Por primera vez, el caso Odebrecht tendrá un juicio oral y público en Argentina que comenzará el próximo 7 de abril y pondrá a algunos de los empresarios más importantes de la obra pública en el banquillo de los acusados junto a exfuncionarios como Julio De Vido y José López. El camino al juicio avanza mientras parte de la prueba corre peligro de nulidad por una maniobra de las defensas en Brasil.

El caso gira en torno de la construcción de dos plantas de Aysa, adjudicadas a las brasileñas Odebrecht y Camargo Correa junto a socios locales durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los empresarios Aldo Benito Roggio (Roggio Hermanos), Carlos Wagner (Esuco) y Tito Biagini (expresidente de José Cartellone e Hijos SA), entre otros, están acusados junto a De Vido, López y Roberto Baratta por los supuestos delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública y cohecho.

Roggio y Wagner declararon como arrepentidos y admitieron el pago de sobornos a Baratta en el caso de los cuadernos de la corrupción en la obra pública, otro expediente que debe afrontar un eventual juicio oral y público. Sin embargo, en el caso de Aysa, ambos empresarios niegan la comisión de delitos, al igual que el resto de los imputados.

El Tribunal Oral Federal número 7 fijó fecha de juicio para el 7 de abril de 2025 a las 9:30. El debate oral y público se realizará una vez por semana, los lunes, y a través de la plataforma zoom. Ambas decisiones generaron quejas de la fiscal a cargo del juicio, Fabiana León, y del fiscal Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que acompaña a León en la preparación y desarrollo del juicio. 

A pedido de parte de las defensas, los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Herminio Fernando Canero ordenaron la producción de una nueva pericia, que estará a cargo del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación especializados en casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública y que dentro de los próximos cuatro meses deberá determinar si existió perjuicio al Estado.

El juicio contará con más de 290 testigos, entre quienes se citará al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; la diputada Margarita Stolbizer; la legisladora porteña Graciela Ocaña; el sindicalista José Luis Lingeri; y los ex titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF) Mariano Federici y María Eugenia Talerico. También se solicitó las declaraciones testimoniales del empresario Marcelo Odebrecht y los ex ejecutivos de su constructora Luis Antonio Mameri, Marcio Faria y Rodney Rodrígues de Carvalho. Mameri y Faria declararon ante la Justicia de Brasil como arrepentidos y confesaron el pago de coimas por la obra de Aysa.

Sin embargo, el caso se encuentra en un punto de inflexión en Brasil. Un fallo del Tribunal Supremo Federal de Justicia de ese país anuló pruebas centrales para favorecer al presidente Luiz Inacio Lula Da Silva. 

El máximo órgano judicial de Brasil dijo en un comunicado que esta nulidad, dictada por el juez supremo José Antonio Dias Toffoli, implica también el cierre de todos los procesos penales contra Marcelo Odebrecht, aunque el tribunal mantuvo firme el acuerdo de delación firmado por el empresario, en el que se declaró culpable y aceptó colaborar con la Justicia.

La nulidad brasileña

Los fiscales del juicio de Aysa se preparan para una batalla eventual con las defensas por la validez de parte de las pruebas aportadas por la Justicia de Brasil. Basado en la nulidad de Dias Toffoli, el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, imputado en el caso como supuesto intermediario de Odebrecht en Argentina, logró que la Justicia brasileña bloquee el uso de prueba obtenida por los fiscales de Curitiba durante la investigación del Lava Jato, como se conoce a este caso en Brasil. El juez Dias Toffoli comunicó su sentencia de nulidad de las pruebas a la Argentina en las últimas semanas, informó La Nación. 

Dias Toffoli sostiene que parte de las evidencias contra Rodríguez son inadmisibles porque fueron extraídas de dos sistemas operativos internos de Odebrecht a los que le atribuye “falta de fiabilidad” debido a una “grave violación de la cadena de custodia” que garantice que las pruebas no fueron alteradas tras su secuestro por parte de las autoridades.

Las pruebas cuestionadas son los contenidos de “Drousys” y “MyWebDay”, dos sistemas operativos que utilizaba Odebrecht para almacenar su información en Estados Unidos. Su autenticidad fue reconocida por Odebrecht y sus ejecutivos cuando declararon como arrepentidos ante Brasil y Estados Unidos. 

El caso

En 2016, Odebrecht confesó el pagó de sobornos en Argentina por al menos US$35 millones entre 2007 y 2014. Los pagos ilegales se realizaron para obtener o mantener tres grandes contratos de la constructora brasileña en el país, según las declaraciones de los ejecutivos arrepentidos de la compañía. El capítulo Aysa es uno de esos grandes contratos, dividido, en realidad, en dos licitaciones que se realizaron en paralelo. La segunda empresa brasileña bajo investigación es Camargo Correa.

El expediente nació en 2016 y fue elevado a juicio en julio de 2020. El juez Sebastián Casanello procesó también a los entonces directivos de Aysa, Carlos Ben y Oscar Raúl Biancuzzo.

Las obras investigadas fueron licitadas durante el primer gobierno de Fernández de Kirchner. La planta de tratamiento de aguas Bicentenario, en Berazategui, fue adjudicada a Camargo Correa y Esuco; y la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, en Tigre, quedó a cargo de Odebrecht, Roggio, Supercemento y Cartellone. 

Dos ejecutivos de Odebrecht confesaron en Brasil el pago de sobornos por la obra de Tigre. Camargo Correa nunca admitió pago de coimas y está pendiente la extradición del expresidente de la compañía, Antonio Miguel Marques. Las socias locales niegan haber participado en el pago de sobornos y los exfuncionarios niegan haberlos recibido. 

ED/JJD

En el último tramo del alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el juicio oral y público contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la fiscalía solicitará que se investigue a al menos tres constructoras que han sido señaladas en las últimas dos semanas como presuntas partícipes de la maniobra para supuestamente defraudar al Estado. La constructora “Petersen, Thiele & Cruz”, de la familia Eskenazi; Esuco, de la familia Wagner; y Equimac, otra importante empresa de obras viales, serán denunciadas, según anunció Luciani el viernes 5 de agosto y corroboró elDiarioAR de una fuente de la investigación.

Los fiscales sostienen que estas empresas habrían participado en la “acción delictiva  analizada” durante su alegato y pedirán que se las investigue penalmente cuando llegue el momento del petitorio final, es decir, cuando la fiscalía solicite al tribunal las penas y decomisos contra todos o algunos de los imputados. Todos los acusados han negado siempre haber cometido delitos.

“El Grupo Báez y la Administración pública no actuaron en soledad. Contaron con la cooperación de empresas ajenas al Grupo, que oficiaron de acompañantes en las licitaciones investigadas y que le allanaron el camino a Báez para simular competencia y lograr adjudicaciones por montos muy superiores a los presupuestos oficiales”, dijo Luciani la noche del viernes 5, hacia el final de la audiencia de esa jornada. “Algunos ejemplos muy concretos de estas empresas son Peterser, Esuco y Equimac”, afirmó entonces.

Otras constructoras mencionadas por los fiscales durante las últimas dos semanas de  alegato fueron Eleprint (de Gustavo Weiss, actual presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, principal entidad empresaria del rubro) y CPC (de Cristóbal López). Estas también participaron en licitaciones viales que terminó ganando Báez en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015, pero lo hicieron en menor medida, por lo que la fiscalía se encuentra analizando si habrían o no participaron en la presunta simulación.

Eleprint, por ejemplo, aparece compitiendo con Báez y Eskenazi en la primera obra vial de Santa Cruz licitada durante la gestión de Fernández de Kirchner, en 2008, por la que el patagónico cobró un adelanto millonario pero comenzó la obra dos años más tarde.

elDiarioAR se comunicó con un vocero de Grupo Petersen, con la sede de la constructora Petersen y con la de Esuco, pero ninguna de las dos constructoras ni el holding respondieron sobre su versión de los hechos. En Equimac, nunca contestaron las llamadas ni respondieron un correo electrónico. Tampoco en CPC. En Eleprint, aseguraron a este medio que la empresa no tiene causas judiciales y que no abordarán el tema “por el momento”. También declinaron de hacer comentarios sobre la denuncia en la Cámara Argentina de la Construcción, que integran las cinco compañías. 

Una fuente ligada a Esuco descartó la acusación de la fiscalía y dijo a este medio que Báez siempre compitió con costos más bajos que sus competidoras “por la cantidad de obras ordinarias que realizaba”. También dijo que la constructora de Wagner tenía en esa época una base en Santa Cruz porque la provincia era uno de sus mercados.

Patrón

Un punto recurrente en la supuesta maniobra es que la Administración pública permitió sistemáticamente que las distintas empresas del Grupo Báez participaran en las mismas licitaciones, compitiendo entre sí, lo cual está expresamente vedado por la ley de contrataciones públicas, según los expedientes administrativos que expusieron los fiscales.

En muchos de los 51 casos analizados en el juicio, dos compañías de Báez se presentaban a las mismas licitaciones y competían con una tercera empresa para “simular” que las constructoras de Báez tenían competencia en la provincia, afirmaron Mola y Luciani. Este tercer oferente quedaba sistemáticamente descalificado porque no se ajustaba a las exigencias del pliego: ofertaba por encima de lo permitido (20% del presupuesto oficial), presentaba una garantía que de entrada se sabía que no iba a ser aceptada, entre otros “errores”. 

Luciani denominó a esta empresa como “acompañante de cortesía”. Esto implicaba, afirmaron los fiscales, que existía un acuerdo entre las empresas de Báez, los funcionarios y la empresa perdedora: ninguna de las empresas descalificadas se quejó, interpuso impugnaciones o denunció irregularidades porque eran parte de la maniobra en los doce años que duró la maniobra denunciada, dijeron los fiscales durante su alegato.

Petersen, de Eskenazi

El Grupo Petersen es de la familia Eskenazi y su presidente es Enrique Eskenazi, un empresario que supo construir excelentes vínculos con la familia Kirchner y llegó a adquirir el 25% de las acciones de YPF, cuando la petrolera era controlada por la española Repsol y a instancias de un intento de Néstor Kirchner por dotar de “capital nacional” a la empresa.

Petersen se presentó en 38 de los 51 procedimientos “ficticios”. Sin embargo, “en esas 38 oportunidades, no logró una sola adjudicación”, aseguró Luciani al exponer los detalles de los expedientes administrativos.

En 15 de las 38 licitaciones, la constructora presentó un presupuesto por arriba del 20% permitido por la ley, afirmó el fiscal. “Nos preguntamos si era razonable que una empresa que opera desde 1920, emita más de una treintena de ofertas inválidas, viciadas con los mismos errores”, agregó.

Enrique Eskenazi tenía y sigue manteniendo la concesión del Banco de Santa Cruz, luego de que la institución fuera privatizada por Néstor Kirchner, recordó Luciani en su alegato. Antes de convertirse en empresario de la obra pública, Báez había sido empleado en el banco.

Además, el fiscal mostró los ingresos de distintos empresarios de la familia Eskenazi, quienes “visitaron con asiduidad la quinta presidencial de Olivos, en donde residían Néstor Kirchner y Cristina Fernández”. Entre 2007 y 2011, suman 61 ingresos, según las planillas obtenidas del Ejecutivo por parte de la ONG Poder Ciudadano.

En 2008, la familia Kirchner obtuvo cuatro créditos por más de US$10 millones por parte del Banco Santa Cruz, “pocos días antes de que se concretara la adquisición del paquete accionario de la firma Hotesur, explotadora del hotel El Alto Calafate”, dijo el fiscal.

“Los estrechos vínculos entre la familias Kirchner, Eskenazi, Báez son suficientes para empezar a entender el porqué del comportamiento de la firma Petersen, Thales & Cruz en los procesos licitatorios”, sostuvo. “Esa empresa fue absolutamente funcional a los intereses del grupo Báez”, agregó. 

Esuco, era Wagner

La constructora Esuco era entonces manejada por Carlos Wagner, otrora presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, quien dejó el mando de la compañía en manos de sus hijos luego de haber sido detenido en 2018 por el juez Claudio Bonadio y de haber declarado como arrepentido en el caso de los cuadernos. Por esa causa, debe afrontar un juicio por presunta asociación ilícita junto con Fernández de Kirchner, Julio De Vido y José López.

Este año, Esuco ganó el contrato para construir una planta compresora para el gasoducto Néstor Kirchner, según publicaron diversos medios.

Esuco participó en diez licitaciones en las que se presentó “y aparentó competencia” con las empresas de Báez, dijo Luciani. “Siempre que Esuco presentó ofertas lo hizo por montos mucho más altos que las empresas de Báez y superó en muchas ocasiones el 20% permitido, por lo cual sabía que iba a quedar descalificada”, aseguró el fiscal.

“Esto se hizo absolutamente adrede” y “no existía intención real de competir en estas licitaciones”; “nunca iba a ser considerada como la oferta más conveniente. Incluso, en una oportunidad, Esuco fue más allá y directamente resultó excluida (de la licitación) sin que llegara a conocerse su cotización”, detalló Luciani en referencia al expediente de repavimentación de la ruta 3, tramo San Julián-Aeropuerto de Río Gallegos.

Petersen fue absolutamente funcional a los intereses del grupo Báez.

Diego Luciani — Fiscal.

Equimac

En 2018, Cecilia Sztemberg, una de las accionistas de esta constructora con amplia trayectoria en la obra pública se presentó a declarar como arrepentida ante el fiscal Carlos Stornelli en el caso cuadernos. Como otras compañías del rubro vial, Equimac había sido nombrada como miembro del “Club de la Obra Pública” en la declaración de Wagner.

Aunque en menor medida que Petersen y Esuco, la empresa también formaría parte de la maniobra del caso Vialidad, según explicó Luciani.

“Equimac se presentó en siete de las 51 licitaciones” investigadas pero nunca ganó. Siempre se presentaba con montos más altos que Báez y en algunas oportunidades por encima del 20% del presupuesto oficial, afirmó el fiscal.

Hubo incluso licitaciones (por ejemplo la 10.562 y la 10.563) “en las que Equimac adquirió los pliegos de bases y condiciones con posterioridad a la presentación de la oferta”, aseguró Luciani. Eso estaba prohibido en el mismo pliego, según el documento exhibido en el alegato. 

Esto se hizo absolutamente adrede. No existía intención real de competir en estas licitaciones.

Diego Luciani — Fiscal.

Las ofertas de Equimac presentadas en esos expedientes tienen fecha del 16 de mayo de 2011. La apertura de sobres fue al día siguiente. Pero el recibo de compra del pliego, paso necesario para poder presentar dichas ofertas, fue fechado el 23 de mayo de 2011, cinco días más tarde.

Además, se cumplió otro patrón más que se ve en los casos de Esuco y Petersen: las licitaciones en las que participó Equimac tuvieron tiempos muy acotados para preparar las ofertas técnicas, cumplir con los términos de publicación del proceso y la real competencia. En un caso de 2005, tuvo apenas 96 horas para planificar y presupuestar una obra. “Era imposible presentar una oferta en ese tiempo”, afirmó Luciani. Equimac tampoco impugnó ninguna de las decisiones de los funcionarios que beneficiaron a Báez.

En una de las primeras licitaciones investigadas en la causa, de diciembre de 2004, quedó preadjudicada en una licitación con la oferta más conveniente, pero tres meses antes de que comenzaran las obras, Equimac se presentó ante Vialidad provincial para informar que había firmado un acuerdo con dos empresas de Báez (Austral Construcciones y Adelmo Biancalani) para cederles la obra, según los documentos expuestos por la fiscalía en el alegato. 

“Este frustrado triunfo de Equimac no fue causal. Por tratarse de una de las primeras licitaciones, Austral Construcciones (de Báez) carecía de capacidad para ganarla y por lo tanto el artilugio consistió en adjudicarla a una empresa con capacidad para después cederlas al Grupo”, explicó Luciani.

A partir de este martes, está programado que los fiscales continúen con el alegato por al menos tres audiencias más y hacia el final soliciten penas, decomisos y la investigación de la participación de estas empresas en una supuesta maniobra en la que la fiscalía adjudica a Fernández de Kirchner el rol de jefa.

ED

La Corte Suprema rechazó esta semana nueve recursos legales presentados en causas por presunto lavado de activos y supuesta corrupción que habían sido presentados en su mayoría por las defensas de acusados, entre ellos los empresarios Lázaro Báez, Carlos Wagner y Aldo Roggio, el exministro Julio De Vido y el sacerdote Julio César Grassi, informaron a elDiarioAR fuentes del máximo tribunal.

Los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz ​ tenían pendiente analizar una serie de recursos de queja presentados por abogados defensores en expedientes que datan de 2002 a 2020.

Además, la Corte aún tiene pendiente resolver siete recursos presentados por la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el juicio por irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz. Los planteos de la defensa de CFK buscan lograr la nulidad del juicio oral en trámite contra la expresidenta.

Desde mayo de 2019, la vicepresidenta es juzgada por el Tribunal Oral Federal número 2 junto a Báez; el exministro de Planificación, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; y otros nueve imputados acusados de integrar una supuesta asociación ilícita para favorecer a la constructora Austral Construcciones, entre otras empresas de Báez, con 51 licitaciones públicas para obras viales en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015. Las acusaciones incluyen supuestos sobreprecios e incumplimientos de obra. 

Este es el detalle de los recursos que rechazó la Corte

 LÁZARO BÁEZ 1

En el marco de la causa conocida como “La ruta del dinero K”, en la que se investiga el lavado de dinero en la financiera SGI (“La Rosadita”), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal había confirmado el procesamiento con prisión preventiva de Lázaro Báez. Ello, por haberlo encontrado coautor del delito de lavado de activos, agravado por realizar hechos con habitualidad y como miembro de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza.

Llegado en queja ante la CSJN, fue desestimada por unanimidad por incumplir los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la acordada 4/07 del Máximo Tribunal.

 LÁZARO BÁEZ 2

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 no había hecho lugar a las solitudes de excarcelación y de arresto domiciliario de Lázaro Báez, en el marco de una causa en la que se lo acusa de poner en circulación dinero proveniente de hechos ilícitos mediante distintas transferencias bancarias y operaciones simuladas que habrían tenido lugar entre diciembre de 2015 y julio de 2016, con el objeto de integrar esos fondos al circuito económico formal bajo apariencia de legalidad.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos de casación contra esas resoluciones, y luego su Sala IV declaró inadmisibles los extraordinarios.

La defensa de Báez presentó sendos recursos de queja ante la CSJN que, por unanimidad, los desestimó por inoficiosos (inconducentes o no pertinentes).

 JULIO DE VIDO 1

La Cámara Federal de Casación Penal, en el marco de la causa conocida como “Sueños compartidos”, había rechazado in limine la recusación del juez Borinsky efectuada por la defensa de Julio de Vido.

La defensa llegó en queja ante la Corte Suprema y el recurso fue rechazado con la firma de todos los ministros por falta de sentencia definitiva (no se ataca una sentencia definitiva o equiparable, que habilite su revisión por la última instancia).

En esta causa se investiga el presunto desvío de más de $206.000.000 de su fin específico (viviendas sociales). Dicho dinero habría sido transferido por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, dependiente del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación –a cargo de De Vido-, a las jurisdicciones locales, y luego canalizado a las distintas cuentas bancarias de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

 JULIO DE VIDO 2

En el marco de la causa en la que se investiga a Julio De Vido -entre otros- por una maniobra fraudulenta en la importación de gas natural licuado realizada entre 2008 y 2015 por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que generó un perjuicio al Estado de u$s 6.995.926.798, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal había confirmado el planteo de excepción de cosa juzgada.

La defensa de José Roberto Dromi y Roberto Nicolás Dromi llegó en queja ante la Corte que, por unanimidad, lo desestimó en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

 JULIO DE VIDO 3

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal había apartado a la Unidad de Información Financiera (UIF) del rol de querellante que le fue otorgado en el marco de la causa en la que se investiga a Julio De Vido (entre otros) por haber entregado presuntamente en forma sistemática a empresas de transporte público automotor subsidios superiores a los que correspondían, ocasionado un perjuicio al Estado Nacional estimado en $609.326.186,25 entre julio de 2003 y marzo de 2014.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso contra esa decisión. La UIF presentó un recurso de queja contra lo resuelto, el cual la CSJN, por mayoría, consideró inadmisible en virtud de lo dispuesto en el art. 280 del CPCC.

 MARCELO BALCEDO

Un caso en el que se investiga al Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación, Marcelo Balcedo (entre otros) por el delito de lavado de activos, llegó en queja ante la Corte por no haberse hecho lugar al pedido de recusación del juez Kreplak.

La Corte, por unanimidad, desestimó el recurso por “falta de sentencia definitiva” (no se ataca una sentencia definitiva o equiparable, que habilite su revisión por la última instancia).

En la misma causa se desestimó, por igual motivo, un recurso de queja similar presentado por la defensa de Myriam Reene Chávez, madre de Balcedo.

 JULIO CÉSAR GRASSI

En el caso en el que se investiga al cura Julio César Grassi por el delito de peculado de caudales públicos por haber, presuntamente, utilizado los fondos de la Fundación Felices los Niños para el alquiler de dos quintas, su defensa había pedido la nulidad de las filmaciones incorporadas como prueba en la investigación y el sobreseimiento de Grassi.

Una resolución judicial rechazó esos pedidos y dispuso la elevación a juicio, contra lo cual se presentó un recurso de queja por extraordinario denegado. La Suprema Corte de Justicia bonaerense desestimó el recurso, y la defensa interpuso un extraordinario, que el máximo tribunal provincial declaró inadmisible.

Contra esta decisión, la defensa de Grassi acudió en queja a la CSJN, desestimada en forma unánime por incumplimiento de los términos establecidos en la acordada 4/07.

 CARLOS BEN – ALDO ROGGIO – CARLOS WAGNER

La Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal había confirmado el procesamiento sin prisión preventiva de Carlos Ben, en la causa en la que se investiga el direccionamiento en los procesos licitatorios de dos proyectos de infraestructura que se inscribieron en el marco del denominado “Plan Director de Aguas y Saneamiento Argentino Sociedad Anónima” (AySA). Estos proyectos habrían comenzado incluso antes de su publicación.

En el caso se investiga también el pago de dádivas por parte de las empresas ganadoras a las autoridades del organismo para asegurarse las adjudicaciones de las obras u otras ventajas, habiéndose abonado en sendos casos una suma considerablemente mayor a la originariamente prevista por las obras que, a su vez, sufrieron demoras en su desarrollo que excedieron holgadamente los plazos previstos.

La defensa de Ben llegó en queja ante la CSJN, que en fallo unánime desestimó el planteo por falta de sentencia definitiva.

En la misma causa, Aldo Benito Roggio interpuso una queja similar, desestimada en los mismos términos que la anterior (CFP 1614/2016/141/1/RH36 ROGGIO). Y lo mismo con relación a Carlos Enrique Wagner (CFP 1614/2016/140/1/RH37 WAGNER).

 ALEJANDRO COLOMBO

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 había rechazado un planteo de excepción de falta de acción en el marco de la causa en la que se investiga al ex Director de Publicaciones del Senado Alejandro Colombo –entre otros–, por un posible fraude en la Imprenta del Congreso entre 1993 y 1999, que habría generado un perjuicio a la Tesorería del Senado por $2.111.720.

Contra esa resolución, la defensa de Colombo llegó en queja ante la CSJN, que lo desestimó en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

 IG

En los tribunales federales de Comodoro Py, las causas penales contra algunos de los empresarios o grupos económicos más relevantes del país se han estancado en pericias interminables, expedientes en pausa o camino al cierre, exhortos internacionales sin respuestas y acusados en un limbo. Otras, han avanzado pero cuando llegan a la etapa de juicio oral y público, su marcha se aletarga. Así surge de las consultas realizadas por elDiarioAR a jueces, fiscales y abogados que intervienen en estos procesos. 

En la mayoría de los casos, los principales acusados son la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente Mauricio Macri, o sus respectivos funcionarios. Pero existen algunos pocos expedientes que están especialmente centrados en las empresas.

Algunos jueces y fiscales sostienen que se trata de expedientes más complejos, de maniobras difíciles de probar o directamente alegan inexistencia de delito. Otros sostienen que no cuenta con el personal o espacio físico suficiente para avanzar en tiempo y forma.

En general, las causas en las que los empresarios son los principales imputados son una rareza en este fuero, centrado en las investigaciones contra funcionarios públicos, pero existen algunos expedientes que se salen de la norma. Se trata de casos de presuntos sobornos transnacionales en los que compañías con casas matrices en Argentina están sospechadas de haber realizado pagos ilegales a funcionarios extranjeros. En estos casos, Comodoro Py investiga la pata local de la maniobra denunciada en el país y el extranjero, como los casos que se iniciaron contra la multinacional ítalo-argentina Techint. 

Distintos expedientes contra empresas influyentes se han cerrado en este fuero a lo largo de los años y por distintos motivos. El caso Cerro Dragón, en el que se investigaba el presunto pago de sobornos de la petrolera Pan American Energy (PAE, de la familia Bulgheroni) terminó con sobreseimientos. El caso de la constructora sueca Skanska, también por presuntas coimas, estuvo en coma durante casi una década. Un expediente contra Corporación América, de Eduardo Eurnekian, por supuestos pagos ilegales en Perú, terminó archivado.

El caso de los cuadernos y los supuestos sobornos de constructoras en el caso Aysa llegaron a juicio, con más o menos demoras y pondrán eventualmente en el banquillo a algunos de los empresarios más poderosos. El soterramiento del ferrocarril Sarmiento tendrá una resolución en el corto plazo, tras años de espera. Algunas causas contra el Grupo Macri, Garbarino y Techint continúan abiertas pero con pronósticos de cierre o archivo. Este es el estado de las causas.

Cuadernos en remojo

La causa se inició en 2018 y en septiembre de 2019, el primer tramo del expediente ya había sido elevado a juicio oral y público, pero el proceso quedó estancado y lejos de comenzar en el corto plazo, de acuerdo con la información reunida por este diario. Además, el tribunal podría perder a uno de sus integrantes. 

Una vez asignado el tribunal de juicio, éste debe convocar a las partes a la etapa de instrucción complementaria, durante la cual tanto la fiscalía de juicio como las defensas de los acusados pueden proponer medidas de prueba adicionales a las presentadas por el juez que envió la causa a juicio. Es el primer paso antes de que se fije fecha de inicio. Sin embargo, tras casi tres años esa instancia aún no comenzó. 

La preparación del juicio oral y público, en el que deben juzgarse a la vicepresidenta, exfuncionarios, empresarios y ejecutivos por numerosos casos de presunto cohecho y otros delitos, va a paso de hombre. No sólo no comenzó la instrucción complementaria. Todavía no terminó la digitalización de un container de prueba documental que deberá abrirse a las partes, confirmó una fuente directa del proceso. La demora ha generado tensiones entre el Tribunal Oral Federal número 7 y la Corte Suprema, según pudo confirmar elDiarioAR de fuentes judiciales con conocimiento directo del conflicto.

Los tres jueces del tribunal oral enviaron cinco oficios a la Corte en los últimos dos años y seis meses reclamando espacio físico y personal para avanzar con la preparación del juicio, aún sin respuesta, según una alta fuente del expediente. La Corte había asignado empleados extra al juez Bonadio para la instrucción del caso y el tribunal oral estima que recibirá los recursos, pero en el máximo tribunal los pedidos de personal y espacio son generalizados y los recursos escasos, por lo que esperan que los tribunales trabajen horario extendido para compensar la demora, dijo una fuente judicial. 

En medio de los reclamos, uno de los magistrados, Germán Castelli, está en litigio con la Corte por su permanencia en el tribunal que debe llevar adelante el juicio. Su cargo original es en la Justicia federal de San Martín pero fue trasladado a Comodoro Py. Un fallo de la Corte en 2020 dispuso que los traslados no son definitivos y en algún momento los jueces de la Corte deberán decidir sobre el destino de Castelli. El antecedente indica que deberá dejar el TOF 7. 

El expediente tiene más de cien acusados y numerosos planteos de las defensas por la utilización de la figura de los arrepentidos y la legitimación de los escritos del chofer Oscar Centeno, ya que los originales nunca fueron hallados y se trabajó sobre fotocopias y digitalizaciones. Las confesiones de empresarios como Aldo Roggio (Roggio Hermanos, Metrovías), Carlos Wagner (Esuco), Angelo Calcaterra (Iecsa), Eduardo Hugo Antranik Eurnekian (Corporación América), Armando Loson (Albanesi), entre otros; y ejecutivos como Jorge Guillermo Neira (Electroingeniería) y Juan Carlos Goycoechea (Isolux) corroboraron los hechos volcados en los cuadernos, según el expediente. La Cámara Federal de Casación ratificó la validez de las declaraciones en febrero de 2021. 

El soterramiento

El expediente cumplió siete años en instrucción. Se inició a principios de 2016 y tiene dos líneas de investigación: el presunto direccionamiento de la licitación de la obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento (adjudicada en 2008) y el supuesto pago de sobornos por parte de las constructoras Iesca (entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), la brasileña Odebrecht, la italiana Ghella (se indagó a Lorenzo Ghella) y la española Comsa a funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (Julio De Vido y Ricardo Jaime, entre otros). Tras indagar a 50 imputados (empresarios, ejecutivos y exfuncionarios públicos) en abril de 2019, el juez Marcelo Martínez De Giorgi no dio por probada la acusación de supuesto cohecho o sobornos, como sostenía el fiscal Franco Picardi (en base a dos ejecutivos brasileños arrepentidos y una transacción de US$5 millones a través de una empresa sospechada de pantalla para el pago de sobornos, entre otras pruebas).

Martínez De Giorgi dictó dictó 21 faltas de mérito (entre los beneficiados están Calcaterra y Ghella) y tres sobreseimientos por los supuestos sobornos, pero decretó 26 procesamientos a De Vido y Jaime por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas (al igual que a dos ejecutivos de Iecsa y Comsa) por el direccionamiento de la licitación (2007-2008). Cuatro meses más tarde, la Cámara Federal porteña anuló las decisiones del juez y le ordenó volver a evaluar la situación procesal de todos los investigados. Una fuente judicial con conocimiento directo de la causas afirmó que el magistrado se encuentra trabajando en un nuevo fallo que firmará en el corto plazo y en el que definirá nuevamente si procesa a los empresarios por el pago de coimas. A excepción de Odebrecht, el resto de las empresas y exfuncionarios niegan las acusaciones.

Las plantas de Aysa

El caso es una excepción, debido a su avance, pero a casi dos años de haber recibido el expediente el tribunal oral federal a cargo del juicio aún no ha fijado fecha de inicio. Nació en 2016 y fue elevada a juicio en julio de 2020. El juez Sebastián Casanello procesó a 19 imputados, entre empresarios y exfuncionarios, por los presuntos delitos de sobornos y defraudación a la administración pública. Los empresarios Aldo Roggio y Carlos Wagner (ambos arrepentidos del caso cuadernos) y Tito Biagini (expresidente de José Cartellone e Hijos SA) deberán afrontar el juicio, entre ejecutivos de sus compañías y directivos de Aysa. También, el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, supuesto intermediario de Odebrecht en Argentina.

Las obras investigadas fueron licitadas durante el primer gobierno de Fernández de Kirchner. La planta de tratamiento de aguas Bicentenario, en Berazategui, fue adjudicada a Camargo Correa y Esuco; y la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, en Tigre, quedó a cargo de Odebrecht, Roggio, Supercemento y Cartellone. 

Dos ejecutivos de Odebrecht confesaron en Brasil el pago de sobornos por la obra de Tigre. Camargo Correa nunca admitió pago de coimas y está pendiente la extradición del expresidente de la compañía, Antonio Miguel Marques. Las socias locales niegan haber participado en el pago de sobornos y los exfuncionarios niegan haberlos recibido. 

Actualmente, la causa está en etapa de instrucción complementaria: el fiscal Diego Luciani -el mismo que lleva adelante la acusación contra Fernández de Kirchner en el juicio de Vialidad- ya solicitó incorporar más pruebas y las defensas también deben realizar sus propias presentaciones, informó a elDiarioAR una fuente directa del expediente. Una vez finalizada esta instancia el Tribunal Oral Federal número 2 deberá fijar fecha de juicio. 

La concesionaria Abertis

El expediente nació en 2019 con la denuncia de diputados del Frente de Todos y se centra en la renegociación de contratos de las autopistas Acceso Norte y Ausol (acceso oeste) con la española Abertis, que hasta 2016 fue socia del grupo Macri en el segundo de los corredores. Los contratos vencían en 2023, fecha en la que debían volver a licitarse las concesiones pero en 2018 el gobierno de Mauricio Macri los extendió hasta 2030. Además, el Ejecutivo le reconoció a la empresa una deuda de US$747 millones por ambas autopistas, de acuerdo con el expediente y el Ministerio de Transporte. A cambio, la empresa española se comprometió a realizar inversiones y el gobierno aumentó las tarifas de los peajes.

El caso se centra en las acciones de funcionarios públicos pero en segundo plano se encuentra la compañía española, beneficiaria de las decisiones tomadas por el Ejecutivo y que antes de comenzar la negociación con el gobierno denunció a Argentina ante el Ciadi. Existiría un posible conflicto de intereses -ya que al inicio de las negociaciones, Sideco todavía tenía el 7% de las acciones de Ausol- y una presunta administración fraudulenta, según la acusación. Hasta mediados de 2020, la causa estuvo a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien poco antes de jubilarse en julio de ese año citó a indagatoria y procesó por distintos delitos a cuatro altos funcionarios de Macri (el entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich; el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne; el exdirector de Vialidad y titular de Energía, Javier Iguacel; y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías) que habían intervenido en la renovación de la concesión de Abertis.

El juez citó a indagatoria al presidente ejecutivo AUSOL (Autopistas del Sol) y Grupo Concesionario del Oeste, Andrés Barberis Martin, quien había presentado un escrito ante el juez sosteniendo la “legalidad” de todo lo actuado en la negociación. Su situación quedó en un limbo. Tras la salida de Canicoba y las apelaciones de los funcionarios procesados -quienes siempre negaron los cargos-, la Cámara Federal porteña ordenó las faltas de mérito de todos los acusados y una compleja pericia contable a cargo del Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que está en trámite desde julio de 2021, confirmó a este medio una fuente judicial del caso. Abertis nunca quiso pronunciarse sobre el caso. 

Techint 

La multinacional ítalo-argentina, líder en el mercado de tubos de acero sin costura para la industria petrolera y gasífera, tiene desde 2017 dos frentes en los tribunales de Comodoro Py por presuntos sobornos transnacionales pero en ninguno de los casos se ha indagado a los acusados o investigados. Ambas nacieron de denuncias de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que obtuvo información del intercambio con fiscales de Brasil e Italia, que también investigaban a la compañía de los Rocca en sus países. El líder de la compañía, Paolo Rocca, tenía otro frente por presuntas coimas en el expediente de los cuadernos, pero tanto él como sus dos ejecutivos Luis Betnaza y Héctor Alberto Zabaleta -ambos arrepentidos en el caso- tienen sobreseimiento firme. El juez Julián Ercolini entendió que los pagos ilegales de la empresa se realizaron en estado de necesidad.

La primera denuncia quedó a cargo del juez Sebastián Ramos, quien investiga el supuesto pago por parte de Techint y sus socias de coimas de US$10 millones a funcionarios de Eletrobras Eletronuclear, la empresa estatal que entregó la licitación de la usina Angra3. Así lo reconoció el empresario Dalton Avancini, entonces presidente de Camargo Correa, una de las socias de Techint en la obra de Río de Janeiro. La fiscal Paloma Ochoa imputó a ejecutivos clave de la compañía y al accionista Ludovico Rocca, sobrino de Paolo Rocca, máxima autoridad de la multinacional, por su presunta responsabilidad en ordenar los sobornos desde Argentina. 

Hasta el momento, el juez Ramos considera que no habría pruebas para citarlos a indagatoria e investiga los movimientos de las cuentas de Techint en el extranjero junto a un grupo de asesores de la AFIP, informó a elDiarioAR una fuente judicial con acceso directo al expediente. Detectaron una cuenta en Uruguay no informada por la compañía a la Justicia y actualmente esperan que dicho país remita los movimientos bancarias. Uruguay es un canal utilizado en el pago de otros supuestos sobornos a Brasil por parte de Techint.

La segunda causa se originó del intercambio de información con fiscales de Milán, quienes investigaban la responsabilidad de los accionistas y directivos Paolo y Gianfelice Rocca, Roberto Bonatti y del exdirector de Administración del grupo en Buenos Aires, Héctor Alberto Zabaleta, en el supuesto pago de coimas por 6,5 millones de euros al exgerente de Servicios de Petrobras, Renato Duque, quien admitió haber cobrado las coimas a cambio de garantizar 20 contratos sin licitación para la adquisición de tubos de acero sin costura. La compañía y sus accionistas niegan las acusaciones.

El juez Luis Rodríguez delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano. A más de cuatro años no hubo indagatorias en el expediente. En Italia, por los mismos hechos, se llevó a juicio a los hermanos Rocca y a Bonatti, quienes son italianos. La fiscal de Milán pidió cuatro años y seis meses de prisión para los tres. El 26 de abril se conocerá el veredicto en Milán.

Los fondos de Garbarino

La compañía es eje de una causa en Comodoro Py por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos, que se mantuvo fuera del radar de los medios. En 2017, la AFIP denunció a los responsables de la cadena de venta de electrodomésticos por dos firmas suizas que manejaron acciones y millones de la empresa. La causa está a cargo del juez Julián Ercolini. Las sociedades suizas denunciadas por el organismo eran presididas por el abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos, imputado por su presunta participación en el lavado de US$33 millones del empresario Lázaro Báez.

La investigación de la AFIP planteó que las firmas suizas Swisser AG y Helvetic eran cáscaras vacías sin capacidad económica para comprar acciones de Garbarino, pero que lograron llevarse de Garbarino unos US$30 millones cuyo destino fue imposible de rastrear por el fisco. La denuncia incluía maniobras similares de las sociedades suizas en una decena de empresas argentinas.

La compañía tuvo una caída estrepitosa. En los últimos años pasó de ser la número uno en el rubro a valer apenas un peso argentino y dejó 1.800 trabajadores en la calle y otros 4.000 en riesgo. En 2018, los hermanos Daniel y Omar Garbarino integraban la lista Forbes de los 50 más ricos de Argentina, con una fortuna declarada en US$500 millones. En 2019, ambos salieron de la lista, al no poder superar los US$360 millones de patrimonio.

La causa continúa abierta pero no tiene buen pronóstico. El fiscal Carlos Rívolo desestimó la denuncia y consideró que no correspondía a su fuero. Los hermanos Garbarino nunca fueron imputados ni citados a declarar. La AFIP quedó como querellante pero tras la salida de los funcionarios que motorizaron la denuncia, la causa no tuvo movimientos por tres años. El organismo intentó reactivarla en 2021, pero a principios de marzo, la Cámara Federal porteña confirmó un primer indicio de que el expediente va camino al cierre: hizo lugar a un planteo de falta de acción de uno de los denunciados que podría traducirse en el archivo de la causa.

Grupo Macri y Iecsa

Además del caso cuadernos y el soterramiento, las empresas de la familia del expresidente Macri tienen varios frentes judiciales abiertos que se iniciaron durante la gestión de Cambiemos por negocios con el Estado pero los avances han sido escasos. En todos los casos, los exfuncionarios, las empresas y sus responsables han negado siempre las acusaciones. El expediente conocido como Paseo del Bajo intenta sobrevivir en la Corte Suprema, luego de que cuatro fiscales apelaran los sucesivos sobreseimientos anticipados dictados en distintas instancias a favor del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros. Se investigaba el supuesto direccionamiento de parte de las obras a la constructora Iecsa, entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Macri, según consta en el expediente.

Los fiscales Alejandra Mángano, Sergio Rodríguez (Procuraduría de Investigaciones Administrativas, PIA), José Agüero Iturbe y Mario Villar sostienen que el cierre de la causa fue prematuro y que el juez Bonadio no realizó las pruebas solicitadas para desentrañar la supuesta alteración de las reglas del pliego de la licitación para favorecer a Iecsa durante 2016, cuando la empresa se quedó con el tramo más caro de la obra por $3.183 millones. Iecsa. Las defensas de los acusados han negado siempre cualquier irregularidad en el caso. La Cámara Federal porteña y la Cámara Federal de Casación avalaron el cierre del expediente. Ahora depende de la Corte.

El caso Parques Eólicos nació en 2018, pero tampoco tiene buen pronóstico, según explicaron fuentes del expediente. Durante 2016, Sideco ingresó en el negocio de las energías renovables sin pasar por licitaciones públicas, como reveló Perfil en enero de 2018. Tras la denuncia del diputado Rodolfo Tailhade, el juzgado de Martínez De Giorgi enfocó la investigación en las decisiones del entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública que habrían buscado favorecer a las compañías de la entonces familia presidencial, acusación que el exfuncionario ha negado en un descargo escrito que presentó ante el juez.

En el expediente, se analizaron los balances de Sideco y otras compañías del grupo; se pidieron exhortos a España y otros países; se citó a declarar como testigo a Mariano Macri -quien había dicho en el libro Hermano que Mauricio Macri estaba detrás del negocio-; y desde hace más de un año buscan que declare Mariana Nannis, la exesposa de Claudio Caniggia, quien pidió declarar a través de su abogado para aportar información en pleno divorcio con su expareja pero nunca se presentó.

Lo más cerca que estuvieron miembros del Grupo Macri de los tribunales de Comodoro Py fue en 2019, cuando el juez Ariel Lijo indagó por el caso Correo Argentino SA a un ejecutivo clave de las empresas, Jaime Cibils Robirosa, y a un abogado histórico de las compañías de la familia, Jaime Kleidermacher. Están imputados junto al exministro de Comunicaciones de Cambiemos, Oscar Aguad; y a su segundo en la cartera, Juan Manuel Mocoroa, por el pre-acuerdo firmado por las partes en 2016 para la quita del 98,87% de la deuda de Correo con el Estado Nacional. Desde hace tres años, el magistrado debe definir la situación de los cuatro indagados. Ya se entregaron al juzgado una pericia oficial ordenada por la Cámara Federal porteña y un estudio complementario sobre la prueba.

ED