de los políticos que son cortos de pensamiento que necesitan resultados rápidos porque piensan en la próxima elección, y me preocupa que afecten la libertar y la vida de las mujeres prohibiendo la anticoncepción o el aborto. El aborto no contribuyó a la caída de la natalidad: cuando era clandestino estimamos 450 mil abortos anuales, con aborto legal tenemos unos 200 mil. Quitar derechos a las mujeres no aumenta la natalidad, aumenta el peligro en la salud, en la economía y en el aspecto social de las mujeres”, concluye Sebastiani.

SM/MG

El 26 de septiembre se instauró como el Día Internacional de la Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia. En nuestro país se celebra a lo largo de toda una semana, que este año se extiende desde el 20 al 26 de septiembre, como un llamado a que las y los jóvenes tengan acceso a la información y orientación necesaria para construir proyectos de vida saludables y productivos y también para que todos -jóvenes y personas adultas- tomemos conciencia acerca de la importancia de prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia.

Argentina creó en 2017 el Plan ENIA (Plan para la Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia) una de las políticas públicas más reconocidas a nivel regional e internacional, que desde su creación y mediante la promoción de acceso a bienes y servicios de salud sexual y reproductiva logró reducir casi un 50% el embarazo no intencional en la adolescencia en el país.

Sin embargo, hoy esta política tan importante y que subsistió dos gestiones de gobierno, ya que se creó durante la presidencia de Mauricio Macri y continuó en la de Alberto Fernández, por su eficacia comprobada, está en riesgo ¿Por qué?

En el Informe elaborado por ACIJ, ELA, CEDES y REDAAS denominado “Plan ENIA en riesgo” muestra que el presupuesto 2024 para el Programa de “Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable”, en el cual se refleja el ENIA, presenta una disminución del 64% en términos reales en comparación con el año 2023 y del 72% con respecto a 2021.

Los gastos del presupuesto constan de dos componentes: gastos de personal y de productos farmacéuticos y medicinales. En los primeros meses del año, la actual gestión de gobierno no sólo despidió a 619 personas que se desempeñaban en los equipos operativos de las 12 jurisdicciones donde el Plan se implementaba, sino que también suspendió los fondos para el mantenimiento de oficinas y el presupuesto destinado a la compra de insumos. Esto representa porcentajes de ajuste gravísimos, una disminución del gasto de un 70%“.

Además, el mismo informe arrojó que al mes de septiembre, sólo se ejecutó un 15% del presupuesto destinado al ENIA, lo que demuestra que no solamente disminuyó el presupuesto disponible, sino que el que hay prácticamente no está siendo ejecutado.

El 15 de septiembre, el presidente de la Nación presentó el Proyecto de Presupuesto 2025, que muestra una profundización en la desinversión del Plan con una reducción real (ajustada por inflación) del 27% respecto al presupuesto vigente en 2024 y del 78% en comparación a 2023, según dicho informe.

Se estima que, en 2018 en Argentina, 7 de cada 10 embarazos adolescentes de entre 15 y 19 años eran no intencionales y la cifra aumenta en 8 de cada 10 embarazos en niñas menores de 15 años, la mayoría como consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación. Para 2021 se lograron reducir estas estadísticas en 5 de cada 10 embarazos en adolescentes de 15 a 19 años, mientras que en menores de 15 años la cifra descendió a 7 de cada 10 (UNFPA y Ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social 2021)

A los evidentes resultados de estas estadísticas se suma el hecho de que para el Estado Nacional el financiamiento del Plan representa sólo U$S 17,7 millones frente a los U$s 200 millones que conlleva afrontar los costos asociados con la atención de embarazos y partos en adolescentes (Según un estudio de Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA).

Además, según estadísticas, sólo el 38% de las adolescentes de entre 10 y 19 años que fueron madres logró completar la educación secundaria, mientras que el 55% de quienes fueron madres en edad adulta completó ese nivel.

La importancia de este Plan no solamente se basa en su eficacia por haber logrado reducir significativamente los embarazos no intencionales en la adolescencia en los 38 departamentos de las 12 provincias del Noreste (NEA), Noroeste (NOA) y provincia de Buenos Aires donde comenzó a implementarse. Está demostrado que la maternidad a edades tempranas es uno de los determinantes más importantes de la reproducción intergeneracional de la pobreza, con impactos negativos en las trayectorias de vida de las adolescentes.

Todas estas estadísticas, nos permiten concluir que los beneficios del Plan ENIA se extienden no sólo a las esferas de la salud sexual y reproductiva, sino también a la educativa, laboral y económica de las adolescencias.

Incluso, la importancia de esta política pública y la preocupación ante la situación de desinversión y desmantelamiento trascendió a la sociedad civil y llegó a diversos partidos políticos, quienes presentaron proyectos para institucionalizar el Plan por Ley, entre los que se encuentran los impulados por Monica Fein y Esteban Paulón por Encuentro Federal, Silvia Lospennato por el PRO, Blanca Osuna por Unión por la Patria en Diputados y por Oscar Parrilli en el Senado.

Pero ¿qué hay detrás de los números? Las y los adolescentes

Con el ENIA se implementaron consejerías en escuelas y espacios comunitarios en educación sexual integral, con una perspectiva integral e intersectorial y permitió la mejora en la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva, potenciando las decisiones informadas de adolescentes para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, previeniendo el abuso y la violencia sexual e informando sobre la posibildiad de acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo

En el mes de septiembre Argentina presentó su 7ma evaluación ante el Comité de los Derechos del Niño, organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño de la que el Estado es parte. Entre las recomendaciones brindadas por el Comité a nuestro país, están las de asegurar la continuidad y el fortalecimiento del Plan ENIA, incluyendo un presupuesto suficiente para proporcionar los suministros, instalaciones, y recursos técnicos y humanos necesarios para una implementación eficaz en todo el país; Garantizar la implementación de la ley de Educación Sexual Integral (ESI); y desarrollar e implementar una política para proteger los derechos de las adolescentes embarazadas, las madres adolescentes y sus hijos, y combatir la discriminación contra ellas.

Los testimonios de referentes/as del Plan, funcionarios y sociedad civil brindados en el marco de la sesión abierta celebrada en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados dan cuenta del impacto que el Plan ha tenido y sigue teniendo en las y los adolescentes.

Florencia Milito, ex integrante de un equipo interdisciplinario de asesoras de salud integral en Gualeguaychú precisó que mediante el Plan no sólo se realizaban asesorías sino también múltiples actividades dentro de las escuelas, talleres de sensibilización y jornadas con las familias. Destacó que los principales temas o motivos por los cuales las y los adolescentes se acercaban, iban desde estados de ánimo, relaciones conflictivas o situaciones de violencia familiar, hasta salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos, alimentación saludable y cuidados del cuerpo, emoción y afectividad.

Marisa Graham, Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, precisó que en la Defensoría “activos tenemos el 80% de las denuncias por violencias se refieren a violencias sexuales”.

Luz Noli, quien hasta principio de año fue consejera del Plan en la provincia de Tucumán destacó que el ENIA “vino a parchar una deuda que teníamos con las adolescencias y que sea un espacio de escucha (...) el último mensaje que a mí me llegó por una asesoría fue anoche a las once y media de la noche, porque la realidad es que el ENIA ha dejado un vacío enorme que nadie está pudiendo cubrir, no hay dispositivos en las provincias (...) seguimos recibiendo mensajes, nos preguntan cuándo volvemos”.

El ENIA además de reducir el embarazo no intencional en la adolescencia, y brindar acceso a insumos de salud sexual y reproductiva, permitió espacios de escucha y de contención al que las y los adolescentes poddían recurrir, y prevenir y abordar situaciones de violencia y abuso sexual. Entonces ¿por qué desfinanciarlo?

Al igual que a Noli, nos queda un gran interrogante. Con bajo presupuesto y sin equipos territoriales, ¿dónde y cómo se abordarán estas problemáticas? ¿y ahora quién?

PS

Si los ladrillos de la casa de Marita en Villa Ortúzar hablaran, podrían contar la historia de tres generaciones. Una mujer –su madre– que crió sola a sus dos hijos hasta que se puso en pareja con su gran amor y tuvieron al tercero; la muerte de ella a los 48 años por un cáncer de páncreas fulminante y la de él, muy poco tiempo después, y la reorganización familiar en medio de la tristeza y el desamparo: Marita, de 21, se hizo cargo legalmente de su hermana de 14, dejó la facultad de Psicología, se puso a trabajar limpiando casas y después como animadora de cumpleaños, además de jornadas part-time en una escuela de chicos con discapacidad. Mientras, su hermano se puso en pareja, tuvo un hijo, y trajo a su familia y la de su esposa a este mismo lugar. Pero un día, la mujer les cambió la cerradura y Marita, junto a su hermana que por entonces tenía 16, fue desalojada de su propia casa. Al poco tiempo, su hermana quedó embarazada, y ella aprendió y llevó a cabo una batalla para que no la echaran del colegio –decían que otras alumnas podían tomar “el mal ejemplo”– y pudiera terminarlo, cosa que logró: recibió su título secundario con 9 meses de embarazo. 

Mientras resolvía múltiples problemáticas de su vida personal –recuperar su casa, lidiar con problemas de adicción de personas de su entorno cercano, reorganizar su vida ante la llegada de su sobrina–, Marita tenía cuatro trabajos pero todos los espacios de su vida tenían una raíz común: asistir a personas, especialmente niños, en situaciones de alto riesgo y precariedad. Eso incluía intervenir para que las instituciones los recibieran y pudieran retomar o empezar sus estudios, acompañar a víctimas de violencia, estimular a niños con desafíos en el neurodesarrollo en los primeros años de su vida. 

Finalmente recuperó su casa, que prácticamente tuvo que reconstruir.

Todos esos obstáculos la hicieron retrasar su propia maternidad. Cuando tuvo tiempo y cabeza para darse cuenta de que era su deseo, tenía 40 años, no estaba en pareja y los datos duros no acompañaban: la médica le había dicho que era imposible que sucediera naturalmente porque tenía solo 2% de carga ovárica, por lo que empezó los trámites para realizar una fertilización in vitro con un donante. Pero una vez que estaba todo listo para dar el paso, sucedió lo “imposible”: Marita había quedado embarazada, para sorpresa de todos, especialmente de la doctora, de un chico que conoció una noche. Lo contactó por Facebook para darle aviso de que iba a continuar con el embarazo y él nunca apareció. Ella estaba feliz. 

Antes y después de su embarazo, Marita trabajó en la central de la línea 144 de asistencia a víctimas de violencia de género (que arrancó en 2013 y que, en este momento, quedó notoriamente reducida en su ejecución presupuestaria y en su planta laboral), en hogares y en escuelas, terminó la tecnicatura sociocomunitaria en la Universidad Nacional de Avellaneda y certificaciones en violencia familiar y estimulación temprana. Hace once años empezó en el hogar Eva Duarte, de la ciudad de Buenos Aires, que atiende a una población específica: madres adolescentes, muchas veces víctimas de violencia, y sus hijos, en general bebés y niños menores de 5 años. Pero fue desde hace dos años que el trabajo adquirió una nueva pátina: su hija tiene una edad muy similar a los bebés a los que asiste todos los días.

Los primeros años de vida, un momento clave

En el centro de Chacarita, el Eva Duarte está escondido en los recovecos, en los márgenes de otro hogar enorme dedicado a adultos mayores. La escalera que desemboca ahí está precedida por cochecitos y la recepción, luminosa, aparece ilustrada por un mural con fondo verde, con una foto de Eva Perón hecha collage: su puño levantado tiene en la muñeca un pañuelo verde y de su cabeza sale una viñeta con la frase “Al patriarcado lo vamos a tirar!”. El mural se ve a medias: está tapado por varios tenders que se acumulan con ropita de bebé.

En Argentina nacen, por día, 300 bebés de mamás adolescentes. El 70% no fue planeado y casi el 40% de las adolescentes madres no logra completar el colegio secundario, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas. El Plan Enia, puesto en marcha en 2017, en cinco años había logrado reducir el embarazo adolescente del 49% al 27%. Hoy su continuidad está severamente amenazada por los recortes del gobierno de Javier Milei, que en abril anunció la baja de 619 contratos vinculados al plan. 

Pero además, en un contexto de precariedad social, la infancia está sufriendo particularmente. Según la octava ronda de la encuesta de Unicef sobre la situación de Niños, Niñas y Adolescentes en Argentina, el 82% de los hogares encuestados indicó que los ingresos no les alcanzaron para cubrir los gastos asociados a su manutención. El informe destaca que particularmente aparecen dificultades en afrontar gastos para comprar libros, hacer excursiones o salidas, el transporte, el calzado y la vestimenta. Según los datos más recientes publicados por el mismo organismo, un millón y medio de chicos tienen que saltearse una comida diaria por falta de dinero y un millón de niños y niñas se va a dormir sin cenar.  

El hogar Eva Duarte, que está dentro del área de Violencia de Género del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y sufrió dos despidos a comienzo de año, tiene la particularidad de atender a menores de diferentes edades y en diferentes roles: adolescentes entre 14 y 18 años aproximadamente, y niños pequeños; madres e hijos.  

–Uno muchas veces trabajando con las jóvenes ve que este hogar es la única impronta de hogar que han tenido“ cuenta Laura Da Re, jefa de las unidades convivenciales en el marco del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que trabaja en contacto con Marita y con todo el equipo de mujeres a cargo ”del Eva“, como le dicen de manera coloquial. ”En un momento tan complejo como es el proceso de embarazo o maternidad con un bebé chiquito, en donde hay poco de qué agarrarse, con redes protectoras que no existen, acompañamos procesos de muchísima vulnerabilidad“. 

Las mujeres llegan embarazadas o con bebés muy chicos a través del Consejo de los derechos de niños, niñas y adolescentes, generalmente luego de una situación de violencia o abuso. A veces, es el jardín de infantes el que detecta que algo no está bien con el niño. Otras, desde los mismos hospitales en los que han parido que ven que la mujer y su bebé no tienen red. El ingreso es, de todos modos, voluntario, tanto como el egreso. En la actualidad, se establece que un hogar de estas características es una intervención solo para casos de alto riesgo.  

En el Eva Duarte hay dos piezas y espacio para hasta 16 díadas, que viven ahí hasta los 18 años de la mamá, o hasta los 20 en algunos casos. 

Cecilia Gabella, psicopedagoga del hogar, cuenta cómo es el día a día: “Trabajamos mucho en la vinculación de esa mamá con ese niño. Lo primero es conocer a esa jovencita que ingresa, cómo le puso el nombre al bebé, cómo llegó ese embarazo a su vida. Después, todo lo cotidiano: las primeras veces bañamos juntas al bebé, las vas observando, les vas sugiriendo: ‘quizás un juguete te ayuda’, ‘¿viste cómo le gustó eso que hiciste?’”. Las historias son variadas, y el equipo no da nunca por sentado nada: ni que las adolescentes saben leer o escribir, ni que saben que hay que ponerse champú en el pelo para lavarlo o que la temperatura del agua con la que bañan al bebé no debe estar ni muy caliente ni muy fría. “Pero también –agrega Gabella– partimos de la base de que ellas traen un saber y una historia y tienen su impronta: no buscamos que sean todas iguales sino que puedan desarrollar su modalidad de crianza singular”. Eso es uno de los desafíos, pero no el único.

“Las chicas reproducen los mandatos y los modos en los que fueron criadas. Modificar eso es el proceso más difícil”, agrega Da Re. “Quizás vos la acompañás y cuando te diste vuelta le está diciendo al nene ‘Salí de acá que me estás molestando’, entonces volvés otra vez a trabajar en el vínculo. Hay muchas veces que las mamás no les pueden dar a los hijos algunos cuidados, pero eso suele ser propio de ejercer la misma maternidad que la maternó a ellas o de ser una adolescente con una situación de abuso o que está luchando con esto de tener que interrumpir su adolescencia por convertirse en madre a esa edad”.

Cada vez hay más estudios sobre cómo la adversidad en la etapa infantil afecta no solamente la posición subjetiva de esos niños sino también sus cerebros y sus cuerpos. Quienes estudian este impacto incluyen como adversidad el maltrato, el descuido y la inestabilidad familiar. La violencia de género contra la cuidadora principal puede ser una de las situaciones que componen esta inestabilidad. A la vez, se sabe que las intervenciones tempranas en niños pequeños tienen efectos decisivos en su desarrollo, mucho más allá de los 5 años. Pero además, como señala Carolina Maldonado Carreño, especialista en educación de la Universidad de los Andes, “el desarrollo infantil es un proceso individual de cambio que tiene lugar en la interacción con otros y en la participación en las prácticas y los contextos que son culturalmente relevantes en los que transcurren la vida de los niños”.

Marita trabaja hace once años con las mamás y los bebés. Una de las cosas que observa es que muchos nenes son “poco hablados”, algo en lo que coincide todo el equipo. “A veces una mamá le está cambiando el pañal y hay mucho silencio… Entonces nosotras acompañamos ese momento nombrando las partes del cuerpo por ejemplo para ayudar al desarrollo de ese bebé”, explica Gabella. Hay evidencia sostenida sobre lo importante que es el ida y vuelta entre los cuidadores y los bebés, incluso cuando todavía no hablan o balbucean. Esas interacciones, cuando el adulto puede responder con su mirada, contacto y palabras a las quejas o expresiones de un bebé, tienen efecto no solamente en el habla sino en las conexiones neuronales y el desarrollo de su cerebro. 

El objetivo de las mujeres que conforman este equipo es estimular a los nenes, la mirada de sus mamás hacia ellos y su “empoderamiento”: que sepan que ellas pueden maternar, que aprendan a confiar en ellas mismas.

“El tiempo de hogar tiene que ser el menor tiempo posible”, señala Gabella. “Pero nosotras tratamos de que las mamás entiendan que tienen que aprovecharlo para terminar sus estudios secundarios y para estar más tranquilas. A veces las familias están tan devastadas que no habían tenido esa oportunidad antes”.

Quién cuida a quién

Marita recuerda cómo hace poco uno de los nenes de 3 años del hogar empezó a hacer “no” con el dedo por primera vez. Y después de esa alegría tomó conciencia de algo que la amargó un poco: no tiene ni idea de cuándo su propia hija empezó a hacerlo. Seguramente fue en el jardín.

Es que combinar un trabajo de cuidado con las tareas de cuidado y crianza de su propia hija de un año y medio estando sola no es fácil. No lo es para nadie, pero en alguien que trabaja con bebés de la misma edad de su hija, el cruce genera preguntas logísticas para las cuales los sistemas no suelen dar respuestas suficientes. La OIT habla de un “círculo” en el que el trabajo de cuidados no remunerado, el trabajo remunerado y el trabajo de cuidados remunerado se influencian entre sí. Eleonor Faur, experta pionera en estudios del cuidado, agrega una parada más a este círculo: cómo influye en la calidad del cuidado no remunerado de estas trabajadoras a sus propios hijos el hecho de trabajar en el área de cuidados. 

La hija de Marita va al jardín 6 horas y ella corre: la deja y sale apurada a la parada, ultimando arreglos de planes o cuestiones logísticas con otras madres en movimiento; pelea para que le dejen terminar antes la eterna adaptación a principio de año y se estresa cuando observa que, por ejemplo, no hay propuesta de colonia de verano o invierno públicas para personas que trabajan por la tarde.  

Su trabajo es, además, “24/7”: hay situaciones que exigen su intervención o conversación en cualquier horario y contexto, o tareas administrativas que muchas veces termina resolviendo desde su casa, mientras intenta que su hija no intervenga con los deditos llenos de banana sobre el teclado. Su hermana menor, cuyos hijos ya son más grandes, la ayuda. Y Marita cuando fue mamá dejó otros dos trabajos con los que complementaba este: una guardia nocturna y una escuela de integración por la mañana. “Era cambiar plata. Y yo a mi hija la tuve para tenerla, que está conmigo. Me acomodé para que vaya al jardín en el horario que yo trabajo, salgo la paso a buscar y vengo”. 

También, reconoce, ser madre le dio una perspectiva distinta para encarar sus diversos trabajos: “Me volví más sensible. Este trabajo te endurece”. Marita pone de ejemplo ese borde complejo entre intervenir o no intervenir cuando, por ejemplo, ve a un nene que necesita un cambio de pañal, pero la mamá no lo está viendo. Ahí es cuando usa su propio ejemplo como mamá como para generar una conversación. “Antes, desde el libro, hubiera repetido cosas que sonaban hermosas. Ahora puedo ser un poco más empática con el deseo del otro o con el cansancio. De verdad, realmente, si no hay deseo de maternar no sale. Las chicas que pasaron por este hogar a veces ni siquiera tuvieron pañales cuando eran bebés. O te dicen: ‘yo dormía en el piso’”.

Sus reflexiones sobre crianza cruzan su trabajo, su presente y también su biografía, la forma en la que ella fue criada. 

–Mi mamá era bastante sobreprotectora. Ahora trato de hacerla bastante más independiente a mi hija. Hay una parte en la que cuando hacen las cosas por vos empezás a sentir que no estás capacitada para hacerlo, aunque sea desde el amor. Yo cuando se murió no sabía ni cómo se pagaban las cuentas. En el hogar me he cruzado con nenes que quizás eran “demasiado” autónomos. Por un lado decís está perfecto porque van a estar preparados para resolver problemas, pero por otro ¡déjame sostenerte la mamadera, relájate! Tienen un año u 8 meses y ya se sostienen la mamadera. O no lloran. Algunas madres reproducen esa idea de “si lo tengo mucho en brazos lo voy a malcriar”. Tratar de desarmar esos conceptos cuesta mucho. Lo mismo sucede con el maltrato que ellas sufrieron. Hay nenes que he conocido que venían de situaciones de violencia y se tapaban con sábanas cuando se acercaba la mamá. Por eso yo siempre festejo cuando los nenes gritan, corren, se expresan. Ellos son criados en un contexto de amor. Un nene de cinco años que fue alimentado, no fue castigado, tuvo abrigo, juego, alegría y gente, que no estaba solo…  Eso va a ser que el día de mañana elijan también otro contexto. Y se rompe un poco el círculo de violencia. 

Cuando hace un recuento de su vida y su vocación, encuentra que en muchas de las situaciones que vivió hubiera necesitado “una Marita”, alguien la la asistiera o que al menos le indicara dónde podía golpear una puerta para reconstruir sus costados rotos: “En uno de mis trabajos hacíamos recorridos nocturnos y muchas veces hablabas con gente viviendo en la calle y yo pensaba: es gente con muchos recursos, solamente necesitaban un contexto, las redes y una mano”.

Pocas cosas le dan más alegría que ver a las mamás y a los nenes que ella conoció como trabajadora social creciendo de manera saludable, continuando sus estudios. A veces la contactan por Facebook y a veces la visitan. En otros casos, dice, hay mujeres que “no pudieron sostener el empoderamiento” y vuelven a caer en relaciones violentas. Otras veces, la continuidad de esas mamás y esos niños sigue siendo muy precaria, sin amparo por parte de ninguna red familiar ni estatal. 

El trabajo la enfrenta a Marita cotidianamente con una de las facetas más duras de la desigualdad y la vulnerabilidad: el desamparo de niños y niñas que nacen en contextos críticos y están atravesados por violencias varias. En ese contexto, las personas que trabajan en el cuidado más y menos institucionalizado hacen una diferencia fundamental.

–Este trabajo es como la maternidad: sin deseo no lo podés llevar a cabo.

*Para realizar esta nota, su autora recibió una beca en el marco de la iniciativa Periodismo sobre Primera Infancia del Dart Center for Journalism and Trauma (Universidad de Columbia)

NS/MG

Argentina avanzó en la reducción del embarazo adolescente, pero la política pública que lo hizo posible fue desmantelada por el actual gobierno. El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), logró resultados inimaginados con un programa de impacto territorial que articuló a los sectores de salud, educación y desarrollo social.

ENIA fue exitoso, original y novedoso: redujo en un 50% la tasa de embarazo adolescente en el país y se sostuvo durante dos gestiones nacionales de diferente corte político. Comenzó a implementarse durante el gobierno de Macri -en 2017- y siguió desarrollándose en el mandato de Alberto Fernández. Algo poco común para un país como el nuestro. 

¿Qué dicen desde el actual gobierno? Afirman que el Plan va a continuar pero buscan que la responsabilidad total sea transferida a las provincias. Como primer paso, cesaron los contratos de las 619 personas que desarrollaban las tareas en las 12 provincias (del NEA y NOA) donde se implementaba el plan. Además, suspendieron las contrataciones de insumos médicos afectando -entre otras cosas- la distribución territorial de anticonceptivos. 

En una audiencia que se dio en en el marco de la Comisión de Salud de la Cámara Diputados/as a fines de junio, Paula Zingoni -actual Subsecretaria de Relaciones Sectoriales y Articulación del Ministerio de Salud- destacó que se trata de “una política pública que trasciende a tres gobiernos” y afirmó que “no hay mejor implementación que a través de los propios equipos territoriales que son quienes conocen a esa población”. Remarcó la importancia, desde su perspectiva, de  “evitar la fragmentación del sistema de salud, que no dependa de un nivel central y nacional”, Dijo que habían retomado la unidad ejecutora nacional, y estaban realizando la compra y distribución de insumos. No se quedó a contestar las preguntas de las y los legisladores presentes.  

Pasar el plan a las provincias parece tener un objetivo que va en línea con la política general de ajuste del actual gobierno: que el costo de los programas sociales no dependa de las arcas nacionales. Quizás por su indiscutible efectividad, Enia no corrió la misma suerte que otros programas vinculados a políticas de género que fueron atacados frontalmente. Pero el despidos de todas las personas que trabajaban en las provincias y la quita de insumos, es una evidencia de la nula jerarquía que tiene hoy.

¿Por qué importa el plan ENIA?

En programas como estos los números son historias de vida. Niñas y adolescentes con proyectos de vida truncados que la mayoría de las veces abandonan la escuela y están obligadas a crecer de golpe haciéndose cargo de otra vida. En general lo hacen solas, sin una figura paterna acompañando el proceso; mientras que la realidad es mucho más cruda para las niñas obligadas a maternar productos de los abusos sexuales. 

Por ejemplo, desde REDDAS (Red de Acceso al Aborto Seguro), señalaron que el embarazo en la adolescencia impacta en los logros educativos: “solo el 38% de las mujeres que fueron madres en la adolescencia (entre 10 y 19 años) completó la educación secundaria, mientras que el 55% de quienes fueron madre en edad adulta completó ese nivel”.  En tanto que un informe de Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) elaborado en el marco del plan Enia, remarcó que “las mujeres que fueron madres en la adolescencia resultan afectadas por la inactividad laboral en un 25% más de quienes lo fueron en la primera década de la edad adulta (de 20 a 29 años)”.

En 2018 en nuestro país, 7 de cada 10 embarazos de adolescentes de entre 15 y 19 años fueron no intencionales. En las menores de 15 años, la cifra aumentaba a 8 de cada 10 embarazos, principalmente producto de abuso sexual y violación. Así lo revelaba un informe elaborado en 2021 por el Ministerio de Salud de la Nación y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). Para 2021, las cifras bajaron a 5 de cada 10 embarazos en la franja de 15 a 19 años, y a 7 de cada 10 en niñas menores de 15 años. 

El CENSO de población de 2021 también dejó en evidencia la notable disminución en la cifras de maternidad temprana: el porcentaje de adolescentes entre 14 a 19 años con hijas e hijos nacidos había decrecido casi un 50% con respecto del año 2001.

El ENIA desplegó cuatro dispositivos en las provincias donde se implementó: de Educación Sexual Integral (ESI), de Salud Integral en Adolescencias, de Salud Sexual y Reproductiva;  y de Base Comunitaria (articulación principalmente barrial). Hoy nada de eso sigue adelante.

Educación sexual para prevenir en Entre Ríos

ENIA no es solo un número exitoso: son miles de jóvenes -tanto mujeres como varones- que en las provincias accedieron a consejerías de salud sexual en las escuelas. De hecho, uno de los aspectos más valorados del plan es su articulación con el sistema educativo. 

Florencia Milito, Licenciada y Docente de Sociología, fue parte del equipo territorial del ENIA en Gualeguaychú, desde septiembre de 2018 hasta marzo de 2024 (5 años y medio) formando parte de un Equipo Interdisciplinario de Asesoras en Salud Integral para Adolescentes. “El dispositivo constituyó un espacio de consulta, orientación y/o derivación centrado en las necesidades y problemas cotidianos de las y los adolescentes vinculados a su salud integral”.

Explica Milito, que “las acciones no se limitaban al encuentro en la escuela en el espacio de asesoría, sino que también hacíamos talleres, visitas grupales a los espacios de asesoría, actividades de sensibilización, juegos en los recreos, horas libres, circuitos de salud, jornadas con familias en las escuelas, actividades con los centros de estudiantes.  Y a su vez por fuera de la escuela en lo que llamamos el territorio, acciones en la comunidad, campañas de PAP, testeos de HIV, actividades intersectoriales con los otros dispositivos del Plan en residencias socio educativas, en merenderos de diferentes barrios y en organizaciones no gubernamentales, deportivas y sociales; entre otros”.

Remarca que el impacto que tuvo el plan en la provincia de Entre Ríos fue muy positivo ya que se logró reducir el embarazo adolescente en un 50%.  “Pero también tuvo impacto en el acceso de los y las adolescentes a los servicios de salud entre ellos salud mental, a prevenir e intervenir en situaciones de violencia sexual, acoso escolar, identidad de género, prevención de infecciones de trasmisión sexual, entre otras”. Como pasa en el resto de las provincias, actualmente el plan no está en funcionamiento ya que no se han renovado los contratos desde el 31 de marzo de 2024: “sin novedades de que esto pueda revertirse”.

Agrega que “en el mes de abril se realizó un petitorio al ministro de salud provincial con un informe detallado de los resultados logrados por este programa, solicitando que sea la provincia quien se haga cargo del mismo y la respuesta por parte de ese organismo fue negativa”

Promoción en salud sexual (no) reproductiva en Jujuy

En Jujuy el Plan arrancó en 2018 focalizando en los departamentos con mayor tasa de embarazo adolescente, Manuel Belgrano y San Pedro. En seis años, la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes bajó 8 puntos. 

Elena Meyer es médica y fue parte del equipo territorial en Salud entre agosto del 2021 hasta el 31 de marzo pasado.  Comenta que la situación actual es que el plan ya no existe, y nada que tenga que ver con él se está ejecutando en ningún lugar de la provincia.  Remarca que “los principales avances del plan fueron reducir el embarazo adolescente, prevenir el embarazo adolescente y el impacto que tuvo en la ESI y en todo lo que es la llegada a los y a las adolescentes en las escuelas. Y también, en general, mejorar la atención en salud sexual no reproductiva”. 

En relación al acceso de Métodos Anticonceptivos, por ejemplo, el énfasis estuvo puesto en el aseguramiento de insumos sobre todo en los métodos de larga duración (DIU e Implantes). En total fueron colocados 10072 Implantes subdérmicos en adolescentes de 10 a 19 años.

Meyer señala que las expectativas sobre la continuidad del plan fueron fluctuantes, pero ahora casi desaparecieron. “Desde mi experiencia, que es haber trabajado durante 33 años en la salud pública en diferentes programas, tanto nacionales como provinciales, el rol del Estado Nacional es hacer de rector (regular, monitorear, capacitar, verificar que se cumplan los objetivos) y lo más importante, es lograr una igualdad en todas las provincias”. 

Desde el Equipo de Profesionales de la Salud y Educación del Plan ENIA de Jujuy elevaron un informe a la legislatura provincial para “que ésta política pública se sostenga en la Provincia, incorporando a los profesionales de Salud y Educación, que vienen implementando el Plan ENIA, desde el año 2018 hasta el 31 de marzo del 2024”. 

Un plan, aún sin plan

Organismos como la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, UNICEF, UNFPA, además de organizaciones locales han manifestado su preocupación por la discontinuidad del plan y la actual incertidumbre sobre su futuro. Un documento elaborado por ACIJ, ELA, REDAAS, CEDES – y publicado en mayo de este año- alertaba sobre las consecuencias del desfinanciamiento del plan. 

Por otra parte, tanto en la cámara de Senadores como en Diputados hay proyectos para transformar el Enia en Ley Nacional. Las iniciativas son de los bloques Hacemos Unión Federal, PRO y Unión x La Patria y aún no fueron discutidos.

Para Silvina Ramos, socióloga, co-directora de REDAAS y primera coordinadora del Plan ENIA, es difícil valorar la idea del gobierno nacional de provincializar. “Nunca se supo, y aun no se sabe, qué quieren decir ellos con eso y hasta que no esté la propuesta por escrito del nuevo diseño del plan, que es como corresponde a ser una política pública de las características de ENIA, es muy difícil juzgar. No puedo adivinar lo que quieren hacer, lo que sí sé es lo que hicieron, y lo que hicieron fue dejar el plan sin oxígeno de ningún tipo”. Enfatiza que “rearmar una política está dentro de las atribuciones de cualquier gestión de gobierno, pero lo que no se puede es hacerlo de la noche a la mañana sin ninguna planificación, rescindiendo todos los contratos de los recursos humanos, que es el corazón del plan, y sabiendo que las provincias no pueden hacerse”.

Ramos también manifiesta su preocupación por las inequidades interprovinciales que puede generar el retiro del rol del Estado Nacional. “Uno de los resultados más importantes del plan ENIA es que redujo las inequidades entre provincias. Eso se consigue cuando se tiene una conducción centralizada con financiamiento que se pueda ir dirigiendo para darle más al que más lo necesita: las mismas oportunidades a todas las pibas, a las que están en Formosa, a las que están en Santiago del Estero, a las que están en Corrientes o a las que están en la provincia de Buenos Aires”.  

Consultada sobre el mismo punto, Natalia Gherardi, directora Ejecutiva en ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), expresó que desde el Ministerio de Salud les han informado que no consideran que la implementación de este Plan sea competencia del Estado nacional, sino que debería correr por cuenta de las provincias. “Si bien afirman que el programa va a continuar, en los hechos el Plan ENIA ya no existe porque no existen más los dispositivos de articulación, los recursos humanos que lleven adelante la política, la rectoría y acompañamiento desde el Ministerio de Salud, ni el aseguramiento de insumos para garantizar el acceso a los derechos”. En concreto, “el Estado nacional decidió de manera unilateral e intempestiva retirarse de la implementación de esta política pública y lo hizo con mala fe: sin procurar establecer un mecanismo para eventualmente hacer ese traspaso de manera ordenada y programada para garantizar la continuidad”. Gherardi, antes parte del Consejo Consultivo del Plan, define la situación como “federalismos del ‘sálvense quien pueda’ ya que algunas provincias estarán en mejores condiciones para responder a este nuevo escenario y otras no. Esto deja a las niñas y adolescentes, en las distintas provincias, en una situación de enorme desigualdad”.

El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) fue uno de los organismos que articuló con el Estado Nacional en el seguimiento del Plan. Mariana Issasi, Jefa de la oficina en el país, destaca que uno de los logros fue la priorización y focalización en algunos territorios específicos donde las tasas de fecundidad adolescente eran las más altas, lo que permitió acelerar la baja de la fecundidad en esos territorios. “Si bien en todo el país fueron bajando las tasas de fecundidad, específicamente en los territorios donde estaba ENIA se aceleró y justamente son los territorios que han sido más hostiles” .

Por otra parte, detecta un cambio en el plano de lo simbólico. “Estaba muy instalado como algo normal, digamos, ser madre en la adolescencia y los datos mostraron que la mayoría de las chicas no querían ser madres antes de los 19 años, estaban con sus niños o bebés en brazos, decían no querer ser madres, entonces poder desarticular esa narrativa que parecía como un destino inexorable para las chicas ha sido también parte del logro de la política pública en particular”.

Actualmente, desde la oficina que encabeza Isassi, en acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación, están en diálogo con cinco provincias para “desarrollar un proyecto centrado en la promoción del uso de métodos de larga duración en adolescentes en el marco justamente del plan de prevención de embarazo no intencional en la adolescencia. Lo que busca es, dentro de las opciones y canasta de métodos, que las adolescentes puedan conocer y sobre todo los efectores de salud puedan capacitarse en saber colocar y extraer anticonceptivos como los implantes subdérmicos que son los más efectivos: las adolescentes pueden terminar esta etapa sin ser madres, y el costo para el Estado se reduce. 

Una política pública con consenso social

Señalamos más arriba que el Plan ENIA no sufrió la misma suerte que otras políticas de género desde el punto de vista simbólico. Si bien el recorte fue un ataque directo, no fue atacado discursivamente -en su forma y contenido- por parte de los voceros gubernamentales.

Para Silvina Ramos, esto tiene que ver con varios factores; entre otras cosas, fue un plan que obtuvo consensos de las distintas fuerzas políticas desde su inicio (de hecho, sobrevivió a dos gestiones de gobierno). A la vez, los resultados y su efectividad fueron contundentes e incuestionables: una reducción del 50% en los embarazos adolescentes en seis años. Y finalmente remarca: “Vos podés hablar con cualquier mujer, madre, de un adolescente en este país, de cualquier clase social y de cualquier rincón de la Argentina, que te va a decir, ‘yo quiero que mi hija tenga oportunidades de desarrollo personal, de educarse, de tener un buen empleo y no quiero y voy a hacer todo lo posible para que no se embarace tempranamente, o para que no repita la historia que yo sí tuve’”.

“Todo el mundo sabe, la ciencia lo sabe, pero sobre todo la gente lo sabe, que un embarazo a edades tempranas trunca las trayectorias de vida de los adolescentes, en múltiples aspectos. Entonces yo creo que eso es una sensibilidad cultural que a esta altura hay en la Argentina, que no sé si eso despierta la sensibilidad a la gestión de gobierno, pero creo que sí hace más difícil estar en contra de una política de esta envergadura para la vida de la gente”.

Hasta el momento, el Plan ENIA está paralizado y el gobierno no dio cuentas de cómo va a seguir. En la página web sigue colgado un comunicado que indica que el “el plan fue implementado por el Gobierno Nacional hace ya seis años con el objetivo de dejar capacidad instalada en las provincias, pero la realidad es que nunca se concretó la delegación de estas responsabilidades”. Notifican que se decidió finalizar 619 contrataciones a consultores por 1.150 millones de pesos, y que si las provincias “quieren seguir con las contrataciones mencionadas, podrán hacerlo bajo su propia evaluación y solvencia”. No hay ningún plan explicado.

La motosierra y la licuadora en este punto es un golpe a los proyectos de vida de cientos de miles de niñas y adolescentes que -con otras herramientas- podrían soñar con un futuro distinto.

BS/MA

El ajuste de Javier Milei pone en peligro el programa que redujo el embarazo adolescente a la mitad en tres años. Se trata del Plan ENIA, que tiene 709 trabajadoras y trabajadores a los que se le venció el contrato el 31 de marzo y aún no tienen novedades sobre su continuidad, no les comunicaron ninguna información oficial sobre su situación laboral. Colectivos feministas y de profesionales de la Salud denunciaron el vaciamiento de esta política pública que está en doce provincias y es de referencia en América Latina por sus resultados.

El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) se implementó en el 2018 bajo la presidencia de Mauricio Macri y continúo durante la gestión de Alberto Fernández, y desde su inicio hasta el 2021 redujo la tasa de fecundidad adolescente (entre 10 y 19 años) de 49,2% a 27%, lo que significa un caída del 49%. Argentina pasó de tener 69.803 adolescentes entre 15 y 19 años y 1.938 niñas menores de 15 años que tuvieron un hijo o hija en 2019 a 46.236 adolescentes entre 15 y 19 años y 1.394 niñas menores de 15 años tuvieron un hijo o hija en 2021. A pesar de estas cifras, el plan está en riesgo. Tal como lo anticipó elDiarioAR, el 31 de marzo se vencieron los contratos y continúa la incertidumbre. 

El eje del Plan ENIA es el trabajo de los y las promotoras que están en las provincias más complicadas con esta temática: Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy y Provincia de Buenos Aires. Los 709 empleados y empleadas son la principal inversión y su continuidad laboral está en riesgo por lo que el plan puede desaparecer. “Sin recurso humano no hay plan”, afirmó Silvina Ramos, socióloga y coordinadora de diseño del plan, una de las personas que más sabe de este tema. elDiarioAr consultó con fuentes en distintas provincias que relataron la misma situación: no se renovaron los contratos, la mayoría bajo la modalidad monotributista. Suponen que no habrá renovaciones, pero no hay ningún tipo de comunicación formal.

Se trata de profesionales que trabajan en asesorías en salud integral y salud sexual y reproductiva y educación sexual integral en escuelas, centros de salud y espacios comunitarios. La Red de Profesionales de la Salud por el derecho a decidir alertó sobre esta situación y se pronunció en contra de los despidos. Algo que también hizo el plenario de La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en el que se reunieron 87 personas de 19 regionales de todo el país, que repudió el vaciamiento del plan. “Su desmantelamiento vulnera la efectiva garantía de derechos que el Estado debe a las niñeces y adolescencias.”, afirmaron en un comunicado. 

Desmantelar el plan es una afectación directa a los trabajadores y trabajadores pero también implica reducir las oportunidades de desarrollo personal, trayectorias educativas, inserción en el mercado de trabajo y nivel de ingreso de las adolescentes. La evidencia muestra que las maternidades a edades tempranas afectan negativamente las oportunidades de vida de las adolescentes. Según el Estudio Milenia, realizado por la Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y Plan ENIA, las chicas que fueron madres durante la adolescencia registran una menor probabilidad de terminar sus estudios secundarios: solo el 38% completó la educación secundaria contra el 55% de quienes tuvieron un hijo después de los 20 años. Además, las adolescentes que tuvieron una hija o un hijo a temprana edad permanecen más en el hogar dedicadas a tareas domésticas y de cuidados y se ven más afectadas por el desempleo: registran niveles de desempleo un 21,4% mayores que quienes las tuvieron en edad adulta. Además, quienes fueron madres adultas tienen tres veces más posibilidades de completar los estudios terciarios que una madre adolescente. 

“Sin duda el logro más importante ha sido la reducción de la fecundidad adolescente en dos terceras partes, incluyendo los nacidos vivos de menores de 15 años que suele ser más difícil y más complejo. Pero ha tenido otros logros concomitantes como la garantía del derecho de las adolescentes a recibir información que le permita tomar decisiones libres e informadas sobre su sexualidad, su capacidad reproductiva, construir vínculos afectivos más amorosos basados en la horizontalidad, en el vínculo, en el respeto mutuo a través de la educación sexual y de la consejería en salud sexual y reproductiva”, explicó Ramos, que es investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). 

Según un informe de UNFPA realizado por Federico Tobar, ENIA redujo el costo de oportunidad del embarazo no intencional en la adolescencia en más de 280 millones de dólares anuales. “Argentina perdió 834,7 millones de dólares como resultado de los embarazos adolescentes. Ese número representa un costo de oportunidad equivalente a más de 1600 dólares anuales por embarazo adolescente. Pero si se considera que los impactos sobre la participación laboral y el ingreso de la madre temprana se extienden en toda su vida productiva el costo de oportunidad para el país en su conjunto del embarazo no intencional en la adolescencia supera los 10 mil dólares”, indica el informe. 

Se trata de una política pública que puso a la Argentina a la vanguardia de América Latina. “Son intervenciones costo efectivas, que han reducido los embarazos adolescentes y la inversión que se ha hecho no es mucha. Tiene un costo anual de alrededor de 60 dólares por embarazo que se previene al año. Contribuyó a reducir la fecundidad adolescente en la Argentina en un tiempo prácticamente récord. Es modelo y única experiencia de tamaña magnitud y calidad en toda la región de América Latina”, explicó Ramos. 

Si la motosierra de Javier Milei efectivamente pasa por el Plan ENIA tendrá consecuencias en la deserción escolar, en la inserción en mercado laboral y el acceso a trabajos de calidad y también en la reproducción de los ciclos intergeneracionales de pobreza y mala salud. “Con esto se van a desmontar las condiciones que redujeron el círculo intergeneracional de la pobreza porque la maternidades tempranas afectan la inserción social de las adolescentes y esto contribuye negativamente a reproducir la pobreza en aquellos sectores sociales en donde pega más fuerte la maternidad adolescente, que son generalmente los sectores de mayor vulnerabilidad  social”, agregó la investigadora de CEDES. Por ejemplo, las madres adolescentes tienen cifras de desempleo 21% más que las adultas y un 25% más de inactividad laboral. Sin embargo, toda esta evidencia no resulta suficiente para evitar el desmantelamiento del plan. 

CDB/MG

Distintas provincias en todo el país denuncian que, desde el cambio de gestión en diciembre de 2023, el Estado Nacional no envió insumos para realizar la práctica de interrupción voluntaria del embarazo y casi no tienen stock para garantizarla. En algunas, los gobiernos provinciales compran los elementos para suplantar las faltas, pero en otras no, por lo que estiman que solo podrán llevarla a cabo durante algunos meses más. En reiteradas oportunidades el presidente Javier Milei explicitó su repudio a la ley sancionada en 2020, que atribuyó a la “agenda sangrienta” del feminismo.

Tampoco se mantiene la distribución bimestral de los kits con métodos anticonceptivos y el Plan ENIA, de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, está en riesgo porque a fin de mes se vencen los contratos de más de 700 trabajadores y trabajadoras que lo llevan adelante. 

“Córdoba se quedó sin insumos de Nación y no hay circuito de compra efectivo, por lo que ya no estamos quedando sin insumos. La provincia compró, pero ¿hasta cuándo lo va a poder comprar? Hay un riesgo inminente. Tenemos la exigencia de que se reactiven las compras de Nación, necesitamos que se provea ya de insumo, no esperar a que falte”, afirmó Ana Morillo, integrante del Consejo Asesor del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, a elDiarioAR. Si bien los equipos de salud siguen trabajando y las redes de profesionales para garantizar la IVE están activas, la falta de insumos la pone en riesgo en todo el país. 

“En el municipio el stock de Nación ya se acabó, lo que hemos recibido es de provincia. En nuestra farmacia central tenemos alguna provisión, muy poca. En enero la provincia empezó a comprar misoprostol, pero no mifepristona porque es muy cara. El misoprostol es muy bueno pero baja la eficacia”, explicó Morillo, que también es trabajadora del sistema de salud de la Ciudad de Córdoba. Hasta el momento, la capital provincial tiene 80 tratamientos en stock para 80 servicios donde se realiza la práctica, es decir, uno para cada servicio.

En las provincias denuncian que el circuito funcionaba correctamente hasta el año pasado, pero que ahora no hay una persona que dé la orden de distribuir los insumos. En el organigrama del Ministerio de Salud de la Nación no hay ninguna mención a la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) que es el sector encargado de la distribución. Este diario consultó con la cartera dirigida por Mario Russo sobre la designación de la autoridad de esa dirección, pero no obtuvo respuesta. Se trata de un lugar clave porque desde ahí se gestiona la compra de métodos anticonceptivos e insumos para garantizar IVE/ILE y se distribuyen en las 24 jurisdicciones de todo el país a través del Programa Remediar para el uso gratuito en el sistema de salud público. Se trata de misoprostol, mifepristona, combipack (mifepristona + misoprostol) y equipamiento para aspiración manual endouterina (AMEU). Según datos oficiales, entre enero y octubre de 2023, la DNSSR distribuyó 70.428 tratamientos de misoprostol, 46.972 tratamientos de combipack y 8.010 tratamientos combinados (que constan de las mismas drogas que el combipack, pero con distinta presentación).

En Catamarca, por ejemplo, la situación es más compleja porque los insumos para los abortos legales provienen exclusivamente de Nación, por lo que estiman solo tienen para dos o tres más. Así lo confirmó a este diario Carola Ferreyra, trabajadora del sistema de Salud y referente del Plan ENIA en la provincia. “Lo poco que quedaba se ha distribuido entre los efectores que garantizamos el servicio, pero es lo que hay, no tenemos en el área central. En diciembre fue la última partida, que era poco y se distribuyó. Si no llega una partida nueva, podemos estirar dos o tres meses. No más que eso”, explicó Ferreira. 

En Entre Ríos el lunes pasado recibieron anticonceptivos, pero nada de misoprostol de parte de la Nación. Hay lugares donde las compras las hacen los mismos centros de salud, pero la cantidad es acotada. “El panorama es incierto y sombrío porque no hay una decisión política del Ejecutivo de enviar los materiales. No hay firma para que nos envíen las cajas con medicamentos”, le dijo una trabajadora de salud entrerriana a elDiarioAR. La preocupación también reside en hasta qué punto las provincias podrán afrontar los gastos de la IVE con los recortes presupuestarios que tienen y con el aumento de los costos. 

“¿Qué certeza tenemos? No sabemos si Remediar va a llegar, está todo en duda. Creo que las provincias que más recursos tienen van a poner parches en la compra de insumos, pero habrá otras que no van a poder comprar nunca. Es terrible porque volvemos a lo que era antes, la desigualdad tremenda de nuestro país, donde en algunas provincias las mujeres se mueren y en otras, acceden al aborto”, reflexionó Morillo. Actualmente una caja de misoprostol de 12 comprimidos cuesta alrededor de $80.000, una cifra inaccesible para algunos sectores de la sociedad. 

Durante los tres años de implementación de la ley se realizaron 245.732 IVE/ILE en 1982 centros de salud y hospitales del país. “Hoy, con este nuevo gobierno toda está política pública está en revisión y amenazada, por una cuestión ideológica y también económica”, afirmó Yamila Picasso, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “En los próximos meses sabemos que comenzarán los faltantes.  Porque si el Ministerio de Salud tiene el mismo presupuesto que en el 2023 no solo no alcanzará para la política sanitaria en general sino que tampoco habrá para comprar el misoprostol, la mifepristona y los métodos anticonceptivos”, agregó. 

Sin prevención de embarazos no planificados

La falta de métodos anticonceptivos también es una preocupación muy grande en las provincias, a donde las últimas partidas que llegaron fueron en diciembre a través del programa Remediar. “Esto va a derivar en un problema tremendo, es un insumo caro. Nuestras usuarias pasan dificultades económicas y por ahí se priorizan otras cosas y no los métodos. Podemos dar información, pero no tenemos insumos para prevenir los embarazos y después si hay embarazos no deseados, no tenemos insumos para afrontarlo”, explicó Carola Ferreira. 

Un dato basta para confirmar la importancia de la anticoncepción: entre 2010 y 2022, los embarazos adolescentes bajaron casi un 50%. Según los datos del Censo 2022, se bajó de un total de 13,1% de embarazos en mujeres de entre 15 y 19 años a 6,4% en el 2022. “Tenemos el stock que nos envío Nación anticipado, el 2021/2022 que tenía que llegar después, pero lo anticiparon porque sino iba a quedar haciendo cortocircuito con el gobierno actual, lo anticiparon para asegurar que lleguen”, explicó Morillo.

Otro de los riesgos inminentes es el desmantelamiento del Plan ENIA para prevenir los embarazos adolescentes que comenzó en el 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri y continuó con el de Fernández. El 31 de marzo se vence el contrato de las 700 personas que trabajan en todo el país realizando Educación Sexual Integral en escuelas y centros de salud. Al inicio de la gestión de Javier Milei les renovaron el contrato por dos meses, hasta el 31 de marzo, pero hasta el momento nadie informó cómo continuarán. 

“Catamarca es compleja, el plan ha logrado reducir las tasas. El territorio catamarqueño es super extenso y con ENIA llegamos a lugares súper inaccesibles, inhóspitos. Tenemos el departamento Belén donde trabajamos con poblaciones rurales y originarias, es la única política pública que ha llegado a esos lugares garantizando esta cuestiones. Sobre la vulnerabilidad que ya existe, es imponer otra más. Hemos trabajando en la prevención del abuso sexual que en estas poblaciones que  estaba naturalizado como rituales”, describió Ferreira para poner en dimensión la importancia de este plan que está en vilo con las nuevas autoridades.

Si bien el presidente Milei aún no cumplió con su promesa de derogar el aborto, la falta de presupuesto hace que en los hechos sus deseos pueden concretarse. 

CDB/DTC

“En una relación sexual que puede llegar a un embarazo el varón también es responsable del cuidado, y eso es algo que no se tiene en cuenta”, dice Mabel Bianco, presidenta de FEIM (Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer), que lidera la Campaña #PuedoDecidir, destinada a la prevención del Embarazo No Intencional Adolescente (ENIA). Este año, la organización busca interpelar particularmente a los varones cis heterosexuales para abordar los modelos de masculinidad y la corresponsabilidad en los métodos de cuidado.

En el marco del Día Mundial de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, fijado el 26 de septiembre, FEIM junto a 12 organizaciones de la sociedad civil, realizará talleres presenciales en distintos puntos del país, actividades de sensibilización sobre el tema y una campaña de difusión en redes sociales dirigida al público adolescente, equipos de salud y comunidad educativa del 21 al 28 de septiembre. Con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género se busca brindar información sobre métodos anticonceptivos, acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y derribar mitos través de la Educación Sexual Integral. 

En 2019, la Campaña citaba datos de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil para el primer decenio, que indicaban que el 34,4% de las y los adolescentes no utilizó ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. De ese total, el 47,4% fue por falta de información o información errónea vinculada con mitos falsos y el 33,3% fue porque “él no quería”. Con las mujeres adolescentes se trabaja fundamentalmente para que conozcan su derecho a dar consentimiento en las relaciones sexuales, explica Mabel Bianco -médica especialista en epidemiología y referente en temas de género y salud pública- mientras que, con los varones cis, se aborda su responsabilidad en las decisiones anticonceptivas en una relación sexual que puede llegar a un embarazo. 

Los datos nacionales publicados por la Dirección de Estadísticas e información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación indican que, en 2020, nacieron 53.260 hijos de madres niñas y adolescentes (hasta 19 años). De esos nacimientos, 1.293 corresponden a adolescentes menores de 15 años. En Argentina, se implementa el Plan ENIA en doce provincias consideradas prioritarias por la cantidad de embarazos no intencionales en la adolescencia (ENIA) mediante el trabajo conjunto entre los Ministerios Nacionales de Salud, de Desarrollo Social y de Educación. La maternidad temprana es uno de los factores de abandono escolar, lo que repercute negativamente a largo plazo en las posibilidades de inserción laboral de las jóvenes y en su seguridad económica. En el último informe presentado, el Plan ENIA incluye datos de 2020 de la Secretaría de Acceso a la Salud que relevan que siete de cada diez adolescentes no planificaron su embarazo y, en menores de 15 años, esa cifra aumenta a ocho de cada diez. En muchos casos, esos embarazos son consecuencia de abusos y violencia sexual.  

El factor desigualdad

El embarazo adolescente se registra con mayor incidencia en el Norte argentino. “En general, son provincias donde hay menos educación sexual, tienen población rural en varios lugares y en muchos de ellos población rural indígena. Recién ahora el Ministerio de Educación empezó a traducir algunos materiales, no hay docentes bilingües”, explica Mabel Bianco y agrega como factores relevantes la presencia de servicios de salud rudimentarios, algo que priva a los y las adolescentes de acceder a información y métodos anticonceptivos. En el caso de la provincia de Formosa, los embarazos adolescentes intencionales también alcanzan un alto porcentaje, 44,6%, mientras que los no intencionales representan el 55,4%. Al respecto, Bianco explica que la población adolescente suele enfrentar restricciones por parte de los servicios de salud, como la exigencia de asistir en compañía de una persona adulta: “Les ponen una serie de trabas. Cuando la chica aparece embarazada le abren la puerta. Eso produce una percepción en ellas, que se extiende a las comunidades, de que para ser respetada tiene que ser madre”.

Durante la semana de prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia se promueve la Educación Sexual Integral (ESI) como un derecho humano y una herramienta clave para que adolescentes de todo el país puedan tomar decisiones informadas sobre su sexualidad. Otros de los ejes son la prevención de las infecciones de transmisión sexual y de VIH y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo los espacios de consejería para la interrupción voluntaria y legal del embarazo. La Campaña #PuedoDecidir es impulsada por FEIM, Amnistía Internacional, Doncel, ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), Fundación Huésped, Fundación Kaleidos, FUSA, Intercambios, Las Otras Voces, Red Nacional de Adolescentes y Jóvenes por la Salud Sexual y Reproductiva, Agrupación Xangó, RAJAP e IPPF LACRO.

Línea gratuita de Salud Sexual 0800-222-3444

La maternidad infantil y adolescente sigue siendo un drama oculto con miles de casos al año en Latinoamérica, la segunda región con la mayor cantidad de reportes de este tipo en el mundo, que perpetua, de esa manera, ciclos negativos de abuso, exclusión y pobreza para la mayoría de las jóvenes madres.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, en inglés) estima que casi el 18 % de los nacimientos en la región corresponden a madres menores de 20 años y que anualmente dan a luz alrededor de un millón y medio de adolescentes de entre 15 y 19 años.

Por ese motivo, organizaciones como Plan Internacional alertan que la alta tasa de embarazos tempranos “frustra el futuro” de muchas niñas y adolescentes en América Latina.

La mayoría de estos casos, afirman los expertos, están relacionados con la violencia machista, la pobreza extrema, la falta de acceso a la educación y la carencia de planificación familiar.

Todo hace indicar que esta situación se ha agravado por efecto del confinamiento y las medidas restrictivas ordenadas para afrontar la pandemia, algo que afecta a toda la región, pero que muestra cifras impactantes en países como Perú, República Dominicana, Venezuela y Panamá.

LA SITUACIÓN ACTUAL

En ese contexto, es notorio el caso de Perú, un país que mostró un notable avance en sus marcadores de desarrollo hasta antes de la pandemia, afectado luego por el durísimo impacto de la crisis sanitaria y económica, pero que nunca ha logrado frenar las tasas de crecimiento de la maternidad infantil y adolescente.

Cifras oficiales señalan que el país andino triplicó el número de niñas menores de diez años de edad forzadas a ser madres en 2020, cuando los partos registrados formalmente en ese rango de edad fueron al menos 26, una aproximación incompleta de los embarazos de menores, al obviar los abortos o partos extrahospitalarios.

Tras el segundo año de la pandemia, como en casi toda la región, son pocos y dispersos los datos actualizados en Perú sobre esta problemática, pero durante 2021 al menos 1.436 niñas menores de 15 años fueron madres.

Esta situación les resta a estas niñas y adolescentes oportunidades de desarrollo y muchas veces perpetúa la situación de pobreza en la que, en la mayoría de los casos, se encuentran, tal como alertó a Efe Hugo González, representante del UNFPA en Perú.

“Si la niña ya era una persona con pocos recursos, esta situación se profundiza al quedarse embarazada y se entra en un círculo vicioso de pobreza”, remarcó González.

Una realidad similar se presenta en República Dominicana, donde miles de menores de edad dan a luz cada año, muchas de ellas víctimas de abuso sexual, lo que incluso ha llevado a organismos como las Naciones Unidas a lanzar pedidos de atención urgente.

El país caribeño ocupa el quinto puesto en América Latina con el mayor número de embarazos en adolescentes y las estadísticas más recientes, de 2021, indican que 77 de cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años ha sido madre, que el 35 % de los nacimientos en hospitales públicos corresponde a adolescentes y que, de ese porcentaje, el 22 % no alcanza los 15 años de edad.

Tan o más dramática es la situación en Venezuela, donde el más reciente estudio de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) señala que el riesgo de ser madres crece a medida que se avanza en la adolescencia.

Aunque en este país el promedio de hijos por mujer se redujo a lo largo de más de medio siglo, al pasar de 6 en 1960 a 2,23 en 2021, a los 19 años más de una quinta parte de las jóvenes venezolanas ya se han convertido en madres.

La ausencia de datos oficiales impide a organizaciones venezolanas conocer a profundidad la situación del embarazo adolescente en el país, pero de acuerdo con datos del UNFPA en 2020 se registraron 95 jóvenes gestantes por cada 1.000 en Venezuela.

El embarazo adolescente es otro problema grave y creciente en Panamá, donde las cifras oficiales reconocen una tasa de fecundidad de un 20 % en adolescentes, una de las mayores de la región según entes internacionales.

Esta problemática afecta en especial a comarcas indígenas como la Ngäbe-Buglé, que presenta el 40 % de los casos, seguida por Panamá Este, una zona densamente poblada, con el 38,4 %, y Bocas del Toro, una provincia de poblados rurales pobres e indígenas, con un 35,7 %.

También en un informe sobre las consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay, el UNFPA reveló en 2020 que alrededor del 18 % de los nacimientos corresponden a madres menores de 20 años de edad.

LAS CONSECUENCIAS EN EL FUTURO

Tanto el UNFPA como Plan Internacional, además de otros organismos, alertan que esta situación “frustra el futuro” de las niñas y adolescentes y que las medidas de confinamiento y aislamiento por la emergencia sanitaria agravaron la problemática.

En ese sentido, se han provocado “severas repercusiones para las niñas y adolescentes de la región, en especial, en el cumplimiento de sus derechos, como el acceso a la educación y su desarrollo personal y profesional”, remarca Plan Internacional.

En Perú, según datos del UNFPA, siete de cada diez niñas que son madres dejan el colegio, con lo que reducen drásticamente sus oportunidades de desarrollo y, en muchos casos, se condenan a ocupar empleos informales.

La situación es similar en toda la región, ya que en Venezuela la Encovi señala que apenas el 8 % de las madres adolescentes puede conciliar la maternidad y los estudios, lo que lleva a las jóvenes a dejarlos a edades tempranas, incluso antes de tener su primer hijo.

En Panamá activistas defensores de los derechos de la infancia subrayan una mezcla de múltiples factores, que van desde la desigualdad y la pobreza, la falta de certeza de castigo para los agresores sexuales y una cultura patriarcal que alimenta un silencio cómplice de las familias de las víctimas.

En República Dominicana se remarca que tampoco ayuda la situación del país, que es una de las seis naciones de América que mantienen una prohibición total del aborto.

LAS VÍAS PARA ENFRENTAR LA TRAGEDIA

El Código Penal peruano señala que cuando una menor de 15 años queda embarazada ha sido objeto de un abuso sexual, pero las denuncias de estos casos no son la norma y las familias que deciden hacerlo ven como muchas veces quedan impunes.

El UNFPA también alerta que en el país andino es esencial la prohibición del matrimonio infantil, al que muchas familias recurren para lidiar con los embarazos de las niñas y evitar los juicios por violación sexual.

González remarcó, al respecto, que el matrimonio infantil “significa legalizar una mutación de un violador a ser esposo”, algo que atenta contra los derechos de las niñas “porque es una decisión que va más allá de sus deseos y derechos y la coloca en una situación de mayor vulnerabilidad”.

Por ese motivo, los expertos defienden que una educación sexual integral, un mejor acceso y conocimiento de métodos anticonceptivos, plantear la posibilidad de legalizar el aborto por causal de violación y un sistema de justicia más firme son algunas de las vías de reducir las trágicas cifras.

Sin embargo, aunque el trabajo sobre temas de educación sexual con las comunidades ha permitido observar “un conjunto de beneficios muy positivos”, en países como Perú desde hace unos años se enfrenta una corriente conservadora que pretende eliminar los avances en materia de educación sexual y de género.

Por su parte, el Gobierno de República Dominicana lanzó en diciembre pasado un plan dirigido a disminuir las uniones tempranas y el embarazo en las adolescentes, pero esta situación persiste, más allá de que se prohibió el matrimonio de menores de 18 años en diciembre de 2020.

A pesar de estas medidas y buenas intenciones, la prohibición no ha evitado que las menores dominicanas continúan atándose a relaciones con hombres de mucha mayor edad a través de uniones estables, según denunció Plan Internacional.

En Panamá, a su turno, se debe enfrentar una situación originada por factores como la desigualdad y la pobreza, la falta de certeza de castigo para los agresores sexuales y una cultura patriarcal alimentada con un silencio cómplice de las familias de las víctimas.

David Blanco Bonilla y Paula Bayarte, desde Lima; Marta Florián, desde Santo Domingo; Giovanna Ferrullo, desde Ciudad de Panamá; y Génesis Carrero y Saraí Coscijuela, desde Caracas. Agencia EFE.

IG

La última vez que se habló más o menos masivamente de Educación Sexual Integral fue hace dos semanas, cuando cobró notoriedad la resolución 35/2021 del Ministerio de Salud de la Nación. En ese caso, la atención se posó sobre la licitación que la cartera sanitaria había lanzado para, entre otros objetos, comprar 10 mil penes de madera pulida con el fin de usarlos para la enseñanza del buen uso del preservativo.

En los medios de comunicación -y eso, a esta altura, incluye a las redes sociales- hubo a favores y en contras a ultranza, como a la grieta le gusta. Además, con el falo en el centro de la conversación, proliferaron las discusiones sobre si no era conveniente ahorrar y usar bananas, conversaciones sobre qué largo y qué grosor debían tener los pitos de carpintería, debates sobre por qué enseñar con un objeto tan duro si de un pene humano podían esperarse “momentos de flacidez” (acá, en la radio y la tele, siempre venían las risas; en la vida real, un preservativo puesto en “momentos de flacidez” puede fallar como anticonceptivo y como barrera de las enfermedades de transmisión sexual).

El tamaño de la pieza de madera y el tamaño del presupuesto asignado fueron los ejes de la conversación. El debate ocurrió un país en el que, según un informe de 2019 de la entonces Secretaría de Salud de la Nación y de Unicef, nacen, en promedio, 258 niñas y niños por día a causa de embarazos adolescentes y en el que siete de cada diez de esos embarazos no son intencionales. En un país en el que, entre 2013 y 2017, se triplicaron los casos de sífilis por la falta de uso -o el mal uso- de preservativo y en el que, desde que se lleva registro, no se ha logrado bajar la tasa de femicidios, máxima expresión de la violencia de género. En un país en el que, para 2021 y según documentación a la que tuvo acceso elDiarioAR, el Ministerio de Educación de la Nación dispuso una inversión anual en el programa dedicado a la Educación Sexual Integral (ESI) de 10,70 pesos por cada alumno de los niveles inicial, primario y secundario del país.

De acuerdo a la documentación de la cartera nacional que encabeza Nicolás Trotta a la que tuvo acceso este diario, el presupuesto previsto para este año para el Programa de Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (ESI) es de 112.764.300 pesos. Ese mismo ministerio tiene como última estadística consolidada sobre el total de los alumnos del país las de 2019 -el dato no está disponible para 2020 y 2021, años pandémicos-: hay 10.550.621 alumnos y alumnas en los niveles inicial, primario y secundario de escuelas de todo el país. Es en esos tres niveles en los que, dictada de forma transversal -es decir, a través de contenidos en todas las áreas- la ESI debe ser dictada de forma obligatoria: así lo dispuso una ley en 2006.

En promedio, el presupuesto asignado a esos más de diez millones de alumnos equivale a 10,70 pesos anuales por cada uno de ellos. En 2020, con un presupuesto anual total de 60.685.997 pesos, la inversión promedio por cada alumno fue de 5,75 pesos para todo el año.

La distribución de la inversión para el programa que, a menos de once pesos anuales por alumno aspira a fortalecer el dictado de contenidos sobre ESI, no es igual entre provincias. Siempre según la documentación que elaboró el Ministerio de Educación de la Nación, la asignación del presupuesto no es igual entre jurisdicciones: hay algunas que reciben, por alumno registrado en las estadísticas ministeriales, hasta cinco veces más presupuesto que otras. De acuerdo a las asignaciones de 2021, Santiago del Estero, Entre Ríos y La Rioja recibieron 25,34 pesos, 22,36 pesos y 22,15 pesos por alumno por año: fueron las tres que recibieron mayor inversión según su población estudiantil. En el otro extremo de la asignación de recursos se encuentran la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y Santa Cruz: en esas jurisdicciones las partidas fueron de 4,25 pesos, 7,32 pesos y 7,70 pesos respectivamente por alumno por año.

Según el registro que hicieron Unicef y la entonces Secretaría de Salud de la Nación en 2019, las seis provincias con mayor tasa de embarazo adolescente de la Argentina son Formosa, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Corrientes y Salta. Sólo Santiago del Estero se encuentra entre las cinco jurisdicciones del país que reciben las mayores asignaciones para fortalecer los contenidos de ESI en las aulas: la provincia ocupa el primero de esos lugares.

De acuerdo al libro Por ellas, editado por la organización civil La Casa del Encuentro que se dedica a registrar femicidios desde antes de que el Estado se ocupara de esa tarea, Santiago es también una de las cuatro provincias en las que la tasa de femicidios -es decir, la cantidad de casos en relación a la cantidad de habitantes- resulta más grave en la Argentina. Ninguna de las otras tres jurisdicciones que encabezan esa estadística -Salta, Jujuy y Misiones- ocupan los primeros lugares de inversión en Educación Sexual Integral que dispuso la cartera de Educación nacional.

En 2018, una encuesta publicada por el diario Clarín había revelado que, a doce años de la sanción de la ley que volvió obligatoria la ESI, sólo dos de cada diez alumnos de las escuelas de la Ciudad y el Gran Buenos Aires recibían contenidos sobre ese tema de forma habitual en las aulas. Más acá en el tiempo, en junio de este año, el alcance es aún más pobre: una investigación de la organización FUSA y de la Iniciativa Spotlight, que depende de las Naciones Unidas y la Unión Europea, reveló que sólo el 2% de los adolescentes del país recibieron contenidos sobre Educación Sexual Integral en la escuela, tras encuestar a alumnos y alumnas de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Río Negro y Salta.

En la tele, en la radio, en las redes y en los diarios la discusión gira en torno de los penes de madera. A las aulas, con inversiones anuales equivalentes a medio boleto de colectivo por cada estudiante, los contenidos no llegan.

JR